B.IA.LEGAL

SCP 0600/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51400-2022-103-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral; puesto que la UAGRM al haber suscrito con la accionante un nuevo contrato a plazo fijo con duración del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022, no cumplió íntegramente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 de 11 de mayo, emitida por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 166 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 91 a 93, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho al trabajo y el deber del Estado de proteger el trabajo en todas sus formas
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0600/2024-S3 Sucre, 2 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51400-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 166 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 91 a 93, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yexica Pérez Caballero contra Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector; y Orlando Pedraza Mérida, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, ambos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 19 de octubre de 2022, cursantes de fs. 57 a 61, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar a la UAGRM, el 2 de agosto de 2016; sin embargo, el 25 de marzo de 2022, fue despedida de forma injustificada cuando ejercía el cargo de Encargada Curso de Capacitación (DECAT) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la referida Universidad, con un sueldo mensual de Bs6 964.-(seis mil novecientos sesenta y cuatro bolivianos). Ante lo cual acudió ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 de 11 de mayo, que conminó a la referida Facultad que proceda con su reincorporación laboral; reponiendo los sueldos devengados desde su despido injustificado en aplicación a lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 0496 de 1 de mayo de 2010, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por la ley.

En conocimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022, mediante informe de 27 de junio de igual año, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM, indicó que no se podía realizar su contratación y que la solución sería efectuar un contrato de forma provisional mientras se resuelva su situación laboral en la “vía Rectoral”; razón por la cual se suscribió un contrato a plazo fijo desde el 3 de enero de ese año hasta el 30 de diciembre del mismo año, como una solución de carácter provisional; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional no existe una solución definitiva, siendo que la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 debe ser cumplida de manera integral. Por lo tanto, no se dio cumplimiento a la referida Conminatoria; y por consiguiente, se encuentra desprotegida. La parte ahora accionada, a la finalización de los contratos a plazo fijo que suscribió, exigía que reciba el pago de anticipo de su liquidación por ese periodo para recién firmar un nuevo contrato; sin embargo, esos pagos parciales de ninguna manera constituyen renuncia a sus beneficios sociales ni a su reincorporación laboral, en razón que las cancelaciones parciales están previstas por ley y constituyen un anticipo de la liquidación final, conforme establece el art. 4 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 46.I.2, 48.I y II, y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la restitución o reincorporación a término indefinido a su puesto de trabajo como Encargada Curso de Capacitación (DECAT) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM, con el mismo salario de Bs6 864.-, el pago de sueldos devengados desde la fecha de su desvinculación laboral y demás derechos que le correspondan de conformidad al art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 del 1 de ese mes de 2010.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 85 a 91, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que la autoridad administrativa estableció que su relación laboral es indefinida, por lo cual su reincorporación laboral también tenía ese carácter; consecuentemente la suscripción de un contrato a plazo fijo, implicó que no se cumplió de manera íntegra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022, vulnerando su derecho a la estabilidad laboral.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la UAGRM, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 82 a 84, así como en audiencia manifestó que: a) En el marco de la autonomía universitaria, prevista por el art. 92.I de la CPE, y el art. 39 inc. f) del Estatuto Orgánico Universitario de la UAGRM, establece que el Rector tiene la atribución de celebrar contratos; por su parte, los arts. 195 y 196 del referido Estatuto, reconocen a los trabajadores al servicio de la Universidad que se encontraban sujetos a la remuneración contemplada en su presupuesto; y, el art 6 del Reglamento Interno del Personal Administrativo de la UAGRM otorga la potestad de contratación de personal administrativo de la citada Universidad únicamente a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), señalando que serán nulos los nombramientos efectuados contraviniendo las disposiciones del citado Reglamento; b) De acuerdo a lo manifestado por la accionante, quien le cancelaba su sueldo era su inmediato superior; es decir, el Decano hoy coaccionado, quedando establecido que su empleador no es la UAGRM sino el referido Decano, en virtud de que no se encuentra facultado a contratar personal de cualquier índole en favor de la mencionada Universidad; por lo cual, el vínculo laboral que se dio en el marco de las atribuciones que tienen los Decanos de la señalada Universidad, para suscribir los contratos previstos por el art 62 inc. f) del indicado Estatuto; asimismo, la falta de legitimación pasiva de su autoridad, se encuentra respaldada por la Resolución del Consejo Universitario “064/2004” de 29 de julio, que resuelve la descentralización de los recursos facultativos, denominados “recursos propios”, previstos por el art 4 de la mencionada norma; consiguientemente, en el marco del art 2 del DS 28699, queda establecido que el empleador de la accionante es el Decano ahora coaccionado, por lo cual su autoridad como Rector carece de legitimación pasiva, en cuyo mérito pide se deniegue la tutela solicitada; y, c) La accionante no recibe salario por parte de Recursos Humanos (RR.HH.), su contrato no fue firmado por la DAF, siendo quien debe firmar los contratos administrativos para los funcionarios de la UAGRM, como señala el art. 6 del Reglamento Interno de Personal de la citada Universidad, por lo que el Rector ahora accionado no tiene legitimación pasiva para participar y menos asumir responsabilidades que son de otra autoridad de la UAGRM, que tiene competencia para reincorporar al personal que fue contratado con recursos propios y no con recursos institucionales de la referida Universidad.

Orlando Pedraza Mérida, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 66.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 166 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 91 a 93, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la UAGRM, a través de las instancias correspondientes, sean estas Institucionales o facultativas, dé estricto cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 emitida en favor de la accionante, cuyo cumplimiento debe ser inmediato, y con el pago de sus beneficios tanto a corto como a largo plazo, y los sueldos devengados; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Siendo evidente que la citada Conminatoria de Reincorporación Laboral que “al momento” no se dio cumplimiento, corresponde disponer que la misma sea acatada; 2) En la vía administrativa se debe instruir -se entiende la reincorporación laboral-, por la partida que fuere, sea esta institucional o de la Facultad donde prestaba servicios; y, 3) Cumpliendo los mecanismos administrativos y técnicos al interior de la Universidad Pública, corresponderá que se dé estricto cumplimiento a dicha Conminatoria de Reincorporación Laboral a través de la Facultad en la que prestaba sus funciones, no existiendo justificativo alguno para su incumplimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 de 11 de mayo, emitida por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la cual conminó a la Orlando Pedraza Mérida, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM -ahora coaccionado-, para que proceda a la reincorporación de Yexica Pérez Caballero -hoy accionante-, a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, en aplicación al DS 0495, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley; determinación asumida al haberse suscrito contratos de trabajo a plazo fijo sin estar visados por dicha cartera de Estado y que la accionante continuó prestando sus servicios hasta el 25 de marzo de 2022 (fs. 46 a 47 vta.). Con dicha determinación, fue notificada la UAGRM el 25 de mayo de igual año (fs. 49). II.2 Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 3 de enero de 2022, suscrito entre la UAGRM a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, representada por el Decano ahora coaccionado; Rubén Orozco Gómez, Jefe Administrativo y Financiero de la citada Facultad, y la accionante, en cuya clausula cuarta, se establece el plazo de duración de su Contrato, que empezará a computarse desde el 3 de enero de igual año, y su fenecimiento el 30 de diciembre del mismo año (fs. 51).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral; puesto que la UAGRM al haber suscrito con la accionante un nuevo contrato a plazo fijo con duración del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022, no cumplió íntegramente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 de 11 de mayo, emitida por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho al trabajo y el deber del Estado de proteger el trabajo en todas sus formas

Por una parte, es preciso señalar que el derecho al trabajo se encuentra consagrado como un derecho fundamental con la denominación derecho al “trabajo digno”, cuyo alcance “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” según establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado a la Norma Suprema mediante el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es necesario también resaltar en la norma constitucional citada, el deber constitucional que le impone al Estado de proteger el trabajo en todas sus formas; en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de seguridad industrial y de seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: i) El pago de beneficios sociales; o, ii) La reincorporación laboral al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación laboral, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, una vez comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo; puesto que, ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha Conminatoria de Reincorporación es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los 4 El art. 50 de la CPE establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. 5 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece expresamente: “Artículo 10°.- (BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN)

I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo del presente Decreto Supremo.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras).

6 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones:

“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

‘III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’ (las negrillas nos pertenecen)

recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.

III.1.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional

En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorables al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas nos pertenecen). 7 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. 8 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como expresa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra concluyo que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo entiende la SCP 0900/2013 de 20 de julio. 9 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos pertenecen).

implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se sustancie y resuelvan los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señalo que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas nos corresponden).

10 En lo que se refiere a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social,… no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos corresponden). 11 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial.

Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestras), citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. 12 Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 13 Cita jurisprudencial que fue establecida en las SCP 0088/2014-S3, SCP 1500/2014, SCP 1760/2014, SCP 0240/2015-S2,

SCP 0510/2015-S1, SCP 0203/2017-S3, SCP 0594/2017-S2, entre otras.

Esta misma jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013, citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba 14 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012) “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos pertenecen).

Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expreso el siguiente razonamiento: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas son nuestras).

Es necesario resaltar que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista en el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), de 6 de julio de 2010, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos; sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura del Trabajo, tomando en cuenta que la tutela solicitada que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa o la revisión en sede judicial.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral; puesto que la UAGRM al haber suscrito con la accionante un nuevo contrato a plazo fijo con duración del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022, no cumplió íntegramente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 de 11 de mayo, emitida por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Previamente se debe referir en cuanto a la supuesta falta de legitimación pasiva, alegada por el Rector ahora accionado. Con relación a ese aspecto, la SCP 0885/2023-S2 de 4 de septiembre, señala “…para el cumplimiento de conminatorias de reincorporación laboral existe la flexibilización de la legitimación pasiva, cuya procedencia fue delimitada, estableciéndose los siguientes presupuestos: ‘...a) Que la conminatoria de reincorporación laboral haya sido emitida contra la MAE y/o el servidor público que suscribió el memorándum de despido, otro análogo o contra ambos tratándose de instituciones públicas-; para el caso de la empresa privada, dicha conminatoria sea dirigida a su máxima instancia ejecutiva y/o el empleado que suscribió el memorándum de despido, también de forma indistinta o contra ambos; y, b) La conminatoria de reincorporación, deberá ser notificada a cualquiera de las autoridades o personas descritas en el inciso anterior, garantizando que la obligación de reincorporación sea de fehaciente conocimiento…’ (SCP 0115/2018- S1 de 16 de abril, que cita a l a SCP 0642/2017-S1 de 27 de junio), en el caso de análisis la Conminatoria de Reincorporación 016/2022 PAD-JDTEPS BENI, que fue debidamente notificada, debiendo ingresar al análisis de la problemática”. En el presente caso, si bien la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022 fue emitida contra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM, y que el contrato a plazo fijo, que se considera como incumplidor de dicha Conminatoria, fue firmada por el Decano hoy coaccionado, no es menos evidente que el Rector ahora accionado es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de UAGRM de la cual forma parte, razón por la cual, el citado Rector tiene legitimación pasiva, conforme al entendimiento jurisprudencial precedentemente citado.

Ingresando al análisis de fondo, se puntualizar que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral es obligatorio, ya que en caso contrario, la accionante puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional para obtener su cumplimiento y de esa manera la restitución de sus derechos vulnerados. Dicho cumplimiento debe ser efectuado de forma inmediata, independientemente de que la parte patronal la hubiese impugnado en sede administrativa o judicial. Por otra parte, se debe aclarar que la protección otorgada en la acción de amparo constitucional, constituye una tutela de carácter provisional; puesto que puede ser revertida en virtud a las acciones administrativa y judicial que pueda interponer el demandado, donde se dilucidará la situación jurídica definitiva de la accionante.

En el presente caso, de la documentación cursante en el cuaderno procesal se advierte que el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022, conminó a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológica de la UAGRM para que proceda a reincorporar a la accionante a su fuente laboral, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, en aplicación al DS 0495, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley, al advertirse la vulneración del derecho a la estabilidad laboral, al suscribirse contratos de trabajo a plazo fijo sin estar visados por dicha cartera de Estado y que la accionante continuó prestando sus servicios hasta el 25 de marzo de 2022. Con dicha Conminatoria, fue notificada la UAGRM el 25 de mayo de igual año (Conclusión II.1.). En mérito al informe emitido por el Abogado de la Unidad Legal de esa Universidad, se indicó que en la audiencia en la Inspectoría de la citada Jefatura ya se señaló que la mencionada Facultad no puede realizar contrataciones de manera indefinida, por las limitaciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la referida Universidad y el art. 1 de la Resolución Rectoral 012/2019, que señala la contratación del personal administrativo debe contar con la autorización de la MAE, concluyendo dicho informe en el cumplimiento de la citada Conminatoria de Reincorporación Laboral debiendo la dicha Facultad realizar un contrato de forma provisional, hasta resolver en la “vía Rectorado” su situación laboral (fs. 50), suscribiéndose el Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, con vigencia a partir del 3 de enero de 2022, y su fenecimiento el 30 de diciembre del mismo año (Conclusión II.2.). Ahora bien, con la celebración del indicado Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, ciertamente no se dio cumplimiento íntegro a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral, puesto que la misma fue emitida para garantizar la estabilidad laboral de la accionante ya que el Ministerio, de Trabajo, Empleo y Previsión Social advirtió que se suscribieron siete contratos consecutivos a plazo fijo, sin el visado de esa cartera de Estado; lo cual implicaba que se estaba reconociendo la reconducción del contrato a indefinido. Consiguientemente, al ser evidente que no se cumplió de manera íntegra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 095/2022, resulta evidente la vulneración del derecho a la estabilidad laboral; por lo que, corresponde conceder tutela solicita; sin embargo, es de carácter provisional, hasta que la jurisdicción administrativa o judicial resuelva definitivamente la situación laboral de la accionante.

Finalmente, la concesión de la tutela también debe ser íntegra, la cual implica ordenar el pago de los sueldos devengados y demás beneficios sociales de la accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 166 de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 91 a 93, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Respecto al derecho al trabajo, el art. 46 de la CPE establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (las negrillas nos corresponden).

2 El alcance dado al derecho al trabajo, en el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.

3 Respecto al bloque de constitucionalidad el art. 410.II de la CPE, establece expresamente: “II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país….” (las negrillas nos pertenecen).

15 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

16 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0600_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6b4586cb611a9de2187470bca7aa7ad8c4bf744eb58add5b7df69573eccce46f

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