Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado, al resolver su impugnación a través de la Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022, ratificó el sobreseimiento a favor del imputado -ahora tercero interesado-; sin embargo, incurrió en: 1) La omisión de valoración del informe psicológico o entrevista en cámara Gesell, placas fotográficas, pericia automotriz y la declaración de Marcelino Torrez “Rias”; asimismo, de la existencia de violencia física y psicológica recurrente; y, 2) Pese a que reclamó la falta de actividad investigativa del Ministerio Público (pericias médico-legales, accidentológica, desdoblamiento de imágenes, entre otras), no se emitió un pronunciamiento fundamentado al respecto. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado señala que se pretende que la justicia constitucional revise la legalidad ordinaria, sin cumplir la carga argumentativa exigida; por otro lado, la Resolución cuestionada revisó antecedentes conforme a la normativa y principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, unidad y jerarquía en el ejercicio del ius puniendi, garantizando razonabilidad y eficacia, en observancia del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 1153 a 1159, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0608/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55709-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 59/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 1153 a 1159, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Micaela Aylin Aguilar Villanueva contra William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz.
Por memoriales presentados el 26 de enero y 16 de febrero de 2023, cursantes a fs. 1, 1079 a 1092; y, 1096 a 1098 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
El 20 de septiembre de 2021, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra José Daniel Quisbert Cazas, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, por la agresión sufrida el 2 de agosto del mismo año, que derivó en su internación en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL). El proceso penal avanzó con actuaciones investigativas y la detención preventiva del imputado; sin embargo, Susana Eduarda Pérez Flores, Fiscal de Materia, emitió la Resolución de Sobreseimiento 05/2022 de 11 de agosto, sosteniendo la inexistencia de suficientes elementos de convicción, pese a haberse colectado prueba para una acusación formal. Ante ello, impugnó dicha determinación por falta de fundamentación y por la aplicación taxativa de la ley conforme a la jurisprudencia; no obstante, William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, mediante Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 de 19 de septiembre, ratificó el sobreseimiento a favor del imputado.
El sobreseimiento se basó en una supuesta insuficiencia probatoria, pese a que, en el cuaderno de investigación, existen certificados médicos forenses e informes psicológicos que acreditan violencia física y psicológica reiterada, así como un riesgo vital evidenciado por la internación en la unidad de terapia intensiva de COSSMIL; además, omitió valorar conductas previas relevantes y contrastar de forma razonada las teorías del hecho, privilegiando una versión del imputado carente de sustento probatorio.
La Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 privilegió indebidamente la teoría propuesta por el imputado basada en un supuesto accidente de tránsito, apoyándose en referencias parciales del historial clínico del centro médico donde fue internada, sin responder a la impugnación ni contrastar dicha versión, proporcionada por el propio imputado cuando la llevó inconsciente, con otros elementos del cuaderno de investigación. Asimismo, se omitió valorar informes psicológicos relevantes, como la entrevista en cámara Gesell, no citada en la Resolución cuestionada, y se otorgó un valor erróneo al informe pericial psicológico (sin fecha), pese a que estos acreditaban un relato previo coherente de las agresiones sufridas el 2 de agosto de 2021, constatadas por la Psicóloga de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) en el proceso penal seguido por “Violencia Familiar”. Con relación a la pericia psicológica realizada conforme al art. 204 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la misma fue desestimada incorrectamente, pese a estar directamente vinculada a los hechos investigados y a concluir, luego de procedimientos científicos, en la acreditación del daño psicológico, la credibilidad del testimonio y la relación causal con la internación en COSSMIL; además, la prueba sobre el accidente (placas fotográficas y pericia automotriz) demostró su irrelevancia en el resultado, corroborada por la declaración informativa de Marcelino Torrez “Rias” de 30 de septiembre de 2021, que no fue valorada. Finalmente, impugnó la falta de actividad investigativa del Ministerio Público, invocando la SCP 0704/2012 de 13 de agosto, incumpliendo su tarea, al limitarse a realizar algunas actuaciones que propuso, dejando pendientes varios actos de investigación; sin embargo, la Resolución ahora objetada arbitrariamente no consignó ese planteamiento, no existiendo respuesta, incurriendo en incongruencia omisiva.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución FDLP/WEAL/S- 680/2022; y, se ordene la emisión de una nueva resolución.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1147 a 1152; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El delito de feminicidio en grado de tentativa, incorporado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, impone al Ministerio Público el deber de impulsar de oficio todas las actuaciones investigativas, aun sin iniciativa de la víctima; y, b) Pese a haber solicitado pericias médico-legales, accidentológicas y otras, estas no fueron realizadas durante la etapa preparatoria, extremo que fue planteado en la impugnación y respecto del cual, el entonces Fiscal Departamental demandado no emitió pronunciamiento.
