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SCP 0593/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49218-2022-99-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso; alegando que es sujeto de un indebido procesamiento, por cuanto la autoridad hoy demandada fue recusada por su persona en virtud a una enemistad que data desde cuando él era estudiante del Colegio Juan Misael Saracho en tanto que la autoridad hoy recurrida fue su profesora; empero, dicha recusación fue rechazada y confirmada por el Auto de Vista 04/2020. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 40 a 50, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0593/2024-S4 Sucre, 10 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49218-2022-99-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 05/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 40 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Moisés Villanueva Michel contra Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de julio de 2022, cursante de fs. 1; y, 4 a 5, el accionante expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpuso la presente acción tutelar, por encontrarse frente a un indebido procesamiento. A fs. 159 del cuaderno de control jurisdiccional, cursa la interposición de Recusación; a fs. 161 se tiene el Rechazo de la recusación; y, a fs. 168 se encuentra el “Auto de Vista 4/2020, cuál fue la base para ese rechazo?” (sic). Refirió haber formulado recusación, debido a la enemistad que tienen –no especificó a quién se refiere–, desde cuando él era estudiante del colegio Juan Misael Saracho en la gestión “78”. Adujo también, que la certificación emitida por el establecimiento educativo precitado, dio a conocer los siguientes aspectos: que él fue estudiante de dicho establecimiento educativo en la gestión “78”; que fue alumno de la profesora Rosario Inés Rodríguez Sánchez en la gestión 1978; que durante las gestiones 1978 a 1981 la profesora Rosario Inés Rodríguez Sánchez desempeñó las funciones en el colegio, como maestra de Estudios Sociales. La enemistad se generó debido a una escritura en la pizarra del aula del precitado colegio; motivo por el cual, la profesora ordenó que todos salgan del curso; luego ingresaron los dos primeros de la lista; y, posteriormente, instruyó que retornen todos. Circunstancia, a su criterio, que si la profesora, detectó que algo estaba mal debió haber llamado al Director o Directora del Colegio para realizar la investigación correspondiente. Alegó también, que el odio de la profesora salió a relucir cuando fue Jueza, “el segundo de la lista quien es?, de plano existe un proceso por ante la Juez Ingrid Peláez, a denuncia de Fernando Arispe Crespo bajo la partida 4/2013 es de los primeros casos, no está en el sistema, donde esta juez falla en contra del Dr. Fernando Arispe Crespo, entonces a partir de ahí había que recusarla cuando llegue algún proceso a su despacho, en calidad de testigo esta mi persona y mi fallecida esposa” (sic). Finalmente, adujo que la autoridad hoy demandada no tiene la imparcialidad e independencia para dirimir el caso y otros que pudieran radicar en su despacho; ya que, presentando la prueba, advierte que no tiene ética, menos probidad.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerada

El solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: “…se la aparte del caso y deje el caso y en su emergencia vuelva el indicado cuaderno por ante el Tribunal de Sentencia 1, que es de donde vino este proceso. Debido a que la norma debe decir algo sobre las causales de RECUSACION, entre ellas su MANIFIESTA ENEMISTAD” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 39 vta., presente el solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, ratificó el contenido íntegro de su memorial de demanda de acción de libertad, y ampliando la misma, señaló que: a) Conforme consta en antecedentes, mediante memorial de 20 de enero de 2020 formuló recusación; sin embargo, en ese momento no tenía pruebas, pero ella sabía muy bien que fue su alumno del Colegio Juan Misael Saracho y le tildó de que él hubiese “escrito palabras que riñen contra la moral, pero que su libro de desglose de cómo se declara y de cómo se debe declarar el testigo o cualquiera sea las partes interesadas, deben decir esto lo que ha pasado, pero a esta señora le han escrito alguna profesora o algún profesor, no ha sido un alumno era tan perfecto que era hasta ilegible” (sic); b) Fundamentó el por qué presentó recusación y aclaró que no es sólo su criterio expresado en esta acción de defensa, sino que la “vocal de este Tribunal” Mónica Jazmín Camacho, se allanó a la causa porque existe una denuncia interpuesta por él contra ella; y, precisamente, el Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 20 refiere los riesgos de que ella concurra a la audiencia; motivo por el cual, prefirió excusarse; en cambio, Rosario Inés Rodríguez Sánchez –autoridad hoy demandada–, no lo hizo de esa manera; c) En la primera instancia de su participación solicitó que la recusen del caso y el expediente retorne al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro, donde “se ha dado este caso y por algo yo pido que se notifique para que nos diga si Bernardo Bernal Callapa, estaban en las mismas condiciones el proceso de Bernal y el proceso mío, pero como que este Tribunal me había pedido 5.000 Sus (cinco mil dólares) para sacarme libre de este caso entonces debe volver ahí este caso y liquidarse o solucionarse ahí, porque ahí dice que de Bernardo Bernal se ha quedado el mío aprovechando la Ley 1173 lo retiran de ahí porque le habrían denunciado y dos que entre amigos y entre bomberos no se van a pisar la cola” (sic) “Bernardo Bernal, fue Vocal de la Corte de Oruro” (sic), entonces está siendo protegido; resaltó que a él le pidieron cinco mil dólares estadounidenses para sacarle libre, porque no sabían ni tenían dominio pleno de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0047/2017-S2 de 6 de febrero, que en su parte resolutiva exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional que incorpore o desarrolle un procedimiento específico destinado a la protección de avasallamiento de predios urbanos que no tengan destino o actividad agroambiental dentro de la competencia de los jueces ordinarios civiles; entonces, de forma torpe le iniciaron ese proceso penal; así mismo, el fallo constitucional precitado, fue puesto en conocimiento de todas las Salas Constitucionales y Tribunales de Justicia; es decir, a todo el país; d) Para iniciarle el proceso por avasallamiento no se cumplió con la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013 –Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras–, ya que los cuadernos y expedientes presentados, refieren que los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal son competentes para conocer las acciones establecidas en dicha ley, refiere “en su art. 9 del Código Penal” que para llevar y se acepte por el Ministerio Público es necesario el requisito de la Sentencia ejecutoriada de la autoridad agroambiental que declare probada la demanda, constituyéndose la base de la acusación formal de la acción penal; sin embargo, en el caso particular, dicho documento, no cursa en antecedentes; tampoco se cumplieron los requisitos y procedimientos que debía realizar el Tribunal Agroambiental, si es que su predio se encuentra a diez cuadras de la plaza principal; vale decir, pertenece o se encuentra en el ámbito agroambiental; motivo por el cual, impetra que se retiren todas las medidas cautelares emitidas en su contra, porque se encuentra frente a un juicio abusivo; e) Después de haber sostenido un largo y penoso juicio con el vendedor, los Jueces fallaron y ordenaron la inscripción de su derecho propietario respecto a ese predio en litigio; consecuentemente, el documento ingresó a Derechos Reales (DD.RR.) el 7 de junio de 2022; y, f) El segundo pedido, está circunscrito conforme lo descrito en el otrosí 4to. de su demanda de acción de libertad, en el que solicitó que se ordene levantar las medidas cautelares porque le vienen ocasionando problemas; por otra parte, también impetró que se le autorice la salida a Iquique, por el lapso de quince días, ya que siendo importador, debe ir a poner en orden su documentación; impetró también, que se le dé vía libre para ejercer su derecho de demandar la propiedad tal cual indican las Escrituras Públicas 97/2016 que fue aclarada por la 467/2022 y se podrá apreciar en los Folios Reales la fecha de emisión de los mismos; por lo manifestado precedentemente, requirió que se levante y ordene que se deje de perseguirlo y corretearlo como se lo está haciendo.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primero del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 21 de julio de 2022, cursante a fs. 20 y vta., expresó lo siguiente: 1) El argumento referido en la presente acción de libertad, así como lo expresado en otras acciones que fueron denegadas por no tener ningún asidero legal, no se encuadra a ninguna de las causales de la acción planteada; 2) La pretensión de dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas en etapa cautelar, no corresponde; y, 3) El único propósito es dilatar el proceso, en razón a que acude, sin abogado, no tolera a los defensores de oficio designados ni a los abogados asignados por Defensa Pública.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 40 a 50, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) La Sentencia Constitucional (SC) 0619/2005-R del 7 de junio, que citó a su vez la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que: "para que la garantía de la libertad personal o locomoción puedan ejercerse mediante el recurso de habeas corpus cuando se denuncia procedimiento ilegal o indebido por presentarse en forma concurrente los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciada, deben estar vinculadas con la libertad por operar, como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución y la privación de libertad" (sic); ii) Respecto a la jurisprudencia constitucional precitada, se deben establecer presupuestos a objeto de tutelar la demanda de acción de libertad cuando se denuncia vulneración al debido proceso; en esa lógica, en el caso de autos, el solicitante de tutela reclamo indebido procesamiento, por cuanto presuntamente existe una enemistad manifiesta con la autoridad ahora demandada y recusada, por lo que correspondería separarla del proceso penal; iii) De la revisión de los antecedentes, se advierte que el hoy impetrante de tutela, presentó recusación en contra de la Jueza ahora demandada, que fue resuelta por la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante el Auto de Vista 04/2020 de 27 de enero; a través del cual, rechazó la recusación incoada por el hoy accionante, disponiéndose que la autoridad judicial del proceso continúe con el conocimiento de la causa hasta su conclusión, quien además no podría ser recusada por una presunta enemistad manifiesta ya promovida por el solicitante de tutela y resuelta en la forma establecida en los arts. 316 y 320.II. núm. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo cual, no pudiendo alegarse un estado de indefensión absoluta o vulneración al derecho a la defensa; es que el Tribunal de garantías no puede revisar o analizar pruebas o resoluciones que se encuentren debidamente fundamentadas. Por otro lado, se reitera, que el Tribunal de garantías, realizo la verificación sobre la conculcación de derechos fundamentales y garantías constitucionales con respecto a la libertad de las personas, no pudiendo ir más allá de lo que la propia Constitución Política del Estado establece; consecuentemente, no se tienen cumplidos los presupuestos de admisibilidad para analizar el fondo de la presente acción tutelar; iv) En el caso de autos, no se advierte que la vulneración alegada por el impetrante de tutela, haya lesionado algún derecho fundamental o garantía constitucional, por cuanto la normativa referida a la acción de libertad prevé que dicha acción tutelar procede cuando cualquier persona considere que: a) Su vida esté en peligro; b) Esté ilegalmente perseguido; c) Esté indebidamente procesado; y, d) Esté indebidamente privado de su libertad personal; en tal sentido, en el presente caso, no emerge ninguno de dichos elementos para acogerse a la acción de libertad, porque no está indebidamente procesado, no se establece de qué manera con el rechazo de la recusación afecta su libertad, además se debe considerar que existe un proceso penal aperturado conforme prevé el Código de Procedimiento Penal; y, v) Finalmente, respecto a las circunstancias concernientes al delito de avasallamiento, expresadas por el hoy accionante, no corresponde pronunciamiento, habida cuenta que no señaló de qué forma estaría ligado a su derecho a la libertad. El hoy impetrante de tutela, solicitó explicación y complementación refiriendo que: “…en el informe que la doctora se excusa de conocer el caso, claramente ella advierte que tiene sanciones en no recusarse y también advierte de que no se puede revisar un hecho juzgado, entonces le voy a pedir complementación y le voy a exigir que se exprese esta doctora va a tener sanción por no haberse excusado en su momento o no va tener sanción porque la sentencia que está dictando la está absolviendo de todo mal, tampoco se ha expresado sobre que dice, yo le he preguntado a los Códigos al respecto de la excusa, debe decir algo y no está haciendo advertencia de lo que dice eso y está relacionando su fallo con esto que dice, le reitero las partes exponen son los jueces y debe decir tal artículo dice esto y en el último punto dice también, es sujeto de recusa por amistad íntima y por enemistad, yo quisiera que complete eso más y el tercer punto que se le exija a la Dra. Mamayeff se nos traiga una fotocopia debidamente legalizada del proceso que hubo, donde yo soy testigo y el Dr. Arispe el accionante y quiero que se cumpla ese detalle doctor” (sic). El Tribunal de garantías en la vía de complementación, refirió que, el Tribunal de garantías se pronunció manifestando que: La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista 04/2020 que en la parte resolutiva refirió: "La Sala Penal Primera del tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en merito a los fundamentos expuestos precedentemente, RECHAZA la recusación promovida por el acusado JAVIER MOISES VILLANUEVA MICHEL , por memorial de fs. 2 a 2 vta. del legajo de consulta, debiendo la autoridad judicial continuar con el conocimiento de la causa hasta su conclusión, quien además no podrá ser recusada por las mismas causales" (sic), es decir, que ya se manifestaron respecto a que esa recusación ya fue promovida, recurrida y resuelta conforme consta en la Sentencia. Por otro lado, con la finalidad de hacer una justicia pronta y oportuna, exhortó a Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro, analizar adecuadamente las cuestiones planteadas como en el caso, para no generar inútilmente la recarga laboral en los Tribunales de alzada, debiendo observar y aplicar a cabalidad las reglas jurídicas de recusación, y si correspondiere aplicar lo previsto en el art. 321.II del CPP, rechazando in limine que no es motivo de consulta y sea bajo responsabilidad, por cuanto esa situación ya fue resuelta y no existe nada que complementar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta CITE 082/2022 de 21 de julio, por el que se conoce que Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro, remitió al Tribunal de Sentencia Penal Tercero del mismo asiento judicial, el expediente referido al proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Javier Moisés Villanueva Michel –ahora solicitante de tutela– por la presunta comisión del delito de avasallamiento (fs. 19). II.2. De la Resolución 05/2022 de 21 de julio, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro, que resolvió la presente acción de libertad, se conoce en la parte considerativa, el Tribunal de garantías, refirió que: “…de la revisión de los antecedentes se advierte que evidentemente el accionante presento recusación en contra de la accionada, la misma fue recurrida y resuelta por Auto de Vista No. 04/2020 de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en fecha 27 de enero del 2020, por el cual se RECHAZA, la recusación promovida por JAVIER MOISES VILLANUEVA MICHEL, disponiéndose que la autoridad judicial del proceso debe continuar con el conocimiento de la causa hasta su conclusión, quien además no podría ser recusada, es decir aquella recusación por una presunta enemistad manifiesta ya promovida por el accionante y resuelta en la forma establecida en el Código de Procedimiento Penal (arts. 316 y 320 II num. 1 C.P.P.); por lo que no pudiendo alegarse un estado de indefensión absoluta o vulneración en el derecho a la defensa, de ahí que el Tribunal de Garantías no puede revisar o analizar pruebas o resoluciones que se encuentren debidamente fundamentados…” (sic [fs. 40 a 50]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso; alegando que es sujeto de un indebido procesamiento, por cuanto la autoridad hoy demandada fue recusada por su persona en virtud a una enemistad que data desde cuando él era estudiante del Colegio Juan Misael Saracho en tanto que la autoridad hoy recurrida fue su profesora; empero, dicha recusación fue rechazada y confirmada por el Auto de Vista 04/2020. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad

La SCP 0606/2023-S4 de 12 de julio, citando a su vez a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refiriéndose al debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad, sostuvo lo siguiente: ‘“…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, sostuvo que: ‘Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras’. En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, indicó que: “Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso; alegando que es sujeto de un indebido procesamiento, por cuanto la autoridad hoy demandada fue recusada por su persona en virtud a una enemistad que data desde cuando él era estudiante del Colegio Juan Misael Saracho en tanto que la autoridad ahora recurrida fue su profesora; empero, dicha recusación fue rechazada y confirmada por el Auto de Vista 04/2020. De los antecedentes que ilustran la presente acción de libertad, que fueron corroborados por el Juez de garantías, se conoce que Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro, a través del CITE 082/2022 de 21 de julio, remitió al Tribunal de Sentencia Penal Tercero del mismo asiento judicial constituido en Tribunal de garantías, el expediente concerniente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de Javier Moisés Villanueva Michel por la presunta comisión del delito de avasallamiento (Conclusión II.1.). Por otra parte, de la aseveración efectuada por el Tribunal de garantías en la parte considerativa de la Resolución 05/2022 de 21 de julio, que resolvió la presente acción tutelar, se advierte que refirió que: “…de la revisión de los antecedentes se advierte que evidentemente el accionante presento recusación en contra de la accionada, la misma fue recurrida y resuelta por Auto de Vista No. 04/2020 de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en fecha 27 de enero del 2020, por el cual se RECHAZA, la recusación promovida por JAVIER MOISES VILLANUEVA MICHEL, disponiéndose que la autoridad judicial del proceso debe continuar con el conocimiento de la causa hasta su conclusión, quien además no podría ser recusada, es decir aquella recusación por una presunta enemistad manifiesta ya promovida por el accionante y resuelta en la forma establecida en el Código de Procedimiento Penal (arts. 316 y 320 II num. 1 C.P.P.); por lo que no pudiendo alegarse un estado de indefensión absoluta o vulneración en el derecho a la defensa, de ahí que el Tribunal de Garantías no puede revisar o analizar pruebas o resoluciones que se encuentren debidamente fundamentados…” (sic [Conclusión II.2.]). Ahora bien, corresponde manifestar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la protección otorgada vía acción de libertad con relación al debido proceso, no abarca a todas las formas en que éste puede ser infringido; sino, solamente aquellos supuestos vinculados directamente con el derecho a la libertad física y de locomoción por operar como la causa directa para su restricción; en tal sentido, se debe señalar que para que el debido proceso pueda ser tutelado vía acción de libertad, necesariamente deben concurrir dos presupuestos: 1) Que el supuesto acto lesivo esté directamente vinculado con la libertad, siendo la causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Quienes pretenden activar esta acción de defensa en relación al debido proceso, se encuentren en un absoluto estado de indefensión, al no haber tenido la oportunidad de impugnar los supuestos actos que lesionan sus derechos fundamentales. Presupuestos que no concurren en el caso de autos, advirtiéndose que la presunta vulneración a derechos fundamentales denunciada a través de esta acción tutelar, traducida en la continuidad del ejercicio de competencia jurisdiccional de la Jueza hoy demandada con la que tendría enemistad desde data antigua, a pesar que fue recusada; es un extremo que no se encuentra vinculado de manera alguna con el derecho a la libertad personal o de locomoción del accionante; al no constituir la causa de la restricción o supresión de su derecho a la libertad. Asimismo; conforme lo descrito por el Tribunal de garantías se tiene que, el ahora solicitante de tutela ejerció plenamente su derecho a la defensa, ya que ante el rechazo a la recusación planteada por su persona, impugnó dicha determinación; consecuentemente, se originó el Auto de Vista 04/2020, por el que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, rechazó la recusación promovida por Javier Moisés Villanueva Michel, no concurriendo así estado de indefensión alguno.

En ese orden de ideas y al no existir la concurrencia de los presupuestos de activación para que se revise los supuestos actos lesivos que vulneran el debido proceso vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; pudiendo el accionante, en caso de persistir las lesiones ahora alegadas, recurrir a la acción de amparo constitucional previo cumplimiento de los requisitos de procedibilidad establecidos al efecto. Consiguientemente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 21 de julio, cursante de fs. 40 a 50, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0593_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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