Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y falta del cumplimiento del principio de celeridad, puesto que se encuentra con detención preventiva durante un año y dos meses (al momento de presentación de la demanda de acción de libertad), por la investigación del delito de violencia familiar o doméstica, sustanciado ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva, el 22 de diciembre de 2022, la audiencia para la consideración de su solicitud fue suspendida en tres oportunidades: 1) La primera audiencia programada para el 29 del mismo mes y año, fue suspendida debido a que no se realizaron las notificaciones a la víctima; 2) Posteriormente la audiencia del 3 de enero de 2023 fue suspendida debido a la confusión en la sala virtual a la cual debían conectarse las partes involucradas; 3) La programada para el 5 de igual mes y año, no se instaló debido al estado de salud de la Jueza demandada. Razones por las cuales, el accionante considera que la autoridad demandada generó dilación e indebida prolongación de privación de libertad, puesto que la autoridad demandada no instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva y tampoco señaló nuevo día y hora de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR en parte la Resolución AL-01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz y en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela solicitada, con relación a Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0594/2025-S3 Sucre, 18 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52907-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Quiroga Mamani en representación sin mandato de Miguel Angel Tarqui Carrillo contra Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta.; el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público, el mismo guarda detención preventiva, hace un año y dos meses (entiéndase al momento de interponer la presente acción tutelar), por la investigación del delito de violencia familiar o doméstica, sustanciado ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz. El 22 de diciembre de 2022, solicitó cesación a la detención preventiva, ante el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, autoridad que señaló audiencia para el 29 de igual mes y año, “…misma que fue instalada y suspendida de forma arbitraria a razón de que no se habría generado a la oficinas de Gestora para la notificación a la víctima” (sic). Aspecto que motivó que el Juez referido, señale nueva audiencia de “Cesación de Detención Preventiva”, para el 3 de enero de 2023; sin embargo, el indicado día el Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del señalado departamento, ya no se encontraba de turno; razón por la cual, la Jueza Segunda de igual jerarquía y jurisdicción, señaló nueva audiencia para el 5 del mismo mes y año, no habiendo sido instalada la misma. Por información de la Secretaria del Juzgado referido, hicieron conocer que la autoridad judicial por razones de salud, no se encontraba en su despacho, sin haberse reprogramado la audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva. Reclamó que los hechos mencionados, generan dilación, siendo que una vez presentada la solicitud de “CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA”, el Juez de la causa debe señalar día y hora de audiencia; y, generar las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos (OGP), procedimiento incumplido por la autoridad que conoce la causa, además que el 5 de enero de 2023, la Jueza -ahora demandada- no instaló la audiencia, generándole prolongación indebida de privación de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 73, 115, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Solicitó se le conceda la tutela y en consecuencia se señale día y hora de audiencia de “…CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA” y en el día y hora señalada se instale la audiencia y prosiga conforme a procedimiento” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual, el 6 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolo señaló que: De los antecedentes cursantes en el cuaderno de juicio oral, se evidenciaría que al presente su derecho a la libertad ha sido vulnerado, puesto que la autoridad demandada no instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva y tampoco señaló nuevo día y hora de audiencia, generando dilación e indebida prolongación de privación de libertad; derecho a la libertad personal que se encuentra resguardado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que tiene plena exigibilidad en Bolivia por mandato del Art. 256 de la CPE; además por el bloque de constitucionalidad establecido por el Art. 410.II de la Norma Suprema. Por otra parte, también se habría vulnerado el principio de celeridad, en el entendido que las solicitudes de detenidos preventivos deben ser atendidas con prontitud y diligencias conforme lo previsto en los Arts. 22, 73 y 115 de la Ley Fundamental. Presentando esta acción de libertad en apego del Art. 125 y 126 de la CPE, en concordancia con los Arts. 46, 47, 48, 49 y 50 del CPCo. y en apego al Pacto de San José de Costa Rica, a efectos de que se restituya su derecho, toda vez que hasta la fecha no se ha llevado la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada en el 22 de diciembre de 2022. Pidió se conceda la tutela por los derechos vulnerados, dando lugar a que la Juez a quo señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva en el día e instale la audiencia señalada conforme a procedimiento y se remita una copia de la resolución ante el Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso disciplinario, todo de conformidad al Art. 39.2 del CPCo.
Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 14 a 15 vta. manifestó que, fue notificada con la presente acción de libertad; siendo, que el memorial está dirigido al Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, puesto que dicho juzgado estuvo en suplencia legal del Juzgado a su cargo, eso en virtud a las vacaciones judiciales.
En la vía informativa, indicó que el 3 de enero de 2023, se constituyó a su fuente laboral muy delicada de salud, relató: “… es así que el día de ayer no tuve las fuerzas necesarias para constituirme en estrados judiciales, y menos de acudir al médico inmediatamente” (sic).
Indicó también que el Juzgado de turno tendría que haber realizado la audiencia de cesación a la detención preventiva, puesto que tenía veinticuatro horas para cumplir sus funciones; pero lamentablemente, su colega no tomó en cuenta el principio de celeridad que debe primar en este tipo de audiencias, conforme lo desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, citando como referencia la SC 0078/2010-R de 3 de mayo que mediante SCP 0110/2012 estableció que:"...LAS AUTORIDADES QUE CONOZCAN LAS SOLICITUDES DE cesación A LA detención preventiva TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRAMITARLAS CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE, O CUANDO MENOS DENTRO DE PLAZOS RAZONABLES, MAS SU APLICABILIDAD EN LA PRAXIS NO HA SIDO OBJETO DE CUMPLIMIENTO DE PARTE DE LOS JUZGADORES, LOS CUALES AMERITA QUE LA FRASE "PLAZO RAZONABLE”, TRATANDOSE DE SEÑALAMIENTO DE DÍA Y HORA DE AUDIENCIA PARA CONSIDERAR ESTE BENEFICIO, DEBE SER CONCEPTUADA COMO UN TERMINO BREVISIMO DE TRES DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO, PUES EL IMPUTADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD. En ese entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el termino máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (Art. 73 y ss. del CP), bajo el argumento de existencia y sobrecarga procesal, para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad” (sic). Añadió que, la parte accionante el 22 de diciembre de 2022, “…presento memorial de cesación a la detención preventiva en el juzgado primero de sentencia penal de turno…” (sic), habiéndose señalado audiencia para el 29 de diciembre de 2022 a horas 11:00, misma que fue suspendida debido a falta de notificación, situación que no debe ser atribuible a su persona, toda vez que se encontraba de vacaciones y las acciones que realiza el juzgado de turno son netamente responsabilidad de la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, en su turno.
La autoridad jurisdiccional de turno, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 3 de enero de 2023 a horas 09:00; pero disponiendo que el Juzgado que se encuentra a cargo de la autoridad demandada, lleve a cabo la audiencia; sin embargo, la notificación para ese acto fue realizada por los funcionarios de turno, “… mandando otro link de audiencia a los sujetos procesales (desviando su conexión a la audiencia programada para este juzgado), situación que escapa completamente de mis manos …” (sic), añadió que pese a ello, cumplió con el mandato de ley instalando la audiencia y debido a la ausencia de las partes, estando únicamente el abogado de la parte acusada, tuvo que suspender la audiencia, señalando día y hora dentro las cuarenta y ocho horas, vale decir, para el 5 de enero de 2023 a horas 12:00, conminando a la Secretaria que gestione las notificaciones, porque su Juzgado no cuenta con personal auxiliar ni pasantes.
En la fecha y hora señalada, no pudo instalar la audiencia, debido a que se encontraba delicada de salud, situación que fue comunicada a las partes a través de Secretaría, recibiendo una respuesta negativa y de inconformidad por el abogado de la parte acusada, sin considerar su estado de salud, amedrentando a su personal de apoyo judicial con ejecutar acciones constitucionales.
Asimismo, señaló que la audiencia de cesación a la detención preventiva ya fue programada para el 9 de enero de 2023 a horas 14:30, adjuntando la nota marginal con el decreto de señalamiento y notificaciones que están para enviarse a la oficina gestora de procesos, aspecto que ya está siendo cumplido por el personal a su cargo y el motivo de esta acción de libertad.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución AL-01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 18 a 20 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad ahora demandada, asuma todas las medidas necesarias para efectivizar la audiencia señalada para el 9 de enero a horas 14:30, es decir, que no debe ser suspendida bajo ningún motivo.
