B.IA.LEGAL

SCP 0604/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57770-2023-116-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al trabajo, al debido proceso; a impugnar, educación, la salud y la familia; garantías de protección oportuna y efectiva, presunción de inocencia; y, principios del vivir bien y seguridad jurídica; debido a que: 1) Fue sancionado disciplinariamente por un hecho ocurrido en día de descanso, cuando se encontraba vestido de civil e intervino como particular para auxiliar a una persona agredida.; sin embargo, el art. 6 de la LRDPB establece que la responsabilidad disciplinaria únicamente procede por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de las funciones policiales. No obstante, mediante las Resoluciones 08/2014 y 15/2015, el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija y el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana aplicaron indebidamente las faltas previstas en los arts. 14.5 y 6 de la referida Ley, conculcando los principios de legalidad y tipicidad; 2) Las resoluciones que definieron su situación disciplinaria (baja temporal) nunca le fueron notificadas personalmente, situación que le impidió conocer su contenido, ejercer oportunamente los recursos de impugnación que la ley le franquea y, en consecuencia, defender sus derechos. Esta omisión constituye una vulneración al debido proceso en su vertiente de notificación y al derecho a la defensa; y, 3) Mediante providencia de 28 de octubre de 2022, el Presidente a.i. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Alfredo Jaimes Terrazas e Israel Ramiro Campero Méndez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del cómputo del principio de inmediatez frente a decisiones que resolvieron el planteamiento de medios inidóneos
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57770-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 137/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roger Gustavo Rojas Choque contra Álvaro Marcelo Flores López, Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 de febrero y 20 de marzo de 2023, cursantes de fs. 49 a 57; y, 62 a 66 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de septiembre de 2014, encontrándose en día de descanso y vestido de civil, se constituyó junto a otro compañero en un establecimiento del municipio de Bermejo del departamento de Tarija. En dicho lugar, intervino como particular para auxiliar a una persona que era agredida por otros dos sujetos. Producto de este incidente, fue aprehendido por funcionarios policiales, y conducido a dependencias de la Policía Rural y Fronteriza de Bermejo, siendo sindicado de agredir a la persona que pretendía auxiliar; asimismo, fue puesto a disposición del Ministerio Público sin que, según su afirmación, se le hubiera brindado la oportunidad de ser escuchado o de ejercer su defensa. A raíz del referido hecho, el Comando Departamental de Tarija de la Policía Boliviana inició de oficio un proceso disciplinario contra el accionante, imputándole las faltas previstas en el art. 14.5 y 6 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-relativas a: “5) Ejecutar tratos inhumanos crueles o degradantes, aficiones de tortura, atentando contra los derechos humanos”; y, “6) Incumplir los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza”. Como resultado de dicho proceso, el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana emitió la Resolución 08/2014 de 27 de noviembre, sancionando al accionante con la baja definitiva sin derecho a reincorporación. Posteriormente, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante Resolución 15/2015 -no indica fecha-, modificó la sanción disponiendo la baja temporal. Asimismo, ambas resoluciones fueron dictadas con vulneración de sus derechos, toda vez que: a) El hecho ocurrió cuando se encontraba en día de descanso y no en el ejercicio de sus funciones, como exige el art. 6 de la LRDPB para la configuración de una falta disciplinaria; b) Las faltas imputadas no se adecúan a su conducta; y, c) Se le procesó disciplinariamente por un hecho que también fue conocido por la justicia ordinaria, donde no se estableció su responsabilidad penal. Por otro lado, las resoluciones que definieron su situación administrativa, en particular la Resolución 15/2015, nunca le fueron notificadas personalmente, lo que le impidió conocer su contenido y ejercer oportunamente los recursos de impugnación que franquea el ordenamiento jurídico. Ante dicha situación, refiere haber presentado memoriales solicitando: 1) Su reincorporación a la Policía Boliviana; y, 2) La notificación personal con las resoluciones que dispusieron su baja. Sin embargo, mediante providencia de 28 de octubre de 2022, emitida por el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, dichas solicitudes fueron denegadas bajo el argumento de no cumplir con las formalidades exigidas.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la petición, al trabajo, al debido proceso, a impugnar, garantías de protección oportuna y efectiva, presunción de inocencia; y, principios del vivir bien y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8.I, 24, 46.I.1 y 2, 109.I, 115, 116.I, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, por consiguiente: i) Se disponga su reincorporación a la Policía Boliviana; ii) Se ordene la restitución de sueldos y salarios, así como beneficios sociales; y, iii) Se disponga el pago de daños y perjuicios, estimados en la suma de Bs60 000.- (sesenta mil bolivianos), así como por gastos procesales e iguala profesional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 77 a 80; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliando en audiencia, refirió que: a) Al no haber sido notificado con la Resolución 08/2014 ni con el Auto Ejecutorial 35/2015 de 23 de marzo, se mantuvo en estado de indefensión, desconociendo si correspondía o no su reincorporación a la institución policial; b) Presentó memoriales ante la institución policial solicitando su reincorporación y la notificación personal con las resoluciones que definieron su situación laboral, sin obtener respuesta favorable. Destacó que la última negativa se materializó mediante providencia de 28 de octubre de 2022, emitida por el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, misma que constituye el acto que habilita la presente acción constitucional; c) Si bien no interpuso recurso de apelación contra la Resolución 08/2014, ello se debió a la ausencia de notificación personal con dicho acto, lo que le impidió conocer su contenido y ejercer oportunamente los medios de impugnación. Asimismo, con la providencia de 28 de octubre de 2022, al denegar sus solicitudes de notificación y reincorporación, agotó la vía administrativa y habilitó la interposición de la presente acción tutelar, conforme a los entendimientos de la SC 0855/2005-R de 27 de julio; d) Fue suspendido indefinidamente mediante Resolución Administrativa (RA) 008/2014 de 18 de septiembre, es decir, cuatro días antes de que se dictara el Requerimiento de Inicio de Investigación -22 de igual mes y año-, lo que evidencia una vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia, al haberse anticipado un criterio sancionatorio sin que exista un proceso previo; e) Se vulneraron adicionalmente los derechos a la educación, la salud y la familia, toda vez que la sanción disciplinaria afectó de manera transversal su proyecto de vida del accionante; y, f) A la consulta de la Sala Constitucional respecto a si desde el 2015 ya no era Suboficial de la Policía Boliviana, respondió que sí, desde el 2015. Asimismo, que no había vuelto todavía a dicha entidad. Cuando se repitió la consulta: "¿No ha vuelto?", explicó que: “…Me han dado resoluciones, uno que era la suspensión por dos años y otro la baja definitiva” (sic). Finalmente, a la consulta de qué había hecho desde el 2015, cuando le dieron la resolución respondió que estaba intentando volver.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Álvaro Marcelo Flores López, Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante informe escrito cursante de fs. 72 a 73 vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando que: 1) La Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es una normativa dirigida única y exclusivamente a los servidores públicos policiales, ámbito en el que se enmarca el procesamiento del accionante; 2) El impetrante de tutela fue investigado y procesado en dos causas distintas: i) El caso Tj-002/2014, por transgresión del art. 14.5 y 6 de la LRDPB, que concluyó con la Resolución 08/2014, ejecutoriada mediante Auto Ejecutorial 35/2015; y, ii) El caso “03/2014”, por transgresión del art. 12.19 de la misma Ley, que concluyó con la Resolución de Primera Instancia 015/2015 de 15 de junio, ejecutoriada mediante Auto Ejecutorial 077/2015 de 3 de noviembre. Ambas resoluciones fueron remitidas al Comando General de la Policía Boliviana para su ejecución y cumplimiento; 3) El peticionante de tutela, en su condición de ex servidor público policial, tenía pleno conocimiento de los procesos disciplinarios instaurados en su contra, más aún cuando nunca perdió su condición de servidor público al momento de cometer la infracción disciplinaria; 4) La suspensión indefinida dispuesta mediante RA 008/2014 no constituyó una sanción disciplinaria, sino una medida adoptada por el Comandante Departamental de Tarija de Policía Boliviana en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la LRDPB, ante la existencia de mandamiento de detención preventiva por el delito de lesiones graves y gravísimas contra el accionante; 5) Las resoluciones que cerraron el circuito procesal fueron las 08/2014 de 27 de noviembre y 015/2015 de 15 de junio, ambas emitidas por el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, por lo que la acción de amparo constitucional, interpuesta en 2023, incumple el principio de inmediatez. La providencia de 28 de octubre de 2022 constituye un acto de mero trámite y comunicación, que no reabre ni modifica los plazos para la interposición de la acción tutelar; 6) La acción de amparo constitucional no identifica con claridad cuál es el acto u omisión ilegal atribuida, ni precisa la pretensión procesal en el sistema disciplinario policial; 7) Los procesos disciplinarios se desarrollaron en plenitud, cumpliendo las etapas previstas en el art. 50 de la LRDPB, con estricta observancia de los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, entre otros consagrados en los arts. 49 y 91 de dicha normativa; y, 8) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1089/2014 de 10 de junio y 0094/2012 de 19 de abril, establecen que los miembros de la Policía Boliviana, por la naturaleza de su función, se encuentran sometidos a un régimen disciplinario especial, pudiendo ser procesados y sancionados ante inconductas funcionales.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 137/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 81 a 85, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La pretensión jamás debió ser admitida, al no cumplir con los requisitos mínimos de forma y fondo para la sustentación de una acción de amparo constitucional, resultando improponible; b) Existe un error de fondo al haberse convocado al Comandante General y al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, ambos de la Policía Boliviana, sin advertir que no se acreditó que dichas autoridades hubieran generado el acto lesivo; c) La acción de amparo constitucional no demostró que la baja dispuesta fuera ilegal, indebida, irracionalmente valorada, mal fundamentada, o que no se hubiera convocado al accionante; d) El impetrante de tutela reconoció en audiencia haber sido notificado con las resoluciones sancionatorias ejecutoriadas en 2015, sin haber interpuesto acción tutelar alguna. Al haber transcurrido más de cinco años entre dicha ejecutoria y la interposición de la acción amparo constitucional en 2023, se incumplió flagrantemente el principio de inmediatez; e) El peticionante de tutela pretende habilitar el plazo para la acción tutelar con base en la providencia de 28 de octubre de 2022, la cual constituye un acto de mero trámite que no guarda relación directa con la decisión de fondo de 2015; f) Al no haber sido impugnadas oportunamente, las resoluciones disciplinarias adquirieron ejecutoria y fueron convalidadas por la pasividad del accionante, configurándose actos consentidos que tornan improcedente la acción tutelar; y, g) En razón de los incumplimientos descritos, no existe parámetro alguno para conceder la tutela solicitada, recomendando al impetrante de tutela acudir a las vías legales idóneas para la defensa de sus derechos, en caso de que estos persistan.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 89 a 91); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa RA 008/2014 de 18 de septiembre, emitida por Ernesto Michel Mendoza, Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, disponiendo en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la LRDPB, la suspensión indefinida de Roger Gustavo Rojas Choque -ahora accionante- por encontrarse cumpliendo la medida de detención preventiva ordenada por el Juez de Instrucción Mixto Cautelar Tercero de Bermejo del departamento de Tarija, mediante Mandamiento de Detención Preventiva “10/2024”, dentro de la causa penal seguida contra este último por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 del Código Penal (CP [fs. 17 a 18]). II.2. Consta Resolución 08/2014 de 27 de noviembre, dictada por Erick Never Paniagua Carballo, Presidente; Freddy Oros Mendoza y Eustaquio Choque Cuenca, Vocales Permanentes del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, dentro del proceso disciplinario 07/2014 caso Tj-002/2014, disponiendo la baja definitiva del impetrante de tutela y otro, de la institución sin derecho a reincorporación por haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en el art. 14.5 y 6 de la LRDPB (fs. 37 a 41 vta.). II.3. Cursa Auto Ejecutorial 35/2015 de 23 de marzo, emitido por el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, disponiendo la ejecutoria de la Resolución 08/2014, caso Tj-002/2014, al no haber sido objeto de apelación dentro del plazo establecido por el art. 96 de la LRDPB (fs. 42). II.4. Consta memorial de 28 de julio de 2022, sin cargo de recepción, según el cual el peticionante de tutela solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana, su reincorporación al servicio activo en la institución verde olivo y la asignación de funciones, dentro del caso Tj-002/2014, denunciando irregularidades e ilegalidades advertidas en este proceso (fs. 43 a 46 vta.). II.5. Asimismo, consta memorial presentado el 27 de octubre de 2022, por el que el accionante solicitó al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana se lo notifique personalmente con el Auto Ejecutorial 35/2015, además de copias legalizadas de este y la Resolución 08/2014, así como de las notificaciones realizadas hacia su persona (fs. 47 y vta.). II.6. Cursa decreto de 28 de octubre de 2022, emitido por Álvaro Marcelo Flores López, Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora demandado-, señalando en respuesta al memorial del peticionante de tutela: “…el cuaderno procesal signado con el Caso Nº 002/2014 (…), a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriado, constituyéndose el citado caso para este Tribunal Disciplinario Superior en cosa juzgada y una verdad jurídica, no existiendo mayor pronunciamiento al respecto” (sic); y, con relación a las solicitudes de copias legalizadas de las resoluciones dictadas contra el accionante, invocando el art. 14 de la LRDPB, donde se establezca la legalidad de las mismas, señaló que: “…resulta ser ambiguo, en razón de que el Art. 14 de la Ley 101 tiene el nomen iuris (FALTAS GRAVES CON RETIRO O BAJA DEFINITIVA), por consiguiente la aplicación del mismo no corresponde a un proceso que ya fue ejecutoriado, por lo que el impetrante deberá adecuar cual su pretensión en específico” (sic [fs. 48]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al trabajo, al debido proceso; a impugnar, educación, la salud y la familia; garantías de protección oportuna y efectiva, presunción de inocencia; y, principios del vivir bien y seguridad jurídica; debido a que: 1) Fue sancionado disciplinariamente por un hecho ocurrido en día de descanso, cuando se encontraba vestido de civil e intervino como particular para auxiliar a una persona agredida.; sin embargo, el art. 6 de la LRDPB establece que la responsabilidad disciplinaria únicamente procede por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de las funciones policiales. No obstante, mediante las Resoluciones 08/2014 y 15/2015, el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija y el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana aplicaron indebidamente las faltas previstas en los arts. 14.5 y 6 de la referida Ley, conculcando los principios de legalidad y tipicidad; 2) Las resoluciones que definieron su situación disciplinaria (baja temporal) nunca le fueron notificadas personalmente, situación que le impidió conocer su contenido, ejercer oportunamente los recursos de impugnación que la ley le franquea y, en consecuencia, defender sus derechos. Esta omisión constituye una vulneración al debido proceso en su vertiente de notificación y al derecho a la defensa; y, 3) Mediante providencia de 28 de octubre de 2022, el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora demandado- denegó su solicitud de reincorporación a la institución policial, así como la notificación personal con las resoluciones que dispusieron su baja, bajo un argumento formalista al considerar que no cumplía con las exigencias requeridas. Dicha decisión omitió considerar que la ausencia de notificación personal le había impedido conocer oportunamente su situación jurídica, y que su derecho a la petición exigía una respuesta material y oportuna, no un rechazo sustentado en meras formalidades. La autoridad demandada, frente a dichas denuncias, manifestó que: i) El accionante fue investigado en dos procesos distintos; el primero, por incurrir en las faltas previstas en los arts. 14.5 y 6 de la LRDPB, y el segundo por la falta contemplada en el art. 12.19 de la misma norma, ambos concluyeron con resoluciones ejecutoriadas; ii) Las sanciones fueron consentidas por el impetrante de tutela, quien tenía pleno conocimiento de los procesos disciplinarios seguidos en su contra y se mantuvo en pasividad durante todo ese tiempo; iii) La suspensión indefinida no constituyó una sanción disciplinaria, sino que fue dispuesta en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la LRDPB, ante la existencia de una resolución judicial que ordenaba la detención preventiva del disciplinado dentro de un proceso penal seguido en su contra; y, iv) Se incumplió el principio de inmediatez, ya que los actos de cierre de los procesos disciplinarios son las resoluciones emitidas por el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, y no el proveído de mero trámite que ahora reclama el impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del cómputo del principio de inmediatez frente a decisiones que resolvieron el planteamiento de medios inidóneos

Con relación al inició del cómputo del plazo de los seis meses cuando se impugnan resoluciones judiciales o administrativas y la no suspensión del plazo a través de la interposición de recursos inidóneos, la SCP 0950/2014 de 23 de mayo, fundado a su vez en el razonamiento desarrollado en la SC 0079/2007-R de 23 de febrero, menciona que: “En este entendido, el principio de inmediatez, sustentado el mismo en el principio de preclusión de los derechos para demandar, implica que la acción de amparo puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial idónea, ya que no se puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a disposición en forma indefinida a efecto de la tutela de derechos y garantías constitucionales. Consecuentemente, cuando se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos, toda vez que cuando se reclama ante instancias no competentes, por medios inidóneos o de forma extemporánea, éstos no interrumpen el plazo establecido de caducidad en las acciones de amparo constitucional, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica que impida la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional” (las negrillas son añadidas). En consecuencia, el art. 129.II de la CPE en concordancia con el art.

55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) establecen de manera taxativa que el plazo de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional se computa desde la comisión del acto vulnerador o desde la notificación de la última decisión judicial o administrativa idónea, criterio reforzado por la jurisprudencia constitucional referente a que el principio de inmediatez exige que dicho plazo se cuente exclusivamente a partir de resoluciones impugnadas mediante medios idóneos y legalmente previstos, ya que la interposición de recursos inidóneos ante instancias incompetentes o en forma extemporánea no suspende ni interrumpe el cómputo del plazo caducidad establecido para acceder a la tutela.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela cuestiona los actos administrativos disciplinarios que derivaron en su suspensión indefinida, baja definitiva y baja temporal de la Policía Boliviana, así como la falta de notificación oportuna de dichas resoluciones. En síntesis, denuncia la vulneración del debido proceso y otros derechos conexos, pretendiendo su reincorporación en dicha entidad, la restitución de sus remuneraciones y el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, antes de ingresar al fondo de la controversia, resulta imprescindible verificar el cumplimiento del principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional y su procedencia, conforme a los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo. En esa línea, de la relación procesal evidenciada conforme a los elementos de prueba que cursan en el expediente, se tiene que mediante RA 008/2014 de 18 de septiembre, el Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana dispuso la suspensión indefinida del accionante, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la LRDPB, al encontrarse cumpliendo detención preventiva ordenada en el proceso penal seguido en su contra (Conclusión II.1). Posteriormente, dentro del proceso disciplinario caso Tj‑002/2014, el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana dictó la Resolución 08/2014 de 27 de noviembre, imponiendo la baja definitiva del accionante sin derecho a reincorporación (Conclusión II.2). Dicha Resolución adquirió ejecutoria mediante Auto Ejecutorial 35/2015 de 23 de marzo, al no haber sido apelada dentro del plazo legal (Conclusión II.3). Adicionalmente, en el proceso disciplinario caso 03/2014 se emitió la Resolución de Primera Instancia 015/2015 de 15 de junio, que dispuso su baja temporal, la cual también quedó ejecutoriada por Auto Ejecutorial 077/2015 de 3 de noviembre. De lo expuesto se evidencia que todos los actos sustanciales que definieron la situación jurídica del accionante fueron dictados entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015, quedando ejecutoriados a más tardar en esta última fecha. Ahora bien, en cuanto al conocimiento de dichos actos, el accionante al ser consultado por la Sala Constitucional si desde 2015 ya no era Sub Oficial de la Policía, respondió afirmativamente. Seguidamente, ante la pregunta de si desde esa fecha ya no había podido ingresar a “los partes” ni a nada relacionado, el impetrante de tutela contestó que no había vuelto todavía a dicha entidad. Cuando el Vocal repitió: “¿No ha vuelto?”, el accionante manifestó: “…Me han dado resoluciones, uno que era la suspensión por dos años y otro la baja definitiva” (sic). Finalmente, se le preguntó qué había hecho desde ese año, fecha en que le fue otorgada la Resolución, manifestó que estaba intentando volver. Este reconocimiento, proveniente de quien ejerce la legitimación activa, resulta determinante, pues desvirtúa su alegación de indefensión por falta de notificación y demuestra que tuvo conocimiento material de los actos lesivos desde el 2015, fecha en que, además, quedaron ejecutoriados. Pese a ello, recién en 2022 el accionante presentó solicitudes de reincorporación y de entrega de copias (Conclusiones II.4 y II.5). En respuesta a una de esas solicitudes, mediante decreto de 28 de octubre de 2022, la autoridad demandada señaló que el caso se encontraba ejecutoriado, constituyéndose en cosa juzgada y que no correspondía mayor pronunciamiento (Conclusión II.6). De manera que, las actuaciones en sede administrativa orientadas a obtener copias o a cuestionar la ejecutoria de las resoluciones, no constituyen actos idóneos para interrumpir o reabrir el cómputo de la caducidad de la acción de amparo constitucional. El plazo de los seis meses se computa desde el momento en que se tuvo conocimiento del acto lesivo; esto es, 2015 y no se suspende por gestiones administrativas posteriores que no sean las vías impugnativas propias del proceso disciplinario. Así lo ha establecido el precedente glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al señalar que solo los mecanismos de impugnación idóneos y previstos en la normativa suspenden el cómputo del plazo de caducidad. En este sentido, la inactividad prolongada del accionante quien solo se manifestó en 2022 con la presentación de sus solicitudes de reincorporación y copias de las resoluciones sancionatorias y en 2023 con la interposición de la presente acción tutelar; evidencia, la caducidad de su derecho a interponer este mecanismo de defensa. Aun cuando pudiera sostenerse una eventual irregularidad en las notificaciones realizadas con las resoluciones sancionatorias y la medida de suspensión indefinida, el conocimiento efectivo de su existencia desde 2015 -admitido expresamente- impide la activación de la tutela varios años después, pues ni las autoridades de la jurisdicción disciplinaria de la Policía Boliviana, ni la jurisdicción constitucional pueden estar de manera indefinida a disposición de las partes procesales. Ello resulta incompatible con la protección urgente que persigue la acción de amparo constitucional y desnaturaliza su finalidad. Por tanto, al haber transcurrido más de siete años desde que el accionante tuvo conocimiento de los actos lesivos -2015- hasta la interposición de la presente acción tutelar -15 de febrero de 2023-, se configura la causal de improcedencia por incumplimiento del plazo de los seis meses de caducidad, resultando innecesario ingresar al análisis de fondo sobre las presuntas vulneraciones a derechos, garantías y principios conexos.

III.3. Otras consideraciones

La acción de amparo constitucional fue presentada el 15 de febrero de 2023 (fs. 49 a 57) y subsanada el 20 de marzo del citado año (fs. 62 a 66 vta.). Empero, pese a que el art. 56 del CPCo dispone que la audiencia debe señalarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la interposición de la acción, esta se celebró recién el 14 de junio de 2023 (fs. 77 a 80), transcurriendo aproximadamente cuatro meses. A ello se suma que la remisión de antecedentes a este Tribunal se realizó el 24 de agosto de 2023 (fs. 86). Dicha demora evidencia falta de celeridad e incumplimiento de plazos procesales, por lo que corresponde llamar la atención a los miembros de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Alfredo Jaimes Terrazas e Israel Ramiro Campero Méndez, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0604_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): db324c8f8cf789707e9baec032efbc337029b491e41d190d59b22571c21cc5eb

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