B.IA.LEGAL

SCP 0605/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46554-2022-94-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, a la libertad personal o de locomoción, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, a la salud, a la seguridad jurídica, a la petición, legítima defensa y presunción de inocencia y al principio de celeridad; debido a que, el Juez y Secretaria accionados, se niegan a otorgarle las fotocopias legalizadas del Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares que se le impuso en el proceso penal seguido en su contra, entre ellas, el arraigo, pues al ser un requisito que exige la Dirección de Migración perjudica el cumplimiento de esta medida y amenaza la restricción a su libertad, pues pretenden situarlo en indefensión y agravar su situación jurídica a través de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/22 de 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Con relación al debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0605/2023-S3 Sucre, 16 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46554-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/22 de 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Martín Camacho Chávez en representación sin mandato de Rómulo Calvo Bravo contra Primo Felipe Flores Rodríguez, “Juez de Instrucción Penal Quinto” y “Yobana” Espinoza Callaú Secretaria del “Juzgado de Instrucción Penal Noveno” ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 4 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, contribuciones y ventajas ilegítimas, el 16 de febrero de 2022, se determinó en audiencia de consideración de medidas cautelares “LA SUPUESTA AUTORÍA” y la aplicación de las siguientes medidas: a) La obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana; b) Una fianza económica en el monto de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos); c) Arresto domiciliario con permiso para trabajar de horas 7:00 a 21:00; d) La prohibición de comunicarse con testigos y determinadas personas; y, e) El arraigo ante la “Dirección de Migración”. Por lo que, al finalizar dicha audiencia interpuso de manera verbal recurso de apelación incidental, conforme lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debiendo remitirse antecedentes para el sorteo de la causa a una Sala Penal, en el plazo de veinticuatro horas. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad, transcurrió más de un mes desde que se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares y pese a que en reiteradas oportunidades solicitó por escrito que se le proporcione copias legalizadas del acta de audiencia, el Juez accionado; así como la Secretaria coaccionada, omiten atender este requerimiento, perjudicando así el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas “…PRETENDIENDO ÚNICAMENTE PONERME EN INDEFENSIÓN PARA LUEGO REVOCAR LAS MISMAS Y ORDENAR MI DETENCIÓN…” (sic) a tal extremo que el 16 de marzo de 2022, en presencia de tres testigos la auxiliar del Juzgado “5to Anticorrupción” manifestó que ‘“NUNCA LE IBAN A DAR LAS COPIAS LEGALIZADAS” (sic).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, a la libertad personal o de locomoción, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, a la salud, a la “seguridad jurídica” al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de libertad amplió la referencia de vulneración a sus derechos a la petición, legítima defensa y presunción de inocencia.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene al Juez accionado; así como a la Secretaria coaccionada, que en el día proporcionen copias legalizadas en cinco ejemplares del Acta de audiencia de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 13 a 15, presentes la parte peticionante de tutela; así como la autoridad accionada y en ausencia de la Secretaria coaccionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante sus abogados, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) Se encuentra cumpliendo las medidas cautelares que se le impuso; empero, con la finalidad de cumplir con el arraigo, se solicitó de manera verbal y escrita el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, debido a que es un requisito que exige la Dirección General de Migración; sin embargo, en reiteradas oportunidades incluso por escrito se les negó “…que se nos legalice las fotocopias del acta a través de la secretaria…” (sic), lo que imposibilita el cumplimiento de esta medida cautelar y pone en riesgo su libertad, ante la posibilidad de que se la revoque o agrave con su detención preventiva; 2) Conforme a ley y su derecho a la petición, no existe ninguna prohibición para negarle la entrega de fotocopias y que las mismas sean debidamente legalizas; por lo que, debió otorgarse las mismas, pero más allá de la negativa, el memorial por el que se solicitó fotocopias legalizadas “…no ha tenido salida y ha adjuntado como elemento de prueba esta acción constitucional que usted debe tener en este momento en sus manos una fotografía de libro diario del juzgado 5° anticorrupción y violencia contra la mujer…” (sic); 3) Tiene derecho a acceder al acta de audiencia solicitado porque es público, además de su derecho a cumplir las medidas cautelares impuestas “…en este caso su restricción es mínima como lo ha ordenado la autoridad jurisdiccional sin poner en riesgo su libertad” (sic); 4) Está siendo indebida e ilegalmente perseguido por una prohibición tan simple como la entrega de una fotocopia legalizada, dando a entender que se está provocando que se revoque su libertad y poniendo en riesgo este derecho; por lo que opera la acción de libertad que constituye un mecanismo extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, conforme lo establece la SCP 0037/2012 de 26 de marzo; 5) Se está vulnerando los derechos al debido proceso, libertad y presunción de inocencia, ya que se pretende privar de libertad a una persona que se encuentra en calidad de investigado y todavía no tiene una acusación en su contra; 6) La SC 0619/2005-R de 7 de junio, refiere que la acción de libertad puede resguardar la libertad personal, denunciando un procesamiento indebido, además de omisión indebida y amenaza de la autoridad pública a su libertad; y, 7) La autoridad accionada está obrando inclusive en contra de su propia resolución porque no se permite cumplir con las medidas cautelares que impuso solo a falta de este requisito.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Primo Felipe Flores Rodríguez, “Juez de Instrucción Penal Quinto” de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia solicitó que se deniegue la tutela, con base en los siguientes fundamentos: i) Es la parte impetrante de tutela la que se sitúa en indefensión, existe un instructivo que es de conocimiento de los litigantes y sobre el que ningún Colegio de Abogados se pronunció, el cual regula la implementación del sistema de su Juzgado y con base al cual desde su creación se procedió con la digitalización de expedientes, por lo que, las respuestas a sus memoriales se encuentran en tal sistema; ii) Su postura no es contradictoria a la Resolución de 16 de febrero de 2022, que resolvió la aplicación de medidas cautelares, debido a que en ese fallo no se ordenó que se les franquee fotocopias legalizadas para que realicen el trámite; iii) La parte peticionante de tutela realiza apreciaciones subjetivas y “exagera” al manifestar que dicha situación atentaría contra su libertad, pese a que no existe relación con este derecho, señalando además que esta autoridad judicial y secretaria dependiente de su despacho pretenderían que se revoque las medidas cautelares; y, iv) La defensa técnica del accionante conoce el procedimiento y que su recurso de apelación fue remitido en originales porque “…no ha proveído ni una copia y ahora solicita copias pero como se le ha indicado no le puedo dar copias de nada porque hay un expediente digital en el cual en el instructivo 029/2020 así lo dispone que todos los procesos se tramitan de manera digital…” (sic), por lo que mientras no sea resuelta la apelación no puede referirse a ningún cumplimiento de medidas cautelares ni “vulnerabilidad de sus derechos”; asimismo, su reclamo tampoco tiene relación con un indebido procesamiento. “Yobana” Espinoza Callaú, Secretaria del “Juzgado de Instrucción Penal Noveno” de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presento informe escrito, ni asistió a la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 18/22 de 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 16 a 18 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: a) El 16 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en las que se establecieron medidas de carácter personal al amparo de lo previsto en el art. 231 bis. del CPP, la cual fue objeto de recurso de apelación en el marco de lo dispuesto en el art. 251 del mismo Código, además para su cumplimiento el impetrante de tutela solicitó copias legalizadas del acta correspondiente, sin que a la fecha se tenga respuesta del Juez accionado; b) La acción de libertad planteada no se adecua a los presupuestos previstos en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) ya que el peticionante de tutela manifiesta que al haberse omitido la entrega de copias legalizadas del Acta de audiencia de medidas cautelares para el cumplimiento de las mismas se estaría agravando su situación jurídica y vulnerando su derecho al debido proceso; sin embargo su acción de defensa se basa en meras suposiciones, sin que hasta la fecha exista un acto que lesione los derechos que tutela la acción de libertad, máxime si el accionante formuló recurso de apelación ante el tribunal de alzada, lo que imposibilita la revocatoria por incumplimiento de las medidas cautelares sujetas a apelación; y, c) Se formuló la acción tutelar de manera errónea porque no se puede activar la vía constitucional sin que el objeto de tutela esté previsto en los presupuestos que exige la norma jurídica y la jurisprudencia constitucional, pues en el caso concreto cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben concurrir dos presupuestos, referidos a que el acto u omisión lesiva esté vinculado con la libertad del impetrante de tutela por considerar causa directa de su restricción o supresión; asimismo, debe existir absoluto estado de indefensión, es decir que el peticionante de tutela no haya tenido la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos en el proceso y que recién tuvo conocimiento de los mismos al momento de la persecución o privación de libertad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rómulo Calvo Bravo -hoy accionante- por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, ejercicio indebido de la profesión, contribuciones y ventajas ilegítimas, el prenombrado presentó memorial el 10 de marzo de 2022, al “…JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA PENAL ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NUMERO (5) DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ -ahora accionado-, solicitando que por Secretaría de su despacho, se ordene la extensión de copias legalizadas en doble ejemplar del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022 (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, a la libertad personal o de locomoción, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, a la salud, a la seguridad jurídica, a la petición, legítima defensa y presunción de inocencia y al principio de celeridad; debido a que, el Juez y Secretaria accionados, se niegan a otorgarle las fotocopias legalizadas del Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares que se le impuso en el proceso penal seguido en su contra, entre ellas, el arraigo, pues al ser un requisito que exige la Dirección de Migración perjudica el cumplimiento de esta medida y amenaza la restricción a su libertad, pues pretenden situarlo en indefensión y agravar su situación jurídica a través de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Con relación al debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad

En cuanto a la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades del debido proceso, la SCP 0010/2021-S3 de 10 de febrero, citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0547/2019-S1 de 16 de julio y 0139/2015-S3 de 19 de febrero que precisan el alcance y presupuestos de activación del debido proceso vía acción de libertad, señala: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal’”. Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.

En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional’. (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Inicialmente con carácter previo a la identificación del objeto procesal, resulta conveniente describir el contexto procesal en el que se circunscribe el mismo. Así, de los argumentos expresados y no refutados por los sujetos procesales en esta acción tutelar y el elemento de prueba descrito en la Conclusión de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, ejercicio indebido de la profesión, contribuciones y ventajas ilegítimas, el 16 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que el Juez accionado, determinó la imposición de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva para el accionante, entre ellas: 1) La obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana; 2) Una fianza económica en el monto de Bs30 000.-; 3) Arresto domiciliario con permiso para trabajar de horas 7:00 a 21:00; 4) La prohibición de comunicarse con testigos y determinadas personas; y, 5) El arraigo ante la Dirección General de Migración.

En tal contexto, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, a la libertad personal o de locomoción, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, a la salud, a la seguridad jurídica, a la petición, legítima defensa y presunción de inocencia y al principio de celeridad; debido a que, la autoridad accionada y la Secretaria coaacionada, se rehúsan a otorgarle las fotocopias legalizadas del Acta de audiencia de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022, que solicitó el 10 de marzo del mismo año, a fin de dar cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por el Juez accionado, entre ellas, el arraigo; pues al ser un requisito que exige la Dirección General de Migración, perjudica el trámite y cumplimiento de esta medida y amenaza la restricción a su libertad, pues pretenden situarlo en indefensión y agravar su situación jurídica a través de su detención preventiva.

Precisado así el objeto procesal, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para conocer y resolver vía acción de libertad las denuncias de procesamiento ilegal o indebido -como ocurre en el caso concreto- este Tribunal exige la concurrencia de dos presupuestos establecidos en ese lineamiento jurisprudencial, referentes a: i) El acto lesivo, debe estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. Bajo estos lineamientos jurisprudenciales, se puede concluir que la denuncia que atañe al presente caso de presunta irregularidad procesal de desatención a su requerimiento de extensión de fotocopias legalizadas, no incide directamente en la restricción o supresión del derecho a la libertad del peticionante de tutela; en razón a que se le impuso medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, pero sustancialmente porque sobre este aspecto la parte accionante justifica la amenaza al ejercicio de este derecho, con base a conjeturas de que se agravaría su situación jurídica y consiguiente restricción de libertad a través de una futura medida incierta de detención preventiva que puede o no concretarse, pues se considera también que para arribar a esta determinación se requiere de un despliegue procesal previo que amerita el análisis de circunstancias propias a la causa penal y el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP. De manera que, al fundarse dichas aseveraciones en posibilidades sobre las que no se tiene objetividad no puede este Tribunal adoptar estas aseveraciones como sustento para establecer la relación directa con la libertad que se exige como presupuesto de procedencia para analizar vía acción de libertad el indebido e ilegal procesamiento que se denuncia; en definitiva, queda claro que las supuestas omisiones lesivas de derechos que el impetrante de tutela denuncia, no operan como la causa directa de la restricción o supresión del derecho a la libertad del peticionante de tutela; por ende, no se cumple el primer presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

En esa misma línea de análisis, tampoco se constata que el accionante en el proceso penal que se le sigue se encuentre en un estado de absoluta indefensión o inclusive se haya limitado su derecho a la defensa; a través de habérsele coartado alguna garantía mínima con las cuales se efectiviza, entre otras, mediante la limitación de contar con defensa técnica y personal en resguardo de los intereses y derechos que invoca o se le haya restringido la posibilidad de interponer un recurso intraprocesal contra las determinaciones asumidas por los accionados. De manera que, se incumple el segundo presupuesto para tutelar la denuncia de procesamiento ilegal o indebido a través de acción de libertad; consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada; sin perjuicio de que el impetrante de tutela active los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal en la vía ordinaria para el reclamo de las presuntas irregularidades del debido proceso ahora denunciadas y en su defecto, si considera que las irregularidades denunciadas persisten, pueda acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que constituye la vía idónea para la tutela del derecho al debido proceso no vinculado a la libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/22 de 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0605_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8b689a7798c11423e8a34b74a5eeff796300e84f1eaa78c967a7899dd0764468

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →