B.IA.LEGAL

SCP 0595/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
3 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55512-2023-112-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a un habitad y vivienda adecuada, al agua potable y a la electricidad; toda vez que, habiendo alquilado un departamento en el cual vive junto a su hija con discapacidad, la propietaria -ahora demandada- procedió al corte de los servicios básicos de agua potable y electricidad, cerrando por dentro con candado la puerta de ingreso principal al inmueble e impidiendo el acceso a los bienes que se encuentran en su interior y mediante Carta Notariada -que de mala fe obligó a firmar a su madre adulta mayor- otorgó tres días para desalojar el ambiente sin ningún tipo de fundamento, de manera arbitraria y dolosa, provocando que viva en un alojamiento por cuyo hospedaje cancela diariamente, ocasionándole un perjuicio económico. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollaran los siguientes temas: i) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; ii) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; iii) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; iv) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; v) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; vi) De la nec…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 025/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 70 a 75, emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a los derechos a un habitad y vivienda adecuada, al agua potable y a la electricidad, conforme a lo desarrollado precedentemente, y dispone:

a) La calificación de daños y perjuicios, en ejecución del presente fallo constitucional; y en lo demás, en los mismos términos a lo determinado por la referida Sala Constitucional. 2° No ha lugar la solicitud del pago de costas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho
  4. III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  5. III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  6. III.6. De la necesidad de protección inmediata ante medidas de hecho que restringen el derecho a los servicios básicos
  7. III.7. El derecho de acceso al agua potable
  8. III.8. Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad
  9. III.9. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2025-S1 Sucre, 3 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 55512-2023-112-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 025/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 70 a 75, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cynthia Marcela Yolanda Molina Casanova contra Gabriela Karina Rodríguez Dorado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 51 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que desde el 22 de mayo de 2021, junto a su hija -persona con discapacidad de 73% múltiple con grave deficiencia auditiva- viven en contrato de alquiler en un departamento de propiedad de Gabriela Karina Rodríguez Dorado -ahora demandada-, ubicado en la calle Colombia 280, zona Ciudad Satélite de la ciudad de Potosí. Habiendo sido intervenida quirúrgicamente su hija, no pudo realizar el pago del arrendamiento de los meses diciembre de 2022 y enero de 2023; además, la ahora demandada no quiso su cancelación, argumentando problemas internos con su pareja. Posteriormente, acordó con la propietaria -ahora demandada- que los meses adeudados serían pagados en el “mes de febrero”; empero, Abel Choque Muñoz, esposo de la prenombrada, le indicó que no realice ningún desembolso porque su cónyuge no le hizo conocer sobre la cancelación por los meses que vivió en alquiler.

Por otra parte, desde el 19 de febrero de 2023, la ahora demandada cortó el servicio de agua potable “…cerrándole la llave para que pueda ingresar a mi departamento…” (sic), pese a que el medidor era independiente y su cancelación era mensual; por lo que, se hizo regalar agua de su padrino Ambrosio Huaquipa, la cual llevó en bidones a la vivienda alquilada para que pueda cocinar, asear, etc., siendo un martirio, ya que no se puede vivir sin ese servicio. Asimismo, el 20 de febrero de 2023, la ahora demandada procedió al corte del servicio de energía eléctrica del departamento, colocando un precinto de otro medidor; por lo cual, acudió a Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima (SEPSA), para saber el motivo del corte; pues dicha entidad verificó que estaba al día en los pagos de energía del medidor que era independiente e informó que “…no correspondía el precinto a ese medidor sino que era del otro y que no habían pegado nada ni cortado el servicio…” (sic). El 28 de febrero de 2023, mientras estaba en el trabajo y aprovechando que su madre adulta mayor estaba al cuidado de su hija, la ahora demandada, de mala fe obligó a su progenitora a firmar una carta notariada dirigida a su persona, la cual otorgaba tres días para desalojar el ambiente sin ningún tipo de fundamento, de manera arbitraria y dolosa. Asimismo, el “… 03 de marzo de 2023 a eso de las 17:15 Salí juntamente con mi hija para ir a traer agua de mi padrino y ocurre cuando vuelvo la puerta principal de acceso a la casa estaba echado llave por dentro con candado el mismo y toque la puerta y salió su pariente de la señora Karina y me dijo que no tenia autorización del propietario para que me habrá dejándome privada del acceso a mi departamento en este caso mi vivienda NI QUISO QUE SAQUE LOS MEDICAMENTOS DE MI HIJA NI A SU MASCOTA QUE ERA UN GATO DEJÁNDOME IMPOSIBILITADA DE TODO TIPO DE ACCESO A MIS BIENES QUE TENIA DENTRO DE MI DEPARTAMENTO Y POSTERIOR A ELLO ME TUVE QUE RETIRAR DEL DOMICILIO ya que nadie me quería abrir y vuelvo en fecha 04 de marzo de 2023 para poder nuevamente ingresar pero seguía con candado hablando con la propietaria yo le dije que si el problema era de los meses adeudados yo le cancelaria pero no quiso ni escucharme y me dijo que no me dejaría entrar a la casa a mi departamento y de manera textual me dijo ‘ya ve tu por donde me denuncias’ actuando de manera muy prepotente ya que no quiso que ni saque mis pertenencias de uso diario privándome de todo ni quiso que desocupe el ambiente” (sic). De igual manera, el “03 de marzo” les hizo citar -sin indicar a quiénes- a la Policía, para que expliquen por qué motivo le estaban coartando el acceso al departamento; empero, no se arregló nada y le dijeron que demande si quiere recuperar sus cosas.

El “16 de marzo” fue citada ante la instancia de conciliación “Nro. 3” del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a efectos de arreglar la situación que atravesaba; en audiencia, la ahora solicitante de tutela aceptó que su persona dejaría el departamento y cancelaría los dos meses adeudados; sin embargo, cuando consultó con su esposo, dijo “…que no y que le demande por donde corresponde y que no me dejaría ingresar a la casa pese a las advertencias de la juez conciliadora no tuvo ni mas el mínimo respeto y empatía que me encontraba viviendo incluso en un alojamiento ya que no tengo casa propia” (sic) y por orden de la Conciliadora, sugirió que pueda sacar los recibos de pago de alquiler, boletas de agua y energía eléctrica para demostrar que venía cancelando. Posteriormente, se dio una conciliación fallida, porque la ahora demandada no quiso arreglar nada ni que volviera a la casa; por lo que, acude -ante la justicia constitucional- a efectos de restablecer sus derechos fundamentales “…como las de mi hija y continuo viviendo en el alojamiento Potosí que se encuentra ubicado en la Av. Universitaria de nuestra ciudad de Potosí y que vengo cancelando diariamente el hospedaje ocasionándome un perjuicio económico…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a un habitad y vivienda adecuada, al agua potable y a la electricidad, citando al efecto los arts. 15, 16, 19.I, 20.I y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La restitución e ingreso al departamento alquilado en la segunda planta de la calle Colombia 280, zona Ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, de propiedad de la ahora demandada; b) La restitución del acceso a los servicios básicos de agua y electricidad, que fueron cortados por la propietaria del inmueble; c) El acceso por la puerta principal de la referida vivienda; d) Acceso y recuperación de todas las pertenencias que se encuentran dentro del departamento alquilado; y, e) Proceder a la certificación y cancelación de las costas, daños y perjuicios; ya que viene cancelando el alojamiento donde habita desde el 3 de marzo de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, el 10 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La solicitante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional y refirió que no realizarán observación a la prueba presentada en audiencia por la ahora demandada.

I.2.2. Informe de la demandada

Gabriela Karina Rodríguez Dorado, por intermedio de su abogado, en la audiencia pública sostuvo que: 1) Existen dos documentos privados de reconocimiento de deuda de compromiso de pago: i) El primero, de 24 de enero de 2022, donde se reconoce una deuda por concepto de alquiler de un monto de Bs600.- (seiscientos 00/100 bolivianos) y que una vez realizado el pago, se efectuaría el respectivo desalojo del departamento; y, ii) El segundo, de 8 de septiembre de 2022, por un monto de Bs7 500.- (siete mil quinientos 00/100 bolivianos), comprometiéndose a la cancelación efectiva y nuevamente a desalojar el indicado inmueble. Ambos documentos fueron suscritos tanto por la accionante como por la demandada; 2) Vencido el plazo del compromiso de pago de alquiler y desalojo, acudió a una Notaría para la elaboración de la Carta Notarial de 28 de febrero de 2023, por la cual fue intimada a desocupar el departamento, cancelar el alquiler y pagar de los meses atrasados por los servicios básicos de luz y agua; 3) A momento de la notificación con dicha Carta Notarial, se hizo llegar los dos documentos de compromiso; además, extractos de pago de los servicios básicos de agua potable -con mora de veinte meses- y electricidad -con retraso de cuatro meses-; 4) Los recibos de servicios básicos presentados por la impetrante de tutela, son de fecha posterior al extracto que se recabó de las instituciones; es decir, son cancelaciones posteriores a la notificación con la “carta notarial”; 5) La demandante de tutela no cumplió con lo establecido en el documento privado, hizo caso omiso a la intimación de la referida Carta Notarial; 6) En la presente acción de defensa, se presentó recibos que su persona nunca firmó, constituyendo delito de falsificación; 7) También, “…nunca ha realizado el corte como el abogado manifiesta con mano propia de los servicios básicos…” (sic); y, 8) Por último, indica que “…por la falta de pago de mora las instituciones hacen el corte del servicio básico de la luz y del agua, así lo demuestran los extractos que vamos a presentar, sabemos bien que en las instituciones como AAPOS y SEPSA 3 meses no cancelados ya es para el corte inmediato (…) el departamento que alquila la señora Cynthia Molina cuenta con medidores independientes…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, mediante la Resolución 025/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 70 a 75, concedió en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al agua, a la electricidad, a la vivienda y al habitad adecuado, denegándose con relación al derecho a la vida, que no fue señalado a momento de interponer la presente acción de defensa, ordenándose: a) La restitución e ingreso al departamento alquilado, segunda planta, en la calle Colombia 280, zona Ciudad Satélite de la ciudad de Potosí, de propiedad de la ahora demandada, “…pudiendo ingresar la señora Cynthia Marcela Yolanda Molina Casanova al referido departamento” (sic); b) Que la ahora demandada restituya el acceso a los servicios básicos de agua y electricidad, considerando que los mismos fueron cortados por la prenombrada y no así por las empresas de dichos servicios -SEPSA y la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS); c) El acceso por la puerta principal a la ahora accionante, para que pueda ingresar al departamento alquilado; también se le permita el acceso y recuperación de las pertenencias que se encuentran en el indicado inmueble; y, d) El cumplimiento del presente fallo deberá efectuarse en el plazo máximo de veinticuatro horas a partir de la notificación en audiencia a la parte demandada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Respecto a los derechos al agua y a la electricidad, “…la parte accionada, ha referido en su exposición que se le habría cortado estos por la existencia de mora ante la falta de pago de estos servicios incluso ha señalado por el pago que se adeudaba de 4 meses del servicio de agua potable y 20 meses del servicio de luz, por lo que se tenía la intención de que desalojen el inmueble, por estos argumentos expuestos se evidencia que lo señalado por la hoy accionante es evidente puesto que existiría el corte de estos servicios de agua y electricidad en contra de la señora Cynthia Marcela Yolanda Molina Casanova, por lo que evidencia la vulneración de estos derechos…” (sic); 2) Se verificó que la demandante de tutela se encontraba impedida de ingresar al domicilio y para proceder al desalojo como se pretende por la parte demandada, si bien refirió que existen la Carta Notariada y documentos de deuda, debieron ventilarse a través de un proceso extraordinario en la vía civil, conforme establece el art. 392.3 del Código Procesal Civil (CPC), referente al desalojo y desahucio de vivienda y no pretender la ejecución de dichos documentos suscritos, aplicando justicia por mano propia, debiendo procederse al desalojo únicamente a través de una sentencia u orden judicial emitida por autoridad competente; 3) Los documentos de deuda que la accionante debe cancelar en favor de la demandada, podrán ser ejecutados por la vía civil correspondiente y no como se procedió con el desalojo forzado de la impetrante de tutela, haciendo justicia por mano propia; y, 4) Se evidenció la vulneración de los derechos a la vivienda y al habitad, al evitarse el libre tránsito a las habitaciones que ocupaba la ahora solicitante de tutela, conforme a los antecedentes expuestos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa recibos de alquiler por los meses de septiembre a diciembre de 2022, y enero de 2023, cancelados por Cynthia Marcela Yolanda Molina Casanova -ahora accionante- (fs. 8 a 12). II.2. Consta facturas por consumo -de agua potable- emitidas por la AAPOS, de octubre a diciembre de 2022, y enero de 2023, a nombre de “GUMERCINDA DORADO ZAMBRANA”, con Código D13966, dirección: Colombia S/N (fs. 13 a 16). II.3. Corren facturas por consumo -de energía eléctrica- emitidas por SEPSA, de diciembre de 2022 y enero de 2023, a nombre de la ahora demandada (fs. 17). II.4. Cursa facturas de 24 y 28 de febrero de 2023 (fs. 19), recibo del 4 al 15 de marzo -de 2023- (fs. 20) y factura de 25 de abril del mismo año -por cuarenta y nueve días- (fs. 21), por el servicio de hospedaje, a nombre de la ahora impetrante de tutela. II.5. Constan documentos privados de reconocimiento de deuda y compromiso de pago de 24 de enero y 8 de septiembre de 2022 (fs. 56 y 57) y Carta Notariada de 28 de febrero de 2023 (fs. 58), dirigida a Cyntia Marcela Yolanda Molina Casanova -ahora accionante-, por la cual la ahora demandada “INTIMA A QUE DESOCUPE EL DEPARTAMENTO EN ALQUILER, PAGO DE MESES ATRASADOS DE ALQUILER Y PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA” (sic), refiriendo: “…el motivo de la presente Carta Notariada es para recordarle y exigirle se dé cumplimiento oportuno a los DOCUMENTOS PRIVADOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER SUSCRITOS EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, donde su persona se compromete a hacer la cancelación total de lo meses adeudados de alquiler que hacienden a la suma de Bs. 7.500 (SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVIANOS 100/00), específicamente en su cláusula TERCERA donde estipula que su persona debería de haber regularizado los meses atrasados hasta el mes de agosto de 2022 y proceder a desocupar el departamento. Consiguientemente habiendo fenecido el plazo pactado, inclusive en lo referente a los últimos tres meses de alquiler que adeuda, muy respetuosa y encarecidamente le CONMINO a que en un plazo no mayor de 3 (TRES) días computables desde el momento de la entrega de la presente Carta Notariada, a:

1. Proceder a la brevedad posible hacerme la entrega de los Bs. 7.500 (SIETE MIL BOLIVIANOS) por concepto de meses adeudados de alquiler que usted reconoció por medio de un DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 2. Realizar la cancelación de alquiler de los últimos 3 (tres) meses de alquiler. 3. Hacer la cancelación de los servicios básicos adeudados a SEPSA Y AAPOS, que ascienden SEPSA Bs. 316.68 y AAPOS Bs. 475.50 a la brevedad posible caso contrario me dirigiré a las instituciones a solicitar el corte permanente. 4. Ha proceder a desocupar el departamento en el plazo de 3 (tres) días, tomando en cuenta los documentos privados que este sería el tercer aviso para que desocupe definitivamente mi propiedad. Recordándole que desde hace más de un año le vengo exigiendo a su persona que cancele los alquileres adeudados y desocupe, en caso de no cumplir con la INTIMACIÓN y de seguir con su negativa procederé por la vía conveniente:

Administrativa, Civil, Penal, etc. la cual vea pertinente para hacer cumplir los meses adeudados y el desalojo correspondiente” (sic). II.6. Corre “ACTA DE CONCILIACION FALLIDA” (sic) de 17 de marzo de 2023, suscrita por Michelle Adriana Enriquez, Conciliadora Tercera de la Capital del departamento de Potosí, dentro del proceso preliminar de conciliación como diligencia previa ante la solicitud de la ahora solicitante de tutela y la parte convocada -ahora demandada- (fs. 25 y vta.). II.7. Cursa Cédula de Identidad y Carnet de Discapacidad de Daniela Celina Magne Molina, nacida el 12 de enero de 2001, presentando discapacidad múltiple, por deficiencia auditiva y con un porcentaje de 73 % (fs. 6 y 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a un habitad y vivienda adecuada, al agua potable y a la electricidad; toda vez que, habiendo alquilado un departamento en el cual vive junto a su hija con discapacidad, la propietaria -ahora demandada- procedió al corte de los servicios básicos de agua potable y electricidad, cerrando por dentro con candado la puerta de ingreso principal al inmueble e impidiendo el acceso a los bienes que se encuentran en su interior y mediante Carta Notariada -que de mala fe obligó a firmar a su madre adulta mayor- otorgó tres días para desalojar el ambiente sin ningún tipo de fundamento, de manera arbitraria y dolosa, provocando que viva en un alojamiento por cuyo hospedaje cancela diariamente, ocasionándole un perjuicio económico. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollaran los siguientes temas: i) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; ii) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; iii) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; iv) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; v) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; vi) De la necesidad de protección inmediata ante medidas de hecho que restringen el derecho a los servicios básicos; vii) El derecho de acceso al agua potable; viii) Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad; y, ix) Análisis del caso concreto.

III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por las SSCCPP 0119/2018-S2 de 11 de abril y 0373/2018-S2 de 24 de julio -entre otras-, sistematizó y desarrolló el siguiente razonamiento: La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras). Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.

III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

1El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho.

Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas). 2El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 3El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

…sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”.

Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

…i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.

En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión (las negrillas son incorporadas). Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril- que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC)-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-. En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: a) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, b) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.-hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: 1) Preventiva y/o 2) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; ii) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, 11La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 12La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”.

En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 13La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 14La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, iv) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. A lo anotado, corresponde señalar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina:

Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.

III.6. De la necesidad de protección inmediata ante medidas de hecho que restringen el derecho a los servicios básicos

Con relación a la privación de los servicios básicos como medidas de hechos ejercida tanto por autoridades públicas como por particulares y su protección inmediata sin necesidad del agotamiento previo de otros recursos o medios de impugnación la SCP 1632/2013 de 4 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.2 señaló que:

“En conclusión, la determinación de nuevas medidas en cuanto al suministro de los servicios públicos, prescindiendo y desconociendo las instancias legales y procedimientos específicos, establecidos en el ordenamiento jurídico, que lesionen los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales de los usuarios, constituye una vía o medida de hecho; y por la gravedad que implica aquello, al tratarse de un derecho, a partir del cual emerge el ejercicio de muchos otros, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada hasta ahora y los fundamentos precedentes, corresponde viabilizar la tutela otorgada por este órgano sin exigir el agotamiento previo de las instancias previas de impugnación” (las negrillas nos corresponden). La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional en esta misma línea en su Fundamento Jurídico III.3 estableció que:

“(…) se ha construido la línea jurisprudencial en sentido que la supresión del derecho al agua al margen de las formas o procedimientos establecidos en la normativa legal vigente de nuestro país, constituye una vía o medida de hecho. Cabe aclarar que el núcleo esencial de dicho derecho abarca varios elementos, entre ellos, la interrupción de su conexión, la elevación del precio o la contaminación del recurso en detrimento de la salud; dado que ello, indudablemente afecta las condiciones mínimas de dignidad del ser humano, caso en el cual, el amparo constitucional deberá ingresar a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, al tratarse de actos que resultan ilegítimos, por no tener respaldo legal alguno, dado que la idea que inspira la protección mediante amparo constitucional por vía de hecho, no es otra que el control al abuso de poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacer justicia por mano propia, tanto por parte de autoridades públicas como de particulares”. En consecuencia, conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional citada, en los casos en los que se denuncie la vulneración del derecho al agua al tratarse de un derecho que conlleva en su vulneración también la afectación de otros derechos constitucionales como la vida, la salud, la dignidad se prescinde del carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, existiendo la posibilidad de acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa e inmediata en busca de tutela.

III.7. El derecho de acceso al agua potable

La Constitución Política del Estado ha instituido en su Capítulo Segundo, Título Segundo de la Primera Parte de las Bases Fundamentales del Estado, referido a los Derechos Fundamentales, el art. 16.I reconoce que:

“Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”. A su vez, el art. 20.I de la CPE dispone:

“Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones” y su parágrafo III establece: “El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley” (las negrillas son añadidas). El derecho al agua, de acuerdo a lo establecido en la 1293/2015-S3 de 30 de diciembre, tiene una doble dimensión constitucional, tanto como un derecho individual fundamental como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo; asimismo, la referida SCP 0052/2015 de 5 de abril, estableció que:

“… por la naturaleza de este derecho en su ejercicio individual, no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de hecho en su uso racional como bien escaso por grupo social alguno -sea una comunidad campesina o sea una colectividad diferente- ni tampoco por persona particular”. Por su parte, la SCP 0176/2012 de 14 de mayo, señaló que: “El derecho fundamental al agua se constituye en un derecho autónomo que vinculado al derecho de acceso a los servicios básicos, permite la configuración del derecho de acceso al agua potable (preámbulo y art. 20.I y III de la CPE), que puede vincularse o relacionarse de acuerdo al caso concreto por el principio de interdependencia (art. 13.I de la CPE) al derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación adecuados, entre otros derechos individuales que tengan que ver con un nivel de vida adecuado y digno, lo que la Constitución denomina el ‘vivir bien’ como finalidad del Estado (preámbulo y art. 8.II de la CPE), o lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama el derecho al acceso a una existencia digna.

En este contexto, debe diferenciarse sobre las vías de protección del derecho al agua potable, así:

1) Cuando se busca la protección del derecho al agua potable como derecho subjetivo y por tanto depende del titular o titulares individualmente considerados su correspondiente exigibilidad; en estos casos, la tutela debe efectuarse necesariamente a través de la acción de amparo constitucional, así la SC 0014/2007-R de 11 de enero (corte de agua potable por sindicato campesino con el argumento de que no participó en las labores de la comunidad), SC 0562/2007-R de 5 de julio (corte de agua por propietario, con el argumento de que su inquilino no pago el alquiler), SC 0470/2003-R de 9 de abril (corte de agua por decisión de cabildo abierto para presionar a suscribir acuerdos) y SC 0797/2007-R de 2 de octubre (corte de agua por empresas de servicios proveedoras como mecanismo de presión), entre muchas otras.

Por su parte, el art. 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de este al disfrute del más alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de la salud. Para el cumplimiento de lo anterior, los Estados parte de la Convención, deben combatir las enfermedades y la malnutrición infantil en el marco de la atención primaria de la salud mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y de agua potable salubre.

Asimismo, la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en su artículo 14.2, reconoce explícitamente el derecho al abastecimiento de agua para combatir la discriminación contra la mujer en las zonas rurales del territorio y asegurar una vida en condiciones adecuadas.

En suma, el derecho al agua fue establecido taxativamente en la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional, los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como un derecho humano autónomo, que destinado al consumo humano es un derecho fundamental de naturaleza subjetiva, vital para el ejercicio de derechos inherentes al ser humano que vinculado al derecho de acceso a los servicios básicos, se configura como el derecho de acceso al agua potable. En este contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, reconoció que además constituye un derecho sobre el cual, se cimientan otros derechos del mismo rango constitucional como el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. Asimismo, de conformidad a las obligaciones adquiridas por el Estado boliviano es un elemento vital para asegurar la vigencia de los derechos inherentes al desarrollo de la personalidad del niño, en relación con una alimentación adecuada y la salud; así como el ejercicio de los derechos de la mujer tendientes a asegurarle condiciones de vida adecuadas.

III.8. Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, desarrolló el siguiente razonamiento: Al respecto, en la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, se reconoce que el fundamento de dicha protección reforzada se halla en la múltiple dimensión de la igualdad, reconocida constitucionalmente como valor, principio, derecho y garantía. Se afirma que el principio de igualdad formal se encuentra conciliado, complementado y compatibilizado con el de la igualdad material, que busca la igualdad efectiva mediante el trato desigual a los desiguales, y se encuentra constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas a favor de personas, que forman parte de grupos en desventaja para buscar el equilibrio con la población en general, como es el caso de las mujeres embarazadas y discapacitados. En el fallo que se examina, también se precisa que de la conciliación, complementación y complementariedad de la igualdad en sus vertientes formal y material, nacen dos funciones: 1) La primera, obliga al Estado a través de sus órganos en sus respectivos roles, a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes; así, al legislador ordinario, a dictar normas de desarrollo de discriminación positiva; al ejecutivo, a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas; y, a los jueces, a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de una interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación, constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis y pro hómine; y, 2) La segunda, es configurar un auténtico derecho subjetivo de las personas pertenecientes a estos colectivos tradicionalmente discriminado, a recibir un trato jurídico desigual y favorable en determinados casos, con la finalidad de conseguir su equiparación social, precisamente a través de medidas normativas, políticas públicas y jurisprudenciales.

III.9. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a un habitad y vivienda adecuada, al agua potable y a la electricidad; toda vez que, habiendo alquilado un departamento en el cual vive junto a su hija con discapacidad, la propietaria -ahora demandada- procedió al corte de los servicios básicos de agua potable y electricidad, cerrando por dentro con candado la puerta de ingreso principal al inmueble e impidiendo el acceso a los bienes que se encuentran en su interior y mediante Carta Notariada -que de mala fe obligó a firmar a su madre adulta mayor-otorgó tres días para desalojar el ambiente sin ningún tipo de fundamento, de manera arbitraria y dolosa, provocando que viva en un alojamiento por cuyo hospedaje cancela diariamente, ocasionándole un perjuicio económico. De antecedentes se tiene los recibos de alquiler de septiembre a diciembre de 2022, y enero de 2023, cancelados por la ahora impetrante de tutela (Conclusión II.1); las facturas por consumo -de agua potable- emitidas por la AAPOS, de octubre a diciembre de 2022, y enero de 2023, a nombre de “GUMERCINDA DORADO ZAMBRANA”, con Código D13966, dirección: Colombia S/N (Conclusión II.2); las facturas por consumo -de energía eléctrica- emitidas por SEPSA, de diciembre de 2022 y enero de 2023, a nombre de la ahora demandada (Conclusión II.3). Asimismo, documentos privados de reconocimiento de deuda y compromiso de pago de 24 de enero y 8 de septiembre de 2022 -suscritos por las ahora accionante y demandante-, adjuntos a la Carta Notariada de 28 de febrero de 2023 (Conclusión II.5), por la cual la ahora demandada conminó a que en un plazo no mayor de tres días computables desde el momento de la entrega de la indicada Carta Notariada, a:

“1. Proceder a la brevedad posible hacerme la entrega de los Bs. 7.500 (SIETE MIL BOLIVIANOS) por concepto de meses adeudados de alquiler que usted reconoció por medio de un DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 2. Realizar la cancelación de alquiler de los últimos 3 (tres) meses de alquiler.

3. Hacer la cancelación de los servicios básicos adeudados a SEPSA Y AAPOS, que ascienden SEPSA Bs. 316.68 y AAPOS Bs. 475.50 a la brevedad posible caso contrario me dirigiré a las instituciones a solicitar el corte permanente. 4. Ha proceder a desocupar el departamento en el plazo de 3 (tres) días, tomando en cuenta los documentos privados que este sería el tercer aviso para que desocupe definitivamente mi propiedad” (sic). De igual manera, se tiene el “ACTA DE CONCILIACION FALLIDA” (sic), de 17 de marzo de 2023, suscrita por Michelle Adriana Enriquez, Conciliadora Tercera de la Capital del departamento de Potosí, dentro del proceso preliminar de conciliación como diligencia previa ante la solicitud de la ahora impetrante de tutela y la parte convocada -ahora demandada- (Conclusión II.6). Previamente al análisis de fondo del problema jurídico, es preciso señalar que ante la denuncia de vulneración del derecho al agua por parte de la peticionante de tutela, corresponde aplicar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional; toda vez que, la restricción a dicho derecho al margen de cómo se haya dado, constituye una vía o medida de hecho, la cual afecta no solo a las condiciones mínimas de aquel al que se vulnera dicho derecho, sino de toda su familia -en el caso su hija con discapacidad-; motivo por el cual, corresponde prescindir del carácter subsidiario de la presente acción de defensa e ingresar al análisis de fondo de la problemática venida en revisión. Del mismo modo, dado que la acción de amparo constitucional cuando se denuncia medidas de hecho, puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos, situación que ocurría en el presente caso; de igual manera, acorde al Fundamento Jurídico III.1, las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, por lo que corresponde ingresar a revisar el fondo de la acción planteada. Por otra parte, conviene referir que conforme al Fundamento Jurídico III.8 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene protección constitucional reforzada tratándose de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad; en el caso, Daniela Celina Magne Molina -hija de la accionante- presenta discapacidad múltiple, con deficiencia auditiva en un porcentaje de 73% (Conclusión II.7) y al ser parte de grupos de prioritaria atención, es necesario precisar que en la presente acción de defensa, la impetrante de tutela acudió ante la justicia constitucional no sólo a efectos de restablecer sus derechos fundamentales sino también los de su descendiente; por cuanto, ambas vivían en el departamento alquilado a la ahora demandada y tuvieron que utilizar el servicio de hospedaje, conforme se establecerá en el párrafo siguiente.

Así se evidencia que la accionante junto a su hija -persona con discapacidad- utilizó el servicio de hospedaje en diferentes oportunidades: a) Factura del 24 de febrero de 2023, en el Alojamiento Universitario; b) Factura del 28 de febrero de 2023, en el Alojamiento “URKUPIÑA”; c) Recibo de 17 de marzo de 2023, que indica que la prenombrada fue atendida del 4 al 15 de marzo -de 2023-, por un servicio de habitación de una pieza con 2 camas, por doce días, en el Alojamiento Potosí; y, d) Factura de 25 de abril de 2023, en la cual señala cuarenta y nueve días de hospedaje de una habitación con dos camas, en el Alojamiento Potosí (Conclusión II.4). De esta forma, se tiene que la parte accionante alquilaba un departamento destinado a la vivienda; empero, la prenombrada junto a su hija fueron restringidas en su acceso al departamento, ya que fueron forzadas a utilizar el servicio de hospedaje en diferentes oportunidades acudiendo a alojamientos de la ciudad de Potosí; además, dicha restricción en el acceso al inmueble provocó que la impetrante de tutela no tenga acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad. Por lo que, al tenerse el corte de los servicios básicos y restringido el acceso al inmueble alquilado en el cual vivían la accionante junto a su hija, se vulneró los derechos al habitad y a la vivienda, al agua potable y a la electricidad, generando que la justicia constitucional otorgue tutela provisional y transitoria con efectos reparadores, hasta que la jurisdicción ordinaria civil resuelva el conflicto entre los sujetos procesales, respecto de las emergencias suscitadas por el cumplimiento o no de los documentos privados de reconocimiento de deuda y compromiso de pago -suscritos entre ambas partes-.

Por otro lado, no corresponde disponer el pago de costas, por cuanto no existe prueba que evidencie que la parte demandada haya actuado con dolo o temeridad (SCP 0497/2022-S1 de 4 de julio). Asimismo, se dispone el pago de daños y perjuicios, conforme se encuentra establecido en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 025/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 70 a 75, emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a los derechos a un habitad y vivienda adecuada, al agua potable y a la electricidad, conforme a lo desarrollado precedentemente, y dispone:

a) La calificación de daños y perjuicios, en ejecución del presente fallo constitucional; y en lo demás, en los mismos términos a lo determinado por la referida Sala Constitucional. 2° No ha lugar la solicitud del pago de costas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

4 La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”. Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras.

5 La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. 6La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”. Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras. 7Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

8 El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

9 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”.

10 La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 15SCP 0998/2012, FJ III.4.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0595_2025-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 62fc2e2aab267030368553f78d9c4b67c8a465acc794f5a9d5af97935b9e5656

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