B.IA.LEGAL

SCP 0600/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
51880-2022-104-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, igualdad de partes, a un recurso efectivo e idóneo, valoración de la prueba y al juez natural; toda vez que, los Magistrados ahora demandados al resolver el conflicto de competencia suscitado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, determinando que es ésta quién cuenta con competencia para conocer el proceso penal que sigue el Ministerio Público de oficio contra Pepe Rojas Almanza y otros, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Nunca fue notificada con el Auto de Conflicto de Competencia formulado por la Jueza hoy codemandada, situación que le provocó indefensión absoluta, ya que no pudo hacer conocer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que nunca existió dicho conflicto; siendo que, el Auto Interlocutorio 57/21, que generó el mismo fue dejado sin efecto mediante Auto de Vista 264/2021, tampoco fueron puestos a conocimiento de la Sala Plena la fundamentación, motivación y elementos probatorios que presentó al interponer la excepción de incompetencia vía inhibitoria, ya que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, nunca envió esos cuerpos a la ciudad de Trinidad, consiguientemente no pudieron ser compulsados ni valorados por la precitada Sala Plena, pues solo conocieron hasta la foja 798, y la aludida excepción se encontraba de fs. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 104 de 27 de septiembre, cursante de fs. 678 a 680 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa como medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales
  3. III.3. La fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0600/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51880-2022-104-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 104 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 678 a 680 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Esther Solíz Velarde contra Ricardo Torres Echalar, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Olvis Eguez Oliva, María Cristina Díaz Sosa, Marco Ernesto Jaimes Molina, Carlos Alberto Eguez Añez y Edwin Aguayo Arando todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y, Enohe Yensi Rojas Oyola, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 de julio de 2022, cursante de fs. 183 a 211 y el de subsanación de 2 de agosto de igual año (fs. 214 a 218 vta.), la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal signado Caso BN-S-36/15, aperturado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, fue citada como denunciada en su domicilio particular en la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz; por lo que, se presentó a la señalada audiencia en dependencias de la Fiscalía de Sustancias Controladas de la mencionada ciudad, la cual fue suspendida, en cuyo mérito fue nuevamente notificada pero para que se presente en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, lo que motivó formule excepción de incompetencia vía inhibitoria el 14 de junio de 2016, adjuntando prueba que evidenciaba que su domicilio y trabajo se encontraban en la ciudad de Montero, al igual que las pruebas del proceso, entre otros hechos de relevancia. Tramitado como fue dicho incidente, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Montero del referido departamento, mediante Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2016, resolvió declararse competente, y en consecuencia: “…ordeno la acumulación a la presente causa radicada en este juzgado Segundo de Instrucción en lo penal de la denuncia presentada por el ministerio público contra Esther soliz Velarde y otros. Causa signada con el numero IANUS 710101201603314 a tal efecto diríjase oficio a la señora Juez Tercero de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de Trinidad, a fin de que se inhiba de conocer dicha causa y remita los antecedentes originales a este despacho para su acumulación" (sic); lo que motivó que, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni. mediante Auto de 12 de octubre del mismo año, “acepte” y remita los actuados correspondientes a la ciudad de Montero. Aclaró que el aludido Auto Interlocutorio, fue objeto de apelación por parte del Ministerio Público; no obstante, fue declarado inadmisible por el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista de 8 de marzo de 2021, por encontrarse fuera de plazo, con lo que la competencia del Juzgado de Montero quedó subsistente e incólume; sin embargo, de forma “paralela” la Jueza de Montero pronunció el Auto Interlocutorio 57/21 de 29 de marzo de 2021, a través del cual anuló obrados y ordenó la remisión de la causa al Juzgado de Trinidad, ante la existencia de presuntos defectos como falta de notificación y otros, acto que nunca le fue debidamente notificado; no obstante, en tiempo hábil y oportuno interpuso apelación incidental, que mereció la emisión del Auto de Vista 264/2021 de 28 de septiembre, declarando procedente el mismo; en consecuencia, se revocó el fallo apelado, situación que puso en evidencia que la remisión del expediente a Trinidad fue arbitraria, ilegal e indebida, efecto por el cual la señalada autoridad –Jueza de Montero– tuvo que solicitar a la Jueza –hoy codemandada–, la remisión del expediente, con lo que debió concluir dicho trámite. No obstante, tal remisión no fue realizada, por lo que viajó a la ciudad de Trinidad y presentó escrito el 25 de enero de 2022, ante el Juzgado en conocimiento de la causa; sin embargo, donde fue notificada con un Informe de la Secretaría de dicho Juzgado, que indicaba que el expediente fue remitido a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el Auto de Conflicto de Competencia de 22 de junio de 2021, “nótese que se me notifica con informe de secretaria en que consta él envío del expediente a Sucre, pero no con el Auto Interlocutorio de conflicto de competencia” (sic), no habiendo hasta la fecha –se asume de interposición de esta acción tutelar- sido notificada con el Auto a través del cual se suscitó Conflicto de Competencia, irregularidad que la sume en absoluta indefensión, pues no pudo hacer conocer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que nunca existió conflicto de competencia; toda vez que, el único motivo que generó el mismo fue el Auto Interlocutorio 57/21, dejado sin efecto mediante Auto de Vista 264/2021, tampoco se tomó en cuenta la fundamentación, motivación y elementos probatorios que presentó al interponer la excepción de incompetencia vía inhibitoria, ya que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, nunca envió esos cuerpos a la ciudad de Trinidad; por lo que, no pudieron ser compulsados ni valorados por la precitada Sala Plena, que solo conoció hasta la foja 798, cuando la excepción de incompetencia vía inhibitoria y los elementos probatorios que la sostuvieron se encontraban de fs. 807 en adelante. Asimismo, refirió que el Auto Supremo en cuestión, carece de la debida fundamentación y motivación, pues la "fundamentación conlleva formular juicios evaluativos formales y materiales sobre el hecho y el derecho sub judice (asunto de la decisión)” (sic); en el caso de la revisión del Auto Supremo, en cuanto los hechos materiales se limitaron a señalar los diferentes actuados procesales como la excepción de incompetencia, auto interlocutorio que la resuelve, apelación del Ministerio Público, Auto Interlocutorio 57/21, Auto de Conflicto de Competencia, pero no ingresaron a revisar en el fondo cada uno de ellos, menos verificaron su tramitación ante los tribunales competentes, por ejemplo, que el Auto Interlocutorio 57/21 fue revocado en su totalidad por el Auto de Vista 264/2021, debido a que los elementos que los sostenían eran falsos y legalmente incorrectos, situaciones que también la Jueza que promovió el Auto de Conflicto de Competencia, identificó de manera precisa cuando interpuso el conflicto; es decir que, nunca existió violación de derechos y garantías constitucionales de las partes, ni violación al derecho a la segunda instancia del Ministerio Público como erradamente sostuvo la Jueza de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, para justificar la actividad procesal defectuosa invocada en el Auto Interlocutorio 57/21, que constituyó el motivo principal para que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, promueva dicho conflicto, quién con absoluta razón se declaró incompetente, por lo que de haberse ingresado a considerar tales aspectos se hubiera declarado competente a la citada Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero; no obstante, al no existir pronunciamiento al respecto, el Tribunal Supremo incurre en vulneración al debido proceso en su elemento fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales y por tanto se constituye en ilegal. Arguyó que, los argumentos utilizados para sustentar la decisión asumida no obedecen a la recta razón, pues si se revisa el fallo en cuestión, en su página tres apartado seis, de manera textual señaló: "Resulta ilógico e ilegal que, por el hecho de haberse ampliado la investigación y proceder a notificar a Esther soliz Velarde en su residencia en la ciudad de Montero- Santa Cruz, se haya dado curso a la solicitud de que la juez de Trinidad se inhiba de seguir conociendo la causa y decline competencia al juez de instrucción segundo de montero-santa cruz decisión asumida de manera incorrecta…" (sic), argumento que resulta arbitrario, al considerar que es ilógico e ilegal plantear una excepción, y que proceda la inhibitoria, cuando ello se encuentra permitido normativamente, por cuanto en un estado de derecho debe imperar el respeto a la ley y la sana administración de justicia, consecuentemente el natural derecho humano a la defensa y los recursos y excepciones que la ley concede al procesado para defender sus derechos y garantías, habiendo en el caso el planteamiento de la excepción de incompetencia vía inhibitoria, dejado como autoridad natural competente a la Jueza de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, por tanto al haber sido legítimamente interpuesta debió ser respetada, correspondiendo por ello dejar sin efecto el Auto Supremo cuestionado, pues nunca debió darse curso a tal conflicto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionado sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, igualdad de partes, a un recurso efectivo e idóneo, valoración de la prueba y al juez natural; citando al efecto los arts. 13.I y V, 14.I, 115.II, 117.I, 119.I y II, 180.II; 196, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (PDCP); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se anule el Auto Supremo 2/2022 de 26 de enero, así como el Auto Interlocutorio de Conflicto de Competencia de 22 de junio del citado año, y todo desarrollo a partir del mismo, debiendo la autoridad jurisdiccional donde radica el proceso, en cumplimiento al Auto de Vista 264/2021 de 28 de septiembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remita el expediente del caso a conocimiento de la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del señalado departamento.

I.1.4. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 674 a 677 vta., presente el accionante asistido de su abogado y los terceros interesados, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: a) Se vulneró su derecho al juez natural, pues nació, creció, hizo su familia y domicilio en la ciudad de Montero, pretendiendo que sea juzgada en la jurisdicción de Trinidad, para lo cual tendría que erogar gastos económicos, además descuidar a su familia, por lo que en su legítimo derecho al juez natural planteó una excepción de competencia vía inhibitoria, que concluyó otorgando la competencia al Juez de Montero, determinación que era inapelable, por mandato del art. 21 del Código de Procedimiento Civil (CPC); no obstante, desconociendo esta norma el Ministerio Público formuló apelación, que al final fue declarada improcedente; por ello, la determinación de competencia quedaba saneada en todas sus partes; sin embargo, de manera arbitraria se remitió el expediente a Trinidad, lo que motivó que esta autoridad suscite conflicto de competencias, el cual nunca existió; b) Nunca fue notificada con el envió del expediente de Montero a Trinidad, ni de Trinidad a Sucre, sino hasta la fecha que el Tribunal Supremo de Justicia pronunciaba el Auto Supremo 2/2022, lo que evidenció la vulneración de su derecho a la defensa e igualdad; c) El Tribunal Supremo de Justicia desconoce la vigencia del recurso idóneo y efectivo que fue tramitado conforme normativa, y que tiene calidad de cosa juzgada, por lo que al otorgar competencia al Juez de Trinidad violenta flagrantemente su derecho de acceso a la justicia; d) El Auto Supremo cuestionado, carece de la debida fundamentación y motivación, porque no señala de manera clara y precisa los hechos, pues si bien alude que se interpuso una excepción, no precisa como concluyó la misma; e) Las autoridades demandadas no conocieron todos los elementos probatorios, pues solo se remitieron 779 fojas, cursando la excepción a partir de la foja 800; y, f) La prueba relativa al caso, se encuentra en la ciudad de Montero; toda vez que, se investiga un hecho de legitimación de ganancias ilícitas “y no todavía uno de Tráfico de sustancias controladas porque la imputación de Tráfico de sustancias controladas no se ha considerado en una audiencia de medidas cautelares hasta la fecha” (sic), encontrándose los bienes en Montero, donde Freddy Serrudo Rojas, Pepe Rojas Almanza y Esther Soliz Velarde nacieron, crecieron, y tienen su patrimonio y viven allí.

I.2.1. Informe de las autoridades demandadas

José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Marco Ernesto Jaimes Molina y Esteban Miranda Terán, mediante informe escrito presentado el 5 de septiembre de 2022, cursante de fs. 565 a 566 vta., manifestaron que: 1) La acción tutelar intentada no cumple con la previsión contenida en el art. 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo) referida a la legitimación activa, pues el Auto Supremo 2/2022, deviene del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Trinidad del departamento de Beni y Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Público de oficio contra Pepe Rojas Almanza y Freddy Serrudo Rojas por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas; 2) Las resultas de este conflicto de competencia son de cumplimiento obligatorio, independiente del agrado o satisfacción que puedan tener las partes dentro del proceso; 3) El Auto Supremo 2/2022 confutado, no ingresó a resolver el fondo del proceso instaurado, solo definió qué autoridad es la competente, sin que ello vulnere el derecho al Juez natural; 4) No es posible que toda persona que se sienta agraviada por un fallo que establezca qué autoridad es competente, recurra a esta acción tutelar a efectos de escoger qué autoridad jurisdiccional es la que "desea" que juzgue el caso; 5) La jurisdicción, se la considera como el poder genérico de administrar justicia dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del Estado; en tanto que la competencia, es precisamente el modo o manera cómo se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía y territorio, imponiéndose por tanto una competencia por necesidad de orden práctico; siendo por ello, la jurisdicción el género mientras que la competencia es la especie, ya que todos los jueces tienen jurisdicción, por el poder de administrar justicia, pero cada juez posee competencia solo para determinados asuntos; toda vez que, el principio de legalidad determina la competencia conforme la Ley del Órgano Judicial, consideraciones bajo las cuales, consideraron pertinente referirse a lo establecido en la Ley Especial que es el Código de Procedimiento Penal (CPP), que en su art. 311, señala: "Si dos o más jueces o tribunales se declaran simultáneamente y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte Superior del Distrito Judicial del juez o tribunal que haya prevenido..." (sic), disposición modificada por el art. 38.1 de la LOJ, que establece: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones; 1. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas de distintas circunscripción departamental..." (sic), norma aplicable al caso, en atención al principio en materia procesal desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 1055/2006-R de 23 de octubre, que expresa: "La jurisprudencia de este Tribunal, en cuanto a la aplicación de la ley procesal en el tiempo, ha establecido que la norma aplicable es la vigente, al entender que en materia procesal, el legislador puede establecer que los procesos pendientes y aún los hechos delictivos no sometidos a proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues en materia procesal no es exigible la aplicación de la norma que regía en el tiempo de la comisión del delito, cómo ocurre materia penal) toda vez que la aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más benigna" (sic); 6) De los antecedentes del caso que derivaron en la resolución confutada, ambos juzgadores se declararon sin competencia para conocer y resolver el proceso; por lo que, reconocida la competencia del Tribunal Supremo se dilucidó la el conflicto planteado, determinando la autoridad competente, considerando las reglas del art. 49.1, 3 y 6 del CPP, y los hechos suscitados, teniendo presente que las investigaciones fueron solicitada en el asiento judicial de Beni, resultaba ilógico e ilegal que, por el hecho de haberse ampliado la investigación y proceder a notificar a Esther Solíz Velarde en su residencia de la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz, se hubiera dado curso a la solicitud de que, la Juez de Trinidad se inhiba de seguir conociendo la causa y decline competencia al Juez de Instrucción Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, decisión que fue asumida de manera incorrecta, por lo que se concluyó que la autoridad llamada por ley para el conocimiento y resolución del proceso de referencia, era la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, que fue la primera que previno el proceso, jurisdicción donde se cometió el delito, pudiendo recogerse del lugar, los elementos de convicción posibles para lograr la verdad histórica de los hechos, debiendo el proceso penal iniciado continuar hasta concluir, en el lugar donde se cometió el delito, no pudiendo ser remitidos a la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz, en tal sentido no se evidenció violación alguna al debido proceso, como acusó la accionante.; 7) La resolución dictada fue emitida en observancia de las normas legales en el ámbito del derecho y dentro el marco de las disposiciones constitucionales, lográndose comprender los términos en el expresados y la resolución adoptada, al haberse ordenado el juzgamiento ante un Juez plenamente competente que permitirá la materialización de derechos y garantías sin restricción alguna; y, 8) En ese contexto, desconocer la naturaleza de la acción de amparo constitucional, se estaría pretendiendo convertirla en una instancia más dentro del proceso, al no permitir la ejecutoria de una resolución judicial; más aún, si son, con argumentos redundantes o reiterativos y sin legitimidad alguna; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela impetrada. Ricardo Torres Echalar, Olvis Eguez Oliva, María Cristina Díaz Sosa, Carlos Alberto Eguez Añez y Edwin Aguayo Arando todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe ni se apersonaron a la audiencia desarrollada dentro de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 312 y 314. Enohe Yensi Rojas Oyola, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fa. 553 a 554 de obrados, manifestó: i) Creo conflicto de competencias el 10 de junio del citado año, considerando que de acuerdo al art. 16 Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, los Magistrados, Vocales y Jueces deben proseguir el desarrollo del proceso sin retrotraer las etapas concluidas, excepto cuando exista irregularidad procesal reclamada oportunamente que lesione el derecho a la defensa; ii) En el caso se remitió los antecedentes por inhibitoria solicitado por parte de la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz; por lo que, resulta un perjuicio que después de cuatro años, la causa sea remitida a Trinidad; toda vez que, existe un trámite pendiente de apelación, que debió realizar la Jueza titular que se encuentra conociendo el proceso penal de referencia, por cuanto dicho defecto no es de fondo pudiendo ser subsanable; no obstante, la Jueza titular a la fecha quiere retrotraer el procedimiento vulnerando el debido proceso, cuando las partes presentaron memoriales ante el Juzgado de Montero, que resulta competente para dar continuidad a la causa, y no por el solo hecho de no pronunciarse con relación a los memoriales de extinción de la acción penal y al no dar continuidad al debido proceso de acuerdo al informe emitido por el Secretario Abogado de dicho Juzgado, que señaló que el proceso se encontraba sin movimiento hasta la fecha acarreando responsabilidades por parte de los Juzgadores que se encontraba bajo la dirección funcional y que recién después de cuatro año de radicado el proceso, pretenda tal Jueza titular declarar la nulidad de las actuaciones, remitiendo el caso a Trinidad, cuando perdió competencia desde el 2016, al momento de ser notificada con el Auto donde se acepta la inhibitoria por parte del Juez que se encontraba bajo la dirección jurisdiccional del presente proceso, encontrándose las partes legalmente notificadas con dicho fallo, así como con el Auto de 29 de julio de 2016 y Decreto de 12 de octubre del mismo año; iii) Posterior al conflicto de competencia que planteó, recién le fue remitido el Auto de Vista 264/2021, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, momento en el cual el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba en el Tribunal Supremo de Justicia para resolver el Conflicto de Competencia, que mereció el pronunciamiento del Auto Supremo 2/2022, que declaró competente a su persona como Jueza de Instrucción Penal Tercera Trinidad del departamento de Beni; y, iv) Una vez que se puso a conocimiento de los sujetos procesales el citado Auto Supremo, realizó la conminatoria conforme el art. 134 del CPP; por lo que, el Ministerio Público presentó acusación, misma que fue sorteada el 22 de junio de 2022 y radicada en el Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I.2.2. Intervención de los terceros interesados

