Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de 4 de marzo, que dispuso su reincorporación a su mismo puesto laboral que tenía y el pago de salarios devengados y otros derechos sociales; siendo verificado ese extremo mediante el Informe emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 265/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada de manera provisional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. 2° Denegar con relación al pago de gastos judiciales, así como respecto a la condenación de costas y costos, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2024-S3 Sucre, 2 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51449-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 265/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alex Álvaro Castillo Condori contra Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 a 38, manifestó lo siguiente:
Ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el Servicio de Transporte Municipal (SETRAM), como “ANFITRION” de los buses municipales Pumakatari, suscribiendo su primer contrato el 31 de mayo de 2019, permaneciendo en dicho cargo hasta el 31 de diciembre de 2021, habiendo suscrito a lo largo de su relación laboral seis contratos de trabajo con la referida entidad municipal; los cuales no fueron visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por lo que, no adquirieron eficacia jurídica conforme el art. 22 de la Ley General del Trabajo (LGT), siendo el servicio prestado una tarea permanente de la mencionada entidad municipal. En ese contexto, el 31 de diciembre de 2021, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del SETRAM, prescindió de sus servicios; por lo que, acudió a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación laboral y el pago de salarios devengados; en consecuencia, la referida Jefatura citó al Alcalde hoy accionado para la audiencia de reincorporación de 14 de febrero de 2022, a la conclusión del mismo, el Inspector de la indicada Jefatura, emitió el “..INFORME:MTEPS-DGAA-UA-ZAC-0007-INF/22”…(sic), con base al cual -falta página 4 del memorial de acción de amparo constitucional-, se entiende que se emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de 4 de marzo, disponiendo su reincorporación a su fuente laboral con el pago de sueldos devengados y otros beneficios sociales, siendo notificado el mencionado Alcalde el 11 de marzo de 2022, quien no cumplió “hasta la fecha” dicha determinación; asimismo, le hicieron firmar un Contrato Eventual Para Personal No Permanente STM-1179/2022 de 31 de mayo, con el pretexto de que no existiría presupuesto y con la falsa promesa de que ese contrato seria ampliado de forma indefinida; puesto que, ante la necesidad del trabajo, teniendo una familia que depende de su salario tuvo que aceptar, incumpliéndose de ese modo la citada Conminatoria de reincorporación laboral con la consiguiente vulneración de sus derechos laborales y sociales.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 13.I, 15.I, 46.I y 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene: a) Al Alcalde hoy accionado, el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de 4 de marzo, procediendo a su reincorporación en el mismo cargo de “ANFITRION” del SETRAM, con el pago de sueldos y salarios, además de derechos sociales devengados desde la fecha de su ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva; y, b) Se condene al pago de gastos judiciales, costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 190 a 193, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que existió vulneración del derecho a la vida, el cual goza de mayor protección nacional e internacional; puesto que, tendría bajo su dependencia a sus padres que serían de la tercera edad y hermanos menores de edad, incluido a su familia, es así como se afectó su derecho al trabajo en su elemento de estabilidad laboral, con el despido injustificado.
Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 78 a 84, manifestaron que: 1) El accionante prestó sus servicios en la citada entidad municipal desde junio de 2019, bajo contratos de trabajo a plazo fijo de manera eventual, suscritos durante las gestiones 2020 y 2021 por ‘“necesidad de servicio”’, de acuerdo a los recursos asignados en el SETRAM; 2) Suscribió el Contrato a Plazo Fijo STM-459/2021 de 14 de diciembre, como empleado municipal eventual dependiente del SETRAM en el cargo de “ANFITRION” con un salario mensual de Bs2 976.- (dos mil novecientos setenta y seis bolivianos); no obstante, a la finalización de ese contrato recurrió a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, obteniendo la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 que conminó a su inmediata reincorporación por estabilidad laboral al mismo puesto que ocupaba como “ANFITRION” del SETRAM bajo dependencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan; 3) En cumplimiento de dicha Conminatoria, la referida entidad municipal, emitió el Contrato Eventual Para Personal No Permanente STM-1179/2022, con plazo del 1 al 30 de junio de 2022, en el cargo de Asistente de Cobro, Asistencia a los Usuarios en Rutas y Paradas con un salario mensual de Bs2 976.-; aunque según el informe SETRAM A.L. 132/2022 de 20 de ese mes, se concluyó que no se podía pagar salarios devengados con la Partida 121; en consecuencia, existe la teoría del hecho superado; puesto que, ya se cumplió con la Conminatoria de reincorporación laboral; 4) Se interpuso recurso de revocatoria contra la citada Conminatoria, la cual fue resuelta mediante la Resolución Administrativa (RA) 271-22 de 22 de abril de 2022, confirmando la referida Conminatoria; asimismo, contra esa determinación a su vez interpusieron el recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución Ministerial (RM) 1107/22 de 20 de septiembre de 2022, que confirmó totalmente la RA 271-22; por consiguiente, la mencionada Conminatoria, incurriendo en una contradicción, al ordenar reincorporar al accionante a su primer puesto de “ANFITRION” y no así a su segundo cargo de Asistente de Cobro; 5) De acuerdo a la Cláusula Quinta de su último contrato, la relación laboral del accionante no está sujeta a la Ley General del Trabajo sino al Estatuto del Funcionario Público, debiendo remitirse en todo momento al art. 6 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- concordante con el art. 60 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001; art. 9 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992 y el Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; siendo más específico el art. 6 de la Ley 2027 que: ‘“…No están sometidas al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regularán por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios…”’’ (sic), lo propio reitera el DS 26115. En esa misma línea, el art. 5 del Decreto Municipal (DM) 007 de 17 de junio 2013, de Reglamento de Contratación de Personal Eventual, señala: ‘“…Se considera empleado municipal eventual a las persona que tienen relación de dependencia laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en virtud de la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, cuya asignación presupuestaria corresponde a la partida 12100 personal eventual del presupuesto institucional, el mismo que está asignado de manera temporal en las distintas unidades organizacionales…”’ (sic); y, 6) El SETRAM como una unidad desconcentrada del ejecutivo municipal estaría pasando una situación crítica, debido al déficit provocado por la emergencia sanitaria a casusa de la pandemia por el Coronavirus (Covid-19); además, de que no sería una Empresa sino un servicio público; ya que, sus recaudaciones ni siquiera llegarían al 20% para cubrir sus gastos de funcionamiento; más aún, cuando se pretende cobrar salarios devengados, cuando no existirían recursos económicos, al margen de que los contratos eventuales están sujetos a la Partida “12100”, regulado por Decretos Reglamentarios de la Ley Financial o con el presupuesto institucional de la entidad; por lo que, pagar salarios devengados provocaría un daño económico al Estado; es más, de acuerdo a la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, la jurisdicción constitucional no estaría habilitada para operativizar el pago de salarios devengados menos para establecer su cuantía. Por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicita.
Carlos Michel Andrade Ramos, Jefe Departamental de Trabajo de La Paz a.i., del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante informe presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 187 a 188 se ratificó inextenso en el contenido de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022, que dispuso la reincorporación inmediata del accionante. Juan Carlos Huarachi Quispe, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 42.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 265/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 194 a 198, concedió -en parte- la tutela solicitada, disponiendo que: i) El Alcalde hoy accionado dé cabal cumplimiento e íntegro a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022, emitido por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a los razonamientos realizados en la citada Resolución, sea en el plazo de diez días hábiles a partir de su comunicación; y, ii) Sin costas y costos procesales, menos multa por tratarse de un derecho tutelar; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sostiene la teoría del hecho superado, por cuanto en cumplimiento de la citada Conminatoria ya se hubiese suscrito con el accionante un contrato eventual bajo la Partida 121; por lo que, ya no existiría el objeto de la controversia. No obstante, se debe considerar que la acción de defensa fue interpuesta para proteger un derecho primario como es el derecho al trabajo, garantizado por los arts. 46.I y 48 de la CPE, al que se encuentran conexos otros derechos como la vida, la salud, alimentación, entre otros; b) Cuando se considera una desvinculación laboral injusta y arbitraria, dicha situación debe ser calificada por la indicada Jefatura a través de una resolución de conminatoria, si el despido fuera ilegal, dispondrá la reincorporación laboral con el pago de salarios devengados y otros derechos sociales, lo cual en caso de ser incumplida habilita a la jurisdicción constitucional garantizando su cumplimiento conforme se precisó en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio; y, c) En cuanto al supuesto cumplimiento de la referida Conminatoria con la suscripción de un contrato de trabajo eventual, fue negado por el accionante, ya que se suscribió bajo otras promesas; es más, el accionante “a la fecha” se encontraría sin trabajo, no pudiéndose hablar de una reincorporación laboral; puesto que, la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 no establece que se firme contratos solamente por treinta días, ni el nuevo contrato hace referencia al cumplimiento de la referida Conminatoria; por lo que, no se puede concluir que ese contrato sea el cumplimiento integral de la citada Conminatoria, si bien el accionante pudo haber retornado por treinta días a su fuente laboral; además, de cobrar un salario, lo cual debe ser descontado de los salarios devengados. En vía enmienda y complementación el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 205 y vta., solicitó a La Sala Constitucional, aclaración, complementación y enmienda, respecto a que el 30 de septiembre de 2022, se promulgó la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 ‘“…Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales…”’ (sic), ingresando en vigencia después de treinta días de su promulgación, en virtud del cual la ejecución de procedimientos laborales de reincorporación ya serían de competencia de los Jueces de Trabajo y Seguridad Social bajo un procedimiento especial; por lo que, se debe aclarar que, si la Sala Constitucional después de los treinta días por pérdida de competencia derivará a conocimiento del juez laboral conforme las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la referida Ley. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, mediante Auto de 7 de octubre de 2022, cursante a fs. 206 y vta., declaró no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, señalando que la Resolución -265/2022- de fondo fue emitida conforme la normativa vigente sin que exista un conflicto de temporalidad normativa; puesto que, la disposición legal mencionada fue promulgada posterior a los hechos que motivaron la acción de defensa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM-1289/2019 de 31 de mayo, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Marco Antonio Méndez Villena, Director de Administración General y Recaudos en calidad de Empleador y Alex Álvaro Castillo Condori -hoy accionante- como “ANFITRIÓN” del SETRAM, con plazo de vigencia de 1 de junio de 2019 a 31 de agosto de igual año, con un salario mensual de Bs2 862.- (dos mil ochocientos sesenta y dos bolivianos [fs. 19]). Mediante Contrato Modificatorio al Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM-1994 de 3 de octubre de 2019, suscrito entre el referido Gobierno Autónomo Municipal, representado por la Gerencia del SETRAM y el accionante, modificando la Cláusula Cuarta del Contrato a Plazo Fijo de 2 de septiembre de ese año, consistente en la adecuación de niveles salariales conforme la Ordenanza Municipal 204/2019 (fs. 18). Por Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM 813/2020 de 30 de diciembre, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado por la Gerencia de SETRAM y el accionante como Empleado Municipal en el cargo de “ANFITRION” del SETRAM, con un plazo de vigencia de 1 de enero de 2020 al 30 de junio del mismo año, por un salario mensual de Bs2 976.- (fs. 17). Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM-1855/2020 de 1 de julio, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por intermedio de la Gerencia del SETRAM en calidad de Empleador y el accionante como Empleado Municipal en el cargo de “ANFITRION” del SETRAM, con un plazo de vigencia de 1 de julio de 2020 a 30 de septiembre del mencionado año, por un haber mensual de Bs.2 976.- (fs. 16). Asimismo, se adjunta en original el Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM -2558/2020 de 1 de octubre, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Gerencia del SETRAM en calidad de Empleador y el accionante como “ANFITRION” del SETRAM, con plazo de vigencia de 1 de octubre de 2020 a 31 de diciembre de ese año, por un salario mensual de Bs2 976.- (fs. 15). Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM -459/2021 de 14 de diciembre de, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Gerencia del SETRAM y el accionante como Empleado en el cargo de “ANFITRION”, con un plazo de vigencia de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de igual año, con un salario mensual de Bs2 976.- (fs. 14). Por Contrato Eventual Para Personal No Permanente STM-1179/2022 de 31 de mayo, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por la Gerencia de SETRAM y el accionante en el cargo de “ANFITRION” del SETRAM, con la función de realizar el cobro y asistencia a los usuarios en rutas y en paradas de acuerdo a manuales y/o instructivos internos, por un plazo de vigencia de 1 de junio de 2022 a 30 de igual mes y año, con una remuneración de Bs2 976.-, agregando en la Cláusula Quinta que no está sujeta a la legislación laboral (fs. 20). II.2. A través de la Nota de 12 de enero de 2022, dirigida a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con sello de recepción de la misma fecha; el accionante solicitó se emita conminatoria de reincorporación laboral y pago de sueldos devengados, por despido injustificado, alegando que trabajó como “ANFITRION” del SETRAM dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por más de tres años continuos, firmando varios contratos por tres meses; ya que, de acuerdo al art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979: ‘“…NO ESTÁ PERMITIDO MÁS DE DOS CONTRATOS SUCESIVOS A PLAZO FIJO, TAMPOCO ESTÁN PERMITIDOS CONTRATOS A PLAZO EN TAREAS PROPIAS Y PERMANENTES DE LA EMPRESA. EN CASO DE EVIDENCIARSE LA INFRACCIÓN, SE DISPONDRA QUE EL CONTRATO A PLAZO FIJO SE CONVIERTA EN CONTRATO DE TIEMPO INDEFINIDO…”’’ (sic), lo cual sería aplicable al caso en concreto (fs. 10 a 11). Consta en original la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de 4 de marzo, emitida por la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la que conminó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a la inmediata reincorporación por estabilidad laboral del accionante, al mismo puesto que ocupaba como “ANFITRION” dependiente de la referida entidad municipal, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su reincorporación; con el argumento de que: “…el trabajador ha firmado más de tres contratos por tiempo definido y de manera continua, no siendo evidente la supuesta EVENTUALIDAD alegada por el empleador, más aun en el cargo que fungió, realidad que no condice con lo previsto en el artículo 6 de la Ley N° 2027; articulo 60 del Decreto Supremo 26115, en consecuencia es contrario a su propio Decreto Municipal N° 007/2013 (…), por lo que el empleador no ha justificado legalmente la desvinculación” (sic [fs. 7 a 9]). II.3. Cursa Nota de 6 de mayo de 2022, dirigida a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con igual fecha de recepción; por el cual, el accionante solicitó la verificación del cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 dispuesta por dicha Jefatura (fs. 12). Existe el Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-136/2022 de 13 de mayo, concluyendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del SETRAM no dio cumplimiento a la citada Conminatoria, en favor del accionante; asimismo, la referida entidad municipal no cumplió con el pago de solarios devengados y beneficios sociales (fs. 13 vta.). II.4. Consta RA 271-22- de 22 de abril de 2022, emitido por el Jefe Departamental de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmando la Conminatoria de J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 (fs. 27 a 28 vta.). Se arrima la RM 1107/22 de 20 de septiembre de 2022, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmando totalmente la RA 271-22; por consiguiente, la citada Conminatoria, dando por agotada la vía administrativa (fs. 59 a 63).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de 4 de marzo, que dispuso su reincorporación a su mismo puesto laboral que tenía y el pago de salarios devengados y otros derechos sociales; siendo verificado ese extremo mediante el Informe emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Norma Suprema, impone al Estado el deber de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme a los establecido por el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la LGT, el trabajador puede optar por: 1) El pago de beneficios sociales; o, 2) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. El DS 0495 establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). La citada jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que:“…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación;…” (las negrillas nos corresponden). Esta misma jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta la fuente laboral que constituye en el medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que estableció que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas nos pertenecen). Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva que: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de 4 de marzo, que dispuso su reincorporación a su mismo puesto laboral que tenía y el pago de salarios devengados y otros derechos sociales; siendo verificado ese extremo mediante el Informe emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
De la revisión de los antecedentes se evidencia que el accionante suscribió los siguientes contratos: el Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM-1289/2019, con el Director de Administración General y Recaudos en calidad de Empleador en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el accionante como “ANFITRION” del SETRAM, con un plazo de vigencia de 1 de junio de 2019 a 31 de agosto de igual año, con salario mensual de Bs2 862.-. El Contrato Modificatorio al Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM-1994, suscrito entre la Gerencia del SETRAM y el accionante, modificando la Cláusula Cuarta del Contrato a Plazo Fijo de 2 de septiembre de ese año, consistente en la adecuación de niveles salariales conforme la Ordenanza Municipal 204/2019. El Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM 813/2020, con la Gerencia del SETRAM y accionante como Empleado Municipal en el cargo de “ANFITRION” del referido Servicio de Transporte, con un plazo de vigencia de 1 de enero de 2020 al 30 de junio de igual año, por un salario mensual de Bs2 976.-. El Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM- 1855/2020, suscrito con la Gerencia del SETRAM en calidad de Empleador y el accionante como Empleado Municipal en el cargo de “ANFITRION” del mencionado Servicio de Transporte, con un plazo de vigencia de 1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de igual año, por un salario mensual de Bs2 976.-. El Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM- 2558/2020, suscrito con la misma Gerencia del SETRAM en calidad de Empleador y el accionante como “ANFITRION” de citado Servicio de Transporte, con plazo de vigencia de 1 de octubre de 2020 a 31 de diciembre de ese año, por un salario mensual de Bs2 976.-. El Contrato de Trabajo a Plazo Fijo STM -459/2021, con la Gerencia del SETRAM y el accionante como Empleado en el cargo de “ANFITRION”, con un plazo de vigencia de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de igual año, con un salario mensual de Bs2 976.-. El Contrato Eventual Para Personal No Permanente STM-1179/2022, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por la Gerencia de SETRAM y el accionante en el cargo de “ANFITRION” del SETRAM, con la función de realizar cobro y asistencia a los usuarios en rutas y en paradas de acuerdo a manuales y/o instructivos internos, por un plazo de vigencia de contrato de 1 de junio de 2022 a 30 de igual mes y año, con una remuneración de Bs2 976.-, agregando en la Cláusula Quinta que no está sujeta a la legislación laboral (Conclusión II.1.). Asimismo, se advierte que el accionante, mediante Nota de 12 de enero de 2022, solicitó a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se emita conminatoria de reincorporación y pago de sueldos devengados, denunciando despido injustificado ocurrido el -31 de diciembre de 2021-, alegando que trabajó como “ANFITRION del SETRAM” dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, más de tres años continuos, firmando varios contratos por tres meses; ya que, de acuerdo al art. 2 del DL 16187: ‘“…NO ESTÁ PERMITIDO MÁS DE DOS CONTRATOS SUCESIVOS A PLAZO FIJO, TAMPOCO ESTÁN PERMITIDOS CONTRATOS A PLAZO EN TAREAS PROPIAS Y PERMANENTES DE LA EMPRESA. EN CASO DE EVIDENCIARSE LA INFRACCIÓN, SE DISPONDRA QUE EL CONTRATO A PLAZO FIJO SE CONVIERTA EN CONTRATO DE TIEMPO INDEFINIDO…”’’ (sic), lo cual sería aplicable al caso en concreto. En cuyo mérito, la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022, conminando al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la inmediata reincorporación por estabilidad laboral del accionante, al mismo puesto que ocupaba como “ANFITRION” dependiente de la referida entidad municipal, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su reincorporación; argumentando que el trabajador -accionante- firmó más de tres contratos por tiempo definido y de manera continua, no siendo evidente la supuesta eventualidad alegada por el empleador -Alcalde hoy accionado-, más aun en el cargo que fungió; por lo que, el citado Alcalde no justificó legalmente la desvinculación laboral (Conclusión II.2.). Además, mediante Nota de 6 de mayo de 2022, dirigida a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el accionante solicitó la verificación del cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 dispuesta por dicha Jefatura; en virtud de la cual, el Inspector de la referida Jefatura, emitió el Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-136/2022, concluyendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Gerencia del SETRAM, no dio cumplimiento a la citada Conminatoria, en favor del accionante; asimismo, no cumplió con el pago de salarios devengados y beneficios sociales (Concusión II.3). También se observa, que existe la RA 271-22-, emitido por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empelo y Previsión Social, con motivo del recurso de revocatoria, confirmando la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022. De igual forma, se arrima la RM 1107/22, emitido por dicho Ministerio, en virtud al recurso jerárquico, confirmando totalmente la RA 271-22-; por consiguiente, dicha Conminatoria, dando de ese modo por agotada la vía administrativa (Conclusión II.4.). Ahora bien, de acuerdo a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene que dicha conminatoria no constituye una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral del trabajador, sino solamente provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador. En ese entendido, el empleador tiene el deber de dar cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, aún cuando se interpongan los recursos en sede administrativa mediante el recurso de revocatoria y jerárquico o se promueva su revisión en la vía judicial ordinaria en materia laboral; por consiguiente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar aspectos relacionados a la fundamentación o motivación de la conminatoria y de las resoluciones emitidas por esa instancia, la valoración de las pruebas aportadas por las partes; ya que, esa labor corresponde a las autoridades en sede administrativa o en la judicial, previa activación de los medios o recursos intraprocesales o previa demanda contenciosa que permita su revisión judicial. En ese marco, en el presente caso, el accionante denunció que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Gerencia de SETRAM, incumplió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022, emitida por la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, verificándose incluso dicho incumplimiento mediante el Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-136/2022. Si bien el Alcalde ahora accionado, alegó que en cumplimiento de esa Conminatoria, se emitió el Contrato Eventual Para Personal No Permanente STM-1179/2022, por un plazo de vigencia de 1 de junio de 2022 hasta el 30 de igual mes y año, en el cargo de Asistente de Cobro, Asistencia a los Usuarios en Rutas y Paradas con un salario mensual de Bs2 976.-; con excepción del pago de salarios devengados; debido a que, según el informe del SETRAM A.L. No 132/2022, dicho pago podría generar daño económico del Estado, existiendo en consecuencia, la teoría del hecho superado; puesto que, ya se cumplió con el objeto de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022. Sobre el particular, de manera coincidente con la Sala Constitucional, corresponde señalar que el referido Contrato Eventual Para Personal No Permanente, no puede considerarse como cumplimiento de dicha Conminatoria de reincorporación; puesto que, en la referida Conminatoria no se dispuso que sea reincorporado solamente por treinta días, menos en el cargo de Cobro y Asistencia a los Usuarios en Rutas y Paradas sino en el cargo de “ANFITRION” del SETRAM; es más, ese contrato en ninguna de sus cláusulas hace referencia al cumplimiento de la citada Conminatoria de reincorporación laboral, además, conforme se evidenció de la Conclusión II.4, ya fue agotada la vía administrativa laboral confirmándose plenamente la mencionada Conminatoria; razones por las cuales, no es posible asumir al último contrato como cumplimiento de dicha Conminatoria de reincorporación. De lo analizado, se concluye que ninguno de los aspectos relacionados con la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022, fueron cumplidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, la estabilidad laboral y la vida del accionante y de su entorno familiar, tomando en cuenta la cualidad de interdependencia de los derechos fundamentales reconocida por mandato constitucional. En ese entendido, corresponde aclarar que sin perjuicio del cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022, el Alcalde hoy accionado tiene la facultad de promover su revisión en sede judicial laboral, instancia en la que debe desplegar todos los cuestionamientos y aportar la carga probatoria destinado a dejar sin efecto la referida Conminatoria, la improcedencia del pago de sueldos devengados al considerarse que provocaría un daño económico al Estado; además, de resolver la pertinencia de la normativa aplicable a la relación laboral del accionante, si es la Ley General del Trabajo o el Estatuto del Funcionario Público, para que en esa instancia sean consideradas y resueltas en forma definitiva la situación laboral del mismo; por consiguiente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar las consideraciones de estos aspectos, limitando su intervención en la revisión del cumplimiento o no de la señalada Conminatoria de reincorporación laboral, para la otorgación de tutela provisional solicitada. Asimismo, corresponde aclarar que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional es solamente provisional, precisamente porque es la autoridad judicial, la que debe resolver en forma definitiva la situación jurídico laboral del accionante; empero, sin suspender el cumplimiento íntegro e inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022. En definitiva, la jurisdicción constitucional se encuentra facultada para disponer el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/096/2022 de manera inmediata y en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta tanto no exista una decisión judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto; por lo que el Alcalde hoy accionado, no solamente debe proceder a la reincorporación del accionante al mismo cargo que tenía al momento de su desvinculación, sino también al pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponda. Finalmente, respecto al pago de gastos judiciales, así como a la condenación de costas y costos, estas no pueden ser consideradas en razón al alcance de la tutela concedida parcialmente y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 265/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 194 a 198, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada de manera provisional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. 2° Denegar con relación al pago de gastos judiciales, así como respecto a la condenación de costas y costos, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0604_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7a4a78f0bad60083892230ce821daf8819c697cc6103233a4493d275abf9c7ae
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