B.IA.LEGAL

SCP 0599/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46733-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y a la libre locomoción vinculada al derecho a la vida, ya que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del mismo asiento judicial, se negó a recibir la documentación de los garantes solventes, incluso exigiendo otros documentos no dispuestos en la resolución de cesación a la detención preventiva emitida por el Juez de la causa, habiendo cumplido con el arraigo. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/22 de 20 de marzo de 2022, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías y los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46733-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 075/22 de 20 de marzo de 2022, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Mamani Quizaya contra Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del mismo asiento judicial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de marzo de 2022, cursante a fs. 1; y, 30 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de febrero de 2022 fue aprendido por un hecho en el que es “víctima”; sin embargo, lo imputaron por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, estando tanto su esposa como su persona con lesiones, y por efecto de discriminación positiva, fue afectado, siendo enviado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con detención preventiva. Después de más de un mes, el 17 de marzo de 2022, al haber desvirtuado los riesgos procesales fue beneficiado con detención domiciliaria, y su esposa no se opuso, encontrándose separados y en lugares diferentes. Asimismo, planteó demanda de divorcio y firmó garantías a favor de la víctima.

A ese efecto, la autoridad judicial determinó el cumplimiento de: a) Arraigo, que se cumplió; y, b) Dos garantes solventes con Bs10 000.- (diez mil bolivianos), este último punto no logró concretar, a pesar que se presentó abundante documentación que acreditaba la propiedad de los inmuebles y la identidad de los garantes, debido a que el Secretario hoy demandado, exigió excesos que no se encuentran en la ley y que quiebran la informalidad de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y a la libre locomoción vinculada al derecho a la vida, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se proceda conforme al Código Procesal Constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 38, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo: 1) Habiendo sido beneficiado con la detención domiciliaria, el Juez de la causa dispuso que cumpla con arraigo y la presentación de dos garantes solventes, que cubran Bs10 000.-cada uno; 2) El arraigo fue cumplido dentro de plazo, presentando el mismo día el oficio de arraigo a la Dirección General de Migración (DIGEMIG); 3) Respecto a la presentación de dos garantes solventes, ofreció toda la documentación así como fotografías, acreditando que los mismos son propietarios de los inmuebles otorgados en calidad de garantía, y que en caso de darse a la fuga, los mencionados puedan cancelar ese monto. Sin embargo, el Secretario ahora demandado, además de negar el apersonamiento de los garantes, solicitó que estos acrediten que son empleados, al margen de lo dispuesto en la resolución emitida por el Juez de la causa; presenten una carpeta que evidencie el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) y facturas de la empresa donde trabajan; y, 4) El Secretario hoy demandado, vulneró los derechos a la libertad, a la salud y a la vida del impetrante de tutela.

I.2.2. Informe del demandado

Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del mismo asiento judicial, presentó informe escrito el 20 de marzo de 2022, cursante de fs. 34 a 35 vta., pidiendo se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) Mediante Resolución de cesación a la detención preventiva de 17 de igual mes y año, se aceptó la misma, habiendo dispuesto: a) La obligación de presentarse todos los viernes al sistema biométrico de la Fiscalía Departamental de La Paz; b) La prohibición de concurrir al domicilio donde se encuentre la víctima de los hechos; c) La presentación de dos garantes solventes que en caso de fuga empocen la suma de Bs10 000.- cada uno; y, d) La prohibición de comunicarse con los testigos del presente hecho investigativo, desarrollado por el Ministerio Público; y, e) La detención domiciliaria del imputado en el domicilio acreditado en audiencia, sin salidas laborales a efectos de que el Ministerio Público pueda concluir con los actos investigativos y emitir el requerimiento conclusivo; ii) La parte accionante refirió que cumplió con el arraigo; empero, no señaló la fecha ni la hora de presentación en la Oficina Gestora de Procesos o mediante qué memorial, por lo que no tiene certeza. Además, únicamente adjuntó a la acción de libertad, el reporte de registro de la DIGEMIG y no así el trámite concluido, encontrándose pendiente de cumplimiento; iii) Sobre la presentación de dos garantes solventes y que hubiera entregado abundante documentación, es totalmente falso, ya que adjuntó solo fotocopias simples, sin acreditar el derecho propietario de los inmuebles con documentos originales para poder verificar la autenticidad de estos; iv) El 18 de ese mes y año, la abogada del ahora accionante, señaló que mediante sus asistentes habría entregado a su persona documentos de los garantes solventes, en fotocopias simples, adjuntando incluso fotografías sobre verificación domiciliaria de los referidos, como si hubieran sido aceptados y autorizados por él, indicándole que llevará los documentos originales para la verificación de la documentación de los garantes solventes ofrecidos; v) En horas de la tarde -se entiende de 18 de marzo de 2022-, en el momento en el que asistía a una audiencia con aprehendido en el juzgado donde es titular como Secretario, la abogada “de la víctima” de manera alterada y levantando la voz le indicó que acepte la documentación en esas condiciones, verificando nuevamente que continuaban las fotocopias simples de los documentos presentados, en el caso: 1) En cuanto al garante Jacinto Mamani Ramírez, presentó fotocopia simple del folio real con el último asiento en la gestión 2007; mas, no adjuntó información rápida para determinar si tendría gravamen, hipoteca o anotación preventiva, tampoco referente a algún trabajo, sin coincidir el domicilio consignado en su cédula de identidad con el del inmueble que pretendió garantizar, haciendo inviable que dé fe de ello; y, 2) Respecto al garante Eusebio Apaza Gómez, cursan fotocopias simples de sus documentos, su folio real data de la gestión 2011 sin que conste ninguna actualización; asimismo, no adjuntó información rápida para verificar si esa propiedad tendría gravamen, hipoteca o anotación preventiva; las fotografías son de la parte externa de la casa, sin la presencia de los garantes, desconociendo quién efectuó esos “verificativos”; vi) No incurrió en ninguna vulneración de derechos del demandante de tutela; al contrario, solo hizo notar las observaciones a la abogada del demandante de tutela para que subsane a la brevedad posible; y, vii) En audiencia añadió y aclaró que se tenía dispuesto el arraigo del ahora impetrante de tutela, desconociendo si se hizo ingresar la documentación correspondiente, mediante la Oficina de la Gestora de Procesos.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 075/22 de 20 de marzo de 2022, cursante de fs. 39 a 42, denegó la tutela solicitada, por no existir elementos que demuestren vulneración de derechos y garantías, toda vez que ya se celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva y se aplicaron medidas sustitutivas, debiendo el accionante presentar la documentación pertinente en estricto cumplimiento de los requisitos exigidos y el Secretario ahora demandado, efectuar la recepción inmediata de la misma, y previa revisión y verificación de lo referido dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada audiencia de cesación, con los siguientes fundamentos: a) El Secretario hoy demandado tiene la obligación de actuar con celeridad en relación a la revisión de los documentos presentados y la verificación correspondiente, dando inmediata atención para que el Juez emita inmediatamente el mandamiento de libertad y el traslado del imputado al domicilio donde prestará su detención domiciliaria; b) La documentación presentada por el beneficiario de la cesación a la detención preventiva, debe cumplir con el respaldo legal y, el Secretario del Juzgado tiene el deber de revisarla de manera exhaustiva, siendo de su entera responsabilidad que todo lo entregado sea legal; c) De la revisión de los documentos presentados por el impetrante de tutela, en relación al arraigo, se tiene el talón de control de inicio de trámite de la DIGEMIG y que en el plazo de cinco días hábiles, debe recoger de ventanilla, aspecto que denota que el trámite no está concluido; es decir, no se encuentra legalmente arraigado para que se pueda emitir el mandamiento de libertad; d) En relación a los garantes solventes, evidentemente el solicitante de tutela presentó la documentación de cada uno de ellos en fotocopias y las fotografías originales de los inmuebles que serían de propiedad dichos garantes; sin embargo, para que el Secretario ahora demandado pueda corroborar si la misma es legal, debe cotejarse con los originales, a fin de establecerse su veracidad y autenticidad, de ahí la importancia de la verificación por parte del Secretario; en el caso, se trata de fotocopias simples que datan de las gestiones 2007 y 2011 de cada garante, debiendo presentarse documentación actualizada, que podría ser una información rápida de la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), por la cual se acredite si tienen gravámenes y si “a la fecha” -se entiende 20 de marzo de 2022- continúan a nombre de cada garante; y, e) Por otro lado, tratándose de garantes solventes, si estos son empleados se debe acreditar esa condición a través de sus papeletas de pago de su fuente laboral; o si fueran independientes, demostrar de forma idónea que tienen ingresos propios; empero, de la documentación presentada al Secretario hoy demandado, no se tiene constancia de lo mencionado, en relación a los garantes.

