B.IA.LEGAL

SCP 0608/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53029-2023-107-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia como vulnerados los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculados al derecho a la libertad y la vulneración de los principios de objetividad, verdad material, razonabilidad y certeza; toda vez que el Vocal demandado, emitió el Auto de Vista 17/2023 de 10 de enero, carente de una debida fundamentación y motivación, validando el argumento -considerado en primera instancia- de que su conducta -al momento de su aprehensión-denotaba una actitud de obstaculización, cuando asumió que los testigos podrían ser influenciados en el futuro, fundamento basado en suposiciones y no en elementos objetivos y presentes, produciendo la ratificación de su detención preventiva, omitiendo realizar una valoración integral y objetiva conforme a la jurisprudencia constitucional inserta en la SCP 0795/2014 y SCP 0276/2018-S2 que prohíbe fundar medidas cautelares en presunciones no comprobadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Jueza de garantías; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. CORRESPONDE A LA SCP 0608/2025-S3 viene de la pág. 12).

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:
  2. III.2. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0608/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53029-2023-107-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 31 a 34 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rudy Edwin Zaconeta Flores en representación sin mandato de Celmar Arturo Chocalla Severiche contra Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, cursante de fs. 3 a 8 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario "San Pedro” del departamento de Oruro, debido a que el Juez de Instrucción Penal Cautelar Sexto de la Capital del referido departamento, emitió el Auto Interlocutorio 887/2022 de 23 de diciembre, mediante el cual dispuso dicha medida restrictiva a su libertad; la cual se sustentó en la probabilidad de autoría y en la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que, se identificó al guardia de seguridad que realizó la aprehensión y al investigador asignado al caso, de lo cual existiría el riesgo de que ejerciera una "influencia negativa" sobre ellos antes del juicio oral, conclusión basada en meros criterios de "experiencia y sana crítica". Contra dicha determinación, el 10 de enero de 2023, interpuso recurso de apelación incidental, denunciando que indebidamente se dio por acreditado el riesgo de obstaculización de forma subjetiva, ya que el Ministerio Público no presentó pruebas de actos concretos de amenaza o influencia que hubiese realizado, fundamentando su detención en meras conjeturas futuristas. Apelación que, fue resuelta por Rolando Copa Roque, presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -autoridad demandada-, a través del Auto de Vista 17/2023 de 10 de enero, que confirmó la Resolución del Juez de primera instancia. De esa manera, acude a la justicia constitucional debido a que dicha Resolución de alzada carecía de una debida fundamentación y motivación, puesto que se validó el argumento -considerado en primera instancia- de que su conducta al momento de su aprehensión denotaba una actitud de obstaculización, asumiendo que los testigos podrían ser influenciados en el futuro, fundamento basado en suposiciones y no en elementos objetivos y presentes, que produjeron la ratificación de su detención preventiva; por lo cual considera que se vulneró los derechos a la libertad y al debido proceso, contraviniendo la jurisprudencia constitucional que prohíbe fundar riesgos procesales en meras probabilidades o conceptos inciertos, específicamente de la SCP 0795/2014 de 25 de abril y la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; así como la vulneración de los principios de objetividad, verdad material, razonabilidad y certeza, citando los arts. 14.III, 23. I, 115.II, 125 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.I y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Declarar con lugar la presente acción de libertad por la vulneración del debido proceso vinculado a la libertad; b) Anular el Auto de Vista 17/2023 de 10 de enero; c) Que la autoridad accionada pronuncie una nueva resolución conforme a la Ley 1173; d) Se revoque el Auto Interlocutorio 887/2022 de 23 de diciembre; e) Se dé por enervado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2; y, f) Se disponga la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva conforme al art. 231 Bis del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar; y, ampliándolos, manifestó que: 1) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, toda vez que, el Auto de Vista 17/2023 confirmó de forma errónea la acreditación del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; fundamentando dicha decisión en meras conjeturas y presunciones sobre una supuesta "influencia negativa" futura hacia el guardia de seguridad y el investigador del caso, sin que exista un acto positivo o conducta objetiva exteriorizada por el imputado que respalde tal extremo; 2) No se realizó una valoración integral conforme a la jurisprudencia constitucional, específicamente las SCP 0795/2014 y SCP 0276/2018-S2, que prohíben fundar la detención preventiva en probabilidades o suposiciones basadas en la "psicología de la sana crítica", puesto que, el intento de fuga alegado corresponde a un riesgo procesal distinto y no puede servir de base para determinar una amenaza a testigos o peritos; y, 3) Se omitió considerar la aplicación de medidas menos gravosas previstas en el catálogo del art. 231 Bis del CPP, modificado por La Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; ya que el fin de asegurar que el imputado no se acerque a los testigos se podría garantizar mediante prohibiciones específicas en lugar de la medida extrema de detención preventiva, la cual resulta desproporcionada ante la falta de una fundamentación fáctica precisa.

