Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 30 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración al debido proceso en su elemento de motivación; a la tutela judicial efectiva; y el principio pro homine o pro actione, toda vez que los Vocales accionados en la emisión del Auto de 5 de enero de 2023 a través del cual confirmaron el rechazo de la medida cautelar solicitada por la demandante, incurrieron en las siguientes vulneraciones: i) Motivación aparente al afirmar que no incurrieron en error sobre la aplicación del art. 400.II del CPC, eludiendo el análisis de su pedido de suspensión de la ejecución del proceso ejecutivo como medida cautelar genérica; asimismo, no señalan el argumento lógico jurídico por el cual se niegan a garantizar el efecto de la sentencia de nulidad prevista en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 136 a 138 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2025-S4 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 55541-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 54/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 136 a 138 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristina Alexandra Vera Kuncar contra Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La accionante por memoriales presentados el 26 de enero del 2023 y el 8 de febrero del mismo año, cursantes de fs. 94 a 102; y, de 105 a 110 vta., respectivamente, manifestó lo siguiente:
En el proceso ejecutivo iniciado en su contra por Ely Del Carmen Narváez Ríos y Diego Camilo Márquez Narváez, con base al documento privado de 30 de abril del 2019, el Juez Público Civil y Comercial Cuarto -se entiende de la Paz-, dictó sentencia ejecutiva, que se encuentra en fase de ejecución. Ante los vicios de nulidad existentes, por su parte, inició proceso civil ordinario, pidiendo la nulidad del documento base de la ejecución, de 30 de abril del 2019; en el cual, el Juez Público Civil y Comercial Segundo -se entiende de la Paz-, dictó sentencia declarando probada la demanda, y en su mérito nulo el referido documento; decisión que fue confirmada en apelación mediante Auto de Vista SO-457/2022 de 4 de octubre. En ese contexto, mediante escrito de 10 de agosto del 2022, en la vía ejecutiva, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución -se entiende del proceso ejecutivo-, tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz. Dicha petición fue observada por decreto de 12 de agosto del 2022, a través de la cual se le pidió la justificación fáctica y jurídica de la procedencia de la medida cautelar, considerando el tipo de sentencia; procediendo, de su parte, a subsanar su pedido mediante memorial de 12 de septiembre del 2022, que no mereció respuesta por encontrarse el expediente “con sorteo de Vocal relator”. Una vez que se emitió el Auto de Vista, por memorial de 16 de noviembre del 2022 solicitó la indicada medida cautelar; pedido que mereció el decreto de rechazo de 18 de noviembre del indicado año. Contra dicha providencia, interpuso recurso de reposición mediante escrito de 3 de enero del “2022” (sic); que fue resuelto por Auto de 5 de enero del 2023, confirmando el rechazo de la medida cautelar con el argumento de que la ejecución de la sentencia de nulidad es netamente registral; por ende, no se habría explicado cómo afectaría a la ejecución, los actos desarrollados por el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz. En la emisión del Auto impugnado, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes vulneraciones: a) Resulta falaz el argumento de que no habrían cometido ningún error en la aplicación del art. 400.II del Código Procesal Civil (CPC), dado que dicha norma orienta a que las autoridades accionadas carecen de competencia en razón a que la misma se refiere a una facultad de ejecución y no de cautela; con esa falacia se configura una motivación aparente, ya que elude el análisis de la pretensión en la forma en el que fue planteada, puesto que solicitó una medida cautelar inmoninada; b) Con el fin de demostrar la proporcionalidad e instrumentalidad de esa medida, basó su petición en el art. 400.III del CPC, que establece la suspensión definitiva de la ejecución como efecto de la sentencia declarativa de nulidad, por ende se hace viable una medida cautelar que garantice ese efecto de la sentencia; argumento que fue evadido por los accionados, ya que no señalan cual es el fundamento lógico-jurídico por el cual se niega a garantizar ese efecto, evadiendo su análisis cuando expresamente se señaló que no se pidió la suspensión definitiva, inclusive se explicó las técnicas argumentativas que sustentan su pretensión aludiendo al “ad mayus ad minus, si se puede lo mas se puede lo menos” (sic); en efecto si como efecto mayor de fallos procede la suspensión definitiva se puede perfectamente como medida cautelar disponer la suspensión provisional; pero reitera esos argumentos no merecieron respuesta; c) La motivación es incongruente, puesto que señalan que no habría fundamentado que estaba solicitando una medida cautelar innominada siendo que de forma reiterativa señaló que estaba pidiendo una medida cautelar genérica; d) Asimismo se vulnera el debido proceso en su elemento de motivación al no exponer las razones por las cuales se considera no viable que den respuesta a los fundamentos expuestos; y no prosperable su petición; d) La motivación contenida en los puntos “III.1.1.2.1., II.1.1.2.2.” (sic), resultan arbitrarias, incongruentes, absurdas, ilógicas y con error evidente, porque omite el análisis de todos los efectos que genera la nulidad, ya que, según los Vocales accionados, el único efecto sería registral -el registro de la nulidad en algún registro público; este criterio resulta contrario a lo dispuesto por los arts. 547 del Código Civil (CC), que establece el efecto retroactivo y la repetición de obligaciones, asimismo el art. 1558.3 del CC, pero además el que prevé el art. 400.III del CPC, que dispone: “Si el documento base de la ejecución fuere declarado nulo en otro proceso con sentencia ejecutoriada, la autoridad judicial suspenderá de manera definitiva la ejecución”, siendo éste el efecto que las autoridades accionadas se niegan a reconocer, pese a la claridad de la norma, restringiendo su análisis al art. 1558.3 del CC, por lo que la motivación resulta insuficiente, ya que no señala porque niegan el efecto de la una sentencia de nulidad expresamente previsto en el art. 400.III del CPC; siendo que el objeto de las medidas cautelares es evitar que la sentencia resulte ineficaz; y, dado que el efecto de la sentencia que declara nulo el documento privado de 30 de abril del 2019 es la suspensión definitiva del proceso ejecutivo, es ese el efecto que se encuentra en riesgo por la demora en la tramitación de los recursos; y, ante el inminente remate de su departamento, una vez que se haya perfeccionado el remate no habrá nada que suspender por lo que la sentencia de nulidad quedará sin ejecución; por ello, las reglas de interpretación que fueron omitidas por los accionados, son el método sistemático al restringir su análisis al art. 1558.3 del CC, omitiendo analizar el efecto previsto en el art. 400.III del CPC; asimismo, el método teleológico, puesto que la finalidad de la medida cautelar es precisamente asegurar la efectividad de la sentencia respecto a todos sus efectos; y la medida cautelar solicitada busca proteger el efecto previsto en el art. 400.III del CPC; asimismo, no consideraron el método histórico al desconocer que a partir de la vigencia del Código Procesal Civil, existe un nuevo efecto de la sentencias declarativas de nulidad de documentos, es la suspensión de los procesos de ejecución; y finalmente el método gramatical; puesto que el art. 400.III del CPC, establece como efecto expreso la suspensión definitiva de la ejecución de los procesos ejecutivos, efecto que es negado por los accionados; f) No se ha valorado el informe de 5 de enero del 2022 y las fotocopias legalizadas del proceso ejecutivo radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, que acreditan el peligro en la demora, ya que su departamento esta con señalamiento de día y hora de remate; y los argumentos esgrimidos referidos a que no constituye argumento válido la sola prolongación del proceso para procedencia de la medida cautelar implican un apartamento de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, ya que estando acreditado que continua la ejecución del proceso ejecutivo con el señalamiento de audiencia de remate para el pago de la obligación de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses) y que existe una sentencia confirmada en segunda instancia que declara la nulidad del documento base de la ejecución, resulta lógico que esa ejecución no debe continuar en base a un documento nulo; y, de esa manera resguardarse el cumplimiento de los efectos de la sentencia de nulidad, que resulta proporcional al efecto que se pretende resguardar; y, g) Se vulnera la tutela judicial efectiva en su dimensión de lograr el cumplimiento de la resolución emitida, ya que no inició el proceso de nulidad con una finalidad netamente registral, como argumentan los Vocales accionados, sino con el propósito de obtener la extinción de la obligación, previsto en el art. 547 del CC, y por consiguiente evitar que su patrimonio resulte afectado; en definitiva para que no se le obligue a pagar por la compra de una marca que no existe, por un espacio cultural y/o actividad económica inexistente y por pintura, yeso, cemento, cerámicas, etc., utilizados en un inmueble que no puede reutilizar y que ni siquiera puede vender separado del inmueble; siendo esos los efectos que pretende y que no se están tutelando; la sentencia de nulidad no puede quedar en una simple declaración, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que la sentencia debe asegurar la efectividad del derecho; finalmente resulta arbitrario el argumento de que el acogimiento de la medida cautelar que solicita comprometería la competencia de los Vocales demandados, y que debió haber sido pedida ante la Jueza a quo, en razón a que la competencia del Tribunal de alzada, se limita a lo impugnado en el recurso de apelación; en razón a que por efecto de la apelación, la competencia del juez de primera instancia está suspendida, por lo que el tribunal competente es el de alzada, no solo para resolver el recuso sino los incidentes emergentes, siendo que por mandato del art. 310 del CPC, puede solicitarse medidas cautelares, ya sea como medida preliminar, o en cualquier etapa del proceso, por lo que dicho argumento le deja sin juez competente.
El accionante denunció la vulneración de los derechos al debido proceso en su elemento de motivación; a la tutela judicial efectiva; y el principio pro homine o pro actione; citando los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda tutela; y en consecuencia se deje sin efecto el auto de 5 de enero del 2023, que rechaza la solicitud de medida cautelar, ordenando se dicte una nueva medida en resguardo de la tutela judicial efectiva; y se condene al pago de costas y costos.
Celebrada la audiencia el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 132 a 135 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, se ratificó en el contenido de su acción de amparo constitucional.
Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy accionados, mediante informe escrito presentado el 3 de marzo del 2023, cursante de fs. 125 a 127 vta., informaron lo siguiente: 1) Salta a la vista la falacia argumentativa del hombre de paja, dado que se trastoca lo sostenido en el Auto cuestionado para salir favorecida con aspectos no dichos por este Tribunal, es así que se afirma que se habría omitido el análisis de la forma en la que fue planteado, lo que no se ajusta a la realidad, ya que la accionante pretende la suspensión de la ejecución del proceso ejecutivo del Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, al amparo del art. 410.II del CPC; en una interpretación sistemática del art. 400.III del CPC, señala que el Juez de ejecución, previo pedido de parte, por denuncia de falsedad del título, podrá suspender provisionalmente su ejecución; y si el título fuere declarado nulo en otro proceso suspenderá de manera definitiva la ejecución; consecuentemente, al haber amparado su petición en el art. 400 del CPC, quien tiene competencia para analizar la suspensión provisional de la ejecución es el juez de ejecución de aquel proceso, mas no así sus personas; 2) Pese a la claridad de lo explicado, el Tribunal, en un criterio amplio ingresó a considerar el pedido desde la óptica de una medida cautelar genérica, es decir al amparo del art. 324 del CPC; en suma se advierte la falacia argumentativa de la accionante, ya que su pedido fue analizado desde dos ópticas; la primera en consideración a lo dispuesto en el art. 400 del CPC y la segunda desde la óptica de una medida cautelar genérica al amparo del art. 324 del CPC; 3) La accionante no explica las razones por las cuales no se apersonó al juzgado de ejecución a solicitar la suspensión provisional de la ejecución al tenor del art. 400.II del CPC, siendo que dicha norma establece la competencia de la referida autoridad; 4) Este tribunal afirmó que la accionante no fundamentó como podría afectarse la ejecución de la sentencia ordinaria, los actos desarrollados en el proceso de ejecución, extremo que evidencia la falta de correlación entre la medida solicitada y la finalidad que pretende cautelar, lo que no tiene coherencia, en razón a que la norma procesal establece la vía idónea para suspender provisionalmente la ejecución cuando el título es acusado de falsedad en la vía civil o penal; 5) Asimismo se explicó que el pedido no cumplía con el peligro en la mora, ya que el argumento de que el proceso se prolongue no es un sustento para emitir una medida cautelar, ya que en tal caso peligrosamente se apertura una competencia no emergente de la ley; 6) La accionante olvida que su competencia únicamente queda abierta en razón a lo resuelto e impugnado en la causa, conforme a lo que establece el art. 265.I y II del CPC, sin que pueda ir más allá, por lo que no podrían emitir algún tipo de pronunciamiento que no se enmarque en lo impugnado, ya que de lo contrario implica otorgar al tribunal competencias que no emanan de la ley; 7) La accionante pretende convencer al tribunal que la decisión cuestionada tendría como única causa, la afirmación de que la ejecución del proceso ordinario solo seria registral, extremo totalmente falso, ya que lo que se afirmó es que la ejecución de la referida sentencia es a priori registral; es decir que el Tribunal al margen de distinguir el modo de ejecutar y los efectos de la sentencia; expresó que dentro de la categoría de modos de ejecutar, a priori es registral; o dicho de otro modo, la forma de ejecutar una sentencia de nulidad inicialmente o de antemano o antes de, es registral, extremo que la accionante confunde con los efectos de la sentencia, ya que esta claro que entre los efectos de la sentencia de nulidad está la extinción de la obligación; 8) Con relación a que la técnica argumentativa que se debe utilizar es la de “ad mayus ad minus” (sic), se trata de un argumento a fortiori, que no son lógicamente válidos; en este caso la accionante pasa por alto la competencia del tribunal para determinar una suspensión provisional e implícitamente apunta a hacer creer que se trata de un solo proceso, lo cual no es correcto, ya que ambas autoridades, el de ejecución y tribunal –se entiende de apelación-, tienen competencias propias; por ello lo afirmado resulta ilógico; 9) En relación a otros argumentos no tiene coherencia, ya que la interpretación de las normas parte de lo literal, y en caso de existir oscuridad en la expresión lingüística, recién se recurre a otros métodos, empero el art. 400 del CPC, es claro en sus expresiones; y, 10) El proceso fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual llama la atención que la accionante pretenda la emisión de una nueva disposición, cuando dicho extremo solo retrasa, o entorpece el trámite de su proceso, puesto que en el supuesto que se conceda la tutela deberán pedir la devolución de obrados al Tribunal Supremo de Justicia para emitir nuevo pronunciamiento, generando con ello, pérdida de tiempo; en los hechos la accionante tiene la vía expedita en el art. 400 del CPC, ante el Juez de ejecución para pretender la suspensión provisional; por lo que pide denegar la tutela impetrada.
Ely Del Carmen Narváez Ríos, a través de su abogada, señaló: i) Existen dos procesos; un proceso ejecutivo en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, con sentencia ejecutoriada, ya que fue confirmada en apelación y en el que se ha planteado una acción de amparo constitucional; y, el segundo es un proceso ordinario de nulidad, que se halla radicado en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial Segundo del departamento de La Paz; el origen de ambos procesos es un documento, el cual no solo es de transferencia sino de reconocimiento de deuda por la suma de $us13 000.-, por la transferencia de bienes muebles, en un listado adjuntado en el documento, lo cual ha sido señalado por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en la acción de amparo constitucional referida; ii) Se ha seguido el proceso ejecutivo, sin que hasta la fecha se haya ordinarizado, por lo que ya existe sentencia ejecutoriada; iii) Como señalan los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ellos no pueden interferir en la competencia del Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, quien es la autoridad facultada para conocer una solicitud de suspensión, de acuerdo al art. 400 del CPC, por lo que es en ese proceso que se debe efectuar el pedido de suspensión; empero en dicho juzgado no existe esa petición, por lo que no existe prueba del rechazo de esa petición; iv) Tampoco se ha cumplido con la subsidiariedad, ya que este proceso se encuentra en tramite del recurso de casación; v) En cuanto a la supuesta falta de motivación que se denuncia, en ésta acción de amparo constitucional no se menciona la “SCP 836/2018” (sic), que se establece el requisito del nexo causal entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u omisión absurda por no efectuar la interpretación que se considera correcta y los derechos y garantías; es decir la ausencia de motivación no puede ser el derecho vulnerado, la ausencia de motivación debe ser la causa de la vulneración de derechos, pero no se observa algún derecho vulnerado; vi) La petición efectuada a la Sala Civil, no corresponde de acuerdo a lo previsto en el art. 400.II del CPC, debido a que esta norma condiciona la suspensión definitiva a una sentencia ejecutoriada, que a la fecha no existe, por lo cual no puede suspenderse la ejecución, ya que se encuentra en recurso de casación y a la fecha no tiene calidad de cosa juzgada; y, vii) Hacen conocer que se trata de la compra venta de bienes muebles y no así de bienes inmuebles; esos muebles se constituye por varios elementos que no son solamente el pago de albañiles y refacciones, sino también equipos de sonido, luces, mueblería, mantelería, menaje y todo lo que conlleva ese centro cultural, que se halla en posesión de la accionante; y por ese conglomerado de elementos que solicita el pago de $us13 000.- que Cristina Alexandra Vera Kuncar, hoy accionante, se niega a pagar y en caso de concederse la tutela se ocasionará que no se pague por algo que se ha recogido, con relación a lo cual la sentencia del juicio ordinario a salvado los derechos para reclamar sobre estos bienes muebles; lo que pretende es que se le pague por esos bienes muebles; por lo que pide que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 54/2023 de 10 de marzo cursante de fs. 136 a 138 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) Cualquier solicitud, como la suspensión provisional de los efectos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por las características de instrumentalidad y temporalidad de la medida cautelar, no ingresa al fondo, por lo que siempre puede ser modificada, y solicitada; b) Cuando la sentencia tenga calidad de cosa juzgada, la autoridad jurisdiccional podrá disponer la suspensión definitiva, lo que no ocurre en este caso, ya que el proceso está en casación; y, c) Esta Sala ve pertinente la media cautelar por existir un alto grado de verosimilitud -se entiende del derecho-, por existir dos resoluciones judiciales que declaran la nulidad del documento; y sería un despropósito que el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, con estos antecedentes, no provea una medida cautelar; empero esa solicitud debe ser presentada ante el Juez que esta conociendo la ejecución de la presente causa, y como no se advierte que esta solicitud se haya hecho al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, mal podría exhortar u ordenar la adopción de una medida cautelar, por lo que no corresponde conceder la tutela. Posteriormente la parte accionante, mediante escrito presentado el 13 de marzo del 2023, solicitó que se complemente, exponiendo las razones jurídicas y lógicas por las cuales sostiene como fundamento para denegar la tutela, que el juez Público Cuarto del departamento de La Paz -que conoce el proceso ejecutivo-debe conocer la medida cautelar de suspensión provisional que tiene como finalidad asegurar una sentencia de nulidad emitida por un juez distinto y cual la razón por la cual, el juez que confirma la sentencia de nulidad, no está legitimado para emitir una medida cautelar, que asegure la ejecución de su propia sentencia. En respuesta, Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante resolución de 14 de marzo del 2023, dispuso no ha lugar a la complementación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 10 de agosto del 2022 ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante al cual, Cristina Alejandra Vera Kuncar -hoy accionante-, solicitó la medida cautelar de suspensión de la ejecución del proceso ejecutivo radicado en el Juzgado público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz a fin de que el mismo no se consume en tanto se resuelvan los recursos planteados contra la sentencia de primera instancia, con el fin de evitar la consumación de la ejecución de un título nulo (fs. 57 a 58 vta.). Asimismo, el escrito de subsanación de 12 de septiembre del 2022 (fs. 60 a 62). II.2. Cursa providencia de 18 de noviembre de 2022, mediante la cual Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy coaccionado, dispone que la medida cautelar debe ser solicitada ante el juez de ejecución del proceso ejecutivo (fs. 76). II.3. Mediante memorial de 3 de enero del 2023, la demandante en el proceso ordinario de nulidad Cristina Alejandra Vera Kuncar, hoy accionante, planteó recurso de reposición contra el decreto de 18 de noviembre del 2022 (fs. 85 a 86). II.4. Cursa Auto de Vista de 5 de enero del 2023, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, mediante el cual rechaza el recurso de reposición planteado por Cristina Alejandra Vera Kuncar, manteniendo firme y subsistente el contenido de la providencia impugnada, con los siguientes fundamentos: 1) Sobre el hecho de que este Tribunal habría confundido el pedido de la suspensión provisional con una suspensión definitiva, de la revisión de la providencia de 18 de noviembre del 2022, se tiene que no se cometió error alguno y menos se confundió la suspensión parcial con la definitiva; ya que la peticionante se amparó en el art. 400.II y III del CPC; es decir una suspensión provisional y en una suspensión definitiva; por lo que puede considerarse erróneo lo argumentado en sentido de que los hechos y la norma referida no les otorga atribución de emitir la cautela solicitada, por el contrario dicha norma le otorga facultad al juez de ejecución, ya que se pide la suspensión de la ejecución que se sigue en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz; 2) En el caso de que la peticionante pretenda hacer una distinción entre la defensa de la suspensión provisional y definitiva establecida en el art. 400.II y III del CPC y una supuesta medida cautelar genérica de suspensión provisional prevista en el art. 324 del CPC, al margen de que dicho aspecto no está fundamentado en el presente recurso o anteriores escritos, dicha pretensión no es prosperable; 3) La pretensión de la demanda fue de nulidad del contrato de transferencia y reconocimiento de una deuda de 30 de abril de 2019 suscrito entre Cristina Alejandra Vera Kuncar y Ely del Carmen Narváez Ríos y Diego Camilo Márquez Narváez, habiéndose declarado probada dicha pretensión; entonces la ejecución de dicha sentencia es a priori registral; en ese marco no se evidencia que corresponde el mantenimiento o alteración de los hechos o derecho que dieron mérito a la sentencia; dicho en otros términos, no se encuentra razonable ni fundamentado como los supuestos actos de ejecución desarrollados en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, podrían modificar o hacer ineficaz la sentencia anulatoria emitida en la presente causa, ya que como se dijo, la ejecución es primordialmente registral; la suspensión provisional que pretende la demandante no encuentra sentido, correlación con la ejecución de la sentencia ordinaria, dado que no se fundamenta como una sentencia anulatoria podría convertirse en ineficaz o imposible de ejecución por actos desarrollados en el proceso de ejecución, cuando en los hechos y en virtud a lo previsto en el art. 400.II y III del CPC, claramente contiene hipótesis fáctica a lo pretendido actualmente, por ello queda claramente corroborada la falta de fundamentación de la medida genérica solicitada; 4) Con relación al peligro de mora, el mismo no puede ser un simple temor y menos un capricho, sino que debe ser apreciado de forma objetiva, llegando inclusive a ser apreciado por terceros, en tal sentido la sola prolongación del proceso en el tiempo no es un argumento admisible para la procedencia de una medida cautelar, ya que se desvirtuaría toda exigencia y se generalizaría su uso a simple gusto y placer del litigante; y, 5) la competencia de este tribunal queda comprometida, dado que la misma únicamente queda abierta en razón a lo resuelto o lo impugnado en la causa, extremo que no fue considerado por la peticionante, a más que no se tiene fundamentos que hagan a la excepción de abrir la competencia, en razón a las circunstancias apremiantes o poblaciones vulnerables, por ende la medida cautelar genérica que ahora se pide, debió ser pretendida ante el Juez a quo (fs. 87 a 89).
El accionante denuncia la vulneración al debido proceso en su elemento de motivación; a la tutela judicial efectiva; y el principio pro homine o pro actione, toda vez que los Vocales accionados en la emisión del Auto de 5 de enero de 2023 a través del cual confirmaron el rechazo de la medida cautelar solicitada por la demandante, incurrieron en las siguientes vulneraciones: i) Motivación aparente al afirmar que no incurrieron en error sobre la aplicación del art. 400.II del CPC, eludiendo el análisis de su pedido de suspensión de la ejecución del proceso ejecutivo como medida cautelar genérica; asimismo, no señalan el argumento lógico jurídico por el cual se niegan a garantizar el efecto de la sentencia de nulidad prevista en el art. 400.III del CPC; además la motivación es incongruente ya que señalan que no habría fundamentado que estaba solicitando una medida cautelar innominada siendo que de forma reiterativa lo hizo; ii) No exponen las razones por las cuales considera que su pedido no es prosperable; iii) Motivación arbitraria al no considerar todos los efectos que genera la nulidad del documento base de la ejecución, en particular el referido a la suspensión definitiva de la ejecución; iv) En la interpretación efectuada, no aplicaron los métodos sistemático, teleológico, histórico y gramatical; v) Omitieron valorar el informe de 5 de enero del 2022 y las fotocopias legalizadas del expediente proceso ejecutivo que acreditan el peligro en la demora; y se apartaron de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad al afirmar que no constituye argumento válido, la sola prolongación del proceso para procedencia de la medida cautelar; vi) Vulneran la tutela judicial efectiva en su dimensión de lograr el cumplimiento de la resolución emitida, al no considerar que inició el proceso con la finalidad de lograr la extinción de la obligación y no solamente con finalidad registral como afirman los Vocales accionados; y, vii) Resulta arbitrario el argumento que el acogimiento de la medida cautelar que solicita comprometería su competencia en razón a que la competencia del Tribunal de alzada se limita a lo impugnado en el recurso de apelación, por lo que debió haberse pedido ante la Jueza a quo, ya que no se considera que por efecto de la apelación, la competencia del juez a quo se halla suspendida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación al contenido esencial del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, la citada SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo, señala lo siguiente: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los 3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo 5El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
6El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.” A lo señalado en la Sentencia Constitucional precitada, cabe añadir que con relación al principio de congruencia, en su dimensión externa, amerita precisar que la SC 0682/2004-R y la SCP 0007/2021-S2 de 23 de febrero, que estableció que la obligación del Tribunal de Alzada es de pronunciarse 8El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”. 10El FJ III.2., menciona: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.
no solo respecto de los agravios formulados por el apelante sino también con relación a la contestación del recurso. Finalmente, cabe puntualizar que con relación a lo tipos de incongruencia la SC 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, señaló que: “…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: '…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia 'ultra petita' en la que se incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; 'citra petita', conocido como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.' (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).”
La competencia, es un elemento del derecho al juez natural, que a su vez integra la garantía del derecho al debido proceso, y se encuentra consagrada como una garantía por el art. 120 de la CPE, que establece que “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa” (el resaltado es añadido). La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 074/2005 de 10 de octubre, refriéndose al juez competente, señala: “b) Juez competente, es el órgano que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cantidad, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha recepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada”. Entendimiento aplicado en la SCP 1047/2013 de 27 de junio. Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto de esta acción de tutela, amerita referirse al juez competente para conocer y resolver sobre las medidas cautelares en materia civil. En ese marco, respecto al trámite de estas medidas que se las conoce también como precautorias, cabe puntualizar que las mismas pueden ser adoptadas antes de la presentación de la demanda o durante la sustanciación del proceso; el primer caso se da cuando se la plantea como medida preparatoria, y el segundo durante la sustanciación del proceso, conforme lo establece el art. 310 del CPC. Dejando de lado el primer supuesto -como medida preparatoria- dado que no incumbe al caso que se examina, amerita referirse a las medidas precautorias planteadas durante la sustanciación del proceso. Con relación a esto último, conviene dejar sentado que una cosa es que en cualquier estado del proceso sea posible, como posibilidad genérica, la adopción de una medida cautelar, y otra distinta, es la identificación del juez o tribunal que en cada etapa del proceso tiene la competencia para conocer y resolver sobre ese pedido. Ahora bien, toda vez que el proceso civil ordinario -regulado en el Capítulo Primero del Título IV del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil-se constituye propiamente por dos instancias y un recurso extraordinario de casación, la primera instancia se tramita ante los Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial; y la segunda ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia tal como se infiere de lo dispuesto por el art. 56.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que regula las atribuciones de dicho tribunal; en cambio el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Civil, tal como establece el art. 42.1 de la LOJ, que se refiere a las atribuciones de las Salas especializadas.
Dicho lo anterior, cabe precisar que, en cuanto a la competencia del juez de primera instancia, es el art. 69.5 del CPC, que regula las competencias de los de Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial, que establece que las juezas y jueces en materia Civil y Comercial, tienen competencia para: “5. Intervenir en las medidas preparatorias y precautorias” (el resaltado es añadido). En cambio, en lo que atañe al tribunal de apelación, el art. 56 de la LOJ, que establece las atribuciones de las salas en materia civil y comercial, no contiene disposiciones normativas expresas en torno a la competencia del tribunal de apelación para adoptar las medidas cautelares cuando el proceso se encuentra en instancia de apelación; el art. 265 del CPC, referido a las facultades del tribunal de segunda instancia, establece expresamente la competencia del tribunal de alzada para ordenar medidas precautorias, puesto que dicha norma legal, señala que “I. El Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; el parágrafo II de dicha norma se refiere a la prohibición de la reforma en perjuicio; y el parágrafo III regula respecto a decisión sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia. En síntesis, de acuerdo a las normas orgánicas y a las regulaciones del Código Procesal Civil precitadas, tanto referidas al proceso cautelar como al recurso de apelación, en primera instancia las decisiones sobre la adopción de medidas cautelares o precautorias -que han sido solicitadas durante la sustanciación del proceso-, es atribución de los juzgados públicos en materia civil que conocen la causa principal; y, toda vez que dichas resoluciones son impugnables a través del recurso de apelación en el efecto devolutivo, conforme establece el art. 322 del CPC, el tribunal de apelación constituido por la Sala Civil del respectivo Tribunal Departamental de Justicia, interviene en tal calidad, es decir como Tribunal de apelación de las decisiones cautelares emitidas por los Juzgados en materia Civil y Comercial. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, no tiene competencia reconocida para conocer y resolver sobre la aplicación de medidas cautelares cuando el proceso se encuentra radicado en segunda instancia, dado que dicha atribución no se halla prevista expresamente en Ley del Órgano Judicial ni en la normativa procesal civil. La disposición legal contenida en el art. 310 del CPC, que establece que las medidas cautelares pueden solicitarse “durante la sustanciación del proceso”, no constituye fuente de la competencia del tribunal de apelación para otorgar medidas cautelares o precautorias, puesto que dicha norma legal hace alusión a la posibilidad genérica de su adopción en cualquier etapa del proceso, pero no a la competencia del Juez o Tribunal, dado que ninguna otra parte de la misma permite concluir sobre el reconocimiento de la competencia del tribunal de apelación o casación inclusive. Una interpretación contraria, además de exceder el tenor literal de la norma, conllevaría la restricción de derechos fundamentales de los justiciables, ya que en el supuesto de que los tribunales de apelación -o en su caso el de casación- adopten medidas cautelares, ello tuviera como consecuencia que esas resoluciones no podrían ser apelables, ya que no existiría tribunal de apelación ante el cual tramitar la alzada, puesto que evidentemente, el Tribunal Supremo de Justicia, siendo un tribunal de casación, no puede fungir de Tribunal de apelación en los procesos ordinarios civiles, toda vez que ninguna norma legal le otorga esa competencia. De esa manera se consumaría la restricción indebida del derecho a la impugnación o doble instancia de las resoluciones cautelares en la vía ordinaria, que se halla consagrada por el art. 322 del CPC, que prevé el recurso de apelación en el efecto devolutivo contra las decisiones precautorias o cautelares. A esto debe añadirse que a partir de una interpretación lógica de las normas legales precitadas y el art. 269 del CPC que regula la ejecución provisional de las sentencias, no tendría sentido que el Tribunal de apelación estuviera adoptando determinaciones sobre medidas cautelares que pueden resultar contradictorias con las eventuales decisiones del juez de primera instancia sobre la ejecución provisional de la sentencia. Finalmente, el hecho de que la apelación de la sentencia haya sido concedida en el efecto suspensivo -o doble efecto como también se la conoce-, no impide al juez de primera instancia resolver sobre medidas cautelares. En efecto, el art. 259.1 del CPC, referida al efecto de la apelación suspensiva, señala que el recurso de apelación, sin perjuicio de lo establecido para la ejecución provisional de las sentencias y autos definitivos a que se refiere el art. 402 de éste Código, se concede: “En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de la autoridad judicial se suspende desde que se expide el auto de concesión hasta que el tribunal de segunda instancia devuelva el expediente para que se cumpla lo resuelto por el superior en grado, impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo”. Del contenido de dicha norma se infiere que la competencia del juez de primera instancia se encuentra suspendida con relación a la ejecución de la sentencia o auto definitivo apelado, pero no así respecto a las medidas cautelares, dado que estas pueden ser solicitadas en cualquier etapa de la sustanciación del proceso, y menos para la ejecución provisional de la sentencia.
Consecuentemente, con relación a las decisiones sobre medidas cautelares, aun cuando la causa principal se encuentre radicada ante el tribunal de apelación o inclusive el de casación, por las razones expuestas, es decir, por una parte, por la necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia y el derecho al juez natural en su elemento de competencia; y, por otra, de evitar contradicciones en las decisiones del tribunal de apelación con las del juez a quo sobre la eventual ejecución provisional de la sentencia y por ende de garantizar la eficacia de la resoluciones judiciales, la autoridad competente para conocer y resolver sobre la admisión, denegatoria, sustitución o modificación de una medida cautelar, es el juzgado de primera instancia, eso es el Juzgado Público en materia Civil y Comercial que tramitó la causa principal, cuya sentencia se pretende asegurar en su eficacia.
Con relación a la jurisprudencia sobre la relevancia constitucional, la SCP 0002/2025-S4 de 24 de febrero, señala: “Al respecto, la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre, citando a la SC 1268/2010-R de 13 de septiembre, concluyó que: ʽSobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, «…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados» (SSCC 0435/2007-R, 0722/2007-R y 0768/2007-R, entre otras). Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE dispone: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección‛; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos’. En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que:
‘…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”’ .
La SC 0600/2003-R de 6 de mayo, señaló que: “…entre los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados por la Constitución, así como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se tiene el debido proceso, el mismo que ha sido entendido como ‘el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC Nº 418/2000-R y Nº 1276/2001-R). Que, de otro lado corresponde señalar que según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”.
El accionante denuncia la vulneración al debido proceso en su elemento de motivación; a la tutela judicial efectiva; y el principio pro homine o pro actione, toda vez que los Vocales accionados con la emisión del Auto de 5 de enero del 2023 a través del cual confirmaron el rechazo de la medida cautelar solicitada por la demandante, incurrieron en las siguientes vulneraciones: a) Motivación aparente al afirmar que no incurrieron en error sobre la aplicación del art. 400.II del CPC, eludiendo el análisis de su pedido de suspensión de la ejecución del proceso ejecutivo como medida cautelar genérica; asimismo no señalan el argumento lógico jurídico por el cual se niegan a garantizar el efecto de la sentencia de nulidad prevista en el art. 400.III del CPC; además la motivación es incongruente ya que señalan que no habría fundamentado que estaba solicitando una medida cautelar innominada siendo que de forma reiterativa lo hizo; b) No exponen las razones por las cuales considera que su pedido no es prosperable; c) Motivación arbitraria, al no considerar todos los efectos que genera la nulidad del documento base de la ejecución, en particular el referido a la suspensión definitiva de la ejecución; d) En la interpretación efectuada no aplicaron los métodos sistemático, teleológico, histórico y gramatical; e) Omitieron valorar el informe de 5 de enero del 2022 y las fotocopias legalizadas del expediente del proceso ejecutivo que acredita el peligro en la demora y se apartaron de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad al afirmar que no constituye argumento válido la sola prolongación del proceso para procedencia de la medida cautelar; f) Vulneran la tutela judicial efectiva en su dimensión de lograr el cumplimiento de la resolución emitida, al no considerar que inició el proceso con la finalidad de lograr la extinción de la obligación y no solamente con finalidad registral como afirman los Vocales accionados; y, g) Resulta arbitrario el argumento que el acogimiento de la medida cautelar que solicita comprometería su competencia en razón a que la competencia del Tribunal de alzada se limita a lo impugnado en el recurso de apelación, por lo que debió haberse pedido ante la jueza a quo, ya que no se considera que por efecto de la apelación, la competencia del Juez a quo se halla suspendida. Ahora bien, toda vez que la accionante ha denunciado la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de motivación respecto de varios aspectos del Auto de 5 de enero del 2023, hoy impugnado, entre ellos el referido al fundamento sobre la falta de competencia del tribunal de apelación para ordenar medidas precautorias, amerita analizar en primer lugar esta denuncia, puesto que de la decisión de la misma depende la relevancia constitucional de examinar las otras denuncias sobre motivación arbitraria. Como se tiene dicho, la accionante denuncia que resulta arbitrario el argumento que el acogimiento de la medida cautelar que solicita comprometería su competencia en razón a que la competencia del Tribunal de alzada se limita a lo impugnado en el recurso de apelación, por lo que debió haberse pedido ante la Jueza a quo, ya que no se considera que, por efecto de la apelación, la competencia del Juez a quo se encuentra suspendida. Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo, el derecho a tener una resolución, sea jurisdiccional o administrativa, debidamente fundamentada y motivada, es un elemento del derecho al debido proceso, cuyo contenido esencial está dado por sus finalidades implícitas de sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, de lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, de garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos, de permitir el control social de la resolución; y, la observancia del principio dispositivo. Precisamente, vinculado con la segunda finalidad mencionada, la arbitrariedad puede presentarse por ejemplo, 1) Cuando las decisiones no explican las razones por las que se determinó asumir cierto criterio, en cuyo supuesto se estará frente a una resolución sin motivación; 2) Cuando se evidencie una decisión motivada en cuestiones meramente retóricas, apartadas de derecho, o cuando en la labor de valoración probatoria, las autoridades jurisdiccionales se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y/o equidad, omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba y/o basaron su decisión en una prueba inexistente, se tendrá que es una resolución con motivación arbitraria; 3) Cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes, se trata de una decisión con motivación insuficiente; y, 4) Cuando la falta la coherencia del fallo; que en su dimensión interna, se presenta cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión; o en su dimensión externa, por falta de correspondencia de lo decidido con lo pedido o impugnado por las partes. Ahora bien, ciertamente los Vocales accionados, con la emisión del Auto de 5 de enero del 2023, hoy impugnado, argumentan que “la competencia de este tribunal queda comprometida, dado que la misma únicamente queda abierta en razón a lo resuelto o lo impugnado en la causa, extremo que no fue considerado por la peticionante, a más que no se tiene fundamentos que hagan a la excepción de abrir la competencia, en razón a las circunstancias apremiantes o poblaciones vulnerables, por ende la medida cautelar genérica que ahora se pide, debió ser pretendida ante el a quo” (Conclusión II.4.), como se advierte, respecto al Tribunal de alzada para otorgar la medida cautelar de suspensión provisional de la ejecución del proceso ejecutivo, las autoridades accionadas dan a entender que no tienen competencia para atender el pedido, puesto que sus atribuciones se limitan a lo resuelto en primera instancia y a la impugnación; y que en todo caso es el juez a quo el que tiene esa atribución. Ciertamente, los Vocales accionados no indican y menos interpretan las normas legales a partir de las cuales sustentan su incompetencia para conocer y resolver la medida cautelar que solicitó la demandante en segunda instancia, así como la competencia del juez de primera instancia para atender ese pedido, lo cual implica que la resolución no tiene construida su premisa jurídica; es decir, no tiene fundamentación, puesto que, esa conclusión no se halla justificada con ninguna norma legal, ni jurisprudencia alguna, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso. A esto debe acotarse que también resulta evidente que los accionados incurren en una notoria incongruencia interna, puesto que no obstante alegar su incompetencia para ordenar la medida precautoria solicitada, terminan ingresando a examinar el fondo del pedido, que igualmente vulneraria el derecho al debido proceso; puesto que, no es coherente sostener que se es incompetente para atender el pedido formulado y al mismo tiempo ingresar a considerar el fundamento del pedido. Sin embargo, no es posible conceder la tutela solicitada, toda vez que los defectos precedentemente advertidos carecen de relevancia constitucional. En efecto, la jurisprudencia constitucional, a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que “…los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente. En este caso, el error de fundamentación, así como falta de motivación arbitraria por falta de congruencia interna, advertidos, carece de relevancia constitucional, debido a que conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de la interpretación teleológica y sistemática del art. 310.I con relación a los arts. 69.5 y 265, todos del CPC, y el art. 56 de la LOJ, es posible concluir efectivamente el Tribunal de apelación no tiene competencia para otorgar medidas cautelares cuando la causa se encuentra en trámite de apelación, pues el pronunciamiento sobre pedidos sobre medias cautelares en primera instancia se encuentra reservado para el juez de primera instancia que conoció la causa principal, al respecto el art. 310.I del CPC, establece que las medidas cautelares podrán solicitarse “…durante la sustanciación del proceso”; no es posible concluir el reconocimiento de competencia para el tribunal de alzada -ni el de casación-; contrariamente esa previsión hace alusión a la posibilidad genérica de efectuar el pedido en cualquier etapa del proceso. Debe acotarse que la concesión de la apelación sea en el efecto suspensivo, no constituye óbice para que el Juez de primera instancia pueda atender los pedidos sobre medidas cautelares y la ejecución provisional de la sentencia, dado que esa suspensión se refiere al fondo del asunto. Consecuentemente la eventual subsanación del defecto advertido no incidirá en el fondo de la resolución, debido a que no incidirá en el reconocimiento de la competencia del tribunal de apelación y por ende de su facultad para pronunciarse sobre el fondo del pedido; razón por la cual corresponde denegar la tutela impetrada. Con relación a las demás denuncias sobre defectos de motivación arbitraria Tal como se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”. En el caso que se examina, las demás denuncias sobre defectos de motivación arbitraria, incluida la valoración probatoria que se denuncia, consignados en los incisos i), ii), iii), iv) y v) del acápite de la identificación de la problemática, su análisis carece de relevancia constitucional, puesto que al haberse concluido que es evidente que el tribunal de apelación no tiene competencia para otorgar medidas cautelares solicitadas, esos eventuales errores de motivación son irrelevantes, toda vez que, al no contar con facultad el tribunal de apelación de pronunciarse sobre el fondo del pedido, no tiene ninguna trascendencia examinar las denuncias sobre los mismos, pues la subsanación no afectará al rechazo del pedido, precisamente porque el Tribunal de alzada no podrá examinar el fondo del mismo. Finalmente, con relación a la tutela judicial efectiva La accionante denuncia que las autoridades accionadas habrían vulnerado dicho derecho en su dimensión de lograr el cumplimiento de la resolución emitida, ya que inició el proceso con la finalidad de lograr la extinción de la obligación y no solamente registral como afirman los Vocales accionados. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas. En el caso que se examina, como resulta evidente, la accionante pretende que a través de la medida cautelar de suspensión provisional de la ejecución del proceso ejecutivo, cuya ejecución se produce en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de La Paz, se resguarde la eficacia de la sentencia que declaró la nulidad del documento base de ejecución, pronunciado por el Juzgado Público en lo Civil y Comercial Segundo del departamento de La Paz, que tiene como efecto esencial la suspensión definitiva de la ejecución del documento, pedido que ha sido rechazado por las autoridades accionadas, entre otros, con el fundamento que el tribunal de apelación no tiene competencia para otorgar medidas cautelares, siendo el juez a quo el que tiene esa facultad. Lo primero que cabe puntualizar es que toda vez que la sentencia de nulidad no se encontraba en fase de ejecución provisional o definitiva, no es posible que el derecho a la tutela judicial efectiva en su elemento de ejecución de fallos, resulte vulnerado por la decisión de rechazo de los vocales accionados. Si bien es cierto que la continuación de la ejecución puede poner en peligro la eficacia de la sentencia de nulidad del documento base de la ejecución, entre tanto el fallo no entre en ejecución; sin embargo, el rechazo de la medida cautelar por parte de los Vocales accionados no puede ser considerado como causante de ese peligro, precisamente por la falta de competencia de las autoridades accionadas para expedirse sobre esa solicitud. En efecto, conforme se precisa en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a las decisiones sobre medidas cautelares, aun cuando la causa principal se encuentre radicada ante el tribunal de apelación o inclusive el de casación, por una parte, por la necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia y el derecho al Juez natural en su elemento de competencia; y, por otra, de evitar contradicciones en las decisiones del tribunal de apelación con las del Juez a quo sobre la eventual ejecución provisional de la sentencia y por ende de garantizar la eficacia de la resoluciones judiciales, la autoridad competente para conocer y resolver sobre la admisión, denegatoria, sustitución o modificación de una medida cautelar, es el juzgado de primera instancia, eso es el Juzgado Público en materia Civil y Comercial que tramitó la causa principal, cuya sentencia se pretende asegurar en su eficacia. Consecuentemente, por las razones expuestas, el rechazo de la petición de la medida cautelar para asegurar la eficacia de la sentencia de nulidad, concretamente la suspensión definitiva de la ejecución, fundada en la incompetencia del tribunal de apelación para atender ese pedido -lo cual resulta evidente-, de ninguna manera constituye una amenaza para la tutela judicial efectiva en su elemento de ejecución de fallos, razón por la cual corresponde denegar la tutela impetrada. En cuanto al principio pro actione o pro homine, la accionante no precisa la forma en la que se habría producido la vulneración del derecho con el que lo vincula, razón por la cual no es posible un pronunciamiento de fondo. Por las consideraciones precedentes, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada en la presente acción de defensa, aun con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 136 a 138 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía
MAGISTRADA MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma (…). …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el por qué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El art. 310 del CPC, dispone: Artículo 310. (OPORTUNIDAD). I. Las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la demanda o durante la sustanciación del proceso. II. Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda principal dentro de los treinta días siguientes de habérselas ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante, si hubiere lugar, al pago de daños, perjuicios y costas. III. Las medidas se decretarán únicamente a instancia de parte, bajo responsabilidad de quien las pidiere, salvo que la Ley disponga lo contrario.
12 Artículo 56. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL). Las atribuciones de las salas en materia civil y comercial son: 1. Conocer en grado de apelación las resoluciones dictadas, en primera instancia, en materia civil y comercial de conformidad a la ley; 2.Resolver, en consulta o en revisión, las resoluciones cuando la ley así lo determine; 3. Dirimir los conflictos de competencia entre los jueces en materia civil y comercial; 4.Conocer las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala; 5. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; y 6. Otras establecidas por ley.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0603_2025-S4.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): fe3936aa633725130c4c0b7931b75352b4db6c9cf2dbf7854cf16cef03171725
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