B.IA.LEGAL

SCP 0610/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52635-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP con NUREJ 201503022200917, se encuentra cumpliendo detención preventiva por más de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; no obstante, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, ya que la víctima renunció a los actos investigativos y manifestó no tener intención de continuar con la causa; sin embargo, pese a haberse señalado la audiencia para su consideración el 22 de noviembre de 2022 a horas 12:00, la misma fue suspendida por su inasistencia, debido a que no fue oportunamente trasladado a la sala de audiencias desde su celda; en consecuencia, la autoridad judicial reprogramó audiencia para el 29 de igual mes y año a horas 13:00; aun así, nuevamente el indicado Centro Penitenciario no efectuó la conexión correspondiente, lo que impidió su comparecencia y retrasó la definición de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 12 vta. a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0610/2025-S1 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52635-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 50/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 12 vta. a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rossio Lizeth Lima Villca en representación sin mandato de Oscar Ticona Laura contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Ticona Laura -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP) con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201503022200917, el Ministerio Público solicitó procedimiento abreviado a favor del ahora impetrante de tutela, ya que la víctima renunció a los actos investigativos y manifestó no tener intención de continuar con la causa. En consecuencia, se señaló audiencia para el 22 de noviembre de 2022 a horas 12:00; sin embargo, pese a que el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, se encontraban presentes en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento, el ahora demandante de tutela no fue trasladado a la sala de audiencias desde su celda; en consecuencia, se señaló nueva audiencia para fundamentación de procedimiento abreviado para el 29 del mismo mes y año a horas 13:00; sin embargo, nuevamente el indicado Centro Penitenciario no realizó la conexión correspondiente, imposibilitando la comparecencia del accionante y retrasando la definición de su situación jurídica. Dichas omisiones, afectan directamente su derecho a la libertad, ya que se prolongó indebidamente su detención sin que se resuelva el procedimiento abreviado solicitado, ya que se encuentra cumpliendo dicha detención preventiva por más de cuatro meses en el referido Centro Penitenciario.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, citando al efecto, los arts. 22, 178.I, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se conmine al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz a garantizar su conexión a la audiencia programada para el 2 de diciembre de 2022 a horas 10:00.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual pública de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante y su abogado no se hicieron presentes en audiencia; en consecuencia, se procedió a dar lectura a la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de las personas particulares demandadas

David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, presente en audiencia informó que: a) El 22 de noviembre de 2022, se desarrollaron jornadas de descongestionamiento procesal penal, durante las cuales se programaron un total de ciento setenta y nueve audiencias; entre ellas, se encontraba la audiencia del accionante, quien fue notificado el día anterior para comparecer de manera virtual a horas 12:00; en cumplimiento de dicha notificación, el imputado fue conducido a la hora señalada a la sala virtual, lo cual se respalda con el libro de novedades, en el registro número cuarenta y ocho se encuentra su firma y evidencia de su traslado; no obstante, la sala virtual no habría sido habilitada, posiblemente debido a la saturación del sistema o a problemas técnicos vinculados a las jornadas de descongestionamiento; y, b) Respecto a la audiencia de 29 de noviembre de 2022, se recibió la notificación correspondiente para conducir nuevamente al solicitante de tutela a una audiencia virtual a horas 13:00; sin embargo, desde las 12:00 hasta las 15:00 horas de ese día, se produjo un corte del servicio de internet en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, impidiendo la conexión de las audiencias programadas, situación que fue debidamente comunicada mediante informe al Director Departamental de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno; en ese entendido, solicitó se deniegue la tutela impetrada en la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 50/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El ahora impetrante de tutela reclama que no fue conducido a las audiencias programadas para el 22 y 29 ambos de noviembre de 2022 por el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandado-; al respecto, el impetrante de tutela reconoció que el 22 del mismo mes y año se llevaron a cabo las jornadas de descongestionamiento penal, y que él se encontraba en la sala de audiencias del recinto, listo para ser conectado de forma virtual a la audiencia, tomando en cuenta que las audiencias de descongestionamiento eran presenciales en el señalado Centro Penitenciario, mientras que su audiencia particular fue programada de forma virtual; asimismo, conforme el acta de suspensión de dicha audiencia, esta no se llevó a cabo por la ausencia del imputado, sino también por la inasistencia del Ministerio Público, la víctima y los abogados, lo que hizo inviable su realización, motivo por el cual fue reprogramada para el 29 de noviembre a horas 13:00; 2) Respecto a la audiencia del 29 del señalado mes y año, no se presentó documentación sobre su realización; sin embargo, según el informe del Director del referido Recinto Penitenciario ahora demandado, entre las 12:00 y 15:00 horas de ese día se produjo una interrupción del servicio de internet, medio por el cual los privados de libertad se conectan a las audiencias virtuales; este hecho fue confirmado también por el propio accionante; en consecuencia, dicho problema técnico no alcanza a la responsabilidad del Director del indicado Centro Penitenciario -ahora demandado-, tratándose más bien de fallas estructurales en el sistema de conexión que afectan incluso a juzgados y operadores de justicia; y, 3) La acción de libertad no es el mecanismo adecuado para ordenar que el accionante sea conectado a plataforma virtual, ya que no se puede garantizar que no existan futuras interrupciones del sistema; en todo caso, el abogado defensor del demandante de tutela pudo haber solicitado el traslado presencial del imputado al juzgado o a otro espacio habilitado para audiencias virtuales, como Oficinas de la Gestora de Procesos. Por ello, el reclamo efectuado no se encuentra dentro de los alcances del art. 125 de la CPE, dado que la interrupción que pueda darse con relación al internet en la conexión del impetrante de tutela no depende del Director ahora demandado.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Acta de Audiencia de Consideración de Procedimiento abreviado de 22 de noviembre de 2022 (suspendida), celebrada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, en la cual se señaló lo siguiente:

“PARTES PROCESALES DENUNCIANTE: (AUSENTE) ABOGADO DENUNCIANTE: (AUSENTE) MINISTERIO PÚBLICO: (AUSENTE) IMPUTADO: Oscar Ticona Laura (AUSENTE) ABOGADO IMPUTADO: (AUSENTE) SEÑOR JUEZ. - Tengan todos muy buenos tardes, se instala la audiencia dentro del caso seguido por el Ministerio Público en contra de OSCAR TICONA LAURA, por Secretaria sírvase informar sobre cumplimiento de formalidades y presencia de las partes en presente audiencia. SECRETARIA ABOGADA. - La palabra señor Juez, informar a su autoridad que para la presente audiencia se han cumplido con las legales notificaciones habiendo sido notificado los mismos se puede evidenciar que aquí en el penal de San Pedro de forma presencial no se ha hecho presente ninguno de los sujetos procesales señor juez es cuanto tengo bien informar a su autoridad SEÑOR JUEZ: Conforme al informe evacuado por secretaria se tiene que se han cumplido con las legales notificaciones a todos los sujetos procesales no encontrándose presente, el Ministerio Publico, ni la parte imputada, ni la parte víctima, ni sus abogados haciendo inviable la presente audiencia, y considerando el instructivo SP-TDJ-LP N° 34 DE JORNADAS DE DESCONGESTIONAMIENTO AL SISTMA PENAL, se tiene que las jornadas son hasta fecha 28 de noviembre de 2022, por lo cual SE REPROGRAMA LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE A HORAS 13:00 p.m. Por auxiliatura procédase a remitir las notificaciones a todos los sujetos procesales para que se conecten a la audiencia reprogramada, con lo que ha concluido la presente audiencia” (sic [fs. 2]). II.2. Se tiene Informe de 30 de noviembre de 2022, remitido por el Encargado del Personal de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Director del indicado Centro Penitenciario -ahora demandado-, a través del cual informó que:

“Que, revisado las planillas de audiencias virtuales y el libro de registro de audiencias virtuales se informan lo siguiente: fecha 22 de noviembre del presente año, se hace presente en sala de audiencia  el Sr. Oscar Ticona Lura (PRIVADO DE LIBERTAD) quien no pudo conectarse por razones de que se cayó el sistema tal como lo señala el libro de audiencias en que el mencionado privado de libertad fue conducido a audiencia virtualen ningún momento se obstaculizo su presencia del mismo en audiencia  fecha 29 de noviembre del presente año, se hace presente en sala de audiencia el Sr. Oscar Ticona Lura (PRIVADO DE LIBERTAD) quien no pudo conectarse por razones de que se mala conexión en el sistema tal como lo señala el libro de audiencias en que el mencionado privado de libertad fue conducido a audiencia virtual y como prueba de lo mencionado es que firman en señal de conformidad lo cual consta su presencia del mismo en la audiencia Adjunto a la presente fotocopia simple del libro de audiencia virtuales de fecha 22 y 29 de noviembre Es cuanto informo a la verdad para fines consiguientes” (sic [fs. 8 a 9 y vta.]). II.3. Consta Informe 27/2022 de 29 de noviembre, remitido por la Encargada de Salidas Judiciales del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Director del indicado Centro Penitenciario -ahora demandado-, mediante el cual se señaló lo siguiente:

“Que: en fecha 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, a horas 12:00 P.M. aproximadamente se cortó la señal de internet en la sala de audiencias Virtuales fue restablecida a hora 15:00 PM aproximadamente, este aspecto imposibilito que se desarrollen con normalidad las audiencias virtuales de los privados de libertad, asimismo hago notar que de manera verbal e inmediata se hizo conocer estos extremos al personal de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario quienes verificaron la falta de conexión. Solicito su autoridad, se haga conocer a la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO, para que realice las gestiones correspondientes y VERIFIQUE EL MOTIVO DE LA FALTA DE CONEXIÓN, ASIMISMO SE VERIFIQUE LA INTALACION, de manera URGENTE. Por otro lado solicitar que se realice el mantenimiento semana de los equipos de la sala virtual como de la instalación. Es cuanto se informa para los fines consiguientes” (sic [fs. 10 vta.]). II.4. Cursa Nota “Dtria. Dir. 3212/2022” de 29 de noviembre, suscrita por el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandado- y remitida al Director Departamental de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, con cargo de recepción de la misma fecha, mediante el cual señaló que:

“Mediante la presente elevo para su conocimiento y consideración a foja única (1) útil, informe do fecha 29 de noviembre de 2022 emitida por la Sra. Sgto. My. Jhoselin Laguna Calancho. Encargada de Salidas Judiciales de este Recinto Penitenciario de San Pedro, quien hace conocer que en fecha 29 noviembre de hrs. 12.00 a 15:00 aprox. el servicio y/o conexión de INTERNET, sufrió un corto en la conexión, requiriendo que se realice la VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN. Solicitud que se realiza con la finalidad de evitar que las audiencias virtuales se suspendan evitando además que las autoridades judiciales, inicien procesos administrativos y penales en contra de las autoridades de Régimen Penitenciario y del suscrito Director, por la no conexión de los internos a las audiencias señaladas. Con este motivo, saludo al señor Director Departamental de Régimen Penitenciario, con las consideraciones más distinguidas” (sic [fs. 10]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP con NUREJ 201503022200917, se encuentra cumpliendo detención preventiva por más de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; no obstante, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, ya que la víctima renunció a los actos investigativos y manifestó no tener intención de continuar con la causa; sin embargo, pese a haberse señalado la audiencia para su consideración el 22 de noviembre de 2022 a horas 12:00, la misma fue suspendida por su inasistencia, debido a que no fue oportunamente trasladado a la sala de audiencias desde su celda; en consecuencia, la autoridad judicial reprogramó audiencia para el 29 de igual mes y año a horas 13:00; aun así, nuevamente el indicado Centro Penitenciario no efectuó la conexión correspondiente, lo que impidió su comparecencia y retrasó la definición de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances proyectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP con NUREJ 201503022200917, se encuentra cumpliendo detención preventiva por más de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; no obstante, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, ya que la víctima renunció a los actos investigativos y manifestó no tener intención de continuar con la causa; sin embargo, pese a haberse señalado la audiencia para su consideración el 22 de noviembre de 2022 a horas 12:00, la misma fue suspendida por su inasistencia, debido a que no fue oportunamente trasladado a la sala de audiencias desde su celda; en consecuencia, la autoridad judicial reprogramó audiencia para el 29 de igual mes y año a horas 13:00; aun así, nuevamente el indicado Centro Penitenciario no efectuó la conexión correspondiente, lo que impidió su comparecencia y retrasó la definición de su situación jurídica. Precisada la problemática planteada, de la revisión de antecedentes se advierte que la Audiencia de Consideración de Procedimiento Abreviado, señalada para el 22 de noviembre de 2022 a horas 12:00, fue celebrada de forma presencial en el indicado Centro Penitenciario, por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la ciudad de El Alto del referido departamento; no obstante, previa verificación de la notificación legal a todos los sujetos procesales, dicha audiencia fue suspendida debido a la inasistencia del Ministerio Público, del accionante, de la víctima y de los abogados de las partes, reprogramándose su realización para el 29 de igual mes y año a horas 13:00 (Conclusión II.1). Asimismo, según el Informe de 30 de noviembre de 2022 emitido por el Encargado del Personal de Seguridad Externa del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y dirigido al Director del mismo Centro Penitenciario -ahora demandado-, se tiene que el 22 del mismo mes y año, el demandante de tutela se presentó en la sala de audiencias virtuales del indicado Centro Penitenciario; no obstante, se verifica que no pudo conectarse a la audiencia programada debido a problemas en el sistema, conforme consta en el registro correspondiente del libro de audiencias. De igual manera, se evidencia que el 29 del indicado mes y año, el ahora accionante fue nuevamente conducido a la sala de audiencias virtuales; sin embargo, tampoco logró conectarse a la audiencia prevista, esta vez por problemas de conexión, circunstancia que también fue registrada en el Libro de Audiencias, en el cual el ahora accionante dejó constancia de su conformidad mediante firma (Conclusión II.2). Ahora bien, de acuerdo al Informe 27/2022 de 29 de noviembre, remitido por la Encargada de Salidas Judiciales del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Director del referido Centro Penitenciario -ahora demandado-, se evidencia que ese mismo día, a horas 12:00, se produjo un corte en el servicio de internet en la sala de audiencias virtuales, siendo restablecida la conexión aproximadamente a horas 15:00; esta interrupción impidió el desarrollo normal de las audiencias virtuales programadas para los privados de libertad; asimismo, la falta de conectividad a internet fue verificada por el personal de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario (Conclusión II.3). En esa misma línea, de acuerdo a la Nota “Dtria. Dir. 3212/2022” de 29 de noviembre suscrita por el Director del citado Centro Penitenciario -ahora demandado- y dirigida al Director Departamental de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno -con cargo de recepción de la misma fecha-, se verifica que, dicha autoridad remitió para su conocimiento y consideración, el informe elaborado por la Encargada de Salidas Judiciales del mencionado Centro Penitenciario, en el cual se informó sobre el corte del servicio de internet ocurrido en la sala de audiencias virtuales ese mismo día -29 de noviembre de 2022- entre las 12:00 y 15:00 horas aproximadamente (Conclusión II.4). Ahora bien, el impetrante de tutela cuestiona varios aspectos a través de la presente acción de libertad, en cuyo orden se resolverá, analizando las audiencias cuestionadas en la demanda tutelar. En ese contexto, la problemática en cuestión, radica en que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal de referencia, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado; sin embargo, pese a haberse señalado la audiencia para su consideración el 22 de noviembre de 2022 a horas 12:00, la misma fue suspendida por su inasistencia, debido a que no fue oportunamente trasladado a la sala de audiencias desde su celda; en consecuencia, la autoridad Judicial reprogramó audiencia para el 29 de igual mes y año a horas 13:00. Al respecto, de la revisión de antecedentes que cursan en el legajo constitucional, así como el informe del Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz ahora demandado realizado durante la audiencia tutelar, se verifica que el 22 de noviembre de 2022, a horas 12:00, fue instalada la audiencia de consideración de la salida alternativa de procedimiento abreviado del accionante; sin embargo, dicha audiencia fue suspendida y reprogramada debido a la inasistencia de todos los sujetos procesales (el imputado -ahora accionante-, el Ministerio Público, la víctima y los abogados), a pesar de su legal notificación (Conclusión II.1); no obstante, de acuerdo con el mencionado informe de la autoridad ahora demandada realizado en audiencia tutelar y el acta de audiencia de 22 de noviembre de 2022, se evidencia que ese mismo día se llevaron a cabo las Jornadas de Descongestionamiento al Sistema Penal conforme al Instructivo SP-TDJ-LP 34, en las que fueron programadas un total de ciento setenta y nueve audiencias, incluida la del ahora accionante, quien fue notificado -un día antes de su celebración- para comparecer de forma virtual en la fecha y hora señaladas, siendo efectivamente conducido a la sala de audiencias virtuales del referido Centro Penitenciario, extremo que se encuentra debidamente acreditado con el Libro de Registro de Audiencias Virtuales (fs. 9), donde el ahora accionante dejó constancia de su presencia mediante firma. En consecuencia, se verifica que el ahora solicitante de tutela fue oportunamente trasladado desde su celda a la sala de audiencias virtuales del indicado Centro Penitenciario, extremo que se encuentra debidamente respaldado en el informe presentado -durante la audiencia tutelar- por el Director del referido Centro Penitenciario -ahora demandado-, en el Informe de 30 de noviembre de 2022 suscrito por el Encargado del Personal de Seguridad Externa del indicado establecimiento (Conclusión II.2), así como en el Libro de Registro de Audiencias Virtuales (fs. 9); en consecuencia, no se evidencia vulneración alguna de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, toda vez que el traslado del ahora accionante a la sala de audiencias virtuales -del indicado Centro Penitenciario- se efectuó de manera oportuna, y la inhabilitación de la audiencia obedeció a la saturación del sistema o a problemas técnicos vinculado a las Jornadas de Descongestionamiento al Sistema Penal, y no a la negligencia o incumplimiento del Director del Centro Penitenciario ahora demandado; dichas circunstancias técnicas, en este caso, justifican plenamente la imposibilidad de conexión del ahora accionante; por lo tanto, respecto a este extremo corresponde denegar la tutela solicitada.

Por otra parte, el impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, reprogramada la audiencia de consideración de procedimiento abreviado para el 29 de noviembre de 2022 a horas 13:00; nuevamente el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz no efectuó la conexión correspondiente, lo que impidió su comparecencia y retrasó la definición de su situación jurídica. Al respecto, se advierte que, en este caso, el cuestionamiento formulado por el ahora accionante no radica en su simple remisión o no -en su condición de privado de libertad- a la sala de audiencias virtuales del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sino que se centra en el hecho de que el indicado Centro Penitenciario no efectuó la conexión correspondiente a la audiencia programada para el 22 de noviembre de 2022 a hora 12:00; y como consecuencia, el acto procesal señalado para ese día no se realizó, pese a que el Centro Penitenciario recibió la notificación correspondiente para conducir nuevamente al privado de libertad -ahora accionante- a la indicada audiencia; en cuyo mérito, el Director ahora demandado debió dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes procesales, así como del informe presentado durante la audiencia tutelar por el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandado-, en cuanto al señalamiento de audiencia de 29 de noviembre de 2022 a horas 13:00, se verifica que el peticionante de tutela fue nuevamente conducido a la sala de audiencias virtuales del indicado Centro Penitenciario; sin embargo, no logró conectarse a la audiencia programada, debido a problemas de conexión, circunstancia que también fue registrada en el Libro de Registro de Audiencias Virtuales (fs. 9 vta.), en el cual el ahora accionante dejó constancia de su presencia mediante firma (Conclusión II.2). En ese contexto, se evidencia que el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandado-, cumplió debidamente con las obligaciones contenidas en el art. 59.12 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- en cuanto al cumplimiento de órdenes emitidas por la autoridad jurisdiccional, específicamente en lo que respecta a la conducción del ahora accionante a la sala de audiencias virtuales del referido Centro Penitenciario, a efectos de asistir a la audiencia programada. Sin embargo, de acuerdo al informe presentado en audiencia tutelar por el Director del mencionado establecimiento -ahora demandado- y los Informes de 29 y 30 ambos de noviembre de 2022, suscritos por la Encargada de Salidas Judiciales y el Encargado del Personal de Seguridad Externa respectivamente, ambos del indicado Centro Penitenciario (Conclusión II.3 y II.2), se advierte que el corte del servicio de internet ocurrido en la sala de audiencia virtual el 29 de noviembre de 2022 entre las 12:00 y 15:00 horas aproximadamente, fue la causa que imposibilitó el desarrollo de la audiencia virtual programada por la autoridad judicial para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado solicitada por el impetrante de tutela. En consecuencia, se evidencia que el corte del servicio de internet fue la causa que impidió la realización de la audiencia programada para el 29 de noviembre de 2022 a horas 13:00; hecho que no puede, de ninguna manera, ser atribuido al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandado-, puesto que dicha autoridad no ostenta competencia ni responsabilidad sobre la administración o difusión del referido servicio en el Centro Penitenciario que dirige; razón por la cual, no se advierte que el Director ahora demandado haya vulnerado el principio de celeridad como componente del debido proceso, en relación con el derecho a la libertad del ahora impetrante de tutela, que debe ser garantizado de forma estricta en procesos penales seguidos contra personas privadas de su libertad; por lo tanto, en este punto corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 12 vta. a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0610_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6deac6d0b649284650edaa5666a2bb2a2bc9a31bc8c3a7e1babd7bfcf2a2961e

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