Determinación que fue asumida, con base en los siguientes argumentos: a) Si bien es cierto lo referido por el abogado de la parte accionante, que desde el 22 de diciembre de 2022, que realizó su solicitud de cesación a la detención preventiva, la misma no se habría llevado a cabo; empero, debe tenerse presente que únicamente se demanda a la Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Segunda de esta jurisdicción y no así al Juez de Sentencia Penal Primero de la referida jurisdicción, que se encontraba de turno por vacación judicial, quien es la autoridad que señala audiencia de cesación a la detención preventiva para el día 29 de diciembre de 2022, es decir, fuera de las cuarenta y ocho horas establecidas por el art. 239 del CPP modificada por la Ley 1173, y es también esa autoridad quien suspende la audiencia y señala una nueva para el 3 de enero de 2023. En consecuencia, respecto a este punto la autoridad ahora demandada no fue la que provocó la dilación indebida lesionando el derecho a la libertad del ahora accionante; es decir, que la jueza demandada no tiene legitimación pasiva con respecto al mismo, tal cual lo refiere la citada autoridad; b) Pero si cuenta con legitimización respecto a la suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de 5 enero de 2023 a horas 12:00; por cuanto, de la documentación presentada por la autoridad demandada en calidad de prueba de descargo, que a la letra dice: "NOTA DE SUSPENSIÓN”. “en fecha 5 de enero de 2023 a horas 12:00, la audiencia de prosecución de juicio oral no pudo instalarse menos desarrollarse debido a que la Sra. Juez se encontraba delicada de salud, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales..." y "El Alto, 06 de enero de 2023, la audiencia virtual señalada para fecha 05 de enero de 2023 a horas 12:00 no pudo instalarse y menos desarrollarse debido a lo precedentemente descrito líneas ut supra, por lo que se reprograma la audiencia (virtual) de cesación a la detención preventiva para el 09 de enero de 2023 a horas 14:30, debiendo notificarse a los sujetos procesales" (sic); c) Se tiene, que si bien la audiencia fue señalada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas establecido por norma; sin embargo, la misma no fue llevada a cabo por la autoridad ahora demandada, según la misma por razones de salud, que es un derecho del cual también goza la citada autoridad; empero, no fue acreditado con documentación alguna, ni presentó informe alguno del personal de esta casa de justicia, que avale que la citada Jueza demandada ese día solicitó permiso por razones de salud; d) En consecuencia, conforme la jurisprudencia citada, la autoridad ahora demandada, al provocar dilación indebida para resolver la situación jurídica del accionante, ha vulnerado su derecho a la libertad; y, e) Si bien la autoridad demandada refiere que ya se tiene señalada audiencia de cesación a la detención preventiva para el 9 de enero de 2023; sin embargo, la misma fue señalada después de haber sido notificada con la presente acción de libertad, ya que de haber sido esa su intención, podía disponer que sea reprogramada por la Secretaria abogada de su despacho, el mismo día conforme establece la Ley 1173 y no solamente informar que no se iba instalar ni llevar acabo la audiencia por razones expuestas por la autoridad ahora demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
presentado el 22 de diciembre de 2022. (fs. 2 y vta.). II.2. Por proveído de 23 de diciembre de 2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, se señaló audiencia de consideración de Cesación a la Detención Preventiva, a efectuarse el 29 de diciembre de 2022, vía virtual; y, que por la Oficina Gestora de Procesos, se notifique a los sujetos procesales. (fs. 10). II.3. Consta acta de audiencia pública virtual de consideración de cesación a la detención preventiva, de 29 de diciembre de 2022 (suspendida), en el Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz de turno; que de acuerdo a informe presentado señala que: “…POR SECRETARIA SE INFORMA QUE LAS PARTES NO FUERON NOTIFICADOS PARA LA PRESENTE AUDIENCIA” (sic); ante lo cual, el Juez determinó que la falta de notificación a la víctima inviabiliza la instalación de la audiencia, en razón de que no se puede vulnerar derechos y garantías constitucionales de la víctima, conforme establece el art. 12 del CPP. Señalando nueva audiencia para el martes de 3 de enero de 2023; conminando al personal de la oficina Gestora y al personal de su despacho para que realicen las notificaciones pertinentes. (fs. 11 y vta.). II.4. Cursa acta de audiencia de juicio oral llevada a cabo de manera virtual de “03 de enero de 2022”, realizada en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; informándose por Secretaría que las partes fueron notificadas; sin embargo, no encontrándose vinculados a la audiencia virtual la representante del Ministerio Público, la víctima, ni su abogado, así como tampoco el accionante, sólo estaba presente el abogado del accionante, quien informó que su representado estaba, “enlazando” con el Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz y solicitó a la Jueza -ahora demandada-, subsanar el error, puesto que la notificación indicaba que la audiencia se llevaría a cabo en dicho Juzgado, habiendo intentado comunicarse con el encargado de la sala de audiencias del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al no obtener respuesta, la Jueza demandada determinó reprogramar la misma para el 5 de igual mes y año, a horas 12:00, debiendo notificarse a todas las partes. (fs. 12 y vta.).
II.5. Por nota de suspensión de 5 de enero de 2023, se establece que “…la audiencia de prosecución de juicio oral no pudo instalarse menos desarrollarse debido a que la Sra. Juez se encontraba delicada de salud, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales…”. (sic). En la misma página, consta el siguiente decreto: “El Alto, 06 de enero de 2023. La audiencia virtual señalada para fecha 05 de enero de 2023 a horas 12:00 no pudo instalarse y menos desarrollarse debido a lo precedentemente descrito líneas ut supra, por lo que se reprograma la audiencia (Virtual) de cesación a la detención preventiva para el día 09 de enero de 2023 a horas 14:30, debiendo notificarse a los sujetos procesales" (sic [fs. 13]).
El accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y falta del cumplimiento del principio de celeridad, puesto que se encuentra con detención preventiva durante un año y dos meses (al momento de presentación de la demanda de acción de libertad), por la investigación del delito de violencia familiar o doméstica, sustanciado ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva, el 22 de diciembre de 2022, la audiencia para la consideración de su solicitud fue suspendida en tres oportunidades: 1) La primera audiencia programada para el 29 del mismo mes y año, fue suspendida debido a que no se realizaron las notificaciones a la víctima; 2) Posteriormente la audiencia del 3 de enero de 2023 fue suspendida debido a la confusión en la sala virtual a la cual debían conectarse las partes involucradas; 3) La programada para el 5 de igual mes y año, no se instaló debido al estado de salud de la Jueza demandada. Razones por las cuales, el accionante considera que la autoridad demandada generó dilación e indebida prolongación de privación de libertad, puesto que la autoridad demandada no instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva y tampoco señaló nuevo día y hora de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (…) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias…” (las negrillas son añadidas).
Al respecto, a SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…) De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva… (…)
…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertad” (las negrillas son nuestras). Encontrándose en plena vigencia la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- es necesario resaltar que ésta, acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del Código Adjetivo Penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (cuarenta y ocho horas).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, estando detenido preventivamente durante un año y dos meses, solicitó la cesación a dicha detención, según memorial presentado el 22 de diciembre de 2022; sin embargo, la audiencia para la consideración de su solicitud, fue suspendida en tres oportunidades, por causales no atribuibles a su persona; y, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no se efectuó audiencia para dicho verificativo, incumpliendo el plazo procesal de cuarenta y ocho horas, conforme establece el art. 239.II del CPP.
Ahora bien, dentro el caso que se analiza, conforme se detalló en las conclusiones del presente fallo constitucional, se estableció los hechos expuestos por el impetrante de tutela; la presentación de solicitud de cesación de la detención preventiva, de 22 de diciembre de 2022; con señalamiento de audiencia para el 29 de igual mes y año, actuado que no fue notificado a la víctima, por lo que la misma fue reprogramada para el 3 de enero de 2023; sin embargo, por una confusión en la notificación y la sala virtual a la cual debían conectarse los interesados para el verificativo de la audiencia, tampoco pudo ser realizada, disponiendo la Jueza -ahora demandada- la realización de la misma para el 5 de igual mes y año, no obstante debido a un problema de salud de la autoridad judicial, no pudo concretarse la misma, por lo que no surtió efectos (Conclusiones 1, 2, 3 y 4). Posteriormente por proveído de 6 de enero de 2023, mismo día que se realizó la audiencia pública dentro de la presente acción tutelar, se tiene señalamiento de audiencia virtual para el 9 del mismo mes y año, (Conclusión II.5). Igualmente es importante hacer notar que durante el periodo, desde la presentación del memorial de solicitud a la cesación a la detención preventiva, hasta la suspensión de la tercera audiencia, fueron dos autoridades judiciales los que conocieron dicha solicitud, puesto que debido a la vacación judicial, el Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz de turno, conoció en primera instancia la solicitud presentada por el accionante, posteriormente fue de conocimiento de la titular a cargo del Juzgado de Sentencia Penal Segundo del mismo distrito judicial, donde se sustancia la causa principal. Por otra parte se tiene que habiendo transcurrido inicialmente cuatro días hábiles a computar desde la solicitud al señalamiento de la primera audiencia a cargo de la autoridad judicial de turno; posteriormente seis días hábiles hasta el cuarto señalamiento de audiencia, periodo donde intervino la autoridad ahora demandada; se hace evidente una dilación en la atención a la solitud presentada por el accionante, que se relacionan al desenvolvimiento y cumplimiento de deberes de los funcionarios judiciales y su responsabilidad ante el servicio que debe cumplir a favor de la sociedad, que si bien no son los directamente demandados en la presente causa, no obraron con la debida diligencia en las notificaciones. Con relación a las autoridades involucradas en el conocimiento de la solicitud de cesación a la detención preventiva, tampoco se sujetaron al principio de celeridad que debe regir sus actuaciones; si bien la autoridad ahora demanda alega que por su estado de salud no asistió a la audiencia programada para el 5 de enero de 2023, lo cual no resulta ser justificativo para incurrir en una dilación ante la petición efectuada por el ahora accionante de tutela, principalmente porque se trata de un aspecto que no fue respaldado documentalmente; es evidente, la dilación en resolver la situación procesal del accionante e incumplimiento del parágrafo segundo del art. 239 del CPP que establece: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” (las negrillas son nuestras), conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 (Celeridad y audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada) de este fallo constitucional; demostrando en consecuencia una evidente lesión al derecho a la libertad y obviando el principio de celeridad que debe primar ante situaciones donde se definirá la situación jurídica de un privado de libertad, conforme se encuentra plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese contexto, el objeto procesal de la problemática traída a revisión, versa en hacer efectiva la realización de la audiencia de cesación de la detención preventiva con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables para determinar la situación jurídica del solicitante de tutela; celebración que no se realizó hasta la fecha de presentación de la acción de libertad; en ese entendido, y conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se establece que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado; en ese sentido, es imperante otorgar la tutela a favor del accionante, puesto que la demandada lesionó su derecho al debido proceso, aún así haya señalado audiencia; pues, ésta se encuentra fuera de los cánones establecidos en el ordenamiento jurídico, vinculado a la libertad y al principio de celeridad, debiendo la Juez demandada tener claro que dicha conducta es contraria al orden constitucional; en similar contexto, en la modalidad innovativa de esta acción tutelar, la autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de evitar incurrir en una similar vulneración en contra del ahora accionante u otros ciudadanos en similares circunstancias, a fin de no obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss. de la CPE). Conforme lo manifestado, teniéndose por ciertos los hechos alegados por el accionante, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de pronto despacho, por la dilación en la celebración de la audiencia para la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela; en la que deberá disponerse lo que en derecho corresponda. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR en parte la Resolución AL-01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz y en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela solicitada, con relación a Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0594_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): ea29357ddbc13bd9dc8d527dd2a80cf51745f6954db5e956f1a62f184bddb882
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