B.IA.LEGAL

SCP 0606/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46847-2022-94-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por la presunta comisión del delito de violación, solicitó la cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mismo departamento, cuya audiencia señalada para su consideración fue suspendida, al haberle negado la reproducción de un “CD-RUM” que adjuntó siendo su única prueba y por el que demostraría que las relaciones sexuales con la menor fueron consentidas, desvirtuando de esta manera la probabilidad de autoría prevista en el art. 233 del CPP, como la concurrencia del riesgo procesal conforme el art. 235.2 del citado Código Adjetivo Penal; decisión, contra la cual en la misma audiencia de 24 de marzo de 2022, formuló recurso de reposición, que mereció el Auto de esa fecha, por el que fue rechazado. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. De la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales
  3. III.3. Recurso de reposición
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0606/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46847-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jhonny Flores Vargas contra Vivian Janeth Enríquez Monasterio y Jhazmany Juan Zenteno Valdez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 15 a 18, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación; el 21 de marzo de 2022, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, la cesación de su detención preventiva, instancia que señaló audiencia de consideración para el 24 de igual mes y año; una vez instalada, pidió la reproducción de un “CD-RUM”, que era el, único elemento de convicción para desvirtuar los riesgos procesales de los arts. 233.1 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue denegada por dicho Tribunal, por tratarse de una comunicación privada al no contar con el asentimiento de la otra parte; por lo que, disponer lo contrario vulneraría el art. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE); en consecuencia, bajo dichos antecedentes los Jueces demandados, determinaron la suspensión de la audiencia, hasta una nueva petición y mediante decreto de 22 de ese mes y año, rechazaron la prueba. Es así que, en ejercicio de su derecho a la defensa, igualdad de las partes como libertad probatoria, formuló recurso de reposición del referido decreto, solicitando se permita reproducir el “CD-RUM”, que corrido en traslado el Ministerio Público manifestó que la oportunidad para su reproducción, era en la etapa preparatoria; y, en caso de ser deferida la petición, tendría que ser en una audiencia presencial y no virtual, demostrando de esta manera que ni el ente fiscal expresó oposición; no obstante de ello, las autoridades judiciales demandadas, resolvieron -mediante Auto de 24 de marzo de 2022- que el decisorio asumido era el correcto, porque no existía nada que reponer y dicha Resolución era inapelable, para luego ordenar la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva, hasta nueva solicitud de la defensa; por lo que, los mencionados Jueces demandados de manera ilegal y arbitraria vulneraron de manera directa, flagrante y dolosa su legítimo derecho a la libertad; puesto que, la negativa de la reproducción de un elemento de prueba, generó que se restrinja la posibilidad de llevar a cabo el actuado procesal vinculado a la libertad probatoria, originando el procesamiento indebido ocasionándole indefensión, así como retardación y/o dilación en la tramitación de la causa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la celeridad procesal, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que los Jueces demandados señalen nueva audiencia de cesación de la detención preventiva, respetando el derecho a la libertad probatoria.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 52, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: a) En la audiencia de cesación de la detención preventiva manifestó la finalidad que tenía la reproducción del “CD-RUM”, sin hacer conocer el contenido del mismo; por lo que, las autoridades judiciales demandadas, cuando rechazaron el pedido catalogando la prueba de excesiva, no tenían conocimiento de que se trataba, indicando que en previsión del art. 25 de la CPE, los documentos de comunicación privada no podían ser reproducidos; además, sería el que se acompañó al juicio oral, aseveración no cierta, porque en ningún momento hizo conocer al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, que en él se demostraba que las relaciones sexuales con la víctima fueron consentidas; en ese sentido, de acuerdo al informe de los Jueces demandados que revisaron el “CD-RUM”, oponiéndose a la difusión por su contenido, sin indicar en qué consistía y tampoco tener presente que el art. 239.1 del CPP, hace excepción de qué tipo de pruebas se pueden ofrecer en una audiencia de cesación a la detención preventiva; b) Siendo sometido a un procesamiento indebido, porque los arts. 115 y 180 de la CPE y Auto Supremo 199/2013 de 11 de junio, reconocen el derecho al debido proceso vinculado a la libertad probatoria, citando la SC 1670/2004-R de 14 de octubre, que establece la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea y en su caso esa libertad probatoria le ha sido restringida, al no permitirle difundir el único elemento de prueba que tenía para mejorar su situación jurídica; por lo cual, el rechazo de la solicitud es una restricción a su libertad; y, c) Se vulneró la celeridad procesal, a raíz de la negativa de la reproducción del “CD-RUM” en audiencia, que fue suspendida porque no tenía prueba para ofrecer, hasta volver a solicitar una nueva, hecho que derivó en la restricción de su elemento probatorio, vinculado al procesamiento ilegal, generando una dilación indebida; reiterando por lo expresado, la concesión de la tutela peticionada ordenando que las autoridades judiciales demandadas, señalen nueva audiencia, en la cual no se restrinja el derecho a la libertad probatoria que está vinculado al de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Vivian Janeth Enríquez Monasterio y Jhazmany Juan Zenteno Valdez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, remitieron informe escrito de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 45 a 46 vta., solicitando se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: 1) El accionante peticionó señalamiento de audiencia para la cesación de su detención preventiva, señalando en el otrosí primero, como nuevo elemento de convicción un “CD-RUM”; requiriendo al respecto que el citado Tribunal de Sentencia, aclare la pertinencia de su solicitud; por cuanto, se advirtió en su memorial de proposición de prueba para juicio oral que presentó el mismo elemento probatorio, que contenía filmación que acreditaba que la adolescente sostuvo con su persona relación consentida y voluntaria; 2) Ante la aclaración de la utilidad de la prueba peticionada, mediante memorial de 23 del mismo mes y año, el demandante de tutela acompañó el referido elemento probatorio, argumentando que en pleno ejercicio de su legítimo derecho a la defensa y libertad probatoria, lo adjuntaba en calidad de prueba, que a decir de la parte acusada era idónea y suficiente que debía ser valorada dentro del marco del art. 239 del CPP; 3) Instalada la audiencia, se pidió a la defensa explique la utilidad de esa prueba, habiendo manifestado el impetrante de tutela que con ésta demostraría que no concurrían los arts. 233.1 y 235.2 ambos del CPP; y de la lectura de esta acción tutelar lo que cuestionaba era el debido proceso, en cuanto a la libertad probatoria y la celeridad; 4) En relación a la libertad probatoria última en la parte del art. 171 del Código Adjetivo Penal establece: “El juez imitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”; de donde resulta que el derecho a la producción de prueba tiene un límite, que cuando éste resulte manifiestamente excesivo o impertinente; en el caso específico, el hecho de la proposición de prueba sea un “CD-RUM”, del cual se desconoce su contenido y según lo manifestado por la defensa en audiencia, lo que pretendía probar a través de él, resultaba atentatorio para la víctima; por cuanto, la defensa manifestó en el proceso de fondo que con ese elemento de prueba demostraría que las relaciones sexuales fueron consensuadas, lo que dejó entrever que es el mismo elemento probatorio que pretendió difundir como prueba para desvirtuar el art. 233.1 del CPP, afectando el pudor y el derecho a la intimidad de la víctima, que se encuentra protegida por el art. 25 de la CPE y regulado por el art. 191 del Código Adjetivo Penal. Asimismo, la SC 0071/2002-R de 18 de enero, dispuso que el derecho a la prueba es uno de los elementos constitutivos del debido proceso, que cuenta con el derecho a la defensa, a un juez o tribunal natural independiente e imparcial, el derecho a la presentación amplia de la prueba pertinente del imputado o encausado, de lo que se puede concluir que el procesado tiene derecho a presentar prueba amplia y pertinente, significando que el único límite es la validez, idoneidad y la pertinencia de la misma, condiciones que deben ser sopesadas por el juez o tribunal para admitirla o denegarla; 5) El presente caso se trata de una agresión sexual, cuya víctima al momento de ocurrido el hecho contaba con quince años de edad; por lo que, el Tribunal tenía la obligación de otorgarle una protección reforzada; más aún, si se tuvo presente que de acuerdo a la proposición de prueba realizada para el juicio oral, el video demostraría que las relaciones fueron consensuadas; y, 6) Observaron que la prueba ofrecida para desvirtuar el art. 233.1 del CPP, resultaba excesiva considerando la etapa procesal en la que se solicitó la cesación de la detención preventiva y conforme prevé la citada disposición legal modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 -Ley modificatoria de la Ley 1173-, cuya norma legal preceptúa la procedencia de la detención preventiva a la acreditación de los riesgos procesales; y, la referida prueba ofrecida para desvirtuar el art. 235.2 del CPP, resultaba impertinente por no ser conducente a los motivos que fundaron su concurrencia, referente al comportamiento que entorpece en la averiguación de la verdad, además de no cumplir con las formalidades que prevén los arts. 25 de la CPE; y, 191 del Código Adjetivo Penal; por lo cual, no se vulneró el derecho a la libertad probatoria, y al debido proceso en cuanto se refirió a la celeridad del acusado.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Jair Jesús Mérida Murillo, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) No se advirtió que la vida del acusado esté en peligro e ilegalmente perseguido o indebidamente procesado, ante la falta de carga argumentativa o probatoria; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela pedida; y, ii) Se debió tomar en cuenta lo establecido en el art. 171 del CPP, respecto de la admisión de los medios de prueba de todos los elementos lícitos que conduzcan al conocimiento de la verdad; en este caso, fue un “CD-RUM”, que iba a ser utilizado para una solicitud de modificación de medida cautelar en relación a la cesación de la detención preventiva, además los jueces están facultados a realizar la valoración respectiva y verificar que esa prueba no vulnere derechos y garantías constitucionales.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) En el caso concreto, los argumentos vertidos por el accionante no se encontraban directamente vinculados con el derecho a la libertad, al no estar privado de ella por la orden de suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva; máxime, si los Jueces demandados refirieron que la parte impetrante de tutela podía solicitar un nuevo actuado procesal; en tanto, cuente con nuevos elementos de convicción para sostener su petición; y, b) La decisión asumida no se vinculó de manera directa a la actual situación jurídica en la que se encuentra el peticionante de tutela, porque su privación de libertad es debido a la determinación del Auto Interlocutorio de 30 de abril de 2021, que es legítima e idónea; y, no así a la Resolución de 24 de marzo de 2022, además de haber ejercido su derecho a la defensa, como se evidenció por la petición de cesación de la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba contra Jhonny Flores Vargas -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violación; solicitó a través de memorial de 22 de marzo de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento, al encontrarse el proceso en la fase de juicio oral, la cesación de su detención preventiva, adjuntando como nuevo elemento de convicción un “CD-RUM” (fs. 30 y vta.). II.2. Mediante decreto de 22 de marzo de 2022, se señaló audiencia pública de cesación de la detención preventiva de consideración de la petición precedente, para el 24 de igual mes y año, por las autoridades jurisdiccionales; éstas a la vez requirieron que el peticionante de tutela con carácter previo, aclare la pertinencia de su pedido hasta la instalación de dicho actuado procesal, con cuyo resultado se determinaría lo que correspondiere (fs. 31). Es así que, instalada la audiencia en esa fecha, el accionante aclaró que conforme al art. 171 del CPP, referido a la libertad probatoria, con la reproducción del “CD-RUM” adjuntado, que era su única prueba demostraría que no existió probabilidad de autoría respecto al delito de violación, asimismo desvirtuaría los arts. 233.1 y 235.2 del CPP, petición que sometida a deliberación por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, motivó la emisión del decreto que “…este medio de prueba para una medida cautelar resulta impertinente…” (sic), determinando quedar limitada la reproducción del “CD-RUM” (fs. 42 a 43). II.3. Contra el precitado decreto, en la misma audiencia de 24 de marzo de 2022, el demandante de tutela formuló recurso de reposición, que mereció el Auto de la misma fecha, por el que fue rechazado; para luego, disponer las autoridades judiciales demandadas la suspensión de dicho actuado procesal, pudiendo la defensa solicitar uno nuevo, que considere y existan nuevos elementos que sustenten su petición (fs. 43 y 44).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por la presunta comisión del delito de violación, solicitó la cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del mismo departamento, cuya audiencia señalada para su consideración fue suspendida, al haberle negado la reproducción de un “CD-RUM” que adjuntó siendo su única prueba y por el que demostraría que las relaciones sexuales con la menor fueron consentidas, desvirtuando de esta manera la probabilidad de autoría prevista en el art. 233 del CPP, como la concurrencia del riesgo procesal conforme el art. 235.2 del citado Código Adjetivo Penal; decisión, contra la cual en la misma audiencia de 24 de marzo de 2022, formuló recurso de reposición, que mereció el Auto de esa fecha, por el que fue rechazado. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos del debido proceso, señalada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. (…)

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto- en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe 6El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 8El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa” (negrillas añadidas). Como se advierte del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación, motivación y congruencia, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.

III.2. De la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales

Las resoluciones dictadas en materia penal, son recurribles a través de los recursos de impugnación establecidos en el Código de Procedimiento Penal, a cuyo efecto en el Libro Tercero, Título I (Normas Generales) en su art. 394, señala: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante”. Asimismo, prevé las clases de recursos: Reposición, apelación incidental, apelación restringida casación y de revisión (arts. 401, 403, 407, 416 y 421, respectivamente). Normativas que de manera expresa instituyen los recursos a los que las partes en juicio pueden acceder en defensa de sus derechos contra las resoluciones judiciales que consideren le son adversas y que a través de estos mecanismos legales pueden obtener la revocatoria o modificación de las mismas.

III.3. Recurso de reposición

El art. 401 del CPP, prevé el recurso de reposición al señalar: “El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error las revoque o modifique”. Disposición legal, que expresamente ha instituido este recurso, como un mecanismo de defensa para quien se considere perjudicado por un decreto o providencia de mero trámite, que resuelva una pretensión formulada a la autoridad judicial; toda vez que, para impugnar una resolución, el citado cuerpo de leyes ha previsto los recursos de apelación incidental, restringida casación y de revisión extraordinaria de sentencia, estableciendo el trámite para cada uno de ellos, señalando contra las resoluciones que proceden.

III.4. Análisis del caso concreto

Descritos los antecedentes procesales se constata que, el accionante a través de su representante acudió a la jurisdicción constitucional, al considerar que se lesionaron sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la celeridad procesal; toda vez que, las autoridades judiciales demandadas, suspendieron la audiencia de cesación de la detención preventiva que solicitó hasta una nueva petición por su parte, al rechazarle el único elemento probatorio que presentó consistente en un “CD-RUM”, negándole su reproducción y por el que desvirtuaría la probabilidad de autoría del delito de violación y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, contrariando la libertad probatoria que asiste a todo procesado; decisión contra la que planteó recurso de reposición, que fue rechazado. Planteada la problemática cabe puntualizar que, conforme a los datos del proceso se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, al encontrarse el proceso en la fase de juicio oral, la cesación de su detención preventiva, adjuntando como nuevo elemento de convicción un “CD-RUM”, a cuyo efecto una vez señalada la audiencia pública para el 24 de marzo de 2022, objeto de consideración de su petición, los Jueces demandados requirieron que la parte impetrante de tutela con carácter previo, aclare la pertinencia de su pedido hasta la instalación de dicho actuado procesal, con cuyo resultado se determinaría lo que correspondiere. Es así que, instalada la audiencia en esa fecha, el demandante de tutela aclaró que conforme al art. 171 del CPP, referido a la libertad probatoria, con la reproducción del “CD-RUM” adjuntado, que era su única prueba demostraría que no existió probabilidad de autoría respecto al delito de violación, asimismo los arts. 233.1 y 235.2 del CPP, los desvirtuaría petición que sometida a deliberación por el mismo Tribunal de Sentencia, motivó la emisión del decreto que “…este medio de prueba para una medida cautelar resulta impertinente…” (sic), determinando quedar limitada la reproducción del referido “CD-RUM”.

Contra el precitado decreto, en la misma audiencia el solicitante de tutela formuló recurso de reposición, que mereció el Auto de 24 de marzo de 2022, por la que fue rechazado; para luego, disponer los Jueces demandados la suspensión de dicho actuado procesal, pudiendo la defensa solicitar uno nuevo, que considere y existan nuevos elementos que sustenten su petición; actuación que, de ninguna manera constituye un hecho vulneratorio de los derechos a la libertad, al debido proceso y a la celeridad procesal invocados por el accionante; sino contrariamente, se verifica que las autoridades judiciales demandadas, procedieron correctamente al emitir el citado Auto, fundamentando la razón de su decisión al señalar que para la reproducción del “CD-RUM”, debió haberse realizado otro acto procesal durante la etapa preparatoria, pretendiendo al peticionarlo en esa instancia se salve dicha omisión y que con relación al desarrollo de la medida cautelar, si bien ese Tribunal de Sentencia citó la Ley 1173, referida a los presupuestos material y procesal, se tiene que la Ley 1226 establece que, para la procedencia de la medida cautelar de detención preventiva en etapa de juicio oral únicamente se debe considerar los riesgos procesales y no así el elemento material; por lo que, cuando la defensa intenta demostrar con el “CD-RUM” la inconcurrencia del art. 233.1 del CPP y la inexistencia del riesgo procesal, que está determinado en el art. 235.2 del CPP, con prueba excesiva e impertinente para esta etapa del proceso con la cual la representante del impetrante de tutela, manifestó que se estaría demostrando que su defendido no sería autor del delito, pues también se debe tener presente que estos riesgos procesales conforme se tiene de la lectura y aplicación de medidas cautelares se encuentran sustentados en otro tipo de elementos y no precisamente en la existencia o no del hecho típico; consiguientemente, se mantiene la decisión de delimitar la reproducción de prueba y rechazar la solicitud; denotando ello, la emisión de una Resolución debidamente fundamentada, conforme dispone la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Lo expuesto, determina que no se abra el ámbito de protección de esta acción tutelar, que ha sido instituida, entre otras finalidades para la protección y restablecimiento del derecho a la libertad, que no es el caso presente al advertir que los Jueces demandados actuaron conforme a procedimiento, sin incurrir en lesión de los derechos a la libertad, al debido proceso ni celeridad procesal, correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0606_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): f5e3aa78979f485e608dd5a7babbb5f3a527664f3a5cd5b7d537ce52e68e2be1

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