Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la justicia pronta y oportuna y a ser oído; en virtud a que, habiendo interpuesto el recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, que determinó rechazar su solicitud de cancelación de las medidas cautelares personales impuestas, petición que la efectuó al ser beneficiado con la suspensión condicional de la pena; la autoridad demandada, resolviendo dicho recurso, mediante Auto de Vista 41/2022 de 16 de marzo, determinó confirmar el fallo apelado, sin una debida fundamentación y motivación y con una mala interpretación de la norma adjetiva penal, ya que el art. 221 del CPP no es aplicable en la suspensión condicional de la pena, por cuanto esta tiene distintas reglas; asimismo, no aplicó las líneas jurisprudenciales de las SSCCPP 0327/2013, 0316/2016-S3, 0721/2018-S2 y 0087/2019-S2. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 17 y vta., pronunciada por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47126-2022-95-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 17 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Arturo Rojas Céspedes contra Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Mediante memorial presentado el 13 de abril de 2022, cursante de fs. 9 a 12, el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de estupro se emitió el Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, relacionado a la aplicación de medidas cautelares personales entre ellas: a) La obligación de presentarse ante el Ministerio Público todos los días viernes; b) Prohibición de comunicarse con los testigos que refirió el Ministerio Publico; c) Presentación del arraigo nacional; y, d) Fianza económica en la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); medidas que, fueron confirmadas por un Auto Vista, por lo que fueron cumplidas a cabalidad. El 1 de noviembre de 2021, se emitió Sentencia Condenatoria de tres años debido a una salida alternativa presentada por el Ministerio Público, Sentencia que fue ejecutoriada en la misma fecha, ya que todas las partes renunciaron a la apelación.
Asimismo, la autoridad “AD QUEM”, en la misma fecha al constatar la ejecutoria de la Sentencia de tres años relacionado a la salida alternativa de procedimiento abreviado, en la misma consideró y emitió el Auto Interlocutorio de dicha fecha relacionado a la aplicación de la suspensión condicional de la pena, en la que se le obligó a cumplir con las reglas del art. 24 del Código de Procedimiento Penal (CPP), entre ellas la de presentarse una vez al mes en el juzgado de ejecución penal para firmar por el periodo de un año; empero, no se dispuso la cancelación de las medidas cautelares personales que se le impuso en la etapa preparatoria; razón por la cual, por memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, ante el “juez cautelar 1” haciendo conocer que al existir una Sentencia Condenatoria, así como la Resolución de la suspensión condicional de la pena, ambas ejecutoriadas, en tiempo oportuno, pidió se ordene la cancelación de todas las medidas cautelares personales impuestas en el Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, y un su lugar se disponga: 1) Notificar al Ministerio Público y al Informático de dicha entidad para que proceda a darle de baja del biométrico, porque ya no corresponde su presentación todos los días viernes; 2) Ordenar a Secretaría de su despacho para que se le franquee el mandamiento de desarraigo y así lograr realizar el trámite de cancelación o desarraigo ante las oficinas de migración; y, 3) Ordenar a Secretaría de su despacho y al responsable de recaudaciones de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, para que realicen la devolución de la fianza económica que dejó y que asciende a la suma de Bs10 000.-. Solicitud que mereció el Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, por el que se resolvió rechazar la petición de cancelación de las medidas cautelares personales hasta tanto se cumplan las condiciones impuestas a través del beneficio de la suspensión condicional de la pena, en mérito a la finalidad establecida en el art. 221 del CPP. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Auto de Vista 41/2022 de 16 de marzo, por el que se confirmó el Auto Interlocutorio apelado; fallo que efectuó una mala interpretación de la norma adjetiva y carece de fundamentación y motivación, ni cita la norma que aplica y que haga entender por qué no es posible realizar la cancelación de las reglas de las medidas cautelares personales relacionado al Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, ya que la aplicación, la finalidad y alcance de las medidas cautelares personales previstas en el art. 221 de la norma procesal penal, solo pueden ser aplicadas para: 1) Asegurar la averiguación de la verdad; 2) El desarrollo del proceso; y, 3) La aplicación de la Ley. No siendo de esta manera aplicable en la suspensión condicional de la pena del cual se tiene otras reglas distintas establecidas en el art. 24 de la norma procesal penal. Asimismo, el señalado Auto de Vista cuestionado, no aplicó las líneas jurisprudenciales de las SSCCPP 0327/2013 de 18 de marzo, 0316/2016-S3 de 3 de marzo, 0721/2018-S2 de 31 de octubre y 0087/2019-S2 de 5 de abril; así también, confundió los alcances y finalidad de la suspensión condicional de la pena con las características de la medida cautelar, ya que esta último se entiende conforme la línea jurisprudencias sobre el carácter provisional de las medidas cautelares expuesto en la SCP 0010/2018-S3 de 1 de marzo.
Encontrándose de esta manera, indebidamente procesado por estar con doble condición relacionado a las reglas de aplicación de las medidas cautelares personales del art. 231 Bis numerales 1 al 9 del CPP dentro de una sentencia condenatoria ejecutoriada de tres años por el procedimiento abreviado, que está condicionado al cumplimiento de las reglas de la suspensión condicional de la pena, previsto por los arts. 24, 363 y 367 de la precitada norma procesal penal, que son distintas y tiene otra finalidad a seguir manteniendo a la vez las condiciones de la medida cautelar, y este hecho se entiende en la práctica como una doble sanción por un hecho que ya concluyó con una sentencia condenatoria; sin embargo, el Vocal demandado, vulnerando el debido proceso, condicionó la libertad de locomoción porque no se ordenó la cancelación del arraigo y otros, generando una inseguridad jurídica.
El accionante por intermedio de su presentante sin mandato, señaló como lesionado sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la justicia pronta y oportuna y a ser oído; citando al efecto los arts. 22, 23, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I, 120.I y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1; 7.1, 2 y 3; 8.2, 17.1 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que: a) La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emita otra resolución que garantice una debida fundamentación con relación al art. 124 del CPP; y, b) La cancelación o el cese de todas las medidas cautelares personales del art. 231 del adjetivo penal que le fueron impuestas por Auto Interlocutorio y Auto de Vista de 1 de julio de 2021, debiendo mantenerse solo las reglas a cumplir de los arts. 24, 336 y 367 de la norma procesal penal, relacionados a la suspensión condicional de la pena.
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., en presencia del accionante asistido por su abogado, y en ausencia de la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en el memorial de interposición de esta acción de defensa, recalcando que de acuerdo al Auto de Vista cuestionado, se tiene una doble sanción por un solo hecho al mantener la medida cautelar vigente, debiendo emitirse una nueva resolución que haga entender cuál el alcance de la medida cautelar y de la suspensión condicional de la pena, que son dos figuras distintas.
Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante informe escrito, cursante a fs. 15, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada, manifestando que fue claro en la interpretación de la norma referente al alcance de la cancelación de las medidas cautelares y el beneficio de la suspensión condicional de la pena, convenientemente interpretada por el accionante, pero que dista mucho del alcance legal y correcto de ambos institutos procesales, que deja ver que no es correcta la interpretación que realiza que el suscrito entiende que el impetrante de tutela confunde el alcance que es una acción de libertad reparadora, restrictiva y correctiva como indica ya que en el caso es cuestión la libertad del recurrente no está en inminente peligro sino sujeta a reglas de conducta legalmente impuestas.
La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 17 y vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante, señaló que la autoridad demandada estaría vulnerado derechos porque el impetrante tendría medidas cautelares, y como una salida alternativa se pronunció la Sentencia de procedimiento abreviado con tres años de privación de libertad, y se otorgó la suspensión condicional de la pena, y no se hubiera cancelado las medidas cautelares, lo cual estaría vulnerando el derecho a la libertad, y por ende el debido proceso que busca se tutele a través de la presente acción de libertad. Al respecto, es imprescindible que la libertad del accionante esté en inminente peligro; pero en el presente caso, no existe ese peligro, ya que las medidas cautelares fueron dispuestas de acuerdo a los lineamientos del art. 221 del CPP que prevé que pueden ser restringidos cuando sean indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, en su segundo párrafo establece que solo durarán el tiempo que sea necesario, por esta disposición legal no existe dicho peligro a la libertad que emerja del Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, pues las medidas fueron dispuestas dentro de un proceso legal; ii) Cuando se denuncia vulneración al debido proceso a través de la acción de libertad, debe existir de manera simultánea para efectivizar la protección inmediata un absoluto estado de indefensión, lo que no acontece en el presente caso, por cuanto la parte accionante, tiene a su alcance medios ordinario para buscar su pretensión; y, iii) La acción tutelar presentada, no hizo conocer en cuál de las formas del art. 125 de la CPE, se encuentra enmarcada su solicitud de tutela, pues simplemente señaló que existía medidas cautelares, condiciones que impuestas en la suspensión condicional de la pena establecidas en el art. 24 del adjetivo penal, solicitando se explique en qué consiste una medida cautelar y la suspensión condicional de la pena.
De la revisión y compulsa del antecedente que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Daniel Arturo Rojas Céspedes –ahora accionante–, por la comisión del delito de estupro agravado, por Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, se determinó la aplicación de las siguientes medidas cautelares: 1. Obligación de presentarse ante el Ministerio Público para firmar los días viernes de cada semana; 2. Prohibición de comunicarse con los testigos; 3. Fianza económica de Bs10 000.-; y, Arraigo, prohibición de salir del departamento y del país (fs. 2 a 4). II.2. Haciendo conocer el hoy impetrante de tutela mediante memorial de 3 de noviembre de 2021, que se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, y que emitiéndose la Sentencia Condenatoria de tres año, se aplicó la suspensión condicional de la pena; solicitó se ordene y disponga la cancelación de todas las medidas cautelares personales impuestas a través del Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, pidiendo se proceda a dar de baja en el biométrico, se franquee mandamiento de desarraigo y se ordene la devolución de la fianza económica de Bs10 000.-. En mérito a dicha solicitud, mediante Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, se resolvió rechazar la petición de cancelación de medidas cautelares personales (fs. 5 a 6). II.3. Siendo objeto de recurso de apelación incidental la referida determinación por parte del ahora accionante, el mismo fue resuelto por Auto de Vista 41/2022 de 16 de marzo, emitido por el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –hoy demandado–, quien determinó confirmar el fallo apelado (fs. 7 a 8).
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la justicia pronta y oportuna y a ser oído; en virtud a que, habiendo interpuesto el recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, que determinó rechazar su solicitud de cancelación de las medidas cautelares personales impuestas, petición que la efectuó al ser beneficiado con la suspensión condicional de la pena; la autoridad demandada, resolviendo dicho recurso, mediante Auto de Vista 41/2022 de 16 de marzo, determinó confirmar el fallo apelado, sin una debida fundamentación y motivación y con una mala interpretación de la norma adjetiva penal, ya que el art. 221 del CPP no es aplicable en la suspensión condicional de la pena, por cuanto esta tiene distintas reglas; asimismo, no aplicó las líneas jurisprudenciales de las SSCCPP 0327/2013, 0316/2016-S3, 0721/2018-S2 y 0087/2019-S2. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, sobre el tema refiere que: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: ‘Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una ‘…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…’. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: «Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…»’” (el resaltado y subrayado son añadidos). Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa la obligación del Tribunal de alzada de motivar y fundamentar las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen una medida cautelar, respondiendo además a los puntos denunciados por el justiciable, precisando de manera clara y objetiva, los elementos determinativos en los que se fundó al momento de tomar la decisión. Del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios ya sea en audiencia de forma oral o por escrito.
Al respecto, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; señaló que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’. Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas nos corresponden).
Uno de los fundamentos rectores en el sistema procesal penal inserto en el Código de Procedimiento Penal, fue la incorporación del principio de oportunidad –como excepción al principio de legalidad procesal–, como decisión político criminal de incorporación de las salidas alternativas destinadas a la solución pronta y razonable del conflicto procesal penal, esto según consecuencia de un diagnóstico que permitió identificar entre otras problemáticas, el hecho de las limitaciones del sistema de justicia penal, que determinaban la imposibilidad real de perseguir todos los casos llegados a su conocimiento, que deriven en el pronunciamiento de una sentencia, generando la insatisfacción en la reparación de daño. En consecuencia, la norma adjetiva penal, regula los criterios de oportunidad como mecanismos de descongestión temprana; entre ellos, la suspensión condicional del proceso como mecanismo de simplificación procesal que está íntimamente ligada a la suspensión condicional de la pena, cuya diferencia radica en que la primera suspende no solo la pena sino también el proceso, mientras que en la segunda ocurre luego del juicio. Así, la suspensión del procedimiento a prueba –otro nombre con el que se conoce a esta salida alternativa–, es un mecanismo procesal que “…detiene el ejercicio de la acción penal en favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal, a cuyo término se declarará extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el Juez previa audiencia en que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él…” (Guía de Solución de Problemas Prácticos en Salidas Alternativas; Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal-GTZ; Primera Edición Sucre-Bolivia; pág. 97 y 98). En ese sentido, el art. 23 del CPP, establece que, cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso, que procede siempre que el imputado preste su conformidad, y en su caso, cuando hubiere reparado el daño ocasionado, firmando un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa reparación. Por otro lado, el art. 24 del CPP, señala que, al resolver la suspensión condicional del proceso, el juez fijará un periodo de prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres y en ningún caso excederá el máximo de la pena prevista; determinando, las condiciones y reglas que deben ser cumplidas por el imputado en ese plazo. Por su parte, el art. 25 del referido Código, dispone que, si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas de reparación del daño civil, o se formaliza acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el proceso continuará su curso. En el primer caso, el juez podrá optar por la ampliación del período de prueba y/o la modificación de las medidas impuestas.
A través de la presente acción de defensa, el accionante por intermedio de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, a la justicia pronta y oportuna y a ser oído; en virtud a que, habiendo interpuesto el recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, que determinó rechazar su solicitud de cancelación de las medidas cautelares personales impuesta, petición que la efectuó al ser beneficiado con la suspensión condicional de la pena; la autoridad demandada, resolviendo dicho recurso, mediante Auto de Vista 41/2022 de 16 de marzo, determinó confirmar el fallo apelado, sin una debida fundamentación y motivación y con una mala interpretación de la norma adjetiva penal, ya que el art. 221 del CPP no es aplicable en la suspensión condicional de la pena, por cuanto esta tiene distintas reglas; asimismo, no aplicó las líneas jurisprudenciales de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0327/2013, 0316/2016-S3, 0721/2018-S2 y 0087/2019-S2. Precisada la problemática planteada, de los antecedentes desarrollados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Daniel Arturo Rojas Céspedes –ahora accionante–, por la comisión del delito de estupro agravado, por Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, se determinó la aplicación de las siguientes medidas cautelares: 1. Obligación de presentarse ante el Ministerio Público para firmar los días viernes de cada semana; 2. Prohibición de comunicarse con los testigos; 3. Fianza económica de Bs10 000.-; y, Arraigo, prohibición de salir del departamento y del país (Conclusión II.1). Asimismo, el accionante haciendo conocer mediante memorial de 3 de noviembre de 2021 al Juez de Instrucción Penal Primero de Cobija, que se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, y que emitiéndose la Sentencia Condenatoria de tres año, se aplicó la suspensión condicional de la pena; solicitó se ordene y disponga la cancelación de todas las medidas cautelares personales impuestas a través del Auto Interlocutorio de 1 de julio de 2021, pidiendo se proceda a dar de baja en el biométrico, se franquee mandamiento de desarraigo y se ordene la devolución de la fianza económica de Bs10 000.-; por lo que, en mérito a dicha solicitud, la señalada autoridad judicial, por Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, resolvió rechazar la petición de cancelación de medidas cautelares personales (Conclusión II.2). Determinación contra la cual, el hoy impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por el Auto de Vista 41/2022 de 16 de marzo, emitido por el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandado–, quien resolvió confirmar el fallo apelado (Conclusión II.3). Ante tal circunstancia, el accionante interpuso la presente acción de defensa, en contra del precitado Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, quien emitió el Auto de Vista que ahora el impetrante de tutela considera lesivo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada y se emita un nuevo Auto de Vista disponiendo que: a) La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emita otra resolución que garantice una debida fundamentación con relación al art. 124 del CPP; y, b) La cancelación o el cese de todas las medidas cautelares personales del art. 231 del adjetivo penal que le fue impuesto por Auto Interlocutorio y Auto de Vista de 1 de julio de 2021, debiendo mantenerse solo las reglas a cumplir de los arts. 24, 336 y 367 de la norma procesal penal, relacionado a la suspensión condicional de la pena. Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022, solicitando la revocatoria del mismo y se disponga la devolución de la fianza económica. Fallo que resolvió rechazar la solicitud de cancelación de las medidas cautelares; para lo cual, corresponde desglosar el Auto de Vista cuestionado emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, donde se expuso el motivo del recurso, centrándose el agravio en lo siguiente: 1) La Resolución pronunciada –Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022– es incongruente y carente de toda motivación, puesto que no se fundamentó el por qué no sería procedente el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de la fianza; toda vez que, ya culminó el proceso, y además está sujeto a condiciones que tiene que cumplir, por lo que se le estaría imponiendo doble sanción. Resolviendo el recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante contra el señalado Auto Interlocutorio, el precitado Vocal hoy demandado, por Auto de Vista 41/2022, determinó confirmar el fallo apelado que rechazó la solicitud de cancelación de medidas cautelares personales; ello con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme los antecedentes de la resolución apelada, se tiene que el Juez de primera instancia, dispuso rechazar la solicitud de cancelación de las medidas cautelares y devolución de la fianza económica, en el entendido de que el proceso aún está en fase de cumplimiento de la condena. Empero, el recurrente confunde la finalidad de lo que son las medidas cautelares y lo que implican las condiciones o reglas de conductas que se aplican al momento de considerar la suspensión condicional de la pena; pues las medidas cautelares por su finalidad e instrumentalidad cumplen en el presente caso, la necesidad de resguardar el cumplimiento de la ley, la cual no está limitada simplemente a la imposición de la condena por el delito, sino también a las emergencias que surjan en relación al cumplimiento condicionado de la pena impuesta; es así que, la imposición de las condiciones o reglas de conducta al imputado, tiene la finalidad de suspender la ejecución de la condena, sujetando al condenado a ciertas reglas de conducta para tal fin y durante un determinado tiempo, cumplido el mismo, si no existe incumplimiento, procede la extinción de la penal. ii) Por otro lado, en cuanto a la petición del recurrente, referida a la devolución de la fianza económica, el art. 249 del CPP, establece los casos en que la misma puede ser cancelada, ya sea por causa de un sobreseimiento o una sentencia absolutoria ejecutoriada, casos en los que todas las medidas cautelares deben ser levantadas a la vez. Por otra parte en casos de sentencias condenatorias ejecutoriadas, el levantamiento de las medidas cautelares, tendrían que considerarse en relación a si el condenado se sujeta al cumplimiento de la pena impuesta o en su caso a su suspensión condicional en donde se tenga por cumplidas las condiciones impuestas, ello en mérito a la finalidad de las mismas establecidas en el art. 221 del adjetivo penal, pero en el presente caso, el recurrente no se sujetó al cumplimiento de la pena, sino condicionó su ejecución a través del beneficio otorgado al mismo, y tampoco se puede indicar que la misma no está sujeta a ejecución dado que no se trata de pena de perdón judicial alguno u otro tipo de pena establecido en el Código Penal. En todo caso, si la defensa del recurrente pretende la cancelación de dicha fianza o la suspensión de otras medidas impuestas, deberá plantear la misma ante la autoridad judicial de instrucción, no en el sentido de cancelación, sino en el marco del art. 250 de la norma procesal penal. En ese contexto, del análisis del contenido de la acción de libertad presentada por el impetrante de tutela, como de su exposición oral en la audiencia realizada el 14 de abril de 2022, se advierte que centró su denuncia específicamente en la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; por lo que, corresponde precisar que al ser el Auto de Vista cuestionado, un fallo emitido en alzada, el mismo debe circunscribirse al alcance de lo previsto por el art. 398 del CPP; es decir, resolviendo y pronunciándose sobre los agravios expresados en apelación, no pudiendo el Vocal demandado ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, lo que no implica que los Tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar su determinación (Fundamento Jurídico III.2); pues, mal podría exigirse al Vocal demandado, emitir criterio alguno sobre elementos que no fueron oportunamente reclamados. Efectuada dicha precisión, del contraste del agravio expuesto en apelación y los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 41/2022, ambos desarrollados precedentemente, se evidencia que el señalado fallo, aparte de estar debidamente estructurado en su formulación argumentativa relacionada con los motivos de reclamo expuestos en el recurso de apelación por el recurrente, se advierte que cuenta con un sustento jurídico intelectivo suficiente, exponiendo las razones por las que se asumió la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio apelado que rechazó la solicitud de cancelación de medidas cautelares impuestas al hoy accionante; pues, ab initio se evidencia un pronunciamiento al punto de agravio de la apelación, tal es así que, el Vocal demandado respecto a que el fallo apelado no fundamentó el por qué no sería procedente la cancelación de las medidas cautelares y la devolución de la fianza económica, siendo que ya culminó el proceso, puso de manifiesto que las medidas cautelares por su finalidad cumplen en el presente caso, la necesidad de resguardar el cumplimiento de la ley, pues la imposición de las condiciones o reglas de conducta al imputado, tiene la finalidad de suspender la ejecución de la condena, sujetando al condenado a ciertas reglas de conducta para tal fin y durante un determinado tiempo. Sumado a lo razonado, en cuanto a la petición de la devolución de la fianza económica, el Tribunal de alzada sostuvo que de acuerdo al art. 249 del CPP, en casos de sentencias condenatorias ejecutoriadas, el levantamiento de las medidas cautelares, tenderán que considerarse en relación a si el condenado se sujeta al cumplimiento de la pena impuesta o en su caso a su suspensión condicional en donde se tenga por cumplidas las condiciones impuestas, ello en mérito a la finalidad de las mismas establecidas en el art. 221 del adjetivo penal, hecho que acontece en el presente caso, por cuanto el recurrente hoy accionante no se sujetó al cumplimiento de la pena, sino que condicionó su ejecución a través del beneficio otorgado al mismo –suspensión condicional de la pena–. Razonamiento jurídico aplicado como base en la situación fáctica presente, que no resulta irracional y tampoco ilegal o arbitrario; por cuanto evidentemente, el recurrente al haberse acogido a la salida alternativa de suspensión condicional de la pena, también se sometió durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal, a cuyo término se declarará extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Pues si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el Juez previa audiencia en que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal en su contra (Fundamento Jurídico III.3). Razonamiento que concuerda con las finalidades y alcances de las medidas cautelares en el marco de lo dispuesto por el art. 221 del CPP, el cual establece que la libertad personal y los demás derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar: 1) La averiguación de la verdad; 2) El desarrollo del proceso; y, 3) La aplicación de la ley. “…Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el artículo 7 de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación…” (las negrillas son añadidas). Entendiéndose en consecuencia, que las medidas cautelares no se enmarcan estrictamente a un proceso investigativo, como la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, como equivocadamente señaló el accionante, sino que radica también en precautelar la aplicación de la ley. Así lo entendió también BARONA VILAR al señalar que: “el fundamento de las medidas cautelares en el proceso penal, no es otro que el de garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia condenatoria”; por lo que, las medidas cautelares, tienen por finalidad garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia probable o posiblemente condenatoria a imponerse contra el imputado. Pues entre sus características se tiene la: “…2.Proporcionalidad, porque deben estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar…” (las negrillas son nuestras [SCP 0339/2012 de 18 de junio]). En ese entendido, en el presente caso, se tiene que, el condenado al condicionar la ejecución de la pena a través del beneficio de suspensión condicional de la pena, el fundamento señalado por la autoridad demanda resulta razonable a considerar que las medidas cautelares se tornaban necesarias para que en caso del incumplimiento al sometimiento a las reglas de conducta; estas puedan asegurar el cumplimiento del tercer presupuesto de la finalidad y alcance de las medidas cautelares, previsto en el art. 221 del CPP; es decir, para asegurar la aplicación de la ley, el cual como refirió la autoridad judicial hoy demandada, no está limitada simplemente a la imposición de la condena por el delito, sino también a las emergencias que surjan en relación al cumplimiento condicionado de la pena impuesta; pues no debe olvidarse que en el presente caso, el proceso aún se encuentra en fase de cumplimiento de la condena; por lo que, en este caso, el fundamento de las medidas cautelares, no es otro que el de garantizar el cumplimiento de la ley; por lo que, el accionante, confunde la finalidad de las medidas cautelares y lo que implica las condiciones o reglas de conductas aplicables al momento de considerar la suspensión condicional de la pena previstas en el art. 24 de la norma procesal penal, al pretender la “cancelación” de las medidas impuestas y la devolución de la fianza económica impuestas por el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 1 de julio de 2021, alegando el cumplimiento del proceso y que se le estaría imponiendo doble sanción. Así, de lo ampliamente expuesto, se concluye que el Vocal demandado, efectuó una adecuada revisión del fallo impugnado, pronunciándose no solo conforme los marcos normativos previstos por los arts. 124 y 398 del CPP, sino también desarrollando un análisis integral de los aspectos inherentes al caso concreto por los cuales se asumió la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio de 7 de enero de 2022 apelado; observando la norma aplicable a la finalidad y alcance de las medidas cautelares citado y explicado precedentemente, exponiendo de manera suficientemente comprensible las razones de la aplicación de dichas normas al caso en examen para establecer la procedencia de las medidas cautelares impuestas en un procedimiento inmediato; en ese contexto, se tiene por observados y cumplidos los lineamientos establecidos por este Tribunal referidos al deber de motivar y fundamentar las resoluciones que pronuncien resolviendo una determinada problemática puesta a conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales, lineamientos que el caso se encuentran glosados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cumpliendo se esa manera con las exigencias vinculadas con el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; encontrándose la determinación del Auto de Vista 41/2022, enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia, resolviendo lo apelado; por lo que, advirtiéndose una adecuada fundamentación, motivación y congruencia en el señalado Auto de Vista y al no evidenciarse contravención a los derechos alegados por el accionante a través de esta acción de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros términos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 17 y vta., pronunciada por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
1 BARAMO VILAR Silvia, ob. Cit., pág. 36
2 Clemente, Espinoza Carballo. (2022). Código de Procedimiento Penal (Anotaciones, Concordancias y Jurisprudencia). Editorial El País.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0607_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): fdeb5c69b74ee7cbb7952a73a216d1fb378cdb4bb133131912d22ecc895f4a99
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