Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 53 a 59, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46824-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 53 a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esther Chacón Marín en representación sin mandato de Zulma Clotilda Villca Villca contra Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, cursante de fs. 30 a 35, la accionante a través de su representante, expresó que:
El 3 de agosto de 2021, Alfredo Quispe Aruquipa fue aprehendido por funcionarios del Grupo Especial del Control de Coca (GECC)-Valle, en la Tranca de Peaje Confital; dado que, hallaron bidones con ácido sulfúrico en el camión tráiler que conducía a la ciudad de Cochabamba, caso que pasó a conocimiento del Ministerio Público, donde prestó su declaración informativa, manifestando que fue contratado por su persona, que tiene una tienda de venta de lubricantes en la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba. Por ello, el 2 de diciembre de 2021, se allanó su domicilio sito en dicha región; empero, no se halló ácido sulfúrico ni otra sustancia controlada; no obstante, el 29 del mismo mes y año, fue citada para prestar su declaración informativa ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, donde se determinó su aprehensión para ser puesta en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente, y se considere la aplicación de medidas cautelares, llevándose a cabo la audiencia respectiva el 31 de diciembre de 2021, ante la Jueza Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del citado departamento, autoridad que determinó su detención preventiva por la concurrencia de los arts. 233.1 y 2; 234.7; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El razonamiento de la indicada Jueza para decidir que se hallaba vigente el peligro de obstaculización, estuvo al margen del cumplimiento de las condiciones de los criterios de validez legal, establecidos en el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), vulnerando el art. 25 de la Norma Suprema, al haberse sustentado la concurrencia de ese peligro procesal, en información obtenida de un medio ilegal como era el informe emitido -no señaló fecha- por el investigador asignado al caso, quien al secuestrar su teléfono celular durante el referido allanamiento, habría extractado información sobre la posible eliminación de mensajes de dicho artefacto y que apagaba el mismo por dos o tres días; aspectos que a criterio de esa autoridad, denotaron que podía modificar o destruir elementos de prueba, y que de las conversaciones que tuvo por el indicado dispositivo móvil, se determinó la existencia de otras personas como “Mary” y “Limberth”, en quienes podía influir; de esa forma, se tiene que su detención se sustentó en un medio ilícito; pues, se basó en una información obtenida mediante la vulneración a su derecho a la protección de la privacidad de la información o inviolabilidad de las comunicaciones, al haber sido conseguida sin una orden judicial que dé validez legal a esa información y que sirva de sustento para la detención preventiva, considerando que el aludido celular fue objeto de secuestro el 2 de diciembre de 2021; es decir, un mes previo a su aprehensión; “…por lo que, la información extractada no podía ser considerada como UN SIMPLE INDICIO, sino que la extracción de la información deb[í]a ser el resultado de una orden Judicial…” (sic). En ese marco, fue apelada la citada determinación, misma que era de conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la cual, en audiencia de 19 de enero de 2022, se declaró parcialmente procedente, excluyendo la concurrencia del art. 234.7 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; empero, confirmó los “Nums. 1) y 2)” del referido cuerpo normativo, con el fundamento de que la entrega del señalado celular, tenía un objetivo que era la extracción de información y evidenciar cuál fue la acción desarrollada por su persona, advirtiéndose que trató de eliminar mensajes y que existían otras dos personas con las que se relacionaba; así, lejos de controlar el cumplimiento de los principios de razonabilidad y legalidad del Auto Interlocutorio de 31 de diciembre de 2022, se confirmó la misma. De igual forma, se vulneró su derecho a la libertad, al haberse determinado su detención preventiva; ya que, se usó una información originada en un procedimiento ilícito, como lo sería la inviolabilidad de las comunicaciones; pues, para la extracción de la información de su celular secuestrado, debió ser sometida a una pericia y no a un simple informe policial, sin ningún valor probatorio y menos ser considerada prueba indiciaria, sobre la cual, se sustentó el peligro de obstaculización. En ese sentido, la SCP “0276/2019” estableció que dicho riesgo no puede fundarse en conjeturas o presunciones subjetivas, sino en elementos de convicción objetivos; hechos que en el presente caso no se dieron, ya que la persistencia de ese riesgo procesal se sustentó en información originada en un medio ilícito, como era el citado informe del investigador asignado al caso, sin orden judicial, transgrediendo el principio de inviolabilidad de las comunicaciones; y consecuentemente, su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la inviolabilidad de las comunicaciones y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 22, 23, 25 y 115 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de enero de 2022 y que los Vocales demandados emitan uno nuevo, excluyendo el art. 235.1 y 2 del CPP, aplicando medidas sustitutivas a su detención preventiva, sea con costas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 52 a 53, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: En el allanamiento de su domicilio se secuestró su celular con la finalidad de recabar información, de ese hecho ya transcurrió tiempo, en el que la representante fiscal del caso podía solicitar una pericia para recabar información, en cumplimiento del art. 25 de la CPE, esa situación hubiese sido aceptada ante un hecho flagrante, pero no era el caso, menos “…que la información recabada pueda tener la calidad de simple indicio sino que la información tenía que ser diferente ya cumpliendo precisamente lo establecido en la constitución, si hablamos de la prueba claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como estándar probatorio lo cual para una detención preventiva tiene que ser suficiente y acorde con lo establecido en el art. 133 num.2 de la Ley 1173…” (sic).
Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 2 de abril de 2022, cursante de fs. 50 a 51, solicitaron se deniegue la tutela, señalando que: a) El Auto de Vista de 19 de enero de 2022, se sujetó al art. 398 del CPP, absolviendo cada uno de los puntos cuestionados por la peticionante de tutela, constando las razones por las que declararon la procedencia en parte de su recurso, que fue producto del análisis y aplicación de la jurisprudencia constitucional, y de la doctrina legal aplicable al caso concreto, partiendo de la premisa que el recurso de apelación en el sistema acusatorio, no reviste las características de una segunda instancia, sino el control de legalidad que realiza el Tribunal ad quem, sobre aspectos cuestionados de la Resolución impugnada; por lo que, no puede afirmarse que careció de una razonable y coherente fundamentación; por cuanto, la misma fue clara y de acuerdo a la exigencia prevista en el art. 124 del referido Código; más aún, si de la lectura del escrito de la acción de defensa de la impetrante de tutela, se verificó que no señaló la forma concreta en que se interrelacionó su libertad, con los actos realizados por el Tribunal de alzada, en el referido Auto de Vista, limitándose a efectuar una relación de actos procesales y emitir su propio análisis valorativo, pretendiendo que la instancia constitucional realice una nueva revisión de actos procesales y elementos de convicción, que fueron presentados ante el Juez a quo, a tiempo de resolver su situación jurídica, que solo atañen a la jurisdicción ordinaria, cuyo fallo fue motivo de apelación; b) La justicia constitucional no puede suplir a la ordinaria en la interpretación de la legalidad como lo estableció la SCP 0230/2014-S3 de 8 de diciembre; c) No se vulneró el derecho a la libertad de la solicitante de tutela; puesto que, la aplicación de medidas cautelares personales fue ordenada por una autoridad competente y la procedencia en parte de apelación, no podría constituir una afectación al debido proceso, por ser correcta y estar debidamente fundamentada; d) Las medidas cautelares son revisables y no causan estado; es decir, que son modificables aún de oficio como lo establece el art. 250 del CPP; por ello, la accionante tiene abiertas las vías respectivas para solicitar la modificación de las que le fueron impuestas; y, e) El citado Auto de Vista fue dictado solo por Patricia Torrico Ortega y no así Oscar Florero Florero, quien no tuvo participación alguna en su emisión, careciendo este de legitimación pasiva.
Marlene Ivette Rocabado Revollo, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que: 1) Se adhirió al informe de descargo de los Vocales demandados; 2) Lo que pretendió la peticionante de tutela era que el Tribunal de garantías efectúe un control de extremos fácticos, así como, una interpretación de legalidad de temas estrictamente de la jurisdicción ordinaria; y, 3) Tampoco se advirtió una incorrecta valoración o resolución, pues, no se verificó que la aludida se haya referido a cómo los prenombrados incurrieron en vulneración de ese control de legalidad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 53 a 59, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Solo tuviera legitimación pasiva Patricia Torrico Ortega; pues, ella firmó el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, y no así, Oscar Florero Florero; ii) De la fundamentación del fallo, se advirtió que la información obtenida del celular de la impetrante de tutela, involucró el comportamiento que asumió de entorpecer la averiguación de la verdad, con otras personas en la presunta comisión del ilícito que se investiga, relacionado con la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y no como manifestó la prenombrada, que la información obtenida de ese dispositivo móvil debió ser resultado de una orden judicial, y no mediante un informe policial; ya que, el secuestro de dicho artefacto de comunicación, fue con fines investigativos y que fueron advertidos en la definición del presupuesto procesal dentro del régimen de medidas cautelares; por lo que, a los fines pretendidos, no se encontraría dentro del alcance previsto en el art. 25 de la CPE, que prevé: “…I. Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o sustraídos…” (sic); como tampoco, dentro de lo previsto en el art. 301 del Código Penal (CP), que protege la inviolabilidad del secreto, siempre y cuando este afecte a la intimidad de las personas, bajo cuyo ámbito -por cuestiones de simple lógica jurídica-, obviamente no se encuentra en la comisión de hechos delictivos; iii) Si bien la solicitante de tutela denunció la vulneración de la garantía jurisdiccional de inviolabilidad de las comunicaciones, al haber advertido la extracción de información contenida en su celular para establecer su responsabilidad penal, con la comisión del hecho típico, sin lesionar sus derechos a la intimidad y privacidad, podía haber recurrido al control jurisdiccional; y, iv) Se concluyó que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, no provocó con su accionar, la aplicación de la detención preventiva; pues, la misma emergió de una imputación formal; y consiguientemente, la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, como es la citada medida extrema, ordenada por autoridad jurisdiccional, no existiendo vulneración a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos a la seguridad jurídica ni a la inviolabilidad de las comunicaciones.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Fundamentada de Aprehensión de 29 de diciembre de 2021, emitida por Amalia Cruz Vera, Fiscal de Materia contra Zulma Clotilda Villca Villca -accionante-, a fin de que sea aprehendida, responda y se someta a las emergencias del proceso penal incoado de oficio por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 16 a 18). II.2. Consta declaración informativa de la peticionante de tutela de 29 de diciembre de 2021, dentro del referido proceso penal (fs. 5 a 7 vta.). II.3. Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, la Fiscal de Materia de la causa imputó formalmente a la impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, remitiendo a la aludida a conocimiento del Juez de Instrucción Penal de turno de Vinto del departamento de Cochabamba, solicitando su detención preventiva (fs. 9 a 14). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 31 de diciembre de 2021, la Jueza del Juzgado Público Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de la solicitante de tutela, por la concurrencia de los arts. 233 numerales 1, 2 y 3; 234.7; y, 235.1 y 2 del CPP; determinación que mereció recurso de apelación incidental (fs. 23 a 25). II.5. A través de Auto de Vista de 19 de enero de 2022, Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada- declaró procedente en parte el mencionado recurso formulado, excluyendo el peligro de fuga del art. 234.7 del CPP, manteniendo únicamente el peligro de obstaculización (fs. 26 vta. a 29).
La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la inviolabilidad de las comunicaciones y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y de motivación; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, manteniendo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP; y por ende, su detención preventiva, la cual fue asumida sobre información que emergió del secuestro de su celular. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, cabe citar el art. 115.II de la CPE, que establece que: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). Asimismo, respecto a sus componentes de fundamentación y motivación, se debe citar la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual señaló que: “En ese orden de ideas, a conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: ‘La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos’. En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’. En ese sentido, Pedro Talavera señala: ‘...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen’. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: ‘La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente’. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’ La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es [estricto] cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado’. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. (…) De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad” (las negrillas y subrayado pertenecen al texto original). A mayor abundamiento, la SCP 0071/2016-S3 de 8 de enero -considerada a su vez por la SCP 0084/2021-S2 de 6 de mayo-, explicó que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)…” (énfasis añadido). Por su parte, la SCP 0405/2012 de 22 de junio, indicó que: “Consecuentemente, al constituirse la exigencia de la motivación de las resoluciones en un elemento constitutivo del debido proceso, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”’ (el resaltado corresponde al texto original).
En cuanto al tema anunciado, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo determinó que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.
(…) En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación; de tal manera que otras formas de procesamiento indebido, no pueden ser compulsadas mediante la presente acción de defensa, debiendo hacérselas en su caso en el ámbito de la otra acción tutelar como el amparo constitucional” (las negrillas fueron agregadas).
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la inviolabilidad de las comunicaciones y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, manteniendo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP; y por ende, su detención preventiva, la cual fue asumida sobre información que emergió del secuestro de su celular. Planteado el problema jurídico a resolver, corresponde su contextualización; al efecto, se tiene que el 29 de diciembre de 2021, Amalia Cruz Vera, Fiscal de Materia, emitió la Resolución Fundamentada de Aprehensión contra la peticionante de tutela a fin de que sea aprehendida para que responda y se someta a las emergencias del proceso penal incoado de oficio por el Ministerio Público en su contra y Alfredo Quispe Aruquipa, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (Conclusión II.1); asimismo, la indicada fecha, se llevó a cabo su declaración informativa (Conclusión II.2); luego, el 30 del mencionado mes y año, fue presentada la imputación formal contra la prenombrada, ante el Juez de Instrucción Penal de turno de Vinto del departamento de Cochabamba, por la presunta comisión del citado delito, requiriéndose su detención preventiva (Conclusión II.3); seguidamente, el 31 del mismo mes y año, se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, ante la Jueza a quo, quien dispuso su detención preventiva; decisión que fue apelada por la impetrante de tutela (Conclusión II.4); siendo atendido y resuelto dicho recurso por la Vocal demandada, a través del Auto de Vista de 19 de enero de 2022, declarando procedente la Resolución apelada, pero se mantuvo la medida extrema (Conclusión II.5).
Ahora bien, lo que corresponde analizar en este caso, es la actuación de la indicada autoridad, con la finalidad de dilucidar si a tiempo de resolver la apelación de la solicitante de tutela, incurrió en la afectación del debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación; en ese orden, a fin de contextualizar la apelación y su resolución, se debe conocer el contenido del Auto Interlocutorio de 31 de diciembre de 2021, el cual se basó en los siguientes fundamentos para disponer la detención preventiva de la accionante:
a) En el momento del allanamiento, la prenombrada se hallaba en su trabajo, donde señaló que tenía su domicilio; por lo que, se acreditó el presupuesto pertinente al trabajo; por ende, no se demostró el peligro procesal del art. 234.1 del CPP;
b) En referencia al art. 234.4 del CPP, “…se tiene demostrado que el Ministerio [Pú]blico ha emitido una orden de aprehensión fundada en contra de la imputada, empero en ningún momento se demuestra o se evidencia que la imputada tenga esa voluntad de no someterse al proceso, cuando se realiza el allanamiento el informe señala que la imputada de manera voluntaria otorg[ó] el celular, aspecto que no muestra ese peligro procesal a la cual ha fundado el Ministerio Público, por lo que no se considera este riesgo…” (sic);
c) Respecto al art. 234.7 del citado Código, señaló que el delito investigado es por tráfico de sustancias controladas, debe señalarse que estas sustancias evidentemente afectan y van dirigidas a la sociedad más vulnerable que se tiene, como son los niños, jóvenes y personas que no tienen la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, que son fáciles de caer en la adicción, así como, ser sumergidas dentro de esta actividad ilícita; por lo que, existe este peligro procesal;
d) “…Referente al peligro de obstaculización Art. 235 Núm. 1) del CPP., ‘Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba’, al respecto la misma se tiene demostrada por parte del Ministerio Publico por cuanto de las conversaciones que se tiene la misma ha pretendido eliminar mensajes y que ya tiene conocimiento de que el Sr. Alfredo ya habría sido aprehendido por el delito de 1008, por lo que se pretende eliminar el mensaje, pretenden apagar el celular por dos o tres días que señala, pretenden comprar otro chip, entonces esos aspectos muestran que la imputada puede modificar, destruir, modificar elementos de prueba que esta va impedir que se pueda llegar a la verdad histórica de los hechos que se investigan, por lo que existe este peligro procesal dispuesto en el Art. 235 núm. 1) del CPP. Respecto al Num.2 de Art. 235 del CPP, ‘Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los participes, victima testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente’, conforme los extractos adjuntos, las conversaciones que se realiza existiendo entre estas el señor Limbert, la señora Mari, lo que muestra que existe estas influencias negativas cuando además señala no solo la existencia de esas dos personas, sino también la existencia de otros cuando establece de qué parte de las sustancias también pertenecería a la mamá, haciendo ver la existencia de otras personas involucradas en el hecho delictuoso…” (sic); y, e) En mérito a los fundamentos expuestos, en aplicación a lo dispuesto por los arts. 233 numerales 1, 2 y 3; 234.7; y, 235.1 y 2 del CPP, se dispuso la detención preventiva de la peticionante de tutela, por el lapso de cuatro meses.
Apelada dicha Resolución por la prenombrada, el 19 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia al efecto, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de cuya acta se tienen como agravios de la impetrante de tutela, los siguientes:
1) Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, no fue acreditado por el Ministerio Público, sino que se estableció su concurrencia como producto de valoraciones subjetivas, rompiendo previsiones legales; y,
2) Con relación al art. 235.1 y 2 de la citada norma, fueron construidos con base en información obtenida transgrediendo las garantías constitucionales, las cuales precautelan la inviolabilidad de las comunicaciones; y no obstante ello, se obtuvieron datos del celular de la solicitante de tutela, para fundar dicho peligro procesal; es por ello que, pidió la aplicación de la “SCP 0220/2020” y se conceda la “cesación” de la detención preventiva.
La Vocal codemandada, en atención a la citada apelación, dictó el Auto de Vista de 19 de enero de 2022 -ahora cuestionado-, por el cual, consideró enervado el art. 234.7 del CPP, manteniendo los riesgos procesales del art. 235.1 y 2 de la señalada norma, confirmando la decisión asumida, bajo los siguientes fundamentos:
i) En relación al peligro procesal de obstaculización, la accionante sostuvo que se utilizaron elementos obtenidos con la restricción de garantía de inviolabilidad de las comunicaciones; empero, ese argumento es dejado de lado por el reconocimiento que hizo la aludida, en sentido de que el celular del cual se extrajeron datos, fue voluntariamente entregado por la misma;
ii) La entrega del celular tenía un específico propósito, que era extraer la información de aquel artefacto, para coadyuvar con la investigación, obteniéndose datos que permitieron establecer cuál era la acción anteriormente desarrollada por la impetrante de tutela, advirtiéndose que la misma pretendió eliminar mensajes y que “Alfredo”, ya tenía conocimiento de que ella habría sido aprehendida por el delito de “1008”; de igual forma, existe vinculación entre la acción desplegada por la prenombrada y el propósito de entorpecer la averiguación de la verdad, porque en este caso en particular -no obstante de las observaciones realizadas por la parte apelante-, la Jueza de instancia identificó quienes eran las personas que estarían involucradas y cuya participación e información respecto de ella, se requería a objeto del esclarecimiento del hecho; por lo que, identificada la acción, está vinculada precisamente al entorpecimiento de la investigación; y es ello, lo que establece el art. 235.1 del CPP, como peligro de obstaculización; y, iii) En relación al art. 235.2 del citado Código, se tiene la presencia de “Limbert” y “Mary”, y la acción preexistente desarrollada por la peticionante de tutela, que dio cuenta de la influencia negativa; más aún, si se tenía en cuenta que existían coimputados y se evidencia el vínculo entre la aludida y los mismos, resultando que la construcción de ese peligro procesal por la autoridad de instancia, es correcto. Al respecto, se puede verificar que la Vocal codemandada, justificó la confirmación de la detención preventiva de la accionante, en el hecho de que concurrían los riesgos procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP; es decir, de obstaculización en la averiguación de la verdad y amenazar o influir negativamente en las personas que puedan informar sobre el caso investigado; por cuanto, el celular del cual se obtuvo información relativa a dichos riesgos, fue entregado voluntariamente por la prenombrada, aspecto que no fue puesto en tela de juicio en esta demanda; y, a partir de esa premisa, la referida autoridad continuó su análisis, indicando que de acuerdo al resultado extraído del mencionado dispositivo móvil, se supo de actos de su propietaria, relacionados a dichos riesgos procesales, como lo concluyó la Jueza a quo. Consiguientemente, ese fundamento permite determinar que el Auto de Vista cuestionado, se halla debidamente fundamentado y motivado, pues surge de una premisa para arribar a una conclusión, en el marco de la norma específica al efecto, circunscribiéndose así en lo desarrollado por la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que a tiempo de establecer el alcance del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, señaló que toda autoridad que resuelva una situación jurídica, debe emitir decisiones que expliquen la razón de su decisión, basándose en la norma, las pruebas y en lo que motivó dicha forma de resolver; aspectos que como ya se señaló, se han dado de manera suficiente en el Auto de Vista analizado; además, se debe tomar en cuenta que el hecho de la entrega voluntaria del celular, en la que se apoyó la Vocal demandada, no fue un elemento cuestionado en esta demanda tutelar, lo que indica que se trata de un fundamento considerado como válido por la parte afectada; por todo lo razonado, corresponde denegar la tutela, por dichos componentes del debido proceso. Ahora bien, la peticionante de tutela también esgrime la vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, a tiempo de asumir la decisión de su detención preventiva; sin embargo, en atención a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad establecida para medidas cautelares, por la jurisprudencia -SCP 0037/2012 de 26 de marzo, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-, se entiende que el análisis en sede constitucional, solo se realiza a partir de la decisión asumida en última instancia y no alcanza a la que le precede; en ese orden, no es posible revisar que la detención preventiva haya sido dispuesta mediante la vulneración del principio de inviolabilidad de las comunicaciones, dado esa medida cautelar fue determinada por la Jueza de instancia, que no fue demandada por las razones señaladas; ya que, mediante esta acción de tutela, solo se juzga la última decisión; entonces, ingresando a esa ulterior determinación asumida en la vía ordinaria, se advierte que la Vocal demandada, como ya se analizó previamente, concluyó que la obtención de la información emergente del indicado dispositivo móvil, estaba justificada por la entrega voluntaria por parte de su propietaria, a las autoridades pertinentes; consiguientemente, se advierte que asumió la decisión de confirmar la detención preventiva de la prenombrada, con un justificativo suficiente como para mantener la situación procesal de la impetrante de tutela. Finalmente, en cuanto al reclamo de la afectación de los principios de seguridad jurídica y legalidad, no se verifica que la aludida haya proporcionado argumentos que indiquen cómo se llegó a su menoscabo. Por todo lo analizado, se encuentra que la restricción del derecho a la libertad de la accionante, fue legalmente confirmada. Por último, ante la respuesta de las autoridades demandadas, en el entendido de que Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no tiene legitimación pasiva por cuanto no tuvo participación en la emisión del Auto de Vista de 19 de enero de 2022, ahora cuestionado, es correcto; ya que, si bien forma parte de la citada Sala, en la cual se resolvió la apelación de la accionante, de acuerdo al art. 251 del CPP -el cual establece que el recurso de apelación contra medidas cautelares será resuelto por: “El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa…”-; por lo que, no fue él quien resolvió dicha apelación; por consiguiente, no tiene legitimación pasiva en esta acción tutelar. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 53 a 59, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0603_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b5f3f44b58de3e2469d51532e5543b8ae801a0e7bb693ae35b9ec915d02a25ee
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