Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de junio de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa, así como a la garantía de presunción de inocencia, debido a que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público de oficio, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo: a) La Fiscal de Materia -ahora coaccionada-, presentó imputación formal en su contra y solicitó su detención preventiva por un delito que jamás cometió, porque las supuestas víctimas de forma documentada indicaron que no se consideran víctimas; por lo que, dicha autoridad inobservó el art. 72 del CPP, al no haber tomado en cuenta ninguna circunstancia que le permita eximir su responsabilidad y demostrar su inocencia; asimismo, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de febrero de 2022, interpuso de forma oral excepción de la acción penal, pero la misma no fue aceptada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, argumentando que debió presentar ello por escrito, restringiendo su derecho a formular una excepción o un incidente para demostrar su inocencia, dejándolo en total estado de indefensión; y, b) La nombrada autoridad judicial, determinó su detención preventiva, sin tomar en cuenta que las supuestas víctimas desistieron de la acción penal por no considerarse víctimas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2023-S3 Sucre, 15 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46479-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rheggis Ramiro Lema Delfin en representación sin mandato de Dean Carlos Loayza Rosario contra Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 15 de febrero de 2022, cursantes de fs. 13 a 16 vta. y 17, el accionante a través de su representante sin mandato, expuso lo siguiente:
El 11 de febrero de 2022 a horas 23:00 aproximadamente, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se constituyeron en su local ubicado en el Hotel Sopocachi Resort, donde ingresaron de forma violenta encontrando a tres personas de sexo femenino, estableciendo en sus informes que su persona explotaría, trataría, trasladaría y comercializaría sexualmente a las mismas; por ello, el 13 del citado mes y año, el Ministerio Público presentó imputación formal en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas, explotación sexual y proxenetismo, para luego someterlo a audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde se determinó su detención preventiva, sin considerar que las supuestas víctimas en la aludida “audiencia” y por memorial de 14 del referido mes y año, indicaron que jamás fueron víctimas del delito que se le atribuye, desistiendo de la acción penal, lo que denota que no existe delito que perseguir, es inocente y que la causa que se le sigue es indebida.
Manifiesta que, la Fiscal de Materia ahora coaccionada, quebrantó sus derechos y garantías constitucionales, ya que lo imputó por un delito que jamás cometió, pidiendo a su vez detención preventiva, cuando las supuestas víctimas aseveraron de forma documentada que no son víctimas; por lo que, dicha autoridad infringió lo establecido por el art. 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no haber tomado en cuenta en la imputación, ninguna circunstancia que le permita eximir su responsabilidad y demostrar su inocencia, lesionando sus derechos y garantías constitucionales, como son la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. En lo referente al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ahora accionado, refiere que su defensa en audiencia de forma oral presentó excepción de la acción penal; sin embargo, no fue aceptada por la nombrada autoridad argumentando que debió formularla por escrito, lesionando su derecho a la defensa, ya que por la premura no tuvo el tiempo de interponer de forma escrita; por lo que, lo dejó en absoluto estado de indefensión, al haberle restringido su derecho de presentar una excepción o un incidente y la posibilidad de interponer recursos para demostrar su inocencia; además, ordenó su detención preventiva sin considerar que las supuestas víctimas desistieron de la acción penal argumentando que no se consideran víctimas; por lo cual, lesionó sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como la garantía de presunción de inocencia.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa, así como a la garantía de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de aplicación de medidas cautelares dictada por el Juez accionado y se ordene su libertad, porque existe prueba documental que demuestra que las víctimas nunca se consideraron como tales, desistiendo las mismas de la acción penal; por lo que, su libertad fue restringida de forma ilegal.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 47 vta., presentes la parte accionante, las autoridades accionadas y Yolimar Guadalupe Gonzales Bello en su condición de tercera interviniente acompañada de su abogado, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia refirió que: en audiencia de aplicación de medidas cautelares, presentó excepción de falta de acción, que es de previo y especial pronunciamiento, pero el Juez accionado le respondió indicando que debía formularlo por escrito, con ello le puso en estado de indefensión, inclusive cuando su abogado estaba fundamentando su defensa, dicha autoridad le cortó la palabra alegando que se habría excedido en el tiempo concedido de diez minutos, no le dejó argumentar sobre los riesgos procesales, ya que tiene familia y trabajo. Por su parte el accionante, con el uso de la palabra refirió que no cometió ningún ilícito porque el restaurante que tiene sirve comida extranjera casi todas brasileras, por ello tiene clientes no solamente extranjeros sino también bolivianos, cuyo negocio lo está reactivando luego de la pandemia realizando un evento, el cual era público y no cerrado.
Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 38 a 40, manifestó lo siguiente: a) De la revisión del memorial de interposición de la acción de libertad, se establece que la misma no está dirigida contra su persona; por lo que, concurre falta de legitimación pasiva; y, b) En la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de febrero de 2022, la defensa del impetrante de tutela alegó la existencia de un desistimiento presentado ante el Ministerio Público y el Juzgado que preside, pero no exhibió ese documento en el marco de la carga probatoria, tal planteamiento fue considerado a momento de emitirse la Resolución 31/2022 de la misma fecha, donde a su vez se resolvió la solicitud de aplicación de medidas cautelares, determinando la detención preventiva del prenombrado por seis meses, Resolución contra la cual el peticionante de tutela no presentó apelación conforme establece el art. 251 del CPP, lo que implica falta de agotamiento de la subsidiariedad; por lo cual, la acción de libertad no puede ser utilizada como un medio supletorio. Con tales argumentos solicitó se deniegue la tutela. Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia, por informe escrito de fs. 41 a 43 vta., refirió lo siguiente: 1) Cursa en su despacho fiscal, el proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra el accionante por la comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo, previstos y sancionados por los arts. 281 Bis y 321 del Código Penal (CP), a emergencia de una acción directa ejecutada por funcionarios policiales en sujeción al art. 227 del CPP, causa en el que se siguieron los procedimientos establecidos por ley, sin vulnerar derechos y garantías constitucionales establecidos por la Norma Suprema; y, 2) La acción de libertad, tiene la finalidad de proteger, de forma inmediata y efectiva cuando los derechos a la vida y a la libertad física estén amenazados, restringidos o suprimidos con acciones y omisiones ilegales o indebidas de las autoridades públicas o personas particulares; así, en el caso no se vulneró la vida tampoco la libertad, más bien se está frente a un hecho de trata de personas y proxenetismo; además, se debe considerar la excepcional subsidiariedad de la acción de libertad.
Yolimar Guadalupe Gonzales Bello, en audiencia a través de su abogado manifestó que el Ministerio Público en la imputación formal les atribuye la calidad de víctimas, por ello en la audiencia de aplicación de medidas cautelares hicieron conocer que no se consideran víctimas, desistiendo de la acción penal. Seguidamente la prenombrada con el uso de la palabra, en lo sustancial refirió que, no se considera víctima, contrariamente el día de los supuestos hechos fue conducida a dependencias policiales donde le indicaron que debía declarar en contra del impetrante de tutela, a lo que se negó porque no tiene nada contra el mismo, siendo además objeto de burla por el personal policial, porque le preguntaban cuanto cobraba por sus servicios como dama de compañía.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) No se puede acudir de forma directa a la jurisdicción constitucional sin observar la excepcional subsidiariedad, siendo que conforme a los informes presentados por las autoridades accionadas no se ha verificado el agotamiento previo de los medios eficaces y oportunos para atender las vulneraciones denunciadas, a efectos de que el Tribunal de alzada pueda revisarlos y de corresponder subsane algún tipo de error o valoración de la prueba aportada; ya que, vía acción de libertad es inviable ingresar a una nueva valoración de la prueba y considerar aspectos de fondo sobre los requisitos de autoría y riesgos procesales examinados en la audiencia de 14 de febrero de 2022, al ser una atribución de la autoridad ordinaria, porque solo cuando se demuestre objetivamente una valoración probatoria fuera de los cánones de la razonabilidad es que se podría dar un pronunciamiento como fundamento de la vulneración al debido proceso; ii) De la documentación adjunta, se establece que en cuanto a la probabilidad de autoría y los consiguientes riesgos procesales se encuentran debidamente descritos y fundamentados en la Resolución 31/2022, que es susceptible de impugnación a través de la apelación incidental que no fue activada por el peticionante de tutela; por lo que, esa omisión no puede de ninguna manera dar paso a la interposición de una acción constitucional de forma directa, por inobservancia del principio de subsidiariedad; por lo cual, es inviable ingresar al fondo de la problemática; y, iii) Respecto a la reclamación de vulneración del derecho a la defensa, por habérsele indicado al accionante en la audiencia de apelación de medidas cautelares, que los incidentes deben ser presentados de forma escrita, estos aspectos no advierten una vulneración expresa al mencionado derecho, porque encontrándose dentro del plazo legal, puede aún presentar cualquier tipo de excepción o incidente para su consideración; asimismo, se advierte que el impetrante de tutela estaba asistido de su abogado desde el inicio del proceso, no evidenciándose una indefensión absoluta, debiéndose considerar además que las medidas cautelares tienen un fin enteramente instrumental y no causan estado; es decir, pueden ser modificadas aun de oficio en cualquier momento. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el peticionante de tutela a través de su abogado solicitó complementación de la resolución, refiriendo que activó esta acción tutelar por existir peligro eminente para su libertad, que es un derecho constitucional que también está amparado en convenciones internacionales, entonces si bien es evidente que puede presentar recurso de apelación; sin embargo, hasta que se tramite su apelación pasarán días, cuando su persona es inocente. Al efecto, la Jueza de garantías, sin dar lugar a lo impetrado reiteró los argumentos esbozados respecto a la inobservancia de la subsidiariedad aplicable de forma excepcional a la acción de libertad.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se llega a las siguientes conclusiones: II.1. Cursa memorial de informe de inicio de investigaciones e imputación formal con aprehendido fechado con 12 de febrero de 2022, presentado por Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia -ahora coaccionada-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra Dean Carlos Loayza Rosario -ahora accionante-, por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo previstos y sancionados por los arts. 281 Bis I.6 y 321 del CP, solicitando además la aplicación de medida cautelar de detención preventiva en su contra (fs. 23 a 27). El referido caso con CUD 201102012200962, radicó ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el 13 del citado mes y año (fs. 27 vta.) II.2. Se tiene acta de audiencia de 14 de febrero de 2022, de consideración de medidas cautelares, actuación procesal en la que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, emitió la Resolución 31/2022 de igual fecha, mediante la cual dispuso la detención preventiva del imputado Dean Carlos Loayza Rosario -hoy impetrante de tutela-, por el plazo de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, fijando audiencia para revisar su situación jurídica para el 14 de agosto del citado año a horas 9:00, advirtiendo a las partes que tienen el plazo establecido por el art. 251 del CPP, para recurrir de apelación (fs. 29 a 34).
El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa, así como a la garantía de presunción de inocencia, debido a que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público de oficio, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo: a) La Fiscal de Materia -ahora coaccionada-, presentó imputación formal en su contra y solicitó su detención preventiva por un delito que jamás cometió, porque las supuestas víctimas de forma documentada indicaron que no se consideran víctimas; por lo que, dicha autoridad inobservó el art. 72 del CPP, al no haber tomado en cuenta ninguna circunstancia que le permita eximir su responsabilidad y demostrar su inocencia; asimismo, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de febrero de 2022, interpuso de forma oral excepción de la acción penal, pero la misma no fue aceptada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, argumentando que debió presentar ello por escrito, restringiendo su derecho a formular una excepción o un incidente para demostrar su inocencia, dejándolo en total estado de indefensión; y, b) La nombrada autoridad judicial, determinó su detención preventiva, sin tomar en cuenta que las supuestas víctimas desistieron de la acción penal por no considerarse víctimas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0205/2022-S3 de 31 de marzo, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, y la amplia jurisprudencia establecida sobre este tópico de procedencia del debido proceso vía acción de libertad, estableció que: [«Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal'”. Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa. En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “'…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'. (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”»] (el énfasis es agregado).
Al respecto, la SCP 0463/2022-S3 de 23 de mayo, citando a la SCP 0337/2018-S1 de 23 de julio, estableció que: [«La amplia jurisprudencia emitida por el extinto Tribunal Constitucional y reiterada por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, es coincidente al establecer las situaciones en las cuales corresponde aplicar la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en acciones de libertad ante la imposibilidad de ingresar en un análisis de fondo cuando se denuncian determinadas actuaciones consideradas como lesivas a los derechos fundamentales de libertad personal, de locomoción o a la vida, así los entendimientos expresados por la SC 0080/2010-R de 3 de mayo reiterada por la SCP 0001/2018-S1 de 14 de febrero y 1145/2017-S3 de 9 de noviembre de 2017 -entre otras-, refieren los supuestos excepcionales en los cuales a través de la acción de libertad no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, señalando que: “…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…) Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…”
En ese mismo sentido y aplicando el referido entendimiento a un caso de revocatoria de medidas sustitutivas, la SCP 0129/2017-S2 de 20 de febrero, al resolver el caso concreto señaló: “…el impetrante de tutela en vez de plantear recurso de apelación contra la resolución que revocó su otorgación de medidas sustitutivas, activó de manera directa la presente acción de libertad, inobservando el principio de subsidiariedad que rige en este tipo de acciones; toda vez que, no agotó la interposición de los recursos y mecanismos idóneos previstos en el ordenamiento jurídico, por lo que, no es viable ingresar al fondo de la problemática planteada, habida cuenta que, la apelación es el mecanismo adecuado y eficiente para la restitución inmediata de sus derechos; puesto que, conforme se estableció en el ordenamiento jurídico, la resolución que modifique o rechace las medidas sustitutivas es apelable en el plazo de setenta y dos horas y debe ser resuelta en el plazo de tres días; consiguientemente, es un mecanismo de defensa oportuno para exigir la restitución de su derecho a la libertad y en caso de no conseguir su propósito, recién activar la presente acción de libertad” El referido entendimiento, parte a su vez de la reiterada jurisprudencia emitida al respecto, entre otras la SCP 0055/2012 de 9 de abril, que determinó que: «El recurso de apelación incidental, es un medio ordinario de carácter procesal que la ley confiere a los intervinientes o interesados agraviados por una resolución judicial destinado a buscar una determinación justa, con la pretensión de una revisión integral o parcial de lo determinado, al considerarse la existencia de un agravio o lesión. En el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos e impugnaciones que otorga a las partes en el proceso penal, establece el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados; (…) en los casos que la solicitud de la -cesación a la detención preventiva- sea rechazada, el imputado y procesado tiene la oportunidad de utilizar y activar un mecanismo previsto en el Código de Procedimiento Penal como es la apelación incidental establecida en el art. 251; así entre otras, la SC 0861/2011-R, 6 de junio, indicó: “…el peticionante de tutela, previamente a acudir a una acción extraordinaria, en el caso presente, la acción de libertad, y considerar que la Resolución 14/2010 de 14 de enero, que dispuso el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva impuesta en su contra, vulneraba alguno de sus derechos fundamentales, debió actuar conforme al art. 251 del CPP (modificado por la Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), y tal cual lo expresa la Resolución impugnada; consecuentemente, interponer el recurso de apelación incidental que dicha norma le faculta, y que es considerado un medio idóneo, adecuado y apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado…” De lo expuesto, se concluye que el Código de Procedimiento Penal, ha previsto un mecanismo expedito para la protección inmediata del derecho a la libertad del imputado y procesado. En consecuencia, ese es el medio que previamente debe activarse en la justicia ordinaria para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho referido, en este caso ante el rechazo de una cesación a la detención preventiva; pero no es producente de ninguna forma acudir directamente o de manera paralela a la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar, garantía que podrá ser utilizada únicamente cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas. Por tanto, si se evidencia la existencia de procedimientos -aptos- para la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado, bastara para que el Juez o Tribunal de garantías y en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional deniegue la acción de libertad; en coherencia con la argumentación que antecede, la SCP 003/2012, de 13 de marzo, estableció que: “considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y ‘respondidas’ en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar”. De los citados entendimientos constitucionales, se concluye entonces que dentro el régimen de medidas cautelares, el recurso de apelación previsto por el art. 251 del CPP, se constituye por regla en el mecanismo idóneo, efectivo y eficaz para conocer presuntas lesiones de derechos devinientes de una resolución que impone, modifica o se pronuncia de cualquier forma sobre medidas cautelares en las distintas etapas del proceso, lo cual incluye rechazos a solicitudes de cesación de la detención preventiva, pues dicho mecanismo recursivo se torna en rápido y expedito para que vía intra proceso se pueda conocer, y en su caso de así corresponder, restaurar el debido proceso vinculado a la libertad, que se reclama en este tipo de situaciones»] (las negrillas nos corresponden).
Conforme se tiene advertido ut supra, el accionante alega que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público de oficio, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo: 1) La Fiscal de Materia -ahora coaccionada-, presentó imputación formal en su contra y solicitó su detención preventiva por un delito que jamás cometió, porque las supuestas víctimas de forma documentada indicaron que no se consideran víctimas; por lo que, dicha autoridad inobservó el art. 72 del CPP, al no haber tomado en cuenta ninguna circunstancia que le permita eximir su responsabilidad y demostrar su inocencia; asimismo, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de febrero de 2022, interpuso de forma oral excepción de la acción penal, pero la misma no fue aceptada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, argumentando que debió presentar ello por escrito, restringiendo su derecho a formular una excepción o un incidente para demostrar su inocencia, dejándolo en total indefensión; y, 2) La nombrada autoridad judicial, determinó su detención preventiva, sin tomar en cuenta que las supuestas víctimas desistieron de la acción penal por no considerarse víctimas. Identificado el objeto procesal sobre el que converge la presente acción de defensa, considerando que el mismo está referido a una denuncia de procesamiento indebido y además la detención preventiva asumida como medida cautelar; es decir, versa sobre dos puntos medulares, se realizará un análisis individual de los mismos, a fin de determinar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. Sobre la reclamación identificada en el numeral 1) Para resolver lo alegado en este punto, amerita puntualizar que para conocer vía esta acción de defensa reclamos de procesamiento ilegal o indebido, se deben cumplir dos presupuestos necesarios que dentro de los parámetros de concurrencia establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, son los siguientes: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas denunciados como presuntas irregularidades del debido proceso, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el peticionante de tutela no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que contra el impetrante de tutela se tramita un proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio, por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo, previstos y sancionados por los arts. 281 Bis I.6 y 321 del CP, que cuenta con imputación formal presentada contra dicho encausado (Conclusión II.1), encontrándose el nombrado con detención preventiva en mérito a la Resolución 31/2022 dictada por el Juez accionado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de febrero de 2022 (Conclusión II.2); es decir, su libertad personal fue restringida por una resolución emitida por autoridad competente en el marco de una causa penal en curso; de donde se evidencia que, el reclamo efectuado, como es la emisión de una imputación formal por la autoridad Fiscal coaccionada, inobservando -a criterio del ahora impetrante de tutela- lo establecido por el art. 72 del CPP, así como la decisión de la autoridad judicial accionada de no aceptar la presentación de la excepción de la acción penal de forma oral en audiencia, señalando que ello debió ser presentado de forma escrita, son cuestiones que no tienen vinculación directa con la libertad del peticionante de tutela. En efecto, si bien el prenombrado pretende fundar una vinculación entre la imputación formal y su libertad, argumentando que en dicho requerimiento el Ministerio Público solicitó se le aplique la detención preventiva; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la imputación formal en esencia se constituye en un acto investigativo procesal que tiene entre sus efectos que pueda derivar en que se asuman medidas cautelares, pero ello es emergente y producto del curso del proceso investigativo penal y del procedimiento, incidencias y lo determinado dentro del régimen de medidas cautelares que tiene su propio trámite, despliegue probatorio, consideración de requisitos y otros presupuestos procesales inherentes al mismo previstos en el Código de Procedimiento Penal, como en efecto ocurrió en el caso, donde su situación jurídica fue definida dentro de la audiencia de consideración de medidas cautelares a través de la Resolución 31/2022. Lo propio ocurre con las alegaciones respecto a la actuación del Juez accionado, quien no habría aceptado la presentación oral de una excepción dentro la audiencia de aplicación de medidas cautelares, que igualmente se constituye en una cuestión del debido proceso que no encuentra cauce inherente a la libertad por no operar como la causa directa para su restricción; debiendo considerarse además que todo ello está vinculado a la alegación efectuada por el procesado ahora peticionante de tutela, que sostiene que no cometió delito alguno y que no se consideró para establecer ello que las presuntas víctimas negaron tener tal calidad y desistieron de la acción penal, lo cual converge a su vez en cuestiones inherentes a la investigación penal, la probabilidad de autoría, la existencia de un hecho delictivo y otras cuestiones que hacen precisamente al despliegue investigativo procesal que no pueden ser conocidas y resueltas vía una acción extraordinaria de defensa; en consecuencia, se concluye que en la problemática analizada no se cumple con el primer presupuesto establecido por la jurisprudencia, referido a que las omisiones denunciadas operen como la causa directa para la amenaza o supresión del derecho a la libertad.
En esa misma línea de análisis, las alegaciones efectuadas por el accionante que pretender vincular sus reclamos a una presunta persecución ilegal o indebida, tampoco encuentran un punto de sustento de la lesividad referida, dado que las presuntas irregularidades del debido proceso alegadas -como se manifestó precedentemente- no inciden directamente con el derecho a la libertad del accionante, constituyéndose en actuaciones procesales dentro del proceso penal seguido en contra del nombrado, sin que una investigación por sí misma pueda de ninguna manera ser considerada como una persecución ilegal, como al parecer pretende hacer ver el impetrante de tutela, pues conforme lo estableció la SCP 0052/2018-S1 de 16 de marzo, “(…) es preciso señalar que la referencia que hace el accionante sobre una persecución ilegal, tampoco es atendible por cuanto la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, a tiempo de desarrollar las circunstancias de su existencia y las situaciones en las que puede ser tutelada a través de la acción de libertad, estableció que “…deberá entenderse a toda acción de un funcionario público, autoridad jurisdiccional o judicial que busca, persigue y hostiga a una persona, sin que exista motivo legal alguno ni orden expresa de captura, emitida por autoridad competente y en análisis fundamentado de las circunstancias y en los casos permitidos expresamente por ley, o cuando se emite una medida restrictiva, ya sea de orden de aprehensión, apremio, captura o detención, fuera de los casos previstos por ley y sin previo cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidos en ella; supuestos que necesariamente deben concurrir para que sean objeto de estudio a través de la acción de libertad. (…)”, presupuestos ambos que configuran la persecución ilegal que no se advierte concurran en el presente caso, reiterándose que la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público por la presunta comisión de hechos delictivos, no puede por sí misma considerarse una persecución al margen de la norma.
Por otra parte, tampoco se evidencia que el accionante esté en absoluto estado de indefensión, dado que de los antecedentes descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que el prenombrado tiene pleno conocimiento de la causa penal iniciada en su contra, desarrollando en ese marco actos procesales en ejercicio de su derecho a la defensa y dentro de ese despliegue procesal tiene la posibilidad de activar otros mecanismos ordinarios que considere idóneos para el resguardo y protección de sus derechos que ahora invoca como conculcados, y de no recibir una respuesta acorde a sus pretensiones, tiene expedita la acción de amparo constitucional, que es el mecanismo de defensa idóneo para conocer denuncias de procesamiento indebido no vinculados con la libertad. Consiguientemente, ante la inconcurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional para conocer a través de esta acción de defensa las denuncias de presunto procesamiento ilegal o indebido, respecto a este primer punto corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo. Sobre la reclamación identificada en el numeral 2) En este punto, el impetrante de tutela denuncia como acto lesivo la decisión adoptada por el Juez accionado en la Resolución 31/2022, mediante la que determinó su detención preventiva por seis meses; al respecto, se debe puntualizar que acorde al marco jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 precedente, en atención a la excepcional subsidiariedad de esta acción tutelar, en los casos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser agotados previamente antes de activar la acción de libertad, al no constituirse dicho mecanismo de defensa constitucional en un medio alterno a las vías de impugnación y recursos procesales idóneos establecidos en sede ordinaria, los cuales deben ser agotados antes de activar la justicia constitucional. En ese entendido, en lo que atañe al régimen de medidas cautelares personales establecido en el Código de Procedimiento Penal, el marco jurisprudencial invocado y la propia norma, determinan que el recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP, es en esencia el mecanismo idóneo, efectivo y eficaz para conocer presuntas vulneraciones de derechos emergentes de una resolución que impone, modifica o se pronuncia de cualquier forma sobre medidas cautelares, mecanismo recursivo que se torna en rápido y expedito para que vía intra proceso el Tribunal de alzada pueda conocer, y en su caso de así corresponder, restaurar el debido proceso vinculado a la libertad, que se reclama en este tipo de situaciones; de ahí que, antes de acudir a la justicia constitucional vía acción de libertad, se debe agotar esa vía de impugnación, lo contrario implica una inobservancia de la excepcional subsidiariedad de esta acción de defensa. En el presente caso, el peticionante de tutela denuncia de lesivo la Resolución 31/2022, mediante la cual el Juez accionado determinó su detención preventiva, en cuya parte in fine advirtió a las partes que esa decisión puede ser recurrida de apelación de conformidad al art. 251 del CPP; sin embargo, el ahora accionante activó de forma directa la presente acción de defensa pretendiendo que la justicia constitucional revise la referida resolución, sin tomar en cuenta que la acción de libertad no es una vía alterna a los mecanismos y recursos procesales de impugnación existentes en la vía ordinaria, en este caso el establecido por el citado art. 251 del Código adjetivo penal, que prevé: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas”, recurso que le correspondía activar para que el Tribunal de alzada, revise la decisión adoptada por el Juez accionado y en caso de advertir errores con trascendencia a sus derechos y garantías, asuma las correspondientes acciones correctivas en el marco de las facultades que le confiere la normativa adjetiva penal, lo cual no ocurrió, pese a que, como se tiene indicado, incluso la propia autoridad accionada advirtió a las partes de la existencia de dicho medio recursivo que era el idóneo y eficaz para la pretensión ahora buscada en sede constitucional. Por lo expuesto, al haber el impetrante de tutela presentado la acción de libertad sin agotar previamente el medio ordinario establecido por la normativa adjetiva penal para impugnar la aplicación de detención preventiva en su contra, resulta inviable analizar el fondo de la problemática planteada, deviniendo en que también se deba denegar la tutela solicitada sobre este segundo punto de reclamo, en aplicación de los entendimientos glosados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con distintos fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0595_2023-S3_id64236.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 97a49ea7f1663f3c4fca8063e701165cf26cfbd686a15d972de6ad0cb7e9e8a0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →