Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos fundamentales a la petición, al trabajo y al debido proceso; toda vez que, ante la negativa de concederle licencia máxima por un año, de acuerdo al art. 91 de la LOFA, se encontró en la necesidad de presentar su retiro voluntario de la Fuerza Naval Boliviana, mismo que fue aceptado previo cumplimiento del pago de costas al Estado, por haber estudiado en la EMI, pero como a la fecha no hizo efectiva la obligación señalada, en su criterio, aún no se encuentra fuera de dicha fuente laboral; por tal motivo, solicita que se deje sin efecto la Resolución de Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 09/2000 de 1 de febrero; y, se ordene su retorno a la Fuerza Naval Boliviana. En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tale argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 055/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0606/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47622-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 055/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Antonio Iván Orellana Cossío contra Francis Efraín Franck Salazar, Comandante General de la Armada Boliviana.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, subsanado que fue el 18 de ese mismo mes y año, conforme la documental cursante de fs. 143 a 160 y 164 a 168 vta., respectivamente, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Señala que en su calidad de Capitán de Corbeta de la Fuerza Naval Boliviana, solicitó acogerse a una licencia máxima, en aplicación del art. 91 inc. a) de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación (LOFA), pero su solicitud no fue atendida plenamente; refiere que su hija se encontraba con problemas de salud, y ante esta situación se vio en la obligación de pedir su retiro obligatorio, mismo que llegó a ser concedido justamente por la Armada Boliviana. Ante tal extremo, el padre del accionante, que responde al nombre de Rafael Orellana Gómez, presentó memorial solicitando que sea reincorporado y se disponga su traslado a la ciudad de Santa Cruz, para que pueda atender a su hija, pero lastimosamente el 13 de agosto de 1998, la Armada Boliviana desestimó lo requerido, al haber sido aceptada su solicitud de retiro voluntario, previo pago de costas al Estado, en aplicación del artículo 92 de la LOFA; por lo que si bien la determinación de las Fuerzas Armadas data de 1998, también es cierto que hasta la fecha aún no ha concluido el tema del retiro voluntario, debido a que se dispuso que su retiro se aceptaría previo pago de costas al Estado, mismo que no se efectuó, es decir, la decisión de su retiro no se ha ejecutado, en razón a que la Armada Boliviana no le ha entregado ningún tipo de planillas, ni se le ha indicado dónde realizar el pago, cómo realizarlo, y a cuánto asciende el monto a pagar. Es así que concluye, que se le privó del derecho al trabajo, a la carrera profesional como miembro de las Fuerzas Armadas, ya que le desestimaron la solicitud de licencia máxima, debido a que no procede porque no cumple con los requisitos, pero tampoco le dicen qué requisitos debería haber cumplido. Finalmente, señala que hasta la fecha no existe una resolución que establezca claramente que el ahora impetrante de tutela dejó de ser miembro de la Armada Boliviana o que establezca claramente su situación legal, puesto que si bien es cierto que aparentemente su retiro fue aceptado mediante Resolución del Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 09/2000 de 1 de febrero, que imponía la condición de cancelar previamente los gastos de capacitación de estudios en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) (trámite que deviene del año 1998), y que dicha Resolución fue confirmada el 1 de febrero de 2000; a la fecha dicho fallo, al no haber cuantificado cuánto debió pagar y haber establecido esa condición, no conlleva ninguna consecuencia, por lo que impetra se restablezcan sus derechos, que durante todo ese tiempo no fueron restituidos por las diferentes autoridades que estuvieron a cargo.
El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la petición, al trabajo y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15.I, 24, 46, 47, 48.III y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto la Resolución del Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 09/2000 de 1 de febrero; y, b) Se ordene el retorno a su fuente laboral.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional fue suspendida en una oportunidad el 2 de marzo de 2022 (fs. 171 y vta.), y finalmente fue llevada a cabo el 28 de ese mismo mes y año, conforme consta en acta de fs. 192 a 200; dicha audiencia se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma CISCO WEBEX MEETINGS, produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de sus abogados, se ratificó lo expuesto en el contenido íntegro de su demanda de amparo constitucional y ampliando la misma, en el desarrollo de la audiencia, señalo lo siguiente: 1) La SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, establece que todo acto administrativo debe contener seis requisitos indispensables para que surta efectos, mismos que no fueron cumplidos por la entidad demandada; 2) No existe voluntad de la Armada Boliviana de darle solución o decirle al accionante vaya a pagar acá y recién su retiro voluntario se va a concretar, simplemente se cerraron, sin otorgar una respuesta correspondiente; y, 3) Se está solicitando el retorno del ahora solicitante de tutela a su fuente laboral, debido a que solamente cuenta con esa profesión, para poder realizar justamente la manutención, la subsistencia de su familia. Ante las preguntas formuladas en el desarrollo de la audiencia, el impetrante de tutela refirió lo siguiente: i) El acto vulneratorio de derechos es la Resolución de 13 de agosto de 1998, que acepta en su plenitud el retiro voluntario previo pago de costas al Estado, en aplicación del art. 92 de la LOFA, con el cual nunca fue notificado; ii) Desde agosto de 1998, se le niega la solicitud de ser destinado a la Armada Boliviana del departamento de Santa Cruz; y, iii) Hace casi veinticuatro años que viene reclamando constantemente a todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, sin obtener una respuesta favorable, agotando así los medios de reclamo.
Francis Efraín Franck Salazar, Comandante General de la Armada Boliviana, mediante informe de 28 de marzo de 2022, cursante a fs. 174 a 178, señalo lo siguiente: a) El memorial de acción de amparo constitucional contiene varias inconsistencias, puesto que el solicitante de tutela primero refiere que existe un retiro, luego hace referencia a una solicitud de reconsideración, posteriormente pide la licencia máxima, señala que se hubiera modificado el significado de la camaradería, ya demás ofreció resarcir los gastos por su permanencia en la Escuela Militar de Ingeniería; pero también, debe considerarse que en el presente caso existe una proceso, el cual ya fue sometido a un Tribunal; b) El propio accionante reconoce que hay una Resolución de 18 de mayo de 1999 (Resolución del Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 16/99), por el cual le hicieron conocer que su retiro voluntario fue aceptado, de manera que en este caso existe una extemporaneidad en la presentación de la acción tutelar, puesto que han transcurrido más de doscientos cuarenta meses; y, c) Pide retorno a su fuente laboral, sin ni siquiera indicar cuál es su fuente laboral.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 055/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos: 1) Se entiende que la Resolución del Tribunal de Personal de la Fuerza Naval Boliviana 16/99, pronunciada el 18 de mayo de 1999, misma que se encuentra firme, y es más, la propia parte accionante, de forma taxativa ante esta Sala Constitucional, ratificó que la acción tutelar planteada sostiene que el acto lesivo es la Resolución del Tribunal de Personal de la Armada Boliviana, y por ello, su petitorio solicita que ese fallo debe dejarse sin efecto; 2) Existe un elemento, que en este caso resulta naturalmente obvio, y es que se está pretendiendo que a través de la jurisdicción constitucional, se proceda a revisar un acto administrativo, que fue emitido el año 2000; se tiene que la audiencia de esta acción tutelar se desarrolló el 28 de marzo del 2022, constituyendo el pedido como imposible, improponible, extemporánea y caduco; no pudiendo se puede ingresar a verificar actos lesivos de esta naturaleza, y conforme el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el plazo para interponer esta acción tutelar es de seis meses, por lo que claramente dentro del presente caso no se tiene por cumplido el principio de inmediatez; 3) Se entiende que quién ha esperado tanto tiempo, en desmedro de sus propios derechos fundamentales, al no pedir la defensa de los mismos, es el propio impetrante de tutela, por cuanto, ya no puede recibir un discernimiento ni un pronunciamiento de esta jurisdicción constitucional, que ante tales circunstancias, esta Sala Constitucional se encuentra prohibido de ingresar en el fondo; y, 4) Teniéndose que el acto acusado de vulneratorio deviene del año 2000, no es posible ingresar veinte años después a verificar vulneración de derecho de un acto administrativo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 25 de junio de 1998, presentado por Rafael Antonio Iván Orellana Cossío ante el Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, por el que solicita su retiro voluntario de la Fuerza Naval ante la negativa de las dos anteriores solicitudes de licencia por un año (fs. 6 y vta.). II.2. Cursa providencia de 13 de agosto de 1998, por el que se desestima el pedido referente a que Rafael Antonio Iván Orellana Cossío, sea adscrito al Comando Naval Santa Cruz, en razón a que fue aceptada su solicitud de retiro voluntario (fs. 11). II.3. Consta memorándum “DPTO.I-PERS. DIV. ‘A’ No. 1252/98” (sic) de 16 de septiembre de 1998, por el que se comunica al ahora demandante de tutela, que en cumplimiento de la Resolución de Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 049/98 de 27 de julio de 1998, debe depositarse en la cuenta de dicha fuerza naval la suma de Bs15 510, 33.- (quince mil quinientos diez 33/100 bolivianos) por concepto de costas al Estado por la formación como Ingeniero Industrial en la EMI (fs. 12). II.4. Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 1998, el ahora impetrante de tutela solicita al Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, la revisión de la Resolución de aceptación de su retiro voluntario y su solicitud de licencia temporal (fs. 13 a 14). II.5. Mediante nota de 20 de diciembre de 2001, el solicitante de tutela, hace conocer al Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana su disconformidad con la Resolución del citado Tribunal 09/2000 de 1 de febrero, en cuya parte in fine reconoce que agotó las instancias legales que señala el conducto regular para obtener la licencia máxima que por ley le corresponde (fs. 24 a 25).
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos fundamentales a la petición, al trabajo y al debido proceso; toda vez que, ante la negativa de concederle licencia máxima por un año, de acuerdo al art. 91 de la LOFA, se encontró en la necesidad de presentar su retiro voluntario de la Fuerza Naval Boliviana, mismo que fue aceptado previo cumplimiento del pago de costas al Estado, por haber estudiado en la EMI, pero como a la fecha no hizo efectiva la obligación señalada, en su criterio, aún no se encuentra fuera de dicha fuente laboral; por tal motivo, solicita que se deje sin efecto la Resolución de Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 09/2000 de 1 de febrero; y, se ordene su retorno a la Fuerza Naval Boliviana. En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tale argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio2, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución 1El FJ III.2.3, refiere:“…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales”. 2El FJ III.4, señala: “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos:
1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos.
2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda. 3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración.
Las subreglas desarrolladas constituyen una modulación a la SC 0261/2010-R -que a efectos del cómputo del plazo de la inmediatez, tomó en cuenta al Auto que resolvió la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, que deberán ser aplicadas con carácter vinculante a partir de la emisión de la presente Sentencia, en aplicación del art. 44.I de la LTC, realizando el cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo”.
dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser considerada por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como “intrascendentes”. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia.
3El FJ. III.4.2. establece: (…) "Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara: Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo".
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos fundamentales a la petición, al trabajo y al debido proceso; toda vez que, ante la negativa de concederle licencia máxima por un año, de acuerdo al art. 91 de la LOFA, se encontró en la necesidad de presentar su retiro voluntario de la Fuerza Naval Boliviana, mismo que fue aceptado previo cumplimiento del pago de costas al Estado, por haber estudiado en la EMI, pero como hasta la fecha no hizo efectiva la obligación señalada, en su criterio, aún no se encuentra fuera de dicha fuente laboral; por tal motivo, solicita que se deje sin efecto la Resolución del Tribunal de Personal de la Fuerza Naval Boliviana 09/2000 de 1 de febrero, y se ordene su retorno a la Fuerza Naval Boliviana.
Así identificado el objeto procesal, antes de ingresar al análisis de los actos lesivos que el impetrante de tutela denuncia como vulneración de sus derechos fundamentales, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, dilucidar con carácter previo un aspecto procesal esencial relativo a la posible inobservancia del principio de inmediatez dentro del presente caso, y que además sustentó la denegatoria asumida por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes procesales, que cursan en el expediente constitucional, se tiene que el 25 de julio de 1998, el ahora solicitante de tutela demandó su retiro voluntario de la Fuerza Naval Boliviana ante la negativa de las dos anteriores solicitudes de licencia por un año, realizadas el 25 y 29 de abril de ese mismo año (Conclusión II.1).
Posteriormente, ante la solicitud realizada por el padre del hoy solicitante de tutela para que Rafael Antonio Iván Orellana Cossío, sea adscrito al Comando Departamental de la Fuerza Naval de Santa Cruz, se le respondió mediante decreto de 13 de agosto de 1998, que se desestima la misma, debido a que la solicitud de retiro voluntario fue aceptada, notificándosele con esta, al demandante de tutela (Conclusión II.2).
Seguidamente, como otro antecedente de relevancia se encuentra el memorándum “DPTO.I-PERS. DIV. ‘A’ No. 1252/98” (sic) de 16 de septiembre de 1998, que comunica al ahora impetrante de tutela, que en cumplimiento de la Resolución de Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 049/98 de 27 de julio de 1998, debe depositarse en la cuenta de dicha fuerza naval la suma de Bs15 510, 33 (quince mil quinientos diez 33/100), por concepto de costas al Estado por la formación como Ingeniero Industrial en la EMI (Conclusión II.3).
El memorial presentado el 7 de diciembre de 1998, el ahora solicitante de tutela, pidió al Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, la revisión de la Resolución de aceptación de su retiro voluntario y su solicitud de licencia temporal (Conclusión II.4); además el 20 de diciembre de 2021, el peticionante de tutela, hace conocer al Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana su disconformidad con la Resolución del citado Tribunal 09/2000 de 1 de febrero, en cuya parte in fine reconoce que agotó las instancias legales que señala el conducto regular para obtener la licencia máxima que por ley le corresponde (Conclusión II.5).
En esa misma línea de análisis, y acorde al entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, partiendo de la premisa de que la acción de amparo constitucional se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida, una de las condiciones esenciales para que el control tutelar de constitucionalidad pueda operar a través de dicho mecanismo de defensa, es el cumplimiento del principio de inmediatez, en mérito al que por disposición de los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, vencido dicho plazo, caduca la posibilidad de petición de tutela constitucional a través de la acción tutelar de referencia, inviabilizando el análisis de fondo de la problemática planteada; debiendo enfatizarse en ese contexto, que tratándose de procesos judiciales o administrativos, en los que se advierta una solicitud de aclaración, complementación y enmienda de la última resolución administrativa o judicial que supuestamente causó agravio al accionante, el cómputo de plazo de caducidad iniciará a partir de la notificación con la resolución a dicha solicitud, sin importar si la misma hubiere sido declarada ha lugar o se la habría rechazado, ello en sujeción a lo establecido por el art. 55.II del mencionado Código adjetivo constitucional.
Bajo tales entendimientos, en el presente caso, como se tiene descrito en los párrafos precedentes que dan cuenta de los antecedentes procesales, el impetrante de tutela una vez que tuvo conocimiento de la Resolución de Tribunal del Personal de la Fuerza Naval Boliviana 049/98 de 27 de julio de 1998, extremo que se afirma, puesto que el propia accionante presentó una serie de memoriales y notas desde el mes de agosto de 1999, pidiendo su consideración de su permiso máximo de acuerdo a la normativa de las Fuerzas Armadas Bolivianas; así como también, su disconformidad con la Resolución del mencionado Tribunal 09/2000 de 1 de febrero, mediante diferentes notas (23 de diciembre de 2003; 16 de diciembre de 2005; 13 de septiembre de 2007; y, 2 de septiembre de 2009); como también, mediante memoriales que tiene la misma finalidad de revisión de su solicitud de permiso máximo (12 de marzo de 2020 y 29 de enero de 2021), en ese marco si la determinación que considera atentatoria a sus derechos es la citada Resolución 09/2000 de 1 de febrero, ahora denunciada como lesiva a sus derechos que identifica, constituía ese el momento a partir del cual corría el plazo de los seis meses establecidos por la normativa para activar la acción de amparo constitucional, mismo que fenecía el 2 de marzo de 2001.
Consecuentemente, el peticionante de tutela al haber interpuesto la acción de defensa en análisis, recién el 1 de febrero de 2022 -tal como se tiene establecido en el exordio de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-, no cumplió el plazo de los seis meses establecidos, y si bien la parte accionante alega que durante más de veinte años estuvo realizando diferentes reclamos a través de notas y memoriales, bajo el argumento de que buscaba agotar los medios de reclamo necesarios, se debe tener en cuenta que los mismos no constituyen medios idóneos para obtener el cambio de su situación jurídica, por lo que no se constituyen como válidos para suspender el cómputo de los seis meses, en atención a lo cual, la presente acción de defensa, fue presentada fuera de plazo, soslayando el principio de inmediatez. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 055/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0606_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): d2cae3adae451ff2c8828033562b127873e73b996e17ace0f2d2054c1b9b7d10
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