Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncio la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso; toda vez que, por Auto de 24 de febrero de 2022, la Jueza demandada determino otorgarle detención preventiva, por lo que, en la misma audiencia de manera oral interpuso recurso de apelación incidental contra dicho fallo; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa no fue remitida la apelación ante el Tribunal de Alzada, habiendo transcurrido más treinta y cuatro días desde la audiencia de medidas cautelares, extremo que contraviene lo dispuesto por el art. 251 del CPP.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 43 vta. a 46 vta.; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que, de no haberlo hecho, en el día se proceda con la remisión de los actuados al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para su tratamiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0594/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46905-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 1 de abril, cursante de fs. 43 vta. a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Luis Apaza Crespo a través de su representante sin mandato Isabel Flores Alcocer contra Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 7 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato señaló lo siguiente:
El 31 de diciembre de 2021, Jorge Javier Morales Morales, Fiscal de Materia, asignado al caso, lo imputó formalmente por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272. 1 bis del Código Penal (CP); señalando audiencia de medidas cautelas la Jueza hoy demandada para el 24 de febrero de 2022, a las 10:30, disponiendo en dicho acto procesal la medida extrema de detención preventiva en su contra, por concurrir los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba. Es así que, en la misma audiencia de medidas cautelares, de manera oral interpuso recurso de apelación incidental en contra de dicho fallo, habiendo transcurrido más de treinta y cuatro días desde el 24 de febrero de 2022, sin que la apelación hubiese sido remitida al Tribunal de alzada, conforme prevé el art. 251 del CPP, vulnerando, su derecho a la libertad física y de locomoción y al debido proceso.
El accionante denuncio la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23 y 115. II; 7 y 8 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 y 14 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza demandada, remita los antecedentes de la causa al Tribunal de Alzada en el plazo de veinticuatro horas y sea con condenación de costas procesales.
Celebrada la audiencia pública el 1 de abril de 2022, conforme consta en el acta cursante a fs. 42 a 43, presente el accionante asistido de su abogado y ausentes la autoridad demandada y el Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandado, ratificó en su integridad su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que interpuso apelación incidental en la misma audiencia de medidas cautelares en que la Jueza demandada determinó su detención preventiva y que dicha autoridad dispuso la remisión de obrados ante el Tribunal de Alzada; empero, la misma no se efectivizó, vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 26 a 27, señaló que: a) El 24 de febrero del citado año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de carácter personal, en la que dispuso la detención preventiva del ahora solicitante de tutela, habiendo este interpuesto la apelación contra dicha resolución, siendo providenciado en la misma audiencia para que por Secretaría se remitan las piezas necesarias y pertinentes ante el superior jerárquico; por lo que, dispuso su remisión dentro del plazo dispuesto por Ley; b) La precitada Resolución fue emitida de manera oral y notificada a todas las partes presentes; por lo tanto, dicha remisión debió ser efectivizada por el Secretario del despacho judicial, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 56 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 8 de mayo de 2019–; por consiguiente, su persona no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional del impetrante de tutela; toda vez que, la petición formulada de forma oral por el accionante, fue resuelta en la misma audiencia; y, c) No es posible que el impetrante de tutela manifieste que es función propia del Juez la remisión del legajo de la apelación, cuando la Ley del Órgano Judicial dispone que es al Secretario abogado al cual se encomienda la remisión del legajo de las piezas necesarias y pertinentes ante el Tribunal de Alzada, por lo tanto no tiene legitimación pasiva en la acción de libertad, por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Juan Álvaro Rodríguez Molina, Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del mencionado departamento mediante informe escrito de 1 de abril de 2022, cursante a fs. 28, señaló que: 1) El accionante, en audiencia de medidas cautelas de 24 de febrero del mismo año, interpuso recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de esta acción de defensa no se apersonó a efectos de proveer los recaudos de Ley para poder remitir la apelación planteada, más aun cuando su persona no cuenta con los recursos económicos para sacar las fotocopias del cuadernillo procesal ; y, 2) Por la excesiva carga que existe en su despacho al ser un juzgado Público, Mixto que atiende causas en materia penal, familiar, Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que le es humanamente imposible poder hacer la revisión de todos los procesos, peor aun cuando la parte apelante no se apersonó para proveer los recaudos, y al ser un Juzgado mixto cumple con múltiples funciones, ya que no se cuenta con funcionario auxiliar que la pueda colaborar, teniendo que asistir a las audiencias, recibir las causas nuevas, memoriales, ordenes instruidas etc., por tales motivos no pudo cumplir con la remisión de apelación; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El representante del Ministerio Público no se hizo presente en la audiencia de consideración de acción libertad ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 13.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 43 vta. a 46 vta.; concedió la tutela solicitada; disponiendo que la Jueza demandada ordene que por Secretaria de su despacho se remita el recurso de apelación dentro del plazo de veinticuatro horas ante la Sala Penal de Turno del tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, llamándose la atención a la autoridad demandada por la demora y dilación en la remisión del recurso de apelación, sin costas y sin lugar a la remisión de antecedentes ante el Tribunal Disciplinario; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante se encuentra procesado por el delito de violencia familiar o doméstica, previsto por los arts. 272.1 bis del CP, proceso a cargo del Ministerio Público; y,2) El impetrante de tutela interpuso recurso ordinario de apelación incidental de conformidad a lo previsto en el art. 251 del CPP, no obstante de haberse dispuesto la remisión del expediente ante el superior Jerárquico, a fin de que este resuelva la apelación planteada, la misma hasta realización de la audiencia de la acción de libertad no fue remitida, habiendo transcurrido treinta y seis días de mora, inobservando la autoridad demandada el principio de celeridad establecido en los arts. 187.I y 180. I dela CPE; y, 3, 7 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, correspondiendo otorgar la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Se tiene solicitud de Imputación formal de 31 de diciembre de 2021, interpuesto por Jorge Javier Morales Morales, Fiscal de Materia contra Jorge Luis Apaza Crespo a denuncia de Duveyza Almanza Fernández ante el Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba; señalándose audiencia de medidas cautelares a través del proveído de 22 de febrero de 2022, para el 24 del mismo mes y año, a las 10:30 (fs. 2 a 5). II.2. Cursa Acta de Audiencia Virtual de 22 de febrero de 2022, de Consideración de Aplicación de Medidas Cautelares en contra del ahora accionante, en la cual, la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del mencionado departamento, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba, por un plazo de seis meses; por lo que, solicitante de tutela en virtud al art. 251 del CPP, apeló la decisión tomada por la Jueza demandada; toda vez que, dicho fallo sería atentatorio contra su persona (fs. 33 a 41 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncio la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso; toda vez que, por Auto de 24 de febrero de 2022, la Jueza demandada determino otorgarle detención preventiva, por lo que, en la misma audiencia de manera oral interpuso recurso de apelación incidental contra dicho fallo; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa no fue remitida la apelación ante el Tribunal de Alzada, habiendo transcurrido más treinta y cuatro días desde la audiencia de medidas cautelares, extremo que contraviene lo dispuesto por el art. 251 del CPP.
Al respecto la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.
Así también, la SCP 0819/2019-S4 de 12 de septiembre, al respecto señaló que: “‘…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’”. La SCP 0673/2020-S4 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0880/2019-S4 de 9 de octubre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”.
Sobre la tramitación de la apelación incidental contra las resoluciones que imponen medidas cautelares, se evidencia que el art. 251 del CPP, establece lo siguiente: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Entendimiento que se encuentra plasmado entre otras, en la SCP 0007/2018-S4 de 6 de febrero, que reiteró el entendimiento de la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, que manifiesta: “La naturaleza del recurso de apelación incidental en contra de resoluciones de medidas cautelares, en esencia, se encuentra indefectiblemente vinculada al derecho al debido proceso, en sus vertientes del derecho a la defensa y de acceso a la justicia o protección judicial efectiva. Al respecto, el art. 180.II de la CPE, señala: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’, postulado constitucional concordante con el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humano, que entre las garantías mínimas de toda persona inculpada de delito consagra el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior’. Respecto a la tramitación del citado recurso, el art. 251 del CPP, establece: ‘(…) Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’. En el caso de que el recurso de apelación hubiere sido planteado en la audiencia de cesación, ya sea de forma oral o escrita, la jurisprudencia constitucional fue precisa al establecer que éste ‘(…) deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’”.
El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncio la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso; toda vez que, por Auto de 24 de febrero de 2022, la Jueza demandada determino otorgarle detención preventiva; por lo que, en la misma audiencia de manera oral interpuso recurso de apelación incidental contra dicho fallo; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa no fue remitida la apelación ante el Tribunal de Alzada, habiendo transcurrido más treinta y cuatro días desde la audiencia de medidas cautelares, extremo que contraviene lo dispuesto por el art. 251 del CPP. De los antecedentes se tiene que Jorge Javier Morales Morales, Fiscal de Materia, el 31 de diciembre de 2021 presentó memorial de solicitud de imputación formal al Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, interpuesto contra Jorge Luis Apaza Crespo, a denuncia de Duveyza Almanza Fernández. Por lo que, la autoridad ahora demandada señaló audiencia de medidas cautelares a través del proveído de 22 de febrero de 2022, para el 24 del mismo mes y año, a las 10:30; ante lo cual, en dicha audiencia, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba, por un lapso de seis meses; por tal motivo, de manera oral, el solicitante de tutela, de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del CPP, apeló dicho fallo; toda vez que lo consideraba atentatorio. De los antecedentes antes señalados, resulta evidente que, desde la fecha de interposición del recurso de apelación, el 24 de febrero de 2022, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad que se revisa, presentada el 31 de marzo de igual año, transcurrieron aproximadamente treinta y seis días sin que el mismo hubiera sido remitido ante el Tribunal superior a efectos de revisión, incumpliéndose de forma grosera el plazo de veinticuatro horas previstos al efecto por el art. 251 del adjetivo penal, situación que evidencia la lesión de los derechos reclamados y que resulta atribuible a ambos demandados; esto, en razón a que, al no haber actuado de este modo inobservaron lo establecido en la referida disposición legal así como la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, respecto al trámite que se debe realizar en relación al recurso de apelación de acuerdo al indicado artículo procesal penal, que dispone que una vez interpuesto el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, debiendo el Tribunal de apelación resolver sin más trámite y audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; empero, en el caso concreto, conforme ya se refirió, la apelación incidental no fue remitida al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del término legalmente previsto, dilatándose en consecuencia su resolución, sin tomar en cuenta que cuando se trata de una solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, en el tratamiento de las mismas, debe imprimirse mayor celeridad en su trámite y resolución. Por consiguiente, al no haber efectivizado lo dispuesto por la misma autoridad en cuanto a la remisión de la apelación y los antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, se incurrió en una omisión ilegal que lesionó el derecho a la libertad del accionante; toda vez que, la audiencia de consideración de medidas cautelares se llevó adelante 24 de febrero de 2022 y hasta la celebración de la audiencia de la presente acción de defensa –1 de abril del citado año– el recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela no fue remitido ante el Tribunal de Alzada; es decir que transcurrieron treinta y seis días hábiles de planteada la referida apelación, ocasionando que la situación jurídica del accionante quedara en un estado de incertidumbre; en tal razón, la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, incurrió en una dilación indebida, que derivó en la afectación de los derechos reclamados por el accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, compulsó de manera adecuada los antecedentes, la normativa y jurisprudencia constitucional aplicable al caso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 43 vta. a 46 vta.; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que, de no haberlo hecho, en el día se proceda con la remisión de los actuados al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para su tratamiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0594_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3814e0c207ba159b0ae2e89b78553ed5527eecc944ea9051c849e71cd4db5b9b
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