Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, alega que, dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; y, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; por cuanto, habiéndose determinado su detención preventiva por seis meses a través del Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, apelado el mismo, el Vocal demandado resolvió dicha impugnación mediante Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, confirmando ese Auto Interlocutorio porque consideró que al no haber comparecido su abogada a la audiencia de fundamentación del referido recurso, no hubieron argumentos ni prueba que lo sostenga. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes a la defensa y a la impugnación, dejándose sin efecto el Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, y en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2023-S2 Sucre, 20 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46933-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por América Ríos Quispe en representación sin mandato de Abraham Ademar Aguirre Romero contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de fs. 40 a 43 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; y, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, se emitió imputación formal de 15 de febrero de 2021; como consecuencia de ello, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de medidas cautelares, determinó su detención preventiva, por el lapso de seis meses; ya que, concurrían los peligros procesales de fuga y obstaculización; ante esas circunstancias, en referido verificativo formuló apelación incidental, habiéndose fijado audiencia a tal efecto para el 11 de marzo de 2022 a horas 9:10. Fue así que, su abogada encomendó a una colega para que acuda al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a fin de no tener inconveniente alguno en conectarse a la audiencia programada; asimismo, tomó todas las medidas necesarias para ingresar a dicho acto procesal, encendió su equipo a horas 8:45 y en su pantalla del celular salió una notificación que decía “…‘SALA PENAL 3RO-S2 GRACIAS POR ESPERAR, INICIAREMOS LA REUNI[Ó]N CUANDO ENTRE EL ORGANIZADOR’…” (sic) a horas 8:50, al encontrarse su pantalla de la misma manera, envió un mensaje a la auxiliar de la “Sala Penal 3ra”, preguntando qué podía estar pasando con la audiencia que tenía que comenzar, ya que no lograba ingresar. Como respuesta, le enviaron la tablilla del verificativo, donde pudo comprobar que se programaron dos audiencias antes de la suya; por esa razón, pensó que la que le correspondía aun no comenzaba; sin embargo, a las 9:15 la colega de su abogada le llamó informándole que el acto procesal se suspendió por la inasistencia de dicha profesional, al poco tiempo se apersonó a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a reclamar lo sucedido, y el Secretario le indicó que estuvieron todos, menos ella, señalando que desconocía por qué no pudo ingresar a la audiencia virtual. Ante ello, solicitó a la Unidad de Sistemas del Consejo de la Magistratura que informe las razones por las cuales no pudo unirse al verificativo del 11 de marzo de 2022, recibiendo como respuesta que podían ser varios los motivos, como un mal enlace, fallas en la red u otros. En esas condiciones, fue emitido el Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, en el que se admitió el recurso de apelación, pero confirmó el Auto Interlocutorio apelado porque no hubo fundamento alguno; es decir, la base de esa decisión fue la ausencia de su abogada en la audiencia de consideración de ese recurso, implicando ello que su incomparecencia fue voluntaria. Dicha confirmatoria, fue dictada pese a que se hallaba presente en el indicado acto procesal, por ello, se transgredió los derechos a la defensa y al acceso a la justicia; además, se podía garantizar su defensa convocando a un abogado defensor de oficio u otro profesional para fundamentar los agravios demandados.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 120.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 139/2022 y, señalar nuevo día y hora de audiencia de apelación incidental.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 52 a 54, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su representante, ratificó los términos de su acción tutelar, y ampliándolos manifestó que: a) El Vocal demandado vulneró el derecho al debido proceso en sus componentes de defensa, acceso a la justicia e impugnación; b) Mientras su abogada defensora esperaba ingresar a la audiencia de 11 de marzo de 2022, logró obtener el número de celular del Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante otra persona, quien era parte del personal subalterno de dicha Sala; c) Habiendo presentado su queja al Consejo de la Magistratura, se señaló que desconocía los motivos de la restricción de su ingreso a la indicada audiencia, y que probablemente el organizador de la plataforma virtual de la referida Sala Penal no contaba con la configuración para admitir a todos los participantes; d) Circunstancias que eran ajenas a la voluntad de su abogada, le impidieron ingresar al verificativo de fundamentación de apelación; e) Correspondía suspender ese acto procesal y fijar uno nuevo; f) En dicha audiencia no se le preguntó sobre la presencia de su abogada; y, g) No le fue otorgada la palabra para que ejerza su defensa material.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado de 8 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: 1) De acuerdo al Auto de Vista 139/2022, se advirtió que el mismo fue emitido con fundamentos de hecho y de derecho, no existiendo ninguna conculcación al debido proceso con relación a sus derechos de locomoción y defensa; 2) La defensa técnica del accionante no se hallaba en la audiencia de apelación de 11 de marzo de 2022, en el sistema Cisco Webex, siendo que aquel es de acceso libre; en esas condiciones, no se podía llevar a cabo dicho verificativo, por ello se emitió el indicado Auto de Vista, pues la abogada defensora no estaba conectada a la hora establecida, cuando su obligación era estar quince minutos antes; entonces, su negligencia no podría serle atribuible; 3) No existió un bloqueo para acceder a la sala virtual, pues es de acceso libre; además, la abogada del solicitante de tutela tenía la obligación de contactarse con el Secretario de Sala, para explicar su retraso, empero, no lo hizo y tampoco justificó su ausencia; 4) El peticionante de tutela pudo haber planteado complementación, explicación y enmienda con relación al Auto de Vista cuestionado, al no hacerlo, se entiende que se encontraba plenamente de acuerdo con él; por lo que, se incumplió con la subsidiariedad; 5) El impetrante de tutela no especificó el nexo causal entre los actos supuestamente conculcadores y sus derechos; y, 6) Al no haber sido fundamentada la apelación incidental, hizo que no se cuenten con argumentos de agravio demandados.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 55 a 58, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 139/2022, debiendo el Vocal demandado señalar audiencia de fundamentación de apelación incidental, formulada por el accionante hasta el 12 de igual mes y año, garantizando su derecho a la defensa técnica, con base en los siguientes fundamentos: i) Dicha autoridad después de instalar el verificativo del referido recurso y haber escuchado el informe del personal subalterno, el cual le indicó que la misma comenzó con cuatro minutos de demora, determinó que correspondía proseguir el desarrollo del mismo, emitiéndose el Auto de Vista 139/2022, pese a que no se encontraba conectada la abogada del solicitante de tutela, sin que se haya concedido la posibilidad que el prenombrado cuente con una defensa técnica, eficaz e idónea, independientemente de los conocimientos en materia legal que posea el privado del libertad, habiéndosele restringido el inviolable derecho a la defensa, de poder fundamentar, exponer y alegar cada uno de los agravios y de incorporar elementos de prueba, en la referida audiencia de fundamentación; por lo que, incumbía la suspensión de la misma y la designación de un defensor de oficio; siendo que, el derecho a la defensa, como elemento del debido proceso, reviste la cualidad de irrenunciable desde el inicio del proceso hasta la ejecución de una decisión; por ello, debe necesariamente participar un abogado; ii) La autoridad demandada deslindó su responsabilidad manifestando que no se respetó el principio de subsidiariedad a través de la petición de enmienda, complementación y aclaración previstos en el art. 125 del Código Procesal Constitucional (CPCo), aspecto que no era razonable cuando no se efectuó ninguna fundamentación o intervención alguna del accionante en el aludido acto procesal, en relación a los agravios que activó en el recurso de apelación; y, iii) Se advirtió que la decisión emitida por el aludido Vocal vulneró el debido proceso en sus elementos de defensa técnica, impugnación, acceso eficaz a la administración de justicia y a ser oído y escuchado antes de pronunciarse la resolución objeto de consideración.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Abraham Ademar Aguirre Romero -accionante-por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; y, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, dispuso la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, por el lapso de seis meses. Asimismo, en ese acto procesal el solicitante de tutela planteó apelación incidental, exponiendo sus argumentos, en mérito a los cuales, la autoridad de la causa ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada; instancia que mediante decreto de 9 de marzo de 2022, fijó verificativo del mencionado recurso de medida cautelar para el 11 de igual mes y año a horas 9:10, recomendando que se debía ingresar al sistema Cisco Webex con quince minutos de anticipación, para ello los sujetos procesales podrían comunicarse con el ingeniero “Bracamonte” (fs. 14 a 21 vta. y 32). II.2. Por impresión de captura de pantalla de WhatsApp de 11 de marzo de 2022 a horas 8:51, se verificó una conversación entre dos personas, en la que una de las intervinientes indicó haber sido notificada el día previo con el verificativo del accionante para las 9:10 de esa fecha, no se pudo conectar a la misma, habiéndole remitido la otra parte una fotografía de la tablilla de audiencias de medidas cautelares a cargo de Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien tenía programados dos actos procesales, a horas 8:30 y 8:50, previos al que fue señalado para el peticionante de tutela (fs. 5). II.3. Cursa acta de audiencia de fundamentación de apelación incidental de medida cautelar, la cual fue convocada para las 9:10, iniciando a horas 9:14 del 11 de marzo de 2022, para llevarse a cabo por la referida Sala Penal donde se informó por secretaría que las partes fueron debidamente notificadas, la ausencia del acusador particular -Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional- y de la abogada del impetrante de tutela sin el debido justificativo; de igual manera, el prenombrado no indicó el motivo de dicha incomparecencia; ante ello, el Vocal demandado resolvió que la inasistencia de la defensa técnica del solicitante de tutela implicaba que no existía fundamentación alguna; por lo que, correspondía aplicar el art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, norma que emerge de la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 35). II.4. Por Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de Henry David Sánchez Camacho -demandado- resolvió la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 102/2022, confirmando el mismo, bajo los siguientes fundamentos: a) La abogada defensora no se hizo presente en la audiencia de apelación incidental, por lo que, no se procedió a fundamentar ni exhibir los elementos probatorios en dicho verificativo, tampoco hubo justificación alguna de esa incomparecencia ni se comunicó con la Secretaria de la indicada Sala para informar al respecto; y, b) Habiéndose instalado el acto procesal a las 9:14, se dio un tiempo razonable para que la abogada del accionante se conecte al mismo; ya que, el prenombrado y la citada profesional tenían la obligación de estar en línea quince minutos antes de la hora indicada, de acuerdo al protocolo de audiencias virtuales; al no haberse justificado la ausencia de la indicada jurista ni referir nada al respecto el impetrante de tutela, no hubieron argumentos o agravios del mismo para ser considerados y menos acompañó prueba pertinente (fs. 36 a 37 vta.). II.5. Por oficio de 14 de marzo de 2022, América Ríos Quispe, abogada del impetrante de tutela solicitó informe a la Unidad de Sistema del Consejo de la Magistratura respecto a los motivos por los cuales no pudo ingresar a la audiencia de 11 de ese mes y año y “…PORQUE NO PUDIERON RECEPCIONARME UN MEMORIAL DIRIGIDO A LA SALA PENAL 3RA” (sic). A dicha literal se adjuntó imagen de captura de pantalla, presentada por el accionante, en la que se pudo advertir una leyenda que señala “SALA PENAL 3ro-S2 Lpz Daf Sala T4 Gracias por esperar. Iniciaremos la reunión cuando entre el organizador. ¿Desea permitir que el organizador sepa que usted está esperando? NOTIFICAR AL ORGANIZADOR” (sic [fs. 3 y 4]). II.6. Se tiene informe de 17 de marzo de 2022, emitido por el Encargado de Informática de La Paz del Consejo de la Magistratura, mediante el cual señaló que: “Siendo los ingenieros de esta unidad NO proporcionan los enlaces a SALA Penal 3ra se desconoce la razón por la que la Abog. Am[é]rica R[í]os Quispe no habría podido ingresar, ya que podrían ser varias razones como: un mal enlace / link de sala, fallas en la red, el organizador podría tener la configuración para admitir participantes y otros” (sic [fs. 7]).
El accionante a través de su representante, alega que, dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; y, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; por cuanto, habiéndose determinado su detención preventiva por seis meses a través del Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, apelado el mismo, el Vocal demandado resolvió dicha impugnación mediante Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, confirmando ese Auto Interlocutorio porque consideró que al no haber comparecido su abogada a la audiencia de fundamentación del referido recurso, no hubieron argumentos ni prueba que lo sostenga. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte el art. 119.II de la Norma Suprema prevé que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. En ese marco, la SCP 0155/2012 de 14 de mayo -citada por la SCP 0002/2020-S4 de 9 de enero- estableció que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente caso, es preciso referir que dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: ‘A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo’. Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: ‘…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…’. Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…” (negrillas y subrayado corresponden al texto original).
Dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; y, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; por cuanto, habiéndose determinado su detención preventiva por seis meses a través del Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, decisión que fue apelada, el Vocal demandado resolvió dicha impugnación mediante Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, confirmando ese Auto Interlocutorio porque consideró que al no haber comparecido su abogada a la audiencia de fundamentación del referido recurso, no hubieron argumentos ni prueba que lo sostenga. Ahora bien, una vez descrita la problemática planteada, se tiene que el impetrante de tutela es procesado por el Ministerio Público, por los mencionados ilícitos; en ese orden, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dictó el Auto Interlocutorio 102/2022, disponiendo su detención preventiva por el lapso de seis meses; apelado que fue esa determinación, el Vocal demandado convocó a audiencia de fundamentación de apelación, para el 11 de marzo de 2022 a horas 9:10, recomendando que se debía ingresar al sistema Cisco Webex con quince minutos de anticipación; de igual manera, señaló el número de celular del ingeniero “Bracamonte” (Conclusión II.1). De lo referido, se advierte una imagen de captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de horas 8:51, la cual indica que una de las partes reclamó que no se podía conectar al acto procesal de las 9:10, a ello se le contestó mandándole una fotografía digital de la tablilla de audiencias, donde se advirtió que existían dos señalamientos previos, correspondientes a otros casos (Conclusión II.2). Posteriormente, a las 9:14 del 11 de marzo de 2022, de acuerdo al acta del verificativo de fundamentación de apelación, consta que no asistió la abogada del accionante, y que el Vocal demandado dictó el Auto de Vista 139/2022, confirmando el Auto Interlocutorio recurrido (Conclusiones II.3 y 4). El 14 del mismo mes y año, la citada profesional envió oficio a la Unidad de Sistema del Consejo de la Magistratura, solicitando un informe sobre las razones por las que no pudo ingresar a la audiencia de la apelación de 11 de igual mes y año, al que se adjuntó una captura de pantalla con la leyenda “SALA PENAL 3ro-S2 Lpz Daf Sala T4 Gracias por esperar. Iniciaremos la reunión cuando entre el organizador. ¿Desea permitir que el organizador sepa que usted está esperando? NOTIFICAR AL ORGANIZADOR” (sic); ante ello, el Encargado de Informática de La Paz del Consejo de la Magistratura, señaló que las razones de dicho inconveniente pudieron haber sido un mal enlace o fallas en la red (Conclusión II.6). En ese contexto, dado el planteamiento del problema, lo que pretende el peticionante de tutela es que -dejándose sin efecto el Auto de Vista confutado- se señale una nueva audiencia de consideración de fundamentación de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que determinó su detención preventiva, a fin de dilucidar el presente caso concreto; al respecto corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, donde se recordó el contenido del derecho a la defensa y se marcó la distinción entre la defensa técnica y la material, resaltando la importancia de la primera, porque es la más efectiva para el resguardo de derechos, siendo además irrenunciable, mientras que el ejercicio de la segunda es potestativo. En el tema en cuestión se confirmó el Auto Interlocutorio apelado, mediante Auto de Vista 139/2022, mismo que fue dictado en una audiencia en la que el accionante no se encontraba con su defensa técnica; es decir, en estado de indefensión; además, se debe considerar que la abogada del aludido arguyó que estuvo a la espera que se le aceptara su ingreso al verificativo de apelación, el cual fue celebrado de manera virtual; situación que, no fue desacreditada por el Vocal demandado; por otra parte, de acuerdo a la respuesta del Encargado de Informática de La Paz del Consejo de la Magistratura a la indicada profesional, se conoce que el impedimento para dicho ingreso pudo haber obedecido a un mal enlace o fallas en la red; lo que, permite entender que tal vez ocurrió algo que estuvo fuera del alcance de la responsabilidad de dicha abogada. En ese marco, se vulneró el derecho a la defensa del peticionante de tutela, pues se asumió una decisión de fondo al confirmar el Auto Interlocutorio apelado, sin proveerse de algún dato de lo ocurrido, que le permita asumir una decisión de acuerdo a derecho. Asimismo, la impugnación del accionante, fue ilegalmente impedida de prosperar, pues no se le permitió ejercer su derecho a apelar, habiéndose emitido el Auto de Vista 139/2022 en las circunstancias advertidas supra; consiguientemente, se conculcó también el derecho a la segunda instancia. Por todo lo anotado, el derecho al debido proceso fue trastocado con el actuar de la autoridad demandada; ya que, no se respetaron dos de sus componentes vitales, como son los derechos a la defensa y a la impugnación. Entonces, advertida la afectación de dichos derechos, se debe dejar sin efecto el indicado Auto de Vista, para que el Vocal demandado señale nueva audiencia de fundamentación de apelación incidental, en la que debe garantizar la presencia de las partes y sus respectivas defensas técnicas. Finalmente, con referencia a la denuncia de vulneración del derecho de acceso a la justicia, el accionante no esgrimió argumentos que permitan ingresar a valorar su posible conculcación; por lo que, no corresponde emitir criterio al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes a la defensa y a la impugnación, dejándose sin efecto el Auto de Vista 139/2022 de 11 de marzo, y en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0591_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 459ae858963292f5f5783a3cfd9e0390a8600e478812ca609f07d1eac9199655
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