Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa en igualdad de condiciones, al juez natural; a las garantías al debido proceso, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, y al principio de presunción de inocencia; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ahora accionado, no cumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre, a pesar que asumió conocimiento del mismo e impugnó mediante recurso jerárquico. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 376 vta. a 379 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, en cuyo mérito, ordena al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre, en favor del accionante, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0598/2023-S3 Sucre, 15 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49321-2022-99-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 74/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 376 vta. a 379 vta. y Auto de Aclaración, Complementación y Enmienda cursante de fs. 379 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Reynaldo Blanco Velásquez contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Mediante memorial presentado el 8 y 13 de julio de 2022, cursantes de fs. 344 a 360 y 367 a 368, manifestó lo siguiente:
Su relación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra empezó mediante Contrato de trabajo a plazo fijo 3271/2013 de 10 de junio, al 9 de septiembre de 2013, en el cargo de Notificador correspondiente a la categoría operativa, con un salario de Bs3 198,77.-(tres mil ciento noventa y ocho, 77/100 bolivianos), regulado por la Ley General del Trabajo; al que le siguieron otros contratos de similar característica. Su último Contrato de trabajo a plazo fijo 8118/2021, del 5 de mayo al 31 de diciembre de 2021, en el cargo de Psicólogo - Perito en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con un salario de Bs6 534.- (seis mil quinientos treinta y cuatro bolivianos), habiendo suscrito en total dieciséis contratos a plazo fijo -tres de los cuales sin interrupción de la relación laboral en la gestión 2021-; en los intervalos de tiempo entre contrato y contrato en los que no figura la vigencia de los dieciséis contratos, se mantuvo trabajando sin contrato, cumpliendo sus funciones y sin percibir ninguna remuneración -incluyendo el periodo de la emergencia sanitaria y declaración de cuarentena nacional-, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Directora de Asuntos Generacionales y la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, con quien mantenía comunicación permanente. El 14 de septiembre de 2021, procedieron a la conclusión anticipada y unilateral del último contrato de trabajo a plazo fijo -vigente hasta el 31 de diciembre de 2021-, mediante Nota OFICIO D.RR.HH. 726/2021 de 9 de septiembre, incurriendo en una medida de hecho, constituyendo un despido injustificado, sin tener un proceso administrativo interno contra su persona, menos considerar que es progenitor; puesto que, su concubina Miriam Guarachi Terán, se encuentra con siete u ocho semanas de embarazo, tampoco tomaron en cuenta que se encuentra a cargo de una persona con discapacidad -su hermano Israel Blanco Velásquez-, quien presenta deficiencia psicológica con 62% de discapacidad y en cuyo favor cobra su bono de discapacidad, si bien tienen a su papá; empero, este por su avanzada edad -de sesenta y cuatro años- quien se encuentra con enfermedad de base -hipertensión arterial y diabetes mellitus-, se ve imposibilitado de hacerse cargo de su hermano; y, sin tomar en cuenta además que su contrato de trabajo ya había adquirido el carácter de indefinido, en mérito a la suscripción de dieciséis contratos de trabajo a plazo fijo. No obstante, la conclusión anticipada y unilateral del contrato de trabajo a plazo fijo, por decisión de su inmediato superior Alexander Salazar, Jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, continúo trabajando bajo la promesa de que arreglarían su situación laboral, con la responsabilidad de realizar los informes de las víctimas, prolongándose su asistencia a sus oficinas hasta el 24 de noviembre de 2021, en la que sus inmediatos superiores le informaron que sus solicitudes de inamovilidad laboral por ser padre progenitor y renovación de contrato habían sido negadas por el Director de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado; por lo que, no podía seguir trabajando sin sueldo. Ante la denuncia presentada a la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la autoridad administrativa emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre; por el cual conminó al Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado, para que proceda a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral, reponiendo sus sueldos devengados desde el momento de su injustificado despido y demás derechos que por ley le corresponden. Contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, el Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado, planteó recurso de revocatoria, mediante memorial presentado el 26 de enero de 2022; la autoridad administrativa laboral emitió la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/JCCH/R.R. 053/2022 de 23 de febrero, por el cual confirmó totalmente la conminatoria impugnada. Entonces, el Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado presentó el 18 de marzo de 2022, recurso jerárquico contra la RA JDTSC/JCCH/R.R. 053/2022, impugnación “…que a la fecha se encuentra radicado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con sede en la en la ciudad de La Paz” (sic).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa en igualdad de condiciones, al juez natural; a las garantías al debido proceso, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, y al principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 45.V, 46.I, 48.VI , 49.III, 115.I y II, 116.I, 117.I, 119.I y II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 4, 7 y 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se ordene el cumplimiento total de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 diciembre, que en su parte resolutiva conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para que proceda a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral; y, b) Se reponga sus sueldos devengados desde el momento de su injustificado despido y demás derechos que por ley le corresponden.
Celebrada la audiencia virtual, el 21 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su representante legal, en audiencia manifestó que: 1) El accionante tuvo una relación contractual con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante un contrato administrativo de personal eventual en la que señaló la forma de terminación del contrato, por cumplimiento del plazo, renuncia o por decisión unilateral de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE); 2) El contrato eventual administrativo tiene como base el Estatuto del Funcionario Público y el Decreto Supremo (DS) 26115 -Normas Básicas del Sistema de Administración Personal de 21 de marzo de 2001-, en las que determinan que los servidores públicos no están sometidos a la Ley General del Trabajo; y, 3) La Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, emitida por la Jefatura Departamental de Santa Cruz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no cumplió en su análisis el principio de razonabilidad en el fondo y la naturaleza de la relación contractual, se alegó que el accionante se encuentra bajo la protección de la inamovilidad laboral; empero, ésta garantía no se aplica a trabajadores con contratos de trabajo que por su naturaleza de trabajo sean temporales, eventuales o contratos de obra, entonces la inamovilidad y estabilidad laboral no se aplica a trabajadores que se encuentran con contratos a plazo fijo; por lo que, la Conminatoria fue injusta para el “municipio cruceño”, ya que no se observó el principio de razonabilidad. Por lo que, pidió se deniegue la tutela solicita.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 74/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 376 vta. a 379 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) A partir de la Conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Sala Constitucional debe verificar su cumplimiento o incumplimiento del mismo; por lo que, el peticionante tiene seis meses para acudir ante el Tribunal de garantías; ii) La presente acción de amparo constitucional ingresó el 8 de julio de 2022, “…el hecho de que se haya adjuntado una resolución de un recurso de revocatoria, no implica que este Tribunal compute aritméticamente el plazo del principio de inmediatez a partir de aquella, porque aquella no es el acto lesivo que se invoque su cumplimiento, el acto lesivo es el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral…” (sic) que tiene como fecha de emisión el 31 de diciembre de 2021; por lo que, los seis meses venció el 30 de junio, incluso por el principio de favorabilidad el 1 de julio, tomando en cuenta que junio no tiene treinta y un días; por lo que, el accionante presentó una semana después la acción de amparo constitucional; y, iii) En ese entendido, el accionante no cumplió el principio de inmediatez que rige esta acción tutelar. En vía de explicación, complementación y aclaración, el accionante a través de su abogado ante la Sala Constitucional refirió que: El plazo de la inmediatez se computa a partir de la notificación formal con la Conminatoria de reincorporación laboral y no desde la emisión de la Conminatoria; puesto que la notificación con la conminatoria al Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado se la realizó el 13 de enero de 2022 (fs. 81); por lo que, solicitó se efectúe esa complementación al respecto, a efectos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional, efectúe la revisión. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, señaló que: El acto de conocimiento al Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado, es para que pueda hacer uso de los recursos constitucionales, el accionante no es el accionado; por lo que, el cómputo “…es a partir de la puesta en conocimiento de la parte accionante, quien no se encuentra con una notificación y por ende se computa a partir de la emisión; esta es la razón por la que el Tribunal ha llegado a computar el plazo de seis meses a partir de la fecha de emisión y no otros…” (sic).
Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 476 a 483 vta.; el accionante solicitó anticipo de sorteo, por su condición de padre progenitor y por tener bajo su cargo a una persona con discapacidad -su hermano-. Ante lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante AC 192/2022-CA/S de 5 de octubre, cursante de fs. 485 a 488, declaró ha lugar la solicitud de adelanto de sorteo, siendo notificadas las partes el 16 de mayo de 2023 (fs. 489 a 490).
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Nota OFICIO D.RR.HH. 726/2021 de 9 de septiembre, suscrito por Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra -hoy accionado-, comunicó a Jesús Reynaldo Blanco Velásquez -hoy accionante-, la terminación de contrato de personal eventual GAMSC/CE 8118/2021, como funcionario eventual provisorio, recibido por el accionante el 14 de septiembre de 2021 (fs. 3). II.2. Mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre, emitido por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por el que conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz a la inmediata reincorporación por inamovilidad laboral del accionante, reponiendo sueldos devengados desde el momento de su injustificado despido manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden; Conminatoria que fue notificada al Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado el 13 de enero de 2022, sin que a la fecha se haya cumplido con la Conminatoria según constancia contenida del Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB.014/2022 de 26 de enero de 2022 (fs. 78, 81 y 83 a 85). II.3. Por RA JDTSC/JCCH/R.R. 053/2022 de 23 de febrero, emitida por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, quedando la misma, firme y subsistente (fs. 39 a 40 vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2022, ante el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, el Alcalde ahora accionado, interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTSC/JCCH/R.R. 053/2022, que confirmó totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2022 (fs. 26 a 35).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa en igualdad de condiciones, al juez natural; a las garantías al debido proceso, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, y al principio de presunción de inocencia; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ahora accionado, no cumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre, a pesar que asumió conocimiento del mismo e impugnó mediante recurso jerárquico. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por una parte, es preciso señalar que: el derecho al trabajo se encuentra consagrado como un derecho fundamental con la denominación derecho al “trabajo digno”, cuyo alcance “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” según establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado a la Constitución Política del Estado el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es necesario también resaltar en la norma constitucional citada, el deber constitucional que le impone al Estado de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 495, 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: i) El pago de beneficios sociales; y, ii) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, 2 El alcance dado al derecho al trabajo, en el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho” (las negrillas son añadidas).
3 Respecto al bloque de constitucionalidad el art. 410.II de la CPE, establece expresamente que: “II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país…” (la negrillas nos pertenecen).
4 La CPE, establece en su art. 50: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.
5 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece expresamente: “Artículo 10.- (Beneficios sociales o reincorporación) I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley. III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”.
comprobado el despido injustificado, emitan la Conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha Conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.
En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de 6 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones: “I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto: ‘III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo’. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas nos pertenecen). 7 Mediante SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. 8 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial. En relación con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia constitucional también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior expresa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra concluyo que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo entiende la SCP 0900/2013 de 20 de julio. 9 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos pertenecen). .
10 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, señaló que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social,… no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas son nuestras). 11 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial.
Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros) citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. 12 Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). Esta misma jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente; además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de julio, citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen).
13 Cita jurisprudencial que fue citándose textualmente en las SCP 0088/2014-S3 de 27 de octubre, SCP 1500/2014 de 16 de julio, SCP 1760/2014 de 15 de septiembre, SCP 0240/2015-S2 de 26 de febrero, SCP 0510/2015-S1 de 22 de mayo, SCP 0203/2017-S3 de 21 de marzo, SCP 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras. 14 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012) “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos pertenecen). Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada.
Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expresó el siguiente razonamiento. “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas son nuestras). Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunida en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva: “1 En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones” (las negrillas y el subrayado son añadidos).
Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura de Trabajo, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatorio y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
El art. 129.II de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; en términos similares, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresa que la acción de amparo constitucional se interpondrá en el plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. Este plazo, expresada en la norma constitucional y procesal, se encuentra vinculada al principio de inmediación que rige ésta acción tutelar. Al respecto el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente, en cumplimiento a su labor interpretativa y protectora de los derechos, se pronunció señalando que en el ámbito de la inmediatez por principio general del derecho, ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías les sean restituidos; en ese entendido, vía jurisprudencia constitucional se estableció de forma implícita y de manera expresa, que el plazo de seis meses la caducidad del derecho de acudir a la jurisdicción constitucional para salvaguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales; su incumplimiento, impide conocer el fondo de la cuestión planteada. En base a los razonamientos desplegados y tomando en cuenta este límite temporal fijado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional se ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia; puesto que, su apertura ilimitada e indefinida en el tiempo, causaría sin duda alguna, inseguridad e incertidumbre para los justiciables; por lo que, el constituyente boliviano fijó el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional en forma clara y categórica.
20 En torno a la inmediatez, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, expreso el siguiente entendimiento: “…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (las negrillas son añadidas), citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, SCP 0450/2012 de 29 de junio, SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, entre otros.
21 Respecto al plazo de los seis meses de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -antes recurso de amparo constitucional- la SC 0544/2002-R de 13 de mayo, estableció de manera implícita, en los siguientes términos: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna -referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha incumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado” (las negrillas y el subrayado son añadidos), citado en la SC 1216/2010-R de 6 de septiembre, SCP 0809/2012 de 20 de agosto, entre otros.
22 Respecto al plazo de los seis meses de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -antes recurso de amparo constitucional-, la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, estableció de manera expresa, en los siguientes términos: “El recurso de amparo constitucional se caracteriza por otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías, que han sido lesionados por actos, resoluciones u omisiones indebidas ejecutados por funcionarios públicos o particulares. En el caso que se examina, el amparo ha sido demandado en forma extemporánea y después de más de un año de haber dictado los Vocales recurridos el Auto de complementación impugnado, desnaturalizando su característica esencial: la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; dado que, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses; la no observancia de este requisito, determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, además de implicar el consentimiento tácito de los recurrentes con esa decisión” (las negrillas y el subrayado son añadidos), citado en la SC 1216/2010-R de 6 de septiembre, SCP 0809/2012 de 20 de agosto, entre otros.
23 Respecto al principio de inmediatez la SCP 1880/2012 de 12 de octubre, expreso: “El principio de inmediatez del amparo constitucional, referido al planteamiento de dicha acción dentro de los seis meses, tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que es propio de la administración de la justicia, dado que, al permitirse aperturada la jurisdicción constitucional por un tiempo ilimitado e indefinido, sin la menor duda, provocaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables, a cuyo fin, la sabiduría del Ahora bien, respecto al inicio del cómputo del plazo de la inmediatez en las acciones de amparo constitucional vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por la autoridad administrativa, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado señalando que: “…el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria…”. Criterio deducido por la jurisprudencia constitucional en una acción de amparo constitucional vinculada con el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral; empero, en el caso, denegó la tutela solicitada por incumplimiento del plazo de los seis meses; puesto que, la acción de amparo constitucional fue presentada por la accionante, después de los seis meses de notificado a la entidad accionada, con la conminatoria de reincorporación laboral, incumpliéndose el principio de inmediatez.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa en igualdad de condiciones, al juez natural; a las garantías al debido proceso, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, y al principio de presunción de inocencia; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ahora accionado, no cumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre, a pesar que asumió conocimiento del mismo e impugnó mediante recurso jerárquico. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, la relación laboral entre el Gobierno Autónomo Municipal ahora accionado y el accionante, quedó terminado, recibiendo el nombrado el 14 de septiembre de 2021, la Nota OFICIO D.RR.HH. 726/2021 (Conclusión II.1.); en cuyo mérito, el accionante presentó denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral a la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, por la que conminó al Gobierno Autónomo Municipal ahora accionado a la inmediata reincorporación laboral del accionante, por inamovilidad laboral, reponiendo sueldos devengados desde el momento de su injustificado despido manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden, que fue de conocimiento de la referida entidad municipal el 13 de enero de 2022, sin que a la fecha se haya cumplido con la Conminatoria, según constancia de Informe Memorando JDTSC/I/VER.REINC./LAB.014/2022 (Conclusión II.2.). En vía de impugnación en sede administrativa, la Gobierno Autónomo Municipal ahora accionado, presentó recurso de revocatoria que mereció el pronunciamiento de la RA JDTSC/JCCH/R.R. 053/2022, por el cual confirmó totalmente la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 (Conclusión II.3.); contra ésta última resolución, el Gobierno Autónomo Municipal ahora accionado, interpuso recurso jerárquico mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2022 (Conclusión II.4.). En ese contexto se ingresará a analizar los hechos de relevancia constitucional que motivan la presente acción de amparo constitucional y en el marco constitucional y jurisprudencial desarrollado precedentemente; empero, antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde pronunciarse sobre aspectos de orden procesal incorporados por la Sala Constitucional que resolvió la acción de amparo constitucional, denegando la tutela solicitada, fundado en el presunto incumplimiento del plazo de la inmediatez por el accionante. Respecto al presunto incumplimiento del plazo de inmediatez por el accionante. Esta cuestión fue incorporada como fundamento de la Resolución de la presente acción de amparo constitucional por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la Resolución 74/22 de 21 de julio de 2022 (fs. 376 vta. a 379 vta.) objeto de revisión de ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional. Como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se encuentra regida por el principio de inmediatez y el plazo para la interposición de esta acción tutelar es de seis meses a partir del hecho lesivo o la notificación de la última decisión administrativa o judicial, o de conocido el hecho vulnerador; en el caso particular del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, a partir de que el empleador rehúse a cumplir la conminatoria, posterior a su notificación. En ese marco jurisprudencial, es necesario precisar que la notificación al Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, fue cumplida el 13 de enero de 2022 (fs. 81), fecha desde el cual corresponde el inicio del cómputo del plazo de la inmediatez de ésta acción tutelar y la acción de amparo constitucional fue presentado el 8 de julio de 2022 (fs. 360). Estos hechos permiten concluir que ésta acción de defensa, fue presentada dentro del plazo de los seis meses de inmediatez, consiguientemente, el accionante cumplió con el principio de inmediatez. En ese entendido, la afirmación expresada por los miembros de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que “…es a partir de la puesta en conocimiento de la parte accionante, quien no se encuentra con una notificación y por ende se computa a partir de la emisión; esta es la razón por la que el Tribunal ha llegado a computar el plazo de seis meses a partir de la fecha de emisión y no otros”; además, de advertirse contradictoria y sin fundamento constitucional, legal o jurisprudencial alguno que sustente la posición de la Sala Constitucional, respecto al momento de inicio del cómputo del plazo de la inmediatez en la acción de amparo constitucional vinculado al incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación laboral, no es evidente; en cuyo mérito, a ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional le corresponde ingresar al análisis de fondo de la acción de amparo constitucional. Respecto al problema jurídico planteado. Superada la cuestión procesal es necesario ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada en la presente acción tutelar. En esa comprensión, si bien la jurisprudencia constitucional, se ha inclinado en sus diferentes fallos hacia la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral en las acciones de amparo constitucional presentados; empero, ésta posición no tiene como fundamento, solo la finalidad de hacer cumplir dichas conminatorias; puesto que, el Tribunal Constitucional Plurinacional no es una entidad ejecutora de las conminatorias de reincorporación laboral, sino, el régimen constitucional que establece valores, principios, normas, garantías constitucionales y derechos fundamentales, promueve e impone el deber de protección al trabajador a través del desarrollo normativo, reglamentario. Además, estableció un procedimiento en sede administrativa para el caso de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, cuya conminatoria de reincorporación laboral, es de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que dicha conminatoria sea objeto de impugnación en sede administrativa -recurso de revocatorio y jerárquico- y revisión en sede judicial; empero, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada, la jurisdicción constitucional otorga una tutela provisional de inmediata ejecución, salvaguardando los derechos y garantías de los trabajadores, protección que supera el interés personal del trabajador, alcanza su ámbito familiar; puesto que, un despido injustificado afecta al trabajador en su fuente laboral y medio de subsistencia; empero, también afecta su entorno familiar, al afectar su medio de subsistencia familiar; por lo que, la tutela provisional inmediata o el cumplimiento provisional de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada, como se dijo, mientras se dilucide la situación jurídico laboral del trabajador, a través de la substanciación de los medios y recursos en sede administrativa -recurso de revocatoria y jerárquico- o la revisión judicial -en la jurisdicción laboral-, como se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En el presente caso, la pretensión del accionante es el cumplimiento total de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, emitido por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó mediante RA JDTSC/JCCH/R.R. 053/2022, en respuesta al recurso de revocatoria presentado por el Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado; y que a la fecha se encuentra en etapa de impugnación mediante recurso jerárquico presentado por la referida entidad, pendiente de resolución. Extremos que muestran la renuencia persistente para su cumplimiento por el Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado y que constituye la causa de vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la garantía de la inamovilidad laboral; empero, no solo afectan al trabajador, sino a su entorno familiar porque ese incumplimiento priva al trabajador de contar con los medios económicos indispensables para su subsistencia y la de su entorno familiar. En ese entendido, corresponde a la jurisdicción constitucional otorgar la tutela solicitada en forma provisional, ordenando el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral – Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021, en resguardo de los derechos laborales del accionante y la garantía de la inamovilidad laboral del nombrado en su calidad de progenitor -fijada expresamente en la Conminatoria- y de su entorno familiar; sin perjuicio de que el Gobierno Autónomo Municipal hoy accionado concluya la etapa de impugnación en sede administrativa o promueva el control judicial de aquellos actos administrativos que conciernen a la citada Conminatoria, para definir la situación jurídico laboral de trabajador; puesto que, la interposición de los recursos en sede administrativa o judicial, contra la conminatoria de reincorporación laboral no tiene efecto suspensivo de su ejecución, en suma no le resta eficacia para su cumplimiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 376 vta. a 379 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, en cuyo mérito, ordena al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral - Padre progenitor JDTSC/JCCHS/CONM 213/2021 de 31 de diciembre, en favor del accionante, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
1 Respecto al derecho al trabajo, la CPE expresamente establece en el art. 46: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (la negrillas nos pertenecen).
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15 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
16 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
17 Respecto a la inmediatez, el art. 129.II de la CPE, expresamente establece: “I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. (…)” (las negrillas nos pertenecen).
18 Respecto a la inmediatez, el art. 55.I del CPCo, textualmente establece: “ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN). I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. (…)” (las negrillas nos pertenecen).
19 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”. (las negrillas nos pertenecen).
constituyente boliviano, estableció categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la presente acción de defensa” (las negrillas son añadidas), citada en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.
24 SCP 1712/2013 de 10 de octubre.
25 El caso concreto fue resuelto en la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, expresando los siguientes términos en análisis del caso concreto: “EPSA BUSTILLO Mancomunitaria Social, fue notificada con la Resolución Administrativa de conminatoria de reincorporación el 13 de octubre de 2011, conforme se evidencia por el sello de recepción que cursa en la parte superior de fs. 4, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 2 de mayo de 2012, conforme el cargo de recepción de fs. 16 vta., advirtiéndose que la presentación estuvo fuera del plazo de seis meses para cumplir el principio de inmediatez, establecido en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional descrita en los puntos III.1 y 2 de los Fundamentos Jurídicos, por lo que la accionante no puede pretender que se active la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, luego de haber precluido su derecho para accionar en esta vía, lo contrario implicaría, desconocer la naturaleza y los principios rectores de esta acción” (las negrillas nos pertenecen).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0598_2023-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6ae10fe6aa07869acdab423e9025204762ed5a7ff101436fc4022fdfbfe68ae0
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