William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 1137 a 1145, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) La accionante pretende que la justicia constitucional realice la interpretación de la legalidad ordinaria de los entendimientos de fundamentación y motivación que componen la Resolución FDLP/WEAL/-S-680/2022, sin realizar la adecuada exposición de la carga argumentativa; asimismo, procura que se realice la valoración de los elementos materiales del caso concreto, cuando la acción de amparo constitucional no puede ser utilizada para ese fin; 2) La acción tutelar carece de la explicación del nexo de causalidad entre los hechos y derechos constitucionales invocados como lesionados; 3) En la señalada Resolución ingresó a la revisión de los antecedentes conforme a la normativa -legal-, la naturaleza del hecho y la ejecución de los actos investigativos que recabaron los elementos materiales pertinentes referentes al hecho suscitado el 2 de agosto de 2021, de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía en el ejercicio del ius puniendi, siendo que el Ministerio Público también debe garantizar los principios de razonabilidad y eficacia; 4) La alegación de falta de respuesta a los puntos descritos en el memorial de impugnación, constituye una hipótesis subjetiva, puesto que fueron detallados en el apartado ‘“II.3. Análisis del Caso Concreto”’ (sic); emitiendo la determinación -fiscal- jerárquica en observancia del art. 73 del CPP, sin vulnerar el derecho al debido proceso, al exponer los hechos de manera clara, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la determinación asumida y compulsando los medios materiales probatorios; 5) El reclamo de vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, no concuerda con los datos del proceso, tampoco describe ni identifica cuál el contexto de argumentos que sería arbitrario; 6) Sobre el argumento de falta de valoración de elementos de prueba consistentes en la pericia psicológica, historial clínico, certificaciones emitidas por el Hospital de COSSMIL y entrevista en cámara Gesell de la UPAVT, ello no es evidente, porque en el acápite II.3 en los puntos 3, 4, 5, y 6 realizó el desglose de los elementos materiales pertinentes al hecho investigado, lo que motivó la carencia de suficiencia a fin de determinar la verdad histórica del mismo, debiéndose considerar que, la prueba debe ser eficaz y “conviccional”, relacionada con el hecho que se constituye en el objeto del proceso penal y coadyuvar en su esclarecimiento, en razón a que, la pertinencia del medio probatorio no está determinada por las circunstancias alegadas por las partes -procesales-, sino por su vinculación con los hechos, que son necesarios probar para verificar la comisión del delito, por lo que, no es suficiente referir la existencia de agresiones físicas brutales que derivaron en la internación en el Hospital de COSSMIL, cuando los elementos no demostraron dicha hipótesis; 7) Las documentales referidas a valoraciones psicológicas y entrevistas advirtieron de posibles rasgos de violencia familiar o doméstica, empero, no tenían relación con el hecho que motivó la investigación y naturaleza del delito; 8) Efectuó la contrastación objetiva de los elementos de convicción; 9) Respecto a la falta de pericias, solicitando sean efectuadas durante el juicio oral, no se puede pasar al desarrollo de esa etapa del proceso penal sin cumplir con los requisitos exigidos ni con base en presunciones; y, 10) De acuerdo a las exigencias para ingresar a juicio oral, los extremos referidos por la peticionante de tutela no pueden ser expuestos como hechos vulneratorios a fin de que sean nuevamente valorados a través de la acción de amparo constitucional, ello, conforme a la la SCP 0984/2021-S4 de 6 de diciembre.
José Daniel Quisbert Cazas, por memorial cursante de fs. 1134 a 1135; y, a través de su abogado, en audiencia de garantías, solicitó se declare la “improcedencia” de la acción tutelar, indicando que: i) La Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022, contiene una correcta fundamentación descriptiva y analítica; ii) Sobre la prueba pericial psicológica realizada a la ahora accionante, dicha Resolución advirtió que la prenombrada no mencionó lo ocurrido el 2 de agosto de 2021, lo que condice con la lectura de ese elemento probatorio, en el que se hace mención a otros hechos, respecto a los cuales se tiene Resolución FDLP/WEAL/-S- 751/2022 de 19 de octubre, también de sobreseimiento, dentro del caso signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032100062; y, hasta un proceso en etapa de juicio oral, por otros hechos; iii) Se valoraron el certificado médico legal y los informes médicos emitidos por el Hospital de COSSMIL, donde estableció que, no existe certificado médico que acredite que la internación en el referido Centro Médico haya sido por agresión física, sino por un accidente de tránsito, así como la declaración de Gaby Quispe Chambilla, única testigo presencial; iv) La impetrante de tutela se opuso a la pericia médico legal propuesta de su parte, destinada a establecer las causas que produjeron su internación; v) El Informe pericial automotriz también fue valorado; y, vi) Los hechos “...que él está argumentando que se encuentran en otros procesos que a la fecha van a ser resueltos dentro de un proceso penal y hay otro proceso incluso que tiene un sobreseimiento que es lo que extraña no se habría observado en su pericia...” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 59/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 1153 a 1159, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022, en cuanto a la forma, cumple con lo que señala la jurisprudencia constitucional, asimismo efectuó la valoración a los elementos de prueba consistentes en pericias psicológicas, historial clínico, certificaciones emitidas por COSSMIL y declaración de los testigos; b) El Fiscal Departamental demandado dio respuesta a los agravios contenidos en la impugnación formulada por la accionante; c) No se establece que la prenombrada hubiese hecho conocer lo manifestado en esta acción tutelar relacionado con pericias faltantes que podrían desarrollarse en juicio oral; además, la autoridad fiscal demandada hizo alusión a la “...SC 0984/2021 de 06 de diciembre así como a la SC 0113/2018-S4...” (sic) al emitir la Resolución objeto de la acción de defensa; y, d) La Resolución cuestionada no tiene mayor incidencia constitucional para poder determinar que se deje sin efecto.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 1165 a 1167); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Micaela Aylin Aguilar Villanueva -hoy accionante- contra José Daniel Quisbert Cazas -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, signado con CUD 201102032102349, Susana Eduarda Pérez Flores, Fiscal de Materia, dictó la Resolución de Sobreseimiento 05/2022 de 11 de agosto a favor del prenombrado, en su calidad de imputado, al considerar que, los elementos de prueba acumulados durante la etapa preparatoria resultaban insuficientes para sostener una acusación formal en juicio oral y público (fs. 1018 a 1021). II.2. Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, la accionante impugnó la antes señalada Resolución de Sobreseimiento (fs. 1026 a 1034 vta.), ante lo cual, William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -hoy demandado- a través de Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 de 19 de septiembre, resolvió: “RATIFICAR el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento No. 05/2022 de fecha 11 de agosto de 2022, decretado por la Fiscal de Materia Susana E. Pérez Flores a favor del imputado José Daniel Quisbert Cazas por la probable comisión del hecho adecuado al tipo penal de Feminicidio en grado de Tentativa previsto y sancionado en el artículo 252 Bis. en relación al artículo 8 del Código Penal, en consecuencia se DISPONE la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se le hubiese impuesto y la cancelación de antecedentes policiales en relación al mencionado, dentro del presente proceso” (sic [fs. 1059 a 1064]), dicha Resolución fue notificada a la peticionante de tutela el 18 de octubre de 2022 (fs. 1071).
La accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado, al resolver su impugnación a través de la Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022, ratificó el sobreseimiento a favor del imputado -ahora tercero interesado-; sin embargo, incurrió en: 1) La omisión de valoración del informe psicológico o entrevista en cámara Gesell, placas fotográficas, pericia automotriz y la declaración de Marcelino Torrez “Rias”; asimismo, de la existencia de violencia física y psicológica recurrente; y, 2) Pese a que reclamó la falta de actividad investigativa del Ministerio Público (pericias médico-legales, accidentológica, desdoblamiento de imágenes, entre otras), no se emitió un pronunciamiento fundamentado al respecto. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado señala que se pretende que la justicia constitucional revise la legalidad ordinaria, sin cumplir la carga argumentativa exigida; por otro lado, la Resolución cuestionada revisó antecedentes conforme a la normativa y principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, unidad y jerarquía en el ejercicio del ius puniendi, garantizando razonabilidad y eficacia, en observancia del art. 73 del CPP; en ese entendido, no existe falta de valoración probatoria, sino insuficiencia de elementos para establecer la verdad histórica; además, los informes psicológicos y entrevistas refieren posibles rasgos de violencia familiar o doméstica, pero no se encuentran vinculados al hecho investigado; y, no corresponde pasar a juicio oral sin cumplimiento de requisitos ni sobre la base de presunciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La presunción de inocencia constituye uno de los pilares fundamentales del derecho procesal penal moderno y del debido proceso, como límite al poder punitivo del Estado y garantía esencial de libertad. En virtud a ello, ninguna persona a quien se atribuya la comisión de un hecho punible puede ser tratada como culpable mientras el Estado, a través del órgano judicial, no emita una sentencia penal firme que declare su culpabilidad y le imponga una sanción. Esta garantía inspira al proceso penal en un Estado democrático de derecho, razón por la cual el imputado no está obligado a demostrar su inocencia; por el contrario, corresponde al Estado y denunciante acreditar, mediante pruebas obtenidas y producidas conforme a los principios de la ley procesal, tanto la existencia del delito como la responsabilidad penal del imputado, pues sólo a través de un juicio justo y con suficiente actividad probatoria puede desvirtuarse dicha presunción. La evolución histórica de este principio se remonta al Derecho Romano, donde Ulpiano sostenía que nadie debe ser condenado por sospechas y que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Posteriormente, César Beccaria, en su obra De los delitos y de las penas (1764), consolidó la idea de que ninguna persona puede ser considerada culpable antes de la emisión de una sentencia firme, rechazando la tortura y los procesos arbitrarios. En similar sentido, Voltaire defendió el juicio oral y público, cuestionando toda condena pronunciada sin audiencia previa ni prueba suficiente. Este principio atravesó distintas etapas históricas, llegando a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; y, a su reconocimiento en instrumentos internacionales, así, se tiene los arts. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948; 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); en ese entendido, se consolidó como una garantía constitucional esencial en las democracias modernas. Más adelante, Francesco Carrara elevó la presunción de inocencia a presupuesto indispensable de todas las garantías procesales, afirmando que el proceso penal no puede fundarse en sospechas, sino en prueba legítima y suficiente, esta concepción fue desarrollada a la vez por Luigi Ferrajoli, quien entendió la presunción de inocencia no sólo como una regla procesal, sino como un límite infranqueable al poder punitivo del Estado. Por todo ello, se concluye que, el principio de presunción de inocencia establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada mediante un juicio justo y una sentencia ejecutoriada, lo que se proyecta, entre otras reglas, en que es la parte acusadora la que debe demostrar la culpabilidad y que en caso de duda debe resolverse en todo tipo de delitos a favor del imputado. La evolución de un sistema inquisitivo a un modelo acusatorio pretendió constituirse en un hito fundamental de la reforma procesal penal de 1999, mediante la promulgación del Código de Procedimiento Penal, que transformó el sistema anterior al establecer que la carga de la prueba corresponde al acusador -Ministerio Público- y que la detención preventiva debe aplicarse únicamente de manera excepcional. Asimismo, el art. 6 de dicha norma jurídica, dispone que nadie puede ser considerado culpable sin sentencia ejecutoriada y que el silencio del imputado no puede ser utilizado en su contra. Este principio fue posteriormente consolidado en los arts. 13 y 116.I de la CPE.
Así, la SCP 0056/2014 de 3 de enero, reconoció la triple dimensión del principio: 1) Como regla de trato, que prohíbe considerar culpable al imputado antes de una condena; 2) Como regla de juicio, que exige demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable; y, 3) Como regla probatoria, que atribuye la carga de la prueba a la parte acusadora, principalmente al Ministerio Público y que además opera tanto en el ámbito extraprocesal, exigiendo un trato de no culpable, como en el procesal. Similar criterio fue desarrollado en la SC 0011/2000-R de 10 de enero, la cual precisó que sólo una sentencia condenatoria ejecutoriada en la que, de manera racional, se demuestre la culpabilidad del imputado puede destruir el estado de inocencia, criterio reafirmado por las SSCC 0012/2006-R, 0690/2007-R, 0239/2010-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2012 de 29 de mayo y 0619/2012 de 23 de julio. Asimismo, la SC 0165/2010-R de 17 de mayo, determinó que la presunción de inocencia impide a los órganos de persecución penal realizar actos que presupongan culpabilidad del imputado, garantizando además que la restricción de libertad sea excepcional. Finalmente, la SC 0450/2011-R de 18 de mayo y la SCP 0255/2012 de 29 de mayo, establecieron que este principio es extensible a todo proceso judicial o administrativo que pueda derivar en sanciones o determinación de responsabilidades.
Bajo dicho marco, debe tenerse presente que el principio de presunción de inocencia tiene influencia en todos los delitos; prohibiéndose tratar al imputado como culpable antes de una condena firme, considerando la triple dimensión mencionada y el derecho a no autoincriminarse; además, está prohibido utilizar el silencio del acusado en su perjuicio, toda vez que, este principio opera transversalmente en todos los delitos, desde leves hasta graves, garantizando el debido proceso y evitando condenas injustas. Asimismo, se aplica no solo en materia penal, sino también en procedimientos administrativos, disciplinarios y contravencionales. Resultando importante considerar que la detención preventiva constituye una medida cautelar excepcional y no una pena anticipada, manteniéndose incólume el estado de inocencia mientras no exista sentencia firme. Esta influencia abarca incluso a los delitos contemplados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, por cuanto, si bien esta Ley responde a la necesidad constitucional de otorgar una tutela adecuada a las mujeres frente a hechos de violencia y discriminación histórica, incorporando y modificando figuras penales vinculadas a la violencia física, psicológica, sexual, económica, laboral y política, así como delitos como feminicidio, violencia familiar o doméstica, abuso sexual, actos sexuales abusivos, acoso sexual, estupro y esterilización forzada, entre otros, estableciendo medidas de protección inmediatas y restringiendo la conciliación en delitos que comprometan la vida, integridad física o libertad sexual de las mujeres, ello no implica que se prescinda de la garantía del debido proceso y su elemento presunción de inocencia en este tipo de procesos judiciales.
Al respecto, la SCP 0881/2025-S2 de 13 de agosto, señaló que: “El art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que: ‘…Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…’; precepto concordante con el art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone: ‘…Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…’. Al respecto, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señala que: ‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’’. Asimismo, la SCP 1385/2016-S3 de 2 de diciembre, concluyó que: ‘…las Resoluciones que resuelvan una objeción de rechazo de denuncia, obligatoriamente deben encontrarse razonadas y con el debido sustento legal, sin que ello implique la exposición exagerada de consideraciones o citas legales sino más bien que contengan una estructura de forma y de fondo justificable de tal manera que permita a las partes conocer las razones por las cuáles se ha tomado tal determinación” (las negrillas nos corresponden).
Del análisis de los antecedentes, se tiene que, dentro del proceso penal por feminicidio en grado de tentativa seguido contra José Daniel Quisbert Cazas -ahora tercero interesado-, la Fiscal de Materia, emitió la Resolución de Sobreseimiento 05/2022 de 11 de agosto, por insuficiencia probatoria; posteriormente, dicha decisión fue impugnada por Micaela Aylin Aguilar Villanueva -hoy accionante-, ante lo cual, William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, dictó la Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 de 19 de septiembre, ratificando el sobreseimiento y disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de antecedentes (Conclusiones II.1 y II.2). Ahora bien, la accionante reclama que se lesionó la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, en razón a que, el Fiscal Departamental demandado, al emitir la Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 incurrió en: i) Omisión de valoración del informe psicológico o entrevista en cámara Gesell, placas fotográficas, pericia automotriz, la declaración de Marcelino Torrez “Rias”; asimismo, de la existencia de violencia física y psicológica recurrente; y, ii) No emitió pronunciamiento fundamentado sobre la falta de actividad investigativa del Ministerio Público (pericias médico-legales, accidentológica, desdoblamiento de imágenes, entre otras). Al respecto, de antecedentes se establece que la impetrante de tutela al impugnar la Resolución de Sobreseimiento, argumentó que se incurrió en: a) Falta de fundamentación en vulneración del debido proceso; puesto que la Resolución de Sobreseimiento no expuso claramente las contradicciones advertidas en su denuncia sobre los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2021 en Achacachi, ni justificó la relevancia de antecedentes como la imputación formal y la detención preventiva del imputado. Asimismo, incurrió en una valoración probatoria incompleta, al omitir considerar integralmente la pericia psicológica, los informes médicos relativos a su internación en COSSMIL del 2 al 13 de agosto de 2021, las declaraciones testificales, registros de llamadas, placas fotográficas, pericia automotriz, el testimonio de Marcelino Torrez “Ríos”, el Informe de la UPAVT derivado de la entrevista en cámara Gesell de 17 de abril de 2022, además de mensajes y audios atribuidos al imputado. Señaló que, pese a existir 31 elementos probatorios, estos no fueron valorados en su conjunto, vulnerándose el debido proceso. Invocó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0245/2012 de 29 de mayo y 1206/2013-L de 4 de octubre, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, así como los arts. 40.11 y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, b) Etapa preparatoria inconclusa en infracción al debido proceso y al acceso a la justicia; dado que el Ministerio Público omitió diligencias investigativas esenciales, entre ellas la ampliación de la valoración médico forense recomendada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las pericias de accidentología forense y planimetría. Alegó que la valoración médico forense constituye una pericia conforme al art. 206 del CPP y que su omisión no pudo favorecer al imputado ni sustentar el sobreseimiento. Añadió que existen informes médicos, psicológicos y antecedentes clínicos que respaldan su denuncia, citando los arts. 225 y 15 de la CPE y la SCP 0704/2012; además, solicitó la revocatoria del sobreseimiento y la emisión de acusación formal contra el imputado. Sobre el particular, el Fiscal Departamental demandado, al resolver la citada impugnación a través de la Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 cuestionada, precisó: 1) En relación con los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2021 en la comunidad Santa Ana, carretera al municipio de Achacachi, concluyó que los elementos reunidos no acreditaban suficientemente la existencia del delito ni la participación de José Daniel Quisbert Cazas, destacando que el certificado médico legal forense de 14 de igual mes y año, emitido por Gabriela Gaby Callejas Lipa, estableció “‘sin lesiones traumáticas recientes’”, mientras que los informes de COSSMIL y el historial clínico atribuyeron las lesiones e internación al accidente de tránsito ocurrido el 2 del mes y año citados, sin evidenciar una relación causal con las agresiones denunciadas. 2) Los informes psicológicos de 15 de noviembre de 2021 y 28 de marzo de 2022, así como el dictamen pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), evidenciaron afectación psicológica y alta credibilidad del testimonio; sin embargo, consideró que tales conclusiones se vinculaban a conflictos surgidos durante la convivencia entre las partes del proceso penal y no específicamente al hecho investigado de 2 de agosto de 2021. 3) Las declaraciones testificales de cargo refirieron antecedentes de violencia e internación de la denunciante en COSSMIL, pero no acreditaron de manera directa las supuestas agresiones físicas; por su parte, los testigos de descargo atribuyeron las lesiones al accidente de tránsito. Asimismo, Marcelino Torrez Rivas y Gaby Quispe Chambilla no observaron actos de violencia física por parte del imputado. 4) El informe técnico de registro del lugar del hecho de 30 de septiembre de 2021, el informe pericial automotriz de 18 de febrero de 2022 sobre el vehículo con placa 4988-LYS y la Nota IDIF/LAB.CRIM/OF/2022-0175 de 2 de marzo de 2022, únicamente acreditaron la existencia del accidente de tránsito y carecieron de información relevante para demostrar las agresiones denunciadas. 5) La declaración informativa de José Daniel Quisbert Cazas constituyó un elemento de descargo, mediante el cual negó haber agredido a la denunciante -hoy accionante-, y sostuvo que las lesiones e internación en COSSMIL fueron consecuencia del accidente de tránsito del 2 de agosto de 2021.
6) En consecuencia, concluyó que los elementos obtenidos durante la investigación preliminar y preparatoria no fueron suficientes para acreditar el delito de feminicidio en grado de tentativa ni la responsabilidad penal de José Daniel Quisbert Cazas. Añadió que los antecedentes respaldados por los certificados médico forenses de 11 de junio y 2 de noviembre de 2020, así como las actuaciones vinculadas al caso signado con CUD: 201102032100062, ya fueron valorados en el proceso correspondiente, mientras que los mensajes de WhatsApp, publicaciones de Facebook y otros documentos carecían de relevancia para el esclarecimiento del hecho investigado. Por ello, al no haberse acreditado la verdad histórica del hecho ni reunirse los presupuestos para formular acusación, aplicó el art. 278 del CPP, ratificando la Resolución de Sobreseimiento. Bajo ese contexto, sobre el punto 1), referido a que la Resolución FDLP/WEAL/S- 680/2022, no contendría una valoración del informe psicológico o entrevista en cámara Gesell, las placas fotográficas, la pericia automotriz, la declaración de Marcelino Torrez Rivas y, la existencia de violencia física y psicológica recurrente; no es evidente, toda vez que de la revisión de la Resolución cuestionada, se advierte que la autoridad fiscal demandada efectuó una valoración expresa e individualizada de tales elementos, analizó los informes psicológicos de 15 de noviembre de 2021 y 28 de marzo de 2022, así como el dictamen pericial de psicología forense, reconociendo la existencia de afectación psicológica en la denunciante; empero, razonó que dichos hallazgos no permitían establecer una relación causal directa con el hecho investigado de 2 de agosto de 2021. Asimismo, examinó el informe técnico de registro del lugar del hecho de 30 de septiembre de 2021, el Informe pericial automotriz de 18 de febrero de 2022 y la Nota IDIF/LAB.CRIM/OF/2022-0175, concluyendo que tales actuaciones acreditaban la existencia del accidente de tránsito, pero no las agresiones físicas denunciadas. Del mismo modo, valoró las declaraciones testificales, incluida la de Marcelino Torrez Rivas, estableciendo que ninguno de los testigos presenció las supuestas agresiones físicas atribuidas al denunciado, también consideró los antecedentes de violencia respaldados por los certificados médico-forenses de 11 de junio y 2 de noviembre de 2020, estableciendo que éstos correspondían a hechos previamente investigados y no constituían elementos suficientes para acreditar el hecho objeto de la presente investigación. En consecuencia, la reclamación expuesta evidencia una discrepancia con el valor probatorio asignado por la autoridad fiscal y no una omisión de valoración. Con relación al punto 2), respecto a que la Resolución cuestionada no cuenta con pronunciamiento fundamentado sobre la falta de actividad investigativa del Ministerio Público, particularmente en relación con la realización de pericias médico-legales, accidentológicas, desdoblamiento de imágenes y otras actuaciones; tampoco es evidente dicha alegación, puesto que la autoridad fiscal demandada explicó de manera expresa las razones por las cuales los elementos colectados durante la investigación preliminar y preparatoria resultaban insuficientes para sustentar una acusación. En ese marco, la resolución desarrolló un análisis de los actos investigativos efectivamente practicados y de los resultados obtenidos, concluyendo que éstos no permitían acreditar la existencia del delito de feminicidio en grado de tentativa previsto por el art. 252 bis del Código Penal (CP), en relación con el art. 8 del mismo cuerpo legal, ni la responsabilidad penal de José Daniel Quisbert Cazas. Por ello, al amparo del art. 278 del CPP, ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento. En ese marco y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la presunción de inocencia, reconocida por los arts. 115.II y 116.I de la CPE, 11.1 de la DUDH y 8.2 de la CADH, impide considerar culpable a una persona por el solo hecho de haber sido denunciada por el delito de feminicidio, correspondiendo al Estado demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad penal mediante prueba suficiente y obtenida conforme al debido proceso, más aun cuando en el caso de autos, se estableció según los antecedentes de violencia invocados por la accionante y respaldados por los certificados médico-forenses de 11 de junio y 2 de noviembre de 2020, corresponden a hechos distintos y anteriores que fueron investigados y que no por ello deben constituir elementos idóneos ni suficientes para acreditar el hecho objeto de la presente investigación, puesto que, si bien la Ley 348 establece una tutela reforzada para las mujeres víctimas de violencia, incorporando tipos penales específicos y medidas de protección inmediatas, dicha protección no autoriza la supresión de las garantías constitucionales que integran el debido proceso. En consecuencia, la sola denuncia, la gravedad del hecho atribuido o el reproche social que generan los delitos comprendidos en esta ley no constituyen prueba de culpabilidad ni habilitan a las autoridades a asumir anticipadamente la responsabilidad penal del denunciado, toda vez que se debe garantizar el equilibrio entre la protección integral de las víctimas y el respeto a los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso penal; por consiguiente, en virtud del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al advertirse que la resolución cuestionada se encuentra razonada y con el debido sustento legal; y, que no se demostró la alegada lesión al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, corresponde denegar la tutela solicitada.
Resuelta la problemática planteada y bajo la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera de importancia efectuar algunas observaciones a la tramitación de esta acción de defensa; así, se advierte que, siendo observada por decreto de 27 de enero de 2023 (fs. 1094), el mismo recién le fue notificado a la parte accionante el 13 de febrero de igual año (fs. 1095). Por otra parte, siendo resuelta la acción tutelar el 29 de marzo de 2023, recién fue remitida en revisión ante este Tribunal el 18 de mayo de igual año -constancia de courier de fs. 1163-, es decir, con excesiva posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 129.IV de la CPE y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por lo expuesto, corresponde llamar la atención a los Vocales integrantes de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes como directores del proceso constitucional tutelar deben garantizar que en su tramitación se observen los plazos que responden a la sumariedad y prontitud que lo caracteriza. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 1153 a 1159, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0608_2026-S2.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2456076c41a390f18e87f735805d9cdf3160c0cd8fbb6cfeae36e6e7f6aef670
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →