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SCP 0609/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46602-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; así como los principios de especialidad, concentración, celeridad, pro homine, de igualdad y no discriminación e inocencia; puesto que luego de emitida la Sentencia condenatoria en su contra y apelada la misma, solicitó la cesación a la detención preventiva en dos oportunidades al no contarse con un fallo ejecutoriado; sin embargo, el Juez accionado hasta la interposición de la presente acción de libertad, no señaló fecha de audiencia para resolver esa solicitud ni emitió algún pronunciamiento, demorando la definición de su situación procesal y tornando ilegal su privación de libertad; autoridad que, en audiencia tutelar, refirió haber perdido competencia con la emisión de la Sentencia para tramitar lo solicitado. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento -principio- de celeridad y a una justicia pronta y oportuna, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz accionado, señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación, y resuelva la situación jurídica del accionante conforme corresponda en derecho, salvo que la misma hubiera variado; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los principios de especialidad, concentración, pro homine, de igualdad, no discriminación e inocencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Trámite de las solicitudes de cesación a la detención preventiva en procesos que se hallan en trámite de apelación o casación
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2023-S3 Sucre, 16 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46602-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erika Fanny Tolin Aguilar en representación sin mandato de AA contra Jorge Luis Antequera Bernal, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 21 a 23 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP), el “25 de marzo” -lo correcto es 23 de febrero- de 2022, fue sentenciado a una pena privativa de libertad de cinco años, quien al momento del hecho tenía trece años de edad. Contra esa Sentencia -006/2022- se interpuso recurso de apelación, y al no contarse con un fallo ejecutoriado, solicitó al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica, la cesación de su detención preventiva en dos oportunidades; la primera, el 9 de marzo de 2022, ante lo cual se emitió en respuesta el proveído de 10 del mismo mes y año, indicando que al haberse pronunciado resolución en su contra, debía adecuar sus solicitudes contenidas en el art. 291.I inc. d) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-. La segunda, el 14 del mes y año indicados, conforme lo estipulado por el art. 291.I incs. a) y d) del citado Código, emitiéndose el proveído de 15 de igual mes y año, señalando que debía remitirse a los datos del proceso y a la determinación asumida con relación a la petición nuevamente formulada. Por lo señalado, se tiene que hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción de libertad- no se señaló fecha de audiencia de cesación de su detención preventiva; puesto que respecto a la solicitud realizada, el Juez accionado no emitió ningún pronunciamiento; además, no actuó de manera oportuna; al contrario, demoró en resolver su pedido -audiencia de cesación a la detención preventiva-, para definir su situación procesal, tornando ilegal su privación de libertad, vulnerando los principios de especialidad, concentración, celeridad, pro homine, de igualdad y no discriminación; ocasionando dilación indebida, causando un procesamiento indebido, restringiendo y atentando contra su derecho a la libertad y al debido proceso.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La representante sin mandato del impetrante de tutela, alega como vulnerados los derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; así como los principios de especialidad, concentración, celeridad, pro homine, de igualdad y no discriminación, e inocencia, citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga el pronto señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 28 vta., presente el peticionante de tutela y su representante sin mandato, así como el Juez accionado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, señaló que: a) La Sentencia emitida en su contra data del 23 de febrero de 2022, siendo esa la fecha correcta y no la señalada en el memorial de la acción de libertad;

b) No es aplicable la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad en los casos en que se encuentren involucrados menores o adolescentes, al respecto se tiene a lo establecido por la SC “018/2006/R, de 22 de agosto” (sic); c) A la fecha, aun no se tiene señalada una audiencia de cesación a la detención preventiva; d) Se deben tener en cuenta el contenido de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0789/2021-S4 de 1 de noviembre, 0739/2021-S4 de 26 de octubre y “SC690 de 2021”, la cual referiría que una vez promulgada la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y ante el abuso de la detención preventiva, se otorgue un plazo razonable para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse sobre solicitudes de cesación a la detención preventiva en un plazo razonable; y, e) Así también se debe considerar lo establecido por la SCP 0418/2016-S1 de 13 de abril, en cuanto a la celeridad en los plazos, respecto a adolescentes con responsabilidad penal y la debida diligencia de la justicia penal para adolescentes, así como la excepción al principio de subsidiariedad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Jorge Luis Antequera Bernal, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, en audiencia, indicó que: 1) Una vez emitida la Sentencia en contra del impetrante de tutela, se dispuso la notificación a las partes, lo que se materializó aproximadamente el 27 de febrero de 2022; 2) Una vez interpuesto el recurso de apelación por la representante legal sin mandato del accionante, se ordenó la notificación a los demás sujetos procesales, como la Fiscalía de la localidad de Sica Sica, Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese Municipio y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI); 3) Durante el transcurso de las diligencias de notificación con el recurso de apelación, se planteó una solicitud de cesación de la detención preventiva; 4) El Código Niña, Niño y Adolecente, -refiere que- una vez emitida la resolución por la autoridad jurisdiccional, ésta pierde competencia para conocer cualquier solicitud, tal como se hizo constar en el proveído que emitió; 5) No se determinó qué norma vulneró al rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, ni tampoco se indicó que se apartó de las disposiciones del mencionado Código; 6) No se estableció de manera clara y precisa cuál de los presupuestos de activación de la acción de libertad fue invocado; 7) Se menciona jurisprudencia que hace referencia a la prohibición de aplicar la Ley 1173 en procesos en los cuales se encuentran inmersos los adolescentes; al respecto no aplica las reglas contenidas en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que no se puede invocar la excepción referida; 8) Se denuncia que no se respondió al pedido de cesación a la detención preventiva; sin embargo, se respondieron a sus dos solicitudes dentro del plazo de veinticuatro horas de interpuestas las mismas, conforme los plazos señalados en la Ley del Órgano Judicial y el Código Niña, Niño y Adolescente, y con la debida fundamentación, ya que se indicó que no se podía dar curso a sus pedidos al ya no tener competencia para tramitar las solicitudes de cesación a la detención preventiva; y, 9) No se incumplió normativa legal alguna y tampoco se señaló que norma sustentaría la solicitud de cesación a la detención preventiva, luego de emitida una Sentencia condenatoria; por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada y se disponga el archivo de obrados.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., denegó la tutela solicitada, conforme los siguientes fundamentos: i) Al emitir las dos providencias de 10 y 15 de marzo de 2022, en respuestas a las solicitudes de cesación de la detención preventiva efectuadas por el peticionante de tutela, el Juez accionado cumplió con los principios de celeridad y concentración; ii) Dicho Juez, conforme lo estipulado por el art. 291 del CNNA habría perdido competencia para conocer la solicitud de cesación a la detención preventiva; toda vez que, el 23 de febrero del año indicado, fue pronunciada la Sentencia 006/2022; consiguientemente, la indicada autoridad hoy accionada, se encontraba imposibilitada de poder resolver en audiencia y “con resolución” la mencionada solicitud; habiendo respondido con celeridad mediante proveído de 10 de marzo del mismo año, el primer pedido realizado; iii) Si la parte accionante advirtió que el mencionado proveído no se encontraba según el procedimiento, pudo solicitar la reposición; lo mismo en cuanto al proveído de 15 del mismo mes y año; recurso que se encontraba expedito, y de no haber sido atendido, podía acudir a otra acción constitucional y no así a la acción de libertad; puesto que no se demostró que estuviese indebidamente privado de su libertad, al existir una sentencia pronunciada en su contra y que al ser apelada, se encuentra pendiente de resolverse ante el Tribunal de alzada; y, iv) Al no demostrarse que se encuentra indebidamente procesado, perseguido, privado de su libertad o que su vida esté en peligro, se debe denegar la tutela impetrada. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el impetrante de tutela a través de la representante legal, solicitó se aclare cuál sería la autoridad competente para -resolver- la solicitud de cesación de la detención preventiva; así también, se complemente respecto a la inaplicabilidad del principio de subsidiariedad en cuanto a las solicitudes de menores y adolescentes. Al respecto, la Jueza de garantías, señaló que conforme a los argumentos y las conclusiones a las que se arribaron en la audiencia tutelar, en la cual se advirtió la aplicación correcta de lo establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente por parte del Juez accionado, no corresponde ninguna aclaración respecto a cuál sería la autoridad competente para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; más aún si el peticionante de tutela no agotó los recursos ordinarios como la reposición respecto a las determinaciones asumida por dicho Juez. En cuanto a la inaplicabilidad del principio de subsidiariedad tratándose de solicitudes de menores y adolescentes, se tiene que no se analizó el fondo del argumento de la demanda de acción de libertad; además, que no se precisó bajo “que modalidad” se formuló dicha acción tutelar; y en su petitorio no se solicitó que se instruya al Juez accionado se pronuncie o señale audiencia; en ese sentido, se tiene que la Resolución 11/2022 fue aclarada en todas sus partes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Sentencia 006/2022 de 23 de febrero, por la cual Jorge Luis Antequera Bernal, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz -ahora accionado-, declaró al accionante autor del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años como medida socioeducativa, bajo el régimen de internamiento a cumplirse en el Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 15 a 20). II.2. Por memorial presentado el 8 de marzo de 2022, ante el Juez hoy accionado, la madre del impetrante de tutela, en su representación, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 006/2022 (fs. 4 a 14). II.3. A través del memorial presentado el 14 de marzo de 2022, la parte peticionante de tutela reiteró al Juez accionado la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de día y hora de audiencia para ese fin (fs. 2 a 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; así como los principios de especialidad, concentración, celeridad, pro homine, de igualdad y no discriminación e inocencia; puesto que luego de emitida la Sentencia condenatoria en su contra y apelada la misma, solicitó la cesación a la detención preventiva en dos oportunidades al no contarse con un fallo ejecutoriado; sin embargo, el Juez accionado hasta la interposición de la presente acción de libertad, no señaló fecha de audiencia para resolver esa solicitud ni emitió algún pronunciamiento, demorando la definición de su situación procesal y tornando ilegal su privación de libertad; autoridad que, en audiencia tutelar, refirió haber perdido competencia con la emisión de la Sentencia para tramitar lo solicitado. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Trámite de las solicitudes de cesación a la detención preventiva en procesos que se hallan en trámite de apelación o casación

Al respecto, la SCP 0049/2018-S3 de 15 de marzo, haciendo referencia a la SC 0767/2004-R de 17 de mayo, señaló que: «“…la detención preventiva establecida como una medida cautelar de carácter personal por el Código de procedimiento penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas a las que el Estado, por disposición constitucional, les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada (SC 250/2004-R). De ahí que el mismo Código establece la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento, previo el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley la que establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y siguientes del CPP). Conforme a ello, este Tribunal en las SSCC 1107/2000-R y 0708/2003-R, considerando que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, ha establecido que ‘cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes pertinentes', remisión que sólo será procedente 'cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación’ (así, SSCC 0783/2003-R y 1853/2003-R)” . En esa línea, la SC 1095/2006-R de 1 de noviembre concluyó que: “De lo expresado, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva aun cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente. De esta glosa jurisprudencial se concluye que el juez o tribunal que dictó sentencia dentro de determinado proceso es competente para conocer y resolver las peticiones de detención preventiva pese a que el expediente del caso se encuentre en la Corte Superior del Distrito o en la Corte Suprema de Justicia, como consecuencia del recurso de apelación o casación interpuesto, debiendo informar de la solicitud al Tribunal en que se halle la causa para que remita los antecedentes pertinentes”» (el resaltado es nuestro).

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a esta tipología de la acción de libertad y su alcance, la SCP 0197/2021-S3 de 6 de mayo, asumiendo el entendimiento jurisprudencial citado en la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, señaló que: «…en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”. (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…) La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado es añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; así como los principios de especialidad, concentración, celeridad, pro homine, de igualdad y no discriminación e inocencia; puesto que luego de emitida la Sentencia condenatoria en su contra y apelada la misma, solicitó la cesación a la detención preventiva en dos oportunidades al no contarse con un fallo ejecutoriado; sin embargo, el Juez accionado hasta la interposición de la presente acción de libertad, no señaló fecha de audiencia para resolver esa solicitud ni emitió algún pronunciamiento, demorando la definición de su situación procesal y tornando ilegal su privación de libertad; autoridad que, en audiencia tutelar, refirió haber perdido competencia con la emisión de la Sentencia para tramitar lo solicitado. De la revisión de antecedentes procesales, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del peticionante de tutela, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, ahora accionado, emitió la Sentencia 006/2022 de 23 de febrero, declarándolo autor del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años como medida socioeducativa, bajo el régimen de internamiento a cumplirse en el Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (Conclusión II.1.); contra esa determinación, el 8 de marzo de 2022, la madre del impetrante de tutela en su representación, interpuso recurso de apelación de sentencia (Conclusión II.2.). Luego, el 9 de marzo de 2022, se solicitó al Juez accionado la cesación de su detención preventiva, que fue respondida por proveído de 10 del mismo mes y año, indicando que al haberse pronunciado resolución en su contra, debía adecuar sus solicitudes contenidas en el art. 291.I inc. d) del CNNA (fs. 21); asimismo, por memorial presentado el 14 del mes y año indicados, nuevamente se solicitó la cesación a la detención preventiva y el señalamiento de día y hora de audiencia (Conclusión II.3.), habiéndose emitido en respuesta el proveído de 15 de igual mes y año, señalando que debía remitirse a los datos del proceso y a la determinación asumida con relación a la petición nuevamente formulada (fs. 21 vta.). Establecidos los antecedentes procesales, del análisis de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se evidencia que el peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la falta de pronunciamiento y la dilación en la que incurrió el Juez accionado en el señalamiento de día y hora de audiencia para considerar y resolver sus solicitudes de cesación de la detención preventiva; autoridad que en respaldo de su actuación argumentó en la audiencia tutelar, que al haber pronunciado la Sentencia condenatoria perdió competencia para dar curso y tramitar esos pedidos; situación que el accionante considera que demoró la definición de su situación procesal, tornando ilegal su privación de libertad. Al respecto, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, si bien fue establecida en el marco de la jurisdicción ordinaria y su normativa correspondiente; empero, sus razonamientos se hacen perfectamente aplicables a la jurisdicción especializada bajo la cual se tramitó y resolvió el proceso penal seguido en contra del impetrante de tutela; por cuanto, establece que los jueces o tribunales -ordinarios o de la jurisdicción especializada- que pronunciaron sentencia en primera instancia, resultan competentes para conocer todas las cuestiones e incidentes que se susciten de manera posterior a esa actuación; en ese sentido, se encuentran plenamente facultados para conocer la solicitudes de cesación de la detención preventiva que se presenten después de haber emitido Sentencia, aun cuando los antecedentes del proceso hubieran sido remitidos ante un Tribunal superior por el planteamiento de los recursos de apelación o casación. En ese entendido, se tiene que el argumento del Juez accionado de haber perdido competencia para conocer, tramitar y resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva presentadas por el peticionante de tutela, al margen de contraponerse a la citada línea jurisprudencial que indica que mantiene su competencia luego de la emisión de la Sentencia y pese al planteamiento de los medios de impugnación; provocó dilación indebida en la pronta definición y resolución de la situación jurídica del accionante, vulnerando sus derechos al debido proceso en su elemento -principio- de celeridad vinculado a su libertad, y a la justicia pronta y oportuna, apartándose del razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, relativa a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que indica que toda autoridad que conozca de un trámite o solicitud efectuados por una persona privada de su libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible por encontrarse de por medio su libertad. Por lo expuesto, al no darse curso a la solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva realizada por el impetrante de tutela, bajo la indebida declaración de incompetencia para considerar esa petición por la emisión de la sentencia de primera instancia; se ocasionó una demora innecesaria que impidió se defina y resuelva de manera rápida y oportuna su situación procesal, al encontrarse detenido preventivamente, con la consecuente lesión de su derecho a la libertad a pesar de no estar ejecutoriada la sentencia condenatoria emitida en su contra y encontrarse pendiente de resolución en apelación; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela impetrada bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que fue establecida para garantizar la celeridad en los trámites judiciales del detenido cuando existan dilaciones indebidas; concesión que en el presente caso, es solo a efectos de que se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, y se resuelva la situación jurídica del peticionante de tutela conforme corresponda en derecho. Al no haberse advertido un fundamento adecuado que demuestre la vulneración de los principios de especialidad, concentración, pro homine, de igualdad y no discriminación e inocencia, ni tampoco una vinculación con los derechos evidenciados como lesionados, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento -principio- de celeridad y a una justicia pronta y oportuna, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz accionado, señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación, y resuelva la situación jurídica del accionante conforme corresponda en derecho, salvo que la misma hubiera variado; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los principios de especialidad, concentración, pro homine, de igualdad, no discriminación e inocencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0609_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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