Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, hasta 12 de diciembre de 2022 -fecha de presentación de la acción tutelar que se analiza-, la Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, no remitieron ningún informe a lo solicitado mediante los oficios CITE. Of. 161/2022 y CITE. Of. 162/2022 ambos de 29 de noviembre y con cargo de recepción de 30 de noviembre de 2022, respecto a la asignación de custodios policiales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2025-S3 Sucre, 18 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52885-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Santos Sirpa Quispe en representación sin mandato de Orlando Hernández Moreno, contra Juan Carlos Limpias Esprella, Director General a.i. de Régimen Penitenciario y Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 4, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
El 4 de noviembre de 2022, se llevó adelante la audiencia de apelación contra el Auto Interlocutorio 11/2022 de 12 de octubre, sobre consideración a la cesación de la detención preventiva, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en dicho verificativo la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 818/2022 y determinó entre otros lo siguiente: “REALIZAR EL TRÁMITE DE ARRAIGO, PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO AL LUGAR DONDE HA SUSCITADO EL HECHO DENUNCIADO, PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE FORMA SEMANAL MEDIANTE REGISTRO BIOMÉTRICO, LA PRESENTACIÓN DE TRES GARANTES SOLVENTES QUIENES EN CASO DE INCOMPARECENCIA DEL SINDICADO DEBERÁN CANCELAR LA MULTA DE 20 MIL BOLIVIANOS CADA UNO, LA DETENCIÓN DOMICILIARIA CON LA PRESENCIA DE DOS CUSTODIOS POLICIALES QUE SERÁN DESIGNADOS POR EL RECINTO PENITENCIARIO” (sic). Señaló que, el legajo de apelación fue devuelto al mencionado Juzgado de Sentencia Penal el 10 de noviembre de 2022; a partir de la cual debería computarse el plazo de setenta y dos horas, para que se cumplan las determinaciones del Tribunal de apelación. Mediante memorial el 11 de noviembre de 2022, presentó al señalado Juzgado de Sentencia Penal, documentación que acredita la tramitación del arraigo, concerniente en talón de control, solicitud de dos custodios al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, (cursando oficio debidamente diligenciado) y habilitación en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental de La Paz y la presentación de tres garantes solventes de los cuales se presentó documentación que acreditan su solvencia, por lo que cumplió a cabalidad las medidas impuestas por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El 25 de noviembre de 2022, la Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del mencionado departamento, emitió oficios CITE. Of. 161/2022 y CITE. Of. 162/2022 de 29 de noviembre -con cargo de recepción 30 de noviembre de 2022-, para la Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, a efecto que asignen custodios policiales, teniendo como cargo de recepción el 30 de igual mes y año. El accionante denunció como vulnerado su derecho a la libertad y “principio de celeridad”, toda vez que, hasta la fecha de la presentación de la acción de libertad que se analiza; la Dirección General del Régimen Penitenciario, ni la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, no remitieron ningún informe conforme lo solicitado por el Juez de Sentencia Penal Cuarto, habiendo transcurrido más de trece días de su incumplimiento.
Denunció como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto el art. 23.I, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenándose al Director General del Régimen Penitenciario y al Director del Régimen Penitenciario de La Paz, emitan respuesta a la solicitud realizada mediante oficio de 29 de noviembre de 2022, y sea en el plazo de veinticuatro horas, toda vez que esto retarda y obstruye su derecho a la libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 39 a 42, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó los fundamentos de la demanda tutelar y ampliándolos, señaló lo siguiente: a) El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, nuevamente dispuso emitir dos nuevos oficios para la Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, presentados el “30 de noviembre” de 2022; empero hasta la presentación de la acción de libertad, no existió respuesta alguna a esa solicitud; b) Para dar cumplimiento a la modificación de las medidas impuestas, en este caso la cesación a la detención preventiva, se cumplieron con las otras medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional, dentro del plazo establecido; siendo el único óbice el silencio por parte de las autoridades a las que se les solicitó informe respecto a la asignación de custodios policiales; generando una privación indebida de su libertad al no existir una respuesta por parte de esas autoridades, impidiendo que el Juez a quo pueda tomar una decisión sobre la modificación de las medidas cautelares; c) El motivo de esta acción constitucional, es que se ordene a las autoridades policiales demandadas que en el plazo máximo de veinticuatro horas eleven el informe solicitado, y que hagan conocer a la autoridad jurisdiccional si cuentan con los efectivos policiales o no para que de esta forma se activen los mecanismos procesales necesarios y pertinentes para poder obtener su libertad, tal y como establece nuestro ordenamiento legal y vigente; y, d) Se evidenció que no se tiene respuesta desde el 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre del año 2022, existiendo trece días de demora esperando que se pronuncien los Directores demandados respecto al oficio emitido por parte de la autoridad jurisdiccional; consecuentemente, con base, en los antecedentes presentados, la prueba y los fundamentos expuestos, solicitó se conceda la tutela y se ordene que inmediatamente las autoridades demandadas eleven el informe correspondiente.
Juan Carlos Limpias Esprella, Director General a.i. del Régimen Penitenciario, mediante informe escrito presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 28 a 31 y en audiencia a través de su abogado, señaló que: La Dirección General del Régimen Penitenciario no tiene la atribución de remitir efectivos policiales para que los mismos cumplan como custodios, aspecto señalado en el art. 48 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; asimismo, indicó que por informe de la responsable de recepción de esa Dirección, la misma señaló que, la revisión del sistema de correspondencia del Ministerio de Gobierno y cuaderno de registro de la unidad de recepción y correspondencia, no se tiene registro de ningún oficio respecto a la solicitud de informe para escoltas del privado de libertad Orlando Hernández Moreno -hoy accionante-; consecuentemente, esa Dirección no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, por lo que solicitó se deniegue la tutela. El Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 9.
Luis Gonzalo Yepéz Portugal, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante a fs. 14 y vta., señaló: 1) Conforme a la CIRCULAR 19/2022 - SP-TDJLP, y CIRCULAR 20/2022 - SP-TDJLP, dispuso que el Juzgado del cual presido cumpla turno en receso de fin de año y atienda los procesos con detenidos y los declarados rebeldes que comprenden a los Juzgados de Sentencia Penal Segundo hasta Séptimo de la Capital del departamento de La Paz y Juzgados Judiciales de Provincias; 2) El 5 de diciembre de 2022, el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto, en cumplimiento a la mencionada Circular, remitió la presente causa penal seguido por el Ministerio Público contra Orlando Hernández Moreno -hoy accionante- por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; con sentencia condenatoria en su contra por el mencionado delito previsto y sancionado en el art 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas - Ley 1008 imponiendo la pena privativa de libertad de doce años; 3) Mediante Auto de Vista 818/2022, se dispuso conceder como medida sustitutiva las siguientes restricciones: i. Detención Domiciliaria, ii. Arraigo, iii. Prohibición de acercarse a las partes que sería la sociedad como víctima, iv. La presentación al Ministerio Público de forma semanal mediante registro biométrico los días martes, v. La presentación de tres garantes solventes, quienes deben cancelar la multa de Bs.20 000.- (veinte mil bolivianos) cada uno; y, vi. Por último la imposición de dos custodios debidamente acreditados por el “Recinto Penitenciario”; y, se desconoce el apersonamiento a su Juzgado, empero la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 12/2022, rechazó la modificación de la medidas cautelares referente a los custodios que deben cumplir el control en la detención domiciliaria., determinación que ha sido apelada por el ahora accionante y reiterada el 17 de noviembre de 2022, posteriormente por segunda vez el ahora accionante solicitó a la Juez titular del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto la modificación de medidas impuestas referente a los custodios la que fue suspendida el 30 de noviembre de 2022 a solicitud del abogado de la defensa.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 43 a 44 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Dirección General de Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, emitan respuesta a los oficios presentados por el accionante, sea en el plazo de veinticuatro horas, respuesta que debe ser remitida al Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto a la acción de libertad de pronto despacho, los arts. 178 y 180 de la CPE establecen que la administración de justicia, se sustenta entre otros principios en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por el art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), conforme dicho principio la administración de justicia debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y garantías reconocidos por el texto constitucional.; b) En el presente caso el accionante acreditó que se hizo llegar los oficios correspondiente a la Dirección General de Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, siendo recepcionados el 30 de noviembre de 2022, y a la fecha no se tiene respuesta alguna.; c) El accionante se encuentra privado de libertad y no puede acceder a las medidas sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria; toda vez que, no cuenta con los dos custodios para cumplir este aspecto; y, d) En la prueba presentada por el Director General de Régimen Penitenciario, solo ha hecho constar los sellos de recepción de documentos de 25 y 28 de noviembre de igual año y no así de fecha 30 de igual data; por lo que en mérito a esos antecedentes correspondió conceder la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre, que resuelve el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 11/2022, presentado por Orlando Hernández Moreno -hoy accionante-, que declaró su procedencia en parte y revocó en parte el referido auto (fs. 15 a 17 vta.). II.2. El 25 de noviembre de 2022, la Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso solicitar informe a la Dirección General del Régimen Penitenciario y Dirección Departamental del Régimen Penitenciario ambos de La Paz, mediante oficios CITE. Of. 161/2022 y CITE. Of. 162/2022 ambos de 29 de noviembre y con cargo de recepción de 30 de noviembre de 2022 (fs. 37 a 38).
El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, hasta 12 de diciembre de 2022 -fecha de presentación de la acción tutelar que se analiza-, la Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, no remitieron ningún informe a lo solicitado mediante los oficios CITE. Of. 161/2022 y CITE. Of. 162/2022 ambos de 29 de noviembre y con cargo de recepción de 30 de noviembre de 2022, respecto a la asignación de custodios policiales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 125 de la CPE, define el alcance y finalidad de la acción de libertad cuando establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, de donde se advierte un instituto jurídico cuya finalidad es la protección no sólo de los derechos fundamentales a la libertad individual y la locomoción establecidos en los arts. 22 y 23.I de la CPE, sino también a la vida cuando está íntimamente ligado a aquellos. La prescripción constitucional transcrita, configura un mecanismo constitucional de defensa extraordinario, procesalmente eficaz y oportuno, con las características de ser preventivo -cuando se pretende evitar una inminente lesión al derecho protegido-, correctivo -cuando se pretende impedir que se agraven las condiciones de una persona restringida en su libertad-, y reparador -cuando se busca reparar una vulneración ya consumada- (SC 1579/2004-R de 1 de octubre). Su diseño constitucional por el legislador constituyente, establece una tramitación especial y sumarísima, caracterizada por los principios de inmediatez, informalismo, generalidad, e inmediación, cuyo objeto, conforme lo determina el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) es la: “…garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos, o amenazados de restricción o supresión”. En función a estas características, la activación de la acción de libertad o habeas corpus como se lo conoce en el derecho comparado, conforme lo estableció la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, se produce previa la verificación de los siguientes presupuestos: “a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (el resaltado nos corresponde).
Entendiéndose que la acción de libertad, conforme señala el art. 125 de la CPE, es una sola y que sólo, en función a sus efectos jurídicos y los bienes constitucionales protegidos -la vida, la libertad individual, y la locomoción-, doctrinalmente se establecen categorías o divisiones, que hacen más didáctica su comprensibilidad; en tal sentido, además de la ya mencionada acción de libertad preventiva, correctiva y reparadora, debemos añadir la restringida, instructiva y la traslativa o de pronto despacho. A efectos de la resolución de la problemática planteada, será objeto del presente análisis la acción de libertad o habeas corpus traslativo o de pronto despacho, que doctrinalmente es considerado como el medio idóneo para denunciar mora en el proceso judicial, a fin de que se disponga la celeridad de los trámites judiciales o administrativos cuando se encuentre pendiente de resolución la situación jurídica de la persona cuyo derecho a la libertad se encuentra restringido; entendimiento asumido por la jurisdicción constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que refirió que : “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento concordante con la SC 0465/2010-R de 5 de julio, que precisa: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro).
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad -12 de diciembre de 2022-, la Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, no remitieron informe a lo solicitado por el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Primero-, respecto a la solicitud de asignación de custodios policiales, habiendo sido recepcionados los oficios el 30 de noviembre de 2022, en sus respectivas secretarias de despacho. En ese sentido, se advierte que efectivamente las autoridades demandadas -Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz- no dieron respuesta a la solicitud efectuada mediante los oficios CITE. Of. 161/2022 y CITE. Of. 162/2022 ambos de 29 de noviembre, dilación que mantuvo indebidamente privado de libertad al impetrante de tutela, al impedir que pueda beneficiarse con la detención domiciliaria dispuesta a su favor, situación que permite concluir que las autoridades demandadas incumplieron con el deber de conocer y resolver con la mayor celeridad posible, toda solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Por otro lado, debe tenerse presente que si bien una de las autoridades demandadas -el Director General del Régimen Penitenciario- en su informe prestado en audiencia de garantías de esta acción tutelar, trató de justificar su accionar, alegando que, se tiene el Informe JC 002/2022 de 13 de diciembre, de la Unidad de Recepción de Documentación de la Dirección General del Régimen Penitenciario, donde informa que no cursa ninguna documentación u oficio de solicitud de “custodia policial” para la detención domiciliaria de Orlando Hernández Moreno -ahora impetrante de tutela-; sin embargo, dicho justificativo no desacredita la prueba documental, en la cual se pudo evidenciar que los oficios dirigidos la Dirección General del Régimen Penitenciario y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, tiene como cargo de recepción el 30 de noviembre de 2022. La justificación expuesta por la autoridad demandada, corrobora la falta de atención oportuna a una petición vinculada con la libertad, que en el caso de autos, se extendió como una práctica, que merece ser corregida, toda vez que, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho pretende acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, dilación que ha ocurrido en el presente caso y que ha afectado la libertad del accionante. Finalmente, en el entendido que a hasta la fecha de celebración de la audiencia de garantías, no se emitió la respuesta al peticionante de tutela; esta circunstancia posibilita el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa, en observancia de la jurisprudencia constitucional, la justicia constitucional no puede convalidar actos y omisiones que en su momento afectaron derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por lo mismo, debe velar que éstos no vuelvan a repetirse, precedente constitucional aplicado por el Tribunal de garantías. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 43 a 44 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0592_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad3c22b7100c27e7453143fe11a3577b05b365ef0dea040c91e0690877ec3c2e
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