B.IA.LEGAL

SCP 0603/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57754-2023-116-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación, a la vivienda, a la propiedad privada, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; de las garantías del debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, dignidad, solidaridad; de los principios de igualdad, publicidad, servicio a la sociedad, legalidad, seguridad jurídica, informalismo, dirección del proceso e impulso de oficio, celeridad, “…IN DUBIO PRO DERECHO…” (sic), favorabilidad, progresividad, protección a los derechos, probidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, “…RESULTADOS, PREEMINENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL…” (sic), economía procesal, accesibilidad, equidad social y de género, y bienestar común; de los valores de justicia, respeto, responsabilidad, justicia social; y, de las “…NORMAS PRIMARIAS DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA…” (sic), como el vivir bien, tierra sin mal, camino o vida noble y el ama llulla y ama sua; toda vez que, en el proceso ordinario de adición de nombre en testimonio y folio real, promovió incidente de nulidad por notificación defectuosa del Auto de Vista 395/2022, que confirmó la Sentencia 09/22, desfavorable a su pretensión; incidente que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, y cuyo recurso de reposición con alternativa de apelación fue declarado improcedente por Auto Interlocutorio 37/2023, incurriendo las autoridades demandadas que dictaron dichas Resoluciones en los siguientes defectos: a) Mientras que a Tathiana Andrea Echalar Echalar se le notificó el Auto d…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 196 a 200 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Comunicación procesal mediante medios electrónicos y notificación en Secretaría de juzgado
  2. III.2. Sobre la subsidiariedad en acciones de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57754-2023-116-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 114/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 196 a 200 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lenny Fátima Padilla Loayza contra Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Julio César Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y, 26 a 43, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 11 de enero de 2016 fue declarada heredera de su bisabuelo Genaro Soto Yañez, quien dejó entre sus bienes el inmueble ubicado sobre la calle 14 de septiembre, localidad de Zudañez del departamento de Chuquisaca, bajo la Matrícula 1031010000497 ante la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), el cual fue registrado únicamente a nombre de la cónyuge Venancia Farel de Soto, conforme al Testimonio 32 de 30 de mayo de 1953, pese a su carácter ganancial; posteriormente, el inmueble fue transferido mediante Escritura Pública 382/2007 de 31 de julio por Zulema Gladys Terán a favor de Tathiana Andrea Echalar Echalar, con base en un poder falso respecto de “Fátima Farel”, lo cual fue objeto de querella por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, así como de una demanda de nulidad, esta última que concluyó con la nulidad del documento; pese a lo cual, la adquirente inició proceso de usucapión.

Como consecuencia, la línea sucesoria de Delia Soto García -hija única de su bisabuelo- no pudo consolidar ni inscribir su derecho sucesorio, afectación que se extendió a Sobeida Lilian Loayza Soto -hija de la antecedida-, hasta afectarla a ella -a su vez, como hija de la prenombrada-, quien, aun con la declaratoria de heredera respecto de su bisabuelo Genaro Soto Yañez, no pudo registrar su derecho, por observaciones en la tradición del inmueble. En ese contexto, promovió demanda de adición en el título de propiedad y en el registro inmobiliario, declarada improbada por Sentencia 09/22 de 30 de agosto, dando lugar a la reconvención formulada por Tathiana Andrea Echalar Echalar -en calidad de tercera coadyuvante- sobre la invalidez de su declaratoria de heredera, la cual le fue notificada vía WhatsApp al número 72886697 consignado en su demanda. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, radicado ante la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cuyos funcionarios, ante su recurrente asistencia, le informaron que la causa estaba pendiente de resolución, pese a su recurrente apersonamiento en plena pandemia por Coronavirus (COVID-19); no obstante, el 6 de diciembre de 2022, en ocasión de la audiencia de una acción de amparo constitucional promovida por Tathiana Andrea Echalar Echalar -vinculada al proceso de usucapión-, tomó conocimiento de que el recurso ya habría sido resuelto mediante Auto de Vista 395/2022 de 11 de noviembre, confirmatorio de la sentencia, y que, además, fue notificado ese mismo día mediante cédula en Secretaría de Sala, mientras que la contraparte fue notificada vía WhatsApp, lo que le impidió interponer recurso de casación, generando indefensión, vulnerando la igualdad procesal y ocasionando la pérdida de la propiedad familiar; en consecuencia, promovió incidente de nulidad de dicha notificación, por su ilegalidad e ineficacia, el cual fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, sin pronunciamiento sobre la desigualdad procesal ni el contexto de emergencia sanitaria, bajo el argumento de la obligación de apersonamiento; posteriormente, interpuso reposición con alternativa de apelación, declarada improcedente por Auto Interlocutorio 37/2023 de 27 de febrero, que confirmó la decisión impugnada, reiterando los mismos fundamentos.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la impugnación, a la vivienda, a la propiedad privada, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; de las garantías del debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, dignidad, solidaridad; de los principios de igualdad, publicidad, servicio a la sociedad, legalidad, seguridad jurídica, informalismo, dirección del proceso e impulso de oficio, celeridad, “…IN DUBIO PRO DERECHO…” (sic), favorabilidad, progresividad, protección a los derechos, probidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, “…RESULTADOS, PREEMINENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL…” (sic), economía procesal, accesibilidad, equidad social y de género, y bienestar común; de los valores de justicia, respeto, responsabilidad, justicia social; y, de las “…NORMAS PRIMARIAS DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA…” (sic), como el vivir bien, tierra sin mal, camino o vida noble y el ama llulla y ama sua. Para dicho efecto, citó los arts. 1, 8.II, 19.I, 22, 56.I y II, 108.1, 109.I, 115, 117.I, 119, 120.I, 180.I y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.1, 24, 25.1 y 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 1, 3 y 4 inc. c) de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; y, 2.1.3 incs. a) y b), 14.1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, que resolvió su incidente de nulidad de notificación, así como el Auto Interlocutorio 37/2023, que resolvió su recurso de reposición con alternativa de apelación; y se ordene a las autoridades demandadas que emitan nuevas resoluciones conforme al debido proceso legal y al valor justicia, pronunciándose sobre el referido incidente de nulidad de notificación relacionado con el Auto de Vista 395/2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 4 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 183 a 195 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia, manifestó que: 1) Aun cuando no hubiera señalado domicilio telemático, este ya se encontraba consignado en el expediente; además, el personal de apoyo jurisdiccional conocía la dirección y el teléfono de su abogado; y, 2) Se apersonó ante la Sala Civil en distintas oportunidades, antes y después de la notificación de 11 de noviembre de 2022, tal como consta en sus propios libros, preguntando si existía alguna resolución, recibiendo en todos los casos una respuesta negativa.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Julio César Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito cursante de fs. 56 a 59, señalaron que: i) Conforme al recurso de apelación, se dispuso, conforme a lo solicitado, que el domicilio procesal sea la Secretaría de despacho, remitiéndose en lo demás al decreto principal, que lo fijó en la Secretaría de Cámara, conforme a los arts. 82.I y 84.II del Código Procesal Civil (CPC). Al no objetar dicha determinación ni ratificarse o señalar medio electrónico en segunda instancia, operó la convalidación bajo el principio dispositivo hasta la emisión y notificación del Auto de Vista, sin vulneración del debido proceso ni de la igualdad; ii) La accionante, mediante su demanda tutelar, debió cuestionar la legalidad ordinaria, demostrando el supuesto formalismo procesal en la fijación del domicilio procesal, pues esta se sustentó en el principio de legalidad previsto en el art. 90.III del CPC, también integrante del debido proceso, y, conforme al art. 5 del mismo cuerpo normativo, debía objetar oportunamente dicha decisión si pretendía hacer prevalecer las notificaciones telemáticas, normativa que goza de presunción de constitucionalidad según el art. 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, iii) El acto alegado como lesivo no es atribuible al Tribunal de apelación, sino a la omisión de la accionante de señalar domicilio procesal en segunda instancia, razón por la cual, mediante providencia de 5 de octubre de 2022, se fijó el domicilio en la Secretaría de Cámara, conforme a la ley, sin que dicha determinación fuera objetada, resultando válida la notificación en estrados con el Auto de Vista 395/2022 y descartándose la existencia de vulneración de derechos.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Tathiana Andrea Echalar Echalar, por memorial cursante de fs. 116 a 129, y en audiencia, a través de su abogado, solicitó que se deniegue la tutela impetrada, indicando que: a) La accionante carece del derecho material que señala proteger, pues la Sentencia 09/22, dictada en el marco del proceso ordinario que inició para agregar el nombre de su bisabuelo en el Testimonio de propiedad y en el folio real, declaró improbada su demanda y probada la demanda reconvencional, estableciendo que no es heredera de Genaro Soto Yañez, al haberse agotado ese derecho con su abuela Delia Soto García; decisión confirmada por el Auto de Vista 395/2022, notificado el 11 de noviembre de 2022; b) La acción tutelar es improcedente conforme al art. 53.2 y 3 del CPCo, por tratarse de un acto consentido y no impugnado oportunamente, ya que dejó vencer el plazo para interponer recurso de casación -vigente hasta el 25 de noviembre de 2022-, consintiendo su ejecutoria; c) La notificación del 11 de noviembre de 2022 se ajustó a los arts. 82.I y 83.I del CPC, siendo las notificaciones electrónicas facultativas y subsidiarias, por lo que el incidente de nulidad planteado dos meses después de emitido el Auto de Vista 395/2022 carece de sustento, al no demostrarse impedimento material para recurrir en casación -lo cual pudo hacerse desde el 14 hasta el 25 de noviembre de 2022-, ni existir sanción de nulidad por falta de notificación electrónica; en ese sentido, se encuentran válidamente motivados los Autos Interlocutorios de 19 de enero de 2023 y 37/2023; d) Aun cuando la accionante dirija su acción contra los Autos Interlocutorios de 19 de enero de 2023 y 37/2023, lo que en realidad busca es invalidar la notificación de 11 de noviembre de 2022, sin evidenciar lesión a derechos fundamentales ni existir relevancia constitucional; e) No se vulneró la igualdad procesal, pues ambas partes contaron con iguales oportunidades para ofrecer prueba, así como para interponer los recursos pertinentes; el envío de un archivo en Formato de Documento Portátil (PDF) a su abogado no generó desventaja para la impetrante de tutela, al mantenerse expedita la posibilidad de recurrir en casación dentro del plazo legal; f) No se acreditó la existencia de un proceso penal por falsedad material o ideológica, sino únicamente dos procesos civiles, uno de nulidad de venta y otro por usucapión, que concluyó con un Auto Supremo; tampoco se acreditó que hubiese sido notificada el 24 de octubre de 2022 con el Auto de Vista 395/2022, correspondiendo dicha diligencia a otro proceso, siendo que la causa fue sorteada recién el 31 de octubre de 2022; y, g) La falta de inscripción en DD.RR. de la declaratoria de herederos de Delia Soto García es un aspecto remoto de varias generaciones, no subsanable en esta vía ni tampoco previsto normativamente, más aún cuando existen antecedentes de procesos promovidos por dicha causante contra Venancia Farel de Soto, en las gestiones 1987 y 1988, sobre los mismos derechos sucesorios, en los cuales no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio, provocando el embargo y la anotación preventiva de bienes. María Lourdes, Wilma Carol, Silvia Mercedes y José Luis Martín, todos Padilla Loayza, en audiencia, a través de su abogado, solicitaron se conceda la tutela impetrada, señalando que: 1) Pese al seguimiento constante del