B.IA.LEGAL

SCP 0605/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de diciembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de diciembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
52298-2022-105-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; y, aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso de Auditoría Especial realizado por la Contraloría General de Estado sobre el cumplimiento del plazo contractual en la construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal 6 en el GAM de Santa Cruz, Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado -ahora demandado- emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, la cancelación de sumas de dinero que infringen los límites de multas establecidos en el Contrato Administrativo de Obra que establece como un límite del 20% del monto total del contrato; empero, se lo sanciono con porcentajes más altos, por lo que, incurre en las siguientes ilegalidades: a) Sobre el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, puesto que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-27/2021, la misma fue originado con una motivación arbitraria e irrazonable, además que en dicha determinación no se corrigió los defectos insubsanables con las que adolecía el Informe Preliminar GS/EP11/G17 R1 de 12 de noviembre de 2020 y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1 de 31 de diciembre de 2021, pues no corrigieron el acto lesivo de haber obviado aplicar la norma especial esta…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 120 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 306 a 308, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, relativo a la primera problemática; y, aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica en relación a la segunda problemática, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por consiguiente:

1.1° Se deja sin efecto el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, emitido por el Contralor General del Estado, debiendo emitirse un nuevo Dictamen en el plazo de setenta y dos horas de notificado con la presente Resolución Constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia referido a la primera problemática, conforme a los argumentos establecidos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. El principio de legalidad y seguridad jurídica vinculada al debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0605/2024-S1 Sucre, 24 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52298-2022-105-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión de la Resolución 120 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 306 a 308, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ezequiel Alberto Villarroel Zambrana representante legal de la Empresa Constructora “Pirámide SRL” contra Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de septiembre; y, 4 de octubre ambos de 2022, cursante de fs. 180 a 194; y, 198 a 207, el ahora accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Contralor General del Estado, emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, sustentándose en el Informe Preliminar GS/EP11/S17 R1 de 12 de noviembre de 2020 y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1 de 31 de diciembre de 2021, en la cual para la aplicación de la multa, se amparó en la Cláusula Trigésima Segunda del Contrato Administrativo referente a la Morosidad y sus Penalidades, sin hacer una consideración del límite convenido entre las partes para la aplicación de las multas, aplicando de forma ilegal la pena convencional sin observar límite alguno; pues, para la aplicación de la responsabilidad civil no consideró el límite de la pena convencional establecida en el contrato, la cual se estableció en la Cláusula Vigésima Primera -terminación del contrato-, sin tomar en cuenta que conforme a lo establecido por el Órgano Rector por medio de la Nota CITE MEFP/VPCF/DGNGP/UADN/0536/2021 de 15 de julio, en la cual se expuso que es “…de aplicación obligatoria considerando que el Contrato de Obra en cuestión, responde a ser el modelo de contrato aprobado por la contratación efectuada en la modalidad de licitación pública por parte del Órgano Rector de las NB-SABS, siendo por ello la interpretación de ésta instancia de carácter vinculante, encontrándose en ésta de forma expresa el límite máximo de la pena como el 20% del monto total del Contrato de Obra” (sic).

Es así, que considera que con la emisión del Dictamen de Responsabilidad Civil, el ahora demandado vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva de la ley, vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; ya que: a) Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, por el cual se aprobó los Informes de Auditoría GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/S17 C1, el ahora demandado no aplicó la norma especial en relación a auditorías gubernamentales sobre el contrato administrativo, regido exclusivamente por el Decreto Supremo (DS) 29190 y la Cláusula Trigésima Segunda del mismo contrato, en las cuales se establecen que las multas no puede superar el 20% del monto total del contrato; sin embargo, haciendo caso omiso a las normas especiales, se dispuso que la calificación de la responsabilidad civil por incumplimiento del contrato sea equivalente al 100% del valor contractual basándose en el art. 534 del Código Civil (CC), la cual es impertinente e inaplicable al caso; y, b) Sobre el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, puesto que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-27/2021, la misma fue originado con una motivación arbitraria e irrazonable, además que en dicha determinación no se corrigió los defectos insubsanables con las que adolecía el Informe Preliminar GS/EP11/S17 R1 y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, pues no corrigieron el acto lesivo de haber obviado aplicar la norma especial establecidas en el Contrato de Obra y en el DS 29190, en la cual se establece que la multa no puede superar el 20% del valor del contrato; y, de facto se introdujo en los informes una antinomia jurídica generando confusión al aplicar el art. 534 del CC, yendo en contra de las leyes especiales con las que se rige el contrato.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; y, aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiéndose: 1) Dejar sin efecto legal el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre; y, 2) Que se emita un nuevo Dictamen debidamente fundamentada, motivada y congruente en la cual se aplique las normas especiales del contrato administrativo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 301 a 305 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Nora Herminia Mamani Cabrera, Contralora General del Estado a.i, no presentó informe escrito; empero, por medio de su representante legal, en audiencia de garantías, señaló que: i) En el caso opera una causal de improcedencia por subsidiariedad, ya que el Informe Preliminar GS/EP11/S17 R1, y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, así como el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, al haber sido emitido en apego a la normativa específica, la misma fue notificada a las partes, correspondiendo a la entidad damnificada presentar la demanda coactiva fiscal, por lo que el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, el 26 de septiembre de 2022 formalizo dicha demanda, la cual radicó en el Juzgado Coactivo Fiscal y Tributario Primero de la Capital del referido departamento, siendo dicha autoridad judicial, la que debe comprobar si los indicios de responsabilidad fueron debidamente procesados; ii) El 14 de abril de 2021, el ahora accionante fue notificado de manera personal con el Informe Preliminar antes mencionado, y pese a que tenía conocimiento de que dicho acto podía ser sometido a complementación y aclaración, el mismo no presentó sus aclaraciones y descargos, además que no efectuó ninguna observación o impugnación en sede administrativa, continuando el proceso, existiendo vías legales para dejar sin efecto el acto administrativo; y, iii) No corresponde dar tutela al existir un medio de protección legal, siendo el proceso coactivo fiscal donde se debe desvirtuar los indicios de responsabilidad civil, y no siendo la vía idónea presentar la acción de amparo constitucional.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde Municipal del GAM de Santa Cruz, mediante sus representantes legales, por informe escrito de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 294 a 296, refirió que: a) El Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, fue emitido en base a la normativa y procedimientos vigentes, contando con la debida fundamentación y sustentado en los Informes Preliminar y Complementario; b) El Informe Preliminar GS/EP11/S17 R1 en base a los arts. 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General, fue sometido a proceso de aclaración, en la cual el ahora peticionante de tutela y otros involucrados pese a su legal notificación no presentaron sus respectivas aclaraciones, justificativos ni descargos, el cual fue corroborado por el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, debiendo aplicar ahora de forma previa el proceso coactivo fiscal; c) Se acredito que dentro de la Auditoría Especial no se vulnero los derechos a la defensa y al debido proceso, siendo el mismo ahora impetrante de tutela quien dejó precluir los plazos para la presentación de descargos y justificativos; y, d) De conformidad al Dictamen de Responsabilidad Civil, se evidencia que el GAM de Santa Cruz sufrió un daño económico valuado en la suma de Bs30 009 239,28.- (treinta millones nueve mil doscientos treinta y nueve bolivianos 28/100), solicitando se deniegue la tutela. Remy Alfonso Careaga Simón, no presento informe escrito; empero, en audiencia de garantías, señaló que: 1) La SC 228/2005 estableció que el proceso coactivo fiscal es independiente del proceso de auditoría, debiendo considerar dicha naturaleza, la cual solamente sirve para la presentación de descargos y no corresponde el cuestionamiento o impugnación del Dictamen de Responsabilidad Civil; 2) En el caso se está cuestionando la vulneración del art. 51 del DS 23318-A en el cual se establece que el Dictamen solo es una opinión Técnica-Jurídica que fue emitida por la Contraloría General del Estado que tiene valor pre constituida para el proceso respectivo; y, 3) Es obligación el aplicar los límites establecidos en el Contrato Administrativo en relación a la multa del 20% del monto total del contrato.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, por Resolución 120 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 306 a 308, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional es un mecanismo que tutela derechos y garantías constitucionales, siendo su naturaleza extraordinaria y sumarísima, en la que no se efectúa la interpretación de legalidad ordinaria, ni la valoración de la prueba; ii) El ahora accionante interpuso su acción de defensa el 19 de septiembre de 2022, estando dentro de los límites de los seis meses conforme lo establece el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, iii) Se presentó la acción de defensa contra el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, en el cual se establece la existencia de un proceso coactivo fiscal que fue radicado en el Juzgado Coactivo Fiscal Primero de la Capital del departamento antes mencionado la cual se encuentra en proceso de admisión por parte del GAM de Santa Cruz, en la que se puede dilucidar el contenido del Dictamen de Responsabilidad Civil, operando los postulados establecidos en el art. 54.I del CPCo, por lo que no se puede ingresar a analizar el fondo de la problemática por el principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Testimonio 1539/99 de 11 de octubre de 1999, referido a la Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la Razón Social o denominación “Pirámide SRL” (fs. 64 a 66 vta.). II.2. Consta Testimonio 013/2009 de 8 de enero, emitido por Cecilia Mónica Sánchez Añez, Notaria de Gobierno del departamento de Santa Cruz, relativo a un “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DISTRITO DE SEGUNDO NIVEL, ZONA PAMPA DE LA ISLA –DISTRITO MUNICIPAL N° 6…” (sic), suscrito entre la Asociación Accidental San Silvestre y el GAM de Santa Cruz (fs. 69 a 97). II.3. Por Informe de Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Plazo Contractual en la Construcción del Hospital Municipal Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal 6, con la numeración GS/EP11/S17 R1 de 12 de noviembre de 2020, elaborado por el Gerente de Auditoría, el Gerente Departamental de Santa Cruz; y, el Subcontralor de Gobiernos Municipales y Universidades, todos de la Contraloría General del Estado, determinaron:

“(…) Conclusión Las acciones y omisiones, descritas precedentemente, de las personas detalladas a continuación, establecidas en el curso de la auditoría y analizadas en el informe legal N° LX/XP17/O20, emitido por la Gerencia de Servicios Legales y la Subcontraloría de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado, constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 31, incisos b) y c) de la Ley N° 1178 y están sujetos a la aplicación del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal: (…)” 3. RECOMENDACIÓN En cumplimiento de los artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado) aprobado por Decreto Supremo N° 23215, el contenido del presente informe de auditoría, debe ser de conocimiento de los presuntos involucrados en los hallazgos de responsabilidad, para que en el plazo de 10 días hábiles a partir de su recepción, nos remitan sus aclaraciones y/o justificaciones, anexando la documentación respaldatoria correspondiente, debidamente legalizada” (sic [fs. 99 a 127]). II.4. Cursa Nota con CITE MEFP/VPCF/DGNGP/UADN/0536/2021 de 15 de julio elaborado por la Directora General de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dirigido a Luis Adam Michel Mendoza, en relación a consulta sobre contrato de obras, señalando que: “(…)

1. ¿Las multas y penalidades están expresamente definidas en sus alcances en el modelo de Contrato, o es posible incrementarlas por criterio de pares o de terceros, en contratos de obras suscritos conforme el Decreto Supremo N° 29190? Al respecto, el tercer párrafo de la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y sus Penalidades), del contrato que forma parte del modelo de Documento Base de Contratación (DBC) de Obras, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 397, de 27 de agosto de 2007 y elaborado en base al Decreto Supremo N° 19190 de 11 de julio de 2007, de manera expresa señala: “A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa por cada período de retraso equivalente a: a) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 30 días. b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 31 a 60 días. c) Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90 días. d) Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91 en adelante. El monto de cada día se aplica a cada período de retraso”. En este marco, las multas están expresamente señaladas en el contrato que forma parte del modelo de DBC de obras. 2. ¿Cuál es el porcentaje máximo de multas que el contrato establece al Contratista? El Inciso i) del Subnumeral 21.2.1 del numeral 21.2. de la Cláusula Vigésima Primera (Terminación del Contrato), del modelo de Contrato de Obras señala: “Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisión o definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria”; de acuerdo con lo señalado, el porcentaje máximo de la multa es del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato de Obras. 3. Si el Contratista superare el veinte por ciento (20%) de multas, en la ejecución de un contrato de obra, ¿la entidad contratante puede cobrar la multa en la planilla final de liquidación más allá de este porcentaje? En el marco de la Cláusula Vigésima Primera (Terminación del Contrato), del modelo de Contrato de Obras, cuando el monto de la multa alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato la resolución del mismo es de forma obligatoria por parte de la entidad contratante, por lo que no correspondería cobrar multas más allá de dicho porcentaje. 4. ¿La entidad Contratante, puede cobrar al Contratista, en la planilla final de liquidación, el porcentaje del cien por ciento (100%), equivalente al monto del contrato?

Las multas no pueden alcanzar el cien por ciento (100%) del monto del contrato, toda vez que cuando la multa llega al veinte por ciento (20%), la resolución del contrato es obligatoria. 5. ¿La demora en el pago de planillas o certificados de avance de otra (pago de planillas) es causal de ampliación de plazo y considerando como evento compensable? El sexto párrafo de la Cláusula Vigésima Octava (Forma de Pago) del contrato del Modelo de DBC de Obras, señala: “El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de demora. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, solo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al le que falta recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándolo por el número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE, como compensación económica, independientemente del plazo”. De acuerdo con lo señalado, en la demora por pago de planillas, el contratista tendrá derecho a reclamar desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación del pazo por día de demora. Asimismo, los eventos compensables de plazo, se encuentran desarrollados en el subnumeral 13.1 de la Cláusula Décima Tercera (Derechos del Contratista), del contrato del DBC de Obras. 6. ¿Qué valor legal tiene el Acta de Recepción Definitiva a favor de Contratista?. De acuerdo con las definiciones señaladas en el Glosario de Términos del modelo de DBC de Obras, el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: “Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato…”; por tanto, una vez suscrito este documento el Contratista tiene la constancia de que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción del contratante, y entregada a esta institución.” (sic [fs. 4 a 6]). II.5. Consta Informe Complementario al Informe Preliminar de Auditoría GS/EP11/S17 R1, signado con la numeración GS/EP11/S17 C1 de 31 de diciembre de 2021, emitida por la Gerente de Auditoría, el Gerente Departamental de Santa Cruz; y, el Subcontralor de Gobiernos Municipales y Universidades, todos de la Contraloría General del Estado (fs. 13 a 22).

II.6. Mediante Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, pronunciada por Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado -ahora demandado-, determino los indicios de Responsabilidad Civil Solidaria en contra de Ezequiel Alberto Villarroel Zambrana como representante Legal de la Empresa Constructora “Pirámide SRL” -ahora accionante-, bajo los siguientes argumentos:

1. ANTECEDENTES

Como resultado de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del plazo contractual en la Construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal N° 6, por las gestiones 2008 a 2011, efectuada por la Contraloría General del Estado, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Sección Capital de la Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, mediante Informe de Auditoría Preliminar N° GS/EP11/S17 R1, se establece la existencia de Indicios de Responsabilidad Civil Solidaria de servidores públicos y personas jurídicas privadas, por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado y por incumplimiento de contratos. En observancia de los artículos 39 y 40 del “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”, aprobado por Decreto Supremo N° 23215, el citado informe de auditoría preliminar fue sometido a procedimiento de aclaración, donde se hicieron conocer los hallazgos advertidos, a las personas naturales y jurídicas presuntamente involucradas, otorgándoles el plazo previsto para la presentación de aclaraciones y justificativos. Concluido el plazo de procedimiento de aclaración, se evaluaron los descargos, aclaraciones, justificativos y pruebas, y se elaboró el Informe Complementario N° GS/EP11/S17 C1, en los que se analizan los hallazgos, concluyendo con la ratificación de los cargos, la identificación de los responsables y las sumas líquidas y exigibles de las obligaciones emergente del daño económico ocasionado a la entidad. 2. CONSIDERACIONES LEGALES a) El artículo 31 de la Ley N° 1178 de “Administración y Control Gubernamentales”, establece que la responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. El inciso b) del citado artículo 31 de la Ley N° 1178, señala: Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causante de daño al patrimonio del Estado y sus entidades. El inciso c) del mencionado artículo 31 de la Ley N° 1178, señala: Cuando varias personas resultaren responsable del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. b) El daño económico establecido en el presente caso surge de los hechos descritos y analizados en los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, los cuales se encuentran comprendidos en las causales previstas por el artículo 77 de la Ley del “Sistema de Control Fiscal”.

c) Habiéndose aprobado los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, por el Contralor General del Estado, y por la naturaleza de las obligaciones que han ocasionado daño económico a la entidad y habiendo sido identificados a los responsables y determinada las sumas líquidas y exigibles, en el caso de no proceder con el pago correspondes su recuperación por la vía coactiva fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de “Procedimiento Coactivo Fiscal”.

d) El Dictamen de Responsabilidad Civil constituye una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado, de acuerdo con el artículo 52 del “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A, el Dictamen es un instrumento legal que permite a la entidad damnificada requerir a los responsables el pago del presunto daño económico y de ser necesario iniciar y proseguir la acción legal que corresponda contra éstos.

e) El Dictamen, los Informes de Auditoría y documentos que lo sustentan, constituirán prueba pre constituida para la acción civil a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 43 inciso a) de la Ley N° 1178. 3. CONCLUSIÓN

En consideración a los antecedentes expuestos, fundamentados en los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, y las consideraciones legales precedentes, en uso de la atribución conferida por el artículo 43 de la Ley N° 1178 de “Administración y Control Gubernamentales”. EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DICTAMINA PRIMERO: INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA, de las siguientes personas, por los montos y cargos que se detallan a continuación: 1. Farid Sabat Eid Serrano y la Asociación Accidental “Sal Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso h) disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el primero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs251.474,07. 2. Ronald Ruiz Carrillo, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para el primero, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el segundo, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs2.682.390,10.

3. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simón, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs17.687.009,75.

4. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simon, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs1.341.195,05.

5. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simon, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs6.370.676,50.

6. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simon, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por la pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs1.676.493,81.

SEGUNDO: Encomiéndese a la Gerencia Departamental de Santa Cruz, de la Contraloría General del Estado a: 1. Notificar a las personas involucradas en los Hallazgos de Indicios de Responsabilidad Civil Solidaria, conforme lo establece el artículo 43 inciso b) de la Ley 1178, con el presente Dictamen, resultando de los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, aprobados por el Contralor General del Estado. 2. Una vez cumplida la notificación a los involucrados, remitir al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, un ejemplar de todo lo actuado a fin de que esta entidad cumpla con lo dictaminado.

