Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al principio de celeridad, toda vez que: a) La Secretaria demandada pese al tiempo transcurrido no remitió su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; y b) La coordinadora codemandada, no cumplió con su deber de remitir la grabación de la audiencia en la que se rechazó su cesación a la detención preventiva y se dispuso la ampliación en el Centro Penitenciario; por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene la remisión en el día de su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela en los mismos términos dispuestos el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0606/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53022-2022-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edmundo Alvaro Gutiérrez Gonzales contra Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz y Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de la oficina Gestora de Audiencias Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento.
Por memorial presentado el 10 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 4, el accionante manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de medidas cautelares desarrollada el 13 de agosto de 2022, el Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, le impuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Posteriormente, solicitó cesación a su detención preventiva, la cual fue rechazada, disponiéndose su ampliación en el referido Centro Penitenciario, determinación que fue recurrida en apelación; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad transcurrieron 552 horas, considerando días hábiles y 792 horas contando sábados, domingos y feriados, sin que haya sido remitido su apelación incidental ante el Tribunal de alzada. Tampoco se realizó la transcripción del acta ni de la resolución respectiva, aduciendo que la grabación de dicho acto procesal se había extraviado, por lo que la Coordinadora Responsable de la Oficina Gestora Cuarto del Tribunal Departamental de La Paz, tampoco dio solución sobre ese extravío.
Denunció lesión de sus derechos al debido proceso, la libertad y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión en el día de su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de enero de “2022” -siendo lo correcto 2023-según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante se conectó a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar sin su abogado, por lo que se dio lectura a su acción de libertad.
Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción y Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 11 de enero de 2023, cursante a fs. 14 señaló que: a) El 6 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela; sin embargo, el 3 de diciembre de 2023 -siendo lo correcto 3 de enero-(primer día hábil), hizo la revisión del sistema para la verificación de los audios de las audiencias, encontrando que el audio estaba vacío, por lo que se comunicó con el ingeniero encargado, quien le mencionó que los audios no se encontraban; b) La responsable de la Oficina Gestora le señaló que los audios no se encontraban cargados en el sistema de grabación que tiene el Órgano Judicial, debido a un error que se había producido en el mismo; y, c) Su Juzgado se encontraba todo el mes de diciembre en vacación judicial, por lo que el 5 de enero de 2023 verificó que recién subieron las grabaciones del mes de diciembre al sistema, motivo por el que recién se realizó la transcripción de la Resolución y el recurso de apelación ya fue remitido al Tribunal de alzada. Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de la Oficina Gestora de Audiencias Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz, a través de informe escrito presentado el 11 de enero de 2023, cursante de fs. 10 a 11. señaló que: 1) El solicitante de tutela hizo referencia a su audiencia de cesación a la detención preventiva realizada el 6 de diciembre de 2022, dentro del proceso que se encuentra en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de ese departamento; 2) En la acción de libertad no se especificó el número de Número Único de Registro Judicial (NUREJ), mediante búsqueda en el sistema SIREJ, el Código Único de Denuncia (CUD) del proceso en referencia es el 201102012204921, desarrollándose la audiencia de 6 de diciembre de 2022, el primer día de turno, donde si bien el referido Juzgado se encontraba de turno, pero no así la Oficina Gestora Cuarta; 3) Al contar la Oficina Gestora de procesos con personal a contrato, éste permaneció en funciones hasta el 31 de diciembre de 2022; 4) El ingeniero a cargo, en ese periodo, le informó que en la tablilla de audiencias remitida por el Juzgado Cuarto no se encontraba el registro del caso con CUD 201102012204921, esto debido posiblemente a una omisión del Juzgado, en el que no se consignó el CUD correcto, encontrándose en la misma tablilla como parte demandada “GUTIÉRREZ” apellido del accionante; y, 5) De acuerdo al informe del ingeniero encargado, todas las audiencias fueron copiadas en la carpeta compartida que se tiene con la Secretaria del Juzgado; habiéndose realizado la copia de la audiencia celebrada el 6 diciembre de 2022, a horas 17:23 p.m., por lo que la Oficina Gestora de Procesos a su cargo, cumplió con su función de remitir oportunamente la grabación de la audiencia, siendo responsabilidad del personal del Juzgado, específicamente de la Secretaria, quien tiene bajo custodia todos los archivos y registros.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante, Resolución 07/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 17 a 19 vta., concedió en parte la tutela solicitada en su modalidad innovativa, respecto a la Secretaria demandada y denegó la tutela con relación a la Coordinadora codemandada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Considerando que el desarrollo del acto procesal se realizó el 6 de diciembre de 2022, conforme lo establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el recurso debió remitirse el 7 de diciembre del mismo año; si bien existe la excepcionalidad de exceder dicho plazo, ese no puede ser superior a tres días; en el caso concreto, no se encuentra justificado el retraso en el tiempo transcurrido para la remisión de la apelación que presentó el accionante; ii) La Secretaria codemandada, si bien remitió el recurso de apelación incidental minutos antes del desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, transcurrió más de treinta días desde el desarrollo de la audiencia -6 de diciembre de 2022-, sin que se hubiere verificado la existencia de la grabación del referido acto procesal para la transcripción del acta y resolución y su posterior remisión ante la instancia superior; y, iii) De acuerdo con el informe escrito emitido por la Coordinadora codemandada y los documentos contrastados en el expediente, el 6 de diciembre de 2022 a horas 17:23 se cargó la Resolución 1079 del caso Gutiérrez, que guarda coincidencia con los datos del solicitante de tutela; por lo que se cumplió con el cargado en el día para que la Secretaria del juzgado pueda labrar tanto el acta y la resolución, no constatándose por parte de la codemandada vulneración de los derechos alegados, ya que durante la vacación anual colectiva, la grabación fue realizada por otro funcionario que no es parte de la presente acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edmundo Álvaro Gutiérrez Gonzáles -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se le impuso medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; desarrollándose el 6 de diciembre de 2022, audiencia en la que se rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva que presentó el accionante y se dispuso su ampliación. Contra esa determinación el accionante interpuso recurso de apelación incidental, según lo aseverado por el accionante y confirmado por la Secretaria demandada (fs. 2 a 4; 14 a 16). II.2. Según el descargo presentado en audiencia de la presente acción tutelar por Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de oficina Gestora de Audiencias cuatro del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz - codemandada-, la grabación de la audiencia de 6 de diciembre de 2022, fue copiada en la carpeta compartida que se tiene con la Secretaria del Juzgado, el mismo 6 de diciembre de 2022 (fs. 10 y vta.). II.3. Cursa oficio de remisión del cuaderno de control jurisdiccional, en mérito a la Resolución 1079/2022 de 6 de diciembre de 2022, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, con fecha de recepción de 11 de enero de 2023 (fs. 12 y vta.).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al principio de celeridad, toda vez que: a) La Secretaria demandada pese al tiempo transcurrido no remitió su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; y b) La coordinadora codemandada, no cumplió con su deber de remitir la grabación de la audiencia en la que se rechazó su cesación a la detención preventiva y se dispuso la ampliación en el Centro Penitenciario; por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene la remisión en el día de su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III. 4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
Vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. La Sistematización del precedente constitucional que antecede, emerge de la SCP 0036/2018-S2.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0 691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, en el 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
En el presente caso, el accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y celeridad, considerando que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la Secretaria demandada, no remitió su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, y la coordinadora codemandada, tampoco remitió la grabación de la audiencia en la que se rechazó su cesación a la detención preventiva y se dispuso la ampliación en el Centro Penitenciario. Tomando en cuenta que la presente acción de libertad ha sido dirigida contra dos servidoras públicas, se analizará la causa de la siguiente manera: a) Respecto a la Secretaria demandada Con carácter previo corresponde referirse a la remisión del recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.3), el 11 de enero de 2023, minutos antes al desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar. Al respecto, corresponde aplicar el precedente constitucional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas, siendo que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el propósito de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo del presente caso. Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída a revisión, se advierte que el accionante en audiencia de revisión de su situación jurídica desarrollada el 6 de diciembre de 2022, acto procesal en el que se rechazó su cesación a la detención preventiva y se dispuso la ampliación de esa medida, interpuso recurso de apelación incidental contra la referida Resolución (Conclusión II.1), la misma que hasta fecha de presentación de esta acción tutelar no fue remitida ante el Tribunal de alzada. En el presente caso, se advierte que la Secretaria desde el desarrollo de la audiencia celebrada el 6 de diciembre incurrió en dilación indebida en la remisión ante el Tribunal de alzada del recurso de apelación que presentó el accionante (Conclusión II.4), inobservando lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, por el que se establece, que el recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto en audiencia, debe ser remitido inexcusablemente en el plazo de veinticuatro horas, dilación que tampoco ha sido debidamente justificada por la Secretaria demandada, situación que abre el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa. En efecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados a través de la acción de libertad traslativa, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado.
En el caso concreto, se advierte el incumplimiento en la transcripción del acta y Resolución de la audiencia, responsabilidad atribuible a la Secretaria demandada. Si bien la servidora judicial demandada, mediante informe señaló que al día siguiente de desarrollada la audiencia ingresó de vacación judicial, debió remitir el cuaderno respectivo, porque se trataba de un caso con detenido ante el Juzgado de turno, a objeto de evitar una dilación indebida que implique una afectación al derecho a la libertad del accionante, actuación de la que no se tiene evidencia que hubiere realizado; por el contrario, a su retorno de la vacación, dejó transcurrir ocho días para la remisión del recurso de apelación incidental, por lo que se observa que el incumplimiento de sus funciones conforme lo glosado en la jurisprudencia constitucional, afectó el derecho a la libertad del impetrante de tutela, por la dilación en la remisión del recurso de apelación que formuló. b) Con relación a la Coordinadora codemandada En cuanto a la Coordinadora de la Oficina Gestora de Audiencias, en sentido que no habría cumplido con la remisión de la grabación de la audiencia señalada, se advierte que lo denunciado no es evidente, pues conforme se tiene acreditado, la grabación de la audiencia del 6 de diciembre de 2022, fue realizada y subida a la carpeta compartida que se tiene con la Secretaria demandada, el mismo día del desarrollo del referido acto procesal, por otro servidor judicial dependiente de esa instancia (Conclusión II.2); por lo que, se advierte que la Coordinadora codemandada no lesionó los derechos alegados por el accionante, correspondiendo denegar la tutela respecto de ella. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela en los mismos términos dispuestos el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa, así como en la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
2 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
4 El FJ III. 4, señala: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
5 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0606_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): a503bb26134afcb744655beaeaed92f7a6b864f4bc10f3b1a0eb955e8f753a49
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