Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023
Deniega la tutela
La accionante, denunció que las autoridades demandadas al imponerle la detención preventiva no consideraron la improcedencia de tal medida, conforme a la previsión contenida en el art. 232.I.8 del CPP; puesto que, es madre lactante de una niña menor de un año, de manera que tenían el deber de modular o agotar todas las posibilidades para aplicar otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0605/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47077-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ely Marilyn Choque Flores contra Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, y Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz del mismo departamento.
Por memorial presentado el 12 de abril de 2022, cursante de fs. 28 a 29 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos:
Fue denunciada por la presunta comisión del delito de trata de personas en grado de complicidad, investigación que se encuentra a cargo de la Fiscal de Materia ahora demandada y bajo el control cautelar del Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, quien dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, mediante Resolución 35/2022 de aplicación de medidas cautelares, que no consideró la previsión contenida en el art. 232.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, es madre lactante de una niña menor de un año; de manera que, las autoridades demandadas tenían el deber de modular o agotar todas las posibilidades para aplicar otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley, conforme señala la “SC 0120/2005-R de 2 de febrero”.
La impetrante de tutela no denuncia específicamente la lesión de ningún derecho y cita los arts. 6, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se dé estricta aplicación al precepto invocado.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de abril de 2022, conforme consta en el acta que cursa de fs. 62 a 63; presente la accionante asistida por su abogado, así como las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado de la impetrante de tutela se ratificó en su memorial de acción de libertad presentado y aclaró que la acción de defensa corresponde al Tribunal de El Alto, del departamento de La Paz.
Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, mediante memorial que cursa a fs. 53 a 54, informó que: a) Bajo su dirección, se tramita un proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de trata de personas, caso signado como 201102012200425; inicialmente, seguido contra Richard Choque Flores; y posteriormente, se incluyó a Elizabet Flores Paz y Ely Marilyn Choque Flores, a quienes se imputó en grado de complicidad; b) El 2 de febrero de 2022, se realizó la audiencia de medidas cautelares en contra de los dos últimas, emitiéndose la Resolución 35/2022; por la que, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, determinación que fue apelada en audiencia; c) Tal impugnación fue resuelta con Auto de Vista 109/2022 de 14 de febrero, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y fue declarada procedente en parte, únicamente en relación al art. 234.1 del CPP, manteniéndose en lo demás, la aplicación de las circunstancias señaladas por el art. 234 numerales 2 y 7, así como las previstas en el art. 235 numerales 1 y 2 de la misma norma procesal penal; d) Hizo notar que en la audiencia de medidas cautelares, se hizo conocer que la ahora accionante tendría un hijo menor de edad; sin embargo, fueron fundamentadas las razones, por las que no correspondía aplicar la previsión del art. 232 de la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019– en la presente causa; y, e) Hasta donde se ha descrito, se establece claramente que la impetrante de tutela, está interponiendo los recursos intraprocesales que prevé la ley; por lo que, resulta extraño que no pusiera en conocimiento del Tribunal de garantías, que el 17 de marzo de 2022, planteó incidente de cesación de la detención preventiva; y que, realizada la audiencia el 22 de similar mes y año, se pronunció la Resolución 78/2022, rechazando el incidente; decisión que fue impugnada, de manera que concedido el recurso de apelación, fue remitido ante el Tribunal de alzada el 28 de marzo de 2022, encontrándose pendiente de resolución; de manera que, no se observó la subsidiariedad, además de no haberse señalado qué derecho constitucional habría sido vulnerado. Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por memorial de fs. 55 a 56 vta., señaló que la accionante es investigada en el caso signado como 201102012200425, seguido por el Ministerio Público contra Richard Choque Flores y otros, por el delito de trata de personas previsto por el art. 281 bis del Código Penal (CP), y el art. 23 – complicidad – de la misma norma sustantiva.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 64 a 65 vta., denegó la tutela solicitada; exponiendo que, en el cuaderno jurisdiccional remitido a su conocimiento, se evidencia que en forma posterior a la emisión de la Resolución 35/2022 de aplicación de medidas cautelares, se planteó una apelación que fue resuelta por el Auto de Vista 109/2022 de 14 de febrero; y que posteriormente, Ely Marilyn Choque Flores presentó un incidente de cesación de la detención preventiva, que fue rechazado por Resolución 78/2022, contra la que interpuso recurso de apelación, que fue radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; recurso que, se encuentra pendiente de pronunciamiento por el Tribunal de apelación; razón por la que, la justicia constitucional se encuentra impedida de resolver en el fondo; considerándose asimismo, que la impetrante de tutela no ha fundamentado qué derecho o qué garantía constitucional habría sido vulnerado.
De la revisión de los actuados contenidos en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 35/2022 de 2 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, determinó la detención preventiva de la hoy accionante, por concurrencia de las circunstancias señaladas por el art. 234. Numerales 1, 2 y 7; así como, las previstas en el art. 235 numerales 1 y 2, ambos del CPP, señalando también que en el caso de Eli Marilyn Choque Flores no era posible la aplicación del art. 232.I.8 de la norma procesal penal vigente, por expresa previsión del parágrafo III de la señalada norma vigente con el texto aprobado por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, De Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra La Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–, decisión del juez del proceso que fue confirmada por el Auto de Vista 109/2022 de 14 de febrero, dejando sin efecto únicamente la circunstancia inserta en el art. 235.1 del CPP (fs. 15 a 24; y, 42 a 45). II.2. Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, la hoy impetrante de tutela, planteó incidente de cesación a la detención preventiva que fue rechazado en audiencia de 22 del mismo mes y año; en la que, se pronunció la Resolución 78/2022 e igualmente, se concedió el recurso de apelación formulado en el mismo acto por la defensa de la imputada (fs. 46; y 48 a 51). II.3. Mediante oficio de 24 de marzo de 2022, el Juez del proceso, remitió los antecedentes de la apelación incidental contra la Resolución 78/2022; impugnación que, fue recibida en el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, conforme consta del sello de recepción (fs. 52 y vta.).
La accionante, denunció que las autoridades demandadas al imponerle la detención preventiva no consideraron la improcedencia de tal medida, conforme a la previsión contenida en el art. 232.I.8 del CPP; puesto que, es madre lactante de una niña menor de un año, de manera que tenían el deber de modular o agotar todas las posibilidades para aplicar otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo al igual que la SCP 1474/2022-S4 de 7 de noviembre, haciendo un análisis de la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal, sobre la temática citada al exordio; concluyó que: “El extinto Tribunal Constitucional, expresó que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales, por cuanto esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, al existir dos resoluciones simultáneas tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional. En este sentido la SC 0608/2010-R de 19 de julio, precisó que: ‘...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico»’. Razonamiento que es ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, que de igual forma concluyó que: ‘Conforme prevé el art. 179.III de la CPE, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, institución que por mandato de lo establecido por el art. 196 de la Norma Suprema, velará por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene un estatus de órgano constitucional independiente y distinto al de los demás, de manera que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no está subordinado ni sometido sino a la Ley Fundamental y a las leyes; razón por la cual, todo ciudadano que pretenda acudir y activar a un órgano tan importante como es este Tribunal, debe hacerlo previamente acudiendo a instancias legales reconocidas y previstas por ley como sucedió en el presente caso; sin embargo, es deber del sujeto legitimado, el exigir la respuesta de su solicitud a la autoridad de la jurisdicción distinta a la constitucional, la cual en su efecto jurídico, puede restituir o restablecer el derecho presuntamente cuestionado y vulnerado. Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y «respondidas» en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar’. En ese orden, se tiene que nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado –entre otros– mediante medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados –y se encuentren pendientes de resolución– y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones” (las negrillas son nuestras).
La impetrante de tutela, denunció que las autoridades demandadas al imponerle la detención preventiva no consideraron que tal medida era improcedente en aplicación de la previsión contenida en el art. 232.I.8 del CPP; puesto que, es madre lactante de una niña menor de un año; de manera que, tenían el deber de modular o agotar todas las posibilidades para aplicar otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley. Los antecedentes que cursan en el proceso; así como, los conocidos en la audiencia de la presente acción de defensa, informan que el Ministerio Público sigue un proceso penal contra la solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de trata de personas en grado de complicidad; y que planteada la imputación formal, mediante Resolución 35/2022 de 2 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, determinó la detención preventiva de la hoy accionante, por concurrencia de las circunstancias señaladas por el art. 234 numerales 1, 2 y 7; así como, las previstas en el art. 235 numerales 1 y 2, ambos del CPP. La citada Resolución 35/2022, señala también, que en el caso de Eli Marilyn Choque Flores –madre de una niña menor de un año– no es posible la aplicación del art. 232.I.8 de la norma procesal penal vigente, por expresa previsión del parágrafo III.2 de la señalada norma (con el texto aprobado por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019); vale decir que, “los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del parágrafo I del presente Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos (…) 2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores”. Tal decisión del juez del proceso, fue confirmada por el Auto de Vista 109/2022 de 14 de febrero, dejando sin efecto únicamente la circunstancia inserta en el art. 235.1 del CPP; consecuentemente, se ratificó su detención preventiva, al ser las presuntas víctimas adolescentes y también mujeres.
Ahora bien, por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, la hoy impetrante de tutela, planteó incidente de cesación de la detención preventiva que fue rechazado en audiencia de 22 del mismo mes y año, en la que se pronunció la Resolución 78/2022; resultando relevante señalar que, luego de analizar los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva, y si existirían nuevos elementos de convicción aportados por la imputada, se consideró igualmente, que en la causa existe una menor de edad lactante que sería hija de la imputada, hoy solicitante de tutela, y que se reclama la aplicación de la improcedencia de la detención preventiva señalada por el art. 232.I.8 del CPP; no obstante, en la presente causa, siendo las víctimas adolescentes y mujeres, quienes por su situación de vulnerabilidad merecen la protección del Estado, haciendo aplicable la previsión contenida en el art. 232.III.2 de la misma norma procesal penal. Planteado recurso de apelación incidental en la misma audiencia, fue concedido por el Juez del proceso; constando también que, a través de oficio de 24 de marzo de 2022, el Juez del proceso, remitió los antecedentes de la impugnación, que fue recibida en el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz conforme consta del sello de recepción (fs. 52 y vta). Finalmente, el 12 de abril de similar año, se interpuso la acción de libertad en estudio; en la que, sin señalar la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales y haciendo referencia únicamente a la Resolución 35/2022 de 2 de febrero, se solicita que el Tribunal Constitucional Plurinacional ordene la aplicación estricta del precepto contenido en el art. 232.I.8 del CPP; es decir, declare la improcedencia de la detención preventiva de la accionante. Sobre la base de la información precedente y conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones para que ambas, al mismo tiempo, se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales, por cuanto esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, debido a que existirían dos resoluciones simultáneas tanto de la jurisdicción ordinaria como de la justicia constitucional, como ocurre en el caso en estudio; en el que, resulta evidente que la accionante, activó un medio de defensa (recurso de apelación incidental) previsto en el ordenamiento jurídico procesal penal para que se revierta la ordenada detención preventiva, porque considera que la medida impuesta es improcedente por ser madre de una niña menor de un año y en edad de lactancia; el cual, se encuentra pendiente de resolución; e igualmente, acudió a la justicia constitucional a través de la acción de libertad en estudio, buscando el mismo resultado.
Tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; debido a que, la entonces recurrente y hoy accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, de manera que inviabilizó la acción de defensa puesto que no se puede emitir un pronunciamiento de fondo por la vía de la acción de libertad cuando corresponde a la jurisdicción ordinaria, la resolución de su situación procesal, y únicamente, si persistiera alguna lesión, podrá solicitar a través de la vía constitucional, el restablecimiento de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En la presente acción de libertad, se observa que el Tribunal de garantías al pronunciar la Resolución venida en revisión, extrañó que la impetrante de tutela al formular su acción de defensa no hubiese mencionado cuál era la vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el marco de la protección que otorga la acción de libertad; respecto a lo cual, si bien la misma puede ser formulada con ausencia de formalidades, corresponde a las autoridades que ejercen la justicia constitucional, ordenar que dichos aspectos sean aclarados por quien pretende tutela en ocasión de la audiencia.
Por último, en cuanto a la actuación de la Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la solicitante de tutela, no ha proporcionado ningún hecho que pueda ser objeto de análisis y pronunciamiento. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0605_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d748db9ac8eae9125dc30af1a40e5c8a472ee5bfbad99cef169bec2ca546d0c
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