TERCERO: Las personas involucradas deberán proceder con el pago en el plazo de 10 días hábiles, que correrán al siguiente día hábil de haberse notificado con el Dictamen, caso contrario el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el plazo de 20 días hábiles de recibido el Dictamen y las notificaciones pertinentes, deberá iniciar la acción coactiva fiscal, sobre la base de los Informes de Auditoría ya citados. CUARTO: En aplicación del artículo 43 inciso c) de la Ley N° 1178 de “Administración y Control Gubernamental” y artículo 58 del “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A, el incumplimiento de las recomendaciones de este Dictamen dará lugar a las sanciones previstas contra las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (sic [fs. 35 a 37]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; y, aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso de Auditoría Especial realizado por la Contraloría General de Estado sobre el cumplimiento del plazo contractual en la construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal 6 en el GAM de Santa Cruz, Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado -ahora demandado- emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, la cancelación de sumas de dinero que infringen los límites de multas establecidos en el Contrato Administrativo de Obra que establece como un límite del 20% del monto total del contrato; empero, se lo sanciono con porcentajes más altos, por lo que, incurre en las siguientes ilegalidades: a) Sobre el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, puesto que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-27/2021, la misma fue originado con una motivación arbitraria e irrazonable, además que en dicha determinación no se corrigió los defectos insubsanables con las que adolecía el Informe Preliminar GS/EP11/G17 R1 de 12 de noviembre de 2020 y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1 de 31 de diciembre de 2021, pues no corrigieron el acto lesivo de haber obviado aplicar la norma especial establecidas en el Contrato de Obra y en el DS 29190, en la cual se establece que la multa no puede superar el 20% del valor del contrato; y, de facto se introdujo en los informes una antinomia jurídica generando confusión al aplicar el art. 534 del CC, yendo en contra de las leyes especiales con las que se rige el contrato; y, b) Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, por el cual se aprobó los Informes de Auditoría GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/S17 C1, la autoridad ahora demandada no aplicó la norma especial en relación a auditorías gubernamentales sobre el contrato administrativo, regido exclusivamente por el DS 29190 y la Cláusula Trigésima Segunda del mismo contrato, en las cuales se establecen que las multas no puede superar el 20% del monto total del contrato; sin embargo, haciendo caso omiso a las normas especiales, se dispuso que la calificación de la responsabilidad civil por incumplimiento del contrato sea equivalente al 100% del valor contractual basándose en el art. 534 CC, la cual es impertinente e inaplicable al caso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) El principio de congruencia como componente del debido proceso; 3) El principio de legalidad y seguridad jurídica vinculada al debido proceso; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0168/2020-S1 de 27 de julio; 0812/2020-S1 de 2 de diciembre; 0063/2021-S1 de 17 de mayo; 0487/2021-S1 de 29 de septiembre; 0819/2021-S1 de 16 de diciembre; 0001/2022-S1 de 3 de marzo; 0366/2022-S1 de 3 de junio; 1403/2022-S1 de 29 de noviembre; 0008/2023-S1 de 17 de enero; 0760/2023-S1 de 10 de julio; y, 1250/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la CADH, y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0447/2020-S1 de 4 de septiembre; 0345/2020-S1 de 18 de agosto; 0087/2021-S1 de 26 de mayo; 0475/2021-S1 de 21 de 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0550/2020-S1 de 23 de septiembre; 0800/2020-S1 de 1 de diciembre; 0087/2021-S1 de 26 de mayo; 0260/2021-S1 de 21 de julio; 0487/2021-S1 de 29 de septiembre; 0819/2021-S1 de 16 de diciembre; 0043/2022-S1 de 8 de abril; 0753/2022-S1 de 8 de agosto; 1083/2022-S1 de 5 de octubre; 1489/2022-S1 de 8 de diciembre; 0007/2023-S1 de 17 de enero; 0348/2023-S1 de 2 de mayo; 0889/2023-S1 de 10 de agosto; 1141/2023-S1 de 5 de octubre; y, 1312/2023-S1 de 20 de diciembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la

III.3. El principio de legalidad y seguridad jurídica vinculada al debido proceso

El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0196/2021-S1 de 23 de junio, que formuló el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar el carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 902/2010-R de 10 de agosto y 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre y 0903/2019-S4 de 16 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones. Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En esa línea, y en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, este Tribunal también se pronunció en la SCP 0113/2016-S1 de 29 de enero, identificando esta triple dimensión y en base a ella, el alcance del derecho al debido proceso y su vinculación con el principio de legalidad, como uno de los principios para su materialización; estableciendo al efecto que:

El debido proceso, es concebido en una triple dimensión, como: a) Derecho subjetivo, le asiste a cada individuo, exigir la recta administración de justicia, un proceso en el cual no haya negación o quebrantamiento de lo que cada uno tiene jurídicamente reconocido o asignado; b) Principio de la función jurisdiccional, rige todos los actos de los operadores de justicia (en los ámbitos judicial, administrativo y disciplinario) en la resolución de las causas sometidas a su conocimiento; y, c) Garantía constitucional, está destinada a suministrar a los individuos el amparo necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.

Conforme se tiene señalado precedentemente, el debido proceso como derecho fundamental, está destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originados no solo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en la aplicación de las normas sustantivas y las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas pre establecidas por el ordenamiento jurídico. Esta sujeción de la labor jurisdiccional al ordenamiento jurídico, es lo que se denomina principio de legalidad, que en esencia constituye una garantía constitucional de todas las personas, limitando la actuación del Estado, eliminando la arbitrariedad especialmente en lo que implica el ejercicio de la facultad punitiva; en consecuencia, el principio de legalidad conlleva a que ninguna conducta por más reprochable que parezca, puede ser sancionada, sino se encuentra expresamente prevista por ley, como delito o falta; permitiendo de este modo que las personas puedan prever sus actos y las consecuencias jurídicas de los mismos. En un Estado Constitucional de Derecho, como es el caso boliviano, el principio de legalidad, rige para todos los órganos del Estado, incluyendo el órgano legislativo, cuyo accionar debe sujetarse a los preceptos constitucionales…”. En ese marco, el principio de legalidad se constituye también como un elemento del debido proceso, cuyo ámbito de aplicación no solo se limita como garantía procesal en el sentido de que nadie puede ser procesado o sancionado en el marco de un debido proceso conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley, o que se le imponga una sanción no prevista en la misma; sino también expande su contenido dogmático para configurar el principio de constitucionalidad, en virtud del cual, todos los actos de la administración, incluidos por supuesto aquellos que emanen del ejercicio del poder público, se someten no solamente a un bloque de legalidad imperante, sino a la Ley Fundamental, en ese sentido, la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, desarrollando el principio de legalidad a partir del nuevo modelo constitucional sostuvo que:

El principio de legalidad en su clásica concepción implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley; significa, entonces, el reconocimiento al legislador como único titular de la facultad normativa, a la cual debe estar sometida la administración. Sin embargo, actualmente dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; por ello debe entenderse que dicho principio supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma (las negrillas son añadidas). Bajo ese mismo razonamiento, la SCP 0632/2015-S2 de 3 de junio, respecto del principio de legalidad señaló que:

“…uno de los principios fundamentales que configura el debido proceso, vinculado al ejercicio del poder público que debe realizarse en armonía con la ley vigente y la jurisdicción no así a la voluntad de las personas, el Estado tiene la obligación del cumplimiento de este principio en todas las actuaciones de sus poderes ello implica que están sometidas a la actual Constitución o al imperio de la ley, considerando la seguridad jurídica que requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidos al principio de legalidad. Este principio, se considerada una regla de cumplimiento obligatorio del derecho público y es una condición necesaria para establecer que estamos bajo un Estado de Derecho, que el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, particularmente en aquellas que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de los derechos del individuo.”

Consecuentemente, se tiene que, el principio de legalidad es un principio fundamental, reconocido en su generalidad en los ordenamientos supremos de los diferentes Estados; ello se debe a la relación de supra subordinación entre los representantes del Estado y los gobernados en virtud de los cuales los primeros afectan la esfera jurídica de los segundos; esto es, el Estado al desplegar su actividad afecta los bienes y derechos del subordinado cuando se impone en el ejercicio del poder. Así, este Estado moderno interviene de forma reiterada, intensa y generalmente contundente en muchas áreas de la vida de los gobernados afectando sus derechos, incluso aquellos que el subordinado tiene en la más alta estima, aquellos que son básicos para su subsistencia, porque el Estado legisla, dicta y emite actos que trascienden el estatus de cada uno, o que carecen de respaldo legal o del respaldo legal adecuado o suficiente. El principio de legalidad está para intervenir en estas ocasiones, cuando no exista el apego debido a la legalidad por parte del Estado en la afectación al subordinado (Islas, 2009).

Por todo lo expuesto, se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado.

En cuanto al principio de seguridad jurídica

La Constitución Política del Estado consagra en el art. 178.I, principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, tanto en el Órgano Judicial como en el Tribunal Constitucional Plurinacional; uno de esos principios es la seguridad jurídica que en términos de la jurisprudencia constitucional expresada en el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, entendió por una parte, como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de los individuos y las naciones, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; por otra parte, alude al deber que tiene el Estado de proveer seguridad jurídica a todos los ciudadanos, al goce de sus derechos fundamentales y derechos previstos en la Ley, en el marco del Estado de Derecho, con el fin de satisfacer los anhelos de una vida en paz, libre de abusos. En esa misma línea, conforme el nuevo modelo constitucional la seguridad jurídica es concebido como un principio rector del ordenamiento jurídico, a través del cual -entre otros principios- se busca la eficacia y materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por esa labor importante que cumplen los principios, el Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, cuyo propósito es la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas, pronunció la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, que se constituye en la sentencia primigenia al establecer que el principio de seguridad jurídica si puede ser tutelable cuando este, se encuentre vinculado con un derecho fundamental o garantía constitucional; entendimiento que fue seguido y reforzado por la SCP 0096/2012 de 19 de abril, que contrariamente a otros criterios asumidos en distintos fallos constitucionales que sostienen que los principios no son tutelables a través del recurso o acción de amparo constitucional, que tiene por finalidad la protección de derechos fundamentales; la citada Sentencia Constitucional Plurinacional entendió que sí es posible la protección de los principios cuando se advierta la vinculación con derechos fundamentales o garantías constitucionales, señalando al efecto que:

…en función al contenido del art. 128 de la CPE, se precisó que este medio de defensa tutela derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en el texto constitucional y en las leyes; pero además, en Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país (art. 410.II). Delimitación que de manera taxativa, restringe la protección de ese medio de defensa de forma directa o aislada a principios constitucionales, en el entendido que contiene características sustancialmente distintas con relación a los derechos fundamentales. Ahora bien, el art. 178 de la Norma Fundamental, reconoce a la seguridad jurídica como un principio constitucional, sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, así lo entendió la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al afirmar: '…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad´

Razonamiento que nos lleva a concluir que a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales;

8En su F.J. III.4, señalo: “En consecuencia, si bien es evidente que la Alcaldía Municipal de La Paz, resguardó garantías constitucionales de la accionante y sus hermanos al emitir la Ordenanza Municipal que declaró la necesidad y utilidad pública y dispuso la expropiación, sujetando dicho trámite a un procedimiento administrativo, no es menos cierto que ese resguardo fue parcial, al incumplir la condición prevista por la Constitución Política del Estado, como es la de pagar previamente la indemnización justa, lesionando el derecho propietario de la actora y atentando contra el principio a la seguridad jurídica, invocado por la accionante como un derecho, pero que en el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho, conforme lo señala la doctrina: “La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas, es decir leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de estado de derecho” (Torsten Stein. Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico. FKA)

En efecto, la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad.”

por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional (el resaltado es nuestro). En ese marco, se entiende que el principio de seguridad jurídica, cuya aplicación garantiza la estabilidad y continuidad del orden jurídico, así como la previsibilidad de la actuación estatal en su relación con el ciudadano, se constituye en un principio estructurador del Estado de Derecho; consecuentemente, su resguardo constitucional ante su inobservancia o irrespeto que afecte un derecho fundamental, podrá hacerse efectiva a través de la acción de amparo constitucional.

Consecuentemente, el principio de seguridad jurídica debe ser entendido como la certeza del derecho, que en su aplicación adquiere una connotación de convicción de inalterabilidad en situaciones similares, salvo en circunstancias previamente establecidas en la ley y mediante procedimientos igualmente legales y regulares, por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; y, aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso de Auditoría Especial realizado por la Contraloría General de Estado sobre el cumplimiento del plazo contractual en la construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal 6 en el GAM de Santa Cruz, Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado -ahora demandado- emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, la cancelación de sumas de dinero que infringen los límites de multas establecidos en el Contrato Administrativo de Obra que establece como un límite del 20% del monto total del contrato; empero, se lo sanciono con porcentajes más altos, por lo que, incurre en las siguientes ilegalidades: a) Sobre el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, puesto que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-27/2021, la misma fue originado con una motivación arbitraria e irrazonable, además que en dicha determinación no se corrigió los defectos insubsanables con las que adolecía el Informe Preliminar GS/EP11/G17 R1 de 12 de noviembre de 2020 y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1 de 31 de diciembre de 2021, pues no corrigieron el acto lesivo de haber obviado aplicar la norma especial establecidas en el Contrato de Obra y en el DS 29190, en la cual se establece que la multa no puede superar el 20% del valor del contrato; y, de facto se introdujo en los informes una antinomia jurídica generando confusión al aplicar el art. 534 del CC, yendo en contra de las leyes especiales con las que se rige el contrato; y, b) Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, por el cual se aprobó los Informes de Auditoría GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/S17 C1, la autoridad ahora demandada no aplicó la norma especial en relación a auditorías gubernamentales sobre el contrato administrativo, regido exclusivamente por el DS 29190 y la Cláusula Trigésima Segunda del mismo contrato, en las cuales se establecen que las multas no puede superar el 20% del monto total del contrato; sin embargo, haciendo caso omiso a las normas especiales, se dispuso que la calificación de la responsabilidad civil por incumplimiento del contrato sea equivalente al 100% del valor contractual basándose en el art. 534 CC, la cual es impertinente e inaplicable al caso.

De los antecedentes que se encuentran descritos en las conclusiones de este fallo constitucional; se tiene que, el 11 de octubre de 1999, por medio del Testimonio 1539/99 se constituyó la Empresa “Pirámide SRL”; es así que, el 8 de enero de 2009 a través del Testimonio 013/2009, se firma entre el GAM de Santa Cruz y la Asociación Accidental San Silvestre, de la cual forma parte la Empresa antes mencionada, el “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DISTRITO DE SEGUNDO NIVEL, ZONA PAMPA DE LA ISLA – DISTRITO MUNICIPAL N° 6…” (sic); por lo que, de forma posterior, se emite el Informe de Auditoría Especial en relación al cumplimiento del plazo contractual GS/EP11/S7 R1, en la cual se determinó la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria conforme lo establece el art. 31 inc. b) y c) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, estando sujetos al art. 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal (LSCF) -Ley de 29 de septiembre de de 1997-; a lo cual, el 15 de julio de 2021 la Directora General de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Nota CITE MEFP/VPCF/DGNGP/UADN/0536/2021, dando respuesta a las consultas efectuadas por Luis Adam Michel Mendoza en relación a los contratos de obra, para que de forma posterior el 31 de diciembre del mismo año, la Contraloría General del Estado emita el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, ratificando el Informe Preliminar, para que finalmente el 31 de igual mes y año, el ahora demandado emita el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, por la que determina los indicios de Responsabilidad Civil Solidaria en contra del ahora peticionante de tutela como representante legal de la Empresa Constructora “Pirámide SRL” (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6).

En ese contexto, identificada las problemáticas, el ahora impetrante de tutela denuncia al ahora demandado, por la emisión del Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021; determinación que, considera lesivo a sus derechos fundamentales; por lo que, las problemáticas serán analizadas de forma separada para una mayor comprensión, de la siguiente manera:

1. En relación a la primera problemática

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro el proceso de Auditoría Especial realizado por la Contraloría General de Estado sobre el cumplimiento del plazo contractual en la construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal 6 en el GAM de Santa Cruz, el ahora demandado, emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, la cancelación de sumas de dinero que infringen los límites de multas establecidos en el Contrato Administrativo de Obra que establece como un límite del 20% del monto total del contrato; empero, se lo sancionaba con porcentajes más altos; puesto que, al emitirse el referido Dictamen la misma fue originado con una motivación arbitraria e irrazonable, además que en dicha determinación no se corrigió los defectos insubsanables con las que adolecía el Informe Preliminar GS/EP11/G17 R1 y el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, pues no corrigieron el acto lesivo de haber obviado aplicar la norma especial establecidas en el Contrato de Obra y en el DS 29190, en la cual se establece que la multa no puede superar el 20% del valor del contrato; y, de facto se introdujo en los informes una antinomia jurídica generando confusión al aplicar el art. 534 del CC, yendo en contra de las leyes especiales con las que se rige el contrato.

En este punto, en la intención de realizar un análisis ordenado del Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, en primer término, se analizará lo relacionado con la congruencia del Dictamen en cuestión; teniéndose que, la autoridad ahora demandada en dicha Resolución, conforme a la Conclusión II.6 de esta Resolución Constitucional, se tiene que argumentó:

1. ANTECEDENTES Como resultado de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del plazo contractual en la Construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal N° 6, por las gestiones 2008 a 2011, efectuada por la Contraloría General del Estado, en el Gobierno

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Sección Capital de la Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, mediante Informe de Auditoría Preliminar N° GS/EP11/S17 R1, se establece la existencia de Indicios de Responsabilidad Civil Solidaria de servidores públicos y personas jurídicas privadas, por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado y por incumplimiento de contratos.

En observancia de los artículos 39 y 40 del “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”, aprobado por Decreto Supremo N° 23215, el citado informe de auditoría preliminar fue sometido a procedimiento de aclaración, donde se hicieron conocer los hallazgos advertidos, a las personas naturales y jurídicas presuntamente involucradas, otorgándoles el plazo previsto para la presentación de aclaraciones y justificativos.

Concluido el plazo de procedimiento de aclaración, se evaluaron los descargos, aclaraciones, justificativos y pruebas, y se elaboró el Informe Complementario N° GS/EP11/S17 C1, en los que se analizan los hallazgos, concluyendo con la ratificación de los cargos, la identificación de los responsables y las sumas líquidas y exigibles de las obligaciones emergente del daño económico ocasionado a la entidad.

2.CONSIDERACIONES LEGALES a) El artículo 31 de la Ley N° 1178 de “Administración y Control

Gubernamentales”, establece que la responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. El inciso b) del citado artículo 31 de la Ley N° 1178, señala: Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causante de daño al patrimonio del Estado y sus entidades. El inciso c) del mencionado artículo 31 de la Ley N° 1178, señala:

Cuando varias personas resultaren responsable del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables.

b) El daño económico establecido en el presente caso surge de los hechos descritos y analizados en los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, los cuales se encuentran comprendidos en las causales previstas por el artículo 77 de la Ley del “Sistema de Control Fiscal”. c) Habiéndose aprobado los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, por el Contralor General del Estado, y por la naturaleza de las obligaciones que han ocasionado daño económico a la entidad y habiendo sido identificados a los responsables y determinada las sumas líquidas y exigibles, en el caso de no proceder con el pago correspondes su recuperación por la vía coactiva fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de “Procedimiento Coactivo Fiscal”. d) El Dictamen de Responsabilidad Civil constituye una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado, de acuerdo con el artículo 52 del “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A, el Dictamen es un instrumento legal que permite a la entidad damnificada requerir a los responsables el pago del presunto daño económico y de ser necesario iniciar y proseguir la acción legal que corresponda contra éstos. e) El Dictamen, los Informes de Auditoría y documentos que lo sustentan, constituirán prueba preconstituida para la acción civil a que hubiere lugar, conforme lo establece el artículo 43 inciso a) de la Ley N° 1178.

3. CONCLUSIÓN

En consideración a los antecedentes expuestos, fundamentados en los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, y las consideraciones legales precedentes, en uso de la atribución conferida por el artículo 43 de la Ley N° 1178 de “Administración y Control Gubernamentales”. EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

DICTAMINA PRIMERO: INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA, de las siguientes personas, por los montos y cargos que se detallan a continuación:

1. Farid Sabat Eid Serrano y la Asociación Accidental “Sal Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso h) disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el primero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs251.474,07. 2. Ronald Ruiz Carrillo, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para el primero, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el segundo, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs2.682.390,10.

3. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simón, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs17.687.009,75. 4. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simon, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs1.341.195,05. 5. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simon, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs6.370.676,50.

6. Ronald Ruiz Carrillo, Remy Alfonso Careaga Simon, Mendizábal y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., en la persona de su actual representante legal, y la Asociación Accidental “San Silvestre”, conformada por: Empresa Pirámide S.R.L. y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda., en la persona de su actual representante legal, en forma solidaria conforme a lo dispuesto en el artículo 31 incisos b) y c) de la Ley N° 1178, y sujetos a la aplicación del artículo 77 inciso i) por la pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran, para los dos primeros, inciso h) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, para el tercero, e inciso e) por incumplimiento de contrato, para la asociación accidental, de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por la suma de Bs1.676.493,81.

SEGUNDO: Encomiéndese a la Gerencia Departamental de Santa Cruz, de la Contraloría General del Estado a:

1. Notificar a las personas involucradas en los Hallazgos de Indicios de Responsabilidad Civil Solidaria, conforme lo establece el artículo 43 inciso b) de la Ley 1178, con el presente Dictamen, resultando de los Informes de Auditoría Nrs. GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/117 C1, aprobados por el Contralor General del Estado. 2. Una vez cumplida la notificación a los involucrados, remitir al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, un ejemplar de todo lo actuado a fin de que esta entidad cumpla con lo dictaminado.

TERCERO: Las personas involucradas deberán proceder con el pago en el plazo de 10 días hábiles, que correrán al siguiente día hábil de haberse notificado con el Dictamen, caso contrario el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el plazo de 20 días hábiles de recibido el Dictamen y las notificaciones pertinentes, deberá iniciar la acción coactiva fiscal, sobre la base de los Informes de Auditoría ya citados. CUARTO: En aplicación del artículo 43 inciso c) de la Ley N° 1178 de “Administración y Control Gubernamental” y artículo 58 del “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A, el incumplimiento de las recomendaciones de este Dictamen dará lugar a las sanciones previstas contra las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (sic). Ahora bien, conforme a la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, se puede evidenciar que la Contraloría General del Estado emitió el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, en la cual se establece en el acápite de presentación de descargos, en relación a la Empresa “Pirámide SRL” representada por el ahora peticionante de tutela que:

“El Representante Legal de la Empresa Pirámide S.R.L., fue legalmente notificado el 14 de abril de 2021, mediante Formulario F-3200 “Notificación y Entrega de Informe de Auditoría Sometido a Procedimiento de Aclaración” y la nota N° CGE/SCGM-253/2021, a través de los cuales recibió el Informe Preliminar de Auditoría N° GS/EP11/S17 R1. Asimismo, el Representante Legal de la Empresa Pirámide S.R.L., mediante nota PIR-CITE N° 013/2021 del 23 de abril de 2021 (1 foja), recibida en la Gerencia Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado en la misma fecha, ha solicitado una ampliación de plazo, que le fue otorgado a través de la nota N° CGE/GDS/GGMU-0947/2021 del 26 de abril de 2021, estableciéndose como fecha límite para la presentación de descargos el 12 de mayo de 2021; no obstante, no presentó aclaraciones, justificativos ni documentos de descargo. Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, el Representante Legal de la Empresa Pirámide S.R.L., mediante memorial recepcionado el 7 de mayo e 2021, ha impugnado el Informe Preliminar de Auditoría N° GS/EP11/S17 R1, solicitando expresamente dejar sin efecto el informe emitido por la CGE por haberse operado la prescripción de la obligación identificada como hallazgo, señalando expresamente en el último párrafo del punto I lo siguiente: “(…) no corresponde someterse al procedimiento de aclaración, debido a que someterse al mismo CONVALIDA el defecto (…)”; en consecuencia, los documentos presentados no se constituyen en descargos”.

En ese contexto, se puede observar, que desde un principio la parte impetrante de tutela tanto contra el Informe Preliminar GS/EP11/S17 R1, como contra el Informe Complementario GS/EP11/S17 C1, no interpuso los recursos establecidos por la Ley, como lo es las solicitudes o presentación de aclaraciones a dichos informes, con los cuales, la autoridad ahora demandad a momento de emitir el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, estaría en la obligación de dar una respuesta; empero, no se evidencia algún pliego en la que se haya hecho conocer los agravios a la autoridad ahora demandada para que la misma esté en la obligación de responder la misma, observándose que no existe una explicación de agravios en el presente caso.

En ese entrever, es posible necesario remitirnos inicialmente a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referido a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que, no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución, la cual refiere que dicho principio tiene dos acepciones, los cuales son:

“i.La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii.La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” Bajo ese marco, conforme a lo descrito en el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, y al no existir documento alguno de aclaración o exposición de agravios en contra de los Informes Preliminar GS/EP11/S17 R1; y, Complementario GS/EP11/S17 C1, se puede establecer que dicho Dictamen cuenta con la debida congruencia interna, por lo que ante la inexistencia de un documento que describa agravios sufridos por parte del ahora demandado, corresponde denegar la tutela solicitada. Ahora bien, luego de haber realizado el análisis al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, y abordando la problemática respectiva, es menester efectuar el análisis de los elementos de fundamentación y motivación, para lo cual, previamente debemos remitirnos a la obligación que tienen todas las autoridades sean estas judiciales o administrativas de emitir resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, como elementos que componen al debido proceso, la cual fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, que en relación a estos dos elementos indicó que:

“…la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.”.

En ese sentido, la autoridad ahora demandada, emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, determinando la cancelación de sumas de dinero, por lo que, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos: i. Sobre la fundamentación

El Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, a momento de determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, determinando la cancelación de sumas de dinero, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 31 inc. b) y c); y, 43 inc. a) de la Ley 1178; 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal; 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal; y, 52 del DS 23318-A En ese contexto, se puede evidenciar que la autoridad ahora demandada, a momento de emitir el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, fundamentó su decisión en las normas insertas en la Ley 1178, Ley del Sistema de Control Fiscal, Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, y DS 23318-A, justificando de manera legal su decisión, actuando conforme lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, se puede advertir que el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, cuenta con la debida fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela al respecto. ii. Respecto a la motivación

En ese contexto, la autoridad ahora demandada, al momento de emitir el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 y determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, determinando la cancelación de sumas de dinero, refirió que: a) Conforme a los Informes Preliminar GS/EP11/S17 R1 y Complementario GS/EP11/S17 C1, se estableció el hallazgo de responsabilidad civil, emergente de daño económico; y, b) Se establece indicios de Responsabilidad Civil Solidaria contra la Asociación Accidental “San Silvestre” conformada por la Empresa Pirámide SRL y Empresa Constructora S&L Ingenieros Ltda. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada cuenta con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y las razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno.

En ese contexto, en todo el contenido del Dictamen cuestionado no se encuentran justificaciones y argumentos con los que se hayan subsumido las normas utilizadas para la emisión de dicho Dictamen, ya que simplemente se limita a transcribir las normas legales que utilizó en su fundamentación; advirtiéndose que, no existe explicación de forma argumentada de las razones por las cuales determina los indicios de responsabilidad civil solidaria, menos emitió pronunciamiento o justificación alguna respecto a que si las multas o montos a cancelar por diferentes hechos, estaban o no sujetos simplemente a la norma legal, o también a los establecidos en el Contrato Administrativo de Obra, en la que se establece como un límite de multa del 20% del monto total del contrato, debiendo explicar si la sanción se acomodaba o no con los porcentajes establecidos en la norma legal y por consiguiente en el Contrato Administrativo de Obra, que conforme a la naturaleza del mismo, dicho documento también se constituye Ley entre partes, puesto en dicho Contrato está estipulado las causales de resolución y terminación del contrato, así como, las multas por morosidad y los porcentajes de dichas multas, aspectos que eran de obligatorio cumplimiento por parte de la autoridad ahora demandada a explicar dichos aspectos; empero, de forma oficiosa, nada lógica e injustificada se limitó a señalar que conforme a los Informes Preliminar GS/EP11/S17 R1 y Complementario GS/EP11/S17 C1, se establecía los indicios de responsabilidad civil solidaria, inobservando que toda Resolución sea administrativa o judicial debe garantizar el derecho al debido proceso en sus diferentes elementos configurativos o vertientes, como ser en el presente caso la motivación, otorgando el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación; en ese sentido, se evidencia que la el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, carece de la debida motivación con la que deben contar toda resolución, correspondiendo conceder la tutela al respecto. 2. Respecto a la segunda problemática

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso de Auditoría Especial realizado por la Contraloría General de Estado sobre el cumplimiento del plazo contractual en la construcción del Hospital Municipal, Distrital de Segundo Nivel Zona Pampa de la Isla Distrito Municipal 6 en el GAM de Santa Cruz, el ahora demandado, emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, determinando la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria, y por lo mismo, determinando la cancelación de sumas de dinero que infringen los límites de multas establecidos en el Contrato Administrativo de Obra que establece como un límite del 20% del monto total del contrato; empero, se lo sancionaba con porcentajes más altos, ya que al emitirse el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021, por el cual se aprobó los Informes de Auditoría GS/EP11/S17 R1 y GS/EP11/S17 C1, la autoridad ahora demandada no aplicó la norma especial en relación a auditorías gubernamentales sobre el contrato administrativo, regido exclusivamente por el DS 29190 y la Cláusula Trigésima Segunda del mismo contrato, en las que se establecen que las multas no puede superar el 20% del monto total del contrato, sin embargo, haciendo caso omiso a las normas especiales, se dispuso que la calificación de la responsabilidad civil por incumplimiento del contrato sea equivalente al 100% del valor contractual basándose en el art. 534 del Código Civil (CC), la cual es impertinente e inaplicable al caso. A ese respecto, en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica, el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional, establece que:

…se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado. La seguridad jurídica debe ser entendido como la certeza del derecho, que en su aplicación adquiere una connotación de convicción de inalterabilidad en situaciones similares, salvo en circunstancias previamente establecidas en la ley y mediante procedimientos igualmente legales y regulares, por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental (las negrillas fueron añadidas). En ese contexto, se puede evidenciar que la presente problemática tiene relación con el derecho al debido proceso en su elemento motivación, que como se observó, se establece que el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 carece de dicho elemento, por lo cual también se puede establecer, que en contenido no existe una explicación correcta de la aplicación objetiva de la ley, violentando no solo el principio de legalidad -en que el acto jurídico debe tener sustento legal- sino también el principio de seguridad jurídica -la certeza de la aplicación de la norma-; puesto que, en el contenido del Dictamen ahora en cuestion, no se evidencia trabajo intelectivo alguno que determine si la multa impuesta al ahora accionante es acorde a lo establecido en la Ley y de igual forma si es conforme lo determina las Cláusulas del Contrato Administrativo de Obra, que se constituye Ley entre las Partes, aspectos que debe ser debidamente explicado por la autoridad ahora demandada, correspondiendo conceder la tutela al respecto.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcial correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 120 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 306 a 308, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, relativo a la primera problemática; y, aplicación objetiva de la ley vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica en relación a la segunda problemática, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por consiguiente:

1.1° Se deja sin efecto el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-027/2021 de 31 de diciembre, emitido por el Contralor General del Estado, debiendo emitirse un nuevo Dictamen en el plazo de setenta y dos horas de notificado con la presente Resolución Constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia referido a la primera problemática, conforme a los argumentos establecidos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0316/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

6 Islas Montes, Roberto. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 97 año XV, 2009. Disponible en la página webhttps://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf.

7 Respecto a la seguridad jurídica el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, textualmente señala: “La seguridad jurídica" uniformemente entendida como "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio". (…) Que, el inc. a) del art. 7 de la Constitución Política del Estado consagra a la Seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el que disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos“. Jurisprudencia citada reiteradamente en las SC 194/2000-R de 2 de marzo, SC 0391/2003-R de 26 de marzo, SC 0753/2003-R de 4 de junio, SC 0373/2005-R de 14 de abril, SCP 0684/2013 de 3 de junio, SCP 0060/2016 de 24 de junio, entre otros.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0605_2024-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6594fb25af7c95495a925ad6fe64f809b695aee4a725814fdedbb7f0b5da93ba

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