Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, dentro del proceso técnico administrativo seguido en su contra a instancias de la Sub Alcaldía de la Zona Sur del GAM de La Paz, la autoridad municipal demandada emitió la Resolución Ejecutiva 219/2021 de 30 de abril, desestimando su recurso jerárquico; por lo que, el 3 de mayo de 2021 presento “recurso de explicación, enmienda y complementación”; solicitud que no mereció respuesta por parte de la autoridad edil; y ante la ejecutoria de la mencionada Resolución Ejecutiva por el referido Sub Alcalde, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2021 reiteró su pedido de explicación, enmienda y complementación, que deberá ser absuelto por el Alcalde del GAM La Paz; empero, hasta la fecha -entiéndase hasta la presentación de esta acción tutelar- no se emitió respuesta alguna. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) Sobre el principio de inmediatez; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve CONFIRMAR la Resolución 83/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 110 a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47681-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 83/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 110 a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Zuleika Marina Lanza Zeballos contra Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 69 a 75, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Por Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 de 10 de enero, la Sub Alcaldía de la Zona Sur (Macrodistrito V) le sancionó con la demolición de su propiedad ubicada en la zona Bella Vista, calle Los Álamos 7896; ante esa determinación presentó recurso de revocatoria el 31 de enero de 2019, el cual no fue resuelto y ante el silencio administrativo y retardación de justicia, el 11 de junio de similar año, interpuso recurso jerárquico que fue remitido ante el Alcalde del GAM de La Paz -autoridad demandada- mediante Auto 26/2019 de 17 de junio. Sin embargo, dicho recurso no fue resuelto transcurriendo un año y diez meses; por lo que, el 22 de abril de 2021 solicitó que se tenga por revocada la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019, en aplicación del art. 67.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; en tal sentido la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de dicha entidad municipal, emitió la Resolución Ejecutiva 2019/2021 de 30 de abril, mediante la cual resolvió desestimar el recurso jerárquico interpuesto, quedando firme y subsistente la citada Resolución Administrativa Macrodistrital. En tal sentido, el 3 de mayo de 2021, interpuso “recurso de explicación, complementación y enmienda” -siendo lo correcto aclaración y complementación-; y, a consecuencia de dicho recurso el mencionado Sub Alcalde dicto el Auto de Ejecutoria 73/2021 de 13 de mayo; ante esos actos ilegales el 27 de igual mes y año, solicitó la revocatoria del Auto de Ejecutoria, hasta que la autoridad edil se pronuncie sobre dicha solicitud de aclaración y complementación. Fue así que el 13 de julio de 2021, fue notificada con la Nota 66/2021 de 8 de julio, mediante la cual le hicieron conocer sobre el “PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN TAMBIÉN DENOMINADO PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD” (sic) señalando en conclusión que su derecho habría precluido y afirmando que supuestamente su solicitud de aclaración y complementación habría sido objeto de respuesta por Nota 150/2021 de 14 de mayo; empero, dicha nota nunca le fue notificada; más aún cuando fue el Alcalde del GAM de La Paz, quién emitió la Resolución Ejecutiva 219/2021, debiendo la autoridad edil, otorgar respuesta al recurso de aclaración, complementación y enmienda, y no así otra autoridad de menor rango. En consecuencia de esa respuesta, por memorial de 20 de julio de 2021 solicitó al Sub Alcalde de la Zona Sur; que quien absuelva su solicitud de aclaración y complementación sea el Alcalde del GAM de La Paz; añadiendo que ante la retardación de justicia, se resuelvan y respondan las notas remitidas que hacen en particular a la aclaración y complementación formulada en su momento, ello en atención al art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese entendido, la Sub Alcaldía de la Zona Sur devolvió el expediente a la Alcaldía del GAM de La Paz para el respectivo pronunciamiento por parte de la autoridad edil; es así, que por Nota 58/2022 de 2 de febrero, el Director de Asuntos Jurídicos de dicho ente municipal, señaló que “EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 2341, ARTÍCULO 35, PARAGRAFO II CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN DEBERÁ SER PLANTEADA MEDIANTE BLA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ASPECTO IMPROCEDENTE EN LA ACTUAL ETAPA PROCESAL, HABIENDO CONCLUIDO EL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO’ ‘…HABIENDOSE RESUELTO EL RECURSO JERÁRQUICO MEDIANTE LA CITADA RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 218/2021, EN LA ACTUAL ETAPA PROCESAL ES IMPROCEDENTE EMITIR UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO ENCONTRÁNDOSE AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA’. ‘EN CONSECUENCIA SE DENIEGA LA SOLICITUD IMPETRADA DEBIENDO SOMETERSE A LAS DISPOSICIONES Y SANCIONES EMITIDAS DENTRO DEL ACTUAL PROCESO TECNICO ADMINSITRATIVO’” (sic). De lo cual se tiene que el mencionado Director Jurídico, hizo referencia a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, olvidando que dicha Ley está sometida a los arts. 180.II y 410 de la CPE, y que la Ley de Procedimiento Administrativo tiene su Decreto Reglamentario -DS 27113 de 23 de julio de 2003-, en el cual se tiene que su art. 36 establece tres días para interponer el recurso de aclaración y complementación. A consecuencia de la respuesta del Director Jurídico del GAM de La Paz y no así de la MAE, se emitió la Orden de Despacho 109/2022 de 24 de febrero, ordenando la demolición de su construcción. Finalmente, la autoridad demandada al no haber respondido a su solicitud de aclaración y complementación presentada el 3 de mayo de 2021, vulneró su derecho a la petición.
Denunció la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto los arts. 13.IV, 24, 180.II, 256; y, 410 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene “1) Que conforme establece el art. 24 constitucional, el art. 36 del Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio 2003, El Alcalde Municipal de La Paz DE RESPUESTA MOTIVADA Y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA al recurso de complementación y enmienda que se ha interpuesto a la Resolución Ejecutiva N° 219/2021, el 03 de mayo 2021. 2. Dejar sin efecto y sin valor alguno la nota Cite: GAMLP – D.A.J. Of. N° 58/2022, de 2 de febrero 2022, firmado por el Director de Asuntos Jurídicos, José Antonio Gonzales López, así como la Orden de Despacho N° 109/2022, de 24 de febrero” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 5 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 100 a 109, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela se ratificó de forma íntegra en su memorial de acción de amparo constitucional.
Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del GAM de La Paz mediante informe escrito presentado el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 95 a 98 vta., así como en audiencia virtual a través de su representante legal refirió lo siguiente: a) La Sub Alcaldía de la Zona Sur en el marco de sus funciones de fiscalización técnica territorial, realizó la inspección técnica in situ, en el bien inmueble ubicado en la zona Bella Vista, calle Los Álamos 7896, donde evidenciaron una construcción sin autorización municipal, ocupación de vía con material de construcción y la alteración de planos; por lo que, emitieron el Informe de Inspección “UFPDPM -DIFP-SAZS N° 076/2018 de 11 de fecha 11 de septiembre de 2018” (sic); ante los aspectos técnicos advertidos, se emitió el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 83/2018 de 24 de septiembre, notificado el 29 de noviembre de similar año, dando inicio al proceso técnico administrativo contra la peticionante de tutela, por la comisión de la infracción regulada en la Ordenanza Municipal (OM) 076/2004 “…se halla establecida en el Titulo Segundo de las Infracciones y Sanciones Capítulo I articulo 15 incisos d) ‘La construcción que contando con planos arquitectónicos aprobados conforme a disposiciones vigentes, sea alterada en obra e inc. i) Acumulación de escombros y materiales de construcción en aceras y calzadas’, infracciones que tiene como sanción lo establecido en el artículo 17 de la referida ordenanza, inciso d) Demolición de la construcción que contando con planos aprobados sea alterada en obra quedando parte de la superficie edificada en contravención a disposiciones de uso de suelos, patrones de asentamiento urbanísticos y parámetros de edificación con la cobertura de su costo al infractos y la imposición de la multa pecuniaria sobre la superficie edificada conforme a dichas disposiciones municipales, e in. i) ‘Multa pecuniaria por m3 con decomiso del material árido’, habiendo aperturado un periodo probatorio de 10 días hábiles para la presentación de prueba de descargo’” (sic). Concluido el periodo probatorio se emitió el Informe en Conclusiones “UFTDPM - DIFT- SAZS 98/2018” de 26 de diciembre; b) En esos antecedentes técnicos y legales se emitió la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 de 10 de enero, que dispone sancionar a la solicitante de tutela con la demolición del primer piso de su inmueble con una superficie de 106.66 m, la multa de Bs600,00.- (seiscientos bolivianos 00/100) por concepto de desacato a paralización de obras, Bs960,00.-(novecientos sesenta bolivianos 00/100) por concepto de acumulación de materiales de construcción en aceras y calzada sin autorización municipal; y, Bs800,00.- (ochocientos bolivianos 00/100) por concepto de inicio de obras sin autorización municipal; haciendo un total de Bs2 360,00.- (dos mil trescientos sesenta bolivianos 00/100); c) La ahora demandante de tutela planteó recurso de revocatoria contra de la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019; asimismo, formuló recusación contra la Asesora Legal de la Sub Alcaldía de la Zona Sur, por supuesta enemistad manifiesta, que fue resuelta mediante Resolución Administrativa Macrodistrital 97/2019 de 15 de febrero, que dispone rechazar la recusación planteada, acto administrativo notificado el 18 de similar mes y año; asimismo, como último recurso en sede administrativa planteó recurso jerárquico, el cual fue remitido a conocimiento de la MAE del GAM de La Paz, para su tratamiento y consideración, impugnación que fue resuelta por Resolución Ejecutiva 219/2021 de 30 de abril, desestimando el referido recurso y notificada el 3 de mayo de 2021, al haberse agotado la vía administrativa se procedió a la emisión del Auto de Ejecutoria 73/2021 de 13 de mayo; d) La accionante identificó la vulneración de su derecho de petición, sobre la omisión de respuesta a la solicitud de aclaración y complementación de 3 de mayo de 2021; no obstante, la acción tutelar fue presentada el 23 de marzo de 2022, después de 10 meses de haberse generado la supuesta omisión de respuesta, contraviniendo el art. 129.II de la CPE concordante con el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); normativa que establece el plazo máximo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional a ser computado desde el acto u omisión ¡legal; e) Refirió también que la impetrante de tutela reconoció que fue respondida la solicitud de aclaración y complementación mediante Nota 150/2021 de 14 de mayo, y notificada el 13 de julio de 2021 mediante “CITE SAS – AL N° 66/2021”, comunicaciones que generaron la presentación del memorial de 20 de julio de 2021 al Sub Alcalde de la Zona Sur, solicitando que su solicitud de aclaración y complementación, objeto de la presente acción de defensa, sea resuelta por la MAE del ente municipal; empero, incluso si tomamos las fechas en las que el GAM de La Paz emitió la respuesta a dicha solicitud -julio de 2021-, la presente acción tutelar fue interpuesta tres meses después de haberse vencido el plazo máximo para la interposición de este tipo de acciones de defensa en estricta aplicación y observancia a lo dispuesto por el art. 129.II de la CPE; lo que implica que debe ser propuesta dentro de un término razonable, contado a partir de la presunta lesión que alega; la razonabilidad se ha entendido como un tiempo prudencial y adecuado, el cual debe ser analizado por el juez constitucional conforme a las situaciones fácticas de cada uno de los casos; por lo que, no puede referirse a un término estricto en materia procesal para una presentación oportuna de este mecanismo de control; tampoco puede tornarse en un instrumento para suplir las deficiencias, errores y descuidos de quién ha dejado vencer términos o permitir la expiración de sus propias oportunidades de defensa judicial o de interponer los recursos previstos; de aceptarse tal posibilidad, se produciría el desconocimiento de las elementales reglas contempladas por el sistema jurídico y conocidas de antemano por quienes son partes dentro de los procesos judiciales, pues se favorecería la pereza procesal y se haría valer la propia culpa como fuente de derechos; en tal sentido, la inmediatez tiene la función de garantizar el cumplimiento del objeto mismo de la acción tutelar; puesto que, sirve para proteger derechos fundamentales que están amenazados o en algunos casos efectivamente vulnerados; f) De los antecedentes se advierte el reconocimiento de la accionante respecto a que el GAM de La Paz respondió la solicitud de aclaración y complementación a través de la Nota 150/2021 el 14 de mayo, y puesto a conocimiento de la impetrante de tutela el 13 de julio de similar año; posteriormente, ante la solicitud de 20 de igual mes y año, referente a que sea la MAE quien responda a dicha solicitud, se emitió la Nota 58/2022 de 2 de febrero, explicando de manera fundamentada los motivos por los que tal solicitud no es procedente respecto al caso concreto, vinculado al procedimiento de fiscalización predial regido en el caso específico por la OM 76/2004; en ese contexto, más allá de que la respuesta a la solicitud de aclaración y complementación no haya sido favorable a los intereses de la ahora accionante, lo cierto es que la solicitud planteada el 3 de mayo de 2021 fue atendida a través de respuesta oficial y fundamentada, motivo por el cual, en la presente acción de amparo constitucional existen hechos superados y conforme al alcance y contenido de la aclaración y complementación, la cual no se constituye en un recurso, sino simplemente en un mecanismo legal previsto a fin de que las resoluciones puedan ser corregidas y aclaradas respecto a errores y ambigüedades que no afecten el fondo de la resolución emitida, pues tales aspectos que sólo pueden ser cuestionados a través de los recurso de revocatoria y jerárquico; y, g) En este entendido, la impetrante de tutela debió plantear sus cuestionamientos de fondo a través de una acción de amparo constitucional o activar el control judicial de los actos de la administración pública por medio de una demanda contencioso administrativa, más no así a través de una solicitud de aclaración y complementación que no tiene la finalidad de cuestionar el fondo y alcance de una Resolución Ejecutiva; mecanismos que también pudieron ser activados al momento de tomar conocimiento del Auto de Ejecutoria 73/2021 que fue notificado el 20 de mayo de 2021; en tal sentido, solicitaron se deniegue la tutela por inobservar el principio de inmediatez.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 83/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 110 a 113 vta., denegó la tutela solicitada bajo los fundamentos: 1) La impetrante de tutela identificó que existe una omisión a su solicitud de aclaración y complementación de 3 de mayo de 2021 por parte de la autoridad demandada, tomando en cuenta tal fecha -3 de mayo de 2021- hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional el 23 de marzo de 2022, transcurrió más de los seis meses que prevén los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo; 2) Además, la peticionante de tutela el 27 de mayo y 20 de julio de 2021 presentó memoriales con otras pretensiones, solicitando revocar el Auto de Ejecutoria 73/2021, y la advertencia de responsabilidades por retardación de justicia y negación de acceso a la justicia; empero, correspondía plantear una acción de amparo constitucional ante la negativa del pronunciamiento sobre la aclaración y complementación por negativa al derecho de petición y no presentar otras solicitudes con otras pretensiones; 3) La solicitante de tutela afirmó que no fue notificada con el pronunciamiento respecto a su solicitud de aclaración y complementación; empero, el hecho de haber presentado nuevas solicitudes con otras pretensiones, implica que la demandante de tutela tenía conocimiento sobre la negativa de la autoridad administrativa de responder a su solicitud de aclaración y complementación a partir del 3 de mayo de 2021; y, 4) Sobre la solicitud de aclaración y complementación, se debe precisar que no es un recurso, sino un mecanismo procesal que se dirige ante el Juez, Tribunal o autoridad administrativa, a fin de que explique, aclare o enmiende algunas expresiones oscuras o alcances de la decisión o suplir alguna omisión, siempre que no importe una modificación esencial de la resolución; y, al no haberse cumplido con el principio de inmediatez, no corresponde ingresar al fondo del caso.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 de 10 de enero; Erika Salinas Erostegui, Sub Alcaldesa a.i. de la Zona Sur del GAM de La Paz, sancionó a Zuleika Lanza Zeballos -ahora accionante- con la “Demolición del Primer piso sin Autorización Municipal de 106.66 m2” (sic), así como la sanción pecuniaria que asciende a un total de Bs2 360,00.- (fs. 2 a 3). II.2. Mediante memorial presentado el 31 de enero de 2019, la impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 (fs. 4 a 16). II.3. Por memorial presentado el 11 de junio de 2019, la peticionante de tutela señaló que ante el silencio administrativo y retardación de justicia, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 (fs. 17 a 29). II.4. Por Auto 26/2019 de 17 de junio de 2019, Oscar Manuel Sogliano Helguero, Sub Alcalde de la Zona Sur, remitió a conocimiento y consideración del Alcalde del GAM de La Paz -autoridad demandada-, el recurso jerárquico interpuesto por la solicitante de tutela contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 (fs. 30). II.5. Mediante memorial presentado el 22 de abril 2021, la demandante de tutela hizo conocer a la autoridad demandada, que ante el silencio y retardación de justicia en aplicación del art. 67.II de la LPA, se tenga por revocada la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019, advirtiendo haber incurrido en los alcances de la “Ley 004” (fs. 31 a 32 vta.). II.6. Por Resolución Ejecutiva 2019/2021 de 30 de abril, la MAE municipal;
desestimó el recurso jerárquico interpuesto por la accionante; al haber interpuesto el mismo fuera del plazo establecido en la norma, quedando firme y subsistente la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 (fs. 33 a 34).
219/2011 (fs. 35 a 36 vta.). II.8. Consta Auto de Ejecutoria 73/2021 de 13 de mayo, suscrito por Vladimir Ávila Pinto, Sub Alcalde de la Zona Sur, por el cual declaró ejecutoriada la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 (fs. 37 y vta.).
II.9. Por memorial de 27 de mayo de 2021, la peticionante de tutela, solicitó al Sub Alcalde de la Zona Sur, revocar el Auto de Ejecutoria 73/2021 (fs. 38 y vta.). II.10.Mediante Nota 66/2021 de 8 de julio, el Sub Alcalde de la Zona Sur, respondió a dicha solicitud, señalando lo siguiente:
…se debe considerar que todo proceso sea judicial o administrativo se rige por el PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, su persona debe dar estricto cumplimiento al PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO enmarcado en las normas jurídicas vigentes establecidas en materia administrativa, y conforme lo establece el derecho procesal, “PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, TAMBIÉN DENOMINADO PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales (sic). Advirtiéndose de forma ilegible que la misma fue fijada -se entiende notificado en tablero- el 13 de julio de 2021 a horas 15:05 (fs. 39 a 40 vta.). II.11.Cursa memorial presentado el 20 de julio de 2021, por el cual, la solicitante de tutela advirtió al Sub Alcalde de la Zona Sur, sobre las responsabilidades por retardación de justicia y negación de acceso a la justicia (fs. 41 a 43). II.12.Por Nota 58/2022 de 2 de febrero, José Antonio Gonzales López, Director de Asuntos Jurídicos del GAM de La Paz, dio respuesta al memorial de 20 de julio de 2021, refiriendo que:
…resulta importante mencionar que la Ley N° 2341, en su artículo 69, inciso a) establece que: “La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes: a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos”; por lo que habiéndose resuelto el recurso jerárquico mediante la citada Resolución Ejecutiva N°219/2021, en la actual etapa procesal es improcedente emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del acto administrativo, encontrándose agotada la vía administrativa (sic [fs. 44]).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, dentro del proceso técnico administrativo seguido en su contra a instancias de la Sub Alcaldía de la Zona Sur del GAM de La Paz, la autoridad municipal demandada emitió la Resolución Ejecutiva 219/2021 de 30 de abril, desestimando su recurso jerárquico; por lo que, el 3 de mayo de 2021 presento “recurso de explicación, enmienda y complementación”; solicitud que no mereció respuesta por parte de la autoridad edil; y ante la ejecutoria de la mencionada Resolución Ejecutiva por el referido Sub Alcalde, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2021 reiteró su pedido de explicación, enmienda y complementación, que deberá ser absuelto por el Alcalde del GAM La Paz; empero, hasta la fecha -entiéndase hasta la presentación de esta acción tutelar- no se emitió respuesta alguna. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) Sobre el principio de inmediatez; y, ii) Análisis del caso concreto.
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del (CPCo), dispone que:
ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace (el resaltado es nuestro). El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, lo siguiente:
…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo. De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosos fallos constitucionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas y el subrayado son nuestros). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, dentro del proceso técnico administrativo seguido en su contra a instancias de la Sub Alcaldía de la Zona Sur del GAM de La Paz, la autoridad municipal demandada emitió la Resolución Ejecutiva 219/2021 de 30 de abril, desestimando su recurso jerárquico; por lo que, el 3 de mayo de 2021 presento “recurso de explicación, enmienda y complementación”; solicitud que no mereció respuesta por parte de la autoridad edil; y ante la ejecutoria de la mencionada Resolución Ejecutiva por el referido Sub Alcalde, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2021 reiteró su pedido de explicación, enmienda y complementación, que deberá ser absuelto por el Alcalde del GAM La Paz; empero, hasta la fecha -entiéndase hasta la presentación de esta acción tutelar- no se emitió respuesta alguna.
Ahora bien, precisada la problemática, a fines de su compulsa corresponde, remitirnos a las Conclusiones desarrolladas en el presente fallo constitucional; y en ese orden, se tiene que a través de la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 de 10 de enero, la Sub Alcaldía de la Zona Sur sancionó a la ahora impetrante de tutela, con la demolición de la superficie de 106.66 m y la sanción pecuniaria consistente en un total de Bs2 360,00.- (Conclusión II.1); en tal sentido, por memorial de 31 de enero de 2019, la peticionante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019 (Conclusión II.2), recurso que ante el silencio y retardación de justicia, fue objeto de recurso jerárquico el 11 de junio de 2019, emitiéndose el Auto 26/2019 de 17 de junio, que dispuso remitir dicho recurso ante la MAE (Conclusiones II.3 y II.4). Por memorial presentado el 22 de abril 2021, la solicitante de tutela hizo conocer a la autoridad demandada que ante el silencio y retardación de justicia en aplicación del art. 67.II de la LPA, se revoque la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019, advirtiendo además que se estaría incurrido en los alcances de la “Ley 004”; consecuentemente, la MAE municipal, por Resolución Ejecutiva 219/2021 de 30 de abril, desestimó el recurso jerárquico por haber sido presentado fuera del plazo, quedando firme y subsistente la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019; en tal sentido, la demandante de tutela interpuso “recurso de explicación, complementación y enmienda” de la Resolución Ejecutiva 219/2011, mediante memorial de 3 de mayo de 2021 (Conclusiones II.5, II.6 y II.7).
Posteriormente, el Sub Alcalde de la Zona Sur declaró ejecutoriada la Resolución Administrativa Macrodistrital 08/2019, a través del Auto de Ejecutoria 73/2021; ante esa determinación, la demandante de tutela solicitó por memorial de 27 de mayo de 2021 revocar el Auto de Ejecutoria, mereciendo respuesta por parte del mencionado Sub Alcalde a través de la Nota 66/2021 de 8 de julio, señalando que su derecho habría precluido y que su recurso fue contestado a través de la Nota 150/2021 de 14 de mayo (Conclusiones II.8, II.9 y II.10). Consecuentemente, por memorial de 20 de julio de 2021 la accionante se dirigió al Sub Alcalde de la Zona Sur, advirtiendo responsabilidades por retardación de justicia y negación de acceso a la justicia; el cual fue contestado por el Director de Asuntos Jurídicos del GAM de La Paz, mediante Nota 58/2022 de 2 de febrero, refiriendo que la vía administrativa quedó agotada conforme al art. 69 inc. a) de la LPA, y habiendo emitido la Resolución Ejecutiva 219/2021 es improcedente emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del acto administrativo, encontrándose agotada la vía administrativa (Conclusiones II.11 y II.12).
Bajo lo glosado y conforme a la problemática establecida, se colige que a través de la presente acción tutelar se busca que esta instancia constitucional ordene a la autoridad demandada de una respuesta motivada y fundamentada al “recurso de explicación, complementación y enmienda” interpuesto el 3 de mayo de 2021; y añadiendo a ello que se deje sin efecto la Nota 58/2022 de 2 de febrero, así como la Orden de Despacho 109/2022 de 24 de febrero, que emergieron como respuesta al memorial de 20 de julio de 2021; en ese contexto, advirtiendo que la petición reclamada trasunta de la solicitud de aclaración y complementación de 3 de mayo de 2021 y su reiteración de 20 de julio de 2021, corresponde establecer de forma previa si la misma se encuentra dentro el plazo establecido por el art.
129.II de la CPE, que en relación a la inmediatez precisa que “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”; bajo ese marco normativo en subsunción a los elementos facticos descritos se tiene que por Nota 66/2021 de 8 de julio; se dio respuesta al memorial presentado el 3 de mayo de 2021 por la ahora accionante, que fue notificado mediante tablero consignando como fecha el 13 de julio de 2021 a horas 15:05 (Conclusión II.10); en ese contexto, de la presentación de la acción tutelar que nos ocupa, se advierte que la misma fue interpuesta el 23 de marzo de 2022 (fs. 75) conforme se advierte del cargo de presentación cursante a fs. 75; en consecuencia, desde la respuesta otorgada -13 de julio de 2021- hasta la interposición de esta acción tutelar se tiene que transcurrieron 8 meses y 13 días, superando el plazo de los seis meses establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que, al haberse incumplido el principio de inmediatez, esta instancia constitucional no puede pronunciarse sobre el fondo de la problemática traída en revisión; por lo que bajo esos antecedentes, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática. Por lo precedentemente argumentado, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve CONFIRMAR la Resolución 83/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 110 a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0609_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 30fbd08ae340c60f43cb3c9bb0397c15c494ce54be4f13149e8ea7ebf666e13d
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