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SCP 0593/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47217-2022-95-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; en dicho marco, señala que mediante Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 5, 6, 7 y 235.2 del CPP; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental únicamente contra la parte de la decisión judicial que dio por concurrido el riesgo de obstaculización. A raíz de ello, denuncia que el Vocal demandado mediante Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril, confirmó la decisión impugnada de forma incongruente y en vulneración de lo previsto en el art. 400 del CPP; toda vez que, agravó situación jurídica al momento de establecer un riesgo de obstaculización que no fue considerado en la audiencia de consideración de medidas cautelares, como es una supuesta influencia negativa sobre la testigo Mary Vichuquera. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 50/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 42 a 48, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia. 2° DISPONER dejar sin efecto el Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril y ordenar la emisión de una nueva resolución acorde a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a una decisión fundamentada, motivada y congruente
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0593/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47217-2022-95-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 50/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 42 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Wilson Elías Colque Castro contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 12 a 14, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares en la que el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, ante la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a este último la referida autoridad judicial señaló que se presentó un memorial denunciando ante el Ministerio Público que la testigo primordial en el caso (Mary Vichuquera) fue amenazada por el denunciado, y que el referido escrito no era suficiente para acreditar la existencia de un riesgo de obstaculización; no obstante, manifestó que mediante las entrevistas realizadas a la víctima el 3 de febrero y 8 de marzo ambos de igual año, se evidenció la existencia de un riesgo de obstaculización vinculado al despliegue de amenazas a la ciudadana Geraldine Claudia Monroy Murillo. A raíz de ello, interpuso un recurso de apelación incidental ante la concurrencia del referido riesgo procesal.

Manifestó que el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril, no dio respuesta al agravio ocasionado a raíz de la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP; motivo por el cual, presentó una solicitud de complementación que fue denegada, alegando que la decisión de la Jueza de la causa era clara y precisó que la persona que sería influenciada negativamente era la testigo Mary Vichuquera. Así pues, la autoridad judicial demandada emitió una resolución incongruente, infundada y desmotivada debido a que incorporó al Auto de Vista 78/2022, situaciones vinculadas a una supuesta influencia negativa sobre la testigo Mary Vichuquera, cuando el argumento de la Jueza contralora de derechos y garantías constitucionales al momento de establecer como concurrente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, fue el despliegue de amenazas contra Geraldine Claudia Monroy Murillo; accionar que empeoró su situación jurídica en el sentido que deberá desvirtuar una supuesta influencia negativa sobre las dos personas citadas, lo cual fue contrario a lo previsto en el art. 400 del CPP, que determina la prohibición de reforma en perjuicio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril; y, b) La emisión de una nueva Resolución acorde a las reglas de congruencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Acorde a lo previsto por el Auto Supremo 99/2019-RA de 20 de febrero, la parte interesada no debe limitarse a denunciar la lesión de sus derechos y garantías, sino que debe invocar la forma en que debe aplicarse una determinada disposición legal; o en su caso, explicar cómo deben ser valoradas las pruebas; 2) Si la argumentación es insuficiente o no es inteligible el Tribunal de alzada no tiene por qué colaborar a la parte recurrente de oficio; y, 3) Acorde a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Francisco Ortega vs. México y lo previsto por el Auto Supremo 294/2020 de 20 de marzo, se alegó que la declaración de la víctima constituía prueba.

I.2.3. Intervención de la tercera interviniente

Geraldine Claudia Monroy Murillo, mediante su abogado patrocinante en audiencia solicitó denegar la acción de libertad formulada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 50/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 42 a 48, denegó la tutela sin costas ni costos por ser excusable, conforme a los siguientes fundamentos: i) La naturaleza jurídica de la acción de libertad establece que dicho mecanismo constituye una acción heroica e informal no sujeta a formalismo alguno ni agotamiento de cuestión previa o subsidiariedad; ii) La autoridad judicial demandada señaló que la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del referido departamento, mediante Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, dispuso que no concurre el riesgo de obstaculización sobre un testigo con la presentación de un simple memorial presentado por la víctima; sin embargo, con base en las declaraciones de 3 de febrero y 8 de marzo ambos de igual año, fundó la vigencia del riesgo de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP en relación a la víctima Geraldine Claudia Monroy Murillo; razonamiento de la Jueza de la causa claro, preciso y contundente; ii) Se evidenció que el recurrente expuso ocho agravios al momento de presentar su recurso de apelación incidental; iii) El Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril, omitió identificar lo relativo a lo establecido en el art. 235.2 del CPP; iv) El objetivo de la acción de libertad formulada fue demostrar que la decisión de la autoridad judicial demandada era indebidamente fundamentada y motivada y generó un nuevo riesgo procesal; v) Se observó que la Resolución impugnada mediante la presente demanda tutelar contenía defectos de técnica constructiva gramatical al no identificar el agravio, no utilizó términos adecuados para dar a entender que se mantuvo el criterio y la decisión de la Jueza cautelar, lo cual, tornó en confusa la parte resolutiva de la decisión; sin embargo, el citado Auto de Vista confirmó en su integridad lo dispuesto por la autoridad de primera instancia; y, vi) Si bien se evidenció que la motivación y la fundamentación no era la adecuada; en observancia del principio de previsibilidad, de cambiarse la decisión emitida no se modificaría el fondo de lo ya resuelto debido a que ante la existencia de otros riesgos procesales la detención preventiva seguiría vigente; por lo tanto, la cuestión formulada carece de relevancia. A raíz de la solicitud de aclaración, enmienda y complementación formulada por el procesado; la Sala Constitucional Segunda del citado Tribunal dispuso que: a) El Vocal demandado no ordenó la medida extrema; sino que, analizó ciertos agravios; por lo tanto, no se podría señalar que la Resolución del Tribunal de alzada afectó de manera directa el derecho a la libertad física del impetrante de tutela, quien no solicitó de manera expresa la revocatoria de la decisión o que se disponga su libertad; y, b) No se observó la existencia de un procesamiento indebido; en razón que, no se revocó el Auto de Vista 78/2022, ni se agravó la situación jurídica del accionante; es decir, no existió modificación sustancial de lo dispuesto por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del mencionado departamento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Al no existir consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Wilson Elías Colque Castro -ahora accionante- ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 5, 6, 7 y 235.2 del CPP. Decisión que fue objeto de un recurso de apelación incidental por el imputado (fs. 2 a 7). II.2. Mediante Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, declaró improcedente la impugnación presentada; en consecuencia, mantuvo vigente el Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo (fs. 8 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; en dicho marco, señala que mediante Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 5, 6, 7 y 235.2 del CPP; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación incidental únicamente contra la parte de la decisión judicial que dio por concurrido el riesgo de obstaculización. A raíz de ello, denuncia que el Vocal demandado mediante Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril, confirmó la decisión impugnada de forma incongruente y en vulneración de lo previsto en el art. 400 del CPP; toda vez que, agravó situación jurídica al momento de establecer un riesgo de obstaculización que no fue considerado en la audiencia de consideración de medidas cautelares, como es una supuesta influencia negativa sobre la testigo Mary Vichuquera. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El derecho a una decisión fundamentada, motivada y congruente

Sobre el particular, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, estableció que la arbitrariedad de una decisión puede estar expresada en: “b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’.

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’.

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

(…)

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes…”.

Respecto al debido proceso en su elemento de congruencia, la SC 1619/2010-R de 15 de octubre: “ De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

En ese entendido, la justificación interna y formal en una decisión judicial, supone la conexión lógica entre las premisas fácticas y normativas con la conclusión lo cual demuestra un razonamiento correctamente estructurado por parte de la autoridad judicial; por otro lado, la dimensión material de la argumentación o justificación externa, exige que las premisas de tipo fáctico y normativo, encuentren respaldo en material objetivo de prueba, con el fin de demostrar que son correctas y cumplen criterios de veracidad; al respecto, Atienza, M, (2013). Curso de Argumentación Jurídica (Trotta), señala: “Desde la perspectiva que hemos llamado ‘material’, argumentar no consiste ya en presentar una serie de proposiciones estructuradas de una determinada manera, sino que es, más bien, la actividad de ofrecer razones (buenas razones) sobre cómo es el mundo (algún aspecto del mismo) o sobre cómo debe alguien actuar en él. El centro se sitúa, entonces, en las premisas (y en la conclusión), pero no entendidas en cuanto enunciados con una cierta forma, pues lo que interés aquí es, precisamente, su contenido de verdad y de corrección” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad física y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; en dicho marco, manifiesta que por Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, ordenó su detención preventiva a raíz de la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2, 5, 6, 7 y 235.2 del CPP; en consecuencia, formuló recurso de apelación incidental contra la decisión judicial que dio por acreditado la existencia del riesgo de obstaculización. Posteriormente el Vocal demandado de manera incongruente y en contradicción a lo determinado en el art. 400 del CPP, a través del Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril, declaró improcedente la impugnación planteada manteniendo vigente el referido riesgo procesal introduciendo elementos que no fueron considerados por la Jueza de la causa, como ser supuestas amenazas contra la testigo Mary Vichuquera.

Así las cosas, evidentemente la Conclusión II.1 de este fallo constitucional advierte que mediante Auto Interlocutorio 138/2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, ante la concurrencia de los riesgos procesales supra; en ese orden, al momento de establecer la vigencia del peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, alegó que se existía un despliegue de amenazas contra Geraldine Claudia Monroy Murilo. En consecuencia, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental.

Los antecedentes adjuntos al expediente constitucional -Conclusión II.2.-acreditan que a través del Auto de Vista 78/2022, el Vocal demandado declaró improcedente la impugnación presentada; en consecuencia, confirmó la Resolución de detención preventiva; alegando en lo principal, al momento de ratificar el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, acciones vinculadas al despliegue de amenazas contra la testigo Mary Vichuquera.

En este escenario y en aplicación de los art. 125 y s.s. de la CPE y 46 y s.s. del Código Procesal Constitucional (CPCo), el impetrante de tutela interpuso la presente acción de libertad contra el referido Auto de Vista; no contra la integridad del mismo, sino únicamente contra la parte de la decisión judicial que resolvió el agravio relacionado al establecimiento del riesgo de fuga establecido por el art. 235.2 del CPP.

A partir de ello, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, corresponde circunscribir el control tutelar de constitucionalidad que realizara la presente Sala Constitucional en atención a los argumentos expuestos por el peticionante de tutela en el memorial de acción de libertad de 21 de abril de 2022; bajo esa lógica de razonamiento, resulta oportuno analizar si el Vocal demandado transgredió la prohibición de reforma en perjuicio -non reformatio in peius- instituida en el art. 400 del CPP y agravó la situación jurídica del imputado al momento de confirmar el citado riesgo de obstaculización, supuestamente mediante la introducción de elementos que no fueron considerados ni analizados por la Jueza de Instrucción Penal Primera.

Ahora bien, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 138/2022, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela ante la concurrencia de los arts. 234.1, 2, 5, 6, 7 y 235.2 del CPP; respecto a este último y con el fin de acreditar su concurrencia la citada autoridad judicial señaló de manera textual que: “…el memorial al que se hace referencia por el Ministerio Público, no es elemento de convicción suficiente para acreditar que exista peligro de obstaculización, relacionado con la testigo Mary Vichuquera, sin embargo, las entrevistas de la víctima de 3 de febrero y 8 de marzo ambas de 2022, que también se encuentran vinculadas con el fondo del hecho, si permiten establecer que existe obstaculización vinculada al despliegue de amenazas en contra de la ciudadana Geraldine Claudia Monroy Murillo, concurriendo por lo mismo, peligro de obstaculización, únicamente, con base en este presupuesto”.

Presentado el recurso de apelación incidental por el peticionante de tutela, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 78/2022, inicialmente no emitió pronunciamiento alguno respecto a lo establecido por la Jueza de la causa en relación a la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; a raíz de ello y producto de una solicitud de aclaración, complementación y enmienda, el demandado manifestó: “…con relación al art. 235 Núm. 2 del Código de Procedimiento Penal, los razonamiento son claros de la jueza inferior, por eso ya no nos hemos referido, porque se ha precisado, que personas van a ser influenciadas negativamente e incluso se ha indicado a la testigo Mary Vichuquera, así está en el Auto impugnado, solo vía de control de control de logicidad estamos haciendo referencia a esos folios del cuaderno de apelación, donde se fundamenta por parte de la jueza inferior y por eso decíamos, no hemos encontrado defecto alguno, en consecuencia con esa aclaración, queda concluido esta audiencia judicial, expidase las fotocopias una vez labrada el acta”.

Ahora bien, evidentemente se evidencia que la Resolución impugnada no observa los estándares de motivación y congruencia previstos por la jurisprudencia constitucional -SCP 2221/2012 de 8 de noviembre- en términos de logicidad y falta de justificación interna y externa del fallo; toda vez que, inicialmente la Jueza de Instrucción Penal Primera acreditó la concurrencia del referido riesgo procesal bajo el argumento de supuestas amenazas contra Geraldine Claudia Monroy Murillo; sin embargo, posteriormente, el Vocal demandado de manera errónea, incongruente y fuera de toda lógica, alegó que la decisión de la Jueza de la causa era clara y precisa al momento de determinar que la persona influenciada era la testigo Mary Vichuquera; cuando la precitada en ningún momento fue nombrada u aludida por la citada Jueza. Así las cosas y en atención a lo previsto por el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional la congruencia como elemento esencial del debido proceso no solo implica la correspondencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto; sino que además abarca a la concordancia integral que debe contener todo fallo judicial; exigencia no observa por la autoridad judicial al momento de emitir conclusiones de manera errónea e injustificada. En ese orden, dicha incongruencia de parte del Vocal ahora demandado, que en los hechos ingresa a los supuestos de arbitrariedad previstos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; si bien, transgrede el debido proceso en los componentes alegados por el accionante; no resulta un elemento que agrava la situación jurídica del impetrante de tutela; más allá de la falta de justificación formal que ello implica desde la teoría estándar de la argumentación jurídica prevista en la SCP 0160/2021-S2 de 21 de mayo. A partir de ello, corresponde que, en resguardo al derecho al debido proceso, el Vocal demandado emita un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado, motivado y congruente; razón por la cual, amerita conceder la tutela peticionada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 50/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 42 a 48, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia. 2° DISPONER dejar sin efecto el Auto de Vista 78/2022 de 1 de abril y ordenar la emisión de una nueva resolución acorde a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada, MSc. Brigida Celia Vargas Barañado es de voto disidente.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0593_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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