B.IA.LEGAL

SCP 0611/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47748-2022-96-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, vinculado a los derechos a la propiedad privada y a ser amparados por la ley; toda vez que, tanto la Alcaldesa, el Director General de Asesoría Legal, como el Asesor Legal del GAM de El Alto, no dieron respuesta positiva o negativa a los memoriales presentados el 20 de septiembre de 2019, 4 de marzo y 21 de septiembre de 2020; y, 15 de junio de 2021 por Daniel Flores Mamani; el 17 de enero y 4 de marzo de 2020 por Juan Vargas Tola; el 21 de septiembre de 2020 por Lucas Colque Susaño; el 15 de junio y 15 de julio de 2021 por Beatriz Laura Chino; y, el 15 de julio de 2021 por Pedro Gonzales Villca; en los que solicitaron el cumplimiento y materialización de la Ley 1885 de 12 de agosto de 1988, la SCP 0612/2018-S4 de 2 de octubre, la Resolución 022/2020; y por ende, el faccionamiento de minutas individuales en base al derecho propietario otorgado en su favor mediante Testimonio 1415/88 de 31 de octubre de 1988; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no recibieron respuesta formal ni material a pesar de haber sido constantes en sus solicitudes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; b) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión REVOCA y DENIEGA la tutela solicitada disponiendo dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejando vigente la Resolución 051/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 700 a 703 emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0611/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47748-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 051/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 700 a 703, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cindy López Pimentel en representación legal de Daniel Flores Mamani, Juan Vargas Tola, Lucas Colque Susaño, Beatriz Laura Chino; y, Pedro Gonzales Villca representado legalmente por Carmen Rosa Villca Ramos contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; Isaac Mauricio Navarro, Director General de Asesoría Legal; y, José Luis Hugo Sajama Tapia, Asesor Legal, todos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 24 de febrero de 2022, cursantes de fs. 553 a 582; y, 585 a 588, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de ex mineros relocalizados de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), mediante Ley 1885 de 12 de agosto de 1998, Resoluciones Concejales 080/88 y 049/94, más el Testimonio 1415/1988 del 31 de octubre de 1988, fueron beneficiarios de la dotación a título gratuito de 326 lotes de terreno individuales en el sector denominado Junthuma, -ahora Urbanización 31 de octubre, ubicado en la zona sur del Distrito Municipal 8 de El Alto-, ello conforme a la Resolución Prefectural 078/2003 y la Ordenanza Municipal 054/2003; cuyo derecho propietario en general fue debidamente inscrito en la Oficina de Derechos Reales, bajo el antecedente dominial “L:A, AÑO: 1887, PARTIDA INICIAL: 2620, FOJAS: 2620, DEL LIBRO PRIMERO ‘A’, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1987, ACTUALMENTE POR CAMBIO DE JURISDICCIÓN DE ACHOCALLA A LA CIUDAD DE EL ALTO, CON MATRICULA MADRE N° 2.01.4.01.0048247” (sic). Con este antecedente legal y el derecho propietario, solicitaron y reclamaron ante el GAM de El Alto, que les reconozca tal derecho emitiendo nuevas minutas y testimonios individuales en originales; empero, no recibieron respuesta bajo ninguna resolución administrativa conforme prevé el art. 51 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). Sus solicitudes siguieron el conducto regular del ente municipal, siendo conocidas por Isaac Mauricio Navarro, Director General de Asesoría Legal; y, José Luis Hugo Sajama Tapia, Asesor Legal, efectuando la primera solicitud de cumplimiento a la Ley 1885 y el faccionamiento de minuta individual de septiembre de 2019, misma que no mereció respuesta. La segunda solicitud de cumplimiento a la Ley 1885 y el faccionamiento de minuta individual, fue 4 de marzo de 2020, a la cual, no obtuvieron respuesta formal alguna, señalándoles verbalmente que “…vuelvan la semana siguiente…” reiterándoles lo mismo por más de tres años. La tercera solicitud de cumplimiento a la Ley 1885 y EL faccionamiento de minuta individual fue el 21 de septiembre de 2020, solicitando la ratificación de la minuta, además del cumplimiento de la SCP 0612/2018-S4 de 2 de octubre, sin obtener respuesta formal. Sin embargo, el 8 de octubre de 2020, fueron notificados con el Informe Interno 037/2020 y 029/20 en fotocopias simples, mismo que refiere “…en mérito al Artículo 158 numeral 3 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, es preciso contar con el Informe de Interpretacion de la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la vigencia de La Ley N° 1885 de fecha 12 de agosto de 1998... a efectos de regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles destinados a vivienda” (sic), informe que no toma en cuenta que para entonces, el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se había pronunciado sobre su aplicación y vigencia, hecho que se reiteró al ente municipal mediante los insistentes memoriales de solicitud de cumplimiento a la Ley 1885; siendo que además, no solo fue el Senado que se pronunció al respecto, sino también la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, que mediante Resolución 022/2020, reitera entre otros aspectos, la vigencia de Ley 1885, considerando que la misma, no requiere de interpretación alguna, sino de su aplicación. En la cuarta solicitud de 15 de junio de 2021, reiteraron la petición de cumplimiento a la Ley 1885 y el respectivo faccionamiento inmediato de minuta de ratificación y adjudicación individual de los terrenos; obteniendo solo una respuesta verbal, expresando que debamos seguir esperando una respuesta del Senado, misma que supuestamente, ellos la esperan desde la gestión 2019; negándoseles así una respuesta enmarcada en los cánones