Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Concede la tutela
El accionante alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad funcionaria y a la percepción de un salario justo, así como los de su hija menor de edad a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad y respeto al niño, niña y adolescente; puesto que, la autoridad demandada, emitió indebidamente el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023, de suspensión del ejercicio de sus funciones, por el transcurso de un mes sin goce de haberes del 1 de febrero al 28 de 2023, con el cual fue notificado el 10 de enero de igual año, ejecutando una sanción disciplinaria, sin considerar su condición de padre de una menor que aún no cumplió un año de edad. Ante ello, la parte demandada sostuvo que, la sanción disciplinaria aplicada al impetrante de tutela fue a consecuencia de un proceso disciplinario, en el cual se declaró probada la denuncia interpuesta en su contra, confirmada en segunda instancia y posteriormente ratificada por la justicia constitucional, que denegó la tutela solicitada; asimismo, con la emisión del Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 -de suspensión-, no se vulnera los derechos de la menor de edad AA, puesto que, pese a que el nombrado cumpliría dicha sanción continuaría percibiendo el subsidio de lactancia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 82/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 120 a 121 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente y en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0593/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57586-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 82/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 120 a 121 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ángel Carvajal Cordero contra Juan Carlos Apaza Canaviri, Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura.
Por memorial presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 8 a 11, el accionante manifestó lo siguiente:
Fue designado como Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, cargo que desempeñó con normalidad. El 15 de julio de 2022, nació su hija, quien a la “fecha” -se comprende a la data de interposición de la acción de defensa-, no cumplió un año de edad, situación que es de conocimiento de la Unidad de RR.HH. de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, en razón a que percibe el subsidio de lactancia, conforme se acredita mediante el formulario de registro y su afiliación al seguro social de corto plazo correspondiente. Sin embargo, el 10 de enero -de 2023-, fue notificado con el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 de 9 de enero, mediante el cual, de manera sorpresiva y sin considerar su condición de progenitor de una menor de un año de edad, fue suspendido del ejercicio de sus funciones, por el lapso de un mes, sin goce de haberes, a partir del 1 de febrero hasta el 28 de igual mes y año. En virtud de ello, interpone la presente acción tutelar, denunciando la indebida ejecución de una sanción que -a su criterio- no correspondía ser aplicada en atención a la situación de su hija, cuyos derechos -afirma- se verían afectados.
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad funcionaria y a la percepción de un salario justo, así como los de su hija menor de edad a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad y respeto al niño, niña y adolescente, citando al efecto los arts. 9.2, 15, 21.2, 22, 35, 45, 46.I y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 de suspensión, ordenando su permanencia en el cargo.
Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 117 a 119; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 de suspensión, viene a raíz de un proceso disciplinario, y en ningún momento pidió que no se ejecute el mismo, sino que reclama que al momento de su ejecución su hija no cumplió un año de edad, situación que le deja en un estado de vulnerabilidad; y, b) Todas las líneas jurisprudenciales, en cuanto a la aplicación de la inamovilidad laboral, son respecto a la conclusión definitiva de la relación laboral; por lo que, su situación merece un análisis detenido y nuevo, por la interrupción a raíz de la ejecución de una sanción que le impide que pueda tener otras fuentes de ingreso, lo que lo deja en una situación de vulnerabilidad que requiere tutela al tener una hija menor que no cumple un año de edad, por lo que al existir un vacío en la jurisprudencia, merece también un tratamiento excepcional.
Wendy Jaqueline Ponce Herrera, Encargada de RR.HH. de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, por informe escrito, cursante de fs. 113 a 116, y en audiencia manifestó que: 1) Por Resolución 041/2019 -de 7 de junio-, Jueza Disciplinaria Tercera de la citada Representación Distrital, declaró probada la denuncia presentada por Carlos Elías Lanza Pérez contra el ahora accionante por la comisión de la falta grave prevista en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), imponiendo al nombrado la sanción de suspensión de sus funciones sin goce de haberes, habiendo presentado la apelación correspondiente, se remitió obrados al Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, el cual emitió la Resolución SP-D - AP 332/2019 de 20 de agosto, que resolvió confirmar totalmente la Resolución 041/2019, disponiendo a su vez poner en conocimiento de la Unidad de RR.HH., Escalafón del Órgano Judicial, Secretaria de Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura y de la Contraloría General del Estado. Es así que, siendo devuelta dicha causa al Juzgado de origen, se remitieron antecedentes a la Unidad de RR.HH. emitiendo el Memorándum CMLP/URH/SD 05/2021 de 8 de febrero; 2) De forma posterior el accionante presentó acción de amparo constitucional contra Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Duran Consejeros del Consejo de la Magistratura y la Jueza Disciplinaria Tercera de la Representación Distrital de La Paz, impugnando la Resolución SP-D - AP 332/2019, como efecto, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, dispuso denegar la tutela, manteniendo firme y subsistente la medida cautelar dispuesta, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita resolución; es así que, en revisión, por SCP 0300/2022-S2 de 11 de mayo, se resolvió confirmar la decisión inicial y se denegó la tutela solicitada; notificada que fue la Unidad de RR.HH., emitió el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023, dando cumplimiento a la sanción disciplinaria impuesta por Resolución 041/2019, confirmada por Resolución SP-D - AP 332/2019, señalando en el citado Memorándum que deberán ser cumplidos a partir del 1 al 28 de febrero de 2023, cuya ejecución es ineludible y ejecutoria; 3) De lo que se advierte, que el solicitante de tutela ante la emisión de la “Sentencia Disciplinaria” sancionatoria ya acudió a la justicia constitucional donde no evidenciaron vulneración de derechos; sin embargo, el nombrado acude nuevamente a esta acción de defensa argumentando que el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 de suspensión, emitido a consecuencia del proceso disciplinario, vulnera sus derechos, pretendiendo hacer incurrir en error con esta nueva acción tutelar, tratando de que nuevamente se valore la señalada “Sentencia Disciplinaria” que dio lugar a la emisión del referido Memorándum; y, 4) Sobre la supuesta vulneración de los derechos de su hija menor de edad, los mismos no se verían afectados, ya que la percepción del subsidio de lactancia continúa, a pesar de que el accionante cumpla una sanción disciplinaria de suspensión; argumentos con los cuales, solicitó se deniegue la tutela impetrada, dejando sin efecto la medida cautelar dispuesta.
Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 82/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 120 a 121 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la “supresión de ejecución” del Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 -de suspensión-, hasta que la hija menor de edad del accionante cumpla un año; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional, marcó un línea progresiva respecto a la tutela que pueden exigir los progenitores de menores de un año y de los concebidos, esta no es una tutela de los padres sino está dirigida a garantizar el derecho a la vida y la salud del menor, fue una línea invariable que dejó entrever incluso para los funcionarios de libre nombramiento o confianza, la posibilidad de que demostrando ser progenitores de un menor de un año no sean destituidos de su fuente de trabajo sino removidos a un puesto similar, entre tanto el menor cumpla un año de vida; ii) La ratio dicidendi de todas las sentencias giran alrededor de la protección reforzada de los menores, misma que debe ser aplicada en la presente causa, en razón a que el hoy accionante alegó y acreditó que es padre de una menor de un año de edad, que la suspensión no solo afectaría sus ingresos sino además la manutención de su hija, dicha afectación no puede ser tolerada, máxime si es la propia jurisdicción constitucional quien ha encomendado a las Salas Constitucionales el resguardo a la protección reforzada de los menores, en este caso específico los menores de un año de edad; iii) Se advierte que la pretensión del accionante no es anular su proceso ni dejar sin efecto su memorándum sino la suspensión provisional de los efectos de la ejecución entre tanto su hija cumpla un año de edad, extremo que no resulta irracional; iv) La entidad ahora demandada debe tener un tratamiento más garantista, protector de derechos en situaciones como esta, donde el debate no recae en el beneficio o no del recurrente, sino en la protección reforzada de menores en casos generales, y este análisis debe propender a que en todo momento los Encargados de RR.HH., provean actos administrativos como lo es un memorándum dirigidos a garantizar o satisfacer el ejercicio de derechos; y, v) En ese sentido, tomando en cuenta la situación particular del impetrante de tutela, quien descarta el hecho de anular el memorándum o el proceso, sino más al contrario, simplemente en una línea progresiva a la jurisprudencia constitucional, instancia que desde siempre dejó entrever que son inamovibles los progenitores de menores de un año de edad, por lo que la inamovilidad no solo implica el despido o desvinculación, sino también la imposibilidad de que quien ejerce funciones no sea suspendió arbitrariamente mientras el menor cumple el primer año de edad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 125 a 127); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. - J-014/2017 de 7 de marzo, Edmundo Yucra Flores, entonces Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, comunicó a José Ángel Carvajal Cordero -ahora accionante-, su transferencia al cargo como Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, con ítem 1041, con un haber mensual de Bs13 500.-, conforme a lo establecido por “…Capitulo III del Acuerdo N° 233/2014 que aprueba el ‘Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial’, el Pleno del Consejo de la Magistratura en uso de sus atribuciones, mediante Resolución Nº 006/2017…” (sic [fs. 3]). II.2. Cursa Resolución SP-D - AP 332/2019 de 20 de agosto, emitida por el Tribunal de Segunda Instancia constituido por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante la cual, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por el ahora impetrante de tutela contra la Resolución 041/2019 de 7 de junio, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Tercera de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, dentro del proceso disciplinario 089/2019, por la supuesta comisión de la falta disciplinaria, prevista en el art. 187.14 de LOJ, dispusieron confirmar la decisión impugnada, que declaró: “…PROBADA la denuncia interpuesta por Carlos Elías Lanza Pérez contra José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de La Paz, por la comisión de la falta disciplinaria grave establecida en el num.14) del art. 187 de la Ley 025 (…), imponiéndole la sanción de suspensión de un mes de funciones sin goce de haberes, Resolución que deberá ponerse a conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos, Escalafón del Órgano Judicial, Secretaría de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura y de la Contraloría General del Estado, para los fines consiguientes” (sic [fs. 27 a 32]). II.3. Consta certificado de nacimiento de la menor de edad AA, nacida el 15 de julio de 2022, teniendo como padres al ahora solicitante de tutela y a Kimberly Scarlet Zabala Corrillo (fs. 5). II.4. Cursa Formulario Form. AVC-06 de Aviso de Alta y Bajas de Beneficiarios de 17 de agosto de 2022, de la CNS, encontrándose como asegurado el accionante y se consigna en “ALTAS” a la menor de edad nacida el 15 de julio de ese año, autorizándose los subsidios “NATALIDAD POR ÚNICA VEZ, LACTANCIA EN ESPECIE HASTA 15-07-2023” (sic [fs. 4]). II.5. Por Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 de 9 de enero, Juan Carlos Apaza Canaviri, Encargado de RR.HH. de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura -ahora demandado-, comunicó al impetrante de tutela la suspensión del ejercicio de sus funciones, por el lapso de un mes sin goce de haberes, a partir del 1 al 28 de febrero de igual año, alegando en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 041/2019 y Resolución SP-D - AP 332/2019, por lo que en sujeción al art. 20 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental procedió a ejecutar la sanción disciplinaria; el cual fue recepcionado el 10 de enero del mismo año (fs. 2).
El accionante alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad funcionaria y a la percepción de un salario justo, así como los de su hija menor de edad a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad y respeto al niño, niña y adolescente; puesto que, la autoridad demandada, emitió indebidamente el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023, de suspensión del ejercicio de sus funciones, por el transcurso de un mes sin goce de haberes del 1 de febrero al 28 de 2023, con el cual fue notificado el 10 de enero de igual año, ejecutando una sanción disciplinaria, sin considerar su condición de padre de una menor que aún no cumplió un año de edad. Ante ello, la parte demandada sostuvo que, la sanción disciplinaria aplicada al impetrante de tutela fue a consecuencia de un proceso disciplinario, en el cual se declaró probada la denuncia interpuesta en su contra, confirmada en segunda instancia y posteriormente ratificada por la justicia constitucional, que denegó la tutela solicitada; asimismo, con la emisión del Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 -de suspensión-, no se vulnera los derechos de la menor de edad AA, puesto que, pese a que el nombrado cumpliría dicha sanción continuaría percibiendo el subsidio de lactancia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la postergación de sanción administrativa impuesta al progenitor o mujer embarazada que conlleven el retiro temporal o suspensión de funciones, la SCP 0367/2019-S4 de 18 de junio, citando a la SCP 0825/2017-S2 de 14 de agosto, estableció que: «“Sobre este punto, si bien la SCP 0076/2012, de manera restrictiva, moduló la anterior línea jurisprudencial contenida en las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R y 1580/2011-R, sosteniendo que no resultaba aplicable el beneficio de inamovilidad laboral hasta que el recién nacido cumpla un año de edad, cuando exista sanción administrativa, debiendo ejecutarse inmediatamente, aclarando sin embargo que quedaba subsistente el beneficio de lactancia para el ser en gestación o recién nacido menor a un año de edad; no obstante de ello, posteriormente se pronunció la SCP 0086/2012 –de 16 de abril–, que recondujo el entendimiento jurisprudencial, expresando lo siguiente: ‘En remisión al art. 48.VI de la CPE, citado en el Fundamento Jurídico que precede, queda claro que la mujer en estado de gestación o lactancia, no puede ser removida de su puesto de trabajo hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; previsión constitucional que versa sobre la protección de maternidad por parte del Estado, que es extensible al progenitor varón a efectos de precautelar el derecho a la vida, la salud y a la seguridad social, tanto de la madre como del recién nacido desde el momento de su concepción. Así, debe entenderse por pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, cuando en aquellos casos en los que ambos –madre y progenitor hubieran sido sometidos a proceso administrativo, disciplinario y/o determinado su destitución –por incurrir en contravención al ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria- dicha sanción deberá postergarse en tanto su hijo o hija cumpla un año de edad (Con similar intelecto, la SC 1330/2010-R de 20 de septiembre). De lo que se concluye que, la inamovilidad laboral de la que gozan la mujer embarazada y en estado de lactancia, como el progenitor varón, implica que cualquier sanción a imponérsele, la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser, debe posponerse a efectos de garantizar y precautelar los derechos de carácter primario (salud, vida, seguridad social) que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable’”. (…) En ese contexto, si bien existe una determinación en firme, que dispone el retiro temporal del accionante, por tres meses de la institución con pérdida de antigüedad sin goce de haberes, por la transgresión del art. 12.19 de la LRDPB; no obstante, tomando en cuenta que el impetrante de tutela, al momento de su retiro temporal, inclusive al momento de la presentación de la acción tutelar que se revisa, tenía la condición de padre progenitor de una niña menor de un año, conforme se tiene establecido del certificado de nacimiento de la hija AA, de 8 de agosto de 2018, cursante en obrados, situación que fue de conocimiento de la institución policial incluso con anterioridad al referido Memorando, así se tiene del pago de subsidios por natalidad realizados a partir del 25 de abril de ese año; por lo que, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la inamovilidad laboral de la que goza la mujer embarazada en estado de lactancia, como el progenitor varón, implica que la ejecución de cualquier sanción que se le imponga, y que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o las del nuevo ser o niña o niño menor hasta un año de edad, deberá ser pospuesta hasta que la niña o niño, cumpla el año de edad…» (las negrillas son nuestras).
En el presente caso, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, el accionante en calidad de Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, fue sometido a un proceso disciplinario por la presunta comisión de la falta disciplinaria grave, prevista en el art. 187.14 de la LOJ. Como resultado de dicho proceso, la Jueza Disciplinaria Tercera de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución 041/2019 de 7 de junio, declarando probada la denuncia interpuesta en su contra, imponiéndole la sanción de suspensión de un mes de funciones sin goce de haberes; dicha determinación fue apelada, y en segunda instancia fue confirmada mediante Resolución SP-D - AP 332/2019 de 20 de agosto, emitida por el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.2). Posteriormente, en cumplimiento de las citadas Resoluciones, el 9 de enero de 2023, el Encargado de RR.HH. ahora demandado, emitió el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023, por medio del cual ejecutó la suspensión del accionante desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2023, sin goce de haberes (Conclusión II.5). Determinación con la cual el accionante fue notificado el 10 de enero del mismo año, cuestionando mediante esta acción de defensa que dicha decisión no puede ser aplicada dada su condición de progenitor sino hasta que su hija cumpla un año de edad, aclarando que, no pretende revisión alguna del proceso disciplinario o la sanción que se le impuso.
Al respecto, de acuerdo a la documentación descrita en las Conclusiones II.3 y II.4 del presente fallo constitucional, se evidencia que el accionante es padre de una niña nacida el 15 de julio de 2022, quien, además se encontraba percibiendo las asignaciones familiares programadas hasta el 15 de julio de 2023 (subsidio de lactancia); es decir que, a tiempo de la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta al ahora impetrante de tutela y de la interposición de esta acción de defensa, la misma contaba con cinco meses de vida. Bajo ese contexto, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la protección de la que gozan la mujer embarazada y en estado de lactancia, como el progenitor varón sometidos a un proceso administrativo o disciplinario -derivada de la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE- no solo atinge a aquellos casos en los que ambos -madre y progenitor- hubieran sido sancionados con su destitución, sino que también alcanza a cualquier sanción a imponérsele que afecte los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales del nuevo ser, que debe posponerse en tanto su hijo o hija cumpla un año de edad a efectos de garantizar y precautelar los derechos de carácter primario (salud, vida, seguridad social) que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable. En ese marco, la ejecución de la sanción de suspensión por un mes, impuesta al accionante concretizada a través de la autoridad demandada mediante el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023, debió ser diferida hasta que la niña AA cumpla un año de edad, velando por el interés superior de la misma, y a fin de precautelar los derechos de carácter primario, conforme se tiene desarrollado en el citado Fundamento Jurídico, considerando que dicha sanción conlleva también la interrupción del goce de haberes del impetrante de tutela, lo que constituye una afectación a la estabilidad económica de su familia; consecuentemente, ello deriva en la lesión de los derechos al trabajo y garantía de inamovilidad laboral del prenombrado en vinculación con los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad de la referida infante; por consiguiente, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 82/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 120 a 121 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente y en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0593_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4b514048d801c670e0fd4e758339f087aef52702acdadb7523a0ced953dd08c5
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