Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, conforme a las observaciones del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación -a fin de solicitar cesación a la detención preventiva-, pidió al Fiscal de Materia demandado, informe complementario al dictamen pericial realizado sobre su persona, realizado por Frannie Cecilia Marín Uriona; a lo cual, el citado Fiscal de Materia -demandado-, requirió que se esté a los actuados de la causa. Ante la reiteración de su solicitud, dicha autoridad, dispuso que se esté al requerimiento de 9 de diciembre de 2022, trasgrediendo los derechos que ahora alega. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia; 1º CONCEDER, la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer, que el Fiscal de Materia demandado, dentro de las cuarenta y ocho horas de su notificación con el presente fallo constitucional, emita los respectivos requerimientos fiscales, que dispongan la ampliación de la pericia impetrada por el accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2025-S3 Sucre, 18 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52883-2023-106-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado y Jhony Ramos Choque en representación sin mandato de Rubén Suxo Cabezas contra Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 5 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 14 a 16 vta., el accionante a través de sus representantes, expresó que:
Se encuentra detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario San Pedro de Oruro, por la presunta comisión del delito de violación tipificado por el art. 308 del Código Penal (CP). En ese sentido, durante el desarrollo de la etapa preparatoria, en virtud a una pericia psicológica realizada por Frannie Cecilia Marín Uriona, solicitó cesación a la detención preventiva, dictándose en audiencia de 24 de noviembre de 2022 el Auto Interlocutorio 465/2022 de igual mes y año. Entre las principales observaciones que realizó el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, en dicho verificativo, señaló que: “…NO ES SUFICIENTE ESTE DOCUMENTO PARA DESVIRTUAR DICHO RIESGO DE FUGA, PORQUE NO ES UN ELEMENTO CONCLUYENTE PARA ASEGURAR QUE YA NO SE TORNA UN PELIGRO PARA LA V[Í]CTIMA PORQUE PUEDE SER REPLICADO…” (sic).
Razonamiento que fue confirmado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, a momento de la apelación formulada contra el referido Auto Interlocutorio. Más adelante, a fin de reunir elementos para pedir una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, pidió al Fiscal de Materia demandado, disponer la ampliación del citado dictamen pericial, conforme a las observaciones y exigencias de la citada Sala. Sin embargo, la respuesta del representante del Ministerio Público fue negativa, limitando su requerimiento a que se debe estar a los actuados. Posteriormente, mediante memorial de 27 de diciembre de igual año, reiteró la producción del referido informe pericial; empero, citado fiscal, refirió que se esté a su primera respuesta. Es decir, al requerimiento fiscal de 9 de diciembre de ese año, a través del cual negó su postulado, situación que, transgrede su derecho a la libertad; toda vez, que la ampliación de dicha pericia, es imprescindible a los fines de solicitar su cesación a la detención preventiva.
Denunció la lesión sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humano (CADH).
Solicitó se conceda la tutela disponiendo que se deje sin efecto los requerimientos fiscales de 9 y 29 de diciembre de 2022, “…CONSIDERANDO QUE (…) ES EL FISCAL QUIEN ASUME LA COMPETENCIA EN CUESTIONES VINCULADAS AL DERECHO A LA LIBERTAD, SE DIGNE EMITIR EL CORRESPONDIENTE REQUERIMIENTO PARA VIAVILIZAR LA AMPLIACION DE PERICIA (…) SIN QUE LA MISMA CONTEMPLE CRITERIOS DE FONDO QUE POR L[Ó]GICA SE CONSIDERARAN EN SEDE DE JUICIO ORAL” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 6 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 27 a 30, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que, mediante Resolución 10/2022 de 11 de octubre, el Tribunal de garantías -no identifica el Juez, Tribunal o Sala-, dispuso la realización de la pericia psicológica que le fue negada. Fallo que determinó la competencia de la autoridad fiscal para proveer los elementos de prueba. No solicitaron actos investigativos que vayan a repercutir en el tema de fondo de la investigación; sino, prueba pericial para solicitar la cesación a la detención preventiva.
Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, informó lo siguiente: a) En consideración al memorial presentado por el impetrante de tutela el 9 de diciembre de 2022, requirió que se esté a los actuados realizados dentro de la presente causa; b) Por el principio de unidad del Ministerio Público, mediante requerimiento de 29 de diciembre de 2022, Freddy Gonzalo Álvarez Condori, Fiscal de Materia, dispuso que se esté al requerimiento de 9 de igual mes y año. Determinación que tiene su razón y fundamento; pues, la solicitud de informe complementario no es un elemento de convicción que vaya al fondo de la causa; sino un elemento que sirve para la obtención de su libertad; c) Se propuso realizar una pericia psicológica en etapa de juicio oral, cuando el art. 209 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece: Designación y alcances. “Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso”; d) En cuanto a la ampliación, el art. 214 de la citada norma legal, determina que: “Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos”. Sin embargo, en el caso en cuestión, la autoridad Jurisdicional, valorando el dictamen psicológico, lo consideró insuficiente, no contradictorio. Por lo que, no se puede alegar, que producto de dicha determinación, -incluso valorado en apelación-, que es contradictorio y ambiguo, y por ello, sea complementado; e) Se estaría desnaturalizando el proceso, solicitando al Ministerio Público, en un caso de fondo, realice una pericia psicológica; f) Lo que el solicitante de tutela pretende a título de informe complementario es establecer algún tipo de trastorno mental, que influya en la conducta por la comisión de un delito sexual relacionado a la tipología del delito denunciado, además de complementar, en base a ella, si el acusado es o no peligro efectivo para la víctima y la sociedad; g) Si nos remitimos a la naturaleza del hecho, en delitos de carácter sexual, violencia, feminicidio y los que se encuentran establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, se debe razonar desde una perspectiva de género; y, h) No existe un fundamento legal aplicable a la solicitud del accionante; por cuanto, la pretensión es desnaturalizar el proceso, procurando continuar con actos investigativos; que como se dijo, no lo son.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 31 a 33 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 279 del CPP -respecto al control jurisdiccional-señala que, la fiscalía y la policía, actúan bajo el control Jurisdicional. Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad; 2) El art. 209, se refiere a la designación de peritos; 3) El art. 214 del CPP, señala que: “Nuevo dictamen. Ampliación. Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos”; en ese sentido, el caso en cuestión, no se refiere a la complementación de algún punto obscuro o ambiguo; sino, son nuevos puntos periciales; y, 4) La SCP 0609/2018-S3 de 31 de octubre, -aplicable al caso-, entre sus fundamentos jurídicos señala que: Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral”; en consecuencia, no puede otorgarse tutela porque el requerimiento de 29 de diciembre de 2022, no fue firmado por el demandado y las solicitudes de ampliación de pericia psicológica no constituyen complementación de la anterior, sino nuevos puntos periciales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito de 5 de diciembre de 2022, Rubén Suxo Cabezas
-impetrante de tutela-, pidió a Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia -demandado-, requerir informe complementario al dictamen pericial realizado por Frannie Cecilia Marín Uriona. En virtud a dicha solicitud, el citado Fiscal, requirió que: “…EN LO PRINCIPAL.- Estese a los actuados realizados dentro de la presente causa…” (sic [fs. 2 a 3]). II.2. Por escrito de 27 de igual mes y año, el prenombrado, reiteró informe complementario, considerando, que conforme previene el art. 214 del CPP, cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenara su ampliación o realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos, exhortando ejecutar el requerimiento correspondiente. En atención al citado memorial, Freddy Gonzalo Álvarez Condori, Fiscal de Materia, requirió “…EN LO PRINCIPAL.- Estese al requerimiento de fecha 09 de diciembre de 2022…” (sic [fs. 4 a 6]).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, conforme a las observaciones del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación -a fin de solicitar cesación a la detención preventiva-, pidió al Fiscal de Materia demandado, informe complementario al dictamen pericial realizado sobre su persona, realizado por Frannie Cecilia Marín Uriona; a lo cual, el citado Fiscal de Materia -demandado-, requirió que se esté a los actuados de la causa. Ante la reiteración de su solicitud, dicha autoridad, dispuso que se esté al requerimiento de 9 de diciembre de 2022, trasgrediendo los derechos que ahora alega. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, realizando la modulación a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, estableció que: «En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: “Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: 1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…)”. De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales.
(…)
A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.
Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido, acontecen dos consecuencias: la de “…no ser castigado por solicitar algo al Estado…” y “…la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (…). Tal derecho a respuesta –independientemente del contenido de ella–, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar” (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999).
Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral”» (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, conforme a las observaciones del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación -a fin de solicitar cesación a la detención preventiva-, pidió al Fiscal de Materia demandado, informe complementario al dictamen pericial psicológico realizado sobre su persona, realizado por Frannie Cecilia Marín Uriona, a lo cual, el citado Fiscal de Materia -demandado-, requirió que se esté a los actuados de la causa. Ante la reiteración de su solicitud, dicha autoridad, dispuso que se esté al requerimiento de 9 de diciembre de 2022, trasgrediendo los derechos que ahora alega.
Así establecida la problemática a resolver, de la revisión de los antecedentes y en particular del informe prestado por el fiscal demandado, se advirtió que la causa penal de la cual devino la presente acción tutelar se encontraría en etapa de juicio oral. Bajo dicha observación, en el caso concreto, corresponde asumir el entendimiento jurisprudencial referido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través del cual moduló en entendimiento expresado en la SCPSCP 0415/2015-S3; en ese sentido, estableció que: “…si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no–…” (énfasis añadido [SCP 0134/2018-S4]. Bajo dicho criterio, considerando que la causa se encuentra en etapa de juicio oral, tal cual preciso el Fiscal de Materia demandado en su informe prestado en audiencia de garantías, se debe comprender que la solicitud de producción de prueba pericial ante una eventual cesación a la detención preventiva -en dicha etapa del proceso-, se constituye una cuestión accesoria al proceso principal. En tal sentido, ante la solicitud de una ampliación de pericia psicológica -cabiendo aclarar que la misma fue solicitada sobre su persona, no así para la víctima, tal cual aconteció en el caso en examen-, el Ministerio Público tiene la obligación de emitir los requerimientos que permitan la obtención de dicho documento que permita a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, -aún exista acusación formal-; sin perjuicio de que dicha solicitud pueda realizarla de forma directa, en virtud al derecho constitucional a la petición consagrado por el art. 24 de la CPE, conforme estableció el precedente constitucional citado supra. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia; 1º CONCEDER, la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer, que el Fiscal de Materia demandado, dentro de las cuarenta y ocho horas de su notificación con el presente fallo constitucional, emita los respectivos requerimientos fiscales, que dispongan la ampliación de la pericia impetrada por el accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0591_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 83aaf4d013a774f6d79c596971255bb0c8b8ffd2064da895694a2011b28cfd27
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