B.IA.LEGAL

SCP 0602/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46993-2022-94-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; en virtud a que, se encuentra ilegalmente detenido y procesado; por cuanto, habiendo solicitado el “17” –siendo lo correcto 16– de marzo de 2022 la cesación de su detención preventiva por cumplimiento de la misma, la autoridad demandada, señaló audiencia virtual para el 23 del indicado mes y año; empero, la misma fue suspendida; debido a que, su notificación y su remisión –se entiende a la Sala de audiencia– no fueron realizadas oportunamente, fijándose un nuevo acto procesal para el 30 de ese mes y año; el cual, también fue suspendido al no haber sido notificado legalmente con dicho señalamiento, llegando a suspenderse dicha audiencia en tres oportunidades, y fijando los verificativos fuera de los cuarenta y ocho horas previstas por ley, y hasta la fecha de interposición de la presente acción –6 de abril de 2022– no se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo que el 10 de diciembre de 2021 ya se cumplió los ciento ochenta días de su detención preventiva dispuesta por el Juez cautelar. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

REVOCAR la Resolución 04/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de pronto despacho, sin disponer la libertad y sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del impetrante de tutela respecto de su libertad; disponiendo que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la autoridad judicial demandada, lleve a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, ordenando realizar las diligencia correspondientes para dicho efecto; ello siempre y cuando por el transcurso del tiempo este actuado procesal no se hubiera ya desarrollado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Del señalamiento de la audiencia para la consideración y resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0602/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46993-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Reynaldo Zegarra Uslar y Claudia Vargas en representación sin mandato de Mauricio Rivero contra Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 6 de abril de 2022, cursante de fs. 1; y, 15 a 16 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 10 de junio de 2021, donde se dispuso su detención preventiva por un lapso de ciento ochenta días; el cual, fenecía el 10 de diciembre del citado año; cumplido dicho término, mediante memorial presentado el “17” de marzo de 2022 en Plataforma al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, solicitó el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva por máxima duración del “proceso”; empero, el 18 del señalado mes y año, cuando se apersonó a Secretaría de dicho Juagado, se le informó que el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto del mencionado departamento, sin que exista aún la radicatoria del expediente.

El 22 de marzo de 2022, radicado la causa, el indicado Juzgado, señaló día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva para el 23 del mismo mes y año a las 08:15; empero, las diligencias de notificación y remisión del detenido a sala virtual, no fueron realizadas en tiempo oportuno; es decir, con veinticuatro horas de anticipación; por lo que, se suspendió el acto procesal, señalándose audiencia para el 30 del indicado mes y año; sin embargo, nuevamente la notificación para el imputado no fue realizada; por ello, en dicha fecha por segunda vez la audiencia fue suspendida, por no estar notificado legalmente el imputado; encontrándose de esta manera ilegalmente detenido, por cuanto hasta la fecha, no se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva por máxima duración del “proceso”.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela por intermedio de su presentante sin mandato, señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene se libre mandamiento de libertad al haberse cumplido con el plazo de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27, presente el accionante a través de su representante sin mandato y su abogado; y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en el memorial de interposición de esta acción de defensa, y ampliando la misma, señaló lo siguiente: a) Se encuentra ilegalmente detenido y procesado desde el 10 de diciembre de 2021; por cuanto, en dicha fecha se cumplió los ciento ochenta días de detención preventiva que determinó el Juez cautelar en audiencia de 10 de junio de 2021, pero habiendo solicitado su cesación a la detención preventiva la audiencia fue suspendida en tres oportunidades; y, b) La autoridad judicial debió señalar audiencia de cesación de la detención preventiva en cuarenta y ocho horas y “…no prácticamente más de 18 días que no se ha llevado una audiencia…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 6 de abril de 2022, cursante a fs. 21 y vta., manifestó lo siguiente: 1) Dentro del proceso penal seguido en contra de Mauricio Rivero –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se emitió acusación formal el 10 de marzo de 2022; por lo que, se remitió a su despacho judicial el proceso para la prosecución de acuerdo a las previsiones establecidas por ley, emitiéndose el Auto de radicatoria el 21 del señalado mes y año; 2) Encontrándose el hoy accionante con detención preventiva, solicitó la cesación de la misma; por lo que, su autoridad en tiempo hábil conforme a procedimiento, señaló fecha y hora de audiencia, ordenando se realicen las diligencias a efectos de la tramitación; 3) La audiencia de 5 de abril de 2022, se suspendió; debido a que, el detenido preventivo no fue trasladado, fijando el acto procesal para el 8 de dicho mes y año; pues, se aclara que la parte se limitó a presentar su solicitud de cesación, sin proveer las copias a efecto de notificar a las partes procesales; y, 4) El señalamiento de audiencia para el 8 de abril de 2022, fue modificada para el 11 del mismo mes y año, atendiendo la solicitud tanto del abogado de la parte civil como de la defensa técnica –ahora impetrante de tutela–; debido a que, ambas partes tendría otros actos procesales notificados con anterioridad; señalamiento al cual, el abogado del acusado, no interpuso recurso, ni reclamo alguno. Por lo expuesto, señaló que no corresponde conceder, por lo que solicitó la denegatoria de la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 04/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El abogado –se entiende del accionante– no efectuó una fundamentación concreta y puntual de la vulneración de los derechos al debido proceso y salud o cuál el hecho que generó la conculcación de los mismos; por lo que revisado el cuaderno procesal, “…ha comprendido lo que el abogado trata de decir ya que únicamente las audiencias no se llevar a cabo por negligencia del tribunal…” (sic) que haría que se suspenda las audiencias por falta de notificación a su defendido; empero, dicho aspecto debe de probarlo; ii) Es evidente que el 23 de marzo de 2022, debía llevarse a cabo un acto de consideración de la cesación a la detención preventiva, teniéndose evidencia de que todas las partes fueron notificadas, y por informe de Secretaría; se advierte que, se tiene un oficio de conducción del detenido y la creación de la plataforma virtual; sin embargo, el acusado no se encontraba presente; es así, que la Jueza ahora demandada, señaló audiencia de situación jurídica para el 30 de marzo de 2022 a las 14:00; pero la misma fue suspendida; debido a que, la secretaria habría estado en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Décimo Quinto, pero se diligenció el correspondiente oficio de conducción de detenido como el del programa de la sala virtual, no encontrándose el acusado; señalándose nueva audiencia para el 5 de abril de 2022; empero, se suspendió el acto procesal, porque no se remitió oficio al Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”; el cual, debió ser realizado por la secretaria del juzgado, reconociendo dicho aspecto la Jueza demandada; iii) La referida acción trata de una situación de que no se habría dado cumplimiento al traslado del detenido y ello es plena responsabilidad del personal subalterno de la Jueza, que debe supervisar esta situación con la “directora”; iv) También existe la situación del señalamiento de una nueva audiencia antes del 13 de abril de 2022, donde las partes pidieron se amplié el plazo del acto procesal, dando curso la autoridad judicial a lo solicitado en aplicación a la parte in fine del art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que por razones de fuerza mayor se podrá ampliar el plazo, estando en el presente caso de acuerdo las partes de que la audiencia se lleve a cabo el 13 de abril de 2022; v) Respecto a las anteriores suspensiones de audiencias, no demostró la parte si dichas suspensiones son atribuibles a la Jueza demandada por la falta de señalamiento; pues, en el cuaderno procesal claramente se evidenció que las audiencias fueron fijadas; por lo que, el Tribunal no pudo evidenciar lo manifestado por el accionante; vi) Respecto a la vulneración al debido proceso, el mismo vía acción de libertad, no corresponde cuando el acusado estuvo utilizando los mecanismos de defensa, y si hubiera un indebido procesamiento en esta fase, “no sería esta la vía idónea” (sic); y, vii) Se advierte que no existió ninguna conculcación, por cuanto las partes consintieron el último acto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Mauricio Rivero –ahora impetrante de tutela–, por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2022 ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, el mencionado solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva por duración máxima de la detención (fs. 13 y vta.). II.2. Ante dicha solicitud, la Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del precitado departamento –hoy demandada–, señaló audiencia virtual de cesación de la detención preventiva para el 23 de marzo de 2022 a las 08:15, y ante la suspensión de la misma, fijó audiencia para el 30 del citado mes y año a las 14:00 (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; en virtud a que, se encuentra ilegalmente detenido y procesado; por cuanto, habiendo solicitado el “17” –siendo lo correcto 16– de marzo de 2022 la cesación de su detención preventiva por cumplimiento de la misma, la autoridad demandada, señaló audiencia virtual para el 23 del indicado mes y año; empero, la misma fue suspendida; debido a que, su notificación y su remisión –se entiende a la Sala de audiencia– no fueron realizadas oportunamente, fijándose un nuevo acto procesal para el 30 de ese mes y año; el cual, también fue suspendido al no haber sido notificado legalmente con dicho señalamiento, llegando a suspenderse dicha audiencia en tres oportunidades, y fijando los verificativos fuera de los cuarenta y ocho horas previstas por ley, y hasta la fecha de interposición de la presente acción –6 de abril de 2022– no se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo que el 10 de diciembre de 2021 ya se cumplió los ciento ochenta días de su detención preventiva dispuesta por el Juez cautelar. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Del señalamiento de la audiencia para la consideración y resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva.

Actos considerados dilatorios. Con relación a los plazos en los cuales debe señalarse y llevarse a cabo la audiencia para considerar las solicitudes de cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0114/2014 de 10 de enero, partiendo del razonamiento establecido en las Sentencias Constitucionales en ella citadas, en las que se abordó el plazo en el que debe efectuarse dicho señalamiento, dejó establecido que: "… En efecto, si bien es evidente que la normativa legal vigente no prevé un plazo específico para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona '…la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado' (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras).

Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se efectivizan cuando: 'a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad; c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”’.

El razonamiento precedente con relación al plazo prudencial para fijar la audiencia de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva, fue superado en observancia de las modificaciones establecidas por las Leyes 1173 y 1226, conforme al entendimiento establecido a través de la SCP 0344/2020-S4 de 29 de julio, complementando a la SCP 0192/2020-S4 de 23 de julio, que dejó establecido lo siguiente: ”Al respecto, el art. 239 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización–, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, puesta en vigencia a partir del 4 de noviembre del referido año, establece los plazos procesales para el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo estos los siguientes: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”; de lo expuesto, se concluye que de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo, el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; un actuar contrario, supondría una dilación indebida”. Consiguientemente, conforme establece el art. 239 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, cuando se plantea una solicitud de cesación a la detención preventiva, invocando las causales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, la autoridad jurisdiccional a cargo de la tramitación del proceso, está obligada a decretar en el día el señalamiento de audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de 48 horas de presentada la solicitud, mientras que si la solicitud de cesación se efectuó en mérito a las causales 3 y 4 de la citada norma legal, 3 y 4, corresponderá a la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las 24 siguientes, correr traslado a las partes, que deberán responder en el término de 48 horas, a cuya finalización, el Juez o Tribunal está obligado a pronunciar resolución dentro de las siguientes 48 horas, sin necesidad de llevar a cabo audiencia.

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática planteada, radica en que el accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la salud; en virtud a que, se encuentra ilegalmente detenido y procesado, por cuanto habiendo solicitado el “17” –siendo lo correcto 16– de marzo de 2022 la cesación de su detención preventiva por cumplimiento de la misma, la autoridad demandada, señaló audiencia virtual para el 23 del indicado mes y año; empero, la misma fue suspendida; debido a que, su notificación y su remisión –se entiende a la Sala de audiencia– no fueron realizadas oportunamente, fijándose un nuevo acto procesal para el 30 de ese mes y año, el cual también fue suspendido al no haber sido notificado legalmente con dicho señalamiento, llegando a suspenderse dicha audiencia en tres oportunidades, y fijando los verificativos fuera de las cuarenta y ocho horas previstas por ley, y hasta la fecha –6 de abril de 2022– no se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo que el 10 de diciembre de 2021 ya se cumplió los ciento ochenta días de su detención preventiva dispuesta por el Juez cautelar. En ese contexto, la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional; estableció claramente que, ante la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, el juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; aclarando que, en todos los presupuestos en los que procede, se debe tramitar con la mayor celeridad posible, a efecto de garantizar el derecho al debido proceso, a una justicia plural, pronta y oportuna, evitando en lo posible dilaciones innecesarias.

En ese entendido, conforme a los antecedentes desarrollados en conclusiones de este fallo constitucional, y de lo aseverado por el propio accionante; así como, por la autoridad judicial demandada en su informe de esta Acción de defensa (acápite I.2.2); se tiene que, encontrándose con detención preventiva Mauricio Rivero –ahora accionante– dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva por máxima duración de la detención (Conclusión II.1); empero, habiéndose presentado requerimiento de acusación por parte del Ministerio Público, la causa fue remitida a la Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz –hoy demandada–, por lo que, radicada la causa el “22” de marzo de 2022, la mencionada Jueza, señaló audiencia virtual de cesación para el 23 del indicado mes y año a las 08:15, la cual fue suspendida; debido a que, la notificación y remisión del acusado –se entiende a la sala virtual– , no fueron realizadas oportunamente, fijando la autoridad judicial nuevo verificativo para el 30 del citado mes y año a las 14:00 (Conclusión II.2); asimismo, conforme la aseveración de la propia Jueza ahora demandada; se tiene que, dicho acto procesal también fue suspendido, fijando el verificativo para el 5 de abril de 2022; el cual, de igual forma fue suspendido porque el detenido hoy impetrante de tutela no fue “trasladado”, señalando el verificativo para el 8 del mismo mes y año, el cual fue modificado para el 11 de ese mes y año, atendiendo la solicitud tanto del abogado de la parte civil como de la defensa técnica –ahora solicitante de tutela–; debido a que, ambas partes tendrían otros actos procesales notificados con anterioridad.

En ese contexto, se advierte que la autoridad demandada, incurrió en dilación en el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; pues si bien, el primer verificativo fue fijado dentro del plazo previsto por el art. 239 del CPP; es decir, dentro las cuarenta y ocho horas; empero, se tiene que el acto procesal fue suspendido en varias ocasiones debido a la falta de notificación del acusado, señalándose al efecto nuevas audiencias; pero las mismas se fijaron fuera del plazo establecido por ley; es decir, con una dilación de cinco, cuatro y tres días calendario; pretendiendo la Jueza demandada justificar las suspensiones del verificativo, argumentando que ella dio la orden de realizar las diligencias a efectos de la tramitación; manifestación que no resulta razonable para explicar las reiteradas suspensiones de la audiencia de cesación de la detención preventiva, menos la dilación en el señalamiento del acto procesal, incumpliendo de esta manera el plazo determinado en el art. 239 del CPP, considerando que la mencionada autoridad judicial era la responsable del señalamiento de audiencia, a quien correspondía ante la suspensión de la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva por insistencia del imputado, reprogramar dicho acto procesal señalando día y hora dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, conforme establece el citado artículo; por lo que, al no haberlo hecho, y no siendo justificativo razonable y suficiente las causales de las diferentes suspensiones del verificativo conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte la lesión al principio de celeridad (Fundamento Jurídico III.1), acciones van en desmedro de los derechos del hoy accionante. Por lo expuesto, precedentemente, se hace evidente el incumplimiento de manera injustificada del plazo previsto por ley para señalar audiencia de cesación de la detención preventiva del acusado, provocando una dilación indebida, vulnerando con dicho actuar el art. 239 del CPP respecto al señalamiento de audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin considerar que sus actuaciones procesales debían ser efectivizadas en cumplimiento de los principios de celeridad e inmediatez; mismos que, imponen el deber jurídico de reprogramación del indicado acto procesal sin dilaciones indebidas; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada respecto al principio de celeridad; ello, con la aclaración de que la concesión de tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad de pronto despacho, sin disponer la libertad y sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del impetrante de tutela respecto de su libertad, decisión que corresponde ser asumida a la autoridad ordinaria que conoce de la causa; por lo que, se dispone que en el plazo de cuarenta y ocho horas, la autoridad judicial demandada, lleve a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, ello siempre y cuando por el transcurso del tiempo este actuado procesal no se hubiera ya desarrollado. Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto, corresponde señalar que, en lo que concierne al art. 239.2 del indicado Código, referido al vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, señaló que: “…únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP, en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida esta etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo Código Adjetivo Penal; en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta”. Entendimiento que a su vez fue compartido por la SCP 0965/2021-S4 de 29 de noviembre, al expresar que: “En cuanto al art. 239.2 del CPP -modificado por la Ley 1173-, respecto al tiempo de duración de la detención preventiva, señaló que su contexto se encuentra constreñido a la etapa preparatoria, hasta tanto no exista una acusación; sin embargo, en el caso ya fue emitida acusación fiscal, razón por la que no se podría entrar al análisis de la segunda parte del art. 239 de la aludida norma, por cuanto si en su momento existió una violación normativa, dicha circunstancia no fue reclamada oportunamente a fin de que se verifique el cumplimiento de los noventa días y en caso –si correspondía– otorgar la cesación a la detención preventiva, pero ya cursando acusación la cesación solicitada debe encontrarse sujeta a la destrucción de los peligros procesales”. Entendimientos jurisprudenciales que deberán ser tomados en cuenta por la autoridad judicial hoy demandada a momento de celebrar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho a la salud, se tiene que el accionante, se limitó a señalar la lesión de dicho derecho, sin que dicha aseveración sea advertible de manera objetiva para esta jurisdicción, pues no se explicó en qué medida y cómo el mismo se encontraría en peligro; por lo que, no corresponde emitir mayor criterio al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

REVOCAR la Resolución 04/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 27 vta. a 29 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de pronto despacho, sin disponer la libertad y sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del impetrante de tutela respecto de su libertad; disponiendo que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la autoridad judicial demandada, lleve a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, ordenando realizar las diligencia correspondientes para dicho efecto; ello siempre y cuando por el transcurso del tiempo este actuado procesal no se hubiera ya desarrollado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0602_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 46b14370188c8e1200be5767a0d103afabd70329a49c5a390b9cccfd93e991b9

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