Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y vida; toda vez que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 20 de diciembre de 2021, solicitó cesación a la detención preventiva; empero la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental pendiente de resolución, petición que reiteró conforme el art. 239.5 de la citada norma adjetiva penal sin que hasta la presentación de esta acción de libertad se haya pronunciado, no obstante que conforme al área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz se encuentra con el virus del COVID-19 poniendo en riesgo su vida y de los funcionarios policiales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) Trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva; 4) Sobre el nuevo señalamiento de audiencia de cesación de medidas cautelares estando pendiente la resolución de apelación de una anterior solicitud; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 324/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1°CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2°DENEGAR respecto a Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la ciudad de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2023-S1 Sucre, 7 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45732-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 324/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Leyva Crespo contra Douglas Cecil Borda Montaño, Juez y Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario; ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2021, cursante de fs. 10 a 11, el accionante manifestó:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Por lo que solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo de los arts. 239.1 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 20 de diciembre de 2021; empero la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental pendiente de resolución, olvidando los alcances del art. 251 del CPP con efecto no suspensivo ante una nueva solicitud de cesación de medidas cautelares. De este modo, por segunda vez reiteró y solicitó conforme el art. 239.5 de la citada norma adjetiva penal sin que hasta la presente acción de libertad se haya pronunciado, no obstante que conforme al área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz se encuentra con Coronavirus (COVID-19).
Alega la vulneración de sus derechos a la libertad y a la vida; citando al efecto, los arts. 8, 15, 18, 115, 178, 180, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 10.1 del Protocolo de San Salvador; y, 12.1 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicita se conceda la tutela solicitada y en consecuencia se disponga su detención domiciliaria en razón a que su persona se encuentra con COVID-19.
Efectuada la audiencia pública virtual el 27 de diciembre de 2021, según acta cursante de fs. 17 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en la audiencia virtual, ratificó su demanda tutelar y ampliando los fundamentos señaló lo siguiente: a) El 24 de noviembre de 2021, se hubiera llevado una audiencia de cesación a la detención preventiva, de Julián Copajida Pacheco y Grover Leiva Crespo; b) Se solicitó un nuevo cese a la detención preventiva al amparo del art. 239.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); c) La SCP 1157/2017-S2 de 15 de noviembre señala sobre el carácter no suspensivo de la apelación incidental; d) El 23 de diciembre de 2021, se hizo el retiro de la apelación y se solicitó que se señale nuevo día y hora de audiencia de consideración de detención preventiva, en base al art. 239.5 y la autoridad demandada, informó que se habría señalado una audiencia de consideración de cesación preventiva, conforme establece el art. 239, plazo que no supera las cuarenta y ocho horas, y la solicitud se presentó el día jueves y hasta el momento no se ha notificado con el señalamiento de alguna audiencia de consideración del cese a la detención preventiva, es uno de los motivos por los que interpuso la acción de libertad; e) Grover Leiva Crespo tiene resultado positivo a COVID-19 y se está poniendo en riesgo su vida, las autoridades jurisdiccionales deben velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Norma Suprema y es de su conocimiento la recomendación que habría emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la cual forma parte el Estado Plurinacional de Bolivia, en cuanto a las personas privadas de libertad en su punto 45, recomienda que los Estados deben adoptar medidas para enfrentar las unidades de privación de libertad, incluida revaluación de los casos de prevención preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertido en medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad a poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio de COVID-19 y es lo que quiere se considere al estar atravesando el COVID-19, que pone en peligro la salud de toda la población penitenciaria y se encuentra en peligro su vida; y, f) Solicita se disponga la detención domiciliaria en el plazo no mayor a veinticuatro horas y que se recomiende al juez demandado que no sea superior a las veinticuatro horas.
Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital departamento de La Paz, en audiencia virtual, señaló lo siguiente: 1) Las Sentencias Constitucionales 484/2012 y 160/2005, han establecido la subsidiariedad excepcional para considerar la acción de libertad, y no se puede activar recursos simultáneos o alternativo, con el mismo fin; y, 2) El accionante no ha agotado el principio de subsidiariedad excepcional, tomando en cuenta que fue sometido a una medida cautelar que ha sido cuestionada y se habría presentado por medio de la defensa una cesación a la detención preventiva “ha sido denegada esta decisión ha sido apelada en primera instancia sin embargo no ha sido revisada por el tribunal superior en grado ya que esta apelación ha sido reiterada que es entendido no se puede analizar en el fondo una decisión de aplicación de una medida sustitutiva respecto a la libertad de este ciudadano ahora accionante” (sic). Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 15 y vta., señaló: i) Se realizó audiencia de cesación a la detención preventiva emitiéndose la Resolución 361 de 24 de noviembre, en la que se rechazó la cesación a la detención preventiva del imputado Grover Leyva Crespo, por lo que en audiencia interpuso apelación, ante lo cual fueron elevados obrados ante el Tribunal de alzada, Sala Penal Cuarta por Turno de fin de año por vacaciones judiciales, recepcionada el 17 de diciembre de 2021; ii) El 20 de diciembre de 2021, conforme el “tiken” de la unidad gestora de procesos y puesto en conocimiento ante este despacho judicial el 21 de diciembre de 2021, el memorial presentado por Grover Leyva Crespo, en el que solicitó se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, memorial que tuvo respuesta a través del decreto de 22 de diciembre de 2021, donde se indicó que una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, por lo que mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al Órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aun no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora; y, iii) Conforme al cuaderno de control jurisdiccional se puede evidenciar que se presentó memorial el 23 de diciembre de 2021, según ticket de la unidad Gestora de procesos y puesto en conocimiento ante este despacho judicial el 24 de diciembre del mismo año, en el que refiere en la suma que reitera apelación; y en otrosí, solicita señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; conforme se puede evidenciar mediante decreto se aceptó el retiro de la apelación y se señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva conforme a procedimiento y dentro del plazo procesal correspondiente.
El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 324/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada y en consecuencia dispuso que: Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la capital del departamento de La Paz señale día y hora de audiencia considerando la cesación de detención preventiva en la cual deberá tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el presente Auto, la Constitución Política del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OMS y disponer en consecuencia, se aplique el art. 231 bis numeral 9 con relación al art. 239. 1 del CPP, “en razón del estado de salud en el cual se encuentra el accionante contagiado a la fecha con COVID-19 siendo un peligro inminente para el personal administrativo policial carcelaria del recinto penitenciario obligándole y exhortándole en el plazo de 24 horas” (sic) desde la notificación con el presente Auto Constitucional, “aplique lo que establece la ley 1173 en cuanto al Dr. RUBEN MAMANI CONDORI Secretario abogado del juzgado sexto de Instrucción en lo penal de la ciudad de la paz se rechaza la tutela por no haber demostrado responsabilidad de instrucción para la presente acción de libertad empero colaborar en la disposición que antecedentes con el fin de que se lleve a cabo la audiencia de acción de la detención preventiva siendo la responsabilidad del secretario en colaborar con todas las tareas y funciones que se le asignan a fin de mejorar con la gestión y despacho judicial la planificación, la organización es enmarcado en nuestra ley 1173 y la ley 025 quedando notificado con la presente determinación el día de hoy mediante sistema CISCO WEBEX” (sic) a la autoridad demandada. Determinación asumida bajo los siguientes argumentos: a) Grover Leyva Crespo, retiró la apelación en contra de la Resolución 361/2021, asimismo el accionante demostró que se halla contagiado con COVID-19 existiendo una cuarta ola de rebrote de esa enfermedad que podría poner en riesgo al accionante y demás personas que se encuentran dentro el recinto penitenciario; b) La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha recomendado tomar en cuenta la protección del derecho a la salud a fin de evitar rebrotes o contagios masivos en los recintos penitenciarios; c) Los privados de libertad sólo tienen restringido su derecho a la locomoción y los demás derechos no se tienen disminuidos; d) La solicitud de la cesación de la detención preventiva y la modificación de medidas cautelares de carácter personal cuando se junten nuevos elementos, deben ser atendidas con celeridad; e) No se ha acreditado la legitimación activa del secretario, por lo que no corresponde realizar un análisis al comportamiento realizado por esta autoridad; y, f) Hay que tomar en cuenta que, la acción de libertad instructiva tutela el derecho a la vida, aun cuando no se encuentre vinculada con la libertad, según entendimiento extensivo de los derechos, al ser el derecho a la vida tan importante, no siendo necesario agotar ningún mecanismo intraprocesal porque su activación es de manera