Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncio la lesión de su derecho a la libertad “por falta de fundamentación objetiva” y la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, solicitó su cesación a la detención preventiva a partir de lo establecido por el art. 239.1 del CPP; sin embargo: a) La Jueza codemandada a través del Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, rechazó su petición sin la debida fundamentación y con meras presunciones abstractas, si bien, determinó que en el dictamen pericial genético no encontró nada respecto a él, empero, se trata de un hecho controvertido, puesto que, la víctima lo reconoció como su agresor sexual, ante ello, no se descartó su participación en el hecho, además, respecto al riesgo procesal dispuesto en el art. 234.7 del citado Código, indicó que se mantiene activo, solo por el estado de vulnerabilidad y desventaja en el que se encuentra la víctima; y, sobre el riesgo procesal del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 102 a 111 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio, debiendo el Vocal demandado dictar una nueva resolución acorde a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, la situación jurídica del accionante no haya cambiado. 3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 49820-2022-100-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 89/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 102 a 111 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Mamani Mamani contra Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del mismo departamento.
Por memorial presentado el 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 19 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, se tiene que el 11 de febrero de 2022, se dispuso su detención preventiva al determinarse la existencia de probabilidad de autoría y los riesgos procesales dispuestos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es así que, solicitó la cesación a la medida extrema conforme el art. 239.1 del CPP, resolviéndose en audiencia el 15 de julio de ese año, por Auto Interlocutorio siendo rechazada por la Jueza codemandada sin la debida fundamentación y basada en meras presunciones abstractas determinó que, el dictamen pericial sobre el perfil genético es insuficiente para acreditar un nuevo elemento, puesto que, se trata de un hecho controvertido donde se investiga a tres personas, y la víctima lo reconoció como su agresor sexual, si bien, en la pericia no se encontró su perfil genético, ello no descarta su participación.
Situación semejante respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del Adjetivo Penal, del cual solo se indicó que se mantiene activo por el estado de vulnerabilidad y desventaja en el que se encuentra la víctima; y, sobre el art. 235.2 del indicado Código, se argumenta que no concluyeron los seis meses de la etapa preparatoria aun cuando se consolidó las pericias requeridas, además no se recepcionaron las declaraciones testificales y el Ministerio Público tiene la facultad potestativa de requerir actos investigativos, sin establecer cuáles serían estos para mantener el riesgo vigente. Apelada incidentalmente esa determinación, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio, con una carente fundamentación y motivación y sin considerar la proporcionalidad de la medida extrema de detención preventiva, limitándose a señalar que la jueza de primera instancia realizó una correcta valoración del dictamen pericial, si bien, el mismo señalaría que el perfil genético corresponde a una sola persona, pero, debe ser contrastado con la declaración de la víctima, quien manifiesta haber sido agredida por los imputados, por ende, prima su declaración aun cuando manifiesta contradicciones con el dictamen pericial, definiendo a partir de este aspecto la probabilidad de autoría; agrega además, que el valor de la pericia deberá ser analizada en etapa de juicio, dando a entender que solo en esa fase podría obtener su libertad. Indicó que, el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, estaría vigente por la situación de vulnerabilidad de la víctima y sobre el art. 235.2 del mismo Código, recae en meras presunciones y subjetividades, pues alega que pueden existir testigos que declaren y no debe existir injerencia sobre éstos, sin establecer que actos investigativos se realizarán y la manera en la que se obstaculizaría.
Denuncia la lesión de su derecho a la libertad “…por falta de fundamentación objetiva…” (sic) y la presunción de inocencia, citando al respecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio, dictada por el Vocal demandado, quien deberá convocar en el plazo de veinticuatro horas a una nueva audiencia y pronuncie un fallo que responda de manera lógica, objetiva, coherente y completa a los agravios impugnados en su apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 100 a 101 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido integró el contenido íntegro de la acción de libertad y ampliándola manifestó que: a) La víctima en su declaración manifestó que “Henry” solamente miró la agresión sexual sin haberla defendido, empero, del resultado de la prueba genética forense realizada por el Ministerio Público del flujo prostático, espermatozoide y salivar pertenecen al prenombrado y no así a su persona, por lo que, existe una contradicción entre la referida declaración y el resultado de la pericia genética, ante ello, lo presentó como nuevo elemento para que sea valorado por la autoridad judicial, sin embargo, manifestó que es insuficiente, dado que, se debe considerar la doble protección reforzada y el grado de vulnerabilidad de la víctima; no obstante, ese argumento lo efectuó de manera genérica y no fundamentada, sin explicar por qué una pericia genética no tiene más valor que una declaración de la víctima, lo que conlleva, a imponerle una pena anticipada; y, b) El “Juez aquo” menciona que el Ministerio Público tiene que proceder a recibir las declaraciones de testigos, pero, no indica cuáles son, ante ello, lo argüido se sustenta en meras presunciones.
Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través del informe presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 97 a 99 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) Se debe considerar que la valoración de los elementos probatorios en etapa de medidas cautelares, se toman en cuenta solo como indicios, por lo que, no se puede desconocer la declaración prestada por la víctima, en la cual, señala que fue agredida sexualmente por el demandante de tutela, pese a que existe una pericia genética; 2) El accionante pretende se realice una valoración de la prueba, cuando tal aspecto no está permitido en nuestro ordenamiento legal, ya que, esta valoración está reservada para juicio oral y público conforme lo establece el Auto Supremo 474/2005 de 8 de diciembre; y, 3) No está en riesgo la vida del peticionante de tutela y su persecución y procesamiento obedece a una imputación formal por el delito de violación agravada; teniendo las Salas Penales la potestad para considerar y resolver apelaciones incidentales sobre medidas cautelares referentes a la libertad del imputado, por lo que, no existió afectación alguna al debido proceso. Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, no se presentó en audiencia ni remitió informe pese a su notificación cursante a fs. 22.
El representante del SLIM en audiencia de consideración de esta acción tutelar, manifestó, tanto la Jueza codemandada como el Vocal demandado decidieron bajo el principio del debido proceso conforme lo estipulado por la Constitución Política del Estado y los Convenios Internacionales, que obligan al Estado a otorga una doble protección a la mujer víctima de agresión sexual, ante ello, lo mencionado por ambas autoridades se encuentra fundamentado y motivado con una correcta valoración de prueba, por consiguiente, solicitó se deniegue la tutela impetrada por el accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 89/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 102 a 111 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y solo respecto al Vocal demandado, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 178/2022-SP1 y ordenando la emisión de una nueva resolución en el plazo de tres días. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Con relación a la declaración de la víctima, esta tiene una doble naturaleza, de víctima y testigo, en la etapa preparatoria debe considerarse como un indicio fundamental, por ello, el Vocal demandado al momento de analizar la probabilidad de autoría consideró este argumento, constituyéndolo en la parte central de lo alegado, considerando la existencia de otros indicios de probabilidad de autoría entre ellos la declaración de la víctima, que en casos de violencia sexual tiene un estándar más alto de valoración, que no anula automáticamente este tópico, sin que ello signifique que se está desestimando los resultados de esa pericia, por lo que, con relación a esta problemática no se advierte la vulneración alegada; ii) Sobre el art. 234.7 del CPP el fundamento vertido por la autoridad judicial demandada consideró que tratándose de casos de violencia contra las mujeres, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; así como, las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo, la conducta exteriorizada por éste, antes y después de la comisión del delito, es decir que, el establecer los supuestos hechos para evaluar la vulnerabilidad de la víctima es correcta en delitos de violencia sexual, y en el caso es evidente que se dan una serie de elementos interseccionales que establecen la vulnerabilidad de la misma, su situación de mujer, la pluralidad de supuestos implicados y su supuesto estado de inconciencia; sin embargo, esta valoración debe realizarse no sólo respecto a ese momento de ejecución del supuesto hecho, sino con posterioridad si se efectuó un reexamen, como se practica en una audiencia de cesación a la detención preventiva, y ahí se aprecia una omisión en la fundamentación y motivación; iii) Respecto al riesgo procesal de influencia negativa en la víctima, testigos o peritos, en el análisis de las justificaciones vertidas para su establecimiento, con relación al accionante, se evidencia que se determinó con base en criterios conjeturales, subjetivos, al señalar que existe una probabilidad y sin mencionar ningún elemento objetivo, no se señala con nombre y apellido en quién podría influir y de qué manera, esta forma de establecimiento de un riesgo procesal está prescrito por el art. 235 del CPP, que precisamente ha dispuesto el legislador a momento de modificar el Código de Procedimiento Penal; y, iv) Se debe considerar que las autoridades judiciales, están obligados a realizar un reexamen de la concurrencia del elemento material y procesal para la interposición de medidas cautelares personales y deben necesariamente realizar un análisis propio de razonabilidad y proporcionalidad, considerando: “'a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida’” (sic). Constatándose que en el caso de autos no se ha realizado este análisis por el juez ad quem demandado.
Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 119 a 121), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -codemandada-, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Iván Mamani Mamani -accionante-, quien de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental (fs. 4 a 9). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación de medida cautelar, llevada a cabo el 26 de julio del 2022, en el que consta los agravios esgrimidos por el abogado del apelante, hoy accionante (fs. 10 a 13). II.3. Mediante Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio, Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -demandado-, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela, manteniendo en todas sus partes el Auto Interlocutorio impugnado (fs. 13 a 15).
El accionante denuncio la lesión de su derecho a la libertad “por falta de fundamentación objetiva” y la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, solicitó su cesación a la detención preventiva a partir de lo establecido por el art. 239.1 del CPP; sin embargo: a) La Jueza codemandada a través del Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022, rechazó su petición sin la debida fundamentación y con meras presunciones abstractas, si bien, determinó que en el dictamen pericial genético no encontró nada respecto a él, empero, se trata de un hecho controvertido, puesto que, la víctima lo reconoció como su agresor sexual, ante ello, no se descartó su participación en el hecho, además, respecto al riesgo procesal dispuesto en el art. 234.7 del citado Código, indicó que se mantiene activo, solo por el estado de vulnerabilidad y desventaja en el que se encuentra la víctima; y, sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, se argumentó que no concluyeron los seis meses de etapa preparatoria y no se recepcionaron las declaraciones testificales, sin establecer quienes tendrían que hacerlo para mantener el riesgo vigente; y, b) El Vocal demandado emitió el Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio, carente de fundamentación y motivación y sin considerar el principio de proporcionalidad, limitándose a señalar que la Jueza a quo realizó una correcta valoración del dictamen pericial y tal elemento debe contrastarse con la declaración de la víctima, primando su declaración aun cuando manifiesta contradicciones con el dictamen pericial, respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, se indicó únicamente que se encontraría vigente por la situación de vulnerabilidad de la víctima, y sobre el art. 235.2 del citado Adjetivo Penal, recae en meras presunciones y subjetividades pues alega que pueden existir testigos que declaren sin establecer que actos investigativos se realizarán y la manera que se obstaculizará. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, cuyos extractos pertinentes se desglosan a continuación: así al respecto señala que:
«[…] el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril 1El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» (las negrillas fueron añadidas).
La citada SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se ha referido al riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima en los casos de violencia, estableciendo el siguiente entendimiento:
[El] peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.
Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP] -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I 2 Ibid., p. 89 de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” .
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
La SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, realizó una sistematización jurisprudencial y consideró el siguiente entendimiento. «El entendimiento que consideró este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad de que la justicia constitucional pueda 3El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 4El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”
realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba , exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los 5El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 6El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 7El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “… explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional …” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reducir únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la mano de obra valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
8El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente: Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”.
A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales».
El accionante denuncio la lesión de su derecho a la libertad “por falta de fundamentación objetiva” y la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, solicitó la cesación de su detención preventiva a partir de lo establecido por el art. 239.1 del CPP; sin embargo: 1) La Jueza codemandada mediante Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 (Conclusión II.1), rechazó su petición sin la debida fundamentación y con meras presunciones abstractas, si bien, determinó que en el dictamen pericial genético no encontró nada respecto a él, sin embargo, se trata de un hecho controvertido, dado que, la víctima lo reconoció como su agresor sexual, en cuanto, no se descartó su participación en el hecho, además, respecto al riesgo procesal dispuesto en el art. 234.7 del citado Código, indicó que se mantiene activo solo por el estado de vulnerabilidad y desventaja en el que se encuentra la víctima; y, sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, se argumentó que no concluyeron los seis meses de etapa preparatoria y no se recepcionaron las declaraciones testificales, sin establecer quienes tendrían que hacerlo para mantener el riesgo vigente; y, 2) El Vocal demandado emitió el Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio (Conclusión II.2), carente de fundamentación y motivación y sin considerar el principio de proporcionalidad, limitándose a señalar que la Jueza a quo realizó una correcta valoración del dictamen pericial y tal elemento debe contrastarse con la declaración de la víctima, primando su declaración aun cuando manifiesta contradicciones con el dictamen pericial, respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, se indicó únicamente que se encontraría vigente por la situación de vulnerabilidad de la víctima, y sobre el art. 235.2 del citado Adjetivo Penal, recae en meras presunciones y subjetividades pues alega que pueden existir testigos que declaren sin establecer que actos investigativos se realizarán y la manera que se obstaculizará. Con relación a la Jueza codemandada En mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, este Tribunal se limitará a examinar únicamente la resolución de última instancia de la jurisdicción ordinaria; en este caso el Auto de Vista que resolvió la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, toda vez que el tribunal de alzada cuenta con atribuciones para reparar las eventuales vulneraciones en las que pudo haber incurrido el Juez de primera instancia, con relación al cual, por la razón señalada, corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación al Vocal demandado En ese entendido, para la resolución del presente caso concreto es preciso efectuar la exposición de los agravios demandados por el accionante contra los razonamientos vertidos en el Auto Interlocutorio de 15 de julio de 2022 y las respuestas argüidas por el Vocal demandado en el Auto de Vista ahora confutado. i) Respecto a la probabilidad de autoría
El accionante señaló que, solicitó la cesación de su detención preventiva con base en nuevos elementos de prueba para desacreditar la probabilidad de su autoría, que fueron realizados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), siendo estos, los perfiles genético de saliva extraído del cuello de la víctima y genético prostático de espermatozoide hallado en el interior del saco vaginal de la prenombrada, que pertenecen a Henry Ávilo, quien presumiblemente de acuerdo a la declaración de la víctima no hubiese tenido acceso carnal y solo hubiese sido espectador, por lo que, tiene calidad de cómplice; sin embargo, la Jueza codemandada efectuó una incorrecta valoración, emitiendo un razonamiento subjetivo mencionando que los citados perfiles no son suficientes para desvirtuar la probabilidad de autoría, puesto que, el proceso penal es complejo por tratarse del ilícito de violación agravada, en el cual, el imputado fue identificado como una de las personas que abusó sexualmente de la víctima y acorde a la SCP “353 del 2018” (sic) la declaración de la víctima es considerada como una prueba fundamental, no obstante a ello, la prueba científica presentada contraviene a la misma (Conclusión II.2).
En respuesta a ese agravio, el Vocal demandado manifestó que, la solicitud de modificación de medidas cautelares basada en el art. 239.1 del CPP, tiene que ver con la pericia genética que determinó pertenecer a otro de los coimputados, más no a Iván Mamani Mamani -accionante- aspecto que fue analizado por la jueza de primera instancia en relación a la declaración de la víctima, aplicándose la perspectiva de género, la protección reforzada y los presupuestos estipulados en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, por consiguiente, la indicada declaración es el elemento contundente que origina la probabilidad de autoría de los tres imputados, y con base en ello, se determinó la situación jurídica de los mismos, ahora bien, no se le está restando valor a la referida pericia, por el contrario, esta confirma la participación de los otros imputados, sin embargo, deberá ser examinada “…en el momento que tenga que entrar al Tribunal correspondiente en caso de que haya un juicio o no valorarse para determinar la culpabilidad…” (sic[Conclusión III.3]). De lo relacionado precedentemente, se advierte que si bien el Vocal demandado hizo referencia a la pericia genética, sin embargo, se advierte una omisión de valoración probatoria de dicho elemento de convicción, puesto que, en lugar de dilucidar respecto a la incidencia que puede tener o no en cuanto al requisito de la detención preventiva referido a la probabilidad de autoría atribuida al peticionante de tutela, evade dicha valoración haciendo alusión inmediata a la declaración de la víctima y su valoración con enfoque de género. Si bien, es cierto que para la determinación de la probabilidad de la autoría con finalidad cautelar, es preciso determinar la existencia de mayores motivos para afirmar la participación del imputado, que las razones para negar la misma, se debe valorar todos les elementos de convicción aportados por las partes; valoración que efectivamente debe efectuarse considerando los elementos del tipo objetivo y subjetivo del delito investigado; y en el presente caso con un enfoque de género al tratarse de la investigación de hechos de violencia sexual contra una mujer, conforme a los estándares de protección reforzada internos o externos, en cuyo marco, la declaración de la víctima se constituye una prueba fundamental; sin embargo, no es menos cierto que esa labor incumbe a efectuar la motivación de la decisión, ante ello, la autoridad judicial debe realizar una valoración exhaustiva de los nuevos elementos de convicción presentados por el cautelado con el cual pretende la cesación de su privación de libertad. En ese orden, el Vocal demandado esta compelido a justificar por qué razón considera que la prueba científica que establece que los perfiles genéticos de saliva extraído del cuello de la víctima y prostático de espermatozoide hallados en el interior del saco vaginal de la víctima, le pertenece a otro de los imputados, y no tendría ninguna incidencia en su estado de conocimiento sobre la autoría del hecho atribuido al accionante; es decir, por qué considera que esa prueba que se suma a los motivos para negar al autoría en la consumación del delito de violación por penetración vaginal del accionante no afecta al estado de conocimiento que tiene sobre la concurrencia del requisito de la autoría de la violación sexual del impetrante de tutela, considerando por supuesto los elementos del tipo objetivo del tipo penal -cuyo núcleo de la acción solo requiere penetración para su consumación-; para luego, ser valorada con los otros componentes de convicción existentes y justificar el estado de conocimiento que ha adquirido sobre ese requisito cautelar, es decir, de improbabilidad, duda o probabilidad, según corresponda sobre la autoría u otra forma de participación en el hecho sindicario al accionante. Consiguientemente, resulta evidente que la autoridad judicial demandada incurrió en una omisión de valoración de la prueba que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, por lo cual, en el marco de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela impetrada. ii) Respecto al riesgo procesal dispuesto por el art. 234.7 del CPP
El peticionante de tutela demandó que se mantuvo el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del Adjetivo Penal, bajo el criterio de meras suposiciones y simplemente se hizo mención a la SCP “394/2018” y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) refiriendo sobre la complejidad de caso penal, sin efectuar una explicación de la manera en la que es aplicable al mismo, por la lesión que tenía la víctima en el cuello se le dio un día de impedimento, sin embargo, del nuevo elemento que presentó se advierte que no hay dos personas que participaron de hecho, puesto que, los resultados de la pericia son de Henry Ávilo, es así que, se eliminó la presunta lesión ocasionada por su persona. Sobre el punto, se observa que la autoridad judicial demandada en el Auto de Vista confutado contestó que se debe considerar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraría la víctima.
Conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los jueces y tribunales, a tiempo de resolver sobre la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el numeral 7 del art. 234 del CPP, deben considerar la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; sin embargo, cabe resaltar que la evaluación de estos parámetros, debe efectuarse a partir de los hechos concretos, por lo que la sola enunciación de los mismos sin la debida motivación afianzada en las circunstancias y peculiaridades del caso examinado no resulta suficiente. Bajo ese parámetro jurisprudencial, es pertinente establecer que la resolución impugnada, al determinar la vigencia del indicado riesgo procesal, simplemente aduce sobre la situación de vulnerabilidad de la víctima, sin señalar de forma concreta las razones por las que considera que aún persiste ese peligro procesal, pese a la presentación del nuevo elemento exhibido en el verificativo de consideración de la cesación a la detención preventiva, puesto que, la justificación vertida debe ser respondida de forma individual por cada agravio denunciado, y poniendo en evidencia la existencia del peligro efectivo de la víctima a partir de las circunstancias fácticas del caso concreto, lo que no sucede en este caso, puesto que el Vocal demandado se limitó a indicar “…por la situación de vulnerabilidad que tiene la víctima en este caso concreto” (sic). En definitiva, la motivación resulta insuficiente, ya que, el Vocal demandado agota su argumentación con la sola mención genérica a uno de los criterios que la jurisprudencia constitucional estableció que se debe considerar para evaluar el peligro efectivo para la víctima; toda vez que, este defecto implica una motivación arbitraria que vulnera el derecho al debido proceso, justifica la concesión de la tutela solicitada sobre esta denuncia, sin la posibilidad de analizar la relevancia constitucional en el marco de lo previsto en la SCP 0353/2018-S2, en sentido que, “…la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución”. Finalmente, cabe aclarar que el defecto advertido no implica necesariamente la inconcurrencia del riesgo procesal referido, sino la defectuosa motivación en la decisión dispuesta, siendo concerniente conceder lo peticionado constitucionalmente.
iii) Respecto al riesgo procesal dispuesto en el art. 235.2 del CPP
El solicitante de tutela concerniente a ese peligro procesal cuestionó que, la jueza de primera instancia mencionó que la etapa preparatoria tiene una duración de seis meses y aún transcurrió cinco meses y cuarenta y cinco, y todavía en los quince días restantes el Ministerio Público “va presentar”, siendo ese un argumento subjetivo, ya que, en estos meses de su detención preventiva no declaró ningún testigo, ni expresó de qué manera obstaculizaría la declaración de los mismos, con el simple justificativo que el derecho de la víctima mujer es preferente al del imputado. Sobre el punto, la autoridad judicial demandada señaló textualmente: “...en relación al peligro de obstaculización porque evidentemente existe la necesidad de existir la probabilidad de un juicio pues puedan existir testigos que vayan a declarar y estos tienen que ser precautelados en relación a que no haya injerencia o no haya obstaculización en relación a los mismos, por lo que en tal sentido ha hecho un correcto test de proporcionalidad al referir que se hace necesaria la presencia de los imputados a todos los actos investigativos con la finalidad de los presupuestos del artículo 221 del Código Procedimiento Penal que es garantizar la presencia de los mismos a los actos Investigativos, el desarrollo el mismo, la aplicación de la ley y eventualmente también la protección de la víctima, por lo que se verifica que no habría lugar al agravio expuesto por la parte recurrente” (sic). A efectos de determinar el alcance del riesgo procesal dispuesto por el art. 235.2 del CPP, se debe considerar la SCP 0210/2019-S2 de 10 de mayo, que refirió: “…respecto a la posibilidad que la imputada pueda influir negativamente sobre los participes, testigos y peritos a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente, no resulta suficiente indicar el número de personas imputadas y las probables futuras investigaciones a ser realizadas; pues, para que la imputada pueda comprender a cabalidad los motivos por los cuales este riesgo sigue latente, se le debe indicar concretamente en cuáles de los sujetos procesales podría influir negativamente y en qué medida; de lo contrario, el establecer de manera indeterminada la influencia descrita en el numeral 2 del art. 235 del CPP, no sería razonable y conllevaría a la imposibilidad de desvirtuar dicho riesgo procesal...” (las negrillas son propias); como se observa, el fallo constitucional deja claro que para determinar la concurrencia de este riesgo procesal (art. 235.2 del CPP) debe identificarse claramente sobre quienes el imputado podría influir y la medida en la que podría darse la misma; observando que en el presente caso, que el Vocal demandado omitió cumplir con estos requisitos para determinar la concurrencia de este riesgo, pues, no individualizó a las personas en su calidad de testigo, participe o perito podría influir de forma negativa, ante ello, lo vertido tan solo son conjeturas basadas en presunciones de forma totalmente subjetiva al establecer que el accionante “podría” mediar en testigos, oponiéndose al mandato previsto por el art. 235 del CPP, que en su parte final estipula “…el peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad”; en consecuencia, se concluye que lo deducido por el Vocal demandado se constituye en una motivación arbitraria al no encontrase fundada en argumentos objetivos y materiales, con una especificación de personas -testigos, participes o peritos- y actos investigativos a desarrollarse, omitiendo de esa forma cumplir con su competencia como tribunal de segunda instancia, que en revisión y al tratarse de la dilucidación de la situación jurídica del accionante referente a su detención preventiva, emitir una decisión judicial debidamente sustentada en los parámetros jurisprudenciales descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que explicita que el tribunal de alzada no se convierte en una simple formalidad procesal, más al contrario una vez puesto bajo su conocimiento el recurso de apelación incidental debe efectuar una revisión integral de lo dispuesto por el juez de primera instancia, en tal sentido, concierne conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder parcialmente la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 102 a 111 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 178/2022-SP1 de 26 de julio, debiendo el Vocal demandado dictar una nueva resolución acorde a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, la situación jurídica del accionante no haya cambiado. 3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0592_2026-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 41cd05825d49701bc54af00bebcbf36a2dca2f52f8c03f23b8728914d415f992
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