En vía de complementación y enmienda, la abogada de la “víctima” señaló: Es totalmente falso lo manifestado por el Secretario ahora demandado, ya que se le entregó en original la documentación y no es cierto que no haya tomado contacto con el personal de la parte contraria, puesto que desde la mañana lo estuvieron buscando, por lo que solicitó se complemente en relación a la documentación presentada. Asimismo, la abogada del impetrante de tutela, en vía de complementación y enmienda, señaló: 1) El Juez de garantías manifestó que debe presentar el trámite concluido de arraigo; sin embargo, recién se les entregará el día “miércoles” en DIGEMIG; y, 2) Los garantes no son empleados, realizan trabajo informal; por lo que, pide explique y complemente. El Juez de garantías, resolvió: i) Se debe presentar el trámite de arraigo concluido; y, ii) En relación a los garantes, seguramente remitirán la documentación de acuerdo a cada caso, y si son empleados, deberán adjuntar las boletas de pago y si no lo son, otra documental que acredite que son trabajadores independientes, que tienen ingresos propios y la actividad que desarrollan; de igual forma, deberán presentar documentación idónea y pertinente, para que luego se haga la contrastación y verificación por parte del Secretario y cumpla con lo dispuesto en la resolución de cesación a la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa folio real con matrícula computarizada 2.01.4.01.0088400 de un bien inmueble registrado a nombre de Jacinto Mamani Ramírez -garante-, expedido el 26 de junio de 2007 (fs. 3 y vta.); Testimonio 535/2005 de 17 de agosto (fs. 4 a 7); y, Testimonio 478/2007 de 25 de mayo, ambos a nombre del referido garante, en fotocopia simple (fs. 8 a 11 vta.). II.2. Consta folio real con matrícula computarizado 2.01.0.99.0160470 de inmueble a nombre de Eusebio Apaza Gómez y Martina Adrián de Apaza -garante-, y Testimonio 346/93 de 11 de marzo de 1993, con registro en la Oficina de DD.RR. el 11 de mayo de 2011, documentos en fotocopia simple (fs. 22, 23 a 26 vta.). II.3. Cursa talón de control de la DIGEMIG de 18 de marzo de 2022, con fecha de entrega el 22 de mismo mes y año, sobre trámite de arraigo de David Mamani Quizaya -ahora accionante-, en fotocopia simple (fs. 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y a la libre locomoción vinculada al derecho a la vida, ya que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del mismo asiento judicial, se negó a recibir la documentación de los garantes solventes, incluso exigiendo otros documentos no dispuestos en la resolución de cesación a la detención preventiva emitida por el Juez de la causa, habiendo cumplido con el arraigo. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad. Jurisprudencia reiterada

En ese orden, se tiene que la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como de los principios que la rigen, precisó que: “…se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia, con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ.

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona o autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Conforme a lo expuesto supra, resulta claro que, a partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables; debiendo considerarse; sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas.

III.2. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los antecedentes, el accionante señaló que, a pesar de haber sido beneficiado con cesación a la detención preventiva y consiguiente aplicación de medidas sustitutivas con detención domiciliaria, debiendo cumplir con el arraigo y la presentación de dos garantes solventes, cumplió con el arraigo; empero, en relación a los garantes, el Secretario ahora demandado, se negó a recibir la documentación de los mismos, incluso exigiendo otros documentos no dispuestos en la resolución de cesación a la detención preventiva, hechos que lesionaron sus derechos a la libertad y a la libre locomoción vinculada a la vida, que motivó que acuda a la justicia constitucional. En ese marco, de acuerdo a los antecedentes de la acción tutelar, antes de ingresar al análisis de la problemática, conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, existe una sola posibilidad de demandar al personal de apoyo jurisdiccional; es decir, que tenga legitimación pasiva, en otras palabras, cuando hubiera incumplido o inobservado las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional establecido en el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), u omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de ese funcionario que repercutan en la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables. En ese contexto, conforme el informe escrito remitido por el Secretario hoy demandado y ratificado en audiencia, en relación a los dos elementos objeto de la acción de libertad, señalado por el accionante se tiene: a) Respecto al arraigo: El impetrante de tutela presentó el talón de control de la DIGEMIG de 18 de marzo de 2022, en el cual figura como fecha de entrega de su trámite de arraigo el 22 de igual mes y año (Conclusión II.3); es decir, que a la interposición de la acción de defensa, dicho trámite aún no concluyó, solo adjuntó la constancia del inicio de ese trámite en fotocopia simple, cuando debió hacerlo a su conclusión en original, para luego ser ingresado a través de la Oficina Gestora de Procesos y su posterior remisión al Juzgado de la causa para la verificación por parte del Secretario en suplencia legal; y, ii) En relación a la presentación de dos garantes solventes: El peticionante de tutela señaló de manera clara en la demanda tutelar, que presentó los mismos documentos de sus dos garantes, en fotocopias simples tanto de los folios reales y Testimonios de propiedad (Conclusiones II.1 y II.2) al Secretario suplente hoy demandado, quien se negó a recibir esa documentación, incluso que exigió otros documentos fuera de lo dispuesto en la resolución de cesación de la detención preventiva; sin embargo, la documentación presentada por el accionante en revisión, corresponde a folios reales de las gestiones 2007 y 2011, y Testimonio de propiedad en fotocopias simples que no cumplen lo previsto por el art. 1311 del Código Civil (CC), además, por el transcurso del tiempo dichos documentos pueden haber variado en la titularidad o estar alterados, no encontrándose actualizados; por lo que se deben presentar los folios reales originales recientemente obtenidos o la información rápida de los inmuebles que acrediten que los mismos siguen siendo de los garantes ofrecidos, como solventes. De igual modo, se debe acreditar si cuenta con un empleo o si realiza alguna actividad laboral que evidencien sus ingresos, aspecto que demostraría la solvencia económica de los garantes ofrecidos. El informe escrito y oral presentado por el hoy demandado, corrobora lo observado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en el entendido que el Secretario, es quien dentro de sus funciones y obligaciones, debe verificar la documentación presentada, respecto al cumplimiento de las medidas dispuestas, como en el caso bajo análisis, de previo cumplimiento de la Resolución de cesación de la detención preventiva de 17 de marzo de 2022 y beneficiado con la detención domiciliaria; entre estas medidas están, la presentación de dos garantes solventes, que en caso de fuga -del ahora accionante- empocen la suma de Bs10 000.- cada uno; y, el arraigo, que debió presentar a la Oficina Gestora de Procesos una vez concluido el trámite en la DIGEMIG, aspectos que el impetrante de tutela no cumplió a cabalidad. Posteriormente, toda la documentación presentada por el beneficiado con la detención domiciliaria será verificada por el Secretario -ahora demandado-, bajo su responsabilidad, y en caso de no cumplir lo dispuesto en la Resolución a la cesación de la detención, tiene el deber de observar, como lo hizo, teniendo la defensa técnica del ahora accionante, la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto. Consiguientemente, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Secretario ahora demandado, no lesionó ningún derecho o garantía del impetrante de tutela, menos incumplió sus funciones y obligaciones como Secretario suplente, debiendo denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/22 de 20 de marzo de 2022, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías y los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0599_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): ddee943db86682cfed7dd2acce85288e464f4007ae28f7da5c89800e54b5f468

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →