Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante alegó vulnerado el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, y presunción de inocencia, vinculado con sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, al trabajo y a la jurisdicción y competencia de los procesos en cuanto al territorio; toda vez que: i) El Vocal demandado, de manera arbitraría, subjetiva, y en suposición de los hechos, emitió el Auto de Vista 231/2022, con total falta de fundamentación y motivación, activando nuevamente el riesgo procesal de obstaculización –mismo que ya fue superado por la instancia inferior– para disponer en su contra el arraigo, y con ello también lesionar su derecho al trabajo; y, ii) Al ser presentado e instaurado el inicio de la investigación del proceso penal de referencia en la ciudad de Tarija, cuando los hechos fueron generados en la ciudad de Yacuiba, y su domicilio estaría establecido en dicho lugar, como de los otros coimputados, existiría vulneración en cuanto a la jurisdicción y competencia de territorio. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 270 a 273 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0590/2024-S4 Sucre, 10 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49361-2022-99-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 002/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 270 a 273 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilber Miranda Velásquez contra Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 25 de julio de 2022, cursante de fs. 1; y, 40 a 45; el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas; habiéndose establecido en la Imputación Formal de 24 de febrero de 2022, la concurrencia de los peligros y riesgos procesales instituidos en los arts. 233.1, 234.2, y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su contra; en la audiencia de medida cautelar de 6 de junio del mismo año, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Tarija, al realizar una correcta interpretación y valoración de todos los elementos indiciarios –mediante el Auto Interlocutorio 231/2022 de 6 de junio–, determinó disponer su libertad pura y simple, en razón de la inconcurrencia de los peligros procesales mencionados; ante ello, el Ministerio Público, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación conforme al art. 251 del citado Código; es decir, en lo que respecta al riesgo procesal de obstaculización señalado en el art. 235.2 de la aludida norma.
De esa forma alegó que, el Fiscal de Materia, en el acto procesal de apelación de 9 de junio 2022, bajo un argumento infundado, refirió que habría activado este riesgo procesal en su contra, al existir un informe realizado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que daría cuenta que se encontró depósitos y retiros por su parte y Adela Fernández Mamani –coimputada–; y según a ello, supuestamente fundamentaría en relación a que testigos influenciaría de manera negativa para que informen falsamente dentro del proceso referido; sin embargo, no obstante que en la precitada audiencia de medida cautelar jamás se mencionó e identificó testigo alguno, y esta afirmación producida en el acto procesal de apelación, cayó por su propio peso; ya que, en dicho verificativo, no se individualizó a quienes son estos supuestos testigos de lo que hasta ahora desconoce sus nombres, y además de no estar consignados los mismos en el Acta de Audiencia de Apelación, menos se estableció cual sería los nexos que podría tener o de qué manera influenciar sobre estos testigos fantasmas; y, en base a este error advertido, la Jueza a quo llegó a colegir la falta de fundamentación de la supuesta concurrencia del peligro de obstaculización; empero, mediante el Auto de Vista 231/2022, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija –ahora demandado–, señala simplemente que: “este informe de inteligencia financiera establece de manera categórica y clara quienes son las personas que han realizado tanto depósitos como retiros, evidentemente son personas que tienen vinculación objetiva con los titulares de las cuentas que en este caso son los imputados, de tal suerte que existe esta posibilidad de obstaculización del procedimiento en tanto y en cuanto existen debidamente acreditados estas personas, por lo que este riesgo procesal no ha sido correctamente analizado por la juez de la causa” (sic); dicha afirmación y corrección efectuada por la merituada autoridad, no tendría una debida fundamentación o motivación, dado que sería totalmente subjetiva y abstracta, al sostener que: “…existe la posibilidad de obstaculización del procedimiento en tanto y en cuanto existen debidamente acreditados estas personas” (sic); además, conforme establece la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, no bastaría señalar sobre quienes se podría influenciar de manera negativa, sino que se debería establecer como, cuando, en qué contexto, bajo que circunstancia, y que hechos hacen pensar que podría influir, y no sería suficiente indicar que existiría declaraciones, cuando debería individualizarse las mismas; sin embargo, en el caso presente, el Vocal demandado con dicho fundamento, enfatizó una motivación confusa y defectuosa sobre la activación del riesgo procesal de obstaculización, al haber realizado una suposición o conjetura meramente retórica del referido presupuesto. En ese contexto, manifestó que ningún peligro procesal debería estar fundado en meras suposiciones, ya que implicaría que si la autoridad jurisdiccional actuaría de esa forma, como ser: “que el imputado en libertad *podría* asumir una determinada conducta –propia del peligro de fuga y obstaculización–” (sic); que la argumentación no satisficiera la exigencia de una debida motivación ni constituiría en una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; es decir, corresponde que la autoridad demandada, asuma con absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal, con base a lo argumentado por el acusador y lo sostenido por la defensa en el contradictorio, y definir si existiría o no algún peligro procesal; y por consiguiente, lo que no le estaría permitido, es decidir respecto a la situación jurídica sobre la base de probabilidades –podría o no–; por lo que, el Vocal hoy demandado, al basar su decisión judicial en meras presunciones de concurrencia o no de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulneró el debido proceso; puesto que, al disponer su arraigo mediante el Auto de Vista 135/2022, le estaría restringiendo sus derechos al trabajo y libertad de locomoción; ya que, al ser comercializador de grano, y la mayoría de sus transacciones lo realizaría “EN LA VECