B.IA.LEGAL

SCP 0602/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
51893-2022-104-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, seguridad jurídica, defensa, impugnación, tutela judicial efectiva e igualdad, en virtud a que: 1) El Juez demandado, mediante Resolución 262/2022 de 17 de marzo, declaró fundada la solicitud de acumulación de causas penales signadas con los Códigos Únicos, 201502022005943 y 2015022107350, aun cuando entre las mismas no existe similitud entre sujetos, objeto y causa, siendo en la primera causa parte del proceso en calidad de denunciada y en la segunda de denunciante; y, 2) Los Vocales demandados mediante Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, declararon improcedente su recurso de apelación contra el antes mencionado Auto 262/2022, sin considerar su memorial de 17 de marzo del mismo año, por el cual subsanó un error en la invocación del artículo para la interposición de la señalada apelación, pues en audiencia indicó que la apelación se activó en aplicación del art. 251 del CPP, y por dicho memorial corrigió ese error señalando que lo correcto era la invocación del art. 404 del mismo cuerpo normativo.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte, la Resolución 186/2022 de 26 de octubre, cursante de fs. 411 a 415 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los Vocales demandados, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que, por el trascurso del tiempo la situación jurídica de la accionante haya sido modificada; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Juez codemandado de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Respecto a la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0602/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51893-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 186/2022 de 26 de octubre, cursante de fs. 411 a 415 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lissa Arlen Vela Ñucra contra Henry David Sánchez Camacho y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 369 a 383 vta.; y de subsanación presentado el 18 del mismo mes y año (fs. 387 a 391 vta.) la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ante una denuncia suya, en contra de Justina Vela Ali, Milenka Mejía Vela, y Virginia Mejía Vela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Fiscal asignado al caso, el 13 de octubre de 2021, dio aviso del inicio de las investigaciones al Juez de turno, y luego de mucha dilación por parte del Fiscal y de la autoridad de control jurisdiccional en el trámite procesal, se presentó imputación de 22 de marzo de 2022, y acusación formal de 5 de abril del mismo año contra las prenombradas; no obstante, ante una denuncia de Milenka Mejía Vela, por el mismo ilícito en su contra y otras dos personas, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto –hoy demandado–, mediante Resolución 262/2022 de 17 de marzo, dispuso la acumulación por conexitud de ambas denuncias penales, aun cuando entre éstas no existe similitud entre partes procesales, hechos y objeto de la investigación. En la misma audiencia que dio lugar a la acumulación, interpuso de manera verbal, apelación contra la Resolución 262/2022, “…pero con un ‘lapsus calami’ se consignó el Art, 251 del CPP, e inmediatamente CORREGIDO al amparo del Art. 168 del CPP, mediante memorial de 17/03/2022, consignándose en ella el Art. 404 del CPP” (sic); sin embargo, el Juez hoy demandado, nunca remitió la apelación al Tribunal de alzada, por lo cual mediante memoriales de 25 de abril, 6 de mayo y 6 de junio de 2022, impetró celeridad en el trámite de su apelación; denunció además que, en la resolución impugnada, la autoridad demandada no consignó en su parte final, si la misma podría ser recurrida y de ser así en qué plazo Finalmente, el 6 de junio de 2022, la apelación fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales hoy demandados, quienes mediante Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, declararon inadmisible su apelación, decisión que arguye también es lesiva a sus derechos, dado que: a) Fundaron la decisión, en que su apelación fue interpuesta en aplicación del art. 251 del CPP, sin considerar el memorial de subsanación que presentó el 17 de marzo del mismo año; b) El señalado Auto de Vista, nunca le fue notificado, pues argumentaron de que su defensa no contaba con whatsapp; c) No son reales las notificaciones que cursan a su persona el 9 de junio de 2022, las cuales exige se declaren nulas; y, d) Enterada extraoficialmente de la existencia del mencionado Auto de Vista, mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022, “…interpuso recurso de explicación, complementación y enmienda” (sic) señalando nuevamente que la apelación la interpuso en aplicación del art. 404 del CPP; empero, mediante Auto de 28 del mismo mes y año, los Vocales demandados, resolvieron “no ha lugar” por considerar que la misma era extemporánea.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, seguridad jurídica, defensa, impugnación, tutela judicial efectiva e igualdad, citando al efecto, los arts. 115.I, 119 y 121.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: 1) Se declaren nulos el Auto Interlocutorio 262/2022 de 17 de marzo, el Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio y la Resolución de 28 del mismo mes y año; 2) Se declaren nulas las notificaciones de 9 de junio de 2022 y 11 de julio del mismo año; 3) Se ordene la continuidad del proceso penal por el presunto delito de violencia familiar o domestica siendo la única víctima del mismo; y, 4) Se remita antecedentes al Ministerio Público para la investigación penal en contra de las autoridades jurisdiccionales demandadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de octubre de 2022 según consta en el acta, cursante de fs. 406 a 410; presente la parte accionante y ausentes las autoridades jurisdiccionales demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante ratificó los argumentos expuesto en su memorial de acción de amparo constitucional, haciendo énfasis en que, el rechazo de su apelación por parte de los Vocales demandados, no consideró que su defensa corrigió el artículo del Código de Procedimiento Penal por el cual activó dicha reclamación.

I.2.2. Informe de las autoridades jurisdiccionales demandadas

Henry David Sánchez Camacho y Rosmery Lopez Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 402 a 405 vta., señaló lo siguiente: i) Por Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, fue confirmada la Resolución 262/2022, dictada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; ii) En virtud de la normativa procesal penal, la Resoluciones dictadas en apelación deben responder únicamente a los agravios formulados por los apelantes; iii) Siendo que la accionante interpuso su recurso de apelación en virtud del art. 251 del CPP, mismo que solo se activa para apelar determinaciones de medidas cautelares, su pretensión fue declarada inadmisible, pues lo correcto era apelar en mérito al art. 404 del CPP, al ser una apelación contra una Resolución que resolvió un incidente; iv) Conforme dispone el art. 398.3 del CPP, los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución, por lo tanto, si un recurso no se ajusta a lo determinado por la norma, el mismo debe ser declarado inadmisible; y, v) Si la accionante considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, debió explicar de manera más clara en que parte de la resolución se tiene esta omisión o falencia. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por memorial presentado el 26 de octubre de 2022, cursante a fs. 395 y vta., sostuvo que, la acumulación dispuesta por Resolución de 17 de marzo de 2022, se fundó en la existencia de identidad de sujetos, objeto y causa; existiendo apelación contra la misma, fue remitida al Tribunal de alzada, la cual fue resuelta por Auto de Vista 194/2022, y respecto a la retardación de justicia, señaló que no es evidente.

I.2.3. Intervención de los Terceros Interesados

Milenka Mejía Vela –denunciada–, en audiencia tutelar señaló que, los reclamos que la accionante efectúa mediante la presente acción de amparo constitucional, son susceptibles de ser resueltos mediante los mecanismos internos, además de que ésta no ha señalado un agravio concreto que pueda ser atribuido a las autoridades jurisdiccionales demandadas. Virginia Mejía Vela y Justina Vela Ali, no asistieron ni presentaron escrito alguno pese a su legal notificación, cursante a fs. 394.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 186/2022 de 26 de octubre, cursante de fs. 411 a 415 vta., denegó la tutela solicitada, conforme los siguientes fundamentos: a) Con relación al Juez demandado, a quien se le atribuye que hubiere tramitado el proceso de manera dilatoria, y aceptado la solicitud de acumulación de causas penales de forma ilegal, estos aspectos debieron ser reclamados en las instancias internas, en el segundo caso, mediante una apelación incidental en aplicación de los arts. 403 y 404 del CPP, no correspondiendo a la justicia constitucional, emitir pronunciamiento alguno al respecto; b) La accionante reclama que mediante Auto de Vista 194/2022, se hubiere declarado inadmisible su recurso de apelación, sin embargo, se advierte que dicha determinación se debió a que la apelante activó este recurso pero de modo erróneo, pues interpuso su impugnación en mérito al art. 251 del CPP, que versa sobre apelaciones de medidas cautelares y no así respecto a resoluciones que resuelven incidentes; c) El Decreto de 18 de marzo de 2022, por el cual el Juez a quo admite un memorial presentado por la hoy accionante el 17 del mismo mes y año, también señala, que la apelación se la hizo conforme el art. 251 del CPP; d) La normativa procesal penal, no establece en ninguno de sus artículos la posibilidad de corregir o reconducción la apelación efectuada por una de las partes, por lo que al corrección no es posible, siendo de absoluta responsabilidad de la accionante una incorrecta aplicación de la norma; y, e) Si la accionante estima que la decisión de las autoridades demandadas, incumplen la normativa procesal penal y lesionan sus derechos, puede activar un incidente de actividad procesal defectuosa.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 1 de abril de 2021, Dolores Vanessa Chacón Forra, Fiscal de Materia, imputó la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica a Dennis Adilson Justo Callisaya y Lissa Arlen Vela Ñucra, siendo la víctima Milenka Mejía Vela, signándose el caso con el Código Único 201502022005943 (fs. 193 a 199); cursa memorial de 13 de octubre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de turno de El Alto del departamento de La Paz, firmado por Juana Gómez Nolasco, Fiscal de Materia, mediante el cual dio aviso del inicio de las investigaciones del proceso penal signado con el Código Único 201502022107350, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, siendo la víctima y denunciante Lissa Arlen Vela Ñucra y las presuntas agresoras, Milenka Mejía Vela, Virginia Mejía Vela y Justina Vela Ali (fs. 186). II.2. Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2021, Milenka Mejía Vela, interpuso ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, incidente de conexitud de causas, solicitando la acumulación de las causas penales signadas con los Códigos Únicos: 201502022005943 y 2015022107350 (fs. 201 a 205 vta.); lo que mereció proveído firmado por, Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante el cual dispuso correr en traslados a las partes del proceso (fs. 205 vta.); por memorial presentado el 14 de febrero de 2022, Milenka Mejía Vela, solicitó al referido Juez, señale día y hora de audiencia para considerar su incidente de conexitud (fs. 225); lo que mereció proveído de “14 de enero de 2022”, por el cual la autoridad de control jurisdiccional, señaló para el 23 de febrero del mismo año a horas 11:00 audiencia para considerar lo impetrado (fs. 225 vta.); por memorial presentado el 4 de marzo de 2022, Milenka Mejía Vela, solicitó al referido Juez, señale día y hora de audiencia para considerar su incidente de conexitud (fs. 237); lo que mereció proveído de 7 de marzo del mismo año, por el cual la autoridad de control jurisdiccional, señaló para el 14 de marzo de 2022 a horas 12:30 audiencia para considerar lo impetrado (fs. 237 vta.); cursa Resolución de 14 de marzo de 2022, emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante la cual se suspendió la señalada audiencia para horas 09:00 del 17 de marzo de 2022 (fs. 239). II.3. Cursa Auto Interlocutorio 262/2022 de 17 de marzo, sobre consideración de acumulación de obrados por conexitud, emitido por Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por el cual esta autoridad declaró fundada la solicitud de acumulación de obrados por conexitud de causas impetrada por Milenka Mejía Vela, en consecuencia, dispuso la acumulación de las causas penales signadas con los Cogidos Únicos: 201502022005943 y 2015022107350; finalizada la audiencia y dictada la resolución, el abogado de la víctima (Lissa Arlen Vela Ñucra), señaló que “De conformidad al Art. 251 interpone la apelación correspondiente debiendo su autoridad puede mentir ante el superior en grado muchas gracias” (sic), en respuesta a ello, el Juez de la causa, sostuvo, “Que conforme el Art. 251 como decía de la parte víctima se concede dicho recurso deberá remitirse antecedentes ante el tribunal de alzada a efectos de su religión, ha concluido la audiencia Buenos días” (sic [fs. 242 a 243 vta.]). II.4. Por memorial presentado el 17 de marzo de 2022, Lissa Arlen Vela Ñucra, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, corrección de su apelación contra el Auto 262/2022, señalando que la misma se activó en aplicación del art. 251 del CPP, siendo lo correcto la activación por el art. 404 del mismo cuerpo normativo (fs. 244); lo que mereció proveído de 18 del mismo mes y año, firmado por Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante el cual dispuso, “Se tiene presente conforme la disposición contemplada en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal la apelación que antecede y habiéndose interpuesta en contra del AUTO INTERLOCUTORIO RESOLUCION Nº 262 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, téngase por interpuesto el recurso” (sic [fs. 244 vta.]). II.5. Cursa Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, firmado por Henry David Sánchez Camacho y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Tercera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual declararon inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Lissa Arlen Vela Ñucra contra el Auto Interlocutorio 262/2022 de 17 de marzo, bajo el argumento de que, “…la parte recurrente, hace uso de la apelación en virtud al Art. 251 del CPP, que establece que será apelable la resolución que disponga, modifique o rechace las Medidas Cautelares Personales, situación que no se aplica en este caso. El Art. 403 núm. 2 del CPP, modificado por la ley 1173, señala: ‘la que resuelve una excepción o incidente’, consiguientemente, la parte apelante a momento de interponer el presente recurso debería de invocar el Art. 404 del CPP, y no así el Art. 251, por la defensa es erróneo ya que invoca otro acto procesal que no está sujeto a la resolución impugnada, no ajustándose la misma a derecho” (sic [fs. 256 a 257 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, seguridad jurídica, defensa, impugnación, tutela judicial efectiva e igualdad, en virtud a que: 1) El Juez demandado, mediante Resolución 262/2022 de 17 de marzo, declaró fundada la solicitud de acumulación de causas penales signadas con los Códigos Únicos, 201502022005943 y 2015022107350, aun cuando entre las mismas no existe similitud entre sujetos, objeto y causa, siendo en la primera causa parte del proceso en calidad de denunciada y en la segunda de denunciante; y, 2) Los Vocales demandados mediante Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, declararon improcedente su recurso de apelación contra el antes mencionado Auto 262/2022, sin considerar su memorial de 17 de marzo del mismo año, por el cual subsanó un error en la invocación del artículo para la interposición de la señalada apelación, pues en audiencia indicó que la apelación se activó en aplicación del art. 251 del CPP, y por dicho memorial corrigió ese error señalando que lo correcto era la invocación del art. 404 del mismo cuerpo normativo.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

Conforme a lo dispuesto en el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo de defensa que tiene lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, amenacen restringir o suprimir los derechos fundamentales o garantías reconocidas en la Constitución y la ley; por otro lado, el art. 129.I de la Norma Suprema, establece que la acción de amparo constitucional “…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. A esta condición, la jurisprudencia constitucional la ha denominado como el carácter subsidiario de esta acción de defensa, o principio de subsidiariedad, en ese marco, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo señaló que: “… el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso en la instancia donde fueron vulnerados; esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a esta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, la SC 1337/2003–R de 5 de septiembre, estableció algunas sub-reglas para determinar la improcedencia por subsidiariedad en la acción de amparo constitucional, así cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (el resaltado nos pertenece).

III.2. Respecto a la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción

Al respecto la SCP 0735/2023-S4 de 14 de agosto, sostuvo que: “La tramitación del recurso de apelación incidental, prevista en el adjetivo penal boliviano, en sus arts. 403 al 406, fue modificada por la Ley 1173 – “Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres”, de 3 de mayo de 11 2019–; norma que, tuvo como uno de sus pilares fundamentales el materializar los principios de celeridad, oralidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, estableciendo al efecto mecanismos procesales que permitan, entre otros, profundizar la oralidad en la sustanciación de las causas. En ese sentido, bajo las modificaciones indicadas, los preceptos señalados, establecieron que: ‘Artículo 403º.- (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: 1) La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2) La que resuelve una excepción o incidente; (…) Artículo 404º.- (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.

Artículo 405º.- (REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva. Artículo 406º.- (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código’. Disposición ésta última, que nos remite a lo previsto por el art. 113 del CPP, que a su letra, manda: ‘I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales…’” (el resaltado nos pertenece).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos invocados, en mérito a que: i) El Juez demandado, mediante Auto 262/2022 de 17 de marzo, dispuso la acumulación de dos procesos penales, en los que es parte, en uno de ellos como víctima y denunciante; y en el otro como denunciada, en ambos casos por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, sin considerar que, entre dichas causas, no existe identidad de sujetos, objeto y causa; y, ii) Los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 194/2022, declaró improcedente su recurso de apelación contra el Auto 2622/2022 que primero fue activado en aplicación del art. 251 del CPP, y después corregido por el art. 404 del mismo cuerpo normativo. En ese marco, con carácter previo de ingresar en el análisis del caso, corresponde señalar que, del Fundamento Jurídico III.1; se tiene que, la acción de amparo constitucional, podrá ser planteada, siempre y cuando en el proceso ordinario o administrativo, no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos fundamentales, suprimidos o amenazados; dado que, este mecanismo de defensa se constituye en un instrumento subsidiario, porque no puede ser activado si previamente no se agotaron las vías ordinaria de defensa, y supletorio porque viene a reparar o reponer las deficiencias de esta vía ordinaria. Dentro de la sub-reglas que la jurisprudencia ha establecido, para determinar la improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, se encuentra, el supuesto de que, cuando las autoridades judiciales pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recurso o medios de defensa, pero planteado el mismo de una manera incorrecta o errónea, implica determinar la improcedencia de la acción planteada. En el presente caso, y efectuando un análisis cronológico pertinente, de las Conclusiones II.1 y II.2, de este fallo constitucional; se hace evidente que, la hoy accionante, es parte del proceso penal signado con el Código Único 201502022005943, en calidad de denunciada por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, cursando en obrados imputación formal contra ésta; pero a su vez, también es parte del proceso penal signado con el Código Único 201502022107350, en calidad de denunciante, por el presunto delito de violencia familiar y doméstica. Por otro lado, Milenka Mejía Vela, quien seria a su vez denunciante y denunciada por el mismo ilícito, el 8 de noviembre de 2022, solicitó la acumulación de las dos causas penales ante la existencia de conexitud, audiencia que si bien, fue suspendida en dos oportunidades, se instaló el 17 de marzo de 2022, y finalizada la misma, Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz –hoy demandado–, mediante Auto Interlocutorio 262/2022 de 17 de marzo, declaró fundada la señalada pretensión, en consecuencia dispuso la acumulación de las dos causas penales antes mencionadas; (Conclusión II.3). No obstante, y de la misma Resolución se tiene que la parte hoy accionante antes de finalizar este acto procesal, interpuso recurso de apelación contra la referida determinación, y siendo que la impetrante de tutela, activó un recurso con la finalidad de proteger los derechos que hoy considera lesionados, y en aplicación de la subsidiariedad que opera en la acción de amparo constitucional, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno, respecto a esta primera resolución cuestionada, correspondiendo en relación al Juez demandado denegar la tutela impetrada. Por otro lado, la accionante también denuncia la lesión de sus derechos invocados, ante la decisión expresada por los Vocales hoy demandados mediante Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, por el cual declararon improcedente la apelación interpuesta por ésta contra la resolución 262/2022 de 17 de marzo, sin considerar su memorial de la misma fecha, por el cual subsanó un error en la invocación del artículo para la interposición de la señalada apelación, pues en audiencia indicó que la apelación se activó en aplicación del art. 251 del CPP, y por dicho memorial corrigió ese error señalando que lo correcto era la invocación del art. 404 del mismo cuerpo normativo. En ese marco del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional se tiene que, la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción, conforme establece el art. 406 del CPP, se debe sustanciar en los siguientes lineamientos procesales, una vez recibida la apelación, la Sala Penal, deberá señalar día y hora para audiencia de consideración del recurso, notificando a las partes del proceso dentro del plazo de veinticuatro horas, y llevándose a cabo la audiencia en el plazo de cinco días, misma que deberá desarrollarse conforme a las disposiciones establecidas en el art. 113 del mismo cuerpo normativo, el cual establece que, las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, sin que en ningún caso se altere el procedimiento instituido, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuando se encuentre prevista la realización de audiencias orales. En el presente caso, se advierte que las autoridades demandas sustanciaron la apelación interpuesta por la accionante, sin haber señalado día y hora de audiencia, mucho menos haber notificado las partes para considerar las alegaciones de estas en relación a lo apelado; conforme a lo razonado, la apelación planteada por la accionante debió merecer un análisis de admisibilidad en audiencia señalada al efecto, dando oportunidad a las partes de exponer oralmente las razones de su planteamiento o incluso los motivos de la corrección que la accionante alega hoy que no fue considerada por las autoridades demandadas, pues éstas al efectuar un procedimiento diferente al previsto en las normas descritas supra, prescindiendo de la sustanciación del verificativo correspondiente, lesionaron el debido proceso en sus elementos defensa, impugnación y tutela judicial efectiva de la impetrante de tutela, ya que, ésta no pudo exponer las razones de su apelación o las razones de su eventual “equivocación”, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio, y en consideración al procedimiento descrito en el Fundamento Jurídico III.2 se notifique a las partes, se instale audiencia y analicen las alegaciones de la parte accionante; salvo que, por el trascurso del tiempo la situación jurídica de la accionante haya sido modificada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obro parcialmente incorrecto.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte, la Resolución 186/2022 de 26 de octubre, cursante de fs. 411 a 415 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los Vocales demandados, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 194/2022 de 8 de junio de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que, por el trascurso del tiempo la situación jurídica de la accionante haya sido modificada; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Juez codemandado de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0602_2024-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 94da61d197bcb4430cf9e3c29c832a9046f1a612390480a60758382d55d42aad

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