Freddy Serrudo Rojas a través de su abogado, se adhirió a todos los fundamentos vertidos por la accionante, manifestando que existe un reconocimiento tácito de la Jueza de Instrucción Penal Tercera Trinidad del indicado departamento, quién señaló que perdió competencia desde el año 2016, verdad material que debe ser tomada en cuenta, pues se tramitó una inhibitoria que declaró competente a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, que adquirió calidad de cosa juzgada; por lo que, el Tribunal Supremo de Justicia debió explicar a la autoridad que creó el conflicto de competencias que, ya existía resolución basada en autoridad de cosa juzgada, habiendo precluido cualquier posibilidad que sea revisado; siendo que, las autoridades demandadas al resolver el aludido conflicto que declaró competente a la referida Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad, lesionaron derechos fundamentales dado que carecían de competencia, porque en los hechos no existió tal conflicto; en cuanto al fallo en cuestión, citó que se hizo una relación extremadamente escueta, omitiendo no se sabe si a propósito o por la recargada labor, la exposición del fenecido trámite de inhibitoria; argumentos en torno a los cuales, solicitó se conceda la tutela impetrada y se remita el expediente a la indicada Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero para la prosecución del proceso. Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Santa Cruz y Pepe Rojas Almanza, no presentaron informes ni se apersonaron a audiencia de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 455 y 503, respectivamente.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Pese a la notificación cursante a fs. 657, ningún representante del Ministerio Público presentó informe escrito alguno, ni se apersonó a audiencia.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 104 de 27 de septiembre, cursante de fs. 678 a 680 vta., denegó la tutela; con base en los siguientes fundamentos: a) Analizado el Auto Supremo 2/2022, se tiene que el mismo deriva precisamente de un proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra del señor Pepe Rojas Almanza y Freddy Serrudo Rojas, habiéndose posteriormente notificado a la “esposa del señor Serrudo a quien también se le involucró en el proceso penal de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas·(sic), se hace una exposición amplia de los antecedentes del proceso y también expresa en el Considerando II de los fundamentos jurídicos de la resolución; b) El Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena lo que hizo fue definir el conflicto de competencia suscitado entre ambos juzgadores y no definir los elementos que tienen que ver dentro del proceso investigativo; es decir, no ingreso al fondo, sino sujeto su decisión en el art. 49.1, 3 y 6 del CPP, en sentido que el Juez natural que debe conocer el proceso es el del lugar donde se evidencio la existencia del presunto acto delictivo y la autoridad que previno primero el conocimiento, fundamentación que es la que utiliza el Auto Supremo para establecer que la autoridad competente para seguir conociendo el caso es la Jueza de Trinidad y no así la autoridad judicial de Montero, sin que se haya considerado otro elemento como lo manifiesta la parte impetrante de tutela que debió tomarse en cuenta la calidad de cosa juzgada que tenía el conflicto de competencia con la Auto de Vista 264/2021, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, siendo claro el Auto Supremo que no ingreso al fondo de la problemática y solo definió el conflicto de competencia; c) En ese marco de acuerdo con los datos del proceso y conforme el tenor del Auto Supremo impugnado, se tiene que la problemática de fondo era resolver el conflicto de competencia promovido por la autoridad de Trinidad y no así otros elementos, y eso es precisamente lo que se resolvió; por lo que, si la jurisdicción constitucional ingresaría a considerar otro elemento que no se encuentra dentro de lo resuelto por el Tribunal Supremo, como la calidad de cosa juzgada que argumenta la solicitante de tutela, pues ello constituiría ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria y con ello también la valoración de la prueba, lo que no se encuentra permitido; y, d) Finalizaron señalando que el Auto Supremo se encuentra debidamente explicado, motivado y fundamentado, en base a lo que establece el art. 49.1, 3 y 6 del adjetivo penal, teniendo sustento jurídico demostrado; consiguientemente, no se evidenciaba vulneración de derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de 22 de junio de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, se declaró incompetente para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra Pepe Rojas Almanza y otros; por lo que, suscitó conflicto de competencia entre la prenombrada y la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, disponiendo la remisión de los actuados a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para que dirima el mismo (fs. 175 a 178). II.2. A través de Auto Supremo 2/2022 de 26 de enero, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia compuesto por los Magistrados ahora demandados, declaró competente para continuar con el control jurisdiccional a la Jueza Tercera de Instrucción Penal de Trinidad del departamento de Beni, dentro del proceso penal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas (fs. 173 a 174)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, igualdad de partes, a un recurso efectivo e idóneo, valoración de la prueba y al juez natural; toda vez que, los Magistrados ahora demandados al resolver el conflicto de competencia suscitado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, determinando que es ésta quién cuenta con competencia para conocer el proceso penal que sigue el Ministerio Público de oficio contra Pepe Rojas Almanza y otros, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Nunca fue notificada con el Auto de Conflicto de Competencia formulado por la Jueza hoy codemandada, situación que le provocó indefensión absoluta, ya que no pudo hacer conocer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que nunca existió dicho conflicto; siendo que, el Auto Interlocutorio 57/21, que generó el mismo fue dejado sin efecto mediante Auto de Vista 264/2021, tampoco fueron puestos a conocimiento de la Sala Plena la fundamentación, motivación y elementos probatorios que presentó al interponer la excepción de incompetencia vía inhibitoria, ya que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, nunca envió esos cuerpos a la ciudad de Trinidad, consiguientemente no pudieron ser compulsados ni valorados por la precitada Sala Plena, pues solo conocieron hasta la foja 798, y la aludida excepción se encontraba de fs. 807 en adelante, situación que le provocó indefensión absoluta; 2) Falta de fundamentación y motivación, en el fallo en cuestión, pues se limitaron a señalar los diferentes actuados procesales como la excepción de incompetencia, auto interlocutorio que la resuelve, apelación del Ministerio Público, Auto Interlocutorio 57/21, Auto de Conflicto de Competencia, pero no ingresaron a revisar en el fondo cada uno de ellos, menos verificaron su tramitación ante los tribunales de alzada, ya que de haberlo hecho hubieran constatado que nunca existió violación a derechos y garantías constitucionales de las partes, ni a la segunda instancia del Ministerio Público como erradamente sostuvo la Jueza de Montero para justificar la actividad procesal defectuosa invocada en el Auto Interlocutorio 57/21, que constituyó el motivo principal para que se promueva dicho conflicto, por lo que de haberse ingresado a considerar tales aspectos se hubiera declarado competente a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz; no obstante, al no existir pronunciamiento al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia incurre en vulneración al debido proceso en los elementos precitados, por tanto se constituye en ilegal; y, 3) Con un argumento arbitrario que no obedece a la recta razón, consideraron que es ilógico e ilegal plantear una excepción, dando curso a la inhibitoria; cuando ello se encuentra permitido normativamente, por tanto al haber sido legítimamente interpuesta dejando como autoridad natural competente a la citada Jueza de Instrucción Penal Segunda, debió ser respetada, correspondiendo por ello dejar sin efecto el Auto Supremo 2/2022, pues nunca debió darse curso a tal conflicto. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El art. 129.I de la CPE, establece que: “I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (el resaltado fue añadido). Por su parte el art. 54.I del CPCo, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”, con la salvedad establecida en el parágrafo II del citado artículo, que establece la posibilidad de interponer esta acción de defensa, cuando la protección pueda resultar tardía y exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela, previa justificación fundada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que en aplicación del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, no procede cuando el accionante no agotó las vías ordinarias de reclamo, habiendo establecido reglas y subreglas de improcedencia de esta acción tutelar, señalando que ésta no procede, cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre) (las negrillas nos corresponden).

III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa como medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales

Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, señaló: “ La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: ‘Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: «No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad», en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad’. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales” (las negrillas son nuestras).

III.3. La fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 1016/2023-S4 de 28 de diciembre, al respecto preciso: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas comprendidas en los arts.

115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado de manera amplia por la jurisprudencia constitucional, constituyéndose en uno de los antecedentes al respecto, el entendimiento asumido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, que señaló: "...el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (...) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”; de esa manera se establece la exigencia de que toda resolución deba exponer imprescindiblemente los hechos y el fundamento legal de la decisión, cuya omisión acarrea la lesión del debido proceso; requerimiento que no sólo es aplicable en el ámbito de las resoluciones judiciales, sino también en los procedimientos administrativos y disciplinarios donde se establecen responsabilidades administrativas o disciplinarias por contravención al ordenamiento jurídico administrativo aplicable a cada entidad, conforme a lo razonado en la SC 0946/2004-R de 15 de junio.

En ese sentido, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso; así debe: 1) Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; 2) Contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; 3) Describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; 4) Describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; 5) Valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, 6) Determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por otra parte, si bien la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a los supuestos de motivación arbitraria; empero, fue la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–. En cuanto se refiere a la segunda finalidad, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, señalaron que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. En ese sentido, ilustrando al respecto, señalaron que: la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; en cambio la motivación es insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se presenta, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión –por tanto–; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, al establecerse que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. A su vez, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Con base en la indicada jurisprudencia constitucional se puede concluir que, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

No obstante lo señalado, la jurisprudencia precedentemente citada fue complementada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, se deberá analizar la incidencia del acto supuestamente ilegal en la Resolución que se cuestiona a través de la acción de amparo constitucional; dado que, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela a concederse por el juez o tribunal de garantías o la sala constitucional, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; de manera que, partiendo de una interpretación previsora, se estableció que, aún de ser evidente la arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación, si esta carece de relevancia, la tutela debe ser denegada por carecer de relevancia constitucional, aclarando que dicho entendimiento sólo es aplicable a la justicia constitucional, que para efectuar el análisis no debe exigir que la o el accionante cumpla con la carga argumentativa.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar; toda vez que, los Magistrados ahora demandados al resolver el conflicto de competencia suscitado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, determinando que es ésta quién cuenta con competencia para conocer el proceso penal que sigue el Ministerio Público de oficio contra Pepe Rojas Almanza y otros, incurrieron en los siguientes defectos y omisiones procesales: a) Nunca fue notificada con el Auto de Conflicto de Competencia formulado por la mencionada Jueza de Instrucción Penal Tercera –ahora codemandada–, situación que le provocó indefensión absoluta, ya que no pudo hacer conocer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que nunca existió dicho conflicto; por ello, el Auto Interlocutorio 57/21, que generó el mismo fue dejado sin efecto mediante Auto de Vista 264/2021, tampoco fueron puestos a conocimiento de la Sala Plena la fundamentación, motivación y elementos probatorios que presentó al interponer la excepción de incompetencia vía inhibitoria, ya que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, nunca envió esos cuerpos a la ciudad de Trinidad; por lo que, no pudieron ser compulsados ni valorados por la precitada Sala Plena, pues solo conocieron hasta la foja 798, y la aludida excepción se encontraba de fs. 807 en adelante, situación que le provocó indefensión absoluta; b) Falta de fundamentación y motivación, pues se limitaron a señalar los diferentes actuados procesales como la excepción de incompetencia, auto interlocutorio que la resuelve, apelación del Ministerio Público, Auto Interlocutorio 57/21, Auto de Conflicto de Competencia, pero no ingresaron a revisar en el fondo cada uno de ellos, menos verificaron su tramitación ante los tribunales de alzada, ya que de haberlo hecho hubieran constatado que nunca existió violación a derechos y garantías constitucionales de las partes, ni a la segunda instancia del Ministerio Público como erradamente sostuvo la citada Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero para justificar la actividad procesal defectuosa invocada en el Auto Interlocutorio 57/21, que constituyó el motivo principal para que se promueva dicho conflicto, por lo que de haberse ingresado a considerar tales aspectos se hubiera declarado competente a la señalada Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero; no obstante, al no existir pronunciamiento al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia incurre en vulneración al debido proceso en los elementos precitados, por tanto se constituye en ilegal; y, c) Con un argumento arbitrario que no obedece a la recta razón, consideraron que es ilógico e ilegal plantear una excepción, dando curso a la inhibitoria; cuando ello se encuentra permitido normativamente, por tanto al haber sido legítimamente interpuesta dejando como autoridad natural competente a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, debió ser respetada, correspondiendo por ello dejar sin efecto el Auto Supremo 2/2022, pues nunca debió darse curso a tal conflicto. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que la Jueza ahora codemandada mediante Resolución de 22 de junio de 2021, se declaró incompetente para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra Pepe Rojas Almanza y otros; por lo que, suscitó conflicto de competencia contra la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, disponiendo la remisión de los actuados a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia –compuesta por los Magistrados ahora demandados–, para que dirima dicho conflicto (Conclusión II.1); trámite que mereció la emisión del Auto Supremo 2/2022, a través del cual la aludida Sala Plena, declaró competente para continuar con el control jurisdiccional a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, dentro del proceso penal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas (Conclusión II.2).

Ahora bien, con relación a la primera problemática, en la cual se denuncia que la accionante nunca fue notificada con el Auto de Conflicto de Competencia de 22 de junio de 2021, formulado por la Jueza –ahora codemandada–, situación que le provocó indefensión absoluta; toda vez que, el Auto Interlocutorio 57/21, que generó el merituado conflicto fue dejado sin efecto mediante Auto de Vista 264/2021; así como tampoco fueron puestos a conocimiento de la Sala Plena los fundamentos y elementos probatorios que presentó al interponer la excepción de incompetencia vía inhibitoria, ya que la Jueza de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, nunca envió esos cuerpos a la ciudad de Trinidad; por lo que, no pudieron ser compulsados ni valorados por la precitada Sala Plena; al respecto, resulta menester considerar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; siendo que, su procedencia está condicionada a que previo a su planteamiento se haya agotado todos los medios legales e idóneos previstos en el ordenamiento jurídico para reparar la lesión denunciada.

En ese marco, de acuerdo a los precitados antecedentes; se evidencia que la impetrante de tutela no formuló de manera intra-procesal reclamo alguno en torno a los extremos ahora denunciados, habiendo acudido de manera directa a la jurisdicción constitucional, situación que impide pueda ejercerse el control tutelar pretendido, pues la indefensión absoluta que alega generada presuntamente por la falta de su notificación con el Auto de Conflicto de Competencia de 22 de junio de 2021, bien pudo ser objeto de un incidente de actividad procesal defectuosa ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, conforme la línea jurisprudencial sentada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que estableció que el mismo constituye el medio idóneo para impugnar las omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales. En cuyo marco, siendo evidente la falta de agotamiento de la vía ordinaria, no obstante tenerse a disposición los mecanismos intraprocesales correspondientes; corresponde denegar la tutela impetrada, en aplicación del principio de subsidiaridad que rige esta acción de defensa; con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del planteamiento de referencia.

Con relación a la segunda problemática, que versa en una presunta falta de fundamentación y motivación, pues los Magistrados demandados se limitaron a señalar los diferentes actuados procesales como la excepción de incompetencia, auto interlocutorio que la resuelve, apelación del Ministerio Público, Auto Interlocutorio 57/21, Auto de Conflicto de Competencia, pero no ingresaron a revisar en el fondo cada uno de ellos, menos verificaron su tramitación ante los tribunales de alzada, ya que de haberlo hecho hubieran constatado que nunca existió violación a derechos y garantías constitucionales de las partes, ni a la segunda instancia del Ministerio Público como erradamente sostuvo la Jueza de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, para justificar la actividad procesal defectuosa invocada en el Auto Interlocutorio 57/21, que constituyó el motivo principal para que se promueva dicho conflicto.

Al respecto, esta jurisdicción constitucional no puede dejar de soslayar la contradicción en la que incurre la solicitante de tutela, pues en la primera problemática sus argumentos afirman que los Magistrados componentes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia hoy demandados, no tuvieron la posibilidad de conocer los antecedentes que ahora extraña como no compulsados ni valorados, pues la Jueza codemandada no habría remitido la piezas procesales correspondientes, por lo que no pudieron ser analizados por la precitada Sala Plena, quienes solo conocieron hasta la foja 798, y la aludida excepción se encontraba de fs. 807 en adelante; por tanto, ante tal reconocimiento, resulta insulso ingresar al control tutelar de lo demandado, dado que en el marco de lo sostenido es lógico y comprensible que el fallo en cuestión no haya ingresado a plasmar consideraciones en torno a dichas literales; en cuyo mérito, no resulta posible que esta instancia constitucional deje sin efecto el Auto Supremo 2/2022, y exija a las autoridades demandadas ingresen a considerar el fondo de una documental que nunca les fue remitida por ende, y por tanto, no fue de su conocimiento, razón por la cual corresponde denegar la tutela impetrada, ante la falta de conducencia y lealtad procesal de la presente problemática. Finalmente, con relación a la última problemática, por medio de la cual se denuncia que las autoridades demandadas, con un argumento arbitrario que no obedece a la recta razón, consideraron que es ilógico e ilegal plantear una excepción, dando curso a la inhibitoria; cuando ello se encuentra permitido normativamente, por tanto al haber sido legítimamente interpuesta dejando como autoridad natural competente a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, debió ser respetada, correspondiendo por ello dejar sin efecto el Auto Supremo cuestionado, pues nunca debió darse curso a tal conflicto; al respecto, resulta pertinente precisar que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa; disgregando sobre ello que, la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso Bajo esa consideración, remitidos al contenido del fallo en cuestión, se tiene que las autoridades en el CONSIDERANDO II, precisaron normativa respecto a la competencia, para después ingresar a dilucidar el conflicto de competencia suscitado; en cuyo marco, iniciaron señalando que el art. 49 del CPP, advierte que serán competentes para resolver un asunto: "1. El juez del lugar de la comisión del delito."; "3. El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho"; y "6. Cuando concurran dos o más jueces igualmente competentes conocerá el que primero haya prevenido"; por lo que, tratándose el caso de un proceso penal iniciado por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, constaba que las circunstancias de los hechos se produjeron cerca de Trinidad del departamento de Beni, conforme se desprendía de la solicitud de investigación e imputación formal emanada por la Fiscalía del citado departamento, cuya parte pertinente refería: "...Que, en fecha 27 de marzo del 2015, a horas 21:00 p.m. aprox., avanzó una patrulla de UMOPAR Trinidad al mando del Sr. Cap. Fernando C. Torrez Enríquez, en un vehículo oficial; a objeto de realizar retenes móviles en la carretera a San Javier y San Ramón de este departamento. A horas 07:30 a.m. aproximadamente cuando nos encontrábamos realizando retenes móviles de control a 30 km. de esta ciudad sobre la carretera principal que conduce a esa población, a nuestro puesto de control llegó un vehículo tipo vagoneta Toyota marca Hilux Surf; de color Plomo con placa de control 2589-KEC, conducido por el señor PEPE ROJAS ALMANZA... FREDDY SERRUDO ROJAS... donde se procedió al arresto..." (sic).

Marco que evidenciaba que las investigaciones fueron solicitadas e iniciadas en el asiento judicial de la capital Beniana; por lo que, resultaba ilógico e ilegal que, por el hecho de haberse ampliado la investigación y proceder a notificar a Esther Solíz Velarde en su residencia de la ciudad de Montero -Santa Cruz, se haya dado curso a la solicitud de que, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad del departamento de Beni, se inhiba de seguir conociendo la causa y decline competencia a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, decisión que fue asumida de manera incorrecta; en virtud de cuyos razonamientos, concluyeron que, la autoridad llamada por Ley para el conocimiento y resolución del proceso recaía en la mencionada Jueza de Instrucción Penal Tercera de Trinidad, que fue la jurisdicción donde se cometió el delito, y donde se encontraban las pruebas del hecho que serán colectadas para lograr la verdad histórica, además de haber sido la primera que previno el proceso, no siendo posible que sean remitidos a la ciudad de Montero – Santa Cruz.

Fundamentos que no resultan arbitrarios, como arguye la impetrante de tutela, dado que la decisión asumida fue determinada previo análisis de la normativa legal aplicable, y con base en el marco fáctico –procedimental de la causa; exponiéndose los razonamientos conducentes a la conclusión de que la Jueza competente para conocer la causa era la de la jurisdicción de Trinidad, aclarándose que el sólo hecho que la solicitante de tutela, sobre quién se amplió la investigación dentro del proceso de referencia, tenga su domicilio en la ciudad de Santa Cruz, no resultaba –per se-, un aspecto predominante para que la Jueza de Instrucción Penal Tercera Trinidad del departamento de Beni se haya inhibido de seguir conociendo la causa y haya declinado competencia a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, pues imperativamente preponderaba considerar el lugar donde se cometió el delito, que era donde se hallaban las pruebas, y la autoridad que previno primero la causa, situaciones que en el caso marcaron la decisión asumida. En cuyo marco, al verificarse que la decisión cuestionada, cuenta con la suficiente y debida fundamentación de los motivos por los que se arribó a la misma; y al no advertirse la falta de logicididad; así como la arbitrariedad denunciadas, es que, sin mayores consideraciones, corresponde, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 104 de 27 de septiembre, cursante de fs. 678 a 680 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0600_2024-S4.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): c5e0732bc16153536eb10c671c256d3d0093b305aa19cf33f4f060110f5ffbda

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