Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, y a la “…no privación de la libertad…” (sic), y al debido proceso; puesto que: 1) El Juez hoy coaccionado: i) Mediante Auto Interlocutorio 135/2020 de 20 de noviembre, desestimó su petición de cesación de la detención preventiva presentada el 18 de ese mes de 2020; y atendiendo la solicitud efectuada de manera oral por el Fiscal de Materia, determinó ampliar esa medida cautelar en su contra por dos meses más, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de enero de 2021; y, ii) Considerando la solicitud efectuada por el Fiscal de Materia, sin tomar en cuenta el art. 221 concordante con el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 388 a 391 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2023-S3 Sucre, 16 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46358-2022-93-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 01/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 388 a 391 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Muñoz Camacho en representación sin mandato de Teodoro Herrera Quispe contra Vicente Díaz Urieta, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Primero de Muyupampa; e, Ivar Amael Rendón Torrez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Machareti, ambos del departamento de Chuquisaca.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 358 a 363 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Huacaya del departamento de Chuquisaca contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP) con las agravantes establecidas por el art. 310 incs. g) y m) del mismo Código; el 19 de julio de 2020, se efectuó la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Machareti -ahora coaccionado-mediante Auto Interlocutorio 75/2020 de igual fecha, le impuso la medida cautelar de detención preventiva por el periodo de cuatro meses, señalando audiencia de consideración para resolver su situación jurídica para el 20 de noviembre del citado año. El 17 de noviembre de 2020 -presentada el 18 de ese ms y año-, a través de un memorial solicitó la cesación de su detención preventiva, y a pesar que el Fiscal de Materia no presentó petición fundamentada alguna para ampliar esa medida cautelar en su contra; en la audiencia de consideración de su situación jurídica celebrada el 20 de ese mes y año, el Juez ahora coaccionado por Auto Interlocutorio 135/2020 de igual fecha, desestimó su solicitud, y atendiendo la petición efectuada de manera oral por el Fiscal de Materia encargado de la investigación, amplió su detención preventiva por el periodo de dos meses más, señalando nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de enero de 2021. El 20 de enero de 2021, una vez instalada la segunda audiencia de consideración de su situación jurídica, a pesar que el plazo de seis meses de la etapa preparatoria culminó sin la presentación del correspondiente requerimiento conclusivo, y que ya no existían actos investigativos pendientes de realización; el Fiscal de Materia volvió a solicitar la ampliación de su detención preventiva por un mes más alegando que ante la presentación del pliego acusatorio en su contra, esa medida garantizaría su presencia en el juicio oral, público y contradictorio a desarrollarse. En efecto, el Juez hoy coaccionado a través de Auto Interlocutorio 06/2021 de la misma fecha, aplicando el art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP), como si se tratara de una audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, nuevamente amplió su detención preventiva por un mes más, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 19 de febrero del citado año. En ese contexto, el 21 de enero de 2021 se presentó el correspondiente pliego acusatorio en su contra, remitiéndose los antecedentes del proceso penal de referencia ante Vicente Díaz Urieta, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Primero de Muyupampa del departamento de Chuquisaca -ahora accionado-, quien mediante decreto de 28 de ese mes y año, hasta la presentación de esta acción de libertad, no celebró la audiencia de consideración de su situación jurídica que fue señalada antes de la presentación del pliego acusatorio para el 19 de febrero del citado año, por esa razón, sin que el Fiscal de Materia hubiera presentado solicitud fundamentada de ampliación de su detención preventiva, se encuentra indebidamente privado de su libertad por más de trece meses.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, y a la “…no privación de la libertad…” (sic), y en audiencia denunció como vulnerado su derecho al debido proceso; citando al efecto los arts. 21.1 y 7, 22, 23, 24, 109, 115, 116, 117, 119, 120 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7 incs. 1), 2), 3), 5) y 6); 8 incs. 1) y 2); 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública el 12 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 384 a 387, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La audiencia de consideración para resolver su situación jurídica celebrada el 20 de noviembre de 2020, no fue señalada con el objeto de considerar la ampliación de su detención preventiva, dejándolo en indefensión respecto a esa solicitud, que además fue efectuada de manera oral por el Fiscal de Materia; b) En la referida audiencia de manera contraria a lo establecido en la Disposición Decimosegunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el Fiscal de Materia solicitó la ampliación de su detención preventiva sin especificar qué acto investigativo estaría pendiente de realización, a pesar de ello, el Juez hoy coaccionado desconociendo lo establecido por el art. 221, concordante con el art. 7, ambos del CPP, determinó ampliar esa medida cautelar contra su persona por el periodo de un mes; y, c) Al no llevarse a cabo la audiencia de consideración para resolver su situación jurídica señalada por el Juez ahora coaccionado para el 19 de febrero de 2021, se vulneró además su derecho al debido proceso, producto de ello, se encuentra indebidamente privado de su libertad por más de trece meses.
Ivar Amael Rendón Torrez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Machareti del departamento de Chuquisaca, mediante informe presentado el 12 de marzo de 2022, cursante de fs. 378 a 383, manifestó que: 1) Mediante Auto Interlocutorio 75/2020, impuso al accionante la medida cautelar de detención preventiva por el plazo de cuatro meses, debido a que se cumplieron los presupuestos establecidos por el art. 233.1 y 2 del CPP, y se acreditó la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 y 5 del mismo Código; señalándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de noviembre de 2020; 2) En la citada audiencia se rechazó su petición de cesación de la detención preventiva porque no desvirtuó ningún riesgo procesal; y, ante la solicitud del Fiscal de Materia para ampliar esa medida cautelar por estar pendiente de realización la pericia psicológica, determinó su ampliación por dos meses más, fijando nueva audiencia para considerar su situación jurídica para el 20 de enero de 2021; 3) En esa fecha en la referida audiencia, el Fiscal de Materia solicitó una nueva ampliación de su detención preventiva alegando que con ello se garantizaría su presencia en la etapa de juicio oral, público y contradictorio. Por consiguiente, considerando que no se desvirtuaron ninguno de los riesgos procesales concurrentes, mediante Auto Interlocutorio 06/2021 de la misma fecha, de conformidad al art. 221 del CPP, determinó ampliar esa medida cautelar contra el accionante por un mes más, señalando nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 19 de febrero de ese año; 4) El accionante en ningún momento planteó recurso de apelación incidental contra los Autos Interlocutorios observados en la acción de libertad; por lo que no cumplió con el principio de subsidiariedad; 5) En todas las audiencias de consideración de la situación jurídica del accionante, este siempre estuvo asistido por sus abogados defensores, quienes tenían pleno conocimiento de los recursos disponibles para impugnar las decisiones asumidas; 6) El accionante dejó transcurrir un tiempo excesivo antes de presentar la acción de libertad; 7) Desde que el proceso penal de referencia radicó en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Primero de Muyupampa del departamento de Chuquisaca, perdió competencia dentro del mismo; correspondiendo al Juez titular de ese Juzgado -ahora accionado- conocer todas las cuestiones emergentes como la celebración de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante que señaló para el 19 de febrero de 2021, sin ser su responsabilidad que la misma no se haya celebrado; y, 8) El accionante no identificó qué actos pronunciados por su autoridad, vulneraron los derechos alegados. Vicente Díaz Urieta, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Primero de Muyupampa del departamento de Chuquisaca, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni presentó informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 374 vta.
Jorge Antonio Gómez Laruta, Fiscal de Materia, mediante memorial presentado el 12 de marzo de 2022, cursante de fs. 376 a 377, señaló que: i) El accionante no señaló con claridad cuáles fueron las ilegalidades cometidas al determinarse la ampliación de su detención preventiva; ii) La medida cautelar de detención preventiva impuesta contra el accionante se dio en cumplimiento a los presupuestos establecidos por los arts. 231 bis I.10, 233, 234 y 235 del CPP, y el nombrado no desvirtuó riesgo procesal alguno; iii) Solicitó la ampliación de la detención preventiva del accionante debido a que se encontraba pendiente de efectuar la pericia psicológica; además, de que no se desvirtuaron los riesgos procesales concurrentes; y, iv) El accionante no cumplió el principio de subsidiariedad para presentar esta acción de libertad.
El Juez Público Civil y Comercial, y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 388 a 391 vta., denegó la tutela solicitada, y “…en la vía correctiva se ordena…” (sic) al Juez ahora accionado que señale audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante en el plazo de veinticuatro horas; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) A pesar que el Fiscal de Materia encargado de la investigación no solicitó la ampliación de la detención preventiva del accionante de forma escrita, aquello no impide que efectúe su petición debidamente fundamentada de forma oral en audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante; por lo que el Auto Interlocutorio 06/2021 fue emitido de acuerdo al procedimiento establecido por el art 233.3 del CPP, sin vulnerar ningún derecho del accionante; b) El Juez hoy accionado no emitió ninguna resolución que vulneró los derechos alegados por el accionante; y, c) La no celebración de la citada audiencia señalada para el 19 de febrero de 2021, no significa la vulneración de sus derechos; ya que “…en dicha audiencia se tendría que considerar y resolver la cesación de la detención preventiva y/o ampliación de la medida cautelar de detención preventiva…” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 75/2020 de 19 de julio, emitido por Ivar Amael Rendón Torrez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Macharetí del departamento de Chuquisaca -ahora coaccionado-, se determinó la inconcurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 234.2 del CPP, y la concurrencia de los previstos por los arts. 234.7, y 235.2 y 5 del citado Código, y dispuso la detención preventiva de Teodoro Herrera Quispe -ahora accionante- a ser cumplida en la Carceleta Pública de Villamontes del departamento de Tarija por el plazo de cuatro meses, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de noviembre de 2020 (fs. 74 a 77 vta.). II.2. Consta memorial presentado el 18 de noviembre de 2020, dirigido al Juez ahora coaccionado; por el cual el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva (fs. 100); señalándose audiencia de consideración para el 20 de ese mes y año (fs. 101). II.3. A través del Auto Interlocutorio 135/2020 de 20 de noviembre, pronunciado por el Juez ahora coaccionado, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante, y dispuso la ampliación de esa medida cautelar en su contra por el periodo de dos meses; señalando audiencia presencial de consideración de su situación jurídica para el 20 de enero de 2021 (fs. 137 a 140); modificándose a la modalidad virtual mediante decreto de 19 de ese mes y año (fs. 172). II.4. Mediante memorial presentado el 20 de enero de 2021, a las 8:20 horas ante el Juez hoy coaccionado; el Fiscal de Materia presentó pliego acusatorio contra el accionante, acusándolo por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, con las agravantes establecidas en el art. 310 incs. g) y m) del mismo Código (fs. 180 a 187 vta.). II.5. Cursa Acta de Audiencia Virtual de Consideración de la Situación Jurídica del Imputado instalada a las 9:00 horas del 20 de enero de 2021, en la cual el Juez hoy coaccionado a través del Auto Interlocutorio 06/2021 de igual fecha, rechazó la petición de aplicarse medidas cautelares menos gravosas efectuada por el accionante, y determinó la ampliación de su detención preventiva por el periodo de un mes; señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 19 de febrero de igual año; decisión que fue impugnada por el accionante de manera oral (fs. 174 a 178 vta.). II.6. Mediante Nota de 21 de enero de 2021, el Juez ahora coaccionado remitió el proceso penal de referencia ante Vicente Díaz Urieta, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Primero de Muyupampa -hoy accionado- (fs. 193 y vta.); mereciendo el decreto de 28 del mismo mes y año, por el cual el Juez ahora accionado radicó el proceso penal (fs. 194). II.7. Consta Acta de Audiencia Pública de Apelación Incidental de 5 de febrero de 2021, en la cual el accionante a través de su abogado desistió del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 06/2021 (fs. 354).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, y a la “…no privación de la libertad…” (sic), y al debido proceso; puesto que: 1) El Juez hoy coaccionado: i) Mediante Auto Interlocutorio 135/2020 de 20 de noviembre, desestimó su petición de cesación de la detención preventiva presentada el 18 de ese mes de 2020; y atendiendo la solicitud efectuada de manera oral por el Fiscal de Materia, determinó ampliar esa medida cautelar en su contra por dos meses más, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de enero de 2021; y, ii) Considerando la solicitud efectuada por el Fiscal de Materia, sin tomar en cuenta el art. 221 concordante con el art. 7, ambos del CPP, ni la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 1173; y, a pesar que ya no se tenían actos investigativos pendientes de realización, por Auto Interlocutorio 06/2021 de 20 de enero, nuevamente amplió su detención preventiva por un mes más, señalando nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 19 de febrero de ese año; y, 2) Radicado el proceso penal de referencia el 28 de enero de 2021, ante el Juez ahora accionado, no se efectuó la audiencia de consideración de su situación jurídica señalada para el 19 de febrero de igual año; por lo cual se encuentra indebidamente privado de su libertad sin que el Ministerio Público haya solicitado la ampliación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0286/2020-S3 de 15 de julio, señaló que: «La SCP 0147/2012 de 14 de mayo, citando las SSCC 0160/2005-R de 23 de febrero y 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus'. Ahora bien, consecuente con éste carácter excepcional de la subsidiariedad de la acción de libertad desarrollado, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado, a través de la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, explicando las situaciones en las que no se puede dilucidar el fondo de las acciones de libertad: (…) Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física…”» (las negrillas nos pertenecen).
El art. 233 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y Ley de Modificación a la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, establece que: “La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o por el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida.
En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo. En los procesos sustanciados por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se exceptúan las previsiones contenidas en el numeral 3 del presente Artículo, únicamente en cuanto a la fundamentación del plazo. El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste” (las negrillas son nuestras). Asimismo, con relación a la resolución que disponga la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, el art. 235 ter del CPP señala lo siguiente: “(…) Si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad” (las negrillas nos pertenecen). Por último, en cuanto a la cesación de las medidas cautelares personales, entre ellas, la detención preventiva, el art. 239 del CPP, señala que: “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. No será aplicable el presente numeral en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño y adolescente; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)
meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24)
meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal.
En los casos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal, mediante dictamen de médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); y, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negrillas fueron añadidas).
En ese sentido, conforme a lo previsto en los citados preceptos normativos y de acuerdo a una interpretación sistemática, el fin de la etapa preparatoria es lograr el desarrollo de todos los actos investigativos requeridos por el Ministerio Público para sostener una eventual acusación formal en la etapa posterior de juicio oral, público y contradictorio, se concluye que los presupuestos para solicitar, imponer y modificar la medida cautelar de detención preventiva son diferentes en cada una de las mencionadas etapas; tal cual establece el art. 233 del CPP. Así, en la etapa preparatoria -en la que se desarrolla la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público y control jurisdiccional del Juez de instrucción-, en el marco del art. 233 del CPP, además de acreditar la probabilidad de autoría del hecho ilícito atribuido al imputado, y la concurrencia de riesgos procesales que permitan sostener que este no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, es necesario señalar el plazo de duración de la detención preventiva y los actos investigativos a realizarse en ese periodo de tiempo; debiendo fijarse fecha y hora de la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado por vencimiento del plazo; en la cual, por una parte, tanto el Fiscal de Materia como el querellante podrán solicitar la ampliación del plazo de duración de esa medida cautelar exponiendo argumentos debidamente fundamentados relativos a la complejidad del caso -tratándose del Ministerio Público- y a la existencia de actos investigativos pendientes de realización -con relación al querellante-; y por otra parte, el imputado solicitará la cesación de esa medida cautelar por vencimiento del plazo conforme al art. 239.2 del CPP; entendiéndose que la finalidad de la referida audiencia es precisamente analizar esas dos situaciones con la finalidad de dilucidar y resolver la situación jurídica del imputado en la etapa preparatoria. Ahora bien, en la etapa posterior de juicio oral, público y contradictorio -en la que se sustancia el juicio oral sobre la base de la acusación formal remitida ante el juez o tribunal de sentencia-, y la recursiva -suscitada ante la imposición de los mecanismos de impugnación previstos en el Código de Procedimiento Penal-, conforme al segundo párrafo del art. 233 del CPP, a fin de solicitarse e imponerse la medida cautelar de detención preventiva, basta con acreditar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos por el art. 233.2 del mismo Código, relativos a los peligros de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234 y 235 del citado Código; no estando sujeta dicha medida cautelar al cumplimiento de plazo alguno ni a la celebración de una audiencia de consideración de situación jurídica como ocurre en la etapa preparatoria; aquello, debido a que ya no se tienen actos de investigación pendientes de realización que permitan fundamentar un plazo de cumplimiento como requisito para su imposición; quedando en esa etapa únicamente el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, contra el acusado. En ese marco, al no corresponder el señalamiento de ningún plazo de cumplimiento de la detención preventiva en la etapa de juicio oral, público y contradictorio, no es posible solicitar la ampliación de su plazo impuesto ni su cesación en el marco del art. 239.2 del CPP -por vencimiento del plazo dispuesto-; lo cual converge en la irrelevancia de la audiencia de consideración de la situación jurídica del procesado, por vencimiento del plazo; siendo innecesaria su celebración cuando haya sido señalada con anterioridad en la etapa preparatoria; más no así prohibida, pudiendo llevarse a cabo con una finalidad diferente, cual si se tratara de una audiencia de cesación de la detención preventiva previa solicitud del acusado, por causales diferentes a la establecida por el art. 239.2 del mencionado Código; en la cual el Ministerio Público no podrá solicitar la ampliación del plazo esa medida cautelar, sino su continuidad. Entonces, cuando el acusado que se encuentre con detención preventiva desee lograr la cesación de la detención preventiva, debe presentar la correspondiente solicitud tomando en cuenta que de acuerdo a la SCP 0730/2021-S3 de 12 de octubre: “…en etapa de juicio oral y público a diferencia de la etapa preparatoria, la instrumentalidad de la detención preventiva cambia; es decir, muta la finalidad que persigue; por lo que corresponde que al momento de solicitar la cesación de la detención preventiva el acusado desvirtúe los riesgos procesales, porque así dispone el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1226, al establecer que: ‘En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva de debería acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo’ siendo el referido numeral dos el que dispone respecto a la existencia de suficientes elementos de convicción de que la o el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, aspecto que la Vocal ahora accionada asumió, al emitir una decisión conforme a una interpretación sistemática de la normativa procesal penal respecto a las medidas cautelares personales…” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, y a la “…no privación de la libertad…” (sic), y al debido proceso; puesto que: a) El Juez hoy coaccionado: 1) Mediante Auto Interlocutorio 135/2020 de 20 de noviembre, desestimó su petición de cesación de la detención preventiva presentada el 18 de ese mes de 2020; y atendiendo la solicitud efectuada de manera oral por el Fiscal de Materia, determinó ampliar esa medida cautelar en su contra por dos meses más, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de enero de 2021; y, 2) Considerando la solicitud efectuada por el Fiscal de Materia, sin tomar en cuenta el art. 221 concordante con el art. 7, ambos del CPP, ni la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 1173; y, a pesar que ya no se tenían actos investigativos pendientes de realización, por Auto Interlocutorio 06/2021 de 20 de enero, nuevamente amplió su detención preventiva por un mes más, señalando nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 19 de febrero de ese año; y, b) Radicado el proceso penal de referencia el 28 de enero de 2021, ante el Juez ahora accionado, no se efectuó la audiencia de consideración de su situación jurídica señalada para el 19 de febrero de igual año; por lo cual se encuentra indebidamente privado de su libertad sin que el Ministerio Público haya solicitado la ampliación de su detención preventiva.
De la revisión de antecedentes, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la DNA del municipio de Huacaya del departamento de Chuquisaca contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 19 de julio de 2020, se llevó a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la cual el Juez ahora coaccionado mediante Auto Interlocutorio 75/2020, determinando la inconcurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 234.2 del CPP, y la concurrencia de lo previsto por los arts. 234.7, y 235.2 y 5 del mismo Código, le impuso la medida cautelar de la detención preventiva a ser cumplida en la Carceleta Pública de Villamontes del departamento de Tarija por el plazo de cuatro meses, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de noviembre de ese año (Conclusión II.1.). En ese sentido, una vez celebrada la referida audiencia, previa consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante de manera escrita el 18 de noviembre de 2020, y de la petición efectuada en audiencia de forma oral por el Fiscal de Materia, el Juez hoy coaccionado por Auto Interlocutorio 135/2020 determinó rechazar la pretensión del accionante, y dispuso la ampliación de su detención preventiva por el periodo de dos meses; señalando nueva audiencia de consideración de su situación jurídica para el 20 de enero de 2021 (Conclusiones II.2. y II.3.). Una vez instalada la segunda audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, el Juez hoy coaccionado considerando que el Fiscal de Materia presentó el correspondiente pliego acusatorio contra el accionante, acusándolo de la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, con las agravantes establecidas en el art. 310 incs. g) y m) del mismo Código, a través del Auto Interlocutorio 06/2021 nuevamente rechazó la petición de aplicarse medidas cautelares menos gravosas, y determinó la ampliación de la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante por el periodo de un mes; señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 19 de febrero de ese año (Conclusiones II.4. y II.5.). Finalmente, ante la presentación del referido pliego acusatorio, el Juez ahora coaccionado mediante Nota de 21 de enero de 2021, remitió el proceso penal de referencia a conocimiento del Juez hoy accionado para la sustanciación del respectivo juicio oral, público y contradictorio contra el accionante; radicándose ante el Juez hoy accionado mediante decreto de 28 del citado mes y año (Conclusiones II.6.). Identificada la problemática jurídica, y los antecedentes procesales que originaron la presentación de esta acción tutelar, con relación a las ampliaciones supuestamente irregulares de la detención preventiva del accionante, dispuestas mediante los Autos Interlocutorios 135/2020 y 06/2021, ambos emitidos por el Juez ahora coaccionado, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que no es posible activar esta acción de defensa cuando el ordenamiento jurídico vigente prevé medios de impugnación específicos y aptos para reparar de manera inmediata y eficaz el derecho a libertad supuestamente vulnerado. Así, cuando ya se cuenta con una resolución de imputación formal y/o acusación, y se pretende impugnar una resolución judicial que resuelva la aplicación, modificación o sustitución de una medida cautelar que restringe el derecho a la libertad, con carácter previo a acudir a esta jurisdicción se debe impugnar la misma para que el Tribunal de alzada tenga la posibilidad de corregir las presuntas arbitrariedades reclamadas. En ese marco jurisprudencial, el art. 251 del CPP estableció que el recurso de apelación es el mecanismo de impugnación específico e idóneo contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen la aplicación de medidas cautelares; tal cual aconteció en el presente caso con la emisión de los Autos Interlocutorios 135/2020 y 06/2021, que modificaron la detención preventiva del accionante ampliando su plazo de duración; se advierte que con relación a esa denuncia concurre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; puesto que, el accionante con carácter previo a presentar la acción de defensa reclamando la ampliación de su detención preventiva efectuada por Auto Interlocutorio 135/2020, debió activar el referido mecanismo de impugnación formulando recurso de apelación contra el mismo con la finalidad que el Tribunal de alzada tenga la posibilidad de reparar las presuntas irregularidades ahora reclamadas. Asimismo, si bien se observa que en la audiencia de consideración de su situación jurídica de 20 de enero de 2021, formuló de manera oral su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 06/2021; no es menos cierto que en la audiencia de apelación incidental de 5 de febrero de igual año, desistió del mismo (Conclusión II.7.), evitando de esa forma que las supuestas arbitrariedades del citado Auto Interlocutorio sean conocidas, y en su caso, reparadas por el Tribunal de alzada, aceptándolas como si no se hubiera formulado impugnación alguna. Bajo esas circunstancias, con relación a la denuncia citada precedentemente corresponde denegar la tutela solicitada por advertirse la concurrencia de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ya que el accionante no activó previamente el mecanismo de impugnación específico e idóneo contra los Autos Interlocutorios 135/2020 y 06/2021, previsto por el art. 251 del CPP; impidiendo de esa manera que el Tribunal de alzada repare las presuntas irregularidades cometidas por el Juez hoy coaccionado. En cuanto a la no celebración de la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante por parte del Juez ahora accionado, ocasionando la indebida privación de libertad del primero sin que el Fiscal de Materia solicitara la ampliación de su detención preventiva, del Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se advierte que en el marco de los arts. 233 y 239.2 del CPP, en la etapa de juicio oral, público y contradictorio no es posible solicitar la ampliación de la detención preventiva ni su cesación por cumplimiento del plazo dispuesto; puesto que la instrumentalidad de esa medida cautelar no es la misma que en la etapa preparatoria, razón por la cual no se encuentra sujeta al cumplimiento de plazo alguno ni a la celebración de audiencia de consideración de la situación jurídica; situación que converge en la irrelevancia de la referida audiencia, por ser innecesaria su celebración en esa etapa, a pesar de señalarse con anterioridad. En ese contexto, en el presente caso se observa que con la presentación del pliego acusatorio contra el accionante, culminó la etapa preparatoria e inició la de juicio oral, público y contradictorio, radicando el proceso penal de referencia mediante decreto de 28 de enero de 2021, ante el Juez hoy accionado, quien no consta que celebró la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante señalada por el Juez ahora coaccionado para el 19 de febrero de ese año. No obstante de lo señalado, entendiendo que en la celebración de esa audiencia el accionante pretendía lograr la cesación de su detención preventiva por cumplimento del plazo conforme al art. 239.2 del CPP, de acuerdo con el entendimiento desarrollado precedentemente, se advierte que no resulta posible en la etapa de juicio oral, público y contradictorio por haber mutado la instrumentalidad de esa medida cautelar, siendo irrelevante e innecesaria la celebración de la referida audiencia, a pesar de señalarse con anterioridad.
En todo caso, si el accionante deseaba lograr la cesación de su detención preventiva en la etapa de juicio oral, público y contradictorio, debió presentar su correspondiente solicitud al amparo del art. 233 párrafo segundo del CPP, desvirtuando los riesgos procesales concurrentes que fundaron la imposición de esa medida cautelar; conforme a lo previsto por los arts. 234.7 y 235.2 y 5, ambos del CPP, razón por la cual no se advierte la vulneración de ningún derecho por parte del Juez ahora accionado, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, y ordenar que se señale audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 388 a 391 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0604_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 48922b21aa238d9f0ac20a21d37c6cbfaae7098f488915c82bc73ae27940d2e5
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