Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad por falta de fundamentación objetiva, y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño adolescente, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) La Jueza codemandada al emitir el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, que determinó su detención preventiva: a.1) Inventó una pregunta y respuesta, consistentes en ¿Dónde te ha tocado o introducido?, “en mi vagina y mi ano”, ello para forzar la probabilidad de autoría en cuanto al tipo penal imputado, las cuales no constan en la entrevista psicológica; y, a.2) Activó los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basándose en meras presunciones; y, b) La Vocal demandada mediante el Auto de Vista 338/2022, declaró "SIN LUGAR" su recurso de apelación incidental: b.1) Considerando la presunta penetración anal a la víctima, para determinar la probabilidad de autoría, cuando el certificado médico legal no establece ningún desgarro en esa zona genital; y, b.2) Ratificó los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.5 del adjetivo penal, basándose en meras presunciones subjetivas de la Jueza a quo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 70 a 77 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2025-53 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53030-2023-107-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 70 a 77 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Dany Yamil Huarastaca Roca contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del mismo departamento.
Por memorial presentado el 10 de enero de 2023, cursante de fs. 28 a 31, el accionante manifestó lo siguiente:
El 16 de diciembre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -ahora codemandada-, dispuso su detención preventiva, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, activando la probabilidad de autoría en base al informe de entrevista psicológica realizado a la presunta víctima en Cámara Gesell y el certificado médico Legal, ambos de 12 de igual mes y año; así como, del acta de reconocimiento de persona; indicios que fueron observados por su defensa técnica por no adecuarse el tipo penal imputado a estos; ya que, en la entrevista psicológica la presunta víctima refirió que su persona supuestamente había accedido carnalmente vía anal y según el certificado médico legal no existe desgarro anal; sin embargo, la Jueza codemandada se inventó una pregunta y respuesta, consistentes en ¿Dónde te ha tocado o introducido?, "en mi vagina y mi ano", ello para forzar la probabilidad de autoría en cuanto al tipo penal imputado; empero, de la revisión de todas las preguntas y respuestas realizadas en dicha entrevista psicológica, no existe lo mencionado por la Jueza a quo. Así también, se activaron los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), basando el peligro de fuga, en meras presunciones ya que no se pudo establecer objetivamente que su persona vuelva a realizar las supuestas agresiones que hubiera hecho a la menor, y que por ser su familiar se tenga certeza que su persona sería un peligro para la víctima; máxime, considerando el tiempo que transcurrió del supuesto hecho ya que su persona no volvió a tener contacto que represente algún peligro eminente para la menor. Respecto al peligro de obstaculización, basó su fundamento de igual forma en meras presunciones; ya que, no refiere elementos objetivos que establezcan de qué manera influenciará en la supuesta víctima y sus familiares, considerando que no tuvo contacto con los mismos por más de siete años, tampoco refirió cuales serían los supuesto testigos, menos cómo podría influenciar negativamente en la realización de la pericia psicológica, tampoco realizó un correcto test de proporcionalidad al momento de disponer su detención preventiva. Determinación que fue objeto de recurso de apelación incidental, resuelto a través del Auto de Vista 338/2022 de 23 de diciembre, dictada por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Tarija -autoridad ahora demandada-, quien simplemente señaló que la Jueza a quo realizó correctamente la valoración de los elementos presentados por el Ministerio Público; ya que, de la entrevista psicológica se extrae que la menor refirió que el imputado hubiera logrado introducir su pene un poco, siendo la víctima concreta, clara y precisa al respecto; sin embargo, en aplicación de la sana crítica, no es lógico que se considere la presunta penetración anal a la víctima, cuando el certificado médico legal no establece ningún desgarro en esa zona genital. Respecto al riesgo procesal de fuga establecidos en el art. 234.7 del adjetivo penal, no fundó el por qué el supuesto hecho que aconteció hace más de siete años, continúa representando un peligro efectivo y eminente para la víctima de manera objetiva, manteniendo los fundamentos subjetivos de la Jueza a quo. En cuanto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, no realizó un análisis objetivo sobre la falta de fundamentación e incumplimiento de la parte in fine del art. 235 del mismo Código, y simplemente ratificó los fundamentos basados en meras presunciones subjetivas de la Jueza a quo, considerando que simplemente por ser familiares con la presunta víctima, su persona obstaculizaría la realización de la pericia psicológica y sobre los testigos. Asimismo, la Vocal ahora demandada pese a reconocer que la Jueza de primera instancia no realizó una correcta interpretación del test de proporcionalidad, se limitó a ratificar ese sustento sin la debida fundamentación, obviando también la realización correcta de la misma, de lo que se advierte que las autoridades demandadas dispusieron y mantuvieron su detención preventiva; así como, también fundado los riesgos procesales de fuga y obstaculización, en meras presunciones subjetivas.
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad por falta de fundamentación objetiva, y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se declare la nulidad del Auto de Vista 338/2022 de 23 de diciembre; y, b) En el plazo de veinticuatro horas se convoque a audiencia y pronuncie nuevo fallo que responda de manera lógica, objetiva, coherente y completa a los agravios impugnados en el recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, en audiencia pública ratificó el contenido de su acción tutelar y ampliándolo señaló que, la acción de libertad se presenta cuando se atenta o está en riesgo la vida, así también cuando existe una indebida detención, si bien, no está en riesgo su vida; sin embargo, por la mala y errónea fundamentación por parte de las autoridades demandadas, se encuentra indebidamente detenido.
Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe escrito presentado el 11 de enero de 2023, cursante de fs. 38 a 41 vta., manifestó lo siguiente: 1) Para la procedencia de la acción de libertad, de conformidad al art. 125 de la CPE, es indispensable que se esté ante un riesgo inminente de la vida, se halle ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad; 2) En la audiencia de apelación la defensa del imputado, ahora accionante, en cuanto a las preguntas que se le hubieran realizado a víctima, denotaría que únicamente le hubiera tocado la vagina y el ano; sin embargo, de la lectura de la entrevista psicológica, se puede advertir que la víctima respondió que "el intento introducir su pene, el parece que logra introducir su pene, yo me moví y parece que logra introducir su miembro, yo me moví porque me dolió y de eso yo me muevo y el sigue tocándome intentando volver a meter su pene en mí, en la pregunta a ver como estaban echados en la cama, la menor refiere logra meterme un poco su pene, yo hago me muevo, (...) y me sigue tocando" (sic); es decir, que logró meter un poco su miembro; ante lo cual, la Jueza a quo fundamentó la probabilidad de autoría; ya que, la víctima en la entrevista psicológica manifestó cómo hubieran ocurrido los hechos cuando tenía aproximadamente seis a siete años de edad; puesto que, también señaló que el imputado aprovechaba los momentos en los que se encontraba sola y desprotegida para cometer actos sexuales "que le hubiera metido a su cuarto, le hubiera sacado la ropa y procedido a tocarla" y que no hubiera sido solo una vez sino también en el lote de propiedad del imputado, en un cuarto precario donde había una cama y aprovechando que se encontraban los dos procedió a tocarla y cometer la agresión sexual; puesto que, la víctima señaló que no solamente hubiera sido por la vagina sino también por el ano, relato congruente y elocuente que corrobora lo señalado en el certificado médico legal de 12 de diciembre de 2022, de donde se advierte que la víctima presenta un desgarre a nivel del himen; por lo que, generando convicción de la existencia del hecho y la participación del imputado; no advirtiéndose contradicción alguna; ya que, la víctima fue concreta, clara y precisa al señalar que fue agredida sexualmente por el imputado, reconociéndolo como su agresor en el desfile identificativo; 3) El imputado aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, debido a la desproporcionalidad física y emocional de la menor ejerció intimidación y violencia para someterla cuando tenía solo seis a siete años, y agredirla sexualmente; por lo que, se consideró que al ser su primo y conocer el entorno familiar, se constituye en un peligro efectivo para la víctima; así como, la activación del peligro de obstaculización, en mérito a los actos investigativos pendientes de realización, como ser la declaración de testigos y la pericia psicológica; todo ello, debido a la naturaleza del hecho y que las circunstancias se desarrollaron en el seno familiar, lo que supone la probabilidad de influenciar en los familiares; 4) En cuanto al test de proporcionalidad, se estableció claramente todos los convenios y tratados internacionales que exigen para asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso, tomando en cuenta los antecedentes por la agresión sexual que sufrió la víctima cuando tenía entre seis a siete años; por lo que, se debe dar preferencia a los derechos de la niña, quien debe tener acceso oportuno a la justicia, debiendo recibir doble protección por su condición de minoridad y ser víctima de agresión sexual; y, 5) Respecto a los agravios formulados por el accionante, de la revisión de actuados y las pruebas presentadas, se evidencia que no se vulneró el derecho a la libertad por falta de fundamentación objetiva ni la presunción de inocencia; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, pese a su legal citación cursante a fs. 34, no se conectó a la audiencia virtual ni presentó informe alguno.
Fabiola Karina Soria Peña, Fiscal de Materia, en audiencia virtual, señaló que la Jueza a quo resolvió conforme a derecho, pues se debe considerar la ponderación de derechos que, en este caso, protege a una niña; por lo que, no se estaría violentando ningún derecho fundamental o garantía constitucional, solicitando se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 70 a 77 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) La medida cautelar de detención preventiva es un mecanismo efectivo que permite la averiguación de la verdad histórica de los hechos, el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley y el cumplimiento de la sentencia condenatoria que eventualmente podría dictarse dentro del proceso penal; por consiguiente, la medida extrema no puede ser considerada como una vulneración al principio de presunción de inocencia; ya que, no se trata de una pena anticipada, sino solo un instrumento procesal que garantiza los fines del proceso asegurando la presencia efectiva del imputado durante el proceso; ii) El accionante manifestó que la Jueza codemandada obró incorrectamente al imponer su detención preventiva; ya que, en la valoración de la entrevista psicológica se introdujo una pregunta y respuesta que no constarían en la declaración de la víctima, y que los peligros de fuga y obstaculización fueron fundados en meras presunciones sin objetividad; al respecto, se debe verificar si hubo una conducta omisiva por parte de los jueces o tribunales que se traduzca en la no recepción de medios probatorios o en la falta de compulsa de los mismos, de donde se tiene que el accionante no refirió que ningún medio de prueba no haya sido admitido; es decir, que haya sido arbitrariamente rechazado por la Jueza codemandada; asimismo, la falta de compulsa de medios probatorios tampoco fue objetivamente demostrada; iii) De la lectura, tanto del Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, como del Auto de Vista cuestionado que rechazó el recurso de apelación incidental interpuesto, no se advierte la existencia de una contradictoria apreciación o falta de compulsa de los medios probatorios ofrecidos; iv) La jurisprudencia constitucional determinó la posibilidad de realizar el control de constitucionalidad de manera excepcional, ante la existencia de un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, en cuyo caso la justicia constitucional podría ingresar a la labor interpretativa y valorativa; sin embargo, de la lectura del Auto Interlocutorio como del Auto de Vista, se tiene que las autoridades ahora demandadas, efectuaron un análisis de la probabilidad de autoría; así como, de los peligros procesales de fuga y obstaculización, nótese que la Jueza de la causa hizo una descripción precisa de cuáles son los medios probatorios que le llevaron a presumir razonablemente el grado de probabilidad indiciaría y la probabilidad de autoría; ya que, efectuó un análisis de la entrevista psicológica de la víctima, valoró el certificado médico forense, el acta reconocimiento de persona; así como, la denuncia, además de una transcripción de las partes de la prueba que llevarían a presumir razonablemente la probabilidad de autoría, sobre todo lo mencionado por la víctima, donde cuenta como su primo en diversas oportunidades le agredió sexualmente, haciendo incluso la transcripción a detalle con las palabras y actos que se hubieran producido en aquellas oportunidades, porque no fue un hecho aislado, sino repetitivo; y, v) Al valorar los riesgos procesales de fuga y obstaculización, se tomó en cuenta la situación familiar, el entorno cercano que tienen la víctima y el imputado por el grado de parentesco, efectuando una descripción precisa de los aspectos que llevaron a presumir el cumplimiento de los presupuestos establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; y respecto a la probabilidad de autoría, manifestó que se debe tomar en cuenta las condiciones particulares del hecho, considerando el estado de vulnerabilidad y desventaja de la víctima de acuerdo a los antecedentes; ya que, el imputado aprovechando la desproporcionalidad física y emocional de la víctima, ejerció intimidación y violencia hacia la niña para someterla a una agresión sexual cuando tenía la edad entre seis a siete años, quien no tuvo el menor reparo en realizar este tipo de hecho en perjuicio y desmedro de la víctima, afectando su integridad física y psicológica, quien en reiteradas ocasiones la agredió sexualmente, y tomando en cuenta que el imputado conoce su entorno familiar; ya que, el mismo es primo de la víctima, se tiene que el imputado se constituye en un peligro eminente para la misma; por lo que, se entiende a cabalidad cuáles son los elementos valorados; además, se realizó el test de proporcionalidad, considerando la situación de menor de edad y mujer de la víctima de agresión sexual; puesto que, no se verifica un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; toda vez que, se entiende a cabalidad cual el motivo que llevo a las autoridades a tomar tal determinación; por lo que, no se puede ingresar a efectuar una valoración de la prueba; ya que, no se verificó estar frente a las causales de excepción a la reglas de prohibición de revisión de legalidad infra constitucional y valoración de la prueba; puesto que, no existe una fundamentación irracional, desproporcional ni arbitraria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -ahora codemandada-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dany Yamil Huarastaca Roca -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, determinió la aplicación de la detención preventiva del nombrado (fs. 53 vta. a 63). II.2. A través de Auto de Vista 338/2022 de 23 de diciembre, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, declaró “SIN LUGAR” el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, manteniendo en todas sus partes el Auto Interlocutorio recurrido (fs. 64 a 67 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad por falta de fundamentación objetiva, y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño adolescente, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) La Jueza codemandada al emitir el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, que determinó su detención preventiva: a.1) Inventó una pregunta y respuesta, consistentes en ¿Dónde te ha tocado o introducido?, “en mi vagina y mi ano”, ello para forzar la probabilidad de autoría en cuanto al tipo penal imputado, las cuales no constan en la entrevista psicológica; y, a.2) Activó los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basándose en meras presunciones; y, b) La Vocal demandada mediante el Auto de Vista 338/2022, declaró "SIN LUGAR" su recurso de apelación incidental: b.1) Considerando la presunta penetración anal a la víctima, para determinar la probabilidad de autoría, cuando el certificado médico legal no establece ningún desgarro en esa zona genital; y, b.2) Ratificó los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.5 del adjetivo penal, basándose en meras presunciones subjetivas de la Jueza a quo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad; además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Estos razonamientos fueron asumidos por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, el Ministerio Público, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra, su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce, por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de dieciocho años de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: 'Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (...). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño'.
En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes.
Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (...) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (...), tanto en el ámbito público como privado. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para dominar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-;
asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité; además, de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuentan con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
...en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de 'los y las niñas a (...) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto'. El Tribunal ha indicado, asimismo, que 'la adopción de tales medidas [...] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece'. Además, 'la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes, en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado'". En ese sentido, 'han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos'. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belém do Para, sobre el que el Tribunal es competente (...) instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: 'La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual'. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: '...toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente'. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (...) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (...) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (...).
En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que, en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima; así como, su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar" (las negrillas fueron añadidas). Razonamiento asumido en la SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre.
Tomando en cuenta los criterios y principios de protección en favor de la mujer víctima de violencia, concretamente respecto a la violencia sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció las siguientes circunstancias a ser consideradas por los operadores de justicia o encargados de la persecución penal cuando se trata de recolectar prueba del hecho delictivo, en el marco del principio de debida diligencia: " en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso". Ahora bien, como corolario de todo lo expuesto, es necesario tener presente que el problema de la violencia ejercida contra la mujeres en razón de género, obliga a que la perspectiva de los órganos o servidores públicos que tengan conocimiento de un hecho delictivo, en especial, el perpetrado contra el bien jurídico libertad sexual, se ejerza precisamente desde un enfoque integral que atienda la connotación del hecho en el marco de los principios y normas de actuación desarrollados ampliamente. En similar sentido, los jueces y tribunales de garantías, con mayor razón, el Tribunal Constitucional Plurinacional, deben observar un enfoque integral cuando conozcan de acciones de defensa vinculadas a hechos de tal naturaleza. En ese entendido, la SCP 0017/2019-S2 asumió el siguiente razonamiento: "Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el pericionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se colonnestaría actuaciones contranas a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. (…) En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”.
Razonamiento asumido en la SCP 0776/2019-S4 de 12 de septiembre. Ahora bien, respecto a la declaración de la víctima de violencia sexual o violación sexual, corresponde señalar que dentro del ámbito de protección del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en ese sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima.
Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: "Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo". En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que, en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló: 153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico; ya que, no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes.
Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones . Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho (las negrillas son nuestras).
Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: "Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia"; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.
Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Reña y descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: "La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior"; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto "efectivo" que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incerto o nominal; es decir, a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrarlo en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le indica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.
Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2., y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014. Razonamiento asumido en la SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre.
Con relación al peligro de obstaculización, el art. 235 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, dispone que: "Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad"; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentran:
1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; 3. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia; 4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo; 5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, 8 Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.
obstaculizará la averiguación de la verdad.
La parte final del referido artículo también establece que: "El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad". Con relación al peligro de obstaculización de la verdad, la SC 0225/2004-R de 14 de febrero -reiterada entre otras por la SC 0301/2011-R de 29 de marzo y la SCP 0711/2012 de 13 de agosto- sostuvo que, la finalización de la etapa investigativa no es un argumento jurídico ni racional que permita desvirtuar el peligro de obstaculización de la verdad; toda vez que, la verdad de los hechos, saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso penal sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiere calidad de cosa juzgada material; entendimiento que se encuentra corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos establecidos en el art. 235 del CPP; pues no solo hacen referencia a los fiscales, sino también, a las autoridades judiciales, a otros funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia, que están obligados a colaborar con la averiguación de la verdad material; en consecuencia, el peligro de obstaculización de la verdad, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, sino, que puede generarse desde el inicio con la citación de la imputación formal hasta la ejecutoria de la sentencia emitida dentro del proceso penal; es decir, hasta su conclusión, cuando se agoten todas las circunstancias a través de los recurso pertinentes.
Considerando que las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, se constituyen en un peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad; el mismo se encuentra relacionado con la actividad investigativa del 9En el FJ III.3, señala: "Respecto a que ya no se puede asegurar obstaculización del proceso para negar la cesación de la detención, porque ya finalizó la investigación, este argumento no tiene sustento jurídico ni racional, puesto que lo que estipulan las normas previstas en el art. 233.2 CPP, para disponer una detención, es que se tenga demostrado 'La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se somete a sí procesos u obstaculice la averiguación de la verdad' De las citas legales, se colige que la obstaculización prevista por el legislador, no se reduce a la etapa preparatoria, cuyo plazo es de seis meses en un principio, pues a lo que se refiere el precepto es a la obstaculización de la verdad; y éste no está comprendido únicamente por esa etapa sino que se trata con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoría de la sentencia del proceso por una parte, por otra la averiguación de la verdad; no puede establecerse según el sistema procesal actual en la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinentes, por consiguiente, la verdad saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiera calidad de cada juzgado material, razonamiento que se encuentra en su totalidad corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos procedidos en las normas previstas en el art. 235 citado, pues en ellas, se refiere a los jueces ciudadanos y empleados del sistema de administración de justicia. Considerar o aseverar que la verdad se la establece en la etapa de investigación, significará desconocer el proceso penal actual y mutilarlo, de manera que reconocer lo que entienden los recurrentes, importarla que la etapa del proceso oral ante un truhón jurisdiccional no tendría sentido, pues directamente el Ministerio Público tendría que decidir sobre la verdad, por consiguiente, definiendo si los procesados cometieron o no el delito que se les impulsó, pero esta facultad no ha sido atribuida a esta autoridad".
Ministerio Público, la cual, está sometida a estándares nacionales e internacionales para la protección de las víctimas de violencia sexual; y, con la materialización de dicha actividad en juicio oral, hasta la conclusión del proceso penal con una sentencia ejecutoriada; es por esta razón, que los fiscales y autoridades judiciales al momento de analizar estas circunstancias, están obligados a adoptar medidas de acción positivas, específicas y reforzadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual; así como, el deber de tomar en cuenta la condición de persona en desarrollo en caso de niñas, niños o adolescentes, tal como lo estableció la Corte IDH en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua; en ese marco, desde una perspectiva de género y sobre la base de lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar lo siguiente:
1) En casos de violencia contra la mujer emerge la obligación de actuar con la debida diligencia, adoptando los mecanismos de investigación necesarios a efectos de sancionarla; 2) El deber de garantizar los derechos de una mujer víctima de violencia, adquiere especial intensidad en relación con las niñas y adolescentes; pues a la condición de mujer, la vulnerabilidad consustancial a la niñez se encuentra mayormente enmarcada y potenciada; de donde se tiene, que las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia; lo cual se traduce, en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de sus derechos frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia; surgiendo de esta forma, el deber estatal de actuar con estricta diligencia en la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes;
3) El deber de la debida diligencia en la actuación del Ministerio Público, implica que las autoridades a cargo de la investigación, la lleven delante de oficio y sin dilaciones, con determinación, eficacia y de manera seria, imparcial y efectiva, brindando confianza a las víctimas de violencia, para su protección, y,
4) El Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña; para la cual, las obligaciones de la debida diligencia y la adopción de medidas de protección deben extremarse; además, las investigaciones y proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual; así como, los efectos que podrían causar en la misma; pues, de lo que se trata es de proteger sus derechos de forma integral, salvaguardando su posterior desarrollo, velando por su interés superior y evitando su revictimización; De donde se tiene que, el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en los casos de violencia contra la mujer deben reforzar sus garantías de protección durante la investigación y el proceso penal; lo cual implica, actuar con la debida diligencia, garantizando: el acceso a la justicia de la víctima; la protección judicial efectiva por parte de sus operadores; el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilite y promueva la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, al tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta los siguientes presupuestos: i) En casos de violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia; y, de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante; y, ii) El Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia deben evitar que se presenten cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso; para lo cual, deben considerar lo siguiente:
ii.a) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia sexual -u otro tipo- por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emocional; más aún, la minoridad de edad de la víctima, que en ambos casos, las hace más influenciables y manipulables a cualquier tipo de declaración; ii.b) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contenga elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quiso darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-; ii.c) Evitar la revictimización, tomando como ejemplo: los supuestos en los que el imputado busque a la víctima o a su familia para proponer o realizar cualquier tipo de transacción, y de esta forma, logre algún contacto que la revictimice, y al mismo tiempo, pueda influir en los mismos, generando incertidumbre, inseguridad o temor en ellos; ii.d) Si bien, el Ministerio Público debe fundar la existencia de estos riesgos procesales a través de elementos probatorios precisos y circunstanciados que otorguen razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, al tiempo de justificarlos no siempre resulta clara su argumentación, ante lo cual, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima de violencia, sobre la base del estándar de la debida diligencia, la autoridad judicial puede reforzar dicha argumentación en base a los antecedentes cursantes en el expediente; lo que de ninguna manera, puede ser considerado como una reforma en perjuicio;
ii.e) Existen elementos objetivos y necesarios que deben ser analizados por las autoridades judiciales, a pesar que el Ministerio Público no los hubiera expuesto, para sostener la existencia de estos riesgos procesales, que de ninguna manera se consideran en presunciones abstractas, sino, tan objetivas, que la autoridad judicial pudo percatarse, a efectos de evitar la obstaculización de la investigación, como por ejemplo: el entorno social, la minoridad de edad, el grado de instrucción de la víctima y familiares, su situación económica, los copartícipes en el hecho, el lugar de los hechos, la forma en la que se encontró a la víctima, los nexos que vinculaban al agresor con la víctima, que el agresor resultó ser familiar, amistad o vecino de la misma y otros elementos que resultan necesarios para el administrador de justicia, para establecer la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad; así como también, la existencia de actividades investigativas pendientes; y, ii.f) Los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados, no debiendo limitarse a considerar que cada riesgo procesal tenga un determinado elemento de prueba; toda vez que, debe considerarse que los delitos de índole sexual son delitos que en su generalidad se consuman en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima o con escasos elementos de convicción que puedan acreditar la perpetración del delito de violencia contra la mujer -más cuando se trata de una violencia sexual-, los mismos pueden ser usados de forma integral, para sustentar una o más circunstancias que constituyen un riesgo procesal, en consideración a la protección integral que debe darse a la mujer víctima de violencia.
Razonamiento asumido en la SCP 0496/2020-51 de 14 de septiembre.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad por falta de fundamentación objetiva, y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) La Jueza codemandada al emitir el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, que determinó su detención preventiva: a.1) Inventó una pregunta y respuesta, consistentes en ¿Dónde te ha tocado o introducido?, “en mi vagina y mi ano”, ello para forzar la probabilidad de autoría en cuanto al tipo penal imputado, las cuales no constan en la entrevista psicológica; y, a.2) Activó los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basándose en meras presunciones; y, b) La Vocal demandada mediante el Auto de Vista 338/2022 de 23 de diciembre, declaró "SIN LUGAR" su recurso de apelación incidental interpuesto: b.1) Considerando la presunta penetración anal a la víctima, para determinar la probabilidad de autoría, cuando el certificado médico legal no establece ningún desgarro en esa zona genital; y, b.2) Ratificó los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.5 del adjetivo penal, basándose en meras presunciones subjetivas de la Jueza a quo. Así, de los antecedentes del presente fallo constitucional; se tiene que por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, la Jueza codemandada determinó la aplicación de la detención preventiva del accionante (Conclusión II.1.); y, a través de Auto de Vista 338/2022, la Vocal demandada, declaró "SIN LUGAR" el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, manteniendo en todas sus partes el Auto Interlocutorio recurrido (Conclusión II.2.). Previamente a ingresar al análisis de fondo de las problemáticas planteadas, es pertinente establecer que el objeto de la presente acción de libertad, es dejar sin efecto el Auto de Vista de 338/2022; razón por la cual, resulta impertinente e incongruente ingresar al análisis del Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, emitido en primera instancia; razón por la cual, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a la Jueza codemandada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de las denuncias efectuadas. De igual modo, con carácter previo a analizar el fondo de las problemáticas planteadas respecto a la Vocal demandada, cabe señalar que conforme a lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, al tiempo de analizar un caso donde se encuentren de por medio derechos de una niña o adolescente víctima de violencia sexual, emerge la obligación constitucional y convencional de efectuar su estudio a través de los enfoques interseccional y de género, a efectos de asumir estándares nacionales e internacionales de protección de sus derechos, como un deber de carácter internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer; más aún, cuando se trata de una niña o adolescente, como lo acontece en el presente caso, cuya protección judicial resulta reforzada, debiendo las autoridades que tengan conocimiento del asunto -en todos sus niveles- actuar con la estricta diligencia en la garantía de sus derechos. Precisado tal extremo, se tiene que la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 338/2022, que declaró "SIN LUGAR" el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, manteniendo en todas sus partes la Resolución recurrida, con base en los siguientes fundamentos: i) Del Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, se tiene que los medios de prueba valorados por la Jueza a quo fueron la denuncia presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Certificado Médico Legal y el Informe de Entrevista Psicológica realizada a la víctima en Cámara Gesell, ambos de 12 de diciembre de 2022, el informe policial y el acta de reconocimiento de persona, todos estos elementos generan la certeza de la probabilidad de autoría e individualización del sindicado, requisitos exigidos por el art. 233 del CPP, elementos de convicción suficientes para sostener que la conducta ilícita del imputado se adecuaría al tipo penal, considerando que esta clase de ilícitos son denominados delitos de silencio y son corroborados con la declaración de la víctima de agresión sexual.
ii) La defensa técnica señaló en cuanto a las preguntas que se hubieran realizado a la víctima, que únicamente le hubiera tocado el ano y la vagina; sin embargo, de la lectura del Informe de Entrevista Psicológica de 12 de diciembre de 2022, se advierte que la menor responde "el intento introducir su pene, el parece que logra introducir su pene, yo me moví y parece que logra introducir su miembro, yo me moví porque me dolió y de eso yo me muevo y el sigue tocándome intentando volver a meter su pene en mi (...) logra meterme un poco su pene, yo hago me muevo”; es decir, que logró meter un poco su miembro; ante lo cual, la Juez a quo respecto a la probabilidad de autoría señaló que, en la entrevista psicológica, la víctima manifestó como hubieran ocurrido los hechos, al hacer referencia a las agresiones sexuales cometidas cuando aproximadamente tenía seis a siete años; además de señalar, que el imputado de diecinueve años aprovechaba los momentos en los que se encontraba sola y desprotegida, procediendo a cometer los actos sexuales; ya que, " le hubiera metido a su cuarto, le hubiera sacado la ropa y procedido a tocarla", y que no hubiera sido solo una vez sino también en el lote de propiedad del imputado, donde había un cuarto precario y una cama, que aprovechando que se encontraban solo los dos, procedió a tocarla no solo por la vagina sino también por el ano, relato congruente y elocuente, que crea convicción de la existencia del hecho y la participación del imputado, considerando los elementos de prueba presentados en audiencia por parte del Ministerio Público. iii) En cuanto a la contradicción en la que hubiera incurrido la víctima y que no se adecuaría al tipo penal, la entrevista psicológica realizada a la víctima es concreta, clara y precisa; toda vez que, la víctima señaló que fue agredida sexualmente por el imputado cuanto tenía aproximadamente 6 a 7 años de edad, y ante la pregunta cómo estaban echados en la cama, señaló "logra meterme un poco su miembro”, es decir, que la víctima en ningún momento entro en contradicciones, ya que en todas las declaraciones señala que su primo "le hace entrar a su cuarto le hace echar le baja su ropa y le intenta introducirle se pene en su ano y en una de esas si me dolió pero yo dije debe ser normal o no sé, yo estaba chiquita yo no sabía”; y en la segunda situación también refirió que "cuando la mamá estaba cocinando intento meterle su pene y luego en el lote", no existiendo las contradicciones que refiere la defensa técnica del imputado; toda vez que, la menor relató de la misma forma como hubiera ocurrido los hechos; por lo que, no existiría el agravio señalado en cuanto a la probabilidad de autoría y el tipo penal. iv) Del Certificado Médico Legal de 12 de diciembre de 2022, se tiene que existen lesiones en la víctima, desfloración y desgarro antiguo en el himen. v) En el desfile identificativo la víctima reconoció como su agresor a Dany Yamil Huarastaca Roca, como el autor del hecho, generando convicción de la existencia del hecho, conforme los elementos indicarios presentados por el Ministerio Público. vi) En lo que se refiere a los riesgos procesales activados por la Jueza de la causa, se encuentran debidamente fundamentados; toda vez que, se tomó en cuenta las condiciones particulares de como hubieran sucedido los hechos, ya que el imputado aprovechando la vulnerabilidad, desproporcionalidad física y emocional de la menor, ejerció intimidación y violencia para someterla a la agresión sexual, cuando solo tenía entre seis y siete años, considerando también que al ser primo de la misma, conoce el entorno familiar, circunstancias que se configuran en un eminente peligro para la víctima. vii) En cuanto al peligro de obstaculización, se tiene que en mérito a los actos investigativos pendientes de realización, como ser la declaración de testigos y la pericia psicológica a la víctima, además tomando en cuenta la naturaleza del hecho y que las circunstancias que se desarrollan en el seno familiar, debido a que el imputado es primo de la víctima, influirá sobre los familiares y la víctima, de quienes también se deben tomar las declaraciones para verificar y esclarecer los hechos históricos aplicando la jurisprudencia de la SC 0301/2011, referente a la activación del peligro de obstaculización al momento de presentarse la imputación formal y terminar con la sentencia ejecutoriada. viii) En cuanto al test de proporcionalidad que refiere la defensa, se estableció los tratados y convenios internaciones que exigen asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, debiendo tomarse en cuenta los antecedentes de agresión sexual que sufrió la víctima cuando tenía seis a siete años de edad, debiendo aplicar preferentemente los derechos de la menor, quien debe tener acceso oportuno a la justicia, si bien, específicamente no se señala la necesidad, idoneidad y la probabilidad de aplicar una medida menos gravosa, pero se fundamentó la razón por la que debe proceder la detención preventiva.
Ahora bien, corresponde ingresar a analizar si los agravios vertidos contra el Auto de Vista ahora cuestionado, emitido por la Vocal demandada, son evidentes:
Respecto a la primera problemática
El accionante denuncia que la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 338/2022 de 23 de diciembre, que declaró "SIN LUGAR" su recurso de apelación incidental interpuesto, consideró la presunta penetración anal a la víctima, para determinar la probabilidad de autoridad, cuando el certificado médico legal no establece ningún desgarro en esa zona genital. Al respecto, se advierte que el Auto de Vista cuestionado, tomó en cuenta la declaración de la víctima, inserta en el Informe de Entrevista Psicológica de 12 de diciembre de 2022, donde manifestó como ocurrieron los hechos de agresión sexual cuando tenía entre seis a siete años, al señalar que "el intento introducir su pene, el parece que logra introducir su pene, yo me moví y parece que logra introducir su miembro, yo me moví porque me dolió y de eso yo me muevo y el sigue tocándome intentando volver a meter su pene en mi (...) logra meterme un poco su pene, yo hago me muevo", señalando también que su primo "le hace entrar a su cuarto le hace echar le baja su ropa y le intenta introducirle su pene en su ano y en una de esas sí me dolió pero yo dije debe ser normal o no sé, yo estaba chiquita yo no sabía"; así también refirió que "cuando la mamá estaba cocinando intento meterle su pene y luego en el lote; correspondiendo aclarar que conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se establece que la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos, extremo coherente con lo dispuesto en el art. 193.c, del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: "Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo"; asimismo, la Corte IDH, en el Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, refiere que no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Advirtiéndose que la Vocal demandada en observancia del Informe de Entrevista Psicológica de 12 de diciembre de 2022, tomó como prueba fundamental de los hechos de agresión sexual, la declaración de la víctima, comprendiendo la naturaleza del hecho ilícito en el que se ve involucrada una niña como víctima de violencia sexual, considerando que en su declaración claramente identificó a su primo, ahora accionante, como su agresor; entonces si bien, existe un Certificado Médico Legal, ello no se constituye en un elemento suficiente para desvirtuar la probabilidad de autoría, considerando el hecho específico declarado por la víctima, que se constituye en indicio suficiente de la probabilidad de autoría; siendo evidente que en el desarrollo de la investigación o en el juicio, se determinará el alcance de la participación del accionante o no en el hecho delictivo; por lo que, en el marco de la aplicación de los estándares internacionales de protección, especialmente a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Estado tiene la obligación de actuar en todos estos asuntos con la debida diligencia a efectos de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia, ello a objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de la víctima, quien debe ser protegida por parte del Estado de forma efectiva, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Sobre la segunda problemática El accionante denuncia que la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 338/2022 de 23 de diciembre, que declaró “SIN LUGAR” su recurso de apelación incidental interpuesto, ratificó los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.5 del adjetivo penal, basándose en meras presunciones subjetivas de la Jueza a quo. De acuerdo a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, referido a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, como componentes del derecho al debido proceso, a través de los cuales se exige que la autoridad demandada realice una manifestación precisa de las argumentaciones pertinentes y razonables, que conduzcan a establecer las correspondientes decisiones, a fin de resolver el caso sometido a su conocimiento, exponiendo del mismo modo, los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una específica determinación. Sobre el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima, inserto en el art. 234.7 del CPP, entendido como toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia; en ese sentido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, establece que el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas, y en casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho; por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.
Al respecto, la Vocal demandada en el Auto de Vista cuestionado, al ratificar este riesgo procesal, fundamento su decisión en las condiciones particulares de como hubieran sucedido los hechos; ya que, el imputado aprovechando la vulnerabilidad, desproporcionalidad física y emocional de la menor, ejerció intimidación y violencia para someterla a la agresión sexual, cuando solo tenía entre seis y siete años, considerando también que al ser primo de la misma, conoce el entorno familiar es decir, que en observancia del vínculo familiar el imputado podría facilitar la presión o manipulación sobre la víctima en caso de que permaneciera en libertad, determinación asumida con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, de lo contrario se produciría una revictimización. En cuanto al peligro de obstaculización de averiguación de la verdad, inserto en el art. 235 del CPP, se entiende como toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad; en ese sentido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, estableció que en asuntos relacionados con violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia, y de razonabilidad suficiente que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante. En ese contexto, se advierte que la Vocal demandada en el Auto de Vista cuestionado, fundamentó que existen actos investigativos pendientes de realización, como ser la declaración de testigos y la pericia psicológica a la víctima, y tomó en cuenta la naturaleza del hecho y que las circunstancias que se desarrollaron en el seno familiar; debido a que, el imputado es primo de la víctima, si bien, no identificó cuáles son los testigos; sin embargo, no se puede pasar por alto la existencia del vínculo familiar entre la víctima y el imputado, puesto que son primos, extremo que podría facilitar la presión o manipulación sobre la víctima, existiendo una probabilidad razonable de que pudiera influir negativamente sobre en la misma, configurándose un riesgo procesal de obstaculización respecto a la víctima en la realización de la pericia psicológica, correspondiendo denegar la tutela respecto a la segunda problemática. Finalmente, respecto a la presunción de inocencia, se debe tomar en cuenta que el proceso se encontraba en etapa preparatoria; en la que, conforme al Código de Procedimiento Penal se emitirá la acusación formal, tomando en cuenta que mientras no exista una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada se garantiza y respeta la presunción de inocencia, no evidenciándose la vulneración de dicho derecho, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Consiguientemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 70 a 77 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El párrafo 118, señala: "Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante" 2El párrafo 107, indica: "El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (...)". Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: "De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la presión preventiva debe mantenerse (...)".
3 Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, parr. 193 y 194.
4 Párrafo 89. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 215 esp.pdf
5 Párrafo 153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 89 esp.pdf
6 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Párrafos 10 y 106.
7 Ibídem, pág. 89
10 En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sene C No. 350 Párrafo 289. 11Criterio asumido del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 287. 12Criterio asumido del Caso Vela Franco y otros Vs. Guatemala; a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 134 y 173. 13Criterio asumido de los Casos J vs. Perú, a través de la Sentencia de 27 de noviembre de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafos 350; y, Vela Franco y otros Vs. Guatemala, a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 185.
14 Criterio asumido en el Caso V.R.P., V.P.C., y otros Vs. Nicaragua, a través de la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 29 y 294.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0609_2025-S3.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): fdcfb75aac878b442f4f51e310660bf3d665790925e4bb665f223f243c7d15c7
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →