Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 16 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a no valorar correctamente las pruebas, a la vida, a la seguridad social y a la jubilación; alegando que, dentro del trámite que inició para acceder a la pensión por muerte de su cónyuge -Jhonny Germán Chuquimia Vásquez-, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -demandado- dictó la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021 de 29 de abril, que rechazó su solicitud, pese a que acreditó las razones por las cuales no instauró la misma dentro del tiempo establecido en la normativa específica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 245/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 347 a 350, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada; y, 2° Llamar la atención a René Oscar Delgado Ecos y Blanca Isabel Alarcón Yampasi, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0602/2024-S2 Sucre, 16 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 52286-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 245/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 347 a 350, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcia Margoth Aruquipa Vila Vda. de Chuquimia contra Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; y, Rocío Alarcón Prudencio, Jefe Regional La Paz de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.).
Por memoriales presentados el 20 de julio, 3 y 31 de agosto de 2022, cursantes de fs. 1, 85 a 109 vta., 114 a 119 vta., y 132 y vta., la accionante expresó que:
El 18 de abril de 2018, inició el trámite administrativo ante la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.), solicitando la pensión por viudedad en razón a la muerte de Johnny Germán Chuquimia Vásquez -asegurado-, con CUA 30365636, fallecido el 8 de febrero de 2005; presentando notas bajo ese mismo tenor el 3 de mayo y 22 de octubre de 2018; empero, la citada entidad le exigió que previo a su admisión justifique la demora para activar ese mecanismo, considerando que transcurrieron más de diez años desde el mencionado deceso; sin embargo, en su petición señaló que no pudo apersonarse con anterioridad; debido a que, sufrió un accidente de tránsito en 1989, dejándole como secuela una discapacidad cognitiva intelectual del 55%; además, desconocía de ese beneficio; en todo caso, dicha entidad debió admitir su solicitud de pensión con carácter provisional para posteriormente remitirla ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), instancia a la cual le corresponderá valorar y fundamentar la admisión de su pretensión. En ese orden, resalta que, la Resolución Administrativa SPVS-IP 464 de 1 de octubre de 2001, determina que las AFP’s deben aceptar con carácter provisional todo pedido de pensión o gasto funerario que se presente fuera de plazo siempre que esté acompañada de documentación que respalde el motivo del retraso. El 3 de mayo de 2018, solicitó el inicio del trámite de pensiones por la muerte de “su cónyuge”, a efectos de poder acceder “…al beneficio como derechohabiente…” (sic), reiterando los motivos de salud y desconocimiento en virtud a los que no se apersonó; cursándole la APS, la nota de 14 de ese mes y año, indicando que: “El trámite de Pensión por Muerte del Asegurado Johnny Germán Chuquimia Vasquez CUA: 30365636 cuenta con registro de derechohabiente (Conviviente) Sra. Lucia Mamani Daza. Además, señala, qué de acuerdo al art. Primero de la Resolución Administrativa SPVS-IP N°464/2001, para que la administradora proceda con la aceptación provisional sobre la solicitud de pensión por muerte, deb[ía] presentar documentación que respalde las causas del retraso y acreditar [su] condición de derechohabiente” (sic); aspectos que la obligaron a presentar distintas notas a la AFP Futuro de Bolivia S.A., “…en espacios de tiempo prolongados…” (sic), como la recibida el 20 de octubre del mismo año, reiterando su pedido de reconocimiento de renta de derechohabiente, contando con la respuesta que le fue notificada el 10 de diciembre de igual año, indicándole que debía presentar documentación que respalde las causas del retraso “…en la entrega de la documentación para que acredite la calidad de derechohabiente. Además, observándo[l]e la fotocopia simple del Certificado Médico y la firma ilegible del Médico suscribiente, que present[ó] para demostrar el motivo de la demora en la solicitud de Pensión por Muerte de [su] esposo…” (sic). El 22 de mayo de 2019, presentó nota de reclamación ante la APS, haciendo conocer que “hasta esa fecha” no firmó el contrato de derecho habiente con la referida AFP; que mereció una serie de informes; por una parte, la referida AFP emitió la Nota CITE FUT APS BEN 1508/2019 de 4 de junio y, la APS los Informes Legales INF.DJ/765/2019 de 11 de julio e INF.DP/1212/2019 de 16 de diciembre; con todos esos antecedentes, esta última dictó la Resolución Administrativa (RA) APS/DJ/DP/ 018/2020 de 6 de enero, rechazando su solicitud, arguyendo que fue presentada fuera de plazo e incumplió los requisitos establecidos en la RA SPVS-IP 464 de 1 de octubre de 2001; decisión objeto del recurso de revocatoria, el cual fue rechazado mediante la RA APS/DJ/DP/ 1292/2020 de 7 de diciembre; finalmente, esa determinación fue objeto del recurso jerárquico, resuelto por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas -ahora demandado- a través de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021 de 29 de abril, que confirmó totalmente la RA APS/DJ/DP/ 1292/2020; no obstante, todas fueron dictadas con un contenido meramente formal y ausente de la justicia material; pese a que, alegó se vulneraron sus derechos a la vida y a la salud; por ende, conllevaría daños irreparables e irreversibles.
Denunció la lesión de sus derechos a no valorar correctamente las pruebas, a la seguridad social, a la vida y a la jubilación, citando al efecto los arts. 45.I al IV de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 8, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto las Resoluciones Administrativas (RRAA) APS/DJ/DP/ 018/2020, APS/DJ/DP/ 1292/2020, y la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021; y, b) Ordenar a la AFP Futuro de Bolivia S.A., que acepte de forma provisional la solicitud de pensión por muerte de Johnny German Chuquimia Vásquez -asegurado-, y restituya los derechos constitucionales de acceder al seguro social de largo plazo y a una jubilación en su condición de derecho habiente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 341 a 346 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró el contenido de la acción de amparo constitucional presentada. Ante las consultas de la Presidenta de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió que: 1) No presentó su solicitud dentro de los tres años posteriores al fallecimiento de su esposo, pues sufrió un accidente de tránsito que le dejó como secuela una deficiencia mental del 55%, adjuntando certificado médico que demostró aquello; y luego al deceso del mismo se trasladó a vivir a provincia, además, no tenía mucho conocimiento sobre el derecho que le correspondía respecto a una jubilación de derecho habiente; 2) Sabía que su fallecido esposo convivió con Lucía Mamani Daza, con quien procreó dos hijas extramatrimoniales; asimismo, puso a conocimiento de la AFP Futuro de Bolivia S.A., verificable en los informes psicológico y de trabajo social que detallaron como ocurrió su alejamiento a provincia; 3) Respecto a lo manifestado por el Ministro demandado, que el 6 de mayo de 2021, le habrían notificado en su domicilio con el recurso jerárquico; no consideró que para esa fecha se encontraba en provincia; empero, el 21 de enero de 2022, solicitó ante esa instancia copias simples y legalizadas de todo lo obrado, debiendo computarse desde esa fecha el plazo de los seis meses para la interposición de esta acción tutelar; por lo que, la misma se encuentra dentro de plazo; y, 4) Tenía cuarenta y siete años aproximadamente cuando presentó su solicitud de pensión por muerte; en la actualidad tiene cincuenta y ocho años.
Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mediante informe presentado el 6 de septiembre de 2022, cursante a fs. 292 y vta., y a través de su representante en audiencia de garantías, manifestó que: i) Por RA APS/DJ/DP/ 018/2020, notificada el 13 de enero de igual año, a la accionante, la APS rechazó la solicitud de pensión por muerte de la prenombrada, quien el 12 de noviembre de 2020, interpuso recurso de revocatoria; es decir, once meses después de dicha diligencia practicada, mereciendo la RA APS/DJ/DP/ 1292/2020, que resolvió la improcedencia de ese recurso, por haber sido activado fuera del plazo previsto en el art. 48 del Decreto Supremo (DS) “27135”; decisión que fue confirmada totalmente a través de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, notificada el 6 de mayo del citado año; ii) El 18 de enero de 2022, la peticionante de tutela impetró copias de su trámite, que mereció la providencia de 19 de igual mes y año y notificada el 21 del indicado mes y año; iii) Con todos esos antecedentes se evidenció la notificación a la accionante con la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VSF/URJ-SIREFI 029/2021 en el domicilio señalado del memorial por el cual interpuso el recurso jerárquico, incumpliendo el principio de inmediatez, de acuerdo a lo previsto en el art. 129 de la CPE; iv) Están sujetos al principio de sometimiento pleno de la ley, previsto en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), y su Reglamento aprobado mediante el DS “21175”; en tal sentido, como una instancia de puro derecho, que revisa la legalidad, la sujeción a la Norma Suprema, a las leyes, reglamentos y la normativa conexa aplicable al caso concreto de las actuaciones de la autoridad administrativa inferior; por lo que, valoraron el cumplimiento de los plazos y no se emitió pronunciamiento de fondo, no resultando cierto ninguna transgresión a los derechos humanos; y, v) La impetrante de tutela no explicó el nexo causal entre los hechos, el derecho y la forma en la cual hubiesen vulnerado sus derechos; por lo que, corresponde se deniegue la tutela pedida. Ante la consulta de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió que, conforme a los datos del expediente, la peticionante de tutela fue notificada con la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, en su domicilio el 6 de mayo de 2021; asimismo, la nota en la que solicitó fotocopias del trámite estableció como lugar de notificación “…los datos del proceso…” (sic); denotando con ello, que existen actos consentidos por parte de la prenombrada. Rocío Alarcón Prudencio, Jefe Regional La Paz de la AFP Futuro de Bolivia S.A., mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2022, cursante a fs.
354 y vta., señaló que: a) La peticionante de tutela suscribió solicitud de pensión por muerte de manera provisional respaldando los motivos por los cuales no pudo iniciar la misma dentro de los treinta y seis meses desde el fallecimiento de su cónyuge, mereciendo la RA SPVS-IP 464 de 1 de octubre de 2001, que junto a sus antecedentes, fue remitida ante la APS, a fin que sea confirmada o revocada; instancia que determinó rechazarla a través la RA APS/DJ/DP/ 018/2020; y, b) El 27 de “septiembre” de 2022, le notificaron con el acta de audiencia que resolvió la presente acción de amparo constitucional, considerando que fue extemporánea aquella diligencia.
María Esther Cruz López, Directora Ejecutiva de la APS, a través de su representante, en audiencia de garantías manifestó que: 1) El asegurado falleció el 8 de febrero de 2005, pudiendo la impetrante de tutela solicitar la pensión por muerte de su fallecido esposo dentro los tres años siguientes del deceso; empero, recién lo presentó el 18 de abril de 2018; es decir, ocho años después; por lo que, se le pidió justifique esa demora, hasta que el 4 de octubre de 2019, la accionante señaló que le era difícil conseguir tales literales; con todo ello, dictó la primera RA APSA/DJ/DP/ 018/2020, rechazando su petición por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma vigente; asimismo, la siguiente Resolución que resolvió el recurso de revocatoria, fue desestimado por haber sido presentada dicha impugnación de forma extemporánea, y la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021 se respondió en ese mismo sentido y bajo igual argumento, notificada a la prenombrada el 6 de mayo de 2021, y esta acción de defensa fue interpuesta el 20 de julio de 2022; incurriendo en incumplimiento al principio de inmediatez previsto en el art. 129.II de la CPE; 2) La impetrante de tutela pudo activar el proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia, habiendo también inobservado el principio de subsidiariedad, pues existe aún mecanismos que pudo agotar; y, 3) Cumplió de forma taxativa con los arts. 168 incs a), b) y k) de la Ley de Pensiones (LP), y en ese sentido se emitieron las resoluciones correspondientes a la petición de pensión por muerte que presentó la solicitante de tutela, la cual fue extemporánea, al igual que su recurso de revocatoria; por lo que, correspondía que se confirme en la instancia jerárquica; en ese sentido, concierne denegar la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 245/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 347 a 350, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Obviando la excepcionalidad al principio de subsidiariedad por su carácter de imprescriptibilidad, corresponde exigirle el cumplimiento del principio de inmediatez, considerando que incluso para la procedencia de su trámite, la accionante incumplió con los requisitos para ese fin, al no haber justificado las razones por las cuales no inició el mismo hasta los tres años siguientes del fallecimiento de su esposo; ii) Los recursos de revocatoria y jerárquico de igual manera fueron presentados de forma extemporánea, al igual que esta acción de amparo constitucional; ya que, el presunto acto lesivo que recae en la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021 fue notificada el 6 de mayo de 2021, a la accionante, habiendo transcurrido más de catorce meses, incumpliendo el plazo de la normativa de referencia; y, iii) En cuanto a que asumió conocimiento del presunto acto lesivo, el 21 de enero de 2022, haciendo alusión a una nota pidiendo fotocopias legalizadas; la misma claramente no solicitó notificación con dicha decisión jerárquica, sino se limitó a que se le franquee copias de lo obrado en su trámite; y en ese sentido fue atendida esa petición de forma favorable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por RA APS/DJ/DP/ 018/2020 de 6 de enero, Nelson Martinic Vásquez, entonces Director Ejecutivo de la APS -tercero interesado- dispuso rechazar la solicitud de pensión por muerte de Johnny Germán Chuquimia Vásquez -asegurado-, presentada por Marcia Margoth Aruquipa Vila Vda. de Chuquimia -accionante-, por incumplir los requisitos establecidos en la RA SPVS-IP 464 de 1 de octubre de 2001, notificada el 13 de enero de 2020, conforme se tiene de la Nota GRLP.SC.383/2020 de 10 de enero, de la AFP Futuro de Bolivia S.A. (fs. 325 a 328 y 222). II.2. Mediante RA APS/DJ/DP/ 1292/2020 de 7 de diciembre, Cristian Decormis Chávez, Director Ejecutivo de la APS, determinó la improcedencia del memorial de recurso de revocatoria presentado el 12 de noviembre de 2020, por haber sido interpuesto fuera de plazo previsto en el art. 48 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera aprobado mediante DS 27175 de 15 de septiembre de 2003; notificado al abogado de la impetrante de tutela el 9 de diciembre de 2020 (fs. 322 a 324). II.3. A través del escrito presentado el 22 de diciembre de 2020, la peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico ante el Director Ejecutivo de la APS, solicitando la nulidad de las RRAA APS/DJ/DP/ 018/2020 y APS/DJ/DP/ 1292/2020, y en un Otrosí 1, señaló: “…Las providencias en secretaría de su digno Despacho” (sic [fs. 50 a 51]). II.4 Por Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021 de 29 de abril, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -demandado-, resolvió confirmar totalmente la RA APS/DJ/DP/ 1292/2020; notificada el 6 de mayo de 2021, a la impetrante de tutela en el domicilio señalado “…ubicado en secretaría de la Unidad de Recursos Jerárquicos del Sistema de Regulación financiera, del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros…” (sic [fs. 169 a 171 vta. y 174]).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a no valorar correctamente las pruebas, a la vida, a la seguridad social y a la jubilación; alegando que, dentro del trámite que inició para acceder a la pensión por muerte de su cónyuge -Jhonny Germán Chuquimia Vásquez-, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -demandado- dictó la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021 de 29 de abril, que rechazó su solicitud, pese a que acreditó las razones por las cuales no instauró la misma dentro del tiempo establecido en la normativa específica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, señaló que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”. Así también, la SC 1214/2010-R de 6 de septiembre, haciendo mención al entendimiento adoptado en la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, respecto al plazo de interposición de la acción de amparo constitucional, precisó que: “…se estableció su cómputo desde el conocimiento del acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recurso[s] o medios para impugnarlos o, si existieran, a partir del momento en que se agotó la última instancia (SC 0560/2003-R); último criterio que con claridad se observa en la SC 1155/2003-R de 15 de agosto: ‘…la persona que se considera agraviada debe activar la jurisdicción constitucional máximo hasta los seis meses de tener conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o después de haberse agotado los medios y recursos que se tengan para hacer cesar los mismos, los cuales también deben ser utilizados oportunamente…’. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la inobservancia de dicho plazo de caducidad determina la improcedencia de la acción de amparo constitucional” (las negrillas fueron añadidas).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a no valorar correctamente las pruebas, a la vida, a la seguridad social y a la jubilación; alegando que, dentro del trámite que inició para acceder a la pensión por muerte de su cónyuge, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -demandado-dictó la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, que rechazó su solicitud, pese a que acreditó las razones por las cuales no instauró la misma dentro del tiempo establecido en la normativa específica. Se colige de antecedentes que, dentro del trámite de pensión por muerte de Johnny Germán Chuquimia Vásquez -asegurado-, instaurado por Marcia Margoth Aruquipa Vila Vda. de Chuquimia -accionante-, el entonces Director Ejecutivo de la APS -tercero interesado-, emitió la RA APS/DJ/DP/ 018/2020 de 6 de enero, disponiendo el rechazo de dicha solicitud, por incumplir los requisitos establecidos en la RA SPVS-IP 464 de 1 de octubre de 2001; decisión notificada a la solicitante de tutela el 13 de enero de 2020, conforme se tiene en la Nota GRLP.SC.383/2020 de 10 de igual mes, de la AFP Futuro de Bolivia S.A. (Conclusión II.1); contra esa determinación, la prenombrada activó el recurso de revocatoria presentado el 12 de noviembre de idéntico año, el cual fue declarado improcedente por haber sido interpuesto fuera de plazo previsto en el art. 48 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera, a través de la RA APS/DJ/DP/ 1292/2020 de 7 de diciembre, pronunciada por Cristian Decormis Chávez, Director Ejecutivo de la APS (Conclusión II.2); finalmente, la impetrante de tutela formuló recurso jerárquico el 22 de diciembre de 2020 (Conclusión II.3), resuelto por Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -demandado-, quien mediante la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, confirmó totalmente la Resolución Administrativa impugnada; notificada el 6 de mayo de 2021, a la peticionante de tutela en su domicilio señalado (Conclusión II.4).
Contextualizado el problema jurídico, se advierte que tanto el Ministro demandado como el Director Ejecutivo de la APS -tercero interesado-, reclaman que en la presente acción de defensa, la accionante incumplió sistemáticamente los plazos previstos en la normativa vigente, desde el inicio del trámite de pensión por muerte de su cónyuge, hasta la interposición de los recursos intraprocesales administrativos; lo cual se replicó al momento de activar la justicia constitucional; por lo que, solicitaron se aplique el principio de inmediatez, que implica la improcedencia de esta acción tutelar. Al respecto, la impetrante de tutela señaló que, el 6 de mayo de 2021, fecha en la que se le habría notificado con la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, se encontraba en provincia; por lo que, no pudo haberse practicado esa comunicación en su domicilio; y que tuvo conocimiento efectivo de esa decisión administrativa recién el 21 de enero de 2022, cuando solicitó a través de una nota ante el Ministro demandado, que se le franquee copias simples y legalizadas de todo su trámite; entendiendo que, por tal razón esta acción tutelar se encontraría dentro del plazo previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Ahora bien, conforme consta en obrados se advierte que, por escrito presentado el 22 de diciembre de 2020, la peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico ante el Director Ejecutivo de la APS, solicitando la nulidad de las RRAA APS/DJ/DP/ 018/2020 y APS/DJ/DP/ 1292/2020, y en su Otrosí 1, señaló de forma textual: “…Las providencias en secretaría de su digno Despacho” (sic (Conclusión II.3); en tal sentido, se establece que Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas -demandado-, al practicar la diligencia de notificación con la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, en el domicilio señalado “…ubicado en secretaría de la Unidad de Recursos Jerárquicos del Sistema de Regulación financiera, del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros…” (sic [Conclusión II.4]), obró de forma correcta y acorde a los datos del proceso; en consecuencia, siendo que desde el 6 de mayo de 2021, la accionante tuvo conocimiento efectivo del ahora identificado como acto lesivo, correspondía que formule esta acción de amparo constitucional dentro de los seis meses que establecen los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En ese sentido, se evidencia que el 6 de mayo de 2021, se notificó a la peticionante de tutela, con la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 029/2021, momento en el que se inició el cómputo de los seis meses, pudiendo activar esta acción de defensa hasta el 6 de noviembre de igual año; empero, recién la presentó el 20 de julio de 2022, demostrando una conducta pasiva y negligente en causa propia; lo que, contraviene la inmediatez con la que debe actuar ante la vulneración de sus derechos, dando a entender, que no tuvo interés para que estos sean restituidos o reparados con esa misma prontitud; por lo que, en el marco de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de inmediatez como uno de los axiomas que rige la acción de amparo constitucional, que sostuvo: “…la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (SCP 1463/2013), correspondiendo denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Se colige de obrados que, mediante el Auto de 8 de agosto de 2022, se admitió la presente acción de amparo constitucional contra Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, entidad que fue notificada el 6 de septiembre del citado año, conforme se tiene diligencia que cursa a fs. 123; posteriormente, mediante memorial presentado el 31 de agosto del referido año, la accionante solicitó ampliación de la acción contra “…FUTURO DE BOLIVIA S.A…” (sic), memorial atendido por Auto de 2 de septiembre de igual año, disponiendo la ampliación del Auto de admisión, respecto a la autoridad demandada, quedando en lo demás firme y subsistente; sin embargo, en el expediente constitucional no consta diligencia de notificación a dicha instancia. El 7 de septiembre de 2022, a horas 9:15, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instalaron la audiencia de garantías, en ausencia de la impetrante de tutela, suspendiéndola por no haberse practicado la notificación al codemandado, conforme dispuso el Auto de ampliación y reprogramando la misma para el 3 de octubre de ese año; asimismo, en dicho acto el Ministro demandado en uso de la palabra señaló que, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional solicitó dejar sin efecto las RRAA APS/DJ/DP/ 018/2020 y APS/DJ/DP/1292/2020, dictadas por la APS, se considere a esa entidad como tercero interesado; al respecto, la mencionada Sala Constitucional determinó: “…se está disponiendo la ampliación en calidad de tercero interesado a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS…” (sic); en ese sentido, el 28 de septiembre del indicado año, se procedió a su notificación con los actuados pertinentes, conforme consta a fs. 318.
Todo lo anterior denota que en el presente proceso constitucional, las autoridades que debían dirigir y encaminar correctamente la sustanciación de esta acción de defensa, inobservaron los arts. 35.2 y 36.2 del CPCo, permitiendo que se deje en indefensión a Rocío Alarcón Prudencio, Jefe Regional La Paz de la AFP Futuro de Bolivia S.A., identificada como codemandada y que fue notificada después de dictarse la Resolución 245/2022 de 3 de octubre; de igual forma, la tardía identificación al tercero interesado en la audiencia de garantías a pedido del demandado; lo que, debió ordenarse en el referido Auto de admisión como actuación previa; así como, la suspensión de dicho acto procesal; por lo que, este Tribunal no puede dejar pasar la omisiones cometidas por los prenombrados Vocales, ameritando llamarles la atención, a objeto de que en el conocimiento de futuras acciones constitucionales al momento de resolver las causas dentro de las acciones tutelares, adecuen sus actuaciones a la jurisprudencia y normativa procesal constitucional respecto del alcance y presupuestos de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 245/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 347 a 350, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada; y, 2° Llamar la atención a René Oscar Delgado Ecos y Blanca Isabel Alarcón Yampasi, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace contar que la Magistrada, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, es de Voto Aclaratorio.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0602_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2c56682675b90553e9b74357ff0ec90219a29014579066a65725ef9076174e09
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