Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; alegando que, desde hace 10 años venía desempeñando el cargo de Coordinadora de Odontología de la Red de Salud Centro, dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES); sin embargo, el 31 de marzo de 2023, fue sorpresivamente notificada con el Memorándum 22/2023 de 15 de marzo, por el cual se dispuso su traslado como Odontóloga al Centro de Salud Brígida; por lo que considerando que tal determinación era abusiva y arbitraria, presentó su recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, que determinó mantener firme la decisión cuestionada; por lo que interpuso Recurso Jerárquico ante la MAE departamental, mismo que fue conocido y resuelto por el Gobernador ahora demandado, quien dictó la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, resolución ahora confutada, que fue emitida sin la debida fundamentación ni motivación, limitándose a señalar que el traslado determinado se dio en cumplimiento de los arts. 9.b) y e) del RIP, 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública y, 30 de la NB SAP; además que tampoco se pronunció sobre el ius variandi, que afectó en su derecho adquirido al cargo que ejercía de Coordinadora de la Red de Salud Centro; por lo que solicita que se deje sin efecto la Resolución Administrativa R.J. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 162 de 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 234 vta. a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al fundamento jurídico expuesto en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0596/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58513-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 162 de 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 234 vta. a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mary Silvia Descarpontriez Carvajal contra Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 30 de agosto y 7 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 44 a 52; y, 55 a 63 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Hace aproximadamente diez años, desempeñó el cargo de Coordinadora de Odontología de la Red de Salud Centro, dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), ejerciendo sus funciones con responsabilidad, idoneidad y sin antecedentes disciplinarios; no obstante a ello, el 31 de marzo de 2023, fue notificada con el Memorándum 22/2023 de 15 de marzo, emitido por Juan Gabriel Suárez Cuéllar, Gerente de la Red de Salud Centro, mediante el cual se dispuso, bajo el argumento de una reestructuración funcional, su traslado para cumplir funciones como Odontóloga en el “Centro de Salud Brígida”. Dicha decisión, es arbitraria y vulneraba su derecho al debido proceso -en sus vertientes de derecho a la defensa y derecho a una resolución motivada y fundamentada-, al desvincularle de su cargo administrativo que ejerció desde hace aproximadamente diez años; por lo que, el 3 de abril de 2023, la ahora accionante interpuso recurso de revocatoria, contra el indicado Memorándum 22/2023, solicitando además la suspensión de su ejecución, recurso que fue complementado el 10 de igual mes y año, solicitando como medida cautelar la suspensión de la ejecución de dicho memorándum. Su recurso fue resuelto mediante Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, por la que, se mantuvo íntegramente la decisión cuestionada; debido a ello, el 19 del mismo mes y año, por instrucciones del Gerente de la Red Centro, el personal de apoyo de Recursos Humanos eliminó su registro en el biométrico, impidiendo que pueda seguir marcando su asistencia a su fuente laboral, vulnerando su derecho al trabajo; por lo que, frente a tal situación, el 21 de abril de 2023, formuló recurso jerárquico contra la citada resolución ante el gobernador de Santa Cruz -ahora demandado-. El 9 de mayo de 2023, mediante memoriales dirigidos al Secretario Departamental de Salud, solicitó certificación respecto al día y hora en que fue eliminada del registro, así como informe sobre el estado de su recurso jerárquico y su solicitud de la inmediata restitución al sistema biométrico, para que pueda marcar su asistencia diaria. Ante la persistente afectación a sus derechos, el 17 de mayo del mismo año, interpuso acción de amparo constitucional contra el Gerente de la Red Centro por la emisión del Memorándum 22/2023 y por la medida de hecho consistente en excluirla del registro biométrico, además de identificar como terceros interesados al Director del SEDES, al Secretario Departamental de Salud, al Gobernador del departamento de Santa Cruz y al responsable material del sistema biométrico; en mérito a lo cual, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Resolución 60/2023, concediendo la tutela solicitada, ordenando la inmediata restitución al registro biométrico y disponiendo que, mientras no se resolviera el recurso jerárquico, ninguna de las autoridades demandadas o terceros interesados podían asumir actos que persistieran en la vulneración de sus derechos; empero, las autoridades demandadas en dicho amparo incumplieron dicha determinación; motivo por el cual, interpuso queja el 7 de junio de 2023, informando el incumplimiento de lo determinado, producto del cual, el 16 del mismo mes y año, y después de reiteradas solicitudes, fue restituida al registro biométrico. Ahora bien, el acto lesivo de sus derechos que denuncia en esta acción de defensa es la emisión de la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, que resolvió el referido recurso jerárquico interpuesto, por la cual se confirmó en su totalidad lo dispuesto en la Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril. La resolución ahora impugnada, al resolver el primer agravio expresado dentro de su recurso jerárquico, afirmó que, el Gerente de la Red Centro respondió a cada punto cuestionado en el recurso de revocatoria y su complementación; empero, se llegó a tal conclusión sin efectuar un análisis ni expresar fundamento ni motivación alguna, limitándose dicha autoridad departamental a indicar que el Memorándum 22/2023, se encontraba amparado en los arts. 9 incs. b) y e) del Reglamento Interno del Personal; 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública, aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 2890 de 6 de noviembre de 2006; y, 30 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), aprobada por el DS 26115 de 16 de marzo de 2001. Se advierte que, dentro de la misma resolución, tampoco analizó si el ius variandi se aplicó dentro de límites de razonabilidad donde si bien el empleador tiene potestad para introducir ciertas modificaciones en la modalidad, horario, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, éste no puede ejercerse de manera desproporcionada; pues cualquier cambio que altere el curso de la relación laboral o las condiciones de trabajo pueden afectar derechos fundamentales del trabajador cuando se adoptan de forma arbitraria, sin consenso previo ni justificación que explique las razones o la necesidad de su implementación. En ese sentido, tras desempeñarse como Coordinadora de Odontología de la Red de Salud Centro, por aproximadamente diez años, ese cargo se convierte en un derecho adquirido; en consecuencia, cualquier rotación se la debió realizar conforme establece el art. 30 de la NB-SAP, o en su caso el art. 60 del DS 28909.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, y ordenar la emisión de una nueva Resolución ajustada a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, b) La reparación de los daños ocasionados por la vulneración de sus derechos constitucionales, así como el pago de costas y costos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 226 a 234 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: en este caso, se debe juzgar con perspectiva de género; pues, incluso se trata de una mujer que casi llega a la tercera edad, debiendo prevalecer su derecho frente a cualquier situación de orden jurídico.
Vanessa Eguez Añez en representación de Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 215 a 224 vta. y en audiencia señaló que: 1) La accionante ingresó a la función pública en 2003, desempeñando diversos cargos, y posteriormente se postuló al cargo de Odontólogo de base mediante concurso de méritos y examen de competencia cerrado institucional de las redes urbanas y rurales de odontólogos, resultando ganadora del Ítem 26226, tiempo completo, en el Centro de Salud Perpetuo Socorro, dependiente de la Red de Salud Centro y del SEDES, según consta en el acta de calificación y Memorándum de designación 002257, de 1 de febrero de 2005, emitido por el Director del SEDES, conjuntamente con su jefe de recursos humanos; posteriormente, mediante Memorándum de designación 006482 de 26 de marzo de 2007, emitido por el Gerente de la Red de Salud Centro, se ratificó su desempeño como Odontóloga, manteniendo el ítem y nivel salarial, su última designación fue mediante Memorándum de designación interna 22/2023, de 15 de marzo, que la asignó por reestructuración funcional, al Centro de Salud Brígida; 2) La Gerencia de la Red de Salud depende de la coordinación de redes urbanas y hospitales, la cual forma parte del SEDES, y dentro de sus funciones específicas relacionadas la con organización y dirección del manual de funciones, se encuentra la siguiente atribución: "Designar, asignar o instruir funciones y actividades al personal estableciendo las responsabilidades inherentes al cargo”, así una vez notificada con el memorándum antes descrito, la accionante presentó su recurso de revocatoria, el 3 de abril de 2023, solicitando que se deje sin efecto el mismo; seguidamente, el Gerente de la Red de Salud Centro, mediante la Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, contestó el recurso de revocatoria, manteniendo firme en todas sus partes el Memorándum de designación interna 22/2023, señalando que el cambio o rotación del lugar de funciones no fue arbitrario ni ilegal, encontrándose dentro de la facultad del empleador para garantizar la mejor prestación de servicios en los centros de salud bajo su dependencia; además, a la accionante no se le modificó su nivel jerárquico y salarial, tampoco se le discriminó, hostigó, acosó o impidió el ascenso o permanencia laboral, o se la destinó a un centro insalubre; 3) En cuanto a la eliminación de su registro biométrico, ello no constituye destitución ni disminución de beneficios, y la rotación se encuentra regulada por el Manual de Funciones y el Reglamento Interno de Personal (RIP), debiendo considerarse que el término "reestructuración de personal" corresponde a un manejo técnico de rotación de personal, conforme los arts. 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública y 30 de las NB-SAP, siendo un cambio temporal, operado dentro de la misma entidad sin implicar aumento de remuneración ni cambio de residencia; en ese contexto, el 21 de abril de 2023, la impetrante de tutela presentó su recurso jerárquico, solicitando se eleve al superior en grado para que resuelva y deje sin efecto la Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 y el Memorándum de designación interna 22/2023; 4) De acuerdo al art. 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública, la institución puede programar procesos de rotación de personal para una mejor prestación de servicios y evitar la obsolescencia laboral; es así que, el art. 30 de las NB-SAP, define la rotación como un cambio temporal dentro de la misma entidad para desempeñar un puesto similar, sin implicar incremento de remuneración ni cambio de residencia; asimismo, el DS 26319 de 15 de septiembre de 2001, establece el procedimiento administrativo para la sustanciación de los recursos de revocatoria y jerárquicos aplicable únicamente a decisiones de ingreso, promoción, retiro o proceso disciplinarios; así en el presente caso, la accionante no reclama por retiro, promoción ni proceso disciplinario, sino por desacuerdo frente a una decisión de rotación, enmarcada dentro del subsistema de movilidad de recursos humanos; y, 5) El Gobernador del GAD de Santa Cruz, ahora demandado, mediante la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, resolvió aceptar parcialmente el recurso jerárquico respecto al borrado del registro biométrico, y confirmó en lo demás la Nota CITE: GER.TEC. 81/2023, motivando que el principio del ius varlandi, faculta al empleador a cambiar el lugar de trabajo del empleado, pero no de forma caprichosa ni como mecanismo de amedrentamiento, bajo ese marco, el Memorándum de designación interna 22/2023, fue emitido dentro de sus facultades y atribuciones, según el manual de funciones de la Gerencia de Red de Salud y el RIP; además, que la resolución contiene respuesta a todos los agravios planteados en el recurso de revocatoria, incluyendo la fundamentación sobre la rotación y el borrado del registro biométrico, garantizando la debida motivación y fundamentación conforme a la ley de procedimiento administrativo y las normas correspondientes.
Juan Gabriel Suárez Cuellar, Gerente Red de Salud Centro del SEDES y Liliana Aramayo, personal de apoyo de Recursos humanos de la citada Red de Salud, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 69 y 70.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 162 de 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 234 vta. a 236 vta., denegó la tutela solicitada, determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante concursó y ganó un ítem como odontóloga de base, lo que garantiza que no puede desmejorar su nivel salarial, condiciones laborales ni funciones inherentes al ítem obtenido, debiendo considerar que el traslado a un puesto de Coordinadora al Centro de Salud Brígida, cuestionado por la impetrante de tutela mediante esta acción de amparo constitucional, no implicó desmejora alguna de su situación laboral, ni que se haya afectado su residencia, gastos ni responsabilidades familiares, ya que dicho centro de salud al que fue destinada se encuentra dentro de la misma ciudad de Santa Cruz; ii) Asimismo, el principio del ius variandi permite al empleador realizar cambios, dentro de la misma institución, para optimizar la prestación del servicio, siempre que no se desmejore la situación del servidor público; tal como ocurre en este caso, en el cual, la impetrante de tutela mantiene su puesto como odontóloga de base, con el mismo nivel salarial y condiciones; en consecuencia, no se vulneró su derecho fundamental al trabajo; sin embargo, tampoco se puede exigir a la parte demandada que se mantenga como Coordinadora, puesto que dicho cargo no lo obtuvo a través de un concurso de méritos; en todo caso, su permanencia se rige estrictamente al ítem obtenido de odontóloga de base; y, iii) La Resolución impugnada por parte de la accionante, no implica su destitución, ni tampoco se desmejoró su situación; por ende, no se vulneró ningún derecho ni garantía, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum 22/2023 de 15 de marzo, Juan Gabriel Suárez Cuellar, Gerente Red de Salud Centro del SEDES -tercero interesado- y otro, comunicó a Mary Silvia Descarpontriez Carvajal -accionante- la designación a cumplir funciones de Odontóloga en el Centro de Salud Brígida, por motivos de reestructuración funcional, notificada el 31 de igual mes y año (fs. 2). II.2. Se tiene memorial presentado el “03” de marzo de 2023, complementado por el escrito presentado el 10 de abril del citado año, ante el nombrado Gerente, por el cual, la impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra el Memorándum 22/2023 (fs. 3 a 16). II.3. Mediante Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, el Gerente de la Red de Salud Centro, en respuesta al recurso de revocatoria, señaló que mantuvo en todas sus partes el Memorándum 22/2023 (fs. 17 a 18). II.4. A través de memorial presentado el 21 de abril de 2023, la accionante formuló recurso jerárquico contra la Nota CITE. GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, que dio respuesta al recurso de revocatoria, solicitando se deje sin efecto el Memorándum 22/2023 de 15 de marzo (fs. 147 a 152 vta.). II.5. Por Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del GAD de Santa Cruz -ahora demandado-, entre otros, aceptó en parte el recurso jerárquico, únicamente respecto al borrado del registro biométrico sin antes haberse agotado la vía administrativa, y rechazó los demás agravios; al efecto dispuso que, la Unidad de Recursos Humanos del SEDES, restituya el marcado de la prenombrada, y rechazó los demás agravios; asimismo, instruyó a la accionante que preste sus servicios en las funciones asignadas como Odontóloga en el Centro de Salud Brígida, manteniendo su nivel salarial (fs. 79 a 83).
La accionante denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; alegando que, desde hace 10 años venía desempeñando el cargo de Coordinadora de Odontología de la Red de Salud Centro, dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES); sin embargo, el 31 de marzo de 2023, fue sorpresivamente notificada con el Memorándum 22/2023 de 15 de marzo, por el cual se dispuso su traslado como Odontóloga al Centro de Salud Brígida; por lo que considerando que tal determinación era abusiva y arbitraria, presentó su recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, que determinó mantener firme la decisión cuestionada; por lo que interpuso Recurso Jerárquico ante la MAE departamental, mismo que fue conocido y resuelto por el Gobernador ahora demandado, quien dictó la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, resolución ahora confutada, que fue emitida sin la debida fundamentación ni motivación, limitándose a señalar que el traslado determinado se dio en cumplimiento de los arts. 9.b) y e) del RIP, 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública y, 30 de la NB SAP; además que tampoco se pronunció sobre el ius variandi, que afectó en su derecho adquirido al cargo que ejercía de Coordinadora de la Red de Salud Centro; por lo que solicita que se deje sin efecto la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, y se ordene la emisión de una nueva resolución, y la reparación de los daños ocasionados a sus derechos constitucionales y el pago de costas y costos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que, contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna (negrillas y el subrayado fueron añadidas).
La accionante denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; alegando que, el Gobernador demandado, emitió la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, sin la debida fundamentación ni motivación, simplemente señalando los arts. 9.b) y e) del Reglamento Interno de Personal, 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública y, 30 de la NB SAP; y, tampoco se pronunció sobre el ius variandi, que afectó en su derecho adquirido al cargo que ejercía de Coordinadora de la Red de Salud Centro. Identificado el objeto procesal, corresponde su contextualización; en ese sentido, de la compulsa de antecedentes que cursan en el expediente constitucional, el 31 de marzo de 2023, se le notificó a la impetrante de tutela con el Memorándum 22/2023 de 15 de marzo, por el cual, se le comunicó que, por motivos de reestructuración funcional, se la designó en el cargo de Odontóloga en el Centro de Salud Brígida (Conclusión II.1). Contra esa determinación administrativa, interpuso recurso de revocatoria a través de memorial presentado el “03” de marzo de 2023 (Conclusión II.2); atendido por Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, que rechazó el mismo, manteniendo incólume el Memorándum 22/2023 (Conclusión II.3). El 21 de abril de 2023, la accionante formuló recurso jerárquico contra la Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 (Conclusión II.4); mereciendo la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, por la cual, Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del GAD de Santa Cruz -ahora demandado-, entre otros, aceptó en parte el recurso jerárquico, únicamente respecto al borrado del registro biométrico sin antes haberse agotado la vía administrativa, y rechazó los demás agravios; al efecto dispuso que, la Unidad de Recursos Humanos del SEDES, restituya el marcado de la prenombrada, y rechazó los demás agravios; asimismo, instruyó a la impetrante de tutela que preste sus servicios en las funciones asignadas como Odontóloga en el Centro de Salud Brígida, manteniendo su nivel salarial (Conclusión II.5). Ahora bien, contextualizado el objeto procesal, corresponde verificar el presunto acto lesivo, contrastando los argumentos contenidos en el recurso jerárquico y la Resolución Administrativa R.J. 028/2023, extrayendo los argumentos trascendentales de cada uno, y confrontando lo reclamado por la accionante en esta acción de defensa. Respecto al mencionado recurso se extraen los siguientes argumentos: a) El art. 30 de la NB SAP, establece una unidad conjunta sistémica y relacionada con la promoción, transferencia, rotación y retiro de personal, entendiendo que nada puede ser aplicado por separado, como mandatos aislados; en ese sentido, para efectivizar la rotación debió cumplirse los presupuestos estipulados en el art. 27 de la citada norma, no solamente el art. 30 de dicho cuerpo normativo, tal como se tiene en el Memorándum 22/2023.
b) La Nota con CITE.GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, dio respuesta a su recurso de revocatoria planteado contra el Memorándum 22/2023, sin la debida fundamentación ni motivación, limitándose a señalar que existe abundante jurisprudencia constitucional, y afirmó que no es necesario una resolución ampulosa cuando se indicó claramente cuál es el motivo del cambio. c) La citada nota vulneró su derecho al trabajo considerando que, el 19 de abril de 2023, procedieron a borrarle del registro biométrico, debido a la rotación dispuesta en el Memorándum 22/2023; empero, esa actuación se la hizo sin que exista una resolución firme al respecto, considerando que efectuó reclamos y abrió la vía administrativa. En atención al recurso que antecede, el Gobernador demandado, emitió la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, aceptando en parte el recurso jerárquico, únicamente respecto al borrado del registro biométrico sin antes haberse agotado la vía administrativa, y rechazó los demás agravios; al efecto dispuso que, la Unidad de Recursos Humanos del SEDES, restituya el marcado de la prenombrada, y rechazó los demás agravios; asimismo, instruyó a la accionante que preste sus servicios en las funciones asignadas como Odontóloga en el Centro de Salud Brígida, manteniendo su nivel salarial; con base en los siguientes argumentos: 1) Respecto al ius variandi, la recurrente no mencionó en su recurso jerárquico, de qué forma el Gerente de la Red de Salud Centro, utilizó el Memorándum de designación 22/2023, de forma caprichosa o como mecanismo de amedrentamiento, cuando, por el contrario, el SEDES dio respuesta a la solicitud de información pedida por el Servicio Jurídico Departamental aclarando las facultades del Gerente de la Red de Salud Centro, conforme el art. 9.c) del RIP y el numeral 8 de las funciones específicas de organización y Dirección. 2) En cuanto al agravio relacionado a la falta de fundamentación en la Nota CITE: GER.TC. 81/2023 de 18 de abril, se advierte de la lectura de dicha misiva, que la misma identificó cuatro agravios y respondió a cada uno de ellos, también atendió el memorial de complementación que la recurrente presentó el 10 del citado mes y año. 3) Respecto a los derechos del Odontólogo, los arts. 33 y 34 del Reglamento del Odontólogo Empleado, aprobado por Resolución Prefectural 469 de 10 de abril de 2007, dejó claramente establecido que para la destitución del cargo, tiene que existir un proceso sumario administrativo interno, y que, en el presente caso, no se trata de ninguna falta cometida por la recurrente, más bien una rotación que realiza el mencionado Gerente.
4) En lo que concierne al agravio sobre el borrado del registro biométrico, sin antes haberse agotado la vía administrativa, esta situación vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que, estuvo en indefensión, más aun si en el memorial presentado el 10 de abril de 2023, en el cual complementó su recurso jerárquico, solicitó expresamente como medida cautelar, se deje sin efecto de ejecución el Memorándum de designación interna 22/2023, hasta que se resuelvan sus recursos administrativos, conforme prevé el art. 59.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, y el art. 120.a) del DS 27113. Ahora bien, contrastando los argumentos que anteceden, se tiene que, ante el reclamo que el Memorándum 22/2023 solo contempla el art. 30 del NB-SAP, para el fin que se pretendió que es la rotación, también debió verificarse los requisitos previstos en el art. 27 de la citada norma. En este punto, no se advierte que hubiese existido pronunciamiento alguno por parte del demandado, incurriendo en una omisión; en cuanto al ius variandi, señalado por la prenombrada, el demandado sostuvo que no se explicó de qué forma fue transgredido el mismo. Respecto a lo cuestionado por la impetrante de tutela, sobre la Nota CITE: GER.TC. 81/2023, que no contiene la suficiente fundamentación y motivación, el demandado señaló que, en esa respuesta escrita se identificaron los agravios expuestos en el recurso de reposición y su complementario, respondiendo a cada uno de ellos; finalmente, sobre el borrado en el registro biométrico, el demandado estableció que, hubo afectación a los derechos al debido proceso de la accionante, tras haber eliminado su registro del biométrico, antes de agotarse los recursos administrativos, siendo este el motivo de su concesión. De la relación anterior, y lo reclamado en esta acción tutelar, se evidencia que, en cuanto al reclamo relacionado al ius variandi, tanto en la acción de amparo constitucional como en su recurso jerárquico, la accionante no manifestó de qué forma el mismo fue transgredido con incidencia en su derecho de ejercer el cargo de Coordinadora de la Red de Salud Centro; en ese mismo sentido también respondió el Gobernador demandado a través de la Resolución Administrativa RJ 028/2023. En efecto, se evidencia que la impetrante de tutela no explicó de qué manera la alegada inobservancia del art. 27 de las NB-SAP habría impedido legalmente la rotación cuestionada, tampoco identificó cuáles serían los requisitos contenidos en dicha disposición que presuntamente fueron incumplidos, ni desarrolló argumentación que permita advertir que un eventual pronunciamiento sobre dicho precepto hubiera determinado una decisión distinta por parte de la autoridad jerárquica ahora demandada; en consecuencia, aun cuando se advierte que la fundamentación contenida en la Resolución Administrativa RJ 028/2023, pudo haber sido más amplia, ello también se debió al incumplimiento de la necesaria y suficiente carga argumentativa por parte de la peticionante de tutela, no pudiendo este Tribunal suplir de oficio dicha deficiencia ni reconstruir agravios que no fueron adecuadamente desarrollados por la prenombrada; por lo que, corresponde denegar la tutela. Al respecto, la jurisprudencia constitucional entendió que la insuficiente fundamentación y/o motivación adquiere relevancia constitucional únicamente cuando el agravio omitido posee aptitud para modificar la decisión asumida o incide materialmente en el ejercicio de derechos fundamentales; así lo establece la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que además de los requisitos que debe exponer una resolución administrativa de segunda instancia, precisa que debe demostrarse que, esa alegada arbitraria o insuficiente motivación o fundamentación tiene relevancia constitucional; es decir, que debe de explicarse el efecto modificatorio de fondo; sin embargo, en el caso en examen, la accionante no señaló cuál es la relevancia constitucional que tiene la falta de pronunciamiento en la resolución confutada sobre lo previsto en el art. 27 del NB-SAP, y si en verdad ello se constituye en el cambio de la decisión asumida por la autoridad demandada; elemento que conforme la jurisprudencia citada, es fundamental para conceder la tutela impetrada. Por lo previamente detallado, corresponde denegar la tutela impetrada en todo, ya que la resolución dio respuesta fundamentada a prácticamente todos los agravios expuestos por la accionante en su recurso jerárquico, y respecto a la omisión de pronunciamiento de lo previsto en el art. 27 del NB-SAP, tal extremo carece de relevancia constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 162 de 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 234 vta. a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al fundamento jurídico expuesto en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0596_2026-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 988a91eb542e102b3d48eeb6de0aa3d8361671ec92d63f2404f5456b0d76d1d3
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