Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Tercera · 15 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia como incumplido el art. 34 de la LGPD; puesto que, no se le respondió favorablemente a su solicitud reiterada de asignación de Ítem efectuada al Alcalde ahora accionado y a la Dirección de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en consideración a su condición de padre que tiene a su cargo una hija menor de edad AA con discapacidad intelectual del 55 %; y, por el contrario mediante Oficio D.RR.HH. 3390/2022 de “Noviembre” se le comunicó la terminación de su contrato laboral sin respetar la garantía de inamovilidad laboral de la que goza. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41 de 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Disponer lo siguiente:
a) Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a través del Alcalde hoy accionado proceda a la reincorporación laboral de Juan Carlos Mamani Terrazas, en el cargo que ocupaba antes de su desvinculación, más el pago de sus sueldos devengados, cuya cuantificación se efectuará por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que conoció esta acción tutelar. b) Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la normativa aplicable, garantice la inamovilidad laboral de Juan Carlos Mamani Terrazas, en su condición de padre de una menor de edad AA con discapacidad dotándole de una fuente laboral permanente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0600/2023-S3 Sucre, 15 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de cumplimiento Expediente: 54273-2023-109-ACU Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 41 de 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Juan Carlos Mamani Terrazas contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El accionante por memoriales presentados el 14 y 28 de febrero de 2023, cursantes de fs. 31 a 33 vta.; y, 37 a 38, manifestó lo siguiente:
En varias oportunidades hizo conocer al Alcalde hoy accionado, que desde el 1 de marzo del 2019, se encuentra trabajando en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ahora accionado bajo la modalidad de contrato; y, que es padre de una menor de edad AA con deficiencia mental con un porcentaje del 55 %. Asimismo, en reiteradas ocasiones pidió a la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ahora accionado que, tomando en cuenta el grado de discapacidad de su hija menor de edad AA, le asigne un Ítem en cumplimiento a las normas legales en vigencia que velan por la protección de las personas discapacitadas. Al no obtener respuesta favorable, el 15 de julio del 2020 envió una nueva solicitud pidiendo que se considere su situación jurídica con base al grado de discapacidad de su referida hija. Dicho pedido fue rechazado con argumentos no acordes a su situación legal.
Finalmente incurriendo en resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado el 10 de noviembre del 2022, mediante Oficio D.RR.HH. 3390/2022 de “Noviembre”, le comunicaron la terminación de su Contrato Administrativo de Personal Eventual GAMSC/CE 3840/2022 – SMSCA, por decisión unilateral del Alcalde ahora accionado. Determinación que fue adoptada sin valorarse los antecedentes que expuso en su momento y que le dejó sin ingreso económico y un trabajo digno.
El accionante denuncia que se omitió el cumplimiento del art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga el cumplimiento de la asignación de Ítem e inamovilidad laboral por tener una hija menor de edad AA con una deficiencia mental con un porcentaje del 55 % de discapacidad.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 82, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de cumplimiento.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su representante legal, en audiencia manifestó que: a) Por el Contrato Administrativo de Personal Eventual GAMSC/CE 3840/2022 – SMSCA se acredita que el accionante ocupaba el cargo de Auxiliar, perteneciente a la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimientos en el Programa BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, con vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022; b) Las personas sujetas a contratos eventuales no están sometidas a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público sino a lo determinado en dichos contratos; precisamente en su cláusula Décima, se establece como una causal de terminación la decisión unilateral de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), conforme a la facultad que le otorga la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014-; c) De acuerdo a lo que establece la SCP 0152/2014-S1 de 5 de diciembre y la SCP 1456/2022-S4 de 7 de noviembre, ante la omisión del cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas sino que se trata de un deber genérico pero vinculado a la vulneración de derechos y garantías fundamentales, corresponde la acción de amparo constitucional; d) Para que proceda la acción de cumplimiento es necesario que se cumplan dos requisitos: d.1) Que no sea viable la interposición de otra acción de defensa; y, d.2) La existencia de un mandato expreso, específico y determinado; situación que no se presenta en el presente caso; por lo que, solicita que se deniegue la tutela; y, e) Si se vulneró su derecho a la inamovilidad laboral, existen otros medios de defensa; pero la acción de cumplimento no es el medio idóneo.