Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de agosto de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, no fueron escuchados en sus reclamos vertidos en su recurso de apelación incidental, evidenciándose en el Auto de Vista 271/2022 de 22 de septiembre, una serie de contradicciones que limitan el ejercicio del derecho a la defensa. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 98 a 106 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0601/2024-S3 Sucre, 2 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51402-2022-103-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 137/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 98 a 106 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhonny Acero Ojeda y Efraín Acarapi Asencio contra Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Los accionantes por memoriales presentados el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 34 a 41, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión de los delitos de robo agravado de minerales, asociación delictuosa para delitos vinculados a la sustracción de minerales y allanamiento de domicilio o sus dependencias, a través del Auto Interlocutorio 07/2022 de 29 de agosto, se dispuso de manera injusta la detención preventiva, determinación que mereció recurso de apelación incidental, la cual mediante Auto de Vista 271/2022 de 22 de septiembre, declaró la improcedencia de dicho recurso dando lugar contrariamente a que se deje desvirtuado un riesgo procesal; puesto que, si se parte del principio de legalidad, la Vocal ahora accionada en el citado Auto de Vista de forma totalmente arbitraria y contraria a la norma, determinó que no se puede observar en una imputación formal el tiempo, modo y lugar porque fueron sorprendidos en flagrancia, cuando bajo el elemento del derecho a la defensa, vinculante al principio de legalidad, se exige la identificación del hecho, el tiempo y el lugar, así como el grado de participación criminal; en ese sentido, la falta de precisión en la imputación formal genera incertidumbre. De la misma manera la Vocal hoy accionada vulneró el derecho a la defensa; puesto que, no se puede manifestar que un error formal establecido en la resolución o imputación formal no tiene relevancia, además porque no se puede asumir un criterio respecto al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- cuando dicho precepto no determina de forma específica con probabilidad mínima su participación en el hecho que se les sindica y menos establece el tipo penal, ni explica de forma fundamentada y motivada del porqué serían responsables de los delitos que se los imputa, lo cual a pesar que exigió a la Vocal ahora accionada, simplemente determinó la improcedencia de su recurso de apelación incidental y contrariamente enervó los riesgos procesales, resultando una resolución carente de congruencia, incumpliendo con lo establecido por el art. 398 del CPP que prevé que los tribunales de segunda instancia circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; sin embargo, respecto al riesgo procesal, sus personas reclamaron de manera separada diferentes fundamentos; empero, la Vocal ahora accionada emitió un solo criterio sin señalar argumentos por separado en función a la naturaleza de la primera resolución, modificando la parte dispositiva al referir la improcedencia del recurso de apelación incidental.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, a la defensa y al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica.
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La “nulidad” del Auto de Vista 271/2022 de 22 de septiembre; y, b) Se emita un nuevo auto de vista respetando los derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública el 28 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 89 a 97, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 87 a 88 vta., manifestó que: 1) El 22 de septiembre de igual año, resolvió el recurso de apelación incidental de carácter cautelar en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), por los delitos de robo agravado de minerales, asociación delictuosa vinculados a la sustracción de minerales y allanamiento de domicilio o sus dependencias, la cual no solo fue formulada por los accionantes, sino por los “38” imputados, y al existir coincidencia de reclamos se unificaron fundamentos y razonamientos referidos a determinados presupuestos y riesgos procesales, declarando en el fondo improcedente el señalado recurso de apelación; 2) Respecto a que su autoridad hubiese manifestado que ante la existencia de flagrancia no se podían observar los elementos de modo, tiempo y lugar, contrariando el principio de legalidad; al respecto refirió que la causa resuelta en segunda instancia se desarrolló conforme al procedimiento inmediato para delitos flagrantes de acuerdo a lo establecido por el art. 393 bis del CPP, donde los imputados si bien realizaron una conducta distinta actuaron con una misma finalidad; por lo que, no es evidente que se hubiese vulnerado el principio de legalidad; 3) En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la defensa, ya que no sabían sobre qué tipo penal asumirían su defensa, debido a que en la imputación formal no se tenía una calificación correcta del tipo penal, y que el “art. 321” no tendría relación con el ilícito imputado; dichas observaciones formales no causan trascendencia en la existencia del hecho y la probable participación de los imputados tomando en cuenta que en el proceso penal lo que se investiga son los hechos y no los tipos penales; 4) Sobre el art. 234.7 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, y que correspondía emitir razonamiento para cada uno de los imputados; al respecto si bien en apelación corresponde ante la falta de fundamentación suplir aquellas deficiencias y es posible advertir ciertas incongruencias entre los argumentos señalados para uno y otro imputado; sin embargo, esos aspectos no pueden ser considerados trascendentales al advertirse incongruencias de ciertos términos que no cambiaran el sentido de lo señalado en el Auto Interlocutorio 07/2022; por lo que se tiene claramente establecido la concurrencia de riesgos procesales; puesto que, ingresaron a los ambientes de la Empresa Minera Huanuni -hoy tercera interesada- donde se suscitaron enfrentamientos con miembros de la seguridad “LAUMAR”, de ahí que se consideró el “riesgo fundado”, quedando solamente aclarar en cuál de las vertientes del art. 234 del CPP, se encontraba constituido el “peligro”; y, 5) Con relación al art. 234.1 del referido Código, los accionantes señalan que habría uniformidad en cuanto a la ubicación del domicilio y que al mantenerse dicho riesgo procesal se hubiese cometido una exageración; uniformidad que de acuerdo a los datos recogidos no resulta ser evidente, advirtiéndose una incongruencia en el memorial de la acción de amparo constitucional; por lo que, al no establecerse la existencia de un domicilio cierto, objetivo y claro, de alguna manera advirtió ese riesgo procesal; por lo señalado pidió se deniegue la tutela solicitada.
El representante de la Empresa Minera Huanuni, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 68.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 137/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 98 a 106 vta., denegó la tutela solicitada; manifestando que: i) El Auto de Vista 271/2022 consta de una estructura formal, al identificar los antecedentes y la exposición de los cuatro agravios denunciados por los apelantes -accionantes-, respecto a los cuales la Vocal hoy accionada analizó y refirió en su “considerando III” los fundamentos jurídicos de su Auto de Vista; ii) En el presente caso no se determinó ninguna situación, señalando en su parte dispositiva improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes y otros, considerándose que fuera incongruente; sin embargo, corresponde referirse a la relevancia constitucional como un requisito indispensable en el análisis de las acciones de amparo constitucional al ser un mecanismo de defensa eficaz para la protección y reparación de derechos fundamentales, y no en atención a requerimientos formales sin trascendencia; y, ii) Si bien la falta de relevancia constitucional no merece una corrección por el señalado medio de defensa; empero, para su protección deben concurrir los siguientes elementos; que los errores o defectos procedimentales en los que incurra el Juez o Tribunal, provoquen una vulneración evidente del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; los errores o defectos procedimentales que provocan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidan la posibilidad de que puedan hacer valer sus pretensiones alegando o contrastando; y que esas vulneraciones tengan relevancia constitucional; es decir, que esa infracción procedimental dé lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al otorgado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados, aquello bajo el principio de previsibilidad de que pudiera dar un diferente resultado de “esta resolución”; puesto que, la relevancia constitucional no fue debidamente acreditada por los accionantes.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto de Vista 271/2022 de 22 de septiembre, emitido por Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionada-; por el cual resolvió el recurso de apelación incidental planteado por Jhonny Acero Ojeda y Efraín Acarapi Asencio -hoy accionantes- entre otros; así como el recurso de apelación incidental interpuesto por el representante del Ministerio Público y la Empresa Minera Huanuni -ahora tercera interesada- contra el Auto Interlocutorio 07/2022 de 29 de agosto, que dispuso la detención preventiva de los imputados; declarando improcedentes dichos recursos, precisando que se desvirtuó el art. 235.2 del CPP para todos los sindicados, así como estableció que se enervó el componente ocupación para los imputados Zenobio Siacara Aguilar, Gualberto Nicolás Huaigua y Juvenal Nicolás Huaigua; se aceptó el retiro del recurso de apelación formulado por Aldair Nicolás Arratia y el Fiscal de Materia; e improcedente el recurso de apelación incidental planteado por Sandro y Melanio, ambos Sandina Saka por falta de agravios, así como el recurso de apelación planteado por la Empresa hoy tercera interesada (fs. 2 a 17).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, no fueron escuchados en sus reclamos vertidos en su recurso de apelación incidental, evidenciándose en el Auto de Vista 271/2022 de 22 de septiembre, una serie de contradicciones que limitan el ejercicio del derecho a la defensa. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1133/2023-S3 de 20 de diciembre, citando a su vez a la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, señaló que: «“…que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: ‘…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita’’.
En coherencia a este desarrollo jurisprudencial, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique, mantenga o rechace la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: ‘De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citando a su vez a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, indicó que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, no fueron escuchados en sus reclamos vertidos en su recurso de apelación incidental, evidenciándose en el Auto de Vista 271/2022 de 22 de septiembre, una serie de contradicciones que limitan el ejercicio del derecho a la defensa. Determinada la problemática planteada, de antecedentes se puede evidenciar que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes y otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado de minerales, asociación delictuosa para delitos vinculados a la sustracción de minerales y allanamiento de domicilio o sus dependencias, en audiencia de 29 de agosto de 2022, se procedió a resolver su situación jurídica, disponiendo a través del Auto Interlocutorio 07/2022 su detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, en el mismo acto procesal, la defensa técnica de los imputados, así como el Ministerio Público y la Empresa hoy tercera interesada recurrieron en recurso de apelación la citada determinación; impugnación que fue resuelta por la Vocal ahora accionada, quien a través del Auto de Vista 271/2022 declaró improcedente dicho recurso de apelación incidental y precisando estableció que quedaba desvirtuado el art. 235.2 del CPP para todos los sindicados, así como dejó determinado que se enervó el componente ocupación para los imputados Zenobio Siacara Aguilar, Gualberto Nicolás Huaigua y Juvenal Nicolás Huaigua; se aceptó el retiro del recurso de apelación interpuesto por Aldair Nicolás Arratia y la representación del Ministerio Público; y declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por Sandro y Melanio, ambos Sandina Saka por falta de agravios e improcedente el recurso de apelación incidental planteado por la Empresa hoy tercera interesada; Auto de Vista 271/2022 que ahora es impugnado de ilegal y vulnerador de los derechos de los accionantes, pretendiendo que sea dejada sin efecto, con la finalidad de que se emita uno nuevo; por cuanto, -a criterio de los accionantes- carecería de fundamentación, motivación y congruencia.
En ese contexto, y tomando en cuenta que esta acción de amparo constitucional deviene de un proceso penal que fue instaurado contra varios imputados, se debe efectuar solamente referencia a los agravios expuestos por los accionantes, debido a que habiéndose dispuesto la detención preventiva de “40” ciudadanos, entre los cuales se encuentran los nombrados, constan también con relación a los demás, las respectivas defensas técnicas quienes manifestaron sus propios agravios.
Efectuada dicha aclaración, de la lectura del Auto de Vista 271/2022, se tienen referidos por los accionantes los siguientes agravios: i) Falta de fundamentación en la imputación formal por parte del Ministerio Público, ya que sus argumentos son contrarios al presupuesto material contenido por el art. 233 del CPP, debido a que el Juez de primera instancia debió advertir las observaciones dadas a conocer en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, la cual no establecía el modo, tiempo y lugar y que la probabilidad de autoría sería inexistente, y no hubiese elemento objetivo alguno verificable a efecto de establecer el grado de participación; ii) Sobre los peligros de fuga y obstaculización señalados por el art. 234.1 del CPP, que corresponde al Ministerio Público y la víctima establecer si los imputados tienen o no domicilio, no siendo deber de éstos en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares probar algo al respecto; iii) Con relación a Jhonny Acero Ojeda -accionante-, hubiese señalado datos idénticos y coincidentes con la tarjeta del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); empero, los argumentos de la autoridad jurisdiccional a efectos de desacreditarlo serían que el nombrado no hubiese demostrado habitabilidad y habitualidad, no siendo esos argumentos válidos para acreditar ese riesgo procesal -de fuga-; iv) Con relación a Efraín Acarapi Acero -coaccionante-, el Juez de la causa no dio por acreditado el mismo cuando hubiese solicitado un croquis para establecer el domicilio, siendo esa solicitud “exagerada”, cuando no corresponde como imputado acreditar si tiene o no domicilio; v) Otro agravio establecido por el art. 234.7 del CPP, es el referido a que los argumentos emitidos por la autoridad judicial de la causa no estarían debidamente fundamentados; puesto que, individualizó para cada imputado un argumento con relación al referido artículo y respecto al accionante, señaló la concurrencia del mismo en el entendido de que los imputados en libertad podrían ingresar a la Empresa ahora tercera interesada y el término “podrían” no correspondería como fundamento válido para la concurrencia de dicho riesgo procesal y en cuanto al coaccionante, indicó que en libertad podría causar daño al patrimonio, preguntándose el recurrente si está reconocido como vulnerable al patrimonio; y, vi) En cuanto al art. 234.2 del CPP, los argumentos de la autoridad judicial de primera instancia no tendrían fundamento resultando muy subjetivo debiendo alejarse de ese riesgo procesal.
De los argumentos del Auto de Vista 271/2022, se tiene que la Vocal hoy accionada, refirió que: a) Se escuchó “en su generalidad”, exceptuando “algunos”, que en los argumentos de agravio se centraron en el presupuesto material del art. 233.1 del CPP, indicando que la imputación formal tendría observaciones, no se establecería en tiempo, modo, lugar, existiendo incluso deficiencias al consignar el tipo penal entre otros argumentos; sin embargo, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se solicitó procedimiento inmediato, y en flagrancia no es factible efectuar esas observaciones, no se trata de un procedimiento común, ya que los “40” imputados fueron encontrados en flagrancia, lo que permitió al Ministerio Público solicitar procedimiento inmediato y la aplicación de medidas cautelares; por lo que, observar modo, tiempo, lugar de los hechos fácticos relatados por el Ministerio Público en la imputación formal, cuando en ella se estableció la manera en la que sucedieron los hechos, siendo encontrados todos ellos al interior mina en el nivel “…280 sector Bambi del Cerro Posokoni…” (sic) por personal de seguridad privada “LAUMAR” de la Empresa hoy tercera interesada, así como se tienen informes de una funcionaria de la referida Empresa, quien indicó que los imputados no fueron parte de dicha empresa y cada uno de ellos fueron encontrados con “quepirinas” que contenían sustancias arenosas rocosas con características de mineral, teniendo el detalle de cuanto mineral se encontró a cada uno de los nombrados; por lo que, señalar la existencia de duda razonable respecto al presupuesto material no es “dable” por la flagrancia la cual no fue objetada por ninguno de los imputados; b) En cuanto a que en la imputación formal no señalaría en qué inciso se hubiesen circunscrito los elementos constitutivos del tipo penal, al respecto no se puede pretender realizar ese tipo de observaciones formalistas a efectos de reclamar vulneración de derechos y garantías constitucionales, cuando en la imputación formal puesta a conocimiento de todos los justiciables el Ministerio Público detalló los ilícitos por los cuales estarían imputados, haciendo referencia al art. 332 bis -Robo Agravado incs. 1) y 2) del citado artículo, Allanamiento de Domicilio o sus dependencias art. 298; Asociación Delictuosa art. 132; y, flagrancia art. 230, todos del Código Penal (CP)-, se señalaron los tipos penales; empero, la parte recurrente reiteró -no en la mayoría-, vulneraciones a aspectos formales que la Jueza de primera instancia los consideró como error de “taypeo”, señalándose también el robo agravado de minerales; c) Para cuestionar errores procedimentales debió reclamarse a través de la actividad procesal defectuosa, sumado a ello en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se estableció para todos los imputados que la imputación formal era por robo agravado de minerales, asociación delictuosa para la comisión de delitos vinculados a la sustracción de minerales y allanamiento de domicilio o sus dependencias, limitándose a observar en la citada audiencia y en recurso de apelación incidental sólo respecto al robo agravado de minerales; por cuanto, no existe vulneración objetiva de derechos en cuanto al art. 233.1 del CPP; d) Respecto a los argumentos coincidentes por la parte recurrente con relación al art. 234.7 del CPP -peligro para la víctima y la sociedad-, se indicó que la autoridad judicial de la causa no habría fundamentado y motivado debidamente, que sus razonamientos no serían lógicos y que dicha autoridad judicial habría señalado un determinado argumento para cada imputado resultando incongruente y que ese riesgo procesal no podría estar centrado en presunciones en términos futuros como “…podrán dañar, podrán ingresar a robar…” (sic); al respecto, en el Auto Interlocutorio 07/2022 la Jueza de primera instancia analizó todos los riesgos procesales para cada uno de los recurrentes -entre ellos los accionantes-, respecto al art. 234.7 del CPP, si bien no es coincidente en todas las palabras como observan los recurrentes, se entendió sobre la existencia de ese riesgo procesal en que los imputados fueran un peligro para la víctima, y al respecto como Tribunal de alzada, habiendo las partes solicitado -en una gran mayoría que se revoque la resolución-; empero, ante la falta de fundamentación está facultado para asumir esa falta o bien asumir otro argumento; e) Las autoridades jurisdiccionales no sólo deben dictar las resoluciones conforme a la “letra muerta” de la ley, sino de un análisis de logicidad, ponderación y busca de la justicia; por lo que realizar observaciones incongruentes, al señalar determinado término para el imputado y otro término para el otro y no explicar cómo esa diferencia de términos vulnera derechos de los imputados, resulta una falta de técnica recursiva; puesto que los recurrentes señalaron una falta de fundamentación y motivación, sin mencionar cómo ello vulnera derechos de sus defendidos, respecto al art. 234.7 del CPP, se sustentó la existencia de ese riesgo procesal, relacionado a la personalidad del imputado y la naturaleza del hecho; y los argumentos del Juez de la causa se encuentran centrados a la naturaleza del hecho y con relación al peligro de la víctima -Empresa Minera Huanuni hoy tercera interesada-, la autoridad judicial de la causa realizó un análisis de todos los antecedentes que hacen al caso, la flagrancia con la que fueron sorprendidos los imputados, al encuentro con los funcionarios de seguridad de la referida Empresa, implicando esas circunstancias la peligrosidad de los imputados respecto a la víctima, señalando como concurrente el riesgo procesal del referido artículo vinculada a la naturaleza de los hechos sin subjetivaciones, y siendo los hechos objetivos más que obvios, más aún si los imputados fueron encontrados en flagrancia siendo aplicable el procedimiento inmediato por ese hecho; f) En cuanto al art. 235.2 del CPP -riesgo de obstaculización- se indicó que no todos señalaron como agravio ese riesgo procesal; sin embargo, se ingresó a ese análisis, manifestando que conforme el art. 235 del CPP en su última parte, el peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el Fiscal de Materia o querellante aporte en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizara la averiguación de la verdad, entendiéndose que la Jueza de primera instancia no hizo una aplicación cabal de la referida norma procesal, ya que en la resolución recurrida se hizo mención de que los imputados en libertad podrían tomar contacto con los otros involucrados para lograr distorsionar la información, estableciéndose en ese argumento presunciones, y en el caso en cuestión se está tramitando en procedimiento inmediato por tratarse de delito flagrante, que ya se encuentra con una acusación, siendo inexistente por ello la tarea de realizar por parte del Ministerio Público vinculado a ese riesgo de obstaculización, no existiendo fundamento válido del Ministerio Público para que se tenga como concurrente el art. 235.2 del CPP, decisión que igualmente favorecerá a quienes no solicitaron como agravio el mismo, porque no sería congruente que se mantenga subsistente para los imputados que no lo alegaron como agravio; y, g) Con relación a los elementos domicilio y ocupación, señalados en el art. 234.1 del CPP, fueron referidos de manera individual para cada uno de los imputados en función a la técnica recursiva para las defensas técnicas; -se hará referencia en el caso solamente a los accionantes por cuanto en la presente resolución se abordó a todos los imputados-; respecto a Jhonny Acero Ojeda -accionante-, de la “…Resolución recurrida se tiene, ser muy genérico…” (sic) y contradictorio, quien manifestó al Ministerio Público tener su domicilio en Villa Puente, Llallagua sin dar mayor datos y el reporte del SEGIP establece como domicilio la Av. Buenos Aires, Llallagua-Potosí, existiendo una diferencia con lo señalado por el propio imputado y la información del SEGIP, no existiendo la uniformidad alegada como agravio por su defensa técnica; en cuanto a Efraín Acarapi Asencio -coaccionante-, la resolución recurrida al respecto fue genérica y contradictoria; puesto que señaló como domicilio real Av. Buenos Aires, Llallagua y el SEGIP señaló Av. Buenos Aires, zona 8 Llallagua Potosí, y con relación a ese imputado también se estableció esa diferencia en cuanto al domicilio.
Ahora bien, con base en un análisis del referido precedentemente contrastado con los agravios que fueron señalados por los accionantes, se evidencia que la Vocal ahora accionada, en el recurso de apelación contra la aplicación de medidas cautelares, no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, por cuanto todos los agravios que fueron alegados por los imputados -accionantes-merecieron una respuesta, efectuando un análisis del Auto Interlocutorio 07/2022 en apelación, ya que se pronunció respecto a la falta de fundamentación en la imputación formal vinculado a los presupuestos materiales previstos por el art. 233 del CPP, al referir que ante la situación en la que se realizaron los hechos concurrió la flagrancia, lo que habría suscitado la aplicación de procedimiento inmediato; asimismo, se advierte que refiriéndose a lo cuestionado de manera fundamentada y motivada, explicó por qué la observación de modo, tiempo y lugar de los hechos fácticos relatados por el Ministerio Público no sería “dable” y no constituiría una duda razonable en cuanto a ese presupuesto material, señalando igualmente que la determinación de flagrancia no habría sido cuestionada por los imputados.
De la misma manera se fundamentó respecto al peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, relacionado a que los imputados no tenían domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país; puesto que los imputados manifestaron que le corresponde establecer al Ministerio Público si ellos tenían o no domicilio, no siendo su deber señalar en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; al respecto en el Auto de Vista 271/2022, cuestionado de ilegal y lesivo a los derechos de los accionantes, la Vocal hoy accionada se refirió al elemento domicilio y ocupación de manera individual, indicando con relación a los accionantes que existía una diferencia con lo señalado por ellos y la información del SEGIP.
Igualmente, de manera fundamentada y motivada se refirió al agravio relacionado al art. 234.7 del CPP respecto al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante y que con la relación a la aplicación del término “podrían” no correspondería como fundamento válido para la concurrencia de ese riesgo procesal; por cuanto, la Vocal ahora accionada en el Auto de Vista 271/2022, señaló de manera coherente y motivada que con relación al supuesto peligro para la víctima y la sociedad, la Jueza de primera instancia habría determinado un argumento para cada imputado resultando incongruente y que el riesgo procesal no podría estar centrado en presunciones y en “términos futuros” como “podrán dañar” o “podrán ingresar a robar”; asimismo, señaló que respecto a ese riesgo procesal estaría relacionado a la “persona” del imputado y la naturaleza del hecho, así como al peligro de la Empresa tercera interesada; por lo que de manera congruente llegó a concluir sobre la peligrosidad de los imputados respecto a la víctima, alegando el presupuesto de ser encontrados los imputados en flagrancia, razón por la cual se aplicó el procedimiento inmediato.
También, indicó que bajo un análisis de logicidad, ponderación y justicia, realizar observaciones incongruentes sobre los términos aplicados a un imputado y otro término para el otro, el no explicar cómo esa diferencia vulneraria los derechos de los imputados, sería una falta de técnica recursiva.
De lo señalado precedentemente, se puede advertir que además de contener el Auto de Vista 271/2022, una debida fundamentación y motivación, ésta respondió a todos los agravios referidos en el recurso de apelación, resultando por ello en una resolución congruente, así como de manera coherente ingresó a analizar todos los aspectos alegados como agravios, no siendo evidente la vulneración de los derechos ahora alegados de vulnerados por la parte accionante; tomando en consideración que toda autoridad que se encuentre en conocimiento de una causa tiene la obligación de exponer y expresar de manera suficiente los motivos y razones que le llevaron a asumir cierta decisión; presupuesto necesario que es exigible en toda resolución que resolverá una causa procurando que las partes involucradas en el proceso penal tengan conocimiento de las razones que le impulsaron a la autoridad a definir una situación de una manera y justificando por qué no sería de otra.
Aspectos que fueron contemplados en el Auto de Vista 271/2022, conforme se detalló precedentemente; por lo que no existe vulneración de derechos que implique desplegar la jurisdicción constitucional con la finalidad de la protección de derechos, motivo por el cual, corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la presunta vulneración del derecho a la defensa, los accionantes no argumentaron de manera clara cómo el Auto de Vista 271/2022 ocasionó la vulneración de ese derecho, más aún si ejercieron de manera irrestricta ese derecho al plantear recurso de apelación en la audiencia de 29 de agosto de 2022, relacionada a la situación jurídica procesal determinada en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, no evidenciándose por ello la vulneración de ese derecho; asimismo, en cuanto a la alegación de la supuesta vulneración del principio de legalidad, se debe aclarar que en consideración a que este Tribunal Constitucional Plurinacional no tutela principios de manera directa, a no ser que estén vinculados a derechos y garantías constitucionales vulnerados; al no suceder aquello en el presente caso, no amerita un pronunciamiento o que implique emitir algún criterio al respecto; debiendo por todo lo referido denegarse igualmente la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 98 a 106 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0601_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0e7e00a4755def540c73e4531a136467641e9446a623b12affb28a2050344261
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