proceso civil de adición de nombre, junto a la accionante fueron sorprendidos con la emisión y presunta notificación del Auto de Vista 395/2022, el 11 de noviembre de 2022, mediante cédula; 2) El rechazo del incidente de nulidad de notificación, a través de los Autos Interlocutorios de 19 de enero de 2023 y 37/2023, les impidió interponer recurso de casación y defender el derecho propietario originado en su bisabuelo; 3) No existieron actos consentidos, pues resulta irrazonable atribuir desidia a quien dependía de la resolución de alzada para impugnarla; y, 4) La prueba aportada genera duda razonable sobre el conocimiento efectivo del Auto de Vista 395/2022 por parte de sus destinatarios.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 114/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 196 a 200 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la supuesta incongruencia del Auto Interlocutorio 37/2023, la accionante no precisó omisiones, adiciones indebidas ni contradicciones entre la motivación y la parte dispositiva, por lo que no es posible identificar arbitrariedades, ni la justicia constitucional puede suplir la actividad del interesado; ii) El Auto Interlocutorio 37/2023 contiene motivación suficiente al justificar la notificación en Secretaría con base en parámetros normativos y doctrinales, manteniendo el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, siendo irrelevantes imprecisiones como la relativa a la vigencia de las notificaciones telemáticas, cuyo uso responde al principio dispositivo, según el art. 83.II del CPC, y debe ser expresamente señalado por las partes; iii) Ante la imprecisión del domicilio procesal en segunda instancia, las autoridades demandadas fijaron válidamente la Secretaría de Sala -al otrosí tercero del memorial de la impetrante de tutela dispusieron que se esté a lo principal-, lo cual no requería impugnarse para ser modificado, bastando un simple memorial proponiendo el WhatsApp; en tal sentido, lo alegado en cuanto a que el personal de la Sala conocía el número de celular de su abogado no es atendible, pues su indicación se rige por el principio dispositivo; iv) La Resolución “152/2022” invocada por la peticionante de tutela no es aplicable, al no contener supuestos fácticos similares, pues en ese caso se solicitó expresamente la notificación vía WhatsApp, a diferencia del presente caso, donde la accionante se ratificó en un domicilio procesal distinto al donde se tramitó la causa principal en la localidad de Zudáñez, lo que motivó la fijación del domicilio en la Secretaría de Sala, careciendo sus agravios de relevancia constitucional; y, v) Respecto a la alegada vulneración de los derechos a la impugnación, la defensa y la doble instancia, así como de los principios de razonabilidad, objetividad y equidad, no se explicó su afectación concreta, más aún cuando la impetrante de tutela utilizó un medio recursivo inidóneo contra el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, pues pudo acudir directamente a la acción de amparo constitucional. En vía de complementación y enmienda, la accionante alegó insuficiencia de tiempo para argumentar su acción de amparo constitucional y, citando la Resolución 31/2023 de 20 de marzo como precedente análogo, solicitó se complemente el fallo respecto de la finalidad de la notificación, así como del análisis de las certificaciones emitidas por la propia Sala demandada -que acreditan su asistencia antes y después de la notificación con el Auto de Vista y la falta de comunicación de su resultado-, requiriendo, además, pronunciamiento sobre la aplicación de los principios de favorabilidad, protección reforzada a grupos vulnerables y la jurisprudencia constitucional relativa a los principios de no formalismo, pro homine y favor débilis, dado que es una mujer adulta mayor. Al respecto, la Sala Constitucional señaló que los aspectos cuestionados ya fueron considerados en la motivación de la decisión, por lo que no correspondía su modificación, declarando sin lugar la solicitud.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entra las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley (fs. 217 a 219).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, Lenny Fátima Padilla Loayza -ahora accionante- interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 09/22 de 30 de agosto de 2022 (fs. 144 a 148 vta.). En atención a ello, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Julio César Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-, por decreto de 5 de octubre de igual año, dispusieron “Radíquese la causa con conocimiento de partes, para quienes se señala domicilio en Secretaria de Cámara de acuerdo a lo previsto por los artículos 82-I) y 84-II) de la Ley 439”; mismo que fue notificado a la impetrante de tutela en Secretaría de Cámara el 5 de igual mes y año (fs. 150 y 151). II.2. Consta Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, emitido por Vocales demandados, que declararon improbado el incidente de nulidad interpuesto por la peticionante de tutela (fs. 5 a 7). II.3. Por memorial presentado el 26 de enero de 2023, la peticionante de tutela formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 19 de igual mes y año (fs. 11 a 13). En respuesta, los Vocales demandados, mediante Auto Interlocutorio 37/2023 de 27 de febrero, mantuvieron incólume la determinación inicial, rechazando el citado recurso (fs. 14 a 17 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación, a la vivienda, a la propiedad privada, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; de las garantías del debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, dignidad, solidaridad; de los principios de igualdad, publicidad, servicio a la sociedad, legalidad, seguridad jurídica, informalismo, dirección del proceso e impulso de oficio, celeridad, “…IN DUBIO PRO DERECHO…” (sic), favorabilidad, progresividad, protección a los derechos, probidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, “…RESULTADOS, PREEMINENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL…” (sic), economía procesal, accesibilidad, equidad social y de género, y bienestar común; de los valores de justicia, respeto, responsabilidad, justicia social; y, de las “…NORMAS PRIMARIAS DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA…” (sic), como el vivir bien, tierra sin mal, camino o vida noble y el ama llulla y ama sua; toda vez que, en el proceso ordinario de adición de nombre en testimonio y folio real, promovió incidente de nulidad por notificación defectuosa del Auto de Vista 395/2022, que confirmó la Sentencia 09/22, desfavorable a su pretensión; incidente que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, y cuyo recurso de reposición con alternativa de apelación fue declarado improcedente por Auto Interlocutorio 37/2023, incurriendo las autoridades demandadas que dictaron dichas Resoluciones en los siguientes defectos: a) Mientras que a Tathiana Andrea Echalar Echalar se le notificó el Auto de Vista 395/2022 mediante WhatsApp, a su persona se le practicó notificación por cédula, afectando los principios de eficacia e igualdad procesal y su derecho a recurrir en casación; y, b) Las autoridades demandadas no pudieron justificar su actuación en la exigencia formal de ratificación de medios electrónicos, ni en una supuesta falta de seguimiento, ya que realizó un control constante del proceso junto a su abogado -incluso con secuelas del COVID-19-, habiendo recibido información en el sentido de que no existían actuaciones o novedades pendientes. Ante ello, los Vocales demandados señalaron que: 1) La accionante fijó domicilio procesal en la Secretaría de Cámara, tanto en su recurso de apelación como en memorial posterior, conforme a los arts. 82.I y 84.II del CPC, sin que dicho extremo haya sido objetado o modificado, operando la convalidación de la notificación y sin vulneración del debido proceso ni de la igualdad; 2) Lo pretendido vía acción de amparo constitucional implicaría reabrir la legalidad ordinaria, siendo necesario cumplir las subreglas para evidenciar el supuesto excesivo formalismo en la fijación del domicilio; y, 3) La acción de defensa resulta extemporánea, al haber transcurrido más de seis meses desde la notificación con el Auto de Vista 395/2022, que constituye el fondo del problema. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Comunicación procesal mediante medios electrónicos y notificación en Secretaría de juzgado

El art. 267 del CPC, respecto a la notificación del Auto de Vista, dispone: “Una vez pronunciado el auto de vista, se notificará a las partes por su turno, en la Secretaría de Cámara”. Asimismo, en cuanto al régimen procesal aplicable a los lugares y medios habilitados para la práctica de notificaciones, el art. 82.I del CPC prevé: “Después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso deberán ser inmediatamente notificadas a las partes en la secretaria del juzgado o tribunal o por medios electrónicos, conforme a las disposiciones de la presente Sección” (las negrillas y subrayado nos corresponde); de igual manera, el art. 83.II de la misma norma procesal establece que: “Cuando los juzgados, tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con constancia del recibo respectivo” (las negrillas y subrayado nos corresponde). De lo expuesto se concluye que, conforme al art. 267 del CPC la notificación con los Autos de Vista se practica en la Secretaría de Cámara, en consecuencia, dicho acto se encuentra comprendido dentro del régimen previsto en los arts. 82.I y 83.II del CPC, para las notificaciones efectuadas en Secretaría; bajo ese marco normativo, las partes tienen la facultad, mas no la obligación, de señalar un medio electrónico para la recepción de comunicaciones procesales en segunda instancia; una vez aceptado y habilitado, surge para la autoridad judicial, así como para los funcionarios encargados de las notificaciones, el deber de comunicar de forma inmediata la práctica de la diligencia hecha en la Secretaría de Cámara, tanto la realización de la notificación como el contenido del acto procesal correspondiente, mediante el medio electrónico autorizado; ello porque:  El empleo de medios electrónicos no sustituye la notificación practicada en la Secretaria de Cámara, sino que la complementa, en la medida en que refuerza las finalidades de publicidad, transparencia y conocimiento efectivo, que orientan el régimen de comunicaciones procesales.  Resulta concordante con la orientación del sistema procesal vigente, que, a diferencia de modelos anteriores, incorpora progresivamente mecanismos electrónicos de comunicación y disminuye la dependencia de la comparecencia física como medio exclusivo para el conocimiento de las actuaciones procesales. Por consiguiente, tratándose de la notificación de los Autos de Vista, las partes pueden optar por realizar el seguimiento de sus procesos mediante su comparecencia a la Secretaria de Cámara; o bien, cuando hubieren señalado y habilitado un medio electrónico de comunicación, recibir por esa vía la información relativa a la realización de la notificación, su contenido y la correspondiente constancia o respaldo de la diligencia practicada en la Secretaría de Cámara.

III.2. Sobre la subsidiariedad en acciones de amparo constitucional

Al respecto, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló subreglas sobre el principio de subsidiariedad en acción de amparo constitucional, estableciendo que esta última no procede en caso que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, se advierte que la accionante interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 09/22 de 30 de agosto de 2022 (Conclusión II.1); en cuyo “Otrosí 3” se señaló: “Me ratifico en el domicilio procesal” (sic), sin hacer referencia a número de comunicación alguno; ante esa circunstancia, las autoridades demandadas dispusieron: “Radíquese la causa con conocimiento de partes, para quienes se señala domicilio en Secretaria de Cámara de acuerdo a lo previsto por los artículos 82-I) y 84-II) de la Ley 439” (sic); esta determinación fue notificada en Secretaría de Cámara el 5 de octubre de 2022, conforme consta en la diligencia respectiva; posteriormente, se emitió el Auto de Vista 395/2022 de 11 de noviembre, resolución que fue notificada a la accionante en Secretaría de Cámara en la misma fecha. Contra dicha notificación se promovió incidente de nulidad, el cual fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, que declaró improbado el incidente de nulidad; esta decisión fue impugnada mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, siendo confirmada por el Auto Interlocutorio 37/2023 de 27 de febrero; las referidas resoluciones constituyen los actos impugnados en la presente acción de amparo constitucional; en efecto, el petitorio se circunscribe a que: “Se Deje sin efecto el AUTO DE 19 DE ENERO DE 2023. -ilegal Resolución que resuelve mi incidente de nulidad de notificación- (…) Se deje sin efecto el AUTO No. SCCI 37/2023 DE 27 DE FEBRERO DE 2023 -la Resolución sobre mi recurso de reposición con alternativa de apelación- emitida por los Vocales de Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca” (sic).

Ahora bien, respecto al punto a), de la revisión de antecedentes se advierte que, si la accionante consideraba que las notificaciones debían realizarse mediante WhatsApp, correspondía que impugnara, mediante recurso de reposición, el decreto de 5 de octubre de 2022, por el cual las autoridades demandadas señalaron que el domicilio procesal quedaría fijado en Secretaría de Cámara; sin embargo, dicho actuado no fue impugnado ni mencionado en la presente acción de amparo constitucional; este aspecto resulta relevante, pues constituye el antecedente procesal que dio lugar a la posterior notificación en Secretaría de Cámara con el Auto de Vista 395/2022.; pese a ello, la peticionante de tutela dirigió su cuestionamiento contra la notificación de dicho Auto de Vista mediante incidente de nulidad, cuando, en su caso, la observación debió formularse respecto de la notificación del decreto de 5 de octubre de 2022, que fue practicada en Secretaría de Cámara; en consecuencia, al no haberse agotado los mecanismos impugnativos intraprocesales idóneos respecto del acto que fijó la modalidad de notificación, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de efectuar un análisis de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de la posterior notificación practicada en Secretaría de Cámara. Por otro lado, respecto a la alegada vulneración del principio de igualdad, de las diligencias cursantes en obrados, se advierte que ambas partes procesales fueron notificadas en Secretaría de Cámara; no obstante, la tercera interesada también fue informada de la notificación mediante su celular, debido a que se apersonó al proceso y lo solicitó expresamente, petición que fue admitida por decreto de 12 de octubre de 2022; esa determinación tampoco fue impugnada mediante recurso de reposición, ni constituyó objeto de cuestionamiento específico de la presente acción de amparo constitucional. Debe recordarse que el principio de igualdad, conforme a la Declaración Constitucional 002/01 de 8 de mayo de 2001, se conceptualiza como aquel que: “…exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa justificada…”. Bajo ese entendimiento, y considerando que, en instancia de apelación, la accionante únicamente ratificó su “domicilio procesal”, sin consignar número telefónico alguno que habilite la comunicación o aviso de la notificación practicada en Secretaría de Sala, a diferencia de la tercera interesada, quien sí solicitó expresamente dicho medio de comunicación, este aspecto denota el incumplimiento de un análisis comparativo, el cual tampoco fue desarrollado en la demanda de amparo constitucional e impide una concesión al respecto. En lo que respecta al punto b), la impetrante de tutela sostiene que las autoridades demandadas no deben escudarse en la exigencia formal de ratificación de medios electrónicos, ni en la supuesta falta de seguimiento, ya que realizó un control constante del proceso junto a su abogado -incluso con secuelas del COVID-19- y que, además, recibió información de inexistencia de novedades, más aun tratándose de una persona adulta mayor con protección reforzada. Al respecto, de la revisión del Auto Interlocutorio 37/2023, se advierte que el rechazo del recurso de reposición no se sustentó en la falta de ratificación de medios electrónicos, sino en que, en el proceso civil, las notificaciones ante el tribunal de apelación deben practicarse en Secretaría de Sala, con la correspondiente carga de concurrencia de las partes; y, en que el domicilio procesal fue fijado en Secretaría de Sala al momento de la radicatoria, sin que dicha determinación hubiera sido objetada. En ese sentido, no es evidente que las autoridades demandadas hubieran exigido la ratificación de medios electrónicos como presupuesto para rechazar el recurso de reposición; por el contrario, el fundamento determinante de la Resolución radica en la ausencia de objeción a la radicatoria que fijó el domicilio procesal, aspecto que concuerda con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de manera que dicha exigencia no fue considerada por las autoridades demandadas. Por otra parte, las alegaciones sobre el seguimiento constante del proceso, que la accionante habría efectuado aun en el contexto de afectaciones derivadas del COVID-19, no inciden en la determinación del lugar de la notificación previamente establecido, el cual debió ser oportunamente observado, al constituir el presupuesto de la decisión ahora impugnada, y, en su caso, acreditarse a tiempo de plantear el incidente de nulidad. Finalmente, la invocación de un trato diferenciado o de una protección reforzada por su condición de adulta mayor no fue planteada ante la instancia ordinaria, por lo que constituye un argumento nuevo que no supera el principio de subsidiariedad propio de la acción de amparo constitucional, impidiendo su análisis en esta sede. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 196 a 200 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0603_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.

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