Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración del derecho a la petición, en virtud de que la autoridad demandada, no dio respuesta en tiempo oportuno a sus notas de 11 de agosto, 6 de diciembre ambos de 2021; 14 de junio de 2022, en las cuales solicitó se le otorgue por una parte certificado de trabajo con detalle de sueldos y aportes de cuando ejerció las funciones de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota; y, certificación con detalle de haberes y certificación de años de servicios y fotocopias de las planillas de sueldo cuando fungió como Concejal de la indicada entidad edil, viéndose perjudicado en la realización de sus trámites ante el SENASIR para su jubilación; y si bien, cuando mereció contestación alguna, las mismas fueron erróneas e incompletas, siendo además que, respecto a la nota de 17 de octubre de 2022, la contestación nunca le fue notificada. En consecuencia, corresponde analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Capinota del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la nota de 17 de octubre de 2022, en el marco de los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo que la autoridad ahora demandada, en el plazo de veinte cuatro horas de su notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, notifique formalmente al accionante con la Certificación de 14 de noviembre de 2022, que determina que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, este ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de la Ley AFP; las planillas de pago respectivas; y la Certificación de igual data, que establece que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social; y, 2º DENEGAR en parte la tutela con referencia a las notas de 11 de agosto y 6 de diciembre de 2021; y, 14 de junio de 2022. Sea sin calificación de responsabilidad, daños y perjuicios; exhortándose a la demandada a que, en el futuro, atienda de manera oportuna todas las solicitudes que le sean formuladas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51866-2022-104-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Ramos de Cahuana en representación legal de Justo Cahuana Cuizara contra Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 17 y el de subsanación de 4 de noviembre de igual año (fs. 20 a 22), el accionante a través de su representante legal expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Prestó sus servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba como Alcalde y Concejal Municipal; en tales circunstancias y con el objetivo de realizar los trámites de jubilación de calificación de servicios y jubilación, solicitó a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo antes mencionado, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), le extienda Calificación de Años de Servicio (CAS), del tiempo de servicios que prestó dentro del Municipio como Alcalde y como Concejal Municipal. Es así que a través de nota de 9 de agosto de 2021, solicitó a la entidad municipal le extienda CAS, certificado de trabajo, y planillas; siendo que el 6 de diciembre de igual año, nuevamente por nota escrita reiteró le emitan un certificado de trabajo y de haberes correspondientes a los años de servicios prestados dentro de la entidad edil; pretensión reiterada por nota de 14 de junio de 2022, en la que nuevamente impetró se le facciones certificaciones de trabajo de los cargos que ejerció, y con la finalidad de facilitar el trabajo del Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.), adjuntó modelo de certificación de CAS debidamente llenado con datos reales; sin embargo, luego de cuatro meses le emitieron una certificación incompleta, donde faltaban siete meses de cotizaciones correspondientes a enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996; por otra parte, así como agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998. Por otro lado, en las certificaciones otorgadas consignaron de manera errada su cédula de identidad, habiendo consignando de manera errónea el número 2890758 Cochabamba, siendo lo correcto 2877766-1D CB, por lo que la certificación carece de valor legal, emitiendo además solo la certificación como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota y no así de Concejal de la señalada entidad municipal, no habiéndose dado curso a la emisión de copias fotostáticas de las planillas de haberes. Es así que nuevamente, el 17 de octubre de 2022, mediante nota escrita, reiteró solicitud de emisión de certificaciones de trabajo como Alcalde con detalle de sueldos y aportes, así como de Concejal de la mencionada entidad edil, con detalle de haberes para el trámite de calificación de años de servicios en el CAS, trámites ante Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) y jubilación; sin embargo a la fecha no ha recibido respuesta, pese a haberse enviado las señaladas misivas con copia al Concejo Municipal de Capinota.
El accionante a través de su representante legal, señaló como lesionado el derecho a la petición a una respuesta formal y pronta, citando al efecto el arts. 21 inc. 6; 24; 67; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) La autoridad demandada emita certificación de trabajo estableciendo los años de servicios prestados como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del mes de enero a diciembre de 1996; de agosto a diciembre de 1998 y de enero a septiembre de 1999; b) La autoridad demandada emita certificación de trabajo estableciendo los años de servicios prestados como Concejal Municipal que prestó de enero a diciembre de 1997, de enero a julio de 1998, y de octubre a diciembre de 1999; c) La autoridad demandada emita certificación de trabajo estableciendo los años de servicio prestados como Concejal municipal desde enero de 2000 hasta enero de 2005; y, d) La MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, extienda las fotocopias legalizadas de todas las planillas de sueldo como Alcalde Municipal y Concejal Municipal, sea bajo responsabilidad con calificación de responsabilidad, daños y perjuicios económicos ocasionados.
Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40 vta., presente el impetrante de tutela a través de su representante legal y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de defensa.
Nancy Colque Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 137 a 138, y a través de su abogado en audiencia, manifestó que: 1) La nota de 9 de agosto de 2021, recibió como respuesta, la certificación requerida el 28 de septiembre de igual año, misma que le fue entregada personalmente a la impetrante de tutela; 2) La accionante, una vez que recibió la primera certificación, solicitó un certificado de trabajo más amplio, el cual le fue entregado el 26 de octubre de 2022; 3) La nota de 24 de junio del citado año, que reiteraba la solicitud de certificados de trabajo, fue atendida, entregándosele en persona la Certificación impetrada el 16 de septiembre de 2022, tal como consta en la recepción firmada por ella; 4) La solicitud de 16 de septiembre de 2022, se le entregó el 19 de igual mes y año, “en esta situación directamente salió errónea, pero la señora lo leyó y lo recibió” (sic); y, 5) Respecto a la nota de 17 de octubre de 2022, en la que reiteró la solicitud de certificados de trabajo, se realizaron tres certificados de trabajo; sin embargo, la peticionaria de tutela no se hizo presente en la Alcaldía para recogerlos, de ese modo se procedió con las notificaciones correspondientes en el tablero de la Dirección Jurídica.
Juan Mario Rojas Guzmán, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, no asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 24.
La Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Capinota del departamento de Cochabamba, por Resolución de 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 44 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, otorgue respuesta únicamente a la nota presentada por el accionante de 17 de octubre de 2022, sea dentro del término de cuarenta y ocho horas computables a partir de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y denegó con relación a la petición de fotocopias legalizadas de las planillas, en razón de que no se encuentra solicitado de manera expresa lo peticionado; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: i) Se advierten las solicitudes formuladas por la accionante ante la autoridad ahora demandada, las que fueron presentadas el 11 de agosto y 6 de diciembre de 2021; y, 14 de junio de 2022, en las cuales pidió la certificación de trabajo y el 16 de septiembre de 2022 merecieron respuesta por certificado de trabajo de igual fecha, en el que se informa “DETALLE DE HABER BÁSICO, DESCUENTOS DE LEY, APROTES A LA AFP, DIAS, MESES Y AÑOS TRABAJADOS” (sic), es decir, que las notas fueron respondidas; ii) El 17 de octubre de 2022, conforme se advierte del sello de recepción, la accionante solicitó “me extienda certificación de trabajo de los meses y años de servicio prestados dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota” (sic), si bien el impetrante de tutela presenta un nuevo escrito de petición como una reiteración, esta sería la primera en relación al informe entregado, que según la accionante estaría incompleta, pidiendo otra certificación sin que hasta la presentación de la presente acción tutelar hubiera recibido respuesta, y habiendo transcurrido nueve días inhábiles sin contar los días hábiles, eventualmente estaría fuera de plazo razonable, como se establece en el art. 71 inc. d) del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); y, iii) De lo manifestado en su informe, la autoridad demandada refirió que se hubiese expedido las certificaciones el 24 de octubre de 2022 y notificado por tablero de la Secretaría de la referida institución, para ello presenta impresiones fotográficas de la notificación en ese entendido solo hubiese transcurrido cinco días cumpliendo con el plazo establecido en el Reglamento señalado no existiendo demora, no obstante a esto, de la revisión de las notas del solicitante de tutela se puede observar que se proporcionó un número de celular y WhatsApp y correo electrónico para fines de comunicación y que en la última certificación de 16 de septiembre de 2022, no rechazaron ese tipo de notificación, en ese entendido, no se cumplió con el presupuesto de que el derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente, que es parte del derecho a la petición.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene la nota presentada el 11 de agosto de 2021, por la que Justo Cahuana Cuizara –accionante– solicitó a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, se le extienda una certificación de sus aportes para realizar los trámites de su jubilación, consignando a efectos de notificación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com (fs. 4). II.2. Consta Certificación de 21 de septiembre de 2021, emitida por la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, que establece: “Que revisada la documentación en archivos del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAPINO, se evidencia que el señor Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, trabajó en nuestro Municipio como Honorable Alcalde Municipal en los periodos 05 de enero del 1996 al 30 de abril de 1997 aportó afps y seguro social” (sic), existiendo constancia de recepción de la misma fecha por parte de la representante legal del accionante, en idéntica fecha, en la parte superior derecha del documento, que consigna firma, nombre de la suscribiente “María Ramos” y fecha de recepción “28-09-21” (sic) (fs. 28). II.3. El Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, a través de Certificado de Trabajo de 26 de octubre de 2021, entregado a la representante legal del impetrante de tutela el 15 de noviembre de igual año, conforme consta en cargo de recepción manuscrito situado en la parte superior derecha del documento, estableció que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo Alcalde de dicha institución de julio de 1996 a septiembre de 199, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP (fs. 29). II.4. Mediante nota presentada el 6 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela, solicitó a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, certificado de trabajo, descuentos de ley, días trabajados y haberes correspondientes a los años de servicio prestados dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, desde 1996 a enero de 2005, como Alcalde Municipal y Concejal del señalado ente edil; señalado a efectos de notificación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com (fs. 5). II.5. Por nota presentada el 14 de junio de 2022, el solicitante de tutela requirió a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, certificaciones de trabajo y haberes mensuales cobrados durante los años de servicios prestados como Alcalde y Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, de 1996 a 2005; documentación que manifestó requería con suma urgencia para la realización de los siguientes trámites: a) Certificación para trámite de transferencia de aportes de SENASIR a AFP Futuro de Bolivia, (que demuestre) que aportó a Ex SENARIR cuando fungió al cargo de Alcalde; ello a efectos de acceder a su jubilación; y, b) Certificación para el trámite de calificación de antigüedad (CAS); certificado de trabajo de cuando desempeñó el cargo de Concejal. Solicitando la documentación solicitada le sea extendida a la brevedad, reiteró para efectos de comunicación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com (fs. 6). II.6. Consta Certificado de Trabajo emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, el 16 de septiembre de 2022, entregado a la representante legal del impetrante de tutela el 19 de igual mes y año, conforme consta en cargo de recepción manuscrito situado en la parte inferior derecha del documento, que establece éste ejerció el cargo de Alcalde de dicha institución durante las gestiones 1996, 1997 y 1999, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP (fs. 30). II.7. Por nota presentada de 17 de octubre de 2022, dirigida a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, Justo Cahuana Cuizara –accionante– reiterando que su persona prestó servicios como Alcalde y Concejal de ese ente edil de 1996 a 2005, percibiendo haberes mensuales y aceptando los descuentos de Ley, solicitó “por tercera vez” (sic) y con suma urgencia, se le extiendan certificaciones de trabajo por el tiempo en que ejerció aquellos cargos; documentación consistente en: 1) Certificación para trámite de transferencia de aportes de SENASIR a AFP Futuro de Bolivia, de 1996; y, 2) Certificación del cargo de Concejal para el trámite de CAS, de 1996 a 2005. Asimismo, dejó constancia que pese a que había formulado la misma solicitud el 6 de diciembre de 2021 y 14 de junio de 2022, no había recibido respuesta alguna, anunciando que de no deferirse lo impetrado, presentaría las acciones constitucionales que corresponda. Finalmente, estableció, a efectos de comunicaciones el Celular y WhatsApp 71763276 así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com (fs. 8). II.8. Cursa Certificación de 24 de octubre de 2022, emitida por la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, que determina: “Que revisada la documentación en archivos del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAPINO, se evidencia que el señor Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, trabajó en el Municipio de Capinota, Honorable Alcalde Municipal en las Gestiones 05 de enero del 1996 y Gestiones 1997,1998,1999 con aportes al seguro social” (sic) (fs. 26). II.9. Cursa Certificación de 24 de octubre de 2022, emitida por la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, que establece que Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, ingresó a dicha institución como Honorable Alcalde Municipal el 5 de enero de 1996, prestando dichos servicios hasta el 30 de abril de 1997. Asimismo, que el prenombrado reingreso al ente edil como Honorable Concejal de acuerdo a cuadro adjunto en el que se establece que ejerció tales funciones en 1997, 1998 y 2001, detallándose, además los meses trabajados, así como la cantidad de días por mes y el haber percibido (fs. 27). II.10. A través de nota de 24 de octubre de 2022, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota , notificada en Tablero de la institución municipal en la misma fecha, se manifiesta que la petición de 17 de igual mes y año, había sido deferida, remitiéndose la misma a la Unidad de Recursos Humanos a efectos de que se le extiendan las Certificaciones de Trabajo y planillas de sueldo mensuales como Alcalde y Concejal de dicho ente edil; aclarándose que se procedió a la notificación en tablero de la institución al no haber fijado el impetrante en sus solicitudes, domicilio alguno a dichos efectos (fs. 35 a 37). II.11. El Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, a través de Certificación de 14 de noviembre de 2022, estableció que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP, adjuntándose a dicho documento planillas de pago; de igual manera y en idéntica data, fraccionó Certificación que determina que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social (fs. 55 a 136).
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración del derecho a la petición, en virtud de que la autoridad demandada, no dio respuesta en tiempo oportuno a sus notas de 11 de agosto, 6 de diciembre ambos de 2021; 14 de junio de 2022, en las cuales solicitó se le otorgue por una parte certificado de trabajo con detalle de sueldos y aportes de cuando ejerció las funciones de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota; y, certificación con detalle de haberes y certificación de años de servicios y fotocopias de las planillas de sueldo cuando fungió como Concejal de la indicada entidad edil, viéndose perjudicado en la realización de sus trámites ante el SENASIR para su jubilación; y si bien, cuando mereció contestación alguna, las mismas fueron erróneas e incompletas, siendo además que, respecto a la nota de 17 de octubre de 2022, la contestación nunca le fue notificada. En consecuencia, corresponde analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez; establece que, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo de seis meses, computables desde el momento en que ocurrió la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde el conocimiento de la parte afectada del acto u omisión que provocó la lesión a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por su parte, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
En base a las normas referidas, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, asumiendo criterio uniforme sobre el principio de inmediatez, concluyó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías; así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses’. (…) Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta [ésta] de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses-debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’”. Por su parte la SCP 0265/2019-S1 de 22 de mayo, aplicando dichos criterios refirió: “…por mandato constitucional el presente mecanismo de defensa se constituye en el medio idóneo, rápido y eficaz para el restablecimiento de aquellos derechos que fueren conculcados o amenazados de serlo por actos u omisiones de servidores públicos o personas particulares, la protección que brinda se activa ante la observancia de características que hacen a su naturaleza jurídica; así, se tienen los principios de subsidiariedad e inmediatez, este último conforme la jurisprudencia constitucional ha entendido y reiterado, tiene dos facetas, una positiva y otra negativa, la primera implica una tutela inmediata de los derechos y la segunda el plazo para su interposición cuya finalidad es hacer eficiente esta acción tutelar de ahí que quien considere que sus derechos fundamentales y garantías constitucionales le fueron conculcadas no debe esperar que transcurra mucho tiempo para acudir a la justicia constitucional de lo contrario impide a este Tribunal poder ingresar al análisis de fondo y resolver el problema jurídico planteado. Así los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, establecen que el plazo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, a computarse desde la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; es decir, a partir de haber agotado la instancia ordinaria mediante la activación de los mecanismos procesales que el orden jurídico prevé y que además sean los idóneos para el restablecimiento del derecho fundamental o garantía constitucional considerado como vulnerado”.
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, norma que impone a un servidor público, que tenga conocimiento de una solicitud o petición a recibir, tramitar y dar respuesta de fondo de manera oportuna, ya sea de forma positiva o negativa.
El art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala expresamente que: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general o particular, y el de obtener pronta resolución”.
Asimismo, está establecido que la efectividad del derecho de petición se consolida con la resolución pronta y efectiva de la cuestión que se plantea, ya que sería en vano el dirigirse a una autoridad pública si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. Las respuestas evasivas o simplemente formales no satisfacen tal derecho y la administración ante quien se formula la solicitud tiene además la obligación de responder en el fondo lo pedido.
En consideración a que el objeto de la presente acción es el resguardo del derecho de petición, consagrado y reconocido en el art. 24 de la CPE, cuya norma constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta, para cuyo ejercicio no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario, corresponde invocar el desarrollo efectuado por la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y alcance de este derecho respecto de los servidores públicos. En este cometido, la SC 0189/2001-R de 7 de marzo, reiterada por las SSCC 1930/2010-R y 0723/2011-R, entre otras, entendió el derecho de petición “…como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” (las negrillas son nuestras).
Bajo este razonamiento, las SSCC 0776/2002-R, 0176/2003-R refrendadas por sus similares 0810/2010-R, 2715/2010-R determinaron que este derecho se estima lesionado “…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atienda; es decir, no la tramita ni responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada” (las negrillas nos pertenecen).
Asimismo, en correspondencia con este razonamiento, la SC 0843/2002-R de 19 de julio, determinó como parte del contenido esencial de este derecho, la obligación de los servidores públicos de poner en conocimiento del peticionante la respuesta formulada, señalando: “…que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley” (las negrillas nos corresponden).
En el entendido, conforme determinaron las SSCC 1541/2002-R de 16 de diciembre, y 1121/2003-R de 12 de agosto, entre otras, que la respuesta por parte del servidor público “…no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley”. Razonamiento que fue reiterado por la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, entre otras. Asimismo, es preciso recordar que también forma parte del contenido del derecho de petición, lo expresado en la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, cuando estableció que la respuesta debe resolver el fondo del asunto, al entender que “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental”. Como puede constatarse, el contenido y alcance desarrollados por la jurisprudencia constitucional precedentemente glosados han merecido un reconocimiento constitucional en la previsión comprendida en el art. 24 de la Ley Fundamental, al que debe añadirse la facultad de presentar la petición en forma oral, según manda la normativa constitucional señalada.
El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, la cesación de los efectos del acto reclamado; sobre el particular, la SC 0050/2004-R de 14 de enero, en su Fundamento Jurídico III.2, hace referencia a los alcances de este artículo, al indicar que:
Del análisis de la norma jurídica y de la jurisprudencia precedentemente citada, se entiende como acto reclamado, al hecho lesivo –acción u omisión– denunciado de ilegal o arbitrario, cuyo efecto justamente es la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales; en ese entendido, se debe tomar en cuenta que emergen dos causales de improcedencia: i) La cesación de los efectos del acto reclamado; es decir, de los derechos fundamentales o garantías constitucionales. Este entendimiento también fue asumido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0671/2018-S2 de 17 de octubre y 0215/2019-S2 de 10 de mayo; y, ii) La cesación o desaparición del acto reclamado; vale decir, del acto lesivo denunciado.
En ambos casos, ya no tiene razón de ser ingresar al estudio de la trilogía de la problemática planteada –conformada por el acto lesivo, el derecho supuestamente vulnerado y la pretensión– que se constituye en la materia justiciable o en el objeto de análisis de la acción de amparo constitucional;
pues, opera la carencia de objeto procesal, que se constituye en un hecho procesal –valga la redundancia– que da lugar a la declaración de improcedencia de esta acción tutelar, ya que cualquier resolución que pudiera emitir la jurisdicción constitucional, sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales.
Entonces, sobre la base de lo señalado precedentemente, la carencia de objeto procesal, resulta ser la consecuencia jurídica de la cesación de los efectos de acto reclamado o hecho superado; o, de la cesación del acto reclamado o sustracción de materia; en ese contexto, amerita precisar las características y las diferencias de las referidas circunstancias o dimensiones en las que se puede presentar esta figura procesal como causal de improcedencia:
a) La cesación de los efectos del acto reclamado o teoría del hecho superado, se produce cuando la parte demandada voluntariamente, dejó de lesionar el derecho denunciado, restituyéndolo hasta antes de la citación con la acción de amparo constitucional; es decir, que, como consecuencia del obrar del demandado, se superó, reparó o cesó la vulneración de derechos fundamentales; consiguientemente, al terminar su afectación, la tutela que podría otorgarse se torna inoportuna e ineficaz.
Al respecto, la referida SCP 1541/2014, sistematizó los requisitos establecidos por la jurisprudencia para aplicar esta causal de improcedencia: 1) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la SC 0254/2001-R de 2 de abril); 2) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, 3) No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de febrero).
Este entendimiento fue asumido por las SSCC 0039/2006-R, 0470/2006-R y 1640/2010-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1290/2016, 0671/2018-S2 y 0215/2019-S2, entre otras.
b) Cesación o desaparición del acto reclamado o sustracción de materia;
se genera como consecuencia de: i) Una circunstancia sobreviniente ajena a la voluntad de las partes, que modifica los hechos y pretensiones que sustentan la acción de amparo constitucional, y como resultado de ello, desaparecen los supuestos denunciados y la pretensión solicitada se torna imposible de llevarse a cabo; y, ii) Una situación sobreviniente que modifica los hechos y pretensiones, como consecuencia de que el accionante perdió todo el interés en la satisfacción de su pretensión.
Consiguientemente, en ambos casos la jurisdicción constitucional no puede pronunciarse sobre el objeto procesal –trilogía del problema jurídico–, porque ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten, cuyo petitorio del que deviene es insubsistente, y por lo tanto, la resolución constitucional no surtiría ningún efecto jurídico en la satisfacción de la pretensión. En conclusión, se distinguen dos dimensiones como causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional por carencia de objeto procesal, que encuentran diferencias en las siguientes características:
i) Cuando se repara, se satisface o cesa la lesión al derecho fundamental por voluntad del propio demandado o autoridad superior, la tutela se torna inoportuna; produciéndose de esta forma una cesación de los efectos del acto lesivo denominado también teoría del hecho superado; y, c) Cuando desaparece el acto lesivo por voluntad del accionante o por hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad de las partes, que hacen insubsistente la pretensión y la tutela resulta ineficaz, opera la desaparición del acto lesivo o teoría de la sustracción de materia.
Cabe señalar, que no basta el cese de los efectos del acto lesivo y la desaparición del acto lesivo, sino que es necesario que sea total, es decir, que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aspecto que permitirá declarar la improcedencia por esta causal.
El accionante, a través de su representante legal, denuncia la vulneración del derecho a la petición, en virtud de que la autoridad demandada, no dio respuesta en tiempo oportuno a sus notas de 11 de agosto y 6 de diciembre de 2021; 14 de junio de 2022, en las cuales solicitó se le otorgue, por una parte, certificado de trabajo con detalle de sueldos y aportes de cuando ejerció las funciones de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota; y, certificación con detalle de haberes y certificación de años de servicios y fotocopias de las planillas de sueldo cuando fungió de Concejal de la indicada entidad edil, viéndose perjudicado en la realización de sus trámites ante el SENASIR para su jubilación; siendo que, cuando al fin mereció contestación a las mismas, estas fueron erróneas e incompletas, siendo además que, respecto a la nota de 17 de octubre de 2022, la respuesta nunca le fue notificada.
De los antecedentes aparejados al cuaderno constitucional se observa que mediante nota de el 11 de agosto de 2021, el hoy accionante, Justo Cahuana Cuizara, solicitó a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, se le extienda una certificación de sus aportes para realizar los trámites de su jubilación, consignando en la nota su número de celular y WhatsApp y correo electrónico, habiéndose emitido en consecuencia, la Certificación de 21 de septiembre de 2021, por la que la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, establece: “Que revisada la documentación en archivos del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAPINO, se evidencia que el señor Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, trabajó en nuestro Municipio como Honorable Alcalde Municipal en los periodos 05 de enero del 1996 al 30 de abril de 1997 aportó afps y seguro social” (sic), existiendo constancia de recepción de la misma fecha por parte de la representante legal del accionante, en la parte superior derecha del documento, que consigna firma, nombre de la suscribiente “María Ramos” y fecha de recepción “28-09-21” (sic); asimismo, se tiene Certificado de Trabajo de 26 de octubre de 2021, faccionado por el ente edil señalado y entregado a la representante legal del impetrante de tutela el 15 de noviembre de igual año, conforme consta en cargo de recepción manuscrito situado en la parte superior derecha del documento, mismo que estableció que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo de Honorable Alcalde de dicha institución de julio de 1996 a septiembre de 199, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP. El 6 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela, nuevamente solicitó a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, certificado de trabajo, descuentos de ley, días trabajados y haberes correspondientes a los años de servicio prestados dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, desde 1996 a enero de 2005, como Alcalde Municipal y Concejal del señalado ente edil; señalado a efectos de notificación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com. Posteriormente, mediante nota de 14 de junio de 2022, el solicitante de tutela, requirió otra vez a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, certificaciones de trabajo y haberes mensuales cobrados durante los años de servicios prestados como Alcalde y Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, de 1996 a 2005; documentación que manifestó requería con suma urgencia para la realización de los siguientes trámites: i) Certificación para trámite de transferencia de aportes de SENASIR a AFP Futuro de Bolivia, (que demuestre) que aportó a Ex SENARIR cuando fungió al cargo de Alcalde; ello a efectos de acceder a su jubilación; y, ii) Certificación para el trámite de calificación de antigüedad (CAS); certificado de trabajo de cuando desempeñó el cargo de Concejal. Solicitando la documentación impetrada le sea extendida a la brevedad, reiteró para efectos de comunicación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com. En atención a la misiva previamente descrita, el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, extendió el Certificado de Trabajo de 16 de octubre de 2022, entregado a la representante legal del impetrante de tutela el 19 de igual mes y año, conforme consta en cargo de recepción manuscrito situado en la parte superior derecha del documento, mismo que estableció que, de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo de Honorable Alcalde de dicha institución de julio de 1996 a septiembre de 1999, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP. Es así que, el ahora impetrante de tutela, el 17 de octubre de 2022, presentó una cuarta misiva dirigida a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, Justo Cahuana Cuizara –accionante–, reiterando que su persona prestó servicios como Alcalde y Concejal de ese ente edil de 1996 a 2005, percibiendo haberes mensuales y aceptando los descuentos de Ley; por lo que, solicitó “por tercera vez” (sic) y con suma urgencia, se le extiendan certificaciones de trabajo por el tiempo en que ejerció aquellos cargos; documentación consistente en: a) Certificación para trámite de transferencia de aportes de SENASIR a AFP Futuro de Bolivia, de 1996; y, b) Certificación del cargo de Concejal para el trámite de CAS, de 1996 a 2005. Asimismo, dejó constancia que pese a que había formulado la misma solicitud el 6 de diciembre de 2021 y 14 de junio de 2022, no había recibido respuesta alguna, anunciando que de no deferirse lo impetrado, presentaría las acciones constitucionales que corresponda. Finalmente, estableció, a efectos de comunicaciones el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com. En estas circunstancias y tal como se tiene de antecedentes, el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, atendiendo dicha solicitud, emitió: - Certificación de 24 de octubre de 2022, emitida por la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, que determina: “Que revisada la documentación en archivos del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAPINO, se evidencia que el señor Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, trabajó en el Municipio de Capino, Honorable Alcalde Municipal en las Gestiones 05 de enero del 1996 y Gestiones 1997,1998,199 con aportes al seguro social” (sic).
- Certificación de 24 de octubre de 2022, emitida por la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, que establece que Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, ingresó a dicha institución como Honorable Alcalde Municipal el 5 de enero de 1996, prestando dichos servicios hasta el 30 de abril de 1997Asimismo, que el prenombrado reingreso al ente edil como Honorable Concejal de acuerdo a cuadro adjunto en el que se establece que ejerció tales funciones en 1997, 1998 y 2001, detallándose además, los meses trabajados, así como la cantidad de días por mes y el haber percibido.
- Certificación de 14 de noviembre de 2022, estableció que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP, adjuntándose a dicho documento planillas de pago; igualmente, y en la misma fecha, se emitió Certificación que determina que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social.
Finalmente, cursa en el legajo constitucional, nota de 24 de octubre, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota , notificada en Tablero de la institución municipal en la misma fecha, se manifiesta que la petición de 17 de igual mes y año, había sido deferida, remitiéndose la misma a la Unidad de Recursos Humanos a efectos de que se le extiendan las Certificaciones de Trabajo y planillas de sueldo mensuales como Alcalde y Concejal de dicho ente edil; aclarándose que se procedió a la notificación en tablero de la institución al no haber fijado el impetrante en sus solicitudes, domicilio alguno a dichos efectos. Inicialmente y con carácter previo, es necesario aclarar que por razones de pedagogía constitucional, el análisis de la problemática planteada, será abordado de forma en puntos independientes, a los efectos de resolución de la presente acción de amparo constitucional.
1) En cuanto a la nota de 11 de agosto
Con referencia a la misiva descrita precedentemente y a los fines de resolver la problemática que le atañe, es preciso recordar que, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia constitucional, en acciones de amparo constitucional, es obligación de los Tribunales de garantías y Salas Constitucionales, así como de este Tribunal Constitucional Plurinacional, verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de las acciones de defensa; es decir, comprobar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad, traducido en el agotamiento de todos los recursos infra constitucionales sea judiciales o administrativos; y, el de inmediatez, que determina que la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses computables a partir de la última notificación con la determinación judicial o administrativa, o de conocer el último hecho de acción u omisión vulnerador de derechos. Con base en las aclaraciones previas, es pertinente hacer un análisis respecto al cumplimiento del principio de inmediatez por parte del accionante a tiempo de interponer la presente acción de defensa, respecto a la nota objeto de este análisis; es decir, verificar que la reclamación que se postula en esta demanda tutelar, haya sido promovida dentro del término máximo de seis meses, siendo que de lo contrario, en apego a los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2, de haberse inobservado dicho requisito, concurre causal de improcedencia de la demanda tutelar y con ello, sin ingresar al análisis del caso en particular, deviene la negatoria de la tutela constitucional pretendida. En ese orden, se tiene que la acción de amparo constitucional, fue presentada el 28 de octubre de 2022, debiendo tomarse en cuenta dicha fecha a efectos del cómputo de los seis meses para la presentación de la acción tutelar. Ahora bien, el impetrante de tutela denuncia que la autoridad demandada, no dio una respuesta adecuada a la nota de 11 de agosto de 2021, en la que solicitó se le extienda una certificación de sus aportes realizados durante la vigencia de su relación laboral como Alcalde y Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, explicando que los mismos serían utilizados para sus trámites de jubilación.
En respuesta a ello, se emitió la Certificación de 21 de septiembre de idéntico año, mediante la cual, la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, establece: “Que revisada la documentación en archivos del GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAPINO, se evidencia que el señor Fausto Cahuana Cuizara CI.2877766ID Cbba, trabajó en nuestro Municipio como Honorable Alcalde Municipal en los periodos 05 de enero del 1996 al 30 de abril de 1997 aportó afps y seguro social”; documento que, según afirmó el demandado y tal como se advierte de la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, fue entregado a personalmente a la representante legal del impetrante de tutela en la misma fecha, constando en la parte superior derecha del documento la firma, nombre de la suscribiente “María Ramos” y fecha de recepción “28-09-21” (sic)
En ese contexto, recordando que el impetrante de tutela, a objeto de promover cualquier denuncia sobre la lesión de su derecho a la petición, tenía la obligación de hacerlo dentro del término de seis meses, observando uno de los requisitos de procedibilidad de la demanda tutelar como lo es el principio de inmediatez; sin embargo, tal como se tiene evidenciado, respecto a la nota de 11 de agosto, dicho plazo no fue cumplido; pues, conforme se tiene advertido precedentemente, esta mereció respuesta el 28 de septiembre de 2021; momento desde el cual se inició el cómputo de la inmediatez, habiendo transcurrido, desde conocida la respuesta que se alude de incorrecta, hasta el momento de la interposición de la acción de amparo constitucional, un año y un mes, incumpliéndose el plazo de seis meses para la presentación de esta acción de defensa y sobrepasando de manera abundante el plazo de los seis meses otorgados por Ley para la presentación de la acción de amparo constitucional, resultando en consecuencia su reclamo improcedente para conocerse vía acción de amparo constitucional, al haberse inobservado el principio de inmediatez que rige su tramitación. 2) Respecto a las notas de 6 de diciembre de 2021 y 14 de junio de 2022 Sobre dichas misivas, revisados como se tienen los antecedentes procesales, se advierte lo siguiente: i) Por nota de 6 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela, solicitó a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, certificado de trabajo, descuentos de ley, días trabajados y haberes correspondientes a los años de servicio prestados dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, desde 1996 a enero de 2005, como Alcalde Municipal y Concejal del señalado ente edil; señalado a efectos de notificación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com. En atención a dicha misiva, el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, emitió el Certificado de Trabajo de 16 de septiembre de 2022, entregado a la representante legal del impetrante de tutela el 19 de igual mes y año, conforme consta en cargo de recepción manuscrito situado en la parte inferior derecha del documento, que establece éste ejerció el cargo de Honorable Alcalde de dicha institución durante las gestiones 1996, 1997 y 1999, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP. ii) A través de carta de 14 de junio de 2022, el solicitante de tutela requirió a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba, certificaciones de trabajo y haberes mensuales cobrados durante los años de servicios prestados como Alcalde y Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, de 1996 a 2005; documentación que manifestó requería con suma urgencia para la realización de los siguientes trámites: a) Certificación para trámite de transferencia de aportes de SENASIR a AFP Futuro de Bolivia, (que demuestre) que aportó a Ex SENARIR cuando fungió al cargo de Alcalde; ello a efectos de acceder a su jubilación; y, b) Certificación para el trámite de calificación de antigüedad (CAS); certificado de trabajo de cuando desempeñó el cargo de Concejal. Solicitando la documentación solicitada le sea extendida a la brevedad, reiteró para efectos de comunicación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com En estas circunstancias, el ente edil requerido, emitió tres certificaciones; la primera de 16 de septiembre de 2022 que, conforme consta en cargo de recepción manuscrito situado en la parte inferior derecha del documento, fue entregado personalmente a la representante legal de hoy accionante el 19 de igual mes y año; y las dos últimas, de 24 de octubre de igual año, en las que, como se tiene detallado al inició del presente acápite, se estableció que el peticionario trabajó en el Municipio de Capinota, como Honorable Alcalde Municipal en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999 con aportes al seguro social, habiendo ingresado a la institución en el señalado cargo y prestado sus servicios desde el 5 de enero de 1996 al 30 de abril de 1997; fungiendo además el cargo de Honorable Concejal, en 1997, 1998 y 2001, detallándose los meses trabajados, así como la cantidad de días por mes, los haberes percibidos y los descuentos de Ley AFP; documentos que, según manifestó la autoridad demandada y no fue controvertido por la peticionaria de tutela, fueron entregados personalmente a la parte solicitante. Ahora bien, teniendo presente que la acción tutela fue incoada el 28 de octubre de 2022, es necesario en este estado de la causa y a objeto de resolver adecuadamente la problemática planteada en este segundo apartado, establecer que en el marco de los entendimientos jurisprudenciales citados en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, constituyen causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, la cesación de los efectos del acto reclamado o teoría del hecho superado; y, la desaparición del acto denunciado de lesivo, debiendo entenderse a la primera, como la circunstancia en la cual, la parte demandada, voluntariamente dejó de lesionar el derecho denunciado, restituyéndolo hasta antes de la citación con la acción de amparo constitucional; en cambio, concurre la segunda causal antes identificada, cuando el acto lesivo desaparece, sea por voluntad del accionante o por hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad de las partes, que hacen insubsistente la pretensión. En este contexto y considerando que el derecho a la petición implica la formulación de la solicitud en sí misma; la obtención de una respuesta fundamentada y que resuelva el fondo de lo impetrado; a ser comunicado formalmente con la contestación; y, a que la autoridad ante quien se postuló la petición, de ser el caso, comunique al impetrante de forma oportuna sobre su incompetencia y señale ante quien debe acudir; en el caso que nos ocupa, se observa que, respecto a las notas de 6 de diciembre de 2021 y 14 de julio de 222, tal como fue advertido documentalmente así como también informado por la autoridad demandada, sin que existiera contradicción del impetrante de tutela, éstas fueron absueltas por Certificaciones de 16 de septiembre y 24 de octubre de 2022, respectivamente; y aun cuando la contestación no fue otorgada dentro de un término prudente, a la fecha de interposición de la acción tutelar que se revisa, es innegable que la respuesta sí existió; por ende, en aplicación de los criterios establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la existencia de dicha contestación, aun cuando resulta tardía, conlleva la denegatoria de la tutela pretendida debido a que el acto que se denunció de lesivo en la presente demanda tutelar, respecto a las notas de 6 de diciembre de 2021 y 14 de junio de 2022, cesó en sus efectos antes de la notificación a la parte demandada con la acción de defensa (10 de noviembre de 2022. Además, las Certificaciones aludidas en el párrafo precedente, atendieron en su integridad las pretensiones deducidas por el peticionante de tutela; esto, evidenciado precisamente del contenido de sus pretensiones que se circunscribieron a la solicitud de Certificaciones que incluyan descuentos de ley, días trabajados y haberes correspondientes a sus años de servicio como Alcalde y Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, entre 1996 y 2005; documental que habría solicitado, conforme se tiene de las misivas objeto de compulsa, con la finalidad de acceder a su jubilación y establecer su calificación de antigüedad; extremos que, a criterio de este Tribunal fueron absueltos de manera suficiente, pues, de la documentación emitida por el indicado ente municipal, es posible advertir que las Certificaciones proporcionadas al hoy accionante y que fueron entregadas personalmente a su representante legal, establecen que el prenombrado, ejerció el cargo de Honorable Alcalde de dicha institución durante las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP; habiendo ingresado a la institución en el primer cargo desde el 5 de enero de 1996 al 30 de abril de 1997; fungiendo además el cargo de Honorable Concejal, en 1997, 1998 y 2001, detallándose igualmente en cuadro, respecto a esta última función, los meses y cantidad de días trabajados por mes; haberes percibidos y los descuentos de Ley AFP. Por consiguiente, al habérsele proporcionado una respuesta a las notas en examen, absolviendo con suficiencia a los requerimientos plasmados en las señaladas misivas, con anterioridad a la interposición de la acción tutelar que se revisa, es inevitable denegar la tutela impetrada por haber cesado el acto que hoy se denuncia de lesivo, antes de que la autoridad demandada fuera citada con esta acción de defensa.
3) Sobre la nota de 17 de octubre de 2022
Finalmente, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la misiva de referencia, que fue dirigida por el hoy accionante a Nancy Colque Mamani, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota del departamento de Cochabamba–ahora demandada–, por medio de la cual, reiterando que su persona prestó servicios como Alcalde y Concejal de ese ente edil de 1996 a 2005, percibiendo haberes mensuales y aceptando los descuentos de Ley, solicitó “por tercera vez” (sic) y con suma urgencia, se le extiendan certificaciones de trabajo por el tiempo en que ejerció aquellos cargos; documentación consistente en: 1) Certificación para trámite de transferencia de aportes de SENASIR a AFP Futuro de Bolivia, de 1996; y, 2) Certificación del cargo de Concejal para el trámite del CAS, de 1996 a 2005. Asimismo, dejó constancia que, pese a que había formulado la misma solicitud el 6 de diciembre de 2021 y 14 de junio de 2022, no había recibido respuesta alguna, anunciando que de no deferirse lo impetrado, presentaría las acciones constitucionales que corresponda. Finalmente, estableció, a efectos de comunicaciones el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com. Al respecto, de acuerdo a los antecedentes identificados en las Conclusiones II.10, se tiene que por nota de 24 de octubre, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota , notificada en Tablero de la institución municipal en la misma fecha, se manifiesta que la petición de 17 de igual mes y año, había sido deferida, remitiéndose la misma a la Unidad de Recursos Humanos a efectos de que se le extiendan las Certificaciones de Trabajo y planillas de sueldo mensuales como Alcalde y Concejal de dicho ente edil; aclarándose que se procedió a la notificación en tablero de la institución al no haber fijado el impetrante en sus solicitudes, domicilio alguno a dichos efectos; cursando igualmente en el legajo constitucional, conforme evidencia la Conclusión II.11 de este fallo constitucional, a través de Certificación de 14 de noviembre de 2022, estableció que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP, adjuntándose a dicho documento planillas de pago; de igual forma y en idéntica data, fraccionó Certificación que determina que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social; documental con la que, según lo informado por la autoridad demandada, a la fecha de realización de la audiencia de acción de amparo constitucional (14 de noviembre de 2022), había sido notificado el peticionario en el tablero de la Dirección Jurídica de la institución municipal; empero, que el solicitante, no la había recogido. Ahora bien, el análisis y discernimiento del presente punto, debe partir necesariamente de la disgregación de dos elementos: a) La emisión de la Certificación impetrada; y, b) La notificación con la repuesta al peticionario. A los efectos señalados, debemos rememorar que, en el marco de los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta decisión constitucional, el derecho a la petición, consagrado en el art. 24 de la Norma Suprema, puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en su presentación, siendo el único requisito exigible, que el peticionario se identifique como tal, correspondiendo a quien se le formula la petición, proporcionar al impetrante, una respuesta formal, pronta y de manera escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves y razonables, toda vez que, cuando la autoridad ante quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, omitiendo exponer los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá por vulnerado este derecho. Es en base a estos razonamientos que la justicia constitucional, idenficó los supuestos en los cuales no solo procede la activación de este mecanismo de defensa, sino y por, sobre todo los motivos por los cuales, este Tribunal, en análisis de problemáticas vinculadas a la supuesta lesión de este derecho, puede determinar si evidente el mismo fue vulnerado y en cuál de sus elementos. En este sentido, tal como se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el contenido esencial del derecho a la petición consiste en: 1) El derecho a formular un petitorio escrito u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de lo impetrado, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada formalmente al solicitante de tutela; y, 4) La obligación por parte de la autoridad o persona particular, de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cuál la autoridad o particular ante quien debe dirigirse. En cuanto a los presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho, se establecieron los siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho. En el marco doctrinal previo, con la finalidad de resolver los problemas identificados en este caso, es imprescindible recordar que, de acuerdo a nota de 24 de octubre, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, la solicitud de 17 de ese mes y año, había sido remitida a la unidad pertinente a efectos de su atención, estableciéndose que, al no haberse señalado domicilio, la notificación se practicaba en tablero de la entidad. Teniéndose presente lo antes mencionado y recordando que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 28 de octubre de 2022, siendo notificada a la hoy demandada el 10 de noviembre de igual año y celebrándose audiencia el 14 de igual mes y año, conforme se advierte de la Conclusión II.11 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, el 14 de noviembre de 2022; es decir, en la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de garantías; esto es, con posterioridad a la citación a la autoridad demanda con la acción tutelar, emitió Certificación estableciendo que, de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara –accionante–, éste ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP, adjuntándose a dicho documento planillas de pago; asimismo y en idéntica data, faccionó Certificación que determina que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social. De ello, se evidencia que, aunque existió una solicitud escrita postulada el 17 de octubre de 2022, cumpliéndose así el primer presupuesto; sin embargo, la respuesta otorgada por la entidad requerida, aun cuando resuelve materialmente lo pretendido, no fue emitida dentro de un plazo prudencial; pues, desde el momento en que se presentó la solicitud hasta la fecha de emisión de la Certificación (14 de noviembre de 2022), transcurrió prácticamente un mes, lapso de tiempo que resulta irrazonable; con mayor razón si se considera que la documentación impetrada, se halla destinada a materializar el derecho del solicitante a la jubilación; por lo que, la demora en la atención de lo impetrado, no solo vulneró el derecho a la petición en sí mismo, sino que esta lesión, decantó también en la vulneración del derecho de acceso a la jubilación y con ello a la dignidad del peticionario de tutela. A ello se añade que, como se tiene evidenciado, la indicada Certificación, fue emitida con posterioridad a la citación a la autoridad demandada, con la acción de amparo constitucional que se revisa, lo que permite concluir inequívocamente que el señalado documento, después de un mes de habérselo solicitado, fue emitido única y exclusivamente, como efecto de la interposición de esta acción extraordinaria, por lo que, en este caso, no podría aplicarse ninguna de las causales de improcedencia descritas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; es decir, cesación del acto lesivo o sustracción de materia; pues el derecho reclamado, fue satisfecho con posterioridad a la citación con la demanda tutelar; y, el acto lesivo no dejó de existir; extremos que hacen predecible la concesión de la tutela, por no haberse proporcionado una respuesta a lo peticionado dentro de plazo razonable. Con relación al segundo punto objeto de revisión, referido a la notificación con la respuesta al peticionario –hoy accionante–, como fue señalado, el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, emitió la nota de 24 de octubre de 2022 que, al margen de señalar que la solicitud de 17 de igual mes y año había sido derivada la instancia pertinente para su tramitación, estableció que se practiba la notificación con dicha determinación en tablero de la Dirección Jurídica del ente edil, debido a que, el hoy solicitante de tutela, en sus solicitudes, no había señalado domicilio alguno a efecto de notificación; argumento que del mismo modo fue esgrimido en audiencia por la autoridad demandada, al m momento de indicar que, la respuesta la referida misiva, fue comunicada al solicitante de tutela, en la antes citada unidad jurídica de la institución municipal, pero que, el ahora accionante, no la recogió. Sobre tal afirmación y las comunicaciones practicadas en dependencias del ente edil, por supuestamente no haber señalado el peticionante de tutela su domicilio en las notas presentadas; este Tribunal ha evidenciado materialmente que dicho extremo resulta falso, pues conforme se tiene detallado en las Conclusiones II.1, 4, 5 y 7 de este fallo constitucional, en todas y cada una de las notas presentadas; de 11 de agosto y 6 de diciembre de 2021; y, 14 de junio y 17 de octubre de 2022, el hoy accionante, consignó a efectos de notificación el Celular y Whatsapp 71763276, así como correo electrónico cahuana_justo@hotmail.com; medios digitales de comunicación que resultan ser perfectamente constitutivos del lugar en el que podían practicare todas las diligencias; lo que no ocurrió en el presente caso, siendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, a través de sus instancias pertinentes y por ende su representante legal, ahora demandada, al determinar el diligenciamiento de las respuestas en tablero de la entidad, pese a que se contaba con número de celular y correo electrónico del impetrante, no hicieron uso de estos medios para hacerle llegar la comunicación formal de que su petición había sido atendida; lesionándose con el ello el derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a ser comunicado con una contestación; correspondiendo en consecuencia, sobre este extremo, conceder la tutela impetrada. En este punto es necesario señalar que si bien, tal como consta en antecedentes, al 14 de noviembre de 2022, cuando se llevó a cabo la audiencia de la acción de amparo constitucional que se revisa, ya se contaba con una respuesta a la nota de 17 de igual mes y año que, como se tiene dicho no fue formalmente notificada al hoy accionante, ello no implica que el objeto de la demanda hubiera desaparecido o que la lesión al derecho hubiera cesado; toda vez que, la emisión de la Certificación que responde a la nota señalada, es de data posterior a la citación con la demanda constitucional, por ende, no podría razonarse en sentido de que el hecho vulneratorio, traducido en la falta de contestación, hubiera cesado y operado por ende, la causal de improcedencia por tratarse de un hecho superado; así como tampoco, la existencia de la Certificación de la fecha indicada, constituye la desaparición o sustracción de materia; pues, el problema jurídico constitucional (falta de respuesta), subsistió hasta el día de la audiencia de esta acción tutelar. Por lo antes mencionado, habrá de disponerse que, de no haberlo hecho, la hoy demandada, proceda en el plazo de veinticuatro horas, a la notificación formal al impetrante de tutela con la documental pertinente que responde a su solicitud y que se halla adjunta a este fallo constitucional en fotocopias simples, cursantes de fs. 55 a 136, consistentes en Certificación de 14 de noviembre de 2022, que determina que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, éste ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de Ley AFP, adjuntándose a dicho documento planillas de pago; asimismo, con Certificación de igual data, que establece que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela la tutela impetrada, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Capinota del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la nota de 17 de octubre de 2022, en el marco de los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo que la autoridad ahora demandada, en el plazo de veinte cuatro horas de su notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, notifique formalmente al accionante con la Certificación de 14 de noviembre de 2022, que determina que de la revisión de archivos y file personal de Justo Cahuana Cuizara, este ejerció el cargo de Concejal de dicha institución en 1997, 1998, 2000 y 2001, detallando en cuadro ilustrativo, los meses trabajados por aquel, así como los salarios percibidos y los descuentos de la Ley AFP; las planillas de pago respectivas; y la Certificación de igual data, que establece que, revisada la documentación en archivos del ente edil, Justo Cahuana Cuizara, prestó sus servicios como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Capinota, en las gestiones 1996, 1997, 1998 y 199, con aportes al seguro social; y, 2º DENEGAR en parte la tutela con referencia a las notas de 11 de agosto y 6 de diciembre de 2021; y, 14 de junio de 2022. Sea sin calificación de responsabilidad, daños y perjuicios; exhortándose a la demandada a que, en el futuro, atienda de manera oportuna todas las solicitudes que le sean formuladas.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0599_2024-S4.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): d4857da8890a29af17a7c40be897b6f5a24949664ca241664f655dff061611a4
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