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 41 de 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 82 a 84 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación laboral del accionante en el puesto de labor que venía cumpliendo y con el salario que percibía, bajo los siguientes fundamentos: 1) En razón a que la vulneración de un derecho fundamental se protege mediante la acción de amparo constitucional; y, que en el presente caso se reclama la protección de una persona con discapacidad corresponde rencausar el pedido del accionante a una acción de amparo constitucional; 2) La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, estableció la obligación del empleador de garantizar la inamovilidad laboral con relación al trabajador que tiene bajo su dependencia una persona con discapacidad; entendimiento que resulta aplicable al caso que se examina; y, 3) No solo se debe garantizar su derecho a la reincorporación sino también a la inamovilidad laboral. En vía de aclaración, complementación y enmienda el Alcalde hoy accionado a través de sus representantes legales mediante memorial presentado el 14 de marzo del 2023, cursante de fs. 116 solicita que se aclare si se dispuso la suscripción de un nuevo contrato con el accionante o la asignación de Ítem e inamovilidad laboral solicitada por el nombrado. En ese mérito, la Sala Constitucional, dispuso no ha lugar a la solicitud de aclaración.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato Administrativo de Personal Eventual GAMSC/CE 3840/2022 – SMSCA para la Unidad Ejecutora Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimientos en el Programa: BANDA DE MUSICA MUNICIPAL “…enero de dos mil veintidós…” (sic), suscrito por Juan Carlos Mamani Terrazas -ahora accionante-, con Max Jhonny Fernández Saucedo, Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, -hoy accionado-, para que preste servicios de Auxiliar, vigente a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022; en cuya cláusula Décima se establecen las causas de terminación del contrato, entre las cuales se consigna “Por decisión unilateral de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal” (fs. (sic [fs.88 a 89]). II.2. Consta Certificado de Trabajo de 4 de julio del 2022, emitido por Manfredo Menacho Ferrante, Director de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante el cual certifica que el accionante, con cédula de identidad 3956371-1Q, presta servicios en dicha entidad municipal en la siguiente modalidad y cargo:
Nro. de contrato Fecha de inicio Fecha final 5439/2019 01/03/2019 31/12/2019 4252/2020 03/02/2020 31/07/2020 6139/2020 03/08/2020 01/11/2020 7727/2020 03/11/2020 31/12/2020 3858/2021 04/01/2021 31/12/2021 3840/2022 08/01/2022 31/12/2022
Y que actualmente ejerce el cargo de Auxiliar (fs. 9). II.3. Mediante memorial presentado el 18 de julio del 2022, ante el Señor Director Municipal de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el accionante, reiteró su solicitud de inamovilidad laboral en su condición de padre de una menor de edad de AA con discapacidad (fs. 20). Mereciendo en respuesta la Nota D.RR.HH.OF. 1633/2022 de 11 de agosto, por la que Manfredo Menacho Ferrante, Director de RR.HH. del citado Gobierno Autónomo Municipal, le hizo saber que su inamovilidad laboral se encuentra garantizada únicamente hasta la vigencia de su contrato administrativo y que de acuerdo a lo establecido por la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, una vez concluido su contrato eventual gozará de derecho preferente para continuar sus funciones mediante la suscripción de nuevos contratos; y que de acuerdo a las normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y con base al Programa Operativo Anual (POA) aprobado para cada gestión es viable la contratación de personal eventual, cuya relación contractual es de carácter administrativo y no se encuentra sujeto a la norma de la Ley General del Trabajo y disposiciones conexas ni al Estatuto del Funcionario Público (EFP -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-[fs.21]). II.4. Cursa Oficio D.RR.HH. 3390/2022 de “Noviembre de 2022”, por el cual el Alcalde hoy accionado, comunicó al accionante la terminación del Contrato Administrativo de Personal Eventual GAMSC/CE 3840/2022 – SMSCA, invocando la cláusula “Decima” de dicho contrato “Por decisión unilateral de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal” (sic [fs.22]). II.5. A través de memorial presentado el 7 de diciembre del 2022, dirigido al Alcalde hoy accionado, el accionante reiteró su solicitud de inamovilidad laboral y asignación de Ítem (fs. 23 a 24). II.6. Cursa memorial presentado el 12 de enero del 2023, ante Ariel Lino Claudio, Secretario Municipal de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Abastecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante el cual el accionante solicitó la asignación de un Ítem en consideración a ser padre de una hija menor de edad AA con un grado de discapacidad del 55 % (fs. 25). Mereciendo en respuesta el Oficio DEPEE 20/2023 de 25 de enero, por el que el mencionado Secretario dio cuenta que el solicitante -accionante- ejerció funciones con contrato administrativo bajo la modalidad eventual, amparado en el marco legal del Decreto Supremo (D.S.) 0012 de 19 de febrero del 2009 que Reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajan en el sector público o privado, cuyo art. 5.II establece que la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o contratos de obra; y que sin embargo la Secretaria Municipal de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Abastecimiento tomará en cuenta su solicitud (fs 26).
El accionante denuncia como incumplido el art. 34 de la LGPD; puesto que, no se le respondió favorablemente a su solicitud reiterada de asignación de Ítem efectuada al Alcalde ahora accionado y a la Dirección de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en consideración a su condición de padre que tiene a su cargo una hija menor de edad AA con discapacidad intelectual del 55 %; y, por el contrario mediante Oficio D.RR.HH. 3390/2022 de “Noviembre” se le comunicó la terminación de su contrato laboral sin respetar la garantía de inamovilidad laboral de la que goza. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0258/2011-R de 16 de marzo, determinó lo siguiente: “Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos.
Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión.
Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional.
Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0862/2018-S2 20 de diciembre, luego de sistematizar la línea jurisprudencial sobre este tema, identificó la Sentencia Constitucional Plurinacional que contiene el estándar jurisprudencial más alto. En dicho fallo se señala: “A través de la reconducción procesal de acciones, es posible que una acción de defensa erróneamente planteada, pueda ser convertida, de oficio, a la acción de defensa que corresponde. La jurisprudencia constitucional, desarrolló este mecanismo en las siguientes Sentencias Constitucionales:
Así, la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, generó un entendimiento aplicable a la acción de cumplimiento, por su novedosa incorporación a la Constitución Política del Estado, constituyéndose en el primer antecedente jurisprudencial.
Posteriormente, la SCP 0347/2012 de 22 de junio, recondujo excepcionalmente un recurso directo de nulidad a una acción de amparo constitucional, a partir del principio pro actione, sin establecer subreglas aplicables a futuros casos.
Luego, la SCP 0645/2012 de 23 de julio, por primera vez recondujo una acción de cumplimiento a una acción popular interpuesta por pueblos indígenas, señalando requisitos expresos para el efecto.
Asimismo, la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, verificando previamente el cumplimiento de los requisitos de este último mecanismo de defensa y de la inexistencia de las causales de improcedencia. En igual sentido, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, extendió de manera expresa la posibilidad de efectuar la reconducción procesal en todas las acciones de defensa, señalando en su Fundamento Jurídico III.3, que: …la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos.
La referida SCP 0210/2013 de 5 de marzo, estableció que la reconducción de acciones no solo alcanza al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también, a los jueces y tribunales de garantías. Entendimiento que se reiteró en la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, sostuvo:
…es posible reconducir procesalmente las acciones tutelares cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, como lo ha venido haciendo este tribunal en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como las SSCCPP 0645/2012, 2271/2012, 210/2013, 897/2013, entre otras; reconducción que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos (…).
Por otra parte, la SCP 0778/2014 de 21 de abril, desarrolla la figura de la reconducción procesal, sin establecer requisitos para su aplicación, con el siguiente entendimiento: …de acuerdo a circunstancias concretas y en aplicación del método de ponderación para cada caso, la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de cualquiera de las acciones de defensa, en mérito a la naturaleza de derechos a ser tutelados, podrá ser reconducida procesalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción idónea para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados, labor que tiene la finalidad de consolidar una verdadera materialización del orden constitucional imperante, resguardar el principio de justicia material y asegurar un real acceso a la justicia constitucional, resguardando así la vigencia de valores plurales supremos como ser el “vivir bien” en el marco de los lineamientos propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, postulado que se configura como un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente fallo constitucional.
Conforme a dicho entendimiento, jueces y tribunales de garantía, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden reconducir las acciones de defensa, de oficio, a la acción idónea, para el resguardo de los derechos alegados como vulnerados, efectuando una ponderación en cada caso. No obstante, lo anotado, posteriormente, la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.3, moduló el entendimiento anotado, estableciendo que la reconducción de acciones no opera en todos los casos, sino, que está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada, conforme a los siguientes entendimientos:
Ahora bien, en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada (…) …Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones.
Como se observa, la SCP 0617/2016-S2 contiene un entendimiento regresivo con relación a la anterior jurisprudencia constitucional; sin embargo, debe recordarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional generó la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE; en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél, que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
A partir de dicha doctrina, en el caso de la reconducción procesal de acciones, el precedente en vigor se encuentra en la SCP 0778/2014, al ser más favorable para el acceso a la justicia constitucional; por cuanto, no establece condiciones para la reconducción procesal de acciones, pues ésta opera, con la finalidad de proteger de manera inmediata los derechos vulnerados y materializar el orden constitucional imperante, resguardando el principio de justicia material”.
Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional, la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, señala que: “La jurisprudencia constitucional a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto[1], estableció que no era obligatorio acudir ante el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) previo a interponer la acción de amparo constitucional, estableciendo una excepción al principio de subsidiariedad, tratándose de personas con discapacidad; posteriormente la SC 1483/2011-R de 10 de octubre señaló
…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre[2] respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad.
En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional”.
Sobre este tema, la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio señala: señala “El art. 70 de la CPE, señala que: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.
Así, el art. 70.1 de la CPE reconoce el derecho de las personas con discapacidad “A ser protegidos por su familia y por el Estado”; por lo que, corresponde analizar tanto los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco la protección de las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de la persona; y, adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo, de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se trasunta en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo.
De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, particularmente tomando en cuenta los de favorabilidad y progresividad, inmersos en el texto constitucional (arts. 13 y 256 de la CPE), garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados.
Por su parte, a partir de la ratificación de los Instrumentos Jurídicos Universales y Regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad[2], el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)[3] -por su sigla en inglés-. Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III[4] de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que además, reafirmó que estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril[5], tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012, 0614/2012 y 0390/2014, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva a obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo. Sin embargo, esta protección no es absoluta; toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” Cabe aclarar que si bien los párrafos II y IV de la precitada norma legal fueron derogados por la Ley de Inserción laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad; sin embargo, el art. 2.V de la Ley 977 establece que:
“V. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación”.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que con relación a cierto tipo de funcionarios públicos no aplica garantía de inamovilidad laboral por discapacidad. Así la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, señala que: “la inamovilidad laboral encuentra en algunos casos puntuales, excepciones que determinan que la misma no pueda ser empleada, así en el ámbito del servicio público no puede aplicarse a funcionarios electos, designados y de libre nombramiento que por la naturaleza de sus funciones o tienen un plazo de vigencia o son personal técnico especializado y de confianza de las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) de una determinada entidad, y en otras cuando dos derechos fundamentales se contraponen y es necesario realizar un juicio de ponderación.”
El accionante denuncia como incumplido el art. 34 de la LGPD; puesto que, no se le respondió favorablemente a su solicitud reiterada de asignación de Ítem efectuada al Alcalde ahora accionado y a la Dirección de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en consideración a su condición de padre que tiene a su cargo una hija menor de edad AA con discapacidad intelectual del 55 %; y, por el contrario mediante Oficio D.RR.HH. 3390/2022 de “Noviembre” se le comunicó la terminación de su contrato laboral sin respetar la garantía de inamovilidad laboral de la que goza. Antes de examinar el fondo de la denuncia corresponde hacer referencia a dos cuestiones de orden procesal. Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el propósito de la acción de cumplimiento es el de garantizar el acatamiento de los deberes claros, expresos y exigibles previstos en la Norma Suprema y las leyes, pudiendo la omisión del deber constitucional o legal estar ligado a la vulneración de derechos. En cambio, cuando se trate de un deber genérico vinculado a la vulneración de derechos constitucionales o garantías fundamentales, corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión. En el caso que se examina el accionante si bien alega el incumplimiento del 34 de la LGPD; lo hace respecto al supuesto cumplimento atribuido al Alcalde hoy accionado de garantizar la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o que tiene a su cargo personas discapacitadas al no otorgarle un Ítem en consideración a su condición de padre de una hija menor de edad AA con discapacidad intelectual y habiendo dado por terminado su contrato laboral; es decir, lo que en realidad pretende el accionante es que sobre la base del mandato genérico de la norma legal invocada se le garantice la inamovilidad laboral de la que goza; pretensión que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de amparo constitucional, a la cual corresponde reconducir la presente acción tutelar en el marco del entendimiento jurisprudencial más alto establecido en la SCP 0778/2014 de 21 de abril, que no establece condiciones para la reconducción procesal de acciones, pues ésta opera, con la finalidad de proteger de manera inmediata los derechos vulnerados y materializar el orden constitucional imperante, resguardando el principio de justicia material.
Por otra parte, en cuanto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, debemos señalar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, en mérito a la protección reforzada de quienes tienen a su cago personas con discapacidad, que se manifiesta en la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral, la acción de amparo constitucional no se encuentra al sujeta principio de subsidiariedad y por consiguiente es posible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional.
Superadas como están las cuestiones de orden procesal, corresponde examinar el fondo del asunto. En ese cometido, cabe hacer referencia al contexto fáctico en el que se produjo los actos que se denuncian como lesivos de derechos fundamentales. Así, de la documentación cursante en el expediente se evidencia que el accionante estuvo vinculado al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hoy accionado, mediante seis contratos de trabajo, siendo el último un contrato eventual con vigencia desde el 8 de enero al 31 de diciembre del 2022 como personal eventual, en el cargo de Auxiliar de la BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL del indicado Gobierno Autónomo Municipal (Conclusiones II.1. y II.2.)
Por otra parte, se tiene acreditado que el accionante mediante memorial presentado el 18 de julio del 2022 solicitó ante el Director Municipal de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra la otorgación de un Ítem en consideración a su condición de padre de una menor de edad AA con discapacidad. Dicha solicitud no fue atendida favorablemente; contrariamente se le hizo saber que su inamovilidad laboral se encuentra garantizada hasta la terminación de su contrato y que, cuando se produzca la finalización tendrá derecho preferente a suscribir nuevos contratos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. Posteriormente, mediante Oficio D.RR.HH. 3390/2022, el Alcalde hoy accionado, comunicó al accionante la terminación del Contrato Administrativo de Personal Eventual GAMSC/CE 3840/2022 – SMSCA, invocando la cláusula “Décima” de dicho Contrato “Por decisión unilateral de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal” (sic).
Contextualizados como están los hechos, cabe precisar que en el marco de lo que establece el 70.1 de la CPE, las normas del bloque de constitucionalidad y la legislación de desarrollo sobre protección de los derechos de personas con discapacidad desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza la estabilidad e inamovilidad laboral del trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; en cuyo mérito el empleador debe abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de su derechos laborales; dado que, de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos conexos que corresponden al trabajador deriva la vulneración de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad. Contrariamente, el empleador -tanto en las entidades públicas y privadas- está en el deber de asegurar al trabajador que está a cargo de la asistencia y manutención de esa persona con discapacidad, la permanencia en su fuente de trabajo; protección que sin embargo no es absoluta; ya que, puede ser desvinculado por causa legal de despido.
En el caso que se examina, evidentemente, el Alcalde hoy accionado incumplió el deber que tiene el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno, de garantizar una fuente de trabajo permanente a favor de las personas que tienen a su cargo una persona con discapacidad. No otra cosa significa que haya mantenido la relación laboral con el accionante mediante contratos administrativos eventuales sujetos a plazo fijo en forma sucesiva en un cargo relativo a tareas propias y permanentes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hoy accionado. Esta forma de proceder denota que a través de esta modalidad de relacionamiento laboral se pretende eludir los alcances de la garantía de inamovilidad laboral de quien tiene a su cargo una persona con discapacidad; toda vez que, con esa modalidad de vinculación laboral no se materializa la garantía de una fuente de trabajo permanente. Si bien es cierto que la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, estableció que hay casos excepcionales en los que no se aplica dicha garantía; ello sucede cuando se trata de funcionarios públicos electos, designados y de libre nombramiento; sin embargo, dicha excepción no es aplicable en el presente caso, ya que no le alcanza al accionante en razón a que se trata de un integrante de la banda de músicos del citado Gobierno Autónomo Municipal que tiene el cargo de Auxiliar que no se halla comprendido en ninguno de los tipos de los funcionarios referidos.
Consiguientemente, la provisión de una fuente laboral que no tiene carácter permanente respecto a funcionarios públicos que no son electos, designados o de libre nombramiento que se encuentran a cargo de un menor de edad con discapacidad, resulta contrario al deber que tienen las autoridades públicas de abstenerse de realizar actos tendientes a limitar el ejercicio del derecho al trabajo permanente de ese grupo de personas que gozan de protección reforzada. Esta forma de proceder además, implica el incumplimiento del compromiso internacional asumido por el Estado Boliviano de adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula por el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); en razón a que con la suscripción de contratos a plazo fijo ciertamente se anula la efectividad a la garantía de inamovilidad laboral. Como si eso fuera poco, la situación se agrava por el hecho de estipularse en el contrato de trabajo a plazo fijo una cláusula manifiestamente arbitraria y abusiva como es la cláusula “Décima” que estipula la facultad de concluir la relación laboral por decisión unilateral de la MAE, inclusive sin respetar la vigencia del plazo del contrato y la inexistencia de otras causales de terminación del vínculo laboral. Consiguientemente; toda vez que, el accionante no es un funcionario electo, designado o de libre nombramiento, su vinculación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ahora accionado a través de contratos eventuales a plazo fijo en un cargo relativo a funciones propias y permanentes del citado Gobierno Autónomo Municipal, implica la vulneración de la garantía de inamovilidad laboral; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada sobre este aspecto.
Por otra parte, resulta evidente que la decisión del Alcalde ahora accionado de dar por terminada la relación laboral invocando una causal arbitraria y abusiva que no merece reconocimiento constitucional y en plena vigencia del contrato a plazo fijo; y de haberlo efectuado después de que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hoy accionado recibió reiterados pedidos de asignación de Ítem efectuado por el accionante alegando precisamente su condición de padre a cargo de una menor de edad AA con discapacidad, constituye un hecho de represalia y de discriminación que vulnera la garantía de inamovilidad laboral del accionante. Situación que el Tribunal Constitucional Plurinacional no debe tolerar, por la manifiesta vulneración de la garantía de inamovilidad laboral de quien tiene a su cargo a una menor de edad con discapacidad; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41 de 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Disponer lo siguiente:
a) Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a través del Alcalde hoy accionado proceda a la reincorporación laboral de Juan Carlos Mamani Terrazas, en el cargo que ocupaba antes de su desvinculación, más el pago de sus sueldos devengados, cuya cuantificación se efectuará por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que conoció esta acción tutelar. b) Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la normativa aplicable, garantice la inamovilidad laboral de Juan Carlos Mamani Terrazas, en su condición de padre de una menor de edad AA con discapacidad dotándole de una fuente laboral permanente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
1 El FJ III.1, indica que: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de
16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
2 Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; (…) d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0600_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): c2476ef527273620a1167d089b8368b21fe093d607b6b112f6d6ec062e7af66a
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