I.2.2. Informe del demandado

Daniel Rolando Copa Roque, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito presentado el 12 de enero de 2023, cursante a fs. 25 a 26, solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) La acción tutelar interpuesta no identifica con precisión el requisito sine qua non de procedencia, omitiendo describir si la vida del imputado está en peligro o si se encuentra ilegalmente perseguido; ii) Existe una debida fundamentación y motivación en el Auto de Vista 17/2023, ya que el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP fue acreditado de manera objetiva a partir de la conducta del impetrante de tutela en el proceso penal, quien al intentar darse a la fuga denotó una actitud de obstaculización; iii) No existen subjetividades; puesto que, Álvaro Herrera Chire, guardia de seguridad y Cristian Martínez Beltrán, investigador asignado al caso, como testigos en los que se podría influir, se encuentran plenamente identificados; y, iv) La Resolución de alzada confirmó los razonamientos del juez a quo, valorando que dichas personas son testigos directos del hecho, los cuales serán convocados a juicio oral.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 31 a 34 vta., declaró “CON LUGAR” (…) a la tutela solicitada y dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista N° 17/2023 de 10 de enero debiendo el Vocal demandado, en el plazo de setenta y dos horas un Auto de Vista con la debida fundamentación. Determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: a) Existe una lesión al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 17/2023, toda vez que la autoridad accionada confirmó la detención preventiva apoyada en meras apreciaciones subjetivas y conjeturas sobre una supuesta "influencia negativa" que el imputado podría ejercer a futuro sobre los testigos; y, b) El razonamiento del Vocal accionado carece de objetividad al fundarse en escenarios contingentes y no en actos presentes o conductas materiales debidamente acreditadas que demuestren un riesgo real de obstaculización, contraviniendo así el principio de certeza y los lineamientos de la jurisprudencia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Disco Compacto (CD), en el cual se encuentra en grabación de audio y video, la audiencia virtual de apelación incidental de medida cautelar de 10 de enero de 2023, oportunidad donde el solicitante de tutela fundamentó su recurso de apelación de forma oral (fs.2). II.2. En el mimo CD, consta la lectura del Auto Vista 17/2023 en la audiencia de 10 de enero del 2023, emitido por Rolando Copa Roque, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 887/2022 de 22 de diciembre. (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia como vulnerados los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculados al derecho a la libertad y la vulneración de los principios de objetividad, verdad material, razonabilidad y certeza; toda vez que el Vocal demandado, emitió el Auto de Vista 17/2023 de 10 de enero, carente de una debida fundamentación y motivación, validando el argumento -considerado en primera instancia- de que su conducta -al momento de su aprehensión-denotaba una actitud de obstaculización, cuando asumió que los testigos podrían ser influenciados en el futuro, fundamento basado en suposiciones y no en elementos objetivos y presentes, produciendo la ratificación de su detención preventiva, omitiendo realizar una valoración integral y objetiva conforme a la jurisprudencia constitucional inserta en la SCP 0795/2014 y SCP 0276/2018-S2 que prohíbe fundar medidas cautelares en presunciones no comprobadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:

Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

1El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 2El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”.

Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, 3El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. El entendimiento constitucional glosado precedentemente ha sido extraído de la SCP 0575/2021-S1 de 22 de octubre, aplicado en una problemática jurídica similar.

III.2. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones

Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia.

En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como “el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras.

El entendimiento anterior fue extraído de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante el Auto de Vista 17/2023 de 10 de enero, vulneró sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación y motivación, vinculados a su derecho a la libertad y la vulneración de los principios de objetividad, verdad material, razonabilidad y certeza, al confirmar su detención preventiva manteniendo vigente el riesgo procesal de obstaculización contemplados en el art. 235.2 del CPP, basándose en meras conjeturas y apreciaciones subjetivas.

De la revisión de los antecedentes procesales y lo referido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra Celmar Arturo Chacolla Severiche -accionante- por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante Auto Interlocutorio 887/2022 de 23 de diciembre, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro. Dicha Resolución basó la medida extrema en la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, bajo el argumento de que el imputado, por su conducta al momento de la aprehensión, podría influir negativamente en el guardia de seguridad y el investigador asignado, quienes se encuentran plenamente identificados. Contra el referido Auto, interpuso recurso de apelación incidental, denunciando que la acreditación de dicho riesgo se basó en conjeturas futuristas y apreciaciones subjetivas -como la "experiencia" y "sana crítica" del juzgador de primera instancia-, sin que existiera un solo acto concreto de amenaza o influencia materializada. Ante la deducción del recurso de apelación, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 17/2023, declarando improcedente la apelación y confirmando la detención preventiva, constituyendo sus fundamentos los siguientes: 1) El riesgo de obstaculización se halla latente dado que los testigos son directos y están identificados; 2) Validó el criterio del Juez a quo respecto a que la actitud "reticente" del accionante encontrado en flagrancia permitiría concluir una probabilidad de influencia negativa; y 3) No se requiere la materialización del daño, sino la mera probabilidad fundada en la psicología del juzgador. De esa manera, ingresando al análisis de la problemática jurídica, corresponde realizar el contraste consistente en la evaluación directa de los agravios y fundamentos de hecho y de derecho que han sido denunciados y desarrollados en el recurso de apelación, cotejándolos con la fundamentación jurídica y fáctica, del Auto de Vista que ha sido objeto de impugnación, para determinar con certeza si la autoridad judicial demandada incurrió en la omisión o insuficiencia de fundamentar y motivar su resolución de forma clara, suficiente como componente ineludible del debido proceso. De ese modo se tiene: De lo anterior se advierte que el Vocal demandado convalidó una Resolución que no se apoya en elementos de convicción objetivos; es decir, la autoridad de alzada no advierte ni identifica una conducta concreta que el accionante haya desenvuelto para predicar, de la misma, la posible existencia de obstaculización para con los eventuales testigos del juzgamiento penal; por el contrario, la acreditación del riesgo de obstaculización, la fundamenta en simples suposiciones sobre la posible conducta futura del imputado, a partir de su propio criterio subjetivo, aludiendo a criterios de "psicología" y "sana crítica" aplicados de forma extensiva y perjudicial para el imputado; apartándose de ésta manera del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, y contraviniendo lo dispuesto en el último párrafo del art. 235 del CPP, que establece que “El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad.” Cabe acotar que el deducir la existencia de riesgo de obstaculización, a partir de la flagrancia en que se identificó la comisión de los hechos delictivos no supone necesariamente la concurrencia de este riesgo, puesto que ello depende de una conducta concreta dirigida a interrumpir la investigación, que se reitera, no ha sido siquiera identificada. En suma, resulta evidente que el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 17/2023 de 10 de enero, ha incurrido en motivación arbitraría al validar la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, a partir de meras suposiciones basadas en su propio criterio subjetivo y no así en una valoración objetiva, sustentadas en elementos de convicción precisos, a partir de los cuales pueda concluirse razonablemente la existencia de dicho riesgo procesal, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso del accionante; y, por consiguiente del derecho a su libertad personal, puesto que, por efecto de la motivación arbitraria advertida, se ha restringido dicho derecho sin que se halle acreditado la concurrencia del señalado requisito de validez constitucional de la privación de libertad cautelar; asimismo, los defectos advertidos infringen los principios de objetividad, verdad material, razonabilidad y certeza, todos ellos vinculados al derecho al debido proceso, que no han sido tomados en cuenta a tiempo de examinar la concurrencia del riesgo de obstaculización, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Jueza de garantías; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. CORRESPONDE A LA SCP 0608/2025-S3 viene de la pág. 12). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0608_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): b9f876a5d546680d2dd4f0c48968b3aff8818cc44145240d40ae4df2da4d9cd4

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