Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante denunció como lesionados el debido proceso, respecto a los principios de celeridad que comprende el ejercicio oportuno y sin dilación en la administración de justicia; toda vez que, desde el 6 de abril de 2022 que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución 172/2022 que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, los funcionarios de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, hoy demandados, no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, hasta la presentación de esta acción tutelar; lo que generó, que la nueva solicitud de cesación activada por su parte, no pueda considerarse por el Juez de la causa, bajo el justificativo que el legajo de apelación no fue devuelto, incurriendo en una dilación indebida, afectando sus derechos. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, contra José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara, Jorge Alejandro Luna Mena Auxiliar y Daniela Grissel Choque Mamani Auxiliar Dactilógrafa todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, 2° Exhortar a las autoridades jurisdiccionales demandadas, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarden el cumplimiento de los plazos procesales, conforme a las normas en vigencia; y con mayor razón cuando de por medio, se encuentre en tela de juicio, el derecho a la libertad, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos, expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47173-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 006/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Basilio Octavio Relova Quispe contra José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara, Jorge Alejandro Luna Mena; Auxiliar; y, Daniela Grissel Choque Mamani, Auxiliar Dactilógrafa todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso Penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación niña, niño y adolescente; el 9 de enero de 2022 en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; posteriormente, solicitó cesación a la detención preventiva ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero; la cual, fue rechazada mediante Resolución 172/2022 de 14 de marzo, determinación que fue apelada y remitido el legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, que fue radicado en Sala Penal Tercera del Tribunal departamental Justicia de La Paz, instancia que confirmó la resolución recurrida. El 12 de abril de 2022, presentó nueva solicitud al Juzgado de origen; la cual, no fue atendida por la falta de devolución de los antecedentes de parte del Tribunal de alzada, hasta la fecha de la presentación de esta acción de libertad, por los funcionarios ahora demandados, quienes se rehusarían a devolver, bajo el argumento de la carga procesal existente en esa Sala.
El impetrante de tutela denunció como lesionados el debido proceso, respecto a los principios de celeridad que comprende el ejercicio oportuno y sin dilación en la administración de justicia; de responsabilidad, citando al efecto los arts. 8, 115, 125, 126 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la devolución de antecedentes al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero del departamento de La Paz.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 25, presente la parte accionante; y, ausente los funcionarios demandados, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, sin referir si se ratifica o no en su demanda, se limitó a señalar que no existe prueba clara del delito por el que se le acusa; y que se encuentra detenido injustamente.
José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 19 de abril de 2022 cursante de fs. 22 a 23 vta., manifestó lo siguiente: a) Una vez emitida la resolución por parte del Vocal Relator, su persona transcribió dicho actuado, para que el mismo sea devuelto por el Auxiliar de ese Despacho Judicial; b) La apelación fue devuelta al Juzgado de origen, el 18 de abril de igual año; es decir, antes de la presentación y notificación con la presente acción de libertad; c) La parte accionante debió actuar de manera activa en el proceso; es decir, reclamado a esa Sala mediante memorial o de manera verbal, la devolución del proceso, hecho que no lo realizó ni por intermedio de su abogado, limitándose simplemente a señalar que el personal de esa Sala, se negó a la devolución, sin especificar cuál fue el funcionario que actuó de esa manera; y, d) Solicita se deniegue la tutela impetrada en su contra. Adjunta oficio de remisión al Juzgado de origen.
Daniela Grissel Choque Mamani, Auxiliar Dactilógrafa de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 19 de abril de 2022 cursante a fs. 18 vta., expuso lo siguiente: 1) La Resolución 191/2022 emitida dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, fue transcrito en forma oportuna; 2) El ahora accionante ni su abogado se apersonaron a la citada Sala preguntando por el referido proceso; y, que el mismo ya fue devuelto al Juzgado de la causa el 18 de abril del señalado año; y, 3) A tiempo de indicar que adjunta fotocopia del Auto de Vista 191/2022 y oficio de remisión, solicita se deniegue la tutela en su contra. Jorge Alejandro Luna Mena, Auxiliar de la prenombrada Sala Penal, presentó informe el 19 de abril de 2022, cursante a fs. 20, refiriendo que: i) Sus funciones son de recepción de expedientes y memoriales, manejo de registros, atención a los abogados (as) y no el de transcripción de resoluciones ni de actas de audiencias; ii) En ningún momento las partes ni los abogados se comunicaron con su persona; así como, tampoco se apersonaron a la Sala Penal a objeto de averiguar sobre su proceso: iii) Desde la remisión a ese Despacho hasta su devolución al Juzgado de origen, transcurrieron siete días hábiles; por lo que, no se desconoció el principio de celeridad; iv) El proceso fue devuelto al Juzgado de origen el 18 de abril de 2022, lo que se evidencia por oficio de devolución adjunto; y, v) Al haberse devuelto el expediente, ya no existe razón para la interposición de la presente acción de libertad. Por lo que, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 006/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., denegó la tutela solicitada; dado que, los antecedentes reclamados, fueron devueltos al Juzgado de origen el 18 de abril de 2022 a las 16:30, evidenciándose que lo reclamado vía acción de libertad, habría cesado por subsanación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por decreto de 5 de abril de 2022, emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; se señaló audiencia virtual de apelación incidental para consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva para el 6 de abril del mismo año a las 8:30 (fs. 1). II.2. Cursa Resolución 191/2022 de 6 de abril, emitida por la Sala Penal Tercera, del citado Tribunal; por la que, se confirmó la Resolución 172/2022 de 14 de marzo, dictada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero (fs. 13 a 16).
II.3. Por memorial de 12 de abril de igual año, el impetrante de tutela, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero de La Paz, señale día y hora de consideración de cesación a la detención preventiva (fs. 2). II.4. Consta decreto de 13 del mismo mes y año prenombrados, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero, por el que se determinó, no ha lugar a lo solicitado (fs. 3). II.5. Cursa nota CITE 545/2022 de 7 de abril, firmado por el Secretario de Cámara hoy demandado, de devolución de actuados, dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero; contando en su reverso, sello ilegible de recepción de fecha 18 de abril de igual año, firmado por la Auxiliar del juzgado antes referido.
El accionante denunció como lesionados el debido proceso, respecto a los principios de celeridad que comprende el ejercicio oportuno y sin dilación en la administración de justicia; toda vez que, desde el 6 de abril de 2022 que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución 172/2022 que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, los funcionarios de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, hoy demandados, no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, hasta la presentación de esta acción tutelar; lo que generó, que la nueva solicitud de cesación activada por su parte, no pueda considerarse por el Juez de la causa, bajo el justificativo que el legajo de apelación no fue devuelto, incurriendo en una dilación indebida, afectando sus derechos. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de libertad se encuentra consagrada en la Primera Parte, Título IV, Capítulo II, Sección I de nuestra Ley Fundamental, estipulando en su art. 125, que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer esta acción de defensa y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier Juez o Tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; en ese marco, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han determinado una clasificación de los diferentes tipos de acción de libertad instituidas para su aplicación efectiva, según la finalidad que se persigue, entre las que se encuentra la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero). La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto la SCP 0213/2021-S4 de 2 de junio, citando a la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, con relación a la procedencia de la acción de libertad estableció que: “…cuando existan actos, los cuales estén vinculados directamente con el derecho a la libertad o a la locomoción, la citada SCP 111/2012, estableció: ‘…la acción de libertad, podrá alegarse procesamiento ilegal indebido, cuando dicha lesión afecte a alguno de sus elementos constitutivos y se encuentre directamente relacionada con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción del actor; toda vez que otras formas de procesamiento indebido o ilegal que no encuentren vinculación directa con el derecho a la libertad, deben compulsarse dentro del ámbito de la acción de amparo constitucional’.
De esta forma, se puede establecer que el debido proceso y la dilación indebida o la falta de celeridad procesal, pueden ser reclamados a través de la acción de libertad, siempre que se vinculen con el derecho a la libertad. En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas corresponde al texto original).
Respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, la SCP/0961/2019-S4 de 21 de abril, entendió: “‘Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: “…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)».
En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda en su contra, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional, hechos que repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del Juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad de su Juzgado. Consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, estableció que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela denunció como lesionados el debido proceso y el principio de celeridad y a la “administración de justicia”; toda vez que, desde el 6 de abril de 2022 que se resolvió la apelación formulada contra la Resolución 172/2022 que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, los funcionarios de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, hoy demandados, no procedieron a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, hasta la presentación de esta acción tutelar; lo que generó, que la nueva solicitud de cesación activada por su parte, no pueda considerarse por el Juez de la causa, bajo el justificativo que el legajo de apelación no fue devuelto, incurriendo en una dilación indebida, afectando sus derechos.
Una vez precisada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes cursantes en el expediente, de donde se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra Basilio Octavio Relova Quispe –ahora accionante–, a instancia del Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; ante lo cual, solicitó cesación a la misma; rechazada por Resolución 172/2021; dando lugar, a la interposición de recurso de apelación incidental en previsión de lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mismo que fue remitido ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Es así que, mediante Auto de Vista de 6 de abril de igual año, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La paz, declaró improcedente la apelación incidental; y en consecuencia, la Resolución apelada fue confirmada; demorando en la devolución de antecedentes ante el Juzgado de origen. En el ínterin de la devolución de cuaderno de apelación por parte del Tribunal de alzada, el 12 de abril de 2022, el accionante presentó una nueva solicitud de cesación a su detención preventiva ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Penal Primero del departamento de La Paz –Juzgado de origen–; cuya autoridad, mediante decreto de 13 del mismo mes y año, declaró “… no ha lugar a lo solicitado…” (sic), al no haberse devuelto los actuados por parte del Tribunal superior al que fueron remitidos. Al respecto, es necesario tener presente lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se estableció que esta acción de defensa, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, está dirigida a tutelar el derecho al debido proceso en su elemento celeridad, cuando se producen dilaciones innecesarias que obstaculizan la resolución de la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de su libertad o que está en riesgo de serlo, ello en virtud de la concreción efectiva del citado derecho y el principio de celeridad; en ese marco, toda autoridad tiene el deber de actuar en observancia de dicho principio con el fin de no dilatar la resolución de la situación jurídica de aquél. Ahora bien, es necesario precisar que, conforme a lo expuesto anteladamente en relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, se establece la posibilidad de que estos puedan ser demandados en acciones de tutela constitucional ante el incumplimiento de obligaciones propias del cargo que desempeñan; y por desobediencia de las instrucciones directas emitidas por la autoridad jurisdiccional.
En el caso que se analiza se tiene que desde la emisión del Auto de Vista de 6 de abril de 2022, por parte del Vocal de la Sala Penal Tercera, que declaró improcedente el incidente de apelación formulado por el ahora solicitante de tutela; hasta la efectiva remisión de la apelación incidental que se produjo según consta en obrados, el 18 de abril de 2022, misma data de interposición de la presente acción; trascurrieron doce días sin que los funcionarios ahora demandados hubieran cumplido con la devolución de los actuados al Juzgado de origen; dado que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, los antecedentes deben ser devueltos al Tribunal de origen en un plazo de veinticuatro horas, como máximo; incurriendo en una omisión que generó una dilación indebida en la definición de la situación jurídica del imputado, imposibilitándole como este manifiesta que se considere a su nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, acciones que sin duda constituyen lesión al derecho al debido proceso en su elemento celeridad en directa vinculación con su derecho a la libertad. Bajo ese entendimiento, la no devolución o retorno de antecedentes al Juzgado de origen, imposibilitó la consideración de una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, siendo un trámite necesario para intentar modificar la situación jurídica del accionante, los funcionarios de apoyo jurisdiccional, con las dilaciones señaladas, lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento celeridad del impetrante de tutela con directa incidencia en su derecho a la libertad, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada, pues es evidente la existencia de una dilación indebida; la cual, no solo es lesiva de los derechos de la parte accionante, sino también resulta contraria al orden constitucional.
Por último, en el marco de lo desarrollado de los Fundamentos Jurídicos precedentes, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, teniéndose que el mismo día de la presentación de esta acción de defensa fueron remitidos los antecedentes de la apelación incidental al Juez de origen, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad innovativa porque ésta ya fue cumplida. Aclarándose que la concesión efectuada, es únicamente en cuanto al cumplimiento de plazos procesales para la tramitación de solicitudes inherentes a la libertad; pues, la decisión de fondo sobre la situación jurídica del accionante –libertad–, corresponderá ser resuelta por la autoridad ordinaria competente, conforme a los antecedentes cursantes en obrados y la naturaleza de los hechos motivo de procesamiento; buscando siempre, en cada decisión, resguardar los derechos de la víctima, que en este caso al ser menor de edad pertenece a un grupo vulnerable que merece una protección reforzada conforme a lo dispuesto en el art. 60 de la CPE.
Consiguientemente, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, contra José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara, Jorge Alejandro Luna Mena Auxiliar y Daniela Grissel Choque Mamani Auxiliar Dactilógrafa todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, 2° Exhortar a las autoridades jurisdiccionales demandadas, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarden el cumplimiento de los plazos procesales, conforme a las normas en vigencia; y con mayor razón cuando de por medio, se encuentre en tela de juicio, el derecho a la libertad, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos, expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0609_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): c387acf31a73fab527edfdddf40d2fe91da22284e320746cc9feacea03cffcdf
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