constitucionales y postergando la emisión de sus minutas individuales. La quinta solicitud de 15 de julio de 2021, nuevamente reiteraron el cumplimiento a la Ley 1885 y el faccionamiento de minutas individuales, una vez más, sin respuesta por parte del ente municipal, pero en esta oportunidad, fueron amedrentados por el funcionario dependiente de la Dirección General de Asesoría Legal José Luis Hugo Sajama Tapia. Resulta incomprensible la actitud evasiva asumida por el ente municipal; toda vez que, inicialmente establecieron observaciones absolutamente subsanables, como el de la denominación de la institución edil que anteriormente era la de Honorable Alcaldía Municipal de la Ciudad de El Alto y ahora es Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, siendo que por la temporalidad en la que fue emitida la mencionada Ley 1885, el Testimonio 1415/1988 de 31 de octubre, lleva la primera denominación; posteriormente, surge para los referidos funcionarios públicos, la necesidad de un nuevo pronunciamiento por parte del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para recién proceder a tratar su petición, entre tanto, se mantienen sin otorgar respuesta formal a sus reiteradas solicitudes. De esta manera, mediante las conductas dilatorias descritas previamente, el ente municipal evadió sus solicitudes, al no responder a ninguno de sus memoriales, lesionando desde entonces y de manera constante hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, su derecho a la petición; y, por ende, vulnerando su derecho a la propiedad privada, considerando que en éste proceso específicamente, no hubo resolución ni respuesta positiva o negativa; por lo que, dentro del plazo establecido por la inmediatez de la acción tutela y habiendo agotado la instancia administrativa, es que recurren a la vía constitucional a fin de hacer prevalecer sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncian la vulneración de su derecho a la petición, vinculado a sus derechos a la propiedad privada y a ser amparados por la ley, citando al efecto los arts. 19.I, 24, 56.II, 115.II y 410.I y II.3 de la Constitución Política del Estado (CPE); I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 3 y 17.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando a los demandados dar una respuesta célere, oportuna, formal y fundada; sea esta positiva o negativa a la petición efectuada, además del cumplimiento inmediato a la Ley 1885, el reconocimiento de su derecho propietario y sea con pago de daños y perjuicios e indemnización.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 694 a 699, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, en audiencia virtual ratificó en forma íntegra su acción de amparo constitucional y ampliándola, señaló que: a) La entonces Alcaldía Municipal de El Alto, previa valoración de la situación de los ex mineros relocalizados de la COMIBOL, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos para el efecto, emitió la Resolución Concejal 080/88, mediante la cual se les otorgó lotes de terreno a título gratuito en favor de cada uno de ellos, individualizando con nombres y apellidos, manzanos, superficie de lote y otros; b) La referida Resolución fue ratificada por el Concejo Municipal mediante Resolución Concejal 049/94; c) Habiéndose cumplido estas etapas del trámite, se emitió el Testimonio 1415/88 del 31 de octubre de 1988 en favor de los 326 ex mineros relocalizados, por ante Notaría de Fe Publica; d) Cumplidos los requisitos previos y con los antecedentes antes descritos, se emitió la Ley 1885, que determina transferir los predios individualizados a título gratuito a los mencionados ex mineros relocalizados; e) Cabe resaltar que algunos de los ex mineros relocalizados obtuvieron testimonios individuales; sin embargo, la mayoría no lo ha logrado porque ignoraban el trámite a seguir, porque no tenían recursos económicos y porque hubo el cambio de denominación o razón social de la entidad edil; f) Fueron varias las solicitudes realizadas al GAM de El Alto para obtener una respuesta y hacer prevalecer sus derechos; empero, vanos fueron los esfuerzos porque no lograron una respuesta formal a sus requerimientos; g) Fruto de la persistencia e insistencia de los ex mineros, al menos se logró la emisión de un informe interno por el que refieren que no se puede dar curso a sus solicitudes porque falta un informe del Senado, que según los funcionarios demandados, deben indicar si la Ley 1885 se encuentra vigente o no; h) Al respecto, luego de los memoriales e informes que remitieron a la instancia legislativa, la misma se pronunció indicando que la referida Ley está totalmente vigente, y que debería darse cumplimiento inmediato a sus disposiciones, evidenciando así, que el ente municipal se tomó atribuciones que no le corresponden; e, i) El dolo con el que actuó el Asesor Legal José Luis Hugo Sajama Tapia, ocultando los informes de 11 de febrero y 8 de marzo de 2022, emitidos por el Senado, respecto de su solicitud, perjudicó enormemente a los beneficiarios de la Ley 1885; toda vez que, los referidos informes ratifican los términos del primer informe de la gestión 2012, y llaman la atención al ente municipal por persistir con las notas de consulta sobre la vigencia de la mencionada Ley, siendo que mediante informe de la gestión 2012 ya se dio respuesta a la misma y, que incluso deban aplicar la Ley 247 para colaborar a los ex mineros relocalizados que no están en posesión de los terrenos; pero dicho funcionario incurrió en figuras delictivas, cuando a consecuencia de la interposición de la presente acción de amparo constitucional, reunió a los miembros del Directorio haciendo uso indebido de las instalaciones del ente municipal, con el fin de confrontarlos con los vecinos de la zona, quienes luego de anoticiarse del proceso por información tergiversada por el referido funcionario, los agredieron en la zona 31 de octubre, a tal punto de pretender lincharlos, intimidándolos para hacerles desistir de la interposición de esta acción de defensa.

I.2.2. Informe del demandado

Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto, a través de sus abogados y mediante informe presentado el 15 de marzo de 2022, cursante a fs. 661 y 662, sin referirse al contenido de la acción tutelar señaló que: 1) Tuvo a bien adjuntar el Informe DGAL/UDRBDM/JLHST/INF 034/2022 de 14 de marzo, elevado por José Luis Hugo Sajama Tapia, Asesor Legal; y, 2) Manifestó adjuntar además, la documental consistente en “INFORME CITE:DGAL/UDRBDM/JLHST/INF.034/2022 de fecha 14 de marzo de 2022. Acta de Posesión de la Urbanización de Juntuma Acta de reunión 03/0872021. Nota de Respuesta CITE:DGAL/UDRBDM/EHG/NOT. 085/2021. Informe DGAL/UAJ/AC/PIQC/INF. 54/2020. Plan de trabajo Distrito 8(PROYECTO ARCO9. Nota de solicitud de información CITE:GAMEA/DAM-No. 377/2021. Nota de solicitud de información CITE:DGAL/UDRBDM/JLHST/NOT.044/2021. Informe CITE: DGAL/UDRBDM/JLHST/INF. 016/2021. Nota CITE: GAMEA/DAM-No. 421/2021. Nota VPEP-SG-DGLAJ-NE-0114/21. Nota VPEP-SG-DGLAJ-NE-0115/21. Informe CITE: DGAL/UDRBDM/JLHST/INF. 029/2021. Acta de reunión de 23 noviembre de 2021. Nota CITE:MOPSV/DESP. No. 1091/2021. Informe INF/MOPSV/VMVU/PROREVI No. 0266/2021. Nota CITE: CD-SG-UATL No. 131/2021-2022. Informe CD-SG-UATL No. 016/2021-2022. Nota VPEP - SG-DGLAJ - UCDAL NE-0051/22. Nota S.G. No. 142/2021-2022. Informe U.A.L. - CS No. 075/2021-2022” (sic).

I.2.3. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 051/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 700 a 703, concedió la tutela, disponiendo que, en el plazo de los diez días siguientes hábiles después del 22 de abril de 2022, se brinde una respuesta a los accionantes en sentido positivo y/o negativo respecto a su pretensión vinculada al hecho de si corresponde o no a los mismos la fracción de la minuta de ratificación y adjudicación individual en concordancia a las Resoluciones Administrativas y el cumplimiento de la Ley 1885, en base en los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes cursantes, se verificó que existe una petición escrita a una autoridad pública y funcionarios dependientes; ii) Asimismo, se identifica una falta de respuesta material en tiempo razonable por parte de los funcionarios demandados, desde el 2019 hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional; iii) Los informes internos cursantes en antecedentes no pueden ser considerados como una respuesta material y formal a las peticiones efectuadas por los accionantes; iv) El curso del trámite administrativo al que ingresaron los impetrantes de tutela, es un proceso innominado, referido al hecho de regularizar un derecho propietario vinculado al hecho de haber sido beneficiados con lotes de terreno como consecuencia de la promulgación de la Ley 1885; v) En razón de lo referido, el proceso que llevan adelante los peticionantes de tutela no es asimilable a la concurrencia de un proceso de carácter administrativo, lo que les impide impugnar para hacer efectivo su reclamo, restringiéndose así su derecho a la petición; vi) Se ha manifestado que existe la necesidad de llevar delante un censo respecto a todos quienes materialmente estuvieran en similar situación jurídica respecto de su derecho propietario, para que la materialización de la Ley 1885 no recaiga en una circunstancia de inseguridad jurídica y afectar derechos de otras personas que no estén ejerciendo la posesión de dichos predios, aspecto que es atendible según criterio de la Sala Constitucional; y, vii) En consecuencia, en los diez días siguientes se debe llevar adelante un censo de beneficiarios de la Ley 1885, y la parte demandada deberá otorgar una respuesta enmarcada en los cánones constitucionales establecidos para el derecho a la petición.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Ley 1885 de 12 de agosto de 1998 por la cual:

Se autoriza la enajenación de trescientos veintiséis lotes de terreno con una superficie de 66.748.00 mts2 (sesenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho metros cuadrados), pertenecientes a la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de El Alto, ubicadas en la urbanización “31 de Octubre-Tarapacá”, ex- comunidad “Junthuma”, zona Sur de la ciudad de El Alto, en favor de trescientos veintiséis ex trabajadores mineros relocalizados de la COMIBOL, de acuerdo a las condiciones y detalle establecido en la Resolución Municipal No 080/88 pronunciada por la H. Alcaldía Municipal de El Alto y homologada por Resolución Concejal Nº 049/94 de la citada H. Alcaldía (sic [fs. 44]). II.2. Consta Testimonio 1415/88 de 31 de octubre de 1988, suscrito por ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase de la ciudad de La Paz, a cargo de Dora Franco Espejo, el cual eleva a escritura pública la minuta de adjudicación a título gratuito del lote terreno con superficie de 12 ha, otorgado por la entonces Honorable Alcaldía Municipal de El Alto en favor de la Asociación de Mineros Relocalizados asentados en el sector Junthuma de la Unidad Vecinal 31 de octubre, entre ellos Daniel Flores Mamani (fs. 92 a 94 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2019, Daniel Flores Mamani, presentó el Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 050/2019 y la Ley 1885, solicitando el faccionamiento de minuta de ratificación y adjudicación de forma individual y regularización del derecho propietario, a la Alcaldesa del GAM de El Alto (fs. 46 a 48). II.4. Por memorial presentado el 17 de enero de 2020, Juan Vagas Tola en cumplimiento al Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 050/2019 y la Ley 1885, solicitó al GAM de El Alto, el faccionamiento de minuta de ratificación y adjudicación de forma individual y regularización del derecho propietario (fs. 50 a 52 vta.). II.5. Consta memorial presentado el 4 de marzo de 2020, por el cual, Daniel Flores Mamani, puso a conocimiento del ente municipal, la Resolución 022/2020 emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, solicitando el cumplimiento de la misma, y el faccionamiento de minuta individual y regularización del derecho propietario (fs. 65 a 66). II.6. A través del memorial presentado el 4 de marzo de 2020, Juan Vargas Tola, puso a conocimiento del ente municipal, la Resolución 022/2020 solicitando su cumplimiento, así como el faccionamiento de minuta individual y regularización del derecho propietario (fs. 68 a 69).

II.7. Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2020, Lucas Colque Susaño solicitó al ente municipal, el cumplimiento de la Resolución 022/2020, del Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 050/2019 y la Ley 1885, para la emisión del faccionamiento de minuta de ratificación y adjudicación individual (fs. 53 a 56). II.8. Mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2020, Daniel Flores Mamani, se dirigió a Jeral Redy Quisbert López, funcionario del GAM de El Alto, para solicitar el cumplimiento de la SCP 0612/2018-S4, y reiterar cumplimiento de la Resolución 022/2020 y el faccionamiento de minuta de ratificación de adjudicación individual (fs. 71). II.9. Cursa memorial presentado el 15 de junio de 2021, por el que, Beatriz Laura Chino, solicitó a Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto, el cumplimiento de la Resolución 022/2020, del Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 50/2019 y la Ley 1885, para el inmediato faccionamiento de minuta de ratificación y adjudicación individual (fs. 57 a 60). II.10.A través de memorial presentado el 15 de junio de 2021, Daniel Flores Mamani, se dirige a la Dirección General de Asesoría Legal del ente municipal, para reiterar se dé cumplimiento a la Ley 1885, a la Resolución 022/2020 e Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 050/2019 y emita el faccionamiento inmediato de minuta de ratificación y adjudicación individual “por cambio de razón social de HAMEA a actual GAMEA” (sic [fs. 81 y vta.]). II.11.Por memorial presentado el 15 de julio de 2021, Pedro Gonzales Villca, solicitó a la Dirección General de Asesoría Legal del ente municipal, el cumplimiento inmediato a la Ley 1885 vigente y se faccione minuta de ratificación y adjudicación individual, en concordancia a la Resolución 022/2020 y el Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 050/2019 (fs. 61 a 64 vta.). II.12.Mediante memorial presentado el 15 de julio de 2021, Beatriz Laura Chino solicitó a la Dirección General de Asesoría Legal del ente municipal el cumplimiento inmediato de la Ley 1885 y se faccione minuta de ratificación y adjudicación individual, en concordancia a la Resolución 022/2020 e Informe DGAL/UDRBDM/EHG/INF 050/2019 (fs. 82 a 85). II.13.A través del Informe DGAL/UDRBDM/JLHST/INF 034/2022 de 14 de marzo, José Luis Hugo Sajama Tapia, Asesor Legal del GAM El Alto, hizo conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), los pormenores de la respuesta que se debe realizar a la solicitud de informe de la Urbanización 31 de octubre del Distrito Municipal 8 de la ciudad de El Alto, en el cual, luego de realizar una recopilación de los antecedentes del referido trámite, en lo sustancial, dio a conocer de las acciones realizadas por la entidad municipal respecto de 4 de las solicitudes de parte de los ex mineros relocalizados (fs. 592 a 605).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, vinculado a los derechos a la propiedad privada y a ser amparados por la ley; toda vez que, tanto la Alcaldesa, el Director General de Asesoría Legal, como el Asesor Legal del GAM de El Alto, no dieron respuesta positiva o negativa a los memoriales presentados el 20 de septiembre de 2019, 4 de marzo y 21 de septiembre de 2020; y, 15 de junio de 2021 por Daniel Flores Mamani; el 17 de enero y 4 de marzo de 2020 por Juan Vargas Tola; el 21 de septiembre de 2020 por Lucas Colque Susaño; el 15 de junio y 15 de julio de 2021 por Beatriz Laura Chino; y, el 15 de julio de 2021 por Pedro Gonzales Villca; en los que solicitaron el cumplimiento y materialización de la Ley 1885 de 12 de agosto de 1988, la SCP 0612/2018-S4 de 2 de octubre, la Resolución 022/2020; y por ende, el faccionamiento de minutas individuales en base al derecho propietario otorgado en su favor mediante Testimonio 1415/88 de 31 de octubre de 1988; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no recibieron respuesta formal ni material a pesar de haber sido constantes en sus solicitudes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; b) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, la suscrita Magistrada Relatora en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0276/2019-S2 de 24 de mayo, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo. En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo, señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por este Tribunal, conforme manda el art. 196.I de la CPE que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese comprendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.

No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: i) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; ii) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, a efectos de su tutela, 2 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 3 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 4 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 5 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa. Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 6 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación-en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

En relación a la legitimación activa, haciendo referencia a la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito, cual es de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; y, 1111/2019-S2 de 18 de diciembre.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, luego haciendo referencia a las SSCC 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 7 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”. 8 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 9 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 10 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral. Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano. (…) Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 11 El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. (…) Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”.

18 de noviembre y 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela por derecho de petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá se dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, 12 El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 13 El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”. 14 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 15 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reg lamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para dicha finalidad, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercida dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).

III.2. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional

El art. art. 129.II de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; dicho plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Respecto a este límite temporal fijado en la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado e indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda algún; por lo que la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; en ese entendido por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional mediante la SC 0762/2003-R de 6 de junio, razonó que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente, de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta, conforme el siguiente razonamiento:

…plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso. En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, razonamiento citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras.

En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial -verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. 18 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción, la SC 0389/2004-R de 17 de marzo, expreso: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional (SC 111/1999-R, de 6 se septiembre).

de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual -razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez-, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado.

De la jurisprudencia descrita, es posible concluir en que, la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial; empero, esta regla tiene su flexibilización tal como lo precisó la indicada jurisprudencia constitucional; en tal antecedente, corresponderá flexibilizar el plazo de los seis meses para interponer el amparo constitucional cuando:

a) Se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente; no obstante que los reclamos fueron permanentes; este razonamiento conlleva a que, procede la flexibilización al excederse en algunos días y la lesión denunciada es evidente debido a los reclamos reiterados (elementos que deben presentarse de forma concurrente); al respecto, la SC 0762/2003-R de 6 de junio, que generó dicha reflexión constitucional, en su análisis aplico esta flexibilización tras evidenciar que transcurrieron 6 meses y 13 días desde el último reclamo hasta la presentación del amparo constitucional. b) Cuando en su momento se invocó un estado de gravidez que no hubiera sido considerado en el proceso; así lo resolvió la SC 0389/2004-R de 17 de marzo, cuando se planteó el amparo constitucional después de 8 meses de haberse procedido a la destitución laboral. Reflexión, que conlleva a comprender la posibilidad de flexibilizar la inmediatez en amparo constitucional cuando se trate de derechos laborales, criterio que encuentra correspondencia en el art. 48.IV de la CPE, al prever que “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles” (el resaltado es añadido). c) Finalmente, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, flexibilizó el principio de inmediatez atendiendo el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación considerando que persistía la lesión con el tiempo y el mismo era actual. Bajo ese marco jurisprudencial, tanto el Juez o Tribunal de garantías, como el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, deben realizar un análisis prolijo en cada caso particular verificando todos los elementos necesarios; toda vez que, si bien, es cierto que el acceso a la justicia es un derecho constitucional; empero, bajo esa prerrogativa no es posible convalidar el desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos, quienes tardíamente pretenden ser atendidos, comprendiendo erradamente que los jueces y tribunales estarían a su merced de forma indefinida, generando con ello un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. Consecuentemente, la instancia constitucional, tiene la posibilidad de flexibilizar el principio de inmediatez no en todos los casos, sino en aquellos supuestos que sean análogos a los identificados por la jurisprudencia constitucional.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición, vinculado a los derechos a la propiedad privada y a ser amparados por la ley; toda vez que, tanto la Alcaldesa, el Director General de Asesoría Legal, como el Asesor Legal del GAM de El Alto, no dieron respuesta positiva o negativa a los memoriales presentados el 20 de septiembre de 2019, 4 de marzo y 21 de septiembre de 2020; y, 15 de junio de 2021 por Daniel Flores Mamani; el 17 de enero y 4 de marzo de 2020 por Juan Vargas Tola; el 21 de septiembre de 2020 por Lucas Colque Susaño; el 15 de junio y 15 de julio de 2021 por Beatriz Laura Chino; y, el 15 de julio de 2021 por Pedro Gonzales Villca; en los que solicitaron el cumplimiento y materialización de la Ley 1885 de 12 de agosto de 1988, la SCP 0612/2018-S4 de 2 de octubre, la Resolución 022/2020; y por ende, el faccionamiento de minutas individuales en base al derecho propietario otorgado en su favor mediante Testimonio 1415/88 de 31 de octubre de 1988; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no recibieron respuesta formal ni material a pesar de haber sido constantes en sus solicitudes.

De las Conclusiones descritas en este fallo constitucional, se tiene que los 326 ex mineros relocalizados de la COMIBOL fueron beneficiarios mediante Ley 1885 con la adjudicación a título gratuito de lotes de terreno en una superficie total de 12 ha, pertenecientes a la entonces Honorable Alcaldía Municipal de El Alto, ubicadas en la urbanización 31 de octubre, ex comunidad Junthuma, zona Sur de la ciudad de El Alto. Con ese antecedente de derecho propietario y con el fin de regularizarlo de forma individual, presentaron una serie de memoriales solicitando tanto a la Alcaldesa, al Director General de Asesoría Legal, como al Asesor Legal, todos del GAM El Alto, el faccionamiento de minutas individuales respecto de los lotes de terreno otorgados a título gratuito en su favor, con base en el detalle individualizado de los predios y de sus adjudicatarios, descritos en el Testimonio 1415/88 de 31 de octubre de 1988, y en cumplimiento y materialización de la Ley 1885, mencionando que hasta la fecha de interposición de esa acción tutelar, no fueron respondidas formal ni materialmente sus solicitudes, recibiendo solamente una serie de excusas verbales que solo dilataron el trámite en cuestión, e informes internos dirigidos a la MAE y al Director General de Asesoría Legal, quienes nunca materializaron respuestas normativamente aceptables respecto de los requerimientos de los beneficiarios de la referida Ley; más al contrario, denuncian que el ente municipal dilató sistemáticamente la otorgación de respuestas, acomodando sus acciones a sus intereses, a sus tiempos y a su planificación en desmedro de los de los interesados (Conclusiones II.1 y II.2). Los ex mineros relocalizados presentaron una serie de solicitudes mediante memoriales a los que no tuvieron respuesta alguna por parte del ente municipal, siendo estas por memoriales presentados el 20 de septiembre de 2019 por Daniel Flores Mamani, impetrando el cumplimiento de la Ley 1885 y el faccionamiento de minutas individuales ante el ente municipal y la Dirección General de Asesoría Legal (fs. 46 a 48), 17 de enero de 2020 presentado por Juan Vargas Tola (fs. 50 a 52 vta.), el 4 de marzo de 2020 por Daniel Flores Mamani (fs. 65 y 66), el 4 de marzo de 2020 por Juan Vargas Tola, por los que solicitaron y reiteraron el cumplimiento de la Ley 1885 y emisión de las minutas individuales (fs. 68 y 69), el 21 de septiembre de 2020 por Lucas Colque Susaño (fs. 53 a 56), el 21 de septiembre de 2020 por Daniel Flores Mamani, por los que solicitaron el cumplimiento de la Ley 1885 y la ratificación de las minutas individuales (fs. 71); En este periodo, el 8 de octubre de 2020, Daniel Flores, Juan Vargas Tola y Lucas Colque Susaño, fueron notificados con el Informe Interno 037/2022 y 029/20, y no así con una resolución, arguyendo que es preciso contar con una interpretación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la vigencia de la Ley 1885; por lo que, continuaron con sus solicitudes ante el ente municipal, mediante los memoriales presentados el 15 de junio de 2021 por Beatriz Laura Chino (fs. 57 a 60) y el 15 de junio de 2021 por Daniel Flores Mamani (fs. 81 y vta.), por los que reiteraron el cumplimiento de la Ley 1885 y las minutas individuales, sin respuesta formal, solo verbales en sentido de que se estaba a la espera de la respuesta del Senado; el 15 de julio de 2021 por Pedro Gonzales Villca (fs. 61 a 64 vta.) y el 15 de julio de 2021 presentado por Beatriz Laura Chino (fs.

82 a 85), mediante los cuales se dirigieron ante el Director General de Asesoría Legal del ente municipal solicitando el cumplimiento y ratificación de la Ley 1885 y las minutas individuales, también sin respuesta por parte de la parte demandada (Conclusiones II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9 y II.10, II.11 y II.12); Finalmente, días previos a la realización de la audiencia de amparo constitucional, el 14 de marzo de 2022, José Luis Hugo Sajama Tapia, Asesor Legal del ente municipal, elevó informe DGAL/UDRBDM/JLHST/INF 034/2022 dirigido a la Alcaldesa, para hacer referencia a la normativa aplicable, rememorar los antecedentes y dar a conocer las acciones realizadas por el ente municipal ante las solicitudes de parte de los accionantes (Conclusión II.13). Respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto y del principio de inmediatez y su flexibilización excepcional Siendo esos los antecedentes y conforme se tiene de la problemática planteada, la misma que tiene que ver con la presunta vulneración del derecho a la petición, previo a su verificación, concierne remitirnos al desarrollado jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en relación al contenido y alcance del derecho a la petición, en el cual se establece que, a efectos de que se conceda la tutela se debe tener en cuenta la existencia de una petición oral o escrita, la omisión de una respuesta formal, pronta, oportuna, material y con la debida fundamentación y motivación. Y respecto a la respuesta emitida por la persona particular o autoridad, esta debe ser:

a) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; b) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; c) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, d) Argumentada, relacionada a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Ahora bien, conforme se desprende de los antecedentes expuestos en esta resolución constitucional, se tiene que existen diez memoriales de solicitud presentados por los ex mineros relocalizados, ante la Alcaldesa, Director General de Asesoría Legal y Asesor Legal del GAM de El Alto, peticiones que según las autoridades demandadas, fueron tramitadas conforme el procedimiento administrativo; por lo que, aunque se trata de solicitudes similares con diferentes temporalidades, se deberían analizar de manera separada, tanto para la verificación del cumplimiento de sus elementos constitutivos, como el de su alcance de protección para dichos memoriales, ello, para determinar si se vulneró o no el derecho de petición de la parte impetrante de tutela. Sin embargo, dentro del contexto fáctico, y conforme a la interposición de la presente acción tutelar que fue presentada el 11 de febrero de 2022, debe considerarse que la acción de amparo constitucional, se encuentra reatada al principio de inmediatez, como uno de los tópicos de trascendental importancia que forman parte de la naturaleza jurídica de esta acción de defensa, considerando que es a partir de ese principio que ha de verificarse su procedencia, en razón del plazo razonable para su interposición, conforme se encuentra establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; en consecuencia, compulsados los antecedentes se evidencia que con relación a la última solicitud realizada por los accionantes, esta corresponde a los escritos de 15 de julio de 2021 presentados por Beatriz Laura Chino y Pedro Gonzales Villca (Conclusiones II.11 y II.12), a las cuales no tuvieron respuesta por parte del ente municipal hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional, transcurriendo para el efecto, seis meses y 27 días. En ese antecedente, debe recalcarse que en función al principio de inmediatez y su flexibilización excepcional, expuesto en el referido Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el plazo razonable de los seis meses para interponer la acción de amparo constitucional, no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente, de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta. Debido a que este elemento, no puede responder solo a un criterio netamente formal; sino, que se da en función a la obligatoria activación del mecanismo de defensa por parte de los presuntos afectados, que deben evidenciar su interés mediante la presentación de la respectiva acción de defensa, de ahí que el constituyente ha previsto un plazo razonable a dicho efecto. En ese comprendido, se advierte que los accionantes han activado el mecanismo acción de amparo constitucional, fuera del plazo previsto por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, e incluso, fuera del plazo de flexibilización instituido por la jurisprudencia constitucional previamente descrita.

En consecuencia, resulta extemporánea la presentación del memorial de acción de amparo constitucional, al estar fuera del plazo de los seis meses, incurriendo en una causal de improcedencia, razón que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; debiendo hacerse notar, que si bien existen excepciones o flexibilización en cuanto a la aplicación del principio de inmediatez, el caso en análisis, no se enmarca dentro de ninguno de esos presupuestos, no siendo viable la aplicación de dicha excepcionalidad, correspondiendo por tanto denegar la tutea solicitada.

III.4. Otras consideraciones

Finalmente, en el presente caso, se tiene que el Tribunal de garantías al conceder la tutela dispuso que el GAM de El Alto, por intermedio de las unidades operativas, proceda a dar respuesta fundamentada y motivada a la petición efectuada por los accionantes; consecuentemente, y en mérito a preservar los derechos ya adquiridos incumbe dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejando con todo el valor legal la Resolución 051/2022 emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz.

Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión REVOCA y DENIEGA la tutela solicitada disponiendo dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejando vigente la Resolución 051/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 700 a 703 emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

16 El entendimiento expresado, fue ratificado en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

17 La SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: “… por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si

19 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expreso: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” ( las negrillas son ilustrativas).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0611_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): fd72ab4bb1b35cb14143edf2172a8a44f1c044ea5f1c3b96439881aec69996e1

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