directa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Grover Leyva Crespo –ahora accionante-, según el certificado emitido por INLASA, con toma de muestra de 16 de noviembre de 2021 dio positivo a COVID-19; y en el informe realizado por el Jefe de Unidad de Epidemiología-SEDES-La Paz, refiere que los síntomas del mencionado son cefalea, malestar general y mialgia (fs. 3 a 6). II.2. El 20 de diciembre de 2021, Grover Leyva Crespo -hoy accionante-, presentó memorial dirigido al Juez Sexto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, solicitando se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 1 y 5 del CPP (fs. 8). II.3. El 23 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela Grover Leyva Crespo, presentó memorial dirigido al Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, retirando apelación y solicitando se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 5 del CPP (fs. 9).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y vida; toda vez que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 20 de diciembre de 2021, solicitó cesación a la detención preventiva; empero la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental pendiente de resolución, petición que reiteró conforme el art. 239.5 de la citada norma adjetiva penal sin que hasta la presentación de esta acción de libertad se haya pronunciado, no obstante que conforme al área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz se encuentra con el virus del COVID-19 poniendo en riesgo su vida y de los funcionarios policiales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) Trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva; 4) Sobre el nuevo señalamiento de audiencia de cesación de medidas cautelares estando pendiente la resolución de apelación de una anterior solicitud; y, 5) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2 de 4 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca 1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010 de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo.
Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El art. 239 del CPP modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, señala:
“Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente, e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertada acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la juez, el juez, tribunal o fiscal negligente”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2, asumió el siguiente entendimiento:
Con relación a la posibilidad de efectuar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, estando pendiente de resolución la apelación de una anterior solicitud, la SCP 0631/2014, de 25 de marzo, estableció que una nueva solicitud implica la presentación de nuevos argumentos y elementos, por lo que el fundamento de solicitud es diferente, por lo que no puede estar condicionada a que se resuelva una apelación pendiente y que en mérito al principio de favorabilidad en caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable al imputado.
La problemática traída en revisión denuncia que el solicitante de tutela al encontrarse con detención preventiva en el recinto penitenciario de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, el 20 de diciembre de 2021 solicitó cesación a la detención preventiva; empero la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental pendiente de resolución, petición que reiteró conforme el art. 239.5 de la citada norma adjetiva penal sin que hasta la presentación de esta acción de libertad se haya pronunciado, no obstante que conforme al área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz se encuentra con el virus del COVID-19 poniendo en riesgo su vida y de los funcionarios policiales Ahora bien, de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional se advierte que Grover Leyva Crespo –ahora impetrante de tutela-, el 20 de diciembre de 2021, solicitó a la autoridad jurisdiccional accionada señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 1 y 5 del CPP (Conclusión II.2); no obstante, según el informe del secretario abogado codemandado, se rechazó la petición mediante providencia de 22 del mismo mes y año bajo el justificativo que una vez activada una vía de impugnación ante el Tribunal de alzada, debía continuarse hasta obtener una resolución final, criterios para su interpretación, no resulta razonable restringir las solicitudes del imputado de modificación de medidas cautelares cuando se funden en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentan los motivos que determinaron la aplicación de esas medidas; por ello, no obstante existir una apelación pendiente respecto a la resolución que impuso una medida cautelar, los jueces y tribunales deben tramitar la solicitud de modificación a dicha medida.
Por los fundamentos expuestos, se concluye que en el presente caso no correspondía denegar la tutela por subsidiariedad excepcional, consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado en esta acción.
De la revisión de los antecedentes procesales que cursan en obrados, se tiene que el 31 de julio de 2013, el accionante presentó un memorial por el cual solicitó modificación de medida cautelar, y por Decreto de 1 de agosto del mismo año, el Juez ahora demandado fijó audiencia para el 15 del mes y año precedentemente señalados; es decir, después de quince días de presentada la solicitud, cuando, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde que las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física o personal sean tramitadas con celeridad y, en ese ámbito, tratándose de solicitudes de cesación de la detención preventiva la SCP 0110/2012, entendió que la audiencia debía ser fijada en un plazo máximo de tres días.
Dicho razonamiento, conforme se desarrolló en el mismo Fundamento Jurídico, también es aplicable a las solicitudes de modificación de medidas cautelares cuando se hubiere aplicado la detención domiciliaria, pues, en este supuesto se debe definir, sin dilaciones, la situación jurídica del imputado cuya libertad de locomoción se encuentra gravemente afectada; aspecto que no fue considerado en el presente caso por la autoridad judicial demandada.
En mérito a lo anteriormente señalado, se establece que Carlos Guerrero Arraya inobservó el principio de celeridad y los principios ético morales de la sociedad plural, que demandan una actuación diligente del juzgador, más aún en los casos en los que las solicitudes de los imputados se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad física o personal o, como en el presente caso, existe una restricción al derecho a la libertad de locomoción; reiterándose que la existencia de una apelación pendiente de ninguna manera impide la tramitación de una nueva solicitud, ni justifica la demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares.”
por lo que mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado al Órgano jurisdiccional no se presentaba la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva. Ante dicho proveído, el impetrante de tutela mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2021 dirigido al Juez hoy demandado, retirando la apelación contra el Auto Interlocutorio 361/2021 de 24 de noviembre y solicitando se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 5 del CPP (Conclusión II.3). Sobre ese marco, concierne primero mencionar que el accionante refirió que conforme los alcances del art. 251 del CPP, la apelación incidental cautelar carece de efecto suspensivo; al respecto, en la SCP 0753/2019-S2 que se encuentra descrita en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que es posible efectuar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, estando pendiente de resolución la apelación de una anterior solicitud, porque una nueva solicitud implica la presentación de nuevos argumentos y elementos, por lo que su tratamiento no puede estar condicionada a que se resuelva una apelación pendiente, y que en virtud al principio de favorabilidad en caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable al imputado. Por lo indicado se tiene que la autoridad jurisdiccional demandada, una vez que tuvo conocimiento del memorial de 20 de diciembre de 2021, a través del cual el impetrante de tutela solicitó la cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.1 y 5 del CPP, le correspondía señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; no obstante, la autoridad demandada no fijó audiencia y al contrario el accionante tuvo que retirar la apelación planteada y presentar una nueva solicitud el 23 de diciembre de 2021, sin que conste en obrados el proveído de señalamiento de día y hora de audiencia. Por otro lado, del informe que brindó la autoridad demandada en la audiencia virtual se hizo mención al señalamiento de día y hora de audiencia, continuando así con la lesión al debido proceso en su componente de celeridad, vinculado al derecho a la libertad del impetrante de tutela, pues la solicitud de cesación a la detención preventiva que presentó no tuvo un tratamiento oportuno ni adecuado, activándose de tal manera la acción de libertad de pronto despacho, como se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Por otro lado, el accionante también hizo mención a que su vida se encuentra en riesgo, porque se encuentra contagiado del COVID-19; al respecto, se observa que evidentemente se encuentra con dicha enfermedad, empero no existe documental que permita establecer de manera objetiva que haya estado ante un riesgo inminente a su derecho a la vida; al contrario si se toma en cuenta que el argumento empleado por el accionante respecto a su derecho a la vida fue para obtener a su favor la detención domiciliaria, es un aspecto que no corresponde ser tratado a través de esta acción de defensa; toda vez que, existe una autoridad competente que debía definir su situación jurídica resolviendo la cesación a la detención preventiva que planteó y establecer lo que corresponda según la prueba aportada ante la autoridad ordinaria; consecuentemente, no corresponde conceder la tutela respecto al mencionado derecho. Por último, el accionante también demandó a Rubén Mamani Condori, Secretario del Juzgado Sexto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, no obstante, no explicó cómo el mencionado codemandado hubiera lesionado los derechos del mismo, por lo que corresponde denegar la tutela respecto al indicado. Consecuentemente, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 324/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1°CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2°DENEGAR respecto a Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la ciudad de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
4 En el F.J. III.6, se señala ” En ese sentido, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito a las características de las medidas cautelares, su finalidad, objetivo y los
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0592_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0c91f3969237bed61f02dd3f7e294e1a81a19d4359380a3649386ee4ce1f329b
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