Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante interpone la presente acción de libertad alegando que se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero de Santa Cruz desde hace dos años, seis meses y seis días, sin que se haya dictado sentencia condenatoria en su contra, siendo una dilación no atribuible a su persona; por lo que, solicita se le apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva y disponga su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 19 a 23., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR en cuanto a los demás derechos alegados por la accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46849-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Montenegro Alba contra Juan Pablo Olmos Tapia, Nuria Marietka Lino Hurtado y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio el 24 de julio de 2019, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero de Santa Cruz; es decir, a la fecha de interposición de la acción de libertad transcurrieron dos años, seis meses y seis días de estar privado de libertad según consta en certificación -no indica fecha- emitida por el Director del Recinto Penitenciario antes citado, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria en su contra, siendo una dilación no atribuible a su persona. Refirió que, la medida cautelar de detención preventiva es un instrumento para asegurar la presencia del imputado en la investigación regido por los principios de provisionalidad, temporalidad, variabilidad y proporcionalidad. Alegó que, según el art. 239.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la detención preventiva cesará cuando exceda los doce meses, sin que se haya dictado acusación, veinticuatro meses sin que se hubiera pronunciado sentencia; excepto, en los delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño o adolescente e infanticidio, en los casos de los numerales 3 y 4 del precepto señalado, la Oficina Gestora de procesos a través del buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital, dentro de las veinticuatro horas siguientes, correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho horas, con o sin contestación, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, siempre que la demora no sea atribuible al imputado así también lo ha determinado la línea jurisprudencial de la “SC 1525/2002-R”, en concordancia con la “SC 0040/2001”.
El accionante no identificó derechos y/o garantías constitucionales lesionados, tampoco citó precepto constitucional alguno.
Solicitó se conceda la tutela y que a través de resolución fundamentada, se disponga su libertad, “PREVIAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS dispuestas en el art. 231 bis de la Ley 1173” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 2 de abril de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 15 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, presentaron informe escrito de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 13 a 14 vta., solicitando se declare la improcedencia de la acción tutelar porque no cumple con los requisitos establecidos, señalando al efecto lo siguiente: a) Dando respuesta a una solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva formulada por el accionante fundada en el art. 139.4 del CPP, dictaron providencia de 7 de febrero de igual año, la cual fue corrida en traslado a las partes para que sea contestada en cuarenta y ocho horas; sin embargo, la defensa del impetrante de tutela no se apersonó por el Tribunal a objeto de solicitar las diligencias de notificación o realizar un simple pedido para que se ejerza el control sobre el personal de apoyo jurisdiccional; b) Posteriormente, el demandante de tutela presentó memorial con la suma, reitera solicitud de cesación a la detención preventiva, que fue atendido oportunamente mediante providencia de 24 de marzo del mismo año, disponiendo con base en normativa vigente, el traslado a las partes; no obstante, el impetrante de tutela sin darle oportunidad a la Secretaría de generar las notificaciones por el Sistema de Registro Judicial (SIREJ) acude de manera directa a la justicia constitucional; c) Se infiere que la pretensión del peticionante de tutela, es que se dicte una resolución sin que se cumpla con el traslado a las partes, puesto que del contenido de la demanda tutelar, no menciona las diligencias de notificación previas a la emisión de la resolución que acepte o niegue su pedido de cesación a la detención preventiva, en tal razón, acude a la jurisdicción constitucional; pretendiendo su libertad a través de medidas sustitutivas, lo cual únicamente podrá determinarse previa notificación a las partes procesales como ser el Ministerio Público y la víctima; d) Al plantearse la acción tutelar en su contra, no se verificó la legitimación pasiva de la Secretaria de dicho Tribunal, y en esencial no se consideró la obligación de poner a conocimiento de las partes su solicitud de cesación; y, e) En el desarrollo del proceso penal no se vulneró el derecho a la libertad del accionante, quien debió apersonarse previamente al mismo Tribunal de Sentencia y no acudir directamente a la justicia constitucional. Nuria Marietka Lino Hurtado, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 9.
La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 19 a 23, concedió en parte la tutela, respecto a la dilación indebida en las notificaciones para resolver una cesación a la detención preventiva atribuible a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero de ese departamento; quien, pese a no ser demandada, su actuar y omisión amerita la instancia disciplinaria correspondiente; por lo cual, se ordena que en el plazo de veinticuatro horas cumpla con las notificaciones dispuestas y en caso de comisiones instruidas, efectuarlas en el mismo plazo; y denegó la tutela peticionada con relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva e imposición de medidas sustitutivas, expresando los siguientes fundamentos: 1) Revisados los antecedentes, se evidenció que el peticionante de tutela se encuentra cumpliendo detención preventiva a consecuencia de una Resolución -no indica fecha- debidamente ejecutada; por lo que, tomando en cuenta el carácter jurisdiccional de esa medida cautelar, únicamente puede ser modificada por una resolución judicial, responsabilidad atribuible a las autoridades que tienen el control jurisdiccional de la causa y quienes están llamadas al cumplimiento y tutela efectiva de los derechos y garantías del accionante, es así que la pretensión de una indebida detención resulta insuficiente; y, 2) Si bien en el memorial de demanda tutelar no se mencionó que se hubiera solicitado la cesación a la detención preventiva y únicamente se pretendía se dispongan medidas sustitutivas; empero, en la audiencia se pudo verificar que, la parte accionante el 2 de febrero de 2022, presentó memorial pidiendo cesación a la detención preventiva, la cual fue atendida por providencia de 7 del mismo mes y año, que dispuso se proceda al traslado con la pretensión tanto al Ministerio Público como a la víctima; en tal sentido, pese a existir la solicitud de cesación a la detención preventiva en el expediente radicado en el citado Tribunal de Sentencia Penal Primero, no se cumplieron con las notificaciones ordenadas, en un mes y veinticinco días, siendo evidente la dilación en instancia jurisdiccional, atender dicha solicitud ya sea admitiendo o rechazándola y así determinar la facultad para poder acudir a una segunda instancia en caso de una negativa; bajo ese entendimiento, si bien la acción de libertad no contempla estos aspectos, conforme a los hechos descritos bajo el principio iuria novit curia, se debe ejercer la facultad de verificar que los actos hubieran sido cumplidos; en tal razón, al no haberse generado dentro las veinticuatro horas las notificaciones y comisiones instruidas anteriormente ordenadas, estableciendo una dilación atribuible al mismo Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero, al incumplir con el principio de celeridad que debe irradiar cualquier acto de la administración de justicia, por lo que si bien, el solicitante de tutela no precisó el tipo de demanda tutelar, la presente configura una acción de libertad por pronto despacho al verificarse una excesiva dilación en la generación de notificaciones y un actuar negligente de la Secretaría de ese Tribunal de Sentencia. En vía de complementación y enmienda, el abogado del accionante, solicitó en audiencia que la Jueza de garantías se pronuncie respecto al injusto análisis en la Resolución dictada porque se estaría fallando parcialmente puesto que es evidente la negligencia del Tribunal demandado.
La Jueza de garantías, declaró no ha lugar a la solicitud complementación, porque consideró que, si bien se ha denegado emitir un mandamiento de libertad y disponer la cesación a la detención preventiva del demandante de tutela, este razonamiento responde a que la instancia llamada por ley para considerar admitir o rechazar su pretensión, corresponde al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, y que el acto lesivo no fue negarle la cesación sino no haber generado las notificaciones y comisiones instruidas en el plazo legal establecido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 03/2022 de 2 de abril, la Jueza Pública de Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías señaló lo siguiente: “…en la presente audiencia se ha podido evidenciar los siguientes extremos y se tiene que: El 02 de febrero del año 2022 se presentó Memorial solicitando la sensación preventiva de José Miguel el mismo que fue atendido mediante Providencia del 07 de febrero del año 2022 mediante la cual se dispone qué se proceda al traslado con la pretensión tanto al ministerio público a la víctima conforme al artículo 239” (sic [fs. 19 a 22]).
El accionante interpone la presente acción de libertad alegando que se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero de Santa Cruz desde hace dos años, seis meses y seis días, sin que se haya dictado sentencia condenatoria en su contra, siendo una dilación no atribuible a su persona; por lo que, solicita se le apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva y disponga su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas y el subrayado son nuestras). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante mediante la presente acción de libertad solicita que en tutela se le apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva y se disponga su libertad, aludiendo que se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero de Santa Cruz, desde hace dos años, seis meses y seis días, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria en su contra, siendo una dilación no atribuible a su persona.
Establecida la problemática planteada y la pretensión de tutela constitucional, según lo referido por la Jueza de garantías en la Resolución 03/2022 de 2 de abril, que resolvió esta acción de defensa, el ahora accionante a través de su defensa, el 2 de febrero de 2022, solicitó a las autoridades judiciales demandadas, audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, ante lo cual dichas autoridades emitieron providencia de 7 de igual mes y año, disponiendo el traslado de la petición a las partes procesales como ser el Ministerio Público y la víctima (Conclusión II.1) extremo que, si bien no consta en antecedentes del expediente, se tiene por veraz, en aplicación del principio de inmediación, en relación a la presencia de la autoridad jurisdiccional en el debate del problema jurídico planteado y el acceso al expediente original de la causa penal que motivó la presentación de esta acción tutelar. Por otra parte, los Jueces demandados en el informe escrito de 1 de abril de 2022, manifestaron que como respuesta a una solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva según el art. 139.4 del CPP, formulada el impetrante de tutela, pronunciaron providencia de 7 de febrero de similar año, para que corra en traslado a las partes y contesten en cuarenta y ocho horas. Bajo este parámetro, en el presente caso, si bien la pretensión del accionante es determinar la cesación a su detención preventiva previa imposición de medidas sustitutivas, debe considerarse que dicho petitorio fue solicitado anteriormente ante las autoridades judiciales demandadas, quienes ejercen el control jurisdiccional del proceso penal sustanciado contra el solicitante de tutela y por ende su situación jurídica; por lo tanto, son estas mismas autoridades jurisdiccionales las encargadas de disponer si fuera el caso, la modificación de la situación jurídica del impetrante de tutela y no así la jurisdicción constitucional. No obstante, en el caso de análisis se pudo evidenciar que existió una dilación injustificada para resolver la situación jurídica del demandante de tutela; habida cuenta, que el 2 de febrero de 2022, solicitó la cesación a su detención preventiva; misma que, hasta la formulación de esta acción de defensa -31 de marzo del mismo año- no fue resuelta por los Jueces demandados; tal sentido, el actuar negligente y dilatorio de estas autoridades judiciales, da la certeza de la vulneración del derecho a la libertad del accionante, al retardar y evitar resolver su situación jurídica, dejándolo en incertidumbre, sin un justificativo legal valedero; en tal razón, corresponde conceder la tutela impetrada, conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica que toda autoridad debe evitar dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 19 a 23., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR en cuanto a los demás derechos alegados por la accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0607_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1ad597a7ecdbfb8a7642304477da3df5699199b9d07102d85034e1c3c327ac71
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