Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de agosto de 2024
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no cumplió las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral, J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022 de 2 de febrero, J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 de 25 de febrero; J.D.T.-L.P./NTLF/089/20 de 4 de marzo de 2022; J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 de 28 de marzo; y, J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 de 4 de abril, emitidas por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fueron reincorporados a sus fuentes de trabajo ni fue efectuado el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 212/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 453 a 458, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, con relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
a) Que Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de cumplimiento estricto a las Conminatorias de Reincorporación Laboral, emitidas en favor de Yolanda Mamani Vda. de Céspedes, Benedicta Bautista de Bautista, Alison Verónica Peñaloza Salazar, Fabiola Estela Tapia Blanco y Christian Pomier Aliaga, con la modificación de que el referido Alcalde debe cumplirlas de manera inmediata. b) El cumplimiento de las conminatorias en cuanto al pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. 2° Llamar la atención a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y Patricia Yati Mita Puma, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por haber diferido indebidamente su pronunciamiento hasta después de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al pago de sueldos devengados y demás derechos sociales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0602/2024-S3 Sucre, 2 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51419-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 212/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 453 a 458, pronunciada dentro acción de amparo constitucional interpuesta por Yolanda Mamani Vda. de Céspedes, Benedicta Bautista de Bautista, Alison Verónica Peñaloza Salazar, Fabiola Estela Tapia Blanco y Christian Pomier Aliaga contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Los accionantes por memorial presentado el 27 de julio de 2022, cursante de fs. 339 a 356, manifestaron lo siguiente:
Yolanda Mamani Vda. de Céspedes, ingresó a trabajar el 7 de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2021, para efectuar trabajos de albañilería, limpieza de baños públicos y el cobro por el uso de ese servicio; firmando veintinueve contratos relativos a tareas propias y permanentes. Benedicta Bautista de Bautista, ingresó a trabajar el 14 de enero de 2008 y permaneció hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo contratada como obrera de la Sub Alcaldía de la Zona Sur del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, luego en el cargo de obrera o albañil hasta la ruptura de la relación laboral, suscribió veintitrés contratos relativos a tareas propias y permanentes. Por su parte, Alison Verónica Peñaloza Salazar, fue contratada el 2 de abril del 2012, y permaneció hasta el 31 de diciembre de 2021, en el cargo de obrera en la Dirección de Servicios Municipales y suscribió diecinueve contratos sucesivos en tareas propias y permanentes. Fabiola Estela Tapia Blanco, fue contratada el 9 de octubre de 2019, en el cargo de anfitriona dependiente de la Dirección de Servicios de Transporte Municipal, habiendo firmado cuatro contratos, y permaneció hasta el 31 de diciembre de 2021. Christian Pomier Aliaga, fue contratado el 1 de noviembre de 2017 y permaneció hasta el 31 de diciembre de 2021, en el cargo de obrero en la Dirección de Infraestructura y Fiscalización Predial, en cuyo lapso suscribió ocho contratos sobre tareas propias y permanentes. Ante la vulneración de sus derechos ocasionada por sus despidos, acudieron ante la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Dicha instancia administrativa, luego del trámite pertinente, emitió las siguientes Conminatorias de Reincorporación Laboral: a) J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 de 25 de febrero, en favor de Yolanda Mamani Vda. de Céspedes, notificada al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 8 de marzo de 2022, entidad que formuló recurso de revocatoria, y fue resuelto por Resolución Administrativa (RA) 252-22 de 20 de abril de 2022; b) J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 de 28 de marzo, en favor de Benedicta Bautista de Bautista, notificada el 12 de abril de ese año, contra la cual su empleador -la indicada entidad municipal- planteó recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante RA 345-22 de 23 de mayo de igual año; c) J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 de 4 de abril, en favor de Alison Verónica Peñaloza Salazar, notificada a su empleador el 26 de abril de referido año y contra la que presentó recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante RA 383/22 de 8 de junio de ese año; d) J.D.T.-L.P./NTLF/089/20 de 4 de marzo de 2022, en favor de Fabiola Estela Tapia Blanco, que fue notificada el 10 de ese mes y año, ante la cual la referida entidad municipal interpuso recurso de revocatoria, resuelto por la RA 258-22 de 20 de abril del mismo año; y, e) J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022 de 2 de febrero, en favor de Christian Pomier Aliaga, notificado el 15 de febrero del citado año, una vez formulado el recurso de revocatoria por la citada entidad municipal se resolvió mediante la RA 186-22 de 31 de marzo de 2022. Hasta la fecha de la interposición de la presente acción tutelar, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no dio cumplimiento con las Conminatorias de Reincorporación Laboral, emitidas en su favor.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social; citando al efecto los arts. 35, 36, 37, 46.I.1 y 2, 48.II y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga el cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022 de 2 de febrero, en favor de Christian Pomier Aliaga; J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 de 25 de febrero, en favor de Yolanda Mamani Vda. de Céspedes; J.D.T.-L.P./NTLF/089/20 de 4 de marzo de 2022, en favor de Fabiola Estela Tapia Blanco; J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 de 28 de marzo, en favor de Benedicta Bautista de Bautista; y, J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 de 4 de abril, en favor de Alison Verónica Peñaloza Salazar, al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido con sueldos devengados y otros beneficios inherentes.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 449 a 452 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 440 a 447 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) Las contrataciones efectuadas por los accionantes son eventuales, por “…necesidad de servicios y requerimiento de personal…” (sic), conforme a lo que establece la cláusula quinta de sus contratos, sujeta a lo dispuesto por los arts. 233 de la CPE, 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), 60 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 y el Decreto Municipal (DM) 007 de 17 de junio de 2013, que aprobó el Reglamento para la Contratación de Personal, que establece que el personal eventual no es de naturaleza permanente y que “…se extinguen al vencimiento del plazo estipulado…” (sic), sin ser válida la tácita reconducción; 2) Con relación a las actividades propias y permanentes, los accionantes confunden estas labores con la prestación de servicios cuando existe requerimiento de necesidad del servicio, y siempre que existe el presupuesto correspondiente, ya que si no hay recursos económicos no se contrata, por lo cual los bonos de “…16 de julio y 20 de octubre…” (sic), nunca se pagaron al personal eventual, motivo por el cual rechaza esa petición; 3) Debido al déficit económico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la presente gestión -refiriéndose al 2022- determinó que se realicen la supresión de cargos, por fuerza mayor y las razones justificables, como son el presupuesto institucional; 4) No procede la reconversión de contratos eventuales a definitivos en la citada entidad municipal, por la prohibición contenida por el art. 6 del EFP, concordante con el art. 60 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) -DS 26115-, y el Reglamento para la Contratación de Personal Eventual, por lo que no se puede aplicar una norma tácitamente derogada como el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979; 5) El principio de la primacía de la realidad se aplica para la jurisdicción ordinaria, de conformidad al art. 180 de la CPE; y en cuanto a la Partida 121, el referido Gobierno Autónomo Municipal cuenta con un Reglamento de Contratación de Personal Eventual, aprobado por DM 007; 6) Se incurre en mala interpretación de la Ley que Incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-, al pretender hacer reconocer los contratos eventuales como contratos definitivos; 7) Los derechos al trabajo y la estabilidad laboral no son absolutos para los funcionarios públicos; puesto que estos se rigen por lo dispuesto por el art. 233 de la CPE; asimismo, debe tenerse en cuenta que la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que cuando las conminatorias de reincorporación laboral no son debidamente fundamentadas ni motivadas, es la jurisdicción constitucional quien debe decidir su procedencia o no en su cumplimiento; 8) Se debe tener en cuenta que no existe un despido ilegal, ya que se encuentran fuera del alcance de la Ley General del Trabajo los funcionarios públicos; y la Ley 321 que reincorpora al ámbito de competencia de la ley laboral, al personal de planta o con ítem hasta técnico administrativo IV, y no así al personal eventual; el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respetó el tiempo de servicios de cada uno de los contratos, asimismo el derecho al salario de acuerdo a la Partida 121; 9) La jurisprudencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, es de cumplimiento obligatorio; así la “SCP 0562 de 5 de junio” establece que en un contrato eventual o a plazo fijo en el sector público o la suscripción de más de dos contratos, no opera la tácita reconducción ni la conversión en indefinido, ya que su validez se enmarca en normativa especial; por su parte la SCP 0583/2016-S3 de 20 de mayo, señala que la jurisdicción constitucional no es la vía idónea para dilucidar si corresponde la conversión del contrato a plazo fijo en uno indefinido, debiendo acudir a la jurisdicción ordinaria; la SCP 0542/2015-S2 de 22 de mayo, reconoce que además de los funcionarios públicos, existen otro tipo de funcionarios del Estado que no están sujetos al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo, cuyas obligaciones se rigen por su respectivo contrato; asimismo, la SCP 0361/2018-S1 de 26 de julio, estableció que la jurisdicción constitucional no puede ingresar a examinar hechos controvertidos; conforme establece la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, no se puede dar cumplimiento al pago de salarios devengados como accesorios a la conminatoria de reincorporación laboral; 10) No existe identidad de objeto; puesto que los accionantes prestaban servicios en distintas unidades del referido Gobierno Autónomo Municipal; 11) Solicitaron se deniegue la tutela pedida por presentarse una acción con duplicidad de pretensiones y que se declare no ha lugar al pago de sueldos devengados; y, 12) Con relación a Alison Verónica Peñaloza Salazar, se incurrió en un error en la conminatoria de reincorporación laboral, ya que en la misma se alega que ocupaba el cargo de anfitrión, siendo lo correcto el cargo de auxiliar administrativa de limpieza.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 212/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 453 a 458, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Alcalde hoy accionado dé estricto cumplimiento a las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral en favor de los accionantes, J.D.T.L.P./NTLF/081/2022; J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022; J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022; J.D.T.-L.P./NTLF/089/20; y, J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022, al mismo puesto que ocupaban en el momento de la desvinculación laboral y como lo señalan las diferentes Conminatorias, y en cuanto a la solicitud de pago de salarios devengados “y otros”, se dispone que una vez que se emita sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se dispondrá conforme corresponde; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Ante el incumplimiento de las citadas Conminatorias de Reincorporación Laboral, pese a su notificación al Alcalde hoy accionado, corresponde disponer su cumplimiento, tal como señala la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, que estableció el criterio de protección a las conminatorias de reincorporación laboral, que fue catalogada como el estándar jurisprudencial más alto; asimismo, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0015/2018-S4 de 23 de febrero y 0058/2018-S3 de 19 de marzo, reconducieron la línea jurisprudencial en sentido de que no le corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar el análisis de mérito en cuanto a las determinaciones asumidas por la Jefaturas Departamentales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por lo que no le corresponde a esta Sala Constitucional efectuar dicho análisis, sobre la determinación asumida la Jefatura Departamental de La Paz del citado Ministerio, en cada de una de las conminatorias de reincorporación laboral, emitidas en favor de los accionantes; ii) Al no cumplirse las referidas Conminatorias de Reincorporación Laboral se afectó el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; iii) Las partes pueden hacer uso de los recursos administrativos contra las conminatorias de reincorporación laboral; se informó que se presentaron recursos de revocatoria, que ya fueron resueltos; y, que se encuentran pendientes de resolución los recursos jerárquicos; empero, como señala la SC 0712/2002-R de 17 de junio, la activación de cualquier recurso administrativo, no suspende el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; y, iv) Tampoco corresponde analizar sobre la cualidad de los contratos, los cuales seguramente serán dilucidados en la instancia que corresponde; finalmente, se tiene presente la unificación jurisprudencial que se puso en conocimiento de las Salas Constitucionales. En vía de complementación los accionantes a través de su abogado solicitaron a la Sala Constitucional que se señale plazo para el cumplimiento de la Resolución 212/2022.
En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional complementó otorgando el plazo de cinco días para que el Alcalde ahora accionado cumpla las Conminatorias de Reincorporación Laboral emitidas en favor de los accionantes.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022 de 2 de febrero, emitida por el Jefe Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se conminó al Alcalde hoy accionado a la inmediata reincorporación de Christian Pomier Aliaga -hoy accionante-, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido como obrero dependiente de la Dirección de Estructura y Fiscalización Territorial San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que corresponden hasta la fecha de su reincorporación (fs. 302 a 309 vta.); Conminatoria que fue confirmada por la RA 186-22 de 31 de marzo de 2022 (fs. 321 a 323) que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento (fs. 319 a 329 vta.); contra la mencionada resolución, se interpuso recurso jerárquico mediante memorial de 12 de abril de ese año (fs. 276 a 279). II.2. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 de 25 de febrero, emitida por la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la cual conminó a Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -ahora accionado- a la inmediata reincorporación de Yolanda Mamani Vda. de Céspedes -hoy accionante-, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido como Apoyo Administrativo dependiente de la citada entidad municipal, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden hasta la fecha de su reincorporación (fs. 83 a 85), Conminatoria que fue confirmada por la Resolución Administrativa -cuyo número y fecha de emisión no consta- (fs. 97 a 98 vta.) que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 94 a 96 vta.); asimismo, cursa Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR-066/2022 de 16 de marzo, que señala que no se dio cumplimiento a la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral, en lo que respecta a la restitución a la fuente laboral, el pago de sueldos devengados y derechos colaterales (fs. 102 y vta.). II.3. A través de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral J.D.T.-L.P./NTLF/089/20 de 4 de marzo de 2022, emitida por la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se conminó al Alcalde ahora accionado a la inmediata reincorporación de Fabiola Estela Tapia Blanco, al mismo puesto que ocupaba, como anfitrión, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que corresponden hasta la fecha de su reincorporación (fs. 252 a 254); Conminatoria que fue confirmada por la RA 258-22 de 20 de abril de igual año (fs. 269 a 271 vta.) que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 266 a 268); asimismo la mencionada entidad municipal interpuso recurso jerárquico mediante memorial de 11 de mayo del referido año (fs. 276 a 279); asimismo cursa Informe MTEPS-JDT LP.-JRTEA-JWAA-0596-INF/22 de 17 de mayo del citado año, que advierte que no se dio cumplimiento a la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral (fs. 281 y vta.). II.4. Mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 de 28 de marzo, emitida por el Jefe Departamental de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se conminó al Alcalde ahora accionado a la inmediata reincorporación de Benedicta Bautista de Bautista -hoy accionante-, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido como obrera dependiente de la Dirección Municipal de Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que corresponden hasta la fecha de su reincorporación (fs. 150 a 160); Conminatoria que fue confirmada por la RA 345-22 de 23 de mayo de igual año (fs. 176 a 178 vta.) que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 173 a 175). Asimismo, cursa el Informe J.D.T.L.P.-BDFB-116/2022 de 5 de mayo, que refiere que no se dio cumplimiento a la citada Conminatoria de Reincorporación Laboral (fs. 163 y vta.). II.5. Por Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 de 4 de abril, emitida por el Jefe Departamental de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se conminó al Alcalde hoy accionado a la inmediata reincorporación de Alison Verónica Peñaloza Salazar, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido como anfitrión dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que corresponden hasta la fecha de su reincorporación (fs. 213 a 215 vta.); Conminatoria que fue confirmada por la RA 383-22 de 8 de junio de 2022 (fs. 227 a 229) que resolvió el recurso de revocatoria, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 221 a 225 vta.); asimismo, cursa el Informe MTEPS-JDT LP-JRTEA-JWAA-0538-INF/22 de 5 de mayo de igual año, que da cuenta que no se dio cumplimiento a la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral, notificada el 26 de abril de ese año (fs. 231 y vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no cumplió las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral, J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022 de 2 de febrero, J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 de 25 de febrero; J.D.T.-L.P./NTLF/089/20 de 4 de marzo de 2022; J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 de 28 de marzo; y, J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 de 4 de abril, emitidas por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fueron reincorporados a sus fuentes de trabajo ni fue efectuado el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por una parte, es preciso señalar que el derecho al trabajo se encuentra consagrado como un derecho fundamental con la denominación derecho al “trabajo digno”, cuyo alcance “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” según establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado a la Norma Suprema mediante el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es necesario también resaltar en la norma constitucional citada, el deber constitucional que le impone al Estado de proteger el trabajo en todas sus formas; en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de seguridad industrial y de seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados.
En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: a) El pago de beneficios sociales; o, b) La reincorporación laboral al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación laboral, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, una vez comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha Conminatoria de Reincorporación es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la 5 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece expresamente: “Artículo 10°.- (BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN)
I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.
II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo del presente Decreto Supremo.
III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras).
6 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art. 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones:
“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:
‘III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’ II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:
‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas nos pertenecen). 7 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa.
ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.
En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorables al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se sustancie y resuelvan 8 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como expresa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra concluyo que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo entiende la SCP 0900/2013 de 20 de julio. 9 Respecto a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos pertenecen). 10 En lo que se refiere a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social… no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos corresponden).
los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas nos corresponden). Esta misma jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una 11 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial.
Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestras), citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. 12 Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 13 Cita jurisprudencial que fue establecida en las SCP 0088/2014-S3, SCP 1500/2014, SCP 1760/2014, SCP 0240/2015-S2,
SCP 0510/2015-S1, SCP 0203/2017-S3, SCP 0594/2017-S2, entre otras.
modulación a la SCP 0900/2013, citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos pertenecen).
Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de 14 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012) “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expreso el siguiente razonamiento: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas son nuestras). Es necesario resaltar que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista en el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) de 6 de julio de 2010, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos; sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura del Trabajo, tomando en cuenta que la tutela solicitada que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no cumplió las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral, J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S.0495/RJEC 045/2022 de 2 de febrero, J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 de 25 de febrero; J.D.T.-L.P./NTLF/089/20 de 4 de marzo de 2022; J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 de 28 de marzo; y, J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 de 4 de abril, emitidas por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fueron reincorporados a sus fuentes de trabajo ni fue efectuado el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales.
Ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, se debe puntualizar que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral es obligatorio, caso contrario, el accionante puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional para obtener su cumplimiento y de esa manera la restitución de sus derechos vulnerados. Dicho cumplimiento debe ser efectuado de manera inmediata, independientemente de que la parte patronal la hubiese impugnado en sede administrativa o judicial. Por otra parte, se aclara que la protección otorgada en la acción de amparo constitucional, constituye una tutela de carácter provisional; puesto que, puede ser revertida en virtud a las acciones administrativa y judicial que pueda interponer el demandado, donde se dilucidará la situación jurídica definitiva del accionante.
De la revisión de los antecedentes se advierte que el Jefe Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral: 1) J.D.T.L.P./C.P.E.ART.48-49/D.S.0495/RJEC045/2022 (Conclusión II.1.); 2) J.D.T.L.P./NTLF/081/2022 (Conclusión II.2.); 3) J.D.T.-L.P./NTLF /089/20 (Conclusión II.3.); 4) J.D.T.-L.P./D.S.0495/144/2022 (Conclusión II.4.); y, 5) J.D.T.-L.P./BDFB/176/2022 (Conclusión II.5.). Todas ellas ordenaron la reincorporación de los accionantes al puesto que ocupaban en el momento de su despido; asimismo ordenaron el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. De los informes emitidos por el personal de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con relación a los accionantes: J.D.T.L.P.-NTLF-VR-066/2022 (Conclusión II.2.), MTEPS-JDT LP.-JRTEA-JWAA-0596-INF/22 (Conclusión II.3.), J.D.T.L.P.-BDFB- 116/2022 (Conclusión II.4.) y MTEPS-JDT LP-JRTEA-JWAA-0538-INF/22 (Conclusión II.5.), se advierte que no se dieron cumplimiento a las Conminatorias de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral. Consiguientemente, resulta evidente que fue vulnerado el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral de los accionantes, a quienes se les privó de su fuente laboral y con ello de la percepción de sus salarios y otros derechos laborales, que constituye el medio de sustento de sus personas y familia; y su derecho a la seguridad social; por lo cual corresponde conceder tutela solicita, sin embargo es de carácter provisional, hasta que la jurisdicción administrativa o judicial resuelva definitivamente la situación laboral de los accionantes. En efecto, si bien es cierto que cursa en obrados copia de los memoriales a través de los cuales el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, formuló recurso jerárquico contra las resoluciones administrativas que confirmaron las Conminatorias de Reincorporación Laboral emitidas en favor de los accionantes Fabiola Estela Tapia Blanco y Christian Pomier Aliaga, aquello no constituye óbice para el cumplimiento inmediato de las Conminatorias de Reincorporación Laboral, conforme lo ha establecido la jurisprudencia constitucional en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, que señala: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras).
Por otra parte, en cuanto a las objeciones efectuadas por la parte ahora accionada respecto a la naturaleza del contrato de trabajo, suscrito con los accionantes, se debe precisar que la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título “UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL” (sic), estableció que la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, contiene el estándar jurisprudencial más alto, en cuanto a la imposibilidad de la justicia constitucional para revisar el fundamento de las conminatorias, señalando que “La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria”. Consecuentemente, no corresponde en este caso, revisar si las conminatorias de reincorporación laboral efectuaron o no una indebida o ilegal fundamentación. Finalmente, en cuanto al pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales, que incumbe a la concesión de la tutela íntegra, la citada SCP 0795/2019-S3, señala que corresponde “…a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones” (las negrillas y el subrayado son nuestras). En mérito a lo precedentemente desarrollado resulta evidente que el Alcalde ahora accionado vulneró los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social, al no haber dado cumplimiento inmediato de las Conminatorias de Reincorporación Laboral emitidas en favor de los accionantes, razón por lo cual corresponde conceder la tutela solicitada.
Otras Consideraciones. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la Resolución 212/2022, determinó: “En cuanto a la solicitud de pago de salarios devengados y otros, este Tribunal dispone que una vez que se emita sentencia por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional se dispondrá conforme corresponde” (sic); es decir, ha diferido su pronunciamiento sobre la procedencia o no al pago de los sueldos devengados hasta después de la revisión de su resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa forma de proceder, resulta claramente incorrecta puesto que omite indebidamente el pronunciamiento integral sobre la pretensión constitucional deducida por los accionantes, desconociendo que en la Resolución que se emite en audiencia, la Sala Constitucional, no solo debe pronunciarse sobre la vulneración denunciada sino también respecto a la procedencia o no de la reparación integral del daño, de la cual forma parte la indemnización, en el marco de lo que establece el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Si la Sala Constitucional consideraba que no correspondía dar lugar al cumplimiento inmediato de la disposición de la conminatoria sobre al pago de los salarios devengados y demás derechos sociales, estaba en el deber de exponer las razones fácticas y jurídicas que sustenten su decisión; empero de ninguna manera podía diferir su pronunciamiento, evadiendo de esa manera su responsabilidad de pronunciarse en la audiencia de consideración de la acción tutelar. En lo que se refiere al cumplimiento integral de la Conminatoria de Reincorporación Laboral, incluyendo la orden del pago de sueldos devengados y demás derechos sociales, la Sala Constitucional debe tomar en cuenta que la línea jurisprudencial sobre ese tema fue unificada en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. Consecuentemente, corresponde llamar a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por haber diferido indebidamente su decisión sobre el pago de sueldos devengados. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 212/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 453 a 458, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, con relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno y al seguro social, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
a) Que Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de cumplimiento estricto a las Conminatorias de Reincorporación Laboral, emitidas en favor de Yolanda Mamani Vda. de Céspedes, Benedicta Bautista de Bautista, Alison Verónica Peñaloza Salazar, Fabiola Estela Tapia Blanco y Christian Pomier Aliaga, con la modificación de que el referido Alcalde debe cumplirlas de manera inmediata. b) El cumplimiento de las conminatorias en cuanto al pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. 2° Llamar la atención a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y Patricia Yati Mita Puma, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por haber diferido indebidamente su pronunciamiento hasta después de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al pago de sueldos devengados y demás derechos sociales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 Respecto al derecho al trabajo, el art. 46 de la CPE establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (las negrillas nos corresponden).
2 El alcance dado al derecho al trabajo, en el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
3 Respecto al bloque de constitucionalidad el art. 410.II de la CPE, establece expresamente: “II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país….” (las negrillas nos pertenecen).
4 El art. 50 de la CPE establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.
15 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
16 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0602_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4b3d6b6ae48b385f3859bd79f4eaec33891324606c7d6c9080bd76080af3c0fb
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