Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva, así como a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; debido a que, emitido que fue el mandamiento de libertad a su favor el 9 de marzo de 2022, por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; el Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián del mismo departamento -hoy accionado-, hasta la interposición de la presente acción tutelar -11 de igual mes y año-, no dio cumplimiento al mismo, porque no contaba con cédula de identidad a fin de su identificación, permaneciendo ilegalmente privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 33 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0601/2023-S3 Sucre, 15 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46526-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 33 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Duberty Mauricio Silva Kreuzer en representación sin mandato de Joselo Paz Barboza contra Julio Erick Méndez Herbas, Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 4 a 8, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro de proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Modesto Gómez Vila, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 9 de marzo de 2022, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de Sentencia de 9 de julio de 2019, por la que se le condenó a una pena privativa de libertad de tres años. En virtud a ello, el 9 de marzo de 2022, se notificó con el mandamiento de libertad definitiva de igual data, al Centro Penitenciario de San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, a fin de su ejecución en el día; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -11 de igual mes y año-, no se efectivizó su libertad, bajo el argumento de que su persona no cuenta con cédula de identidad, cuando durante todo el proceso no tuvo dicho documento ni antes ni después del hecho. En ese sentido, ante la actuación dilatoria indebida de Julio Erick Méndez Herbas, Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -hoy accionado-, para resolver su situación jurídica al encontrarse privado de libertad, interpone la presente acción de defensa, bajo la modalidad de pronto de despacho.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos, a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva, así como a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 115, 116.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se efectivice el mandamiento de libertad de 9 de marzo de 2022, emitido por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 32, presentes el impetrante de tutela y su representante sin mandato, y la parte accionada, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de interposición de la acción de libertad, y ampliando en audiencia, refirió que, su persona cumplió la pena impuesta por autoridad judicial, no está solicitando la libertad por alguna otra medida o beneficio, además aclaró que, al momento de ingreso al Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, cada interno realiza su respectivo file personal con fotografías, además del certificado de permanencia que cursa en antecedentes advierte que no está detenido por otro delito.
Julio Erick Méndez Herbas, Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, en audiencia señaló que: a) Evidentemente por Auto -09/2022 de 9 de marzo-, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital de igual departamento, extendió el mandamiento de libertad definitiva a favor del accionante; situación ante la cual, en el marco de la Ley tienen la obligación de dar cumplimiento a ese tipo de mandamientos emanado por la autoridad competente; empero, previo cumplimiento tienen que verificar la identidad de todo privado de libertad; b) De la revisión del file personal del impetrante de tutela, se puede advertir que no existe ninguna documentación respecto a la identidad exacta del prenombrado, ya que el mismo no cuenta con cédula de identidad; por tal motivo, a fin de evitar cualquier tipo de inconveniente remitieron un informe a la autoridad de la causa, haciendo conocer tal extremo, ya que por similares casos tuvieron problemas; y, c) Del mismo modo, el representante del “Régimen Penitenciario”, manifestó que, previa coordinación de los “penales” se realizó diferentes campañas y ocho ingresos del “SEGIP y SERECI” al “penal”, a fin de que los internos que no tienen ningún tipo de documentación cuenten con ella; empero, en el caso el peticionante de tutela por su propia negligencia no recabó su cédula de identidad cuando se realizó las operaciones mencionadas; finalmente, el Ministerio Público, refirió se actué conforme a ley, solicitando que el accionante a fin de obtener su libertad, acompañe la documentación correspondiente.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 10/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 33 a 37, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada dé cumplimiento cabal y estricto al mandamiento de libertad definitiva, expedido el 9 de marzo de 2022, por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del citado departamento; decisión asumida, bajo los siguientes fundamentos: 1) Sobre la problemática expuesta por la parte accionante, relativa a que la autoridad accionada no dio cumplimento a la orden judicial contenida en el mandamiento de libertad, bajo el argumento central de que el privado de libertad no contase con una cédula de identidad; cabe precisar que, de acuerdo a los fundamentos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, se debe tomar en cuenta que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la Ley, y dichos límites, para el caso en concreto, tienen relación a las determinaciones que fueron asumidas por las autoridades jurisdiccionales que conocieron el proceso principal, esto a momento de disponerse la detención preventiva del prenombrado y posteriormente al dictarse sentencia condenatoria en su contra y expedirse el mandamiento de condena donde se fijó claramente el tiempo que debía permanecer privado de libertad, siendo estos los límites legales en los cuales el sentenciado debía permanecer recluido, no existiendo justificativo alguno para que el mismo sea ampliado más allá de lo estrictamente necesario, no pudiendo argüirse otros aspectos o motivos que no estén contemplados en la Ley para mantener a una persona privada de libertad, más aun cuando el motivo principal para que el impetrante de tutela no pueda recuperar su libertad es eminentemente administrativo; 2) En ese sentido, restringir el derecho a la libertad del peticionante de tutela, bajo el argumento de que no cuenta con una cédula de identidad carece de todo sentido y no puede ser tolerado desde ningún punto de vista, ello al vulnerar de manera directa el derecho a la libertad de una persona que ya cumplió la pena impuesta, debiendo además tomarse en cuenta que el mismo no ingresó recién el “día de ayer” al Centro Penitenciario de San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, sino que se encuentra recluido por más de tres años; y, 3) En consecuencia, no se puede entender cómo una persona que presuntamente carece de una identidad reconocida y establecida, puede estar privado de libertad durante ese tiempo, y que sin embargo de ello dicho extremo no haya sido subsanado a lo largo del mismo, pretendiendo endilgar esa responsabilidad al precitado recién al momento en la que deba otorgarse su libertad definitiva, situación a partir de la cual se advierte una dilación indebida en la que incurrió el Gobernador accionado al no haber cumplido y efectivizado el mandamiento de libertad definitiva extendida en favor del accionante, vulnerándose de esa manera el derecho a la libertad del mencionado, no existiendo norma alguna expresa que determine que una persona que no cuente con una cédula de identidad, deba mantenerse privado de libertad hasta que pueda tramitar o adquirir la misma, cuando existen otros medios y mecanismos por los cuales la autoridad accionada pueda establecer de manera clara, fehaciente y real que a la persona que debe otorgarse la libertad es al ahora impetrante de tutela, entre los que se encuentra el archivo personal del interno, debiendo en todo caso valerse de todos los medios a su alcance para que se pueda tener certeza plena de la identidad del peticionante de tutela, más aun cuando el Gobernador accionado en el informe brindado no hizo conocer que exista duda de la identidad del precitado en relación a otro privado de libertad, extremo que podría implicar alguna otra determinación que deba ser asumida por la autoridad competente, pero en el caso en concreto, ello no aconteció.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia de 9 de julio de 2019, pronunciada por Fernando Vladimir Quiroz Sanjinés, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba -en suplencia legal de su similar Sexto-, por la que, declaró a Joselo Paz Barboza -ahora accionante- autor del delito de robo agravado, imponiendo la pena privativa de libertad de tres años de presidio, a cumplir en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, más costas daños y perjuicios a favor de la víctima y del Estado, averiguables en ejecución de sentencia; pena impuesta que finalizará el 20 de febrero de 2022, en consideración a que fue privado de libertad desde el 20 de febrero de 2019 (fs. 15 a 16).
II.2. Por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, el hoy accionante solicitó se emita el respectivo mandamiento de libertad; arguyendo en el “Otrosí”, que su persona “nunca tuvo” cédula de identidad, por ser una persona en situación de calle, y ante la negativa de la extensión del certificado de permanencia y conducta, pidió se oficie al Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del citado departamento -ahora accionado-, a fin de que obtenga dicho certificado; en respuesta, mediante proveído de “22” de ese mes y año, la autoridad judicial, dispuso la notificación al Gobernador de dicho Centro Penitenciario, a efectos de que remita lo impetrado en plazo de veinticuatro horas (fs. 20 a 21). II.3. Cursa Certificado de Permanencia y Disciplina de 3 de marzo de 2022, emitido por Julio Erick Méndez Herbas, Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -hoy accionado-, por el que certificó que el accionante, dentro del proceso de referencia, cuenta con una permanencia de tres años y nueve días, tiempo durante el cual no registra antecedentes, además de observar buena conducta, siendo presentado el 4 de ese mes y año, ante la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del citado departamento (fs. 22 a 23). II.4. A través de informe de 7 de marzo de 2022, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -en suplencia legal de su similar Tercera-, hizo conocer a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del citado departamento, que la Sentencia de 9 de julio de 2019, se encuentra debidamente ejecutoriada; y que el accionante cumplió la totalidad de la condena impuesta, “al presente” tres años y trece días (fs. 24). II.5. Por Auto 09/2022 de 9 de marzo, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, considerando el informe de cómputo de pena antes descrito, en aplicación del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), declaró por cumplida la condena impuesta y la consiguiente extinción de la pena en favor del accionante, “…con CI: NO PORTA…” (sic), disponiendo que por Secretaría se extienda el respectivo mandamiento de libertad definitiva a favor del nombrado y sea en el día, para su posterior remisión al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de igual departamento, a fin de su estricto cumplimiento por el Gobernador del mencionado Centro Penitenciario, siempre y cuando no estuviere detenido por otras causas (fs. 3). II.6. Consta mandamiento de libertad definitiva de 9 de marzo de 2022, extendida en favor del accionante, por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 2). II.7. Cursa Informe CPSS-V/EV. 001/2022 de 9 de marzo -con sello de recibido de 10 de ese mes y año-, mediante el cual, el Encargado de Verificaciones del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, informó al Gobernador ahora accionado que, en esa data a horas 15:10, recepcionó el mandamiento de libertad dispuesta en favor del accionante, a quien ante su apersonamiento le pidió su cédula de identidad, y en respuesta indicó no tener ningún documento de identificación, y del file personal tampoco existe algún documento de identidad; por lo que, al no contar con un documento que identifique al privado de libertad, impide dar cumplimiento al mandamiento librado, solicitando se tomen las atenciones y medidas a fin de su cumplimiento (fs. 27). II.8. Por decreto de 11 de marzo de 2022, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, poner a conocimiento de partes y del Ministerio Público el informe antes descrito, sobre la falta de número de cedula de identidad en el file del condenado -hoy accionante-; en dicho sentido, al no cursar dicha información en antecedentes, ordenó la notificación al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento, a fin de que informe respecto el número de cédula de identidad del impetrante de tutela (fs. 30).
El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva, así como a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; debido a que, emitido que fue el mandamiento de libertad a su favor el 9 de marzo de 2022, por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; el Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián del mismo departamento -hoy accionado-, hasta la interposición de la presente acción tutelar -11 de igual mes y año-, no dio cumplimiento al mismo, porque no contaba con cédula de identidad a fin de su identificación, permaneciendo ilegalmente privado de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SC 0803/2011 de 30 de mayo, al respecto sostuvo que: «El art. 23.VI de la CPE, señala que los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley. Por su parte, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), en su art. 58, señala que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable del manejo del recinto a su cargo, quien entre sus funciones establecidas en el art. 59.9 y 18 de la indicada Ley, señala que debe mantener actualizado el registro penitenciario; y otras establecidas por Reglamento. En ese sentido el Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, en su art. 2.8, establece lo siguiente: Mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad, incluyendo su identidad, las razones de su privación de libertad y la autoridad responsable, el día y hora de su admisión y puesta en libertad (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad). En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la LEPS, señala que: “cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”. En ese orden cabe indicar que el Tribunal a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que; “…ha determinado que, cuando ese precepto ‘[...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad”. Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras. Conforme al marco legal desarrollado, se tiene que el deber jurídico de ejecutar el mandamiento de libertad recae exclusivamente en el Director de la penitenciaría, que dentro de sus funciones y deberes está precisamente el mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad» (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia reiterada Al respecto, la SCP 0714/2018-S1 de 6 de noviembre, precisando la línea jurisprudencial prevista en la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts.
178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); (…) por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva, así como a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; debido a que, emitido el mandamiento de libertad a su favor el 9 de marzo de 2022, por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; el Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del mismo departamento -hoy accionado-, hasta la interposición de la presente acción tutelar -11 de igual mes y año-, no dio cumplimiento al mismo, porque no contaba con cédula de identidad a fin de su identificación, permaneciendo ilegalmente privado de su libertad. Establecida la problemática a resolver, compele realizar la contextualización de los actuados suscitados en el caso en revisión, en dicho sentido de los antecedentes descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, y lo expuesto por las partes peticionante de tutela y el Gobernador accionado, en el caso en examen, se tiene que, dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Modesto Gómez Vila contra Joselo Paz Barboza -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba -en suplencia legal de su similar Sexto-, pronunció Sentencia de 9 de julio de 2019, declarando al precitado autor del citado delito, imponiendo la pena de tres años de presidio, a cumplir en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, más costas daños y perjuicios a favor de la víctima y del Estado, averiguables en ejecución de sentencia; misma que finalizara el 20 de febrero de 2022, en consideración a que el prenombrado fue privado de libertad desde el 20 de febrero de 2019. A dicho efecto, en cumplimiento de la condena impuesta, el impetrante de tutela, por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitó se emita el respectivo mandamiento de libertad, arguyendo que su persona “nunca tuvo” cédula de identidad, por ser una persona en situación de calle; asimismo, pidió se oficie al Gobernador accionado, a fin de que obtenga el certificado de permanencia y conducta; para posteriormente, previa emisión de la certificación requerida y el informe de cómputo de pena, la mencionada autoridad judicial, mediante Auto 09/2022 de 9 de marzo, en aplicación del art. 39 de la LEPS, declaró por cumplida la condena impuesta y la consiguiente extinción de la pena en favor del accionante, “…con CI: NO PORTA…” (sic), disponiendo que por Secretaría se extienda el respectivo mandamiento de libertad definitiva a favor del nombrado y sea en el día, para su posterior remisión al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de igual departamento, a fin su estricto cumplimiento por el Gobernador del mencionado Centro Penitenciario -hoy accionado-, siempre y cuando no estuviere detenido por otras causas; al efecto, consta el mandamiento de libertad definitiva de 9 de marzo de 2022, mismo que fue puesto en conocimiento del Gobernador accionado en igual data; sin embargo, la misma no pudo ser efectivizada debido a que el impetrante de tutela no contaba con su cédula de identidad ni otro documento que lo acredite; extremo que se evidencia a partir del Informe CPSS-V/EV. 001/2022 de 9 de marzo, emitido por el Encargado de Verificaciones del indicado Centro Penitenciario, por el que informó al Gobernador accionado, señalando que en esa data a horas 15:10, recepcionó el mandamiento de libertad dispuesta en favor del peticionante de tutela, a quien ante su apersonamiento le pidió su cédula de identidad; por lo que, al no contar con un documento que identifique al privado de libertad, impidió dar cumplimiento al mandamiento librado, solicitando se tomen las atenciones y medidas a fin de su cumplimiento. En ese sentido, sobre lo descrito precedentemente, corresponde referirse a lo establecido en la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma que sostiene que los responsables de cualquier centro penitenciario a momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato para no vulnerar los derechos y garantías constitucionales del detenido; asimismo, el art. 39 de la LEPS, expresa: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno.
El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan” (las negrillas son nuestras); normativa de la se colige que el accionante no está obligado a efectuar ningún trámite que acredite la veracidad o comprobación de su identidad -como ocurrió en el presente caso-; puesto que, ante la presentación del mandamiento de libertad de 9 de marzo de 2022, emitido por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, correspondía que sea puesto en libertad en el día, considerando que no existía una razón fundada para no dar cumplimiento. De ahí que, la autoridad accionada al exigir al accionante la presentación de la cédula de identidad para recién cumplir con la ejecución del mandamiento de libertad, evidentemente ese accionar resulta contrario al principio de celeridad que debe observarse cuando de por medio se encuentra la libertad de las personas o la modificación de su situación jurídica, ya que si bien es cierto que, previamente debe efectuarse la correspondiente verificación de la documentación y del file personal del privado de libertad para constatar la existencia o no de algún mandamiento pendiente, tal comprobación y consulta deben ser realizados de manera inmediata después de recibir dicho mandamiento; aspecto que si bien en el caso aconteció; empero, de forma contraria, se exigió su identificación a pesar de que el impetrante de tutela indicó que no contaba con ese documento desde su ingreso al penal, y por lo cual requirió Certificado de Permanencia y Conducta de 3 de marzo de 2022 que le fue extendido, manifestando que dentro del proceso de referencia se encuentra detenido por tres años y nueve días, tiempo durante el cual no registra antecedentes, además de observar buena conducta, certificación que también fue remitida a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del referido departamento (Conclusión II.3); lo cual muestra que no existía ningún argumento objetivo a fin de no dar cumplimiento a la orden dispuesta por autoridad competente, considerando, además que en el Auto 09/2022, que dispuso la emisión del mencionado mandamiento de libertad, constaba que el mismo no contaba con cédula de identidad, aspectos que debieron ser observados por la autoridad accionada. Bajo ese contexto, se concluye que el Gobernador accionado actuó desconociendo tanto la normativa y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto, puesto que el hoy accionante, por la falta de su cédula de identidad, estuvo privado de su libertad desde el 9 de marzo de 2022 hasta la interposición de la presente acción tutelar -11 de igual mes y año-, pese a contar con un mandamiento de libertad emitido a su favor por autoridad competente; de manera que, la sujeción de la libertad del impetrante de tutela a la presentación de su documento de identidad, provocó que no se haya dado curso a la ejecución del referido mandamiento de libertad. Por consiguiente, en el caso de análisis resulta aplicable la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al establecer que la acción de libertad, bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho ha sido instituida con la finalidad de velar por la celeridad en los trámites judiciales o administrativos cuando se evidencien dilaciones indebidas al resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; situación que se presentó en la problemática analizada, pues no se efectuó el fiel cumplimiento a la ejecución del mandamiento de libertad del accionante una vez puesto a su conocimiento, incurriendo en una dilación indebida; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 33 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0601_2023-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 92ed5d020f556823980deb0bbdab753f96f3b459f6df5f819892a0fb87891747
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →