B.IA.LEGAL

SCP 0609/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52634-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de celeridad; por cuanto, la autoridad judicial demandada, habiendo aceptado la aplicación de procedimiento abreviado por la cual mediante Sentencia Condenatoria se le impuso una pena de tres años de reclusión, y posteriormente a petición del Ministerio Público como de la defensa, le concedió sanciones alternativas por el periodo de un año que consiste en la detención de fin de semana y feriados conforme lo dispone el art. 78 de la Ley 348, asimismo ordena que una vez verificado el domicilio de donde cumplirá la sanción alternativa, por secretaria debe librarse el correspondiente mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas; requisito que fue cumplido en horas de la tarde del 23 de noviembre de 2022, pero hasta la presentación de la acción tutelar no habría sido diligenciado el mandamiento de libertad, por parte de la Secretaria y la Gestora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 4) El principio de celeridad; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 47/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del señalado departamento, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sea en la modalidad innovativa al haberse remitido los mandamientos tardíamente. Con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad del accionante. 2° DENEGAR la tutela en relación a Gestora de Procesos Primero de El Alto del indicado departamento; y, 3° EXHORTAR al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del mencionado departamento, que en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuman sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. El principio de celeridad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2025-S1 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52634-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 47/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lorenzo Valencia Espino contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez y Genoveva Limachi Copa Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero; y, Roció Alejandra Terán Rivero, Coordinadora de Gestora de Procesos Primera todos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 8 a 14 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de Violencia Familiar, el Juez de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto -ahora demandado-concedió la salida alternativa de procedimiento abreviado y como consecuencia de ello, recibió una pena privativa de libertad de tres años de reclusión a cumplirse en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz. Posteriormente, en virtud a lo requerido por el Ministerio Público y del Acuerdo de Procedimiento Abreviado, la autoridad jurisdiccional dispuso sanciones alternativas a la privación de libertad, que son: “1. Detención domiciliaria de fin de semana y feriados por el lapso de un año; 2. Ratificación de las medidas de protección a favor de la víctima; 3. Verificado el domicilio del condenado, POR SECRETARIA EMÍTASE el Mandamiento de Libertad bajo la modalidad de detención domiciliaria de fin de semana; y, 4. Se oficie al Retén Policial más cercano al domicilio a objeto de verificar el cumplimiento e informar al Juez de Ejecución Penal” (sic). Al igual que en la Sentencia, junto con el Ministerio Público renunciaron a la interposición del recurso de apelación en consecuencia, la autoridad jurisdiccional dispuso la notificación a la víctima y la remisión de los legajos pertinentes al Juzgado de Ejecución Penal, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE). En fecha 23 de noviembre, en horas de la mañana la abogada entregó a la secretaria la documentación que acredita el domicilio donde residirá -el accionante-, consistente en tres croquis, dos copias de cédula de identidad, dos facturas de servicios básicos en original y el contrato de alquiler; en el mismo día en horas de la tarde, se realizó el verificativo domiciliario. Refirió también que al día siguiente -24 de noviembre- a horas 10:00, cuando se apersona la abogada, para ver si ya remitieron los mandamientos de condena y libertad a la Gestora de Procesos, para su diligenciamiento al Recinto Penitenciario de San Pedro, sin embargo, la pasante “Yesica”, después de consultar vía teléfono con la Secretaria ahora demandada, aseguró que para el día viernes -el accionante- ya estaría en su cuarto, si pagaba la suma de Bs500.- (quinientos bolivianos), monto que fue cancelado por una prima. Ese mismo día luego de la espera de una hora la pasante se escondió después de referir que ya saldría de despacho los mandamientos, posteriormente la Secretaría se aproximó a aclarar que la resolución y mandamientos estaban en despacho y recién firmaría el Juez, esto fue a horas 11:20, por lo que la abogada coordinó con la auxiliar del juzgado para que en cuanto salga los mandamientos lo remitan a la gestora; este acto de negligencia y deficiencia fue registrado en el libro del litigante del Juzgado, folio 66 a horas 17:41; luego la auxiliar del juzgado, informó vía whatsapp que los mandamientos no fueron recibidos por la Gestora ya que le observaron la notificación a la víctima, que posteriormente la abogada coordinó con Elsa Huanca para que el día 25 de noviembre, a horas 08:30 sea notificada en el juzgado. Que la Resolución 807/2022 de 22 de noviembre, y a la presentación de la acción tutelar recién fue remitido a la oficina Gestora los mandamientos correspondientes, pero la responsable de la Gestora Primera, se negó a remitir los mandamientos de condena y libertad inmediatamente, los cuales fueron recibidos a horas 08:49, y a la consulta por parte de la abogada que se proceda con celeridad, la responsable señaló que tiene todo el día para remitir al penal dichos mandamientos, lo que causa dilación en la obtención de la libertad, ya que es otro trámite administrativo dentro del recinto penitenciario, pero la ley señala celeridad en los trámites con detenido preventivo.

Concluye que el modo de operar de la Secretaria demandada es caracterizado de negligente, deficiente, corrupto y dilatorio, por exigir el cumplimiento de ciertas formalidades innecesarias, como ser que los mandamientos sean diligenciados por la Gestora, cuando el Centro Penitenciario de San Pedro velando por los derechos que asisten a los detenidos tienen la tolerancia de recibir mandamientos de los abogados patrocinantes con el requisito de estar autorizado en la parte posterior por la Secretaria de juzgado, asimismo en este caso en concreto ha solicitado que la víctima sea notificada para librar los mandamientos cuando la autoridad jurisdiccional ya ejecutorio la resolución y ordeno a la Secretaria ahora demandada libre los mandamientos con el único requisito que se verifique el domicilio, comprobándose que fue realizada en la tarde del 23 de noviembre.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; citando al efecto, los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se ordene: a) La autoridad judicial demandada en el día habilite horas extraordinarias para que la Secretaria abogada reciba el depósito del accionante y proceda a su depósito en su domicilio donde cumplirá la condena; b) La funcionaria demandada atienda con prontitud al funcionario verificador de San Pedro y en el día proceda a su depósito en el domicilio señalado; c) Por el principio de informalidad que reviste la Acción de Libertad y el proceso penal, se notifique de forma inmediata con la parte pertinente de la resolución para su cumplimiento en el día y se devuelva el cuaderno de control jurisdiccional, ya que desecho colchón, camas, almohadas y ropa extra que le permita pasar la noche en el Penal, debido a la promesa que su libertad se ejecutaría para hoy viernes 25 de noviembre; y, d) Informe la Responsable de la Gestora Primera, los motivos por lo que se negó a remitir los mandamientos de condena y libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad el 25 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela por intermedio de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos señaló: 1) El día de ayer al final de la tarde la auxiliar informó que intentó remitir a la gestora los mandamientos de condena y libertad, pero la Gestora se habría negado a recibirlos sin explicarle el fundamento, cuando en ninguna parte de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; establece o da facultades a la Gestora para rechazar notificaciones o diligencias enviadas; 2) Como nuevo antecedente, señaló que le pidió a la Secretaria demandada que por favor le entregara el mandamiento de condena y de libertad, para que sea diligenciada en el Recinto Penitenciario de San Pedro con su autorización, pero la Secretaria se negó diciendo que lo enviaría por la Gestora; 3) Que, al medio día se encontró con el verificador del Penal de San Pedro, “Sargento Huanca”, quien le ha informado que este caso, debería traerlo por la mañana, porque él ya había acabado de verificar en la ciudad de El Alto, y dijo que si lo hubiera traído en la mañana temprano, hubiera hecho el verificativo y estaría haciendo el informe, evidenciándose vulneración del derecho a la libertad por parte de la Secretaria; 4) Con relación a la Gestora de Procesos, quien recibió los mandamientos a horas 08:49, pero se negó a remitir inmediatamente los mismos al referido Centro Penitenciario, por lo cual demuestra una dilación indebida; 5) Ambas funcionarias se amparan en el plazo burocrático que la ley procedimental y la jurisprudencia que han descrito puedan saltarse para un detenido preventivo, es así que refirió la Sentencia Constitucional 0046/2021, que señala que el interno sería liberado en el día sin necesidad de trámite alguno; y, 6) Que, la funcionaria demandada atienda con prontitud al funcionario verificador del Centro Penitenciario de San Pedro y en el día proceda su depósito en el domicilio señalado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 21 y vta., señaló: i) Que dando cumplimiento al Instructivo de Jornadas de Descongestionamiento al Sistema Penal SP-TDJ-LP 34/2022, programó audiencia de consideración de procedimiento abreviado para fecha 22 de noviembre de 2022 a horas 13:00, dentro de la causa, en el cual mediante Resolución 807/2022 se sentencia a Lorenzo Valencia Espino, a una pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el delito de Violencia Familiar o Doméstica, disponiéndose la remisión del mandamiento de condena y la notificación a la parte víctima denunciante, quien no se encontraba en audiencia; ii) En audiencia de solicitud de la abogada de la parte imputada y del Ministerio Público, solicitaron la aplicación de la salidas alternativas conforme al art. 76 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; iii) Dispuso la aplicación de las salidas alternativas, y que una vez verificada el domicilio por secretaría donde va cumplir la sanción alternativa, se emita el mandamiento de libertad bajo modalidad de sanciones alternativas; disponiendo en su última parte se notifique a la víctima y una vez ejecutoriada la misma se remita en conocimiento del Juez de Ejecución Penal; y, iv) En cumplimiento a la SPC 0754/2020-S4 solicitó la no procedencia de la acción de libertad.

Genoveva Limachi Copa, Secretaria del Juzgado referido, en audiencia, señaló: a) Se remitió informe por parte del juzgado, dentro del caso que sigue el Ministerio Público contra Lorenzo Valencia Espino por el delito de Violencia Familiar o Doméstica; b) En fecha 23 de noviembre, evidentemente se ha realizado la audiencia de procedimiento abreviado, aplicando las salidas alternativas en la cual el Juez dispuso que previa verificación del domicilio del imputado se emita el mandamiento de libertad, disponiéndose en primera instancia el mandamiento de condena. Asimismo se apersona la abogada del imputado en ventanilla, en fecha 23 de noviembre de 2022, para hacer su verificación la misma que trae un contrato de alquiler, acreditando el lugar donde residirá; c) Que, la abogada del imputado no es la primera vez que actúa de manera prepotente y de forma altanera, el querer que se le atienda con la rapidez que ella solicita, se le ha indicado que se encuentra en audiencia, y están con aprehendidos para hacer su verificación, pero en horarios de la tarde envió a un personal del juzgado para que pueda verificar el domicilio del imputado, y en fecha 24 de noviembre ha emitido el mandamiento de libertad con sanciones alternativas, remitida en fecha 25 de noviembre a primera hora; d) Cuando la abogada del imputado se apersonó por ventanilla del despacho judicial, imponiendo a que se le entregue el mandamiento de libertad con sanciones alternativas, para realizar el trámite en San Pedro, solo pidió que le autorice en la parte de atrás del mandamiento de libertad, pero se le ha indicado que conforme al art. 56 de la Ley 1173 se debe remitir los mandamientos y cualquier salida judicial a la oficina Gestora, y son ellos los que deben diligenciar estos actuados; y, e) Como cursa en la Resolución emitida por la autoridad demandada, en su última parte, se notificó personalmente a la víctima denunciante; por todo lo informado solicitó se deniegue la tutela. Roció Alejandra Terán Rivero, Coordinadora de Gestora de Procesos Primera de El Alto del señalado departamento, en audiencia mencionó: 1) El mandamiento de libertad del accionante fue remitido a oficina de la Gestora a horas 08:49 y a horas 11:37 ha sido diligenciado y dejado en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, situación que hace conocer de que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional; 2) Que, en ninguna situación se ha negado la recepción de mandamientos como lo ha referido la abogada del accionante, toda vez que el día de hoy a horas 08:49, recién los funcionarios del juzgado se han apersonado ante la oficina Gestora para poder dejar ese mandamiento; y, 3) Ante esta situación solicitó, se deniegue la tutela en razón a que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional, ya que el mandamiento ha sido diligenciado como corresponde y como la norma prevé, y es en el transcurso del día a horas 11:37, este actuado se le ha enviado una captura a la Secretaria -ahora demandada- del juzgado de los horarios ya referidos.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 47/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 31 a 33 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en contra de la Responsable de la Oficina Gestora de Procesos Primera de El Alto del indicado departamento, y denegó con relación al Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del mencionado departamento, bajo los siguientes fundamentos: i) Se tiene de antecedentes que a horas 17:30 según sello de la Secretaria se efectúa la verificación el 23 de noviembre, es decir al día siguiente de llevada la audiencia de salida alternativa de juicio oral contradictorio, se tiene la emisión del mandamiento de condena de fecha 24 de noviembre de 2022, y mandamiento de libertad con sanciones alternativas de fecha 24 de noviembre de 2022. Asimismo, se tiene el sello de oficina de la Gestora de Procesos de fecha 25 del mismo mes y año, día posterior, conforme al informe emitido por la responsable de la oficina Gestora de Proceso Primero, el mismo día de la recepción se hubiese remitido ante el Recinto Penitenciario de San Pedro es decir el 25 de noviembre; ii) En el caso de privados de libertad, la atención es crucial debido a la importancia de la libertad en cuestión, por lo que debe ser protegido con diligencia por los funcionarios, no se logra entender la parte accionante, quien no se hubiere querido atender en mandamiento de condena y de libertad de fecha 24 de noviembre en horas de la tarde, corroborado por el informe de la Secretaria ahora demandada, quien refiere que a partir de las 10 de la mañana la oficina Gestora de Procesos ya no recibe este tipo de mandamientos, estamos hablando de privados de libertad que guardando la libertad, independientemente del motivo por el que se encuentra, no se puede tener horarios para recepción, tenemos una jornada laboral, estando en dicha jornada laboral, no se puede tener otros horarios, para recepción de mandamientos de condena, mandamientos de detención domiciliaria, si bien por cuestión de orden se pueden fijar ciertos horarios, existe la excepción que precisamente son con los privados de libertad que están a la espera de ese mandamiento para obtener una detención domiciliaria como en el presente caso, es más que nos refiere el Código de Procedimiento Penal en cuestiones ordinarias, si en audiencia se dispone la libertad, debe ser en la misma sala otorgarle la misma libertad y no cuestiones formales, cuestiones rigurosas, cual el motivo por el que la oficina Gestora de Procesos no haya querido recibir ese mandamiento, es privado de libertad no puede existir horarios hasta horas 10:00 de la mañana mandamientos de libertad, de detención domiciliaria, o de condena; iii) Consecuentemente, dicho aspecto queda corroborado por la abogada del accionante a través del informe presentado por la parte demandada -Gestora de Procesos- que no quiso recibir los mandamientos, al tener ese mandamiento se debió extremar esfuerzos por la referida oficina en coordinación con el Recinto Penitenciario de San Pedro; iv) En cuanto al Juez accionado, no vulneraria de algún derecho, habiendo dispuesto en audiencia que se emita mandamiento de condena, que se disponga librar mandamiento de detención domiciliaria previa verificación; v) Esta el informe de la Secretaria, que el 23 de noviembre ya se efectivizó el informe de verificación, es tiempo razonable, y 24 la emisión de mandamiento de condena y detención domiciliaria, hasta ahí tiempo razonable, pero el hecho de no recibir el mandamiento por la oficina Gestora de Procesos ingresa en la vulneración de derechos. Tampoco en la abogada Secretaria ahora demandada; vi) No se puede rehusar a recibir el mandamiento de detención domiciliaria por la oficina Gestora de Procesos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la impresión del mandamiento de libertad con sanciones alternativas y de condena de Lorenzo Valencia Espino con CI 14359389 LP, con fecha recepción de parte de la Gestora de Procesos, en fecha 25 de noviembre de 2022 (fs. 4) II.2. Consta la Resolución 807/2022 de 22 de noviembre, de consideración de procedimiento abreviado, que ha determinado sentenciar a Lorenzo Valencia Espino a la pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, por la comisión del ilícito establecido y sancionado en el art. 272.1 Bis del Código Penal (CP); a cuyo efecto por secretaría ordenó se emita el mandamiento de condena. Habiendo renunciado al recurso de apelación el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, dispuso en consecuencia se notifique a la víctima y una vez ejecutoriada la misma, se remitan antecedentes a conocimiento por el Juez de Ejecución Penal y REJAP (fs. 18 a 20) II.3. A través de la resolución de Sanciones alternativas, solicitada por el Ministerio Público como la parte ahora accionante, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, dispuso la aplicación de sanciones alternativas conforme al art. 76 y ss. de la Ley 348, en cuanto a la detención de fin de semana y feriados conforme a lo dispuesto por el art. 78 de la indicada Ley y sea por el periodo de un año en los cuales debe cumplir las reglas y condiciones, asimismo para asegurar la integridad y la vulnerabilidad de la víctima ratifica las medidas de protección a favor de la denunciante; y una vez verificado el domicilio de donde va cumplir la sanción alternativa, “por secretaria emítase al correspondiente mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas” (sic). El Ministerio Público como la abogada del accionante, renunciaron al recurso de apelación, por lo que ordenó notificarse a la parte víctima y una vez ejecutoriada la misma remitirse en conocimiento ante el Juez de Ejecución Penal para el cumplimiento y control de las sanciones alternativas, así como la remisión al REJAP y SIPPASE para el registro correspondiente (fs. 19 a 20) II.4. Mediante informe suscrito por Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, solicitó que se considere los siguientes extremos de orden legal:

“a) Que dando cumplimiento al INSTRUCTIVO DE JORNADAS DE DESCONGESTIONAMIENTO AL SISTEMA PENAL SP-TDJ-LP N° 34/2022; se programó audiencia de consideración de procedimiento abreviado para fecha 22 de noviembre de 2022 a horas 13:00 pm., dentro de la presente causa, en la cual mediante Resolución 807/2022 se sentencia al Sr. Lorenzo Valencia Espino, a una pena privativa de libertad de 3 años a cumplirse en el Recinto Penitenciario de San Pedro, por el delito de violencia familiar o doméstica, disponiendo la remisión del mandamiento de condena y la notificación a la parte víctima denunciante, quien no se encontraba en audiencia; b) Asi mismo en audiencia a solicitud de la Abg. De la parte imputada y del ministerio público, solicitan la aplicación de las Salidas Alternativas conforme al art. 76 de la Ley 348; c) (…) dispone la aplicación de las salidas alternativas, y que una vez verificado el domicilio por secretaria donde va cumplir la sanción alternativa, se emita el mandamiento de libertad bajo modalidad de sanciones alternativas, disponiendo en su última parte se notifique a la víctima y una vez ejecutoriada la misma se remita en conocimiento del juez de ejecución penal; y, d) (…) la Sentencia Constitucional 0754/2020-S4, `...las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor…´” (sic [fs. 21 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de celeridad; por cuanto, la autoridad judicial demandada, habiendo aceptado la aplicación de procedimiento abreviado por la cual mediante Sentencia Condenatoria se le impuso una pena de tres años de reclusión, y posteriormente a petición del Ministerio Público como de la defensa, le concedió sanciones alternativas por el periodo de un año que consiste en la detención de fin de semana y feriados conforme lo dispone el art. 78 de la Ley 348, asimismo ordena que una vez verificado el domicilio de donde cumplirá la sanción alternativa, por secretaria debe librarse el correspondiente mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas; requisito que fue cumplido en horas de la tarde del 23 de noviembre de 2022, pero hasta la presentación de la acción tutelar no habría sido diligenciado el mandamiento de libertad, por parte de la Secretaria y la Gestora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 4) El principio de celeridad; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002 , sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo , se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, desarrolló el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

6El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

7El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.4. El principio de celeridad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0240/2019-S2 de 15 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. El principio de celeridad anotado, no sólo es exigible a las autoridades jurisdiccionales, sino también a otras autoridades que intervienen en el proceso penal, como las autoridades del Ministerio Público; lo que supone que deben actuar cumpliendo los plazos legales, sin dilaciones indebidas, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento.

III.5. Análisis del caso concreto

De los antecedentes glosados, se tiene que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de celeridad; por cuanto, la autoridad judicial demandada, habiendo aceptado la aplicación de procedimiento abreviado, emitió Sentencia Condenatoria, imponiéndole una pena de tres años de reclusión; posteriormente, a petición del Ministerio Público como de la defensa, le concedieron sanciones alternativas por el periodo de un año, consistentes en la detención en fin de semana y feriados, conforme lo dispone el art. 78 de la Ley 348, también ordenando una vez verificado el domicilio de donde cumplirá la sanción alternativa, por secretaria se libre el correspondiente mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas; requisito que fue cumplido en horas de la tarde del 23 de noviembre de 2022, pero hasta la presentación de la acción tutelar no habría sido diligenciado el mandamiento de libertad, por parte de la Secretaria y la Gestora.

Precisado el objeto procesal, la jurisprudencia desplegada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo en los casos en los que existe vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; es decir, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando hay dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lorenzo Valencia Espino -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, fue impuesta en su contra la condena de tres años -mediante la Resolución 807/2022 de 22 de noviembre-; posteriormente en observancia al principio de concentración de actos, el Ministerio Público y la defensa del accionante solicitan sanciones alternativas, petición que fue concedida por la autoridad judicial en virtud del art. 76 y siguientes de la Ley 348, consistentes en la detención de fin de semana y feriados por el periodo de un año; asimismo, señala que una vez verificado el domicilio donde cumplirá la sanción alternativa, ordenó que por secretaria se emita mandamiento de libertad bajo la modalidad de sanciones alternativas. (Conclusión II.2, II.3 y II.4)

Ahora bien, de la revisión de los informes orales prestados por la Secretaria del juzgado, como de la Gestora, se evidencia que el 23 de noviembre del 2022, la abogada del accionante presentó la documentación al juzgado, acreditando la ubicación del domicilio donde residirá el beneficiado, asimismo en horas de la tarde, un funcionario del juzgado verificó el domicilio, por lo que al día siguiente -24 de igual mes y año - la indicada Secretaria emitió el mandamiento de libertad con sanciones alternativas y el mandamiento de condena, documental que fue remitida a la Gestora de procesos el 25 de noviembre del mismo año a horas 08:49 y luego fueron diligenciadas a horas 11:37.

Ahora bien, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible; caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras, estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley;

y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad.

De lo expuesto, resulta evidente la demora en la remisión del mandamiento de libertad con sanciones alternativas y de condena hacia la Gestora de Procesos para su correspondiente ejecución, la cual superó las veinticuatro horas hasta la fecha de interposición de la presente acción, incumpliendo la orden emanada por la autoridad judicial, en librar el mandamiento de libertad teniendo en cuenta que ya se había cumplido con la verificación del domicilio del sentenciado, considerando además el deber de toda autoridad que tenga conocimiento de un caso en el que se vea involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene la obligación ineludible de tramitarlo con la mayor celeridad posible, con la finalidad de evitar una lesión al referido derecho. Por consiguiente, si bien el Juez, refiere en su informe que la orden de librar el mandamiento de libertad era precisa siempre y cuando se cumpla con la verificación del domicilio del sentenciado, sin embargo, es evidente la dilación indebida en la que incurrió la autoridad judicial demandada al no supervisar el cumplimiento de la remisión del mandamiento de libertad con sanciones alternativas; por lo que, al no haberse obrado de esa manera, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad innovativa; toda vez que, se remitió los nombrados mandamientos tardíamente.

Asimismo, en relación a la Secretaria demandada, contra quien también se dirigió la presente acción tutelar; cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas dicho personal, por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, en tales casos dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva, independientemente de la responsabilidad de supervisión de la autoridad jurisdiccional. En el caso de análisis, la funcionaria subalterna referida incumplió sus obligaciones; por cuanto, dicha servidora pública no consideró el cumplimiento de la orden emanada por el Juez de control jurisdiccional, para la remisión inmediata del mandamiento de libertad ante la Gestora de Procesos, evidenciándose descuido en el desempeño de sus funciones, lo que contribuyó a la lesión de derechos alegados, correspondiéndole parte de la responsabilidad en el presente caso. Dejando establecido que esta decisión no implica de ninguna manera disponer la libertad del accionante.

Con relación a la Gestora de Procesos Primera de El Alto de departamento de La Paz, no tiene responsabilidad en vista que diligenció los mandamientos de libertad con sanciones alternativas y de condena, el día que en que fueron remitidos por parte del juzgado, es decir el 25 de noviembre del 2022. (Conclusión II.1) En consecuencia, el Juez de garantías al conceder parcialmente la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 47/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del señalado departamento, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sea en la modalidad innovativa al haberse remitido los mandamientos tardíamente. Con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad del accionante. 2° DENEGAR la tutela en relación a Gestora de Procesos Primero de El Alto del indicado departamento; y, 3° EXHORTAR al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del mencionado departamento, que en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuman sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

“…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos”.

3 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 4El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

8 En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0609_2025-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6adaa492df274c13e5e646dd5210250455aa0f5b4b4d78d6597434e06c4f332d

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