B.IA.LEGAL

SCP 0598/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
3 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
73141-2025-147-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte peticionante de tutela denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el interés superior del niño, a la vida, a la alimentación, a la salud, a la habitación y a la educación del menor AA, en razón a que los Vocales ahora demandados al emitir el Auto de Vista 72/2024, revocando totalmente el Auto de 2 de mayo de 2024, que dispuso que la asistencia familiar se computa desde la fecha de la suscripción del documento transaccional y ordenar se elabore una nueva planilla conforme lo dispuesto en la Sentencia 05/2024, la cual estableció que la asistencia familiar corre a partir de la emisión de la indicada Sentencia, no consideraron que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0572/2015-S3 de 10 de junio, determinó que la asistencia familiar corre desde la fecha de suscripción del acuerdo transaccional y no desde la homologación del acuerdo. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Desde cuando se hace exigible la asistencia familiar en los procesos de resolución inmediata por homologación de acuerdos entre progenitores; c) El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial; d) El interés superior del niño; y, e) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 11 de abril de 2025, cursante de fs. 288 vta. a 291 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el referido Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Desde cuando se hace exigible la asistencia familiar en los procesos de resolución inmediata por homologación de acuerdos entre progenitores
  3. III.3. El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial
  4. III.4. El interés superior del niño
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0598/2025-S1 Sucre, 3 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 73141-2025-147-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 11 de abril de 2025, cursante de fs. 288 vta. a 291 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dayana Gladis Carrasco Rivera en representación sin mandato de su hijo menor de edad AA contra Yenny Cortez Baldiviezo y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de las Salas Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 26 de marzo y 2 de abril, ambos de 2025, cursantes de fs. 234 a 238 y 240 a 241 vta., la parte impetrante de tutela, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que el 18 de septiembre de 2019, firmó un documento privado “Transaccional de Fijación de la Asistencia Familiar” junto con Alejandro Arcil Estrada Palenque -ahora tercero interesado- en calidad de padre de su hijo menor de edad AA, en el que se fijó la suma de Bs600.-(seiscientos 00/100 bolivianos) por concepto de asistencia familiar a favor del referido menor a los fines de cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación y otros, pagaderos en forma mensual, estableciéndose también el pago de 50% sobre gastos de salud y educación y cuatro mudas de ropa al año, dicho documento fue reconocido en sus firmas y rubricas ante Notario de Fe Pública el mismo día de su suscripción.

El 5 de febrero de 2021, la demandante de tutela, como madre del menor AA, presentó demanda de homologación de asistencia familiar, con base al documento suscrito, por efecto de la misma, el 11 de igual mes y año, el Juez de Instrucción Penal y Familiar Primero de Bermejo del departamento de Tarija, mediante Resolución 05/2021, homologó el acuerdo “Transaccional de Fijación de la Asistencia Familiar”, señalando en el punto primero que la asistencia familiar corre a partir de la presente Resolución, desconociendo la naturaleza del proceso de “HOMOLOGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR”, debido a que, no se trata de una demanda de “asistencia familiar”, al existir un acuerdo notariado en el que los padres del menor establecieron sus obligaciones, y que el procedimiento de acuerdo al Código de las Familias y el Proceso Familiar (CFPF) es de resolución inmediata. El 25 de febrero de 2024, presentó la planilla de asistencia familiar debidamente detallada, la que fue observada por el obligado, mereciendo la emisión del Auto de 2 de mayo de 2024, que rechazó la observación a la planilla; lo que dio lugar a que el padre de su hijo menor de edad, presente recurso de reposición con alternativa de apelación y siendo rectificada solo respecto a la asistencia familiar subsidiaria, la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolviendo el recurso de apelación alternativa, mediante Auto de Vista 72/2024 de 23 de septiembre, revocó totalmente el Auto de 2 de mayo de 2024, ordenando al Juez de origen, elabore una nueva planilla conforme a la Sentencia de 11 de febrero de 2021, considerando que la asistencia familiar corre a partir de la emisión de la indicada Sentencia, sin considerar que este vacío normativo ya fue resuelto por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0572/2015-S3 de 10 de junio.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el interés superior del niño, a la vida, a la alimentación, a la salud, a la habitación y a la educación del menor AA; citando al efecto los arts. 14. IV, 15.I, 16.I, 17, 18.I, 19.I, 58, 60 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 72/2024 de 23 de septiembre, emitido por la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; correspondiendo, se ordene a los Vocales ahora demandados emitan una nueva Resolución conforme a los derechos y garantías señalados, disponiendo que la cancelación de la asistencia familiar se la efectué desde la fecha del convenio transaccional de asistencia familiar conforme establece la jurisprudencia constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública virtual de la presente acción de amparo constitucional el 11 de abril de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 286 a 288, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela en representación de su hijo menor de edad AA, a través de su abogado, en audiencia, se ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe presentado el 11 de abril de 2025, cursante de fs. 283 a 285, manifestó que: a) La ahora parte demandante de tutela en observancia de la jurisprudencia establecida en la SCP 0746/2020-S3 de 18 de noviembre, no incluyó en la acción de amparo constitucional a Blanca Carolina Chamón Calvimontes, actual Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Segunda del citado Tribunal Departamental de Justicia; b) El Auto de Vista “42”/2024 -debió decir 72- es congruente con los agravios expuestos en el recurso de apelación, no existe falta de fundamentación o motivación, se valoró la prueba y los antecedentes procesales, puesto que la impugnación tenía como objeto la verificación de las omisiones efectuadas por el Juez de la causa a las observaciones a la planilla de liquidación realizadas por memorial de 10 de abril de 2024, así como la falta de pronunciamiento sobre las pruebas consistentes en recibos de pago y entregas de mudas de ropa emitidas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que evidenciaban que el obligado estaba cumpliendo con la asistencia subsidiaria; c) La Resolución impugnada solo hace referencia al cómputo de inicio del pago de asistencia familiar y no así a las demás observaciones realizadas, aclarando que corresponde a la autoridad judicial contrarrestar toda la prueba de cargo como de descargo, otorgar valor positivo o negativo a los recibos, facturas, notas, etc., siendo que en caso analizado, no solo existe la asistencia reflejada en un monto de dinero, sino también la asistencia subsidiaria; d) Se advirtió que la autoridad judicial asumió que la ejecución de pago de gastos extraordinarios o “asistencia familiar subsidiaria” se equipara a lo previsto en la asistencia familiar, en lo que respecta al apremio corporal, sin considerar que dicho procedimiento es inviable, en razón a la garantía de reserva legal en materia de privaciones de libertad debe estar expresamente regulada por ley; e) La motivación de una resolución no necesita ser amplia, sino que debe ser precisa y concisa, además de expresar de forma adecuada los fundamentos que la sustentan, pues los fundamentos no solo deben ser entendibles por los abogados sino por el ciudadano común, de ahí que, no necesariamente debe contener tecnicismos o respaldos jurídicos ampulosos; y, f) La acción de amparo constitucional no contiene la suficiente carga argumentativa para demostrar las vulneraciones de derechos alegados. Con base a dichos argumentos, solicitó se deniegue la tutela. Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 263.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Alejandro Arcil Estrada Palenque, en audiencia, a través de su abogado, manifestó que: 1) En la acción de amparo constitucional, no se precisó de manera clara y concisa, como se habría vulnerado el derecho al debido proceso; 2) Se adhiere a los argumentos expresados en su informe el Vocal demandado, especialmente sobre la falta de fundamentación de los agravios respecto a los derechos denunciados como vulnerados; 3) La ahora solicitante de tutela pretende dejar o modificar el Auto de Vista 072/2024 con la intención de que se deje sin efecto la Sentencia 05/2021 de 11 de febrero, sin haber activado los recursos correspondientes, habiendo precluido su derecho para cuestionar dicha resolución y por el contrario se evidencia la existencia de actos consentidos libre y expresamente; y, 4) “…en el artículo 96.2 de la Ley 1836…” (sic) no serán procedentes las acciones de amparo constitucional cuando existan actos consentidos libre y expresamente. Miguel Ángel Calizaya López, Juez de Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 242 vta.

I.2.4. Resolución

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 11 de abril de 2025, cursante de fs. 288 vta. a 291 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 72/2024 de 23 de septiembre, disponiendo que los Vocales demandados dicten nueva resolución, tomando en cuenta que el documento objeto de homologación se encuentra con reconocimiento de firmas y rubricas, correspondiendo en aplicación de la jurisprudencia constitucional, que el computo de la asistencia familiar debe considerarse desde la fecha de suscripción del documento, con base a los siguientes fundamentos i) No obstante que el Juez de la causa mediante Sentencia 05/2021 de 11 de febrero, dispuso que el cómputo de la asistencia debe efectuarse desde el pronunciamiento de la indicada Resolución; sin embargo, en resguardo y protección de los derechos e intereses del menor beneficiario y en aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0316/2011 de 1 de abril y la SCP 0011/2015-S1 de 29 de enero, las cuales establecieron como línea vinculante, que el cómputo debe realizarse desde la suscripción del documento y que el obligado tenía pleno conocimiento desde cuando le correspondía cancelar la asistencia familiar; ii) En el caso de los menores de edad, se prioriza siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes y la asistencia familiar cuando deviene de una homologación, corre desde la firma del acuerdo de asistencia familiar y no desde la citación con la demanda de homologación o la fecha de resolución del Juez, enfatizando la necesidad de una interpretación de la ley que garantice el cumplimiento efectivo de las obligaciones familiares acordadas; y, iii) Se debe considerar el error voluntario o lapsus calami en que incurrió el Juez y que contradice la jurisprudencia mencionada, al señalar que la asistencia familiar corre a partir de la fecha de la Resolución, error que no puede ser aplicado en resguardo del menor, más aún, si el obligado tenía pleno conocimiento, al aprobarse la planilla con la emisión del mandamiento de apremio.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 324 a 329); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 5 de febrero de 2021, Dayana Gladis Carrasco Rivera -madre del ahora accionante- interpuso demanda de homologación del acuerdo conciliatorio de asistencia familiar en favor de su hijo menor de edad AA, suscrito entre su persona y Alejandro Arcil Estrada Palenque -ahora tercero interesado- padre del referido menor, pidiendo que dicha asistencia se compute desde el 18 de septiembre de 2019, al ser la fecha de celebración del indicado acuerdo (fs. 7 y vta.). II.2. Mediante Sentencia 05/2021 de 11 de febrero, Miguel Ángel Calizaya López, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -ahora tercero interesado- homologó el documento privado transaccional de fijación de asistencia familiar de 18 de septiembre de 2019, con reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notaria de Fe Pública, estableciendo en el punto primero, que Alejandro Arcil Estrada Palenque, se obliga a pasar una asistencia familiar a favor de su hijo AA en el monto de Bs600.-, los que serán depositados mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario y/o progenitora quedando autorizada para retirar dichos depósitos, la progenitora, señalando que “…la asistencia familiar corre a partir de la presente resolución…” (sic [fs. 8 y vta.]). II.3. A través de memorial presentado el 9 de noviembre de 2023, ante el Juez Público de Familia e Instrucción Penal de Primero de Bermejo del departamento de Tarija, la parte ahora accionante, aclaró y presentó nueva planilla de asistencia familiar, computando el inicio de la misma desde el 18 de septiembre de 2019 (fecha de suscripción del documento transaccional) hasta el 18 de octubre de 2023 (fs. 56 a 58). II.4. Mediante decreto de 16 de febrero de 2024, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, aprobó la planilla de asistencia familiar, concediendo al obligado el plazo de tres días para efectuar la cancelación total, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de apremio (fs. 66). II.5. Por escrito presentado el 28 de febrero de 2024, ante el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del citado departamento; Alejandro Arcil Estrada Palenque, interpuso recurso de reposición contra la providencia de 16 de febrero de 2024, denunciando que la aprobación de la planilla de asistencia familiar es totalmente ilegal al computar desde la fecha de suscripción del documento transaccional contrariando lo establecido en la Sentencia 05/2021, que indicó que la asistencia familiar “…CORRE A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN…” (sic [fs. 71 a 72]). II.6. Mediante Auto de 11 de marzo de 2024, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del señalado departamento, declaró ha lugar al recurso de reposición planteado y determinando que la ahora impetrante de tutela presente nueva planilla de asistencia familiar, haciendo conocer todos los depósitos efectuados por concepto de la asistencia familiar subsidiaria y computar lo adeudado conforme a lo dispuesto en la referida Sentencia 05/2021 (fs. 78). II.7. Por memorial presentado el 25 de marzo de 2024, la ahora impetrante de tutela aclaró y presentó nueva planilla de asistencia familiar, señalando entre uno de sus argumentos, que no se debe confundir los procesos extraordinarios de asistencia familiar con los de resolución inmediata, en los cuales si bien existe un vacío normativo para determinar desde cuando comienza a correr la obligación, debe observar lo dispuesto por la SCP 0572/2015-S3 de 10 de junio, en la que se estableció que la asistencia familiar corre desde la fecha de suscripción del acuerdo transaccional y no desde la homologación del acuerdo (fs. 79 a 82).

II.8. A través del memorial presentado el 10 de abril de 2024, Alejandro Arcil Estrada Palenque, observó y rechazó la planilla de asistencia familiar, señalando entre uno de sus argumentos que no se puede modificar la Sentencia 05/2021 que se encuentra ejecutoriada y que dispuso que la asistencia familiar corre desde el 11 de febrero de 2021 y no desde la fecha de suscripción del documento transaccional (fs. 84 a 85). II.9. Por Auto de 2 de mayo de 2024, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del mencionado departamento, señaló que si bien en la Sentencia 05/2021 se dispuso que la asistencia familiar corra desde la fecha de dicha resolución; sin embargo, esta decisión se debió a un lapsus calami que contraviene los derechos del menor beneficiario, extremos que desde el principio fueron reconocidos por ambas partes, de ahí que, la primera planilla presentada, fue elaborada desde la suscripción del documento, la que fue aprobada sin observación por parte del obligado, al margen de existir vasta jurisprudencia, mediante la cual se establece que el pago de la asistencia familiar cuando es fruto de acuerdos suscritos entre las partes corre a partir de la suscripción del documento transaccional, determinado en el por tanto, rechazar la observación a la planilla de asistencia familiar y aprobar la misma, concediendo al obligado el plazo de tres días para haga efectiva su cancelación (fs.89 y vta.). II.10. Mediante memorial presentado el 20 de mayo de 2024, Alejandro Arcil Estrada Palenque, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 93 a 97); impugnación que fue resuelta por Auto de 25 de junio de 2023, a través del cual el Juez de la causa declaró con lugar al recurso de reposición solo respecto a la asistencia familiar subsidiaria y manteniendo en lo demás firme el Auto de 2 de mayo de 2024, concediendo la apelación en el efecto devolutivo (fs. 108 y vta.). II.11. Por Auto de Vista 72/2024 de 23 de septiembre, Yenny Cortez Baldiviezo y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de las Salas Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados-, señalaron que en caso de existir acuerdo voluntario sobre asistencia familiar entre los progenitores, solo puede ser efectivizada a partir de la homologación del acuerdo por parte de la autoridad judicial, siendo este acto procesal el que confiere al acuerdo eficacia jurídica propia a través de una sentencia para fines de ejecución y con base a este argumento y otros sobre la asistencia subsidiaria, revocó totalmente el Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2024, disponiendo que la actora presente nueva planilla de asistencia familiar bajo los parámetros establecidos en la Resolución (las negrillas son nuestras [fs. 207 a 211]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte peticionante de tutela denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el interés superior del niño, a la vida, a la alimentación, a la salud, a la habitación y a la educación del menor AA, en razón a que los Vocales ahora demandados al emitir el Auto de Vista 72/2024, revocando totalmente el Auto de 2 de mayo de 2024, que dispuso que la asistencia familiar se computa desde la fecha de la suscripción del documento transaccional y ordenar se elabore una nueva planilla conforme lo dispuesto en la Sentencia 05/2024, la cual estableció que la asistencia familiar corre a partir de la emisión de la indicada Sentencia, no consideraron que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0572/2015-S3 de 10 de junio, determinó que la asistencia familiar corre desde la fecha de suscripción del acuerdo transaccional y no desde la homologación del acuerdo. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Desde cuando se hace exigible la asistencia familiar en los procesos de resolución inmediata por homologación de acuerdos entre progenitores; c) El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial; d) El interés superior del niño; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. Desde cuando se hace exigible la asistencia familiar en los procesos de resolución inmediata por homologación de acuerdos entre progenitores

En relación al presente punto, de manera inicial cabe señalar que, existen dos formas de acceder a la asistencia familiar (demanda propiamente dicha y homologación), así, el Código de las Familias y del Proceso Familiar en correspondencia establece dos procedimientos: 1) El proceso extraordinario previsto en los arts. 434 a 444 del indicado cuerpo normativo cuyo procedimiento conlleva de manera esencial la demanda, contestación, audiencia, sentencia y apelación; este proceso que tendrá con fin la determinación de la asistencia familiar por parte de la autoridad judicial conforme a lo determinado en el mencionado Código. Asistencia familiar que de acuerdo a lo establecido en el art. 117 del citado Código, será exigible desde la citación con la demanda; y, 2) El proceso de resolución inmediata contenido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar a partir del art. 445 y ss., cuyo procedimiento básicamente se refleja en la demanda, oposición y excepciones (de existir) y resolución. Ahora bien, en relación al cumplimiento de la asistencia familiar debe considerarse que la ingente jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1553/2011-R de 11 de octubre, emitida dentro a consecuencia de la interposición de una acción de libertad en la que se denunció una detención indebida emergente de un proceso de homologación de asistencia familiar, sostuvo que:

“Por todo lo manifestado, tratándose de un proceso instaurado por asistencia familiar, donde prevalecen los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes; se tiene que el accionante al suscribir el documento transaccional, mediante el cual de manera voluntaria se obligó a cancelar cada mes cierto monto de dinero a favor de sus tres hijos, dicha obligación debió cumplirla sagradamente, sin esperar proceso o intimación judicial alguno, por cuanto ello iría a 11El Código de las Familias y del Proceso Familiar, en relación a los procesos de resolución inmediata determina: “ARTÍCULO 445. (ALCANCE). Se tramitarán por resolución inmediata las pretensiones siguientes:

a) Emancipación por desacuerdo.

b) Constitución de patrimonio familiar.

c) Autorización judicial para la administración de bienes.

d) Desacuerdo de los padres.

e) Voluntarios.

f) Cumplimiento de acuerdos.

g) Asistencia familiar cuando exista acuerdo.

ARTÍCULO 446. (TRÁMITE).

I. Admitida la solicitud con el cumplimiento de los requisitos formales y adjuntando los títulos o documentos en que se funde la pretensión, la autoridad judicial valorará la pretensión y dispondrá la citación, cuando corresponda.

II. De no presentarse oposición a la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución.

III. En caso de oponerse la o el demandado a la demanda y si la autoridad judicial considera la necesidad de una audiencia, dispondrá su realización en un plazo no mayor a tres (3) días; realizada la audiencia o sin ésta, emitirá Auto Definitivo dentro de los siguientes cinco (5) días.

ARTÍCULO 447. (APROBACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR O DISPENSA JUDICIAL). Presentada la solicitud de aprobación de asistencia familiar o dispensa judicial, y previo cumplimiento de los requisitos generales y adjuntados los documentos o títulos que fundamenten la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución dentro de los siguientes cinco (5) días, sin recurso ulterior.

La notificación con la liquidación de pago de asistencia familiar se practicará en secretaría de juzgado

ARTÍCULO 448. (DETERMINACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR).

I. Cuando exista determinación de asistencia familiar mediante documento público o reconocido ante Notario de Fe Pública o ante el conciliador judicial, que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales, capacidad y legitimación, acogerá la demanda mediante sentencia para su ejecución inmediata. II. La parte obligada tendrá el plazo de cinco (5) días para oponer las excepciones previstas en el Artículo 252 de este Código, con excepción del inciso g).

III. Tratándose de acuerdo sobre asistencia familiar celebrado entre las partes y si no existiere reconocimiento de firma y rúbrica, se podrá solicitar a la autoridad judicial intimación a la parte requerida para que cumpla la obligación asumida, previa su citación. Dentro del plazo de cinco (5) días el citado podrá presentar oposición, en cuyo caso el proceso se someterá al régimen extraordinario. En caso de no pronunciarse se aplicará lo previsto en el Parágrafo I del presente Artículo.

ARTÍCULO 449. (OPOSICIÓN). Las partes o cualquier persona con interés legítimo podrá deducir oposición contra la pretensión planteada en este procedimiento, o en asistencia familiar después de estar resueltas las excepciones, dentro de un plazo no mayor a tres (3) días de pronunciada la resolución, en cuyo caso la autoridad judicial declarará la contención, disponiendo que la parte opositora deduzca su demanda ordinaria o extraordinaria, en el plazo de treinta (30) días. Si el opositor no formaliza la demanda en el plazo anteriormente señalado, quedará caducado su derecho.

cubrir las necesidades vitales de los beneficiarios menores de edad, imprescindibles para su desarrollo integral, cuyos derechos se encuentran especialmente protegidos en la Constitución Política del Estado, por estar considerados como un grupo social vulnerable, prevaleciendo en todo caso su interés superior, por encima de formalismos de carácter procedimental de los que pudiera valerse, como en este caso, quien tiene el deber fundamental de asistir, alimentar y educar a sus hijas e hijos (art. 108.9 de la CPE)” (énfasis añadido).

Ahora bien, el entendimiento contenido en la SCP 1553/2011-R, fue reiterado por la SCP 0886/2012 de 20 de agosto, proferida dentro de una acción de amparo constitucional en la que denunció que en el proceso de homologación de asistencia familiar, en segunda instancia, se revocó la resolución que determinó que la asistencia corría a partir de la suscripción del documento homologado, debido a que imponerse una asistencia familiar después de catorce años causaría daño económico al obligado; señalando que:

“…la Resolución emitida por la autoridad demandada, tiene características típicas de una justicia formal y por ende colonial, siendo insostenible persistir en que el padre a sabiendas de ser progenitor, pretenda asistir sólo la prenatalidad y gastos hospitalarios, olvidándose de por vida de la alimentación, educación, vivienda y otros derechos inherentes a su propia hija; y al mismo tiempo, inadmisible que en el caso de autos, el pago de la asistencia familiar corra desde la citación con la demanda, soslayando todo el tiempo transcurrido desde la suscripción del documento, en el que el obligado no demostró haber proveído para el sostenimiento de su hija; no obstante, el compromiso por él mismo adquirido” (las negrillas son agregadas).

Posteriormente, mediante la SCP 1187/2013 de 31 de julio, proferida dentro de una acción de amparo constitucional en la que la parte accionante denunció que dentro de un proceso de homologación de asistencia familiar, en segunda instancia se anuló la determinación que dispuso el pago de la asistencia familiar a partir de la suscripción del acuerdo debido a que no se habría seguido el procedimiento previsto para los procesos de asistencia familiar y además que el “monto” corría a partir de la homologación; este Tribunal concedió la tutela, sosteniendo en relación a la efectivización o cumplimiento de la asistencia familiar que:

“Respecto a la aseveración de la autoridad jurisdiccional ahora demandada respecto a que la asistencia familiar debe surtir efectos a partir de su homologación por autoridad competente y no retroactivamente; ésta contradice los fines de la asistencia familiar, ya que éste instituto jurídico tiene, por objeto proveer recursos económicos para la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, habitación, atención médica, estudio y recreación del beneficiario, máxime cuando se trata de menores de edad quienes son considerados como un grupo vulnerable, por lo que el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de garantizar su desarrollo integral, resultando inadmisible que el pago de la asistencia familiar corra desde la homologación del acuerdo, toda vez que el obligado voluntariamente estableció en el documento transaccional de 2 de julio de 2009, que el mismo surtía sus efectos a partir de su suscripción” (negrillas agregadas).

En igual sentido, en cuanto a la exigibilidad de la asistencia familiar, a través de la SCP 1922/2014 de 25 de septiembre, se sostuvo que:

“La jurisprudencia constitucional, al respecto, señala que es «…inadmisible que en el caso de autos, el pago de la asistencia familiar corra desde la citación con la demanda, soslayando todo el tiempo transcurrido desde la suscripción del documento, en el que el obligado no demostró haber proveído para el sostenimiento de su hija; no obstante, el compromiso por él mismo adquirido» (SCP 0886/2012 de 20 de agosto); determinación que en el presente caso es de carácter vinculante y debe ser observada por tener semejanza de hechos fácticos, al margen de precautelar la vigencia y protección de los derechos de los hijos de la accionante. Por ende, las autoridades demandadas al haber dispuesto que la asistencia familiar pactada (extra judicialmente) el 20 de julio de 2011, corriera a partir de la citación con la demanda de homologación del documento y no así desde la suscripción del mismo, no guardaron sujeción a los postulados proclamados en nuestra Norma Suprema, expuestos precedentemente, que exige a las autoridades demandadas proteger el interés superior de los hijos menores de edad, que están en estado de vulnerabilidad respecto al cumplimiento real y efectivo de las obligaciones familiares libremente contraídas por sus progenitores, correspondiendo aplicar el Fundamento Jurídico III.1 que faculta a éste Tribunal, garantizar el libre y eficaz ejercicio de los derechos de los menores, representados por la accionante, en razón a que se constató que las autoridades demandadas a momento de aplicar el ordenamiento jurídico lesionaron el derecho de la accionante a obtener una tutela judicial efectiva de los derechos de sus hijos, en su vertiente de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión planteada dentro de la demanda de homologación de acuerdo “transaccional” planteada el 14 de septiembre de 2012, así como el debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley” (énfasis añadido). En mérito a lo expuesto, se tiene que en los procesos de resolución inmediata que tengan por objeto la consideración de la asistencia familiar por acuerdo, dicha asistencia será exigible desde la suscripción del acuerdo, pues un entendimiento contrario (determinar la exigibilidad de la asistencia a partir de la citación con la demanda o con la homologación) es contrario al interés superior del niño.

III.3. El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial

El art. 196.I de la CPE señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”

A partir de dicha previsión constitucional el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; así, siguiendo esa concepción, de manera muy acertada el constitucionalista José Antonio Rivera Santivañez señaló:

“Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución” (el resaltado es nuestro). Es así que, en esa condición y dada esa labor tan importante, la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional a través de sus fallos constitucionales adquiere fuerza vinculante y obligatoria, por ello es que la misma Constitución Política del Estado declara esa fuerza cuando expresamente en su art. 203 refiere: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; lo cual, fue debidamente entendido por el legislador, dándole más contundencia a este precepto en el Código Procesal Constitucional, cuando establece:

“Artículo 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS). I Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público,

legisladores, autoridades, tribunales y particulares” (el resaltado es nuestro).

Este marco legal, le ha otorgado valor a la jurisprudencia constitucional al constituirse fuente directa del derecho, por lo cual, la doctrina contenida en la misma, se instituye como el precedente obligatorio, precisamente por esa fuerza vinculante, que permite una adecuada interpretación y aplicación de las normas contenidas en la Constitución, además de generar una base previsible de precedentes, cuyo respeto y aplicación en un conjunto de casos específicos, determinen qué es lo que está constitucionalmente prescrito, dando coherencia y unidad al sistema jurídico, y al mismo tiempo garantizando la supremacía de la Constitución; en tal entendido, las Sentencias Constitucionales no solo están revestidas de la autoridad de cosa juzgada, sino de la fuerza vinculante, pues en esa labor interpretativa se crea sub reglas y doctrina constitucional que delimitan positivamente los derechos humanos y fundamentales y los mismos se constituyen en el precedente constitucional de carácter obligatorio no solo para la jurisdicción ordinaria y autoridades públicas en general, sino, lo es aún más para el propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Consecuentemente, esa obligatoriedad ha hecho que surja la necesidad de dejar en claro, en que parte de una sentencia constitucional se encuentra la fuerza vinculante; al respecto Rivera Santivañez sostiene que, la labor interpretativa de normas tanto supra como infra constitucionales sometidas a control, y efectuadas desde y conforme a la Constitución, en algunos casos crean derechos, precisando el alcance de las reglas jurídicas existentes, llenando vacíos o resolviendo contradicciones existentes en el ordenamiento jurídico; por lo que, en esas interpretaciones o creación de derechos, se encuentra inmersa la razón de la decisión (ratio decidenci), y es donde se encuentra la fuerza vinculante del fallo constitucional; en el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional señaló que los fundamentos determinantes del fallo o razones de la decisión son vinculantes y en consecuencia su aplicación es obligatoria; de igual forma se entiende de lo establecido en el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuando señala:

“Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares” (el resaltado nos pertenece). A partir de allí, el Tribunal Constitucional emitió fallos con el fin de brindar herramientas para un correcto entendimiento sobre la fuerza vinculante, sus efectos y aplicación; entre ellos, corresponde invocar a la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que se constituye en un referente, al haber desarrollado un análisis técnico jurídico de la jurisprudencia constitucional para su aplicación e invocación, en la cual también precisó la distinción entre el precedente constitucional y la ratio decidendi, señalando que:

“En efecto, si nos preguntamos ¿qué parte de las resoluciones constitucionales es vinculante?, no podríamos concluir simple y llanamente que es la ratio decidendi, debido a que todas las resoluciones tienen una o varias razones jurídicas de la decisión, empero, no todas crean Derecho, Derecho de origen jurisprudencial, a través de la interpretación, integración e interrelación de las normas. Por ello, que existe diferencia entre ratio decidendi y precedente constitucional. Entonces, se puede llamar precedente constitucional vinculante cuando éste es el fruto, el resultado de la interpretación y argumentación jurídica realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Como ocurrió en las siguientes resoluciones: La interpretación de una norma jurídica Declaración Constitucional 003/2005-R de 8 de junio, (interpretación del art. 118.5 CPE); SC 0101/2004-R, interpretación del art. 133 y de la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal. La integración SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, e interrelación, SC 0421/2007-R de 22 de mayo, de las normas jurídicas. Por lo que, el precedente constitucional es una parte de toda la Sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es aquello que la Constitución Política del Estado prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas. Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R). Entonces ¿Qué es el precedente constitucional vinculante? Para responder a esta cuestionante, es preciso redundar en que: No es el texto íntegro de la sentencia, no es sólo la parte resolutiva de la sentencia (decisum), no es el obiter dictum, no es toda la ratio decidendi. Los precedentes constitucionales están sólo en las sentencias relevantes. Se identifican a las sentencias relevantes porque son sentencias fundadoras, moduladoras, que reconducen o cambian una línea jurisprudencial expresamente o tácitamente. En el precedente constitucional se consignan: “las subreglas de Derecho”, “normas adscritas” o “concreta norma de la sentencia”, resultantes de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución Política del Estado o de las disposiciones legales. Estas tienen más jerarquía y fuerza jurídica que las propias leyes, porque el Tribunal Constitucional es el último aplicador del Derecho. El profesor Cifuentes, señaló que la sub-regla, “Es el corazón de la decisión, de la cosa decidida” (El resaltado es agregado). En tal sentido, se tiene claro que, el precedente constitucional, es la parte de la sentencia constitucional, en la que a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución, ya sea de las normas constitucionales o del ordenamiento jurídico, se crea algún derecho o ciertas sub reglas, y estas se encuentran inmersas en la razón de la decisión, constituyéndose por tanto, en el sustento de la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales; y, esta vinculatoriedad conlleva a la obligatoriedad horizontal y vertical; en el primer caso, para el propio Tribunal Constitucional y en el segundo, para los tribunales y jueces de jerarquía inferior, quienes deben aplicar de forma obligatoria -observado las condiciones formales y materiales-, las sub reglas creadas por el máximo intérprete de la Constitución.

III.4. El interés superior del niño

En 1989, a través de la Convención sobre los Derechos de los Niños se enfatizó que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, siendo inclusive que merecen una protección especial o reforzada, razón por la cual en su art. 3.1 se estableció que:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (negrillas añadidas). Así, en mérito al contenido de dicho instrumento internacional, el Comité de los Derechos del Niños como parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizando un análisis y explicación practica del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, a través de la Observación General 14 sobre el Derecho del Niño a que su Interés Superior sea una Consideración Primordial, enfatizó que de manera inicial que el interés superior del niño es un concepto triple:

“a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.” Asimismo, en la referida Observación General 14 se determinó que, las autoridades públicas y las organizaciones que toman decisiones que afectan a los niños deben llevar a cabo su cometido respetando la obligación de evaluar y determinar el interés superior del niño, y para ello deben seguir los siguientes pasos: a) Determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso (la opinión del niño; la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones; cuidado, protección y seguridad del niño; situación de vulnerabilidad;

15Observación General 14. Cuidado, protección y seguridad del niño: “71. Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3, párr. 2). Los términos "protección" y "cuidado" también deben interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa con una fórmula limitada o negativa (por ejemplo, "para proteger al niño de daños"), sino en relación con el ideal amplio de garantizar el "bienestar" y el desarrollo del niño. El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad.

72. El cuidado emocional es una necesidad básica de los niños; si los padres o tutores no satisfacen las necesidades emocionales del niño, se deben tomar medidas para que el niño cree lazos afectivos seguros. Los niños necesitan establecer un vínculo con los cuidadores a una edad muy temprana, y ese vínculo, si es adecuado, debe mantenerse a lo largo de los años para ofrecer al niño un entorno estable.

73. La evaluación del interés superior del niño también debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes, así como contra la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, los estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, etc. (arts. 32 a 39).

74. Aplicar el enfoque del interés superior del niño en el proceso de toma de decisiones entraña evaluar la seguridad y la integridad del niño en ese preciso momento; sin embargo, el principio de precaución exige valorar también la posibilidad de riesgos y daños futuros y otras consecuencias de la decisión en la seguridad del niño.

el derecho del niño a la salud; el derecho de niño a la educación), dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás.

b) Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho, como lo son, entre otros:

“La argumentación jurídica 97. A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial (véase más arriba el párrafo 38). Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones 98. Los Estados deben establecer mecanismos en el marco de sus ordenamientos jurídicos para recurrir o revisar las decisiones concernientes a los niños cuando alguna parezca no ajustarse al procedimiento oportuno de evaluación y determinación del interés superior del niño o los niños. Debería existir siempre la posibilidad de solicitar una revisión o recurrir una decisión en el plano nacional. Los mecanismos deben darse a conocer al niño, que ha de tener acceso directo a ellos o por medio de su representante jurídico, si se considera que se han incumplido las garantías procesales, los hechos no son exactos, no se ha llevado a cabo adecuadamente la evaluación del interés superior del niño o se ha concedido demasiada importancia a consideraciones contrapuestas. El órgano revisor ha de examinar todos esos aspectos. La evaluación del impacto en los derechos del niño

99. Como se ha señalado más arriba, la adopción de todas las medidas de aplicación también debe seguir un procedimiento que garantice que el interés superior del niño sea una consideración primordial. La evaluación del impacto en los derechos del niño puede prever las repercusiones de cualquier proyecto de política, legislación, reglamentación, presupuesto u otra decisión administrativa que afecte a los niños y al disfrute de sus derechos, y debería complementar el seguimiento y la evaluación permanentes del impacto de las medidas en los derechos del niño. La evaluación del impacto debe incorporarse a todos los niveles y lo antes posible en los procesos gubernamentales de formulación de políticas y otras medidas generales para garantizar la buena gobernanza en los derechos del niño. Se pueden aplicar diferentes metodologías y prácticas al llevar a cabo la evaluación del impacto. Como mínimo, se deben utilizar la Convención y sus Protocolos facultativos como marco, en particular para garantizar que las evaluaciones se basen en los principios generales y tengan especialmente en cuenta los efectos diferenciados que tendrán en los niños la medida o medidas que se examinen. La propia evaluación del impacto podría basarse en las aportaciones de los niños, la sociedad civil y los expertos en la materia, así como de los organismos públicos correspondientes, las investigaciones académicas y las experiencias documentadas en el propio país o en otros. El análisis debería culminar en la formulación de recomendaciones de modificaciones, alternativas y mejoras y ponerse a disposición del público”. Ahora bien, cabe precisar que, nuestra legislación doméstica si bien no es ampulosa en cuanto al desarrollo del interés superior del niño, contiene la esencia del mismo, pues conforme se tiene del art. 60 de la CPE:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, el Código de las Familias y del Proceso Familiar en su art. 6 inc. i) con similar contenido establece como uno de los principios que sustenta dicho cuerpo normativo es el interés superior del niño, señalando al efecto:

“El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar” (las negrillas son nuestras). Bajo esos antecedentes se deja en claro que todas las entidades estatales, como los administradores de justicia y la sociedad en general están en la obligación de adoptar, implementar y promover las medidas especiales de protección a los niños, niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse en plenitud.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el interés superior del niño, a la vida, a la alimentación, a la salud, a la habitación y a la educación del menor AA, en razón a que los Vocales ahora demandados al emitir el Auto de Vista 72/2024, revocando totalmente el Auto de 2 de mayo de 2024, que dispuso que la asistencia familiar se computa desde la fecha de la suscripción del documento transaccional y ordenar se elabore una nueva planilla conforme lo dispuesto en la Sentencia 05/2024, la cual estableció que la asistencia familiar corre a partir de la emisión de la indicada Sentencia, no consideraron que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0572/2015-S3 de 10 de junio, determinó que la asistencia familiar corre desde la fecha de suscripción del acuerdo transaccional y no desde la homologación del acuerdo. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que Dayana Gladis Carrasco Rivera -ahora demandante de tutela- por memorial presentado el 5 de febrero de 2021, interpuso demanda de homologación del acuerdo transaccional de asistencia familiar en favor de su hijo menor de edad AA, suscrito entre su persona y Alejandro Arcil Estrada Palenque -ahora tercero interesado- padre del referido menor, pidiendo que dicha asistencia se compute desde el 18 de septiembre de 2019, al ser la fecha de celebración del indicado acuerdo (Conclusión II.1.). En mérito a ello, Miguel Ángel Calizaya López, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -ahora también tercero interesado-, mediante Sentencia 05/2021 de 11 de febrero, homologó el documento privado transaccional de fijación de asistencia familiar de 18 de septiembre de 2019, con reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notaria de Fe Pública, estableciendo en el punto primero, “…la asistencia familiar corre a partir de la presente resolución…” (sic [Conclusión II.2.]). En ejecución de la referida Resolución, la solicitante de tutela, aclaró y presentó nueva planilla de asistencia familiar computando el inicio de la misma desde el 18 de septiembre de 2019, (fecha de suscripción del documento transaccional) hasta el 18 de octubre de 2023 (Conclusión II.3.). Una vez puesta con conocimiento del obligado la referida planilla, por providencia de 16 de febrero de 2024, el Juez de la causa, aprobó la planilla de asistencia familiar (Conclusión II.4.). Por escrito presentado el 28 de febrero de 2024, ante el Juez de origen, Alejandro Arcil Estrada Palenque, interpuso recurso de reposición contra la providencia de 16 de febrero de 2024, denunciando que la aprobación de la planilla de asistencia familiar es totalmente ilegal al computar desde la fecha de suscripción del documento transaccional contrariando lo establecido en la Sentencia 05/2021 que indicó que la asistencia debe correr desde el 11 de febrero de 2021 (Conclusión II.5.). Como consecuencia, mediante Auto de 11 de marzo de 2024, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, declaró ha lugar al recurso de reposición planteado y determinando que la hoy impetrante de tutela presente nueva planilla de asistencia familiar, computando lo adeudado conforme a lo dispuesto en la Sentencia 05/2021 (Conclusión II.6.). Por memorial presentado el 25 de marzo de 2024, la ahora impetrante de tutela aclaró y presentó nueva planilla de asistencia familiar, señalando entre uno de sus argumentos, que de acuerdo a lo dispuesto por la SCP 0572/2025-S3 de 10 de junio, la asistencia familiar corre desde la fecha de suscripción del acuerdo transaccional y no desde la homologación del acuerdo (Conclusión II.7.). En respuesta, Alejandro Arcil Estrada Palenque, por memorial presentado el 10 de abril de 2024, observó y rechazó la planilla de asistencia familiar, señalando entre uno de sus argumentos que no se puede modificar la Sentencia 05/2021 que se encuentra ejecutoriada y que dispuso que la asistencia familiar corre desde el 11 de febrero de 2021 y no desde la fecha de suscripción del documento transaccional (Conclusión II.8.). Por Auto de 2 de mayo de 2024, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del citado departamento, señaló que si bien en la Sentencia 05/2021 se dispuso que la asistencia familiar corra desde la fecha de dicha resolución; sin embargo, esta decisión se debió a un lapsus calami que contravino los derechos del menor beneficiario y la vasta jurisprudencia, mediante la cual se establece que el pago de la asistencia familiar cuando es fruto de acuerdos suscritos entre las partes corre a partir de la suscripción del documento transaccional (Conclusión II.9.). Como consecuencia, por memorial presentado el 20 de mayo de 2024, Alejandro Arcil Estrada Palenque, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el que fue resuelto por Auto de 25 de junio de 2023, a través del cual el Juez de la causa, declaró con lugar al recurso de reposición solo respecto a la asistencia familiar subsidiaria y manteniendo en lo demás firme el Auto de 2 de mayo de 2024, concediendo la apelación en el efecto devolutivo (Conclusión II.10.). Finalmente, por Auto de Vista 72/2024 de 23 de septiembre, la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Segunda del mencionado Tribunal Departamental de Justicia, señaló que en caso de existir acuerdo voluntario sobre asistencia familiar entre los progenitores, solo puede ser efectivizada a partir de la homologación del acuerdo por parte de la autoridad judicial, siendo este acto procesal el que confiere al acuerdo eficacia jurídica propia a través de una sentencia para fines de ejecución y con base a este argumento y otros sobre la asistencia subsidiaria, revocó totalmente el Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2024, disponiendo que la actora presente nueva planilla de asistencia familiar bajo los parámetros establecidos en la Resolución emitida (Conclusión II.11.).

Con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, corresponde emitir pronunciamiento respecto a lo alegado por la autoridad demandada en su informe y lo señalado en audiencia por el tercero interesado, en ese sentido, la autoridad demandada, refiere que la ahora peticionante de tutela en observancia de la jurisprudencia establecida en la SCP 0746/2020-S3 de 18 de noviembre, debió incluir en la acción de amparo constitucional a Blanca Carolina Chamón Calvimontes, actual Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Pública Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia. Al respecto, si bien la acción de defensa debe ser interpuesta contra las actuales autoridades que ostentan el cargo desde el cual se cometió el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida; es decir, contra las autoridades que están actualmente en el ejercicio del cargo, pero solo a efectos de una responsabilidad institucional y no así de una de carácter personal, ya que en caso de pretender que se determinen responsabilidades personales, la acción de amparo constitucional necesariamente deberá ser interpuesta contra las autoridades que dejaron el cargo; en ese entendido, se establece que esta acción de defensa puede ser planteada solo contra las actuales autoridades (SCP 0453/2021-S1 de 16 de septiembre), cuando no se pretenda la determinación de la responsabilidad personal de las exautoridades que asumían el cargo, sino únicamente para el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, invocados como vulnerados. En ese orden, de los antecedentes se advierte que la acción de amparo constitucional, fue interpuesta contra los Vocales que suscribieron el Auto de Vista 72/2024; empero, falto incluir a la actual Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Segunda de ese Tribunal Departamental de Justicia, dicha omisión por sí misma no invalida la admisión de esta acción de defensa, porque la concesión de tutela únicamente causa un efecto institucional; más aún si el Vocal que presentó el informe sigue siendo parte la indicada Sala, aspectos que impide un pronunciamiento de nulidad por este motivo, al no evidenciarse vulneración de derechos de la actual Vocal de la previamente identificada Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia Segunda. Asimismo, Alejandro Arcil Estrada Palenque -ahora tercero interesado- en audiencia, manifestó que la ahora impetrante de tutela pretende dejar o modificar el Auto de Vista 072/2024, con la intención de que se deje sin efecto la Sentencia 05/2021 de 11 de febrero, sin haber activado los recursos correspondientes, precluyendo su derecho para cuestionar dicha resolución, lo que evidenciaría la existencia de actos consentidos libre y expresamente.

Al respecto, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, estableció subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, siendo necesario considerar:

“a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; y, c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos” En esa línea, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional deviene de un proceso de resolución inmediata, es preciso señalar que, el procedimiento general establecido en el art. 446 del CFPF no determina de manera expresa la posibilidad de interponer algún medio de impugnación contra la resolución que resuelva la pretensión; no obstante, el art. 447 de igual cuerpo normativo, que es específico para los casos de aprobación de asistencia familiar, estipula que emitida la resolución no existe recurso ulterior; en ese sentido, lo referido denota a prima facie la inconcurrencia del primer presupuesto para la existencia de los actos consentidos; y, respecto a las otras subreglas señaladas, se tiene que la solicitante de tutela interpuso la acción de amparo constitucional dentro del plazo de los seis meses previstos en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, demostrando con ello que no se encuentra conforme con la determinación asumida en el Auto de Vista 72/2024; por lo que, no se advierte la existencia de actos consentidos.

Efectuadas las consideraciones previas, no existiendo óbice para ingresar al análisis de fondo de la presente problemática, tomando en cuenta que la peticionante de tutela denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en el entendido que, los Vocales ahora demandados al emitir el Auto de Vista 72/2024, revocando totalmente el Auto de 2 de mayo de 2024, que estableció que la asistencia familiar corre desde la suscripción del acuerdo transaccional y ordenar se elabore una nueva planilla conforme lo dispuesto en la Sentencia 05/2021 de 11 de febrero, la cual estableció, que la asistencia familiar corre a partir de la emisión de la indicada Sentencia, no consideraron que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0572/2015-S3 de 10 de junio, determinó que la asistencia familiar corre desde la fecha de suscripción del acuerdo transaccional y no desde la homologación del acuerdo. En este contexto, debe precisarse que para resolver la problemática expuesta, corresponde ingresar a examinar los fundamentos y razonamientos del Auto de Vista 72/2024, a objeto de determinar si mediante los mismos se vulneraron los derechos denunciados por la impetrante de tutela, y se tiene:

i) De acuerdo a lo previsto en el art. 60 de la CPE, es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; asimismo, el art. 220 del CFPF, enumera los principios del proceso familiar entre los que se encuentra el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que implica que las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, decisión o acción jurisdiccional en a que involucre una niña, niño y adolescente, se guiaran en el interés de estos, precautelando sus derechos con preeminencia primacía prioridad con relación a los demás sujetos. ii) De acuerdo al art. 109 del CFPF, la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta, surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se presta voluntariamente; priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. iii) Cuando existe un acuerdo suscrito en los padres, quienes de manera voluntaria deciden convenir sobre el pago de pensiones a sus hijos, estableciendo quienes serán los obligados y quienes los beneficiarios, el monto de asistencia familiar, este debe ser homologado previo cumplimiento de las formalidades legales, a cuyo efecto el juez competente se limitará a examinar si se cumplieron los requisitos exigidos por ley, para que confiera eficacia jurídica propia de una sentencia para fines de su ejecución forzosa. iv) En el caso presente, Dayana Gladis Carrasco Rivera en su calidad de madre y Alejandro Arcil Estrada Palenque en su condición de padre, el 18 de septiembre de 2019, suscribieron un acuerdo transaccional de fijación de asistencia familiar, en el que, entre otros puntos, acordaron que el padre debe cancelar Bs600.- por concepto de asistencia familiar a favor de su hijo menor de edad AA, mediante depósitos mensuales en una cuenta bancaria que la madre aperturará para ese efecto y conviniendo que la asistencia familiar correrá a partir de cada quince del mes. Dicho documento privado fue presentando ante el Juzgado el 5 de febrero de 2021, para su homologación, solicitud que fue acogida favorablemente por Sentencia 05/2021, decisión que dejó establecido de forma expresa que la asistencia familiar se computará a partir de la fecha de homologación del acuerdo, entendiéndose que los anteriores meses el obligado cumplió con el pago. El cumplimiento del acuerdo transaccional de fijación de asistencia v) familiar, no puede ser exigido judicialmente sino a partir de su homologación, por ello, si la demandante dejó transcurrir un año y cinco meses, desde que firmó el acuerdo transaccional sin solicitar su homologación, no puede pretender que se constriña al demandado al cumplimiento de una obligación que hasta antes de la homologación era voluntario, de ahí que, esta obligación solo puede ser efectivizada a partir de la homologación del acuerdo por parte de la autoridad judicial, ya que es este acto procesal el que confiere al acuerdo eficacia jurídica propia a través de la sentencia para fines de su ejecución forzosa. vi) Si bien el acuerdo se homologa en la forma y desde la fecha en que las partes libremente han convenido, su ejecución forzosa por parte del juez, solo puede regir a partir de la fecha en que se reconoció eficacia jurídica al documento y por lo tanto su exigibilidad en sede judicial no puede ser anterior a la fecha de su homologación, puesto que, para que los acuerdos adquieran calidad de cosa juzgada, surtan efectos jurídicos propios de sentencia y sea exigible su ejecución, conforme lo establece la Circular 4/09 de 17 de marzo de 2009, emitida por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. vii) La resolución apelada atentaría al debido proceso, puesto que, resulta evidente que el juzgador no podría modificar lo resuelto en la sentencia ejecutoriada, con el argumento de que se trata de un lapsus calami o que se estuviera infringiendo el interés superior del niño, sin considerar que velándose por los derechos del menor de edad se homologó el acuerdo para que sea cumplido por la parte obligada, lo cual no resulta vinculante con la determinación de inicio de cómputo para la exigencia de dicha obligación, debiendo en todo caso la parte demandante presentar nueva planilla de asistencia familiar tomando en cuenta el correcto inicio para la exigencia de la obligación. viii) La resolución impugnada solo hace referencia al cómputo de inicio del pago de la asistencia familiar, mas no hace referencia a las demás observaciones realizadas en el memorial de observación a la planilla, en consecuencia, corresponderá al juez de la causa contrastar toda la prueba de cargo y descargo, otorgando valor positivo o negativo a los recibos, facturas, notas, etc., tomando en cuenta que el acuerdo no solo establece un monto de asistencia familiar económica sino también subsidiaria. ix) El Juez de la causa, asume que la ejecución de pago de gastos extraordinarios o “asistencia familiar subsidiaria” se equipara a lo previsto para la asistencia familiar, en lo que respecta a la medida de apremio corporal, sin considerar que dicha analogía de procedimiento es inviable, en razón a la garantía de reserva legal en materia de privaciones de libertad, de ahí que, ante la inexistencia de un procedimiento legal de ejecución ante el incumplimiento de los gastos extraordinarios, el Juez actúo de forma equivocada y por lo tanto el mandamiento de apremio se torna ilegal. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se sabe que, toda resolución judicial o administrativa debe exponer los hechos, el fundamento legal y los motivos de su decisión. En consecuencia, el derecho al debido proceso implica la obtención de una resolución fundada en derecho que constituya una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad, lo que involucra que la resolución sea motivada, conteniendo los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles fueron los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad y no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia. Así, conocidos los fundamentos que dieron lugar a la emisión del Auto de Vista 72/2024, se advierte que, en relación al elemento fundamentación, la autoridad judicial demandada únicamente se limitó a citar el art. 60 de la CPE, 220 y 333 del CFPF que establecen el deber del Estado, la sociedad y la familia de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, y la preeminencia de protección de sus derechos y socorro en cualquier circunstancia y frente a los demás sujetos, además del acceso a la justicia pronta y oportuna y la valoración probatoria, sin citar ningún precepto legal ni jurisprudencial que permita determinar que el pago de asistencia familiar por acuerdo de los progenitores se haga efectiva a partir de la resolución de homologación de dicho documento; por lo que, es evidente que en el presente caso, los Vocales ahora demandados no realizaron un análisis normativo o jurisprudencial crítico, que permita seleccionar la norma o fuente de derecho aplicable, y la asignación de su sentido; en ese entendido, los Vocales ahora demandados incurrieron en vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación al omitir el deber de justificar en derecho el Auto de Vista 72/2024. Por otra parte, en relación al elemento motivación, debe señalarse que, habiendo el Auto de Vista 72/2024, incurrido en una evidente falta de fundamentación, como lógica consecuencia dicha Resolución también carece de motivación, pues no se puede concebir la existencia de una adecuada motivación sino se tiene el precepto legal sobre el cuál se realice el análisis lógico-jurídico, lo que impide comprender el por qué se asumió la decisión de establecer que la ejecución forzosa por parte del juez, solo puede regir a partir de la fecha en que se reconoció eficacia jurídica al documento y por lo tanto su exigibilidad en sede judicial no puede ser anterior a la fecha de su homologación, descartando la postura del Juez de la causa que determinó que el pago de la asistencia familiar corría desde la suscripción del acuerdo suscrito; tampoco explicó las razones por las cuales considera inmodificable la Sentencia 05/2021 y con calidad de cosa juzgada; a pesar de la existencia de vulneración del derecho a la asistencia familiar del menor beneficiario con la determinación de considerarse que la misma corre desde la fecha de la resolución que homologa el acuerdo transnacional; en tal sentido, al no explicar los motivos de su decisión para revocar la Resolución de 2 de mayo de 2024, el Auto de Vista 72/2024, se torna en arbitrario, denotando que los Vocales ahora demandados inobservaron su obligación de motivar el mencionado Auto de Vista. A lo referido debe añadirse que, si bien por Sentencia 05/2021, el Juez de la causa, homologó el acuerdo transaccional de fijación de asistencia familiar de 18 de septiembre de 2019, estableciendo en el punto primero, que la asistencia familiar acordada corre a partir de la presente resolución, decisión que fue confirmada mediante Auto de 11 de marzo de 2024; sin embargo, por Auto de 2 de mayo de 2024, el referido Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, mutó dicha decisión, al señalar que, si bien en la Sentencia 05/2021, se dispuso que la asistencia familiar corra desde la fecha de dicha Resolución, esta decisión se debió a un lapsus calami que contravino los derechos del menor beneficiario y la vasta jurisprudencia, mediante la cual se establece que el pago de la asistencia familiar cuando es fruto de acuerdos suscritos entre las partes corre a partir de la suscripción del documento transaccional. Decisión que fue ratificada por Auto de 25 de junio de 2023, resolviendo el recurso de reposición con alternativa de apelación y concediendo la apelación en el efecto devolutivo. No obstante, esta decisión que beneficiaba al menor AA, los Vocales ahora demandados resolviendo la apelación, por Auto de Vista 72/2024 de 23 de septiembre, revocaron totalmente el Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2024, disponiendo que la actora -ahora peticionante de tutela- presente nueva planilla de asistencia familiar bajo los parámetros establecidos en la Resolución emitida, argumentando que, en caso de existir acuerdo voluntario sobre asistencia familiar entre los progenitores, solo puede ser efectivizada a partir de la homologación del acuerdo por parte de la autoridad judicial, siendo este acto procesal el que confiere al acuerdo eficacia jurídica propia a través de una sentencia para fines de ejecución. En el marco de lo referido, se evidencia que el referido Auto de Vista no aplicó correctamente la ley, la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales en materia de niñez, impidiendo comprender el por qué se determinó que la asistencia familiar deba correr a partir de la fecha que se dictó la resolución de homologación de acuerdo transaccional, demostrando que el Auto de Vista 72/2024, se constituye en una resolución arbitraria carente de fundamentación y motivación, pues la decisión asumida en cuanto a la exigibilidad de la asistencia no cuenta con ningún tipo de sustento legal ni jurisprudencial menos se tiene una exposición de motivos o razones, obviando considerar el precedente jurisprudencial relativo a la exigibilidad de la asistencia familiar en casos de acuerdo previo, pues conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal a través de la SC 1553/2011-R de 11 de octubre; y, las SSCCPP 0886/2012, 1187/2013, y 1922/2014 -que por analogía son aplicables al caso- se constituyen en la línea jurisprudencial aplicable en casos de homologación de acuerdo de asistencia familiar, los cuales concluyeron que el pago de la asistencia familiar corre desde la suscripción del acuerdo entre partes, y un entendimiento contrario es inadmisible, y conllevaría a la inobservancia del carácter vinculante de las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que son de cumplimiento obligatorio especialmente por los jueces y tribunales de la justicia ordinaria, quienes a tiempo de resolver las controversias sometidas a su conocimiento, deberán tener en cuenta precedentes que generan las razones jurídicas, siempre y cuando exista analogía o similitud de los supuestos fácticos en que se funda una problemática, como lo establece el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Asimismo, los Vocales ahora demandados, al emitir el Auto de Vista 72/2024 inobservaron el Convenio sobre los Derechos del Niño (CDN) -tal como fue alegado por la parte accionante-, ello en el entendido que, siendo de su conocimiento un proceso familiar cuya determinación a asumirse repercutiría en la materialización de los derechos de un niño; conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debió considerarse que todas las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tomar en cuenta el principio de interés superior del niño, a partir del que se asegurará que todas las decisiones judiciales relacionadas con niños dejen patente que el interés superior de los niños es una consideración primordial; por lo que, debe velarse por las garantías jurídicas como lo es la argumentación jurídica que tendrá como fin:

“…demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmaren términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial”. Asimismo, el Auto de Vista 72/2024 señaló como otro argumento, que la resolución apelada es atentatoria al debido proceso, puesto que, resulta evidente que el juzgador no podría modificar lo resuelto en la sentencia ejecutoriada, con el argumento de que se trata de un lapsus calami o que se estuviera infringiendo el interés superior del niño. Al respecto, corresponde establecer que de acuerdo a la SC 0668/2010-R de 19 de julio, sobre la cosa juzgada señaló que: “Por lo señalado, se 20El Comité de los Derechos del Niño en su Observación general 14 (2013), señaló que el interés superior del niño debe ser considerar desde sus tres acepciones, señalando al efecto que:

“a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

c)Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación delas posibles repercusiones (positivas o negativas) dela decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.”

establece que las sentencias que cumplen los requisitos de formación señalados (respeto a derechos fundamentales), adquieren validez jurídica y se encuentran investidas de la autoridad de la cosa juzgada, situación en la cual el control de constitucionalidad, en resguardo de la seguridad jurídica es absolutamente improcedente. En contrario sensu, la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, ya que en este caso, esta decisión solo reviste una calidad de cosa juzgada aparente” (las negrillas son nuestras). Respecto a la irrenunciabilidad de la asistencia familiar, el art. 110 del CFPF señala que: “El derecho de asistencia familiar a favor de los menores de edad y personas en situación con discapacidad es irrenunciable e intransferible. La persona obligada no puede oponer compensación por lo que le adeude la beneficiaria o el beneficiario”. En el marco de lo referido, la revocatoria efectuada por los Vocales demandados respecto a la decisión del Juez de la causa de mutar el cómputo del plazo para el pago de la asistencia familiar, no consideró que dicha mutación se lo hizo en la obligación del control de constitucionalidad que tenía el juzgador para evitar vulneración de los derechos del menor, puesto que la determinación adoptada en la Sentencia 05/2021, respecto a que la asistencia familiar corra desde la fecha de la resolución, es vulneratoria del derecho superior del beneficiario y por lo tanto dicha Sentencia al ser vulneratoria de derechos fundamentales solo tenía la calidad de cosa juzgada aparente, por lo tanto, ameritaba una modificación, puesto que, la asistencia familiar de los menores es irrenunciable, lo cual impedía que los Vocales ahora demandados cercenen de la planilla de la asistencia familiar el periodo comprendido desde la suscripción del contrato hasta la fecha de la resolución que homologó el acuerdo transaccional de fijación de asistencia familiar.

En virtud a lo expuesto, se advierte que, en el caso concreto, los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 72/2024 asumieron una determinación inobservando la jurisprudencia constitucional como fuente del derecho y lo dispuesto en instrumentos internacionales en favor de las niñas, niños y adolescentes, puesto que la decisión de computar la asistencia familiar desde la fecha de la resolución, ciertamente exime al obligado -ahora tercero interesado- de proveer o suministrar los recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del niño, en el periodo comprendido desde la fecha de suscripción del documento transaccional de fijación de la asistencia familiar y la fecha de emisión de la Sentencia 05/2021, que homologó dicho acuerdo, lo que conllevó a la vulneración de los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, a la habitación y a la educación, correspondiendo conceder la tutela en relación a los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 11 de abril de 2025, cursante de fs. 288 vta. a 291 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el referido Juez de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

12 Rivera Santivañez José Antonio, Jurisdicción Constitucional Procesos Constitucionales en Bolivia, Segunda Edición actualizada, pag.112, “El fundamento tiene su base en la constatación de que la jurisdicción constitucional, a través del desarrollo del Derecho Judicial o Derecho Jurisprudencial crea sub-reglas concretas derivadas de los derechos abstractos, emergentes de la interpretación constitucional, lo que supone que a través de las sub-reglas concretiza y otorga un contenido normativo concreto a las clausulas abstractas de la Constitución con relación a los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales, que constituyen la base esencial del Estado Democrático de Derecho. De manera que como afirma Rubio Llorente, la jurisdicción constitucional se constituye en la creadora del Derecho, por lo mismo la jurisprudencia constitucional es considerar por la doctrina como fuente directa del derecho.” 13“En efecto, la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales, significa que las sub-reglas y la doctrina constitucional creada por la jurisdicción constitucional, al constituirse en el precedente, deben ser aplicadas obligatoriamente, por el propio Tribunal Constitucional, así como por los demás jueces, tribunales o autoridades públicas, en aquellos casos que tengan supuestos facticos análogos…” “…los Tribunales o Cortes Constitucionales, al decidir casos interpretan las normas y preceptos de la Constitución, así como de las leyes sometidas al control, desde y conforme a la Constitución, al desarrollar esa labor crean Derecho en ocasiones, puestos que precisan el alcance de las reglas jurídicas existentes, o llenan vacíos y resuelven contradicciones del ordenamiento a través de la adopción de sub-reglas. Los resultados de la interpretación constitucional desarrollada y, en consecuencia, el derecho creado, se consignan en la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia constitucional. Es en esa parte de la sentencia constitucional que tiene la fuerza vinculante, por lo mismo es de aplicación obligatoria para los demás jueces y tribunales, en la resolución de casos análogos. “

14 En su F.J. III.3.1., señalo: “a) La jurisprudencia constitucional tiene valor de fuente directa del Derecho, de ahí que se reconoce su carácter vinculante para los órganos del poder público y particulares (SC 1781/2004-R y SC 1369/2010-R). b) El respeto y aplicación del precedente constitucional está vinculado al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (arts. 8.II y 14.III de la CPE) y la garantía de seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE) (SC 0493/2004-R y SC 1781/2004-R). c) La importancia del precedente vinculante es que da coherencia y unidad al sistema jurídico (SC 0457/2004-R y SC 1369/2010-R). d) El respeto a los precedentes constitucionales, no implica que el Tribunal Constitucional Plurinacional petrifique su jurisprudencia, impidiendo el replanteamiento de problemas jurídicos aparentemente ya resueltos; por el contrario, puede cambiarla, mutarla, siempre que sea con motivación suficiente (SC 1781/2004-R). Sobre este punto, se tiene que uno de los criterios para cambiar la jurisprudencia constitucional: En la medida que los precedentes sean más acordes con los principios, valores, derechos fundamentales, garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional preferirá su fijeza. A contrario sensu, éste Tribunal aperturará su capacidad de cambio cuando no esté acorde a ellos.”

16 Ibidem. Situación de vulnerabilidad: “75.Un elemento importante que debe tenerse en cuenta son las situaciones de vulnerabilidad del niño, como tener alguna discapacidad, pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o solicitante de asilo, ser víctima de malos tratos, vivir en la calle, etc. El objetivo de la determinación del interés superior de un niño o de los niños en situación de vulnerabilidad no debe referirse solo al pleno disfrute de todos los derechos consagrados en la Convención, sino también en otras normas de derechos humanos relacionadas con esas situaciones específicas, como los contemplados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros instrumentos. 76. El interés superior de un niño en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única. Debe realizarse una evaluación individualizada del historial de cada niño desde su nacimiento, con revisiones periódicas a cargo de un equipo multidisciplinario y los ajustes razonables que se recomienden durante todo el proceso de desarrollo del niño.”

17 El Código de las Familias y del Proceso Familiar establece: “ARTÍCULO 446. (TRÁMITE). I. Admitida la solicitud con el cumplimiento de los requisitos formales y adjuntando los títulos o documentos en que se funde la pretensión, la autoridad judicial valorará la pretensión y dispondrá la citación, cuando corresponda. II. De no presentarse oposición a la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución. III. En caso de oponerse la o el demandado a la demanda y si la autoridad judicial considera la necesidad de una audiencia, dispondrá su realización en un plazo no mayor a tres (3) días; realizada la audiencia o sin ésta, emitirá Auto Definitivo dentro de los siguientes cinco (5) días.”

18 La Constitución Política del Estado en su art. 129.II determina: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.”

19 El Código Procesal Constitucional establece: Artículo 55°.- (Plazo para la interposición de la acción) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace.”

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0598_2025-S1.pdf · páginas 1 a 34.

Huella digital del PDF (SHA-256): e5270d81aca95f1210c299a0335220b5747357633e2c271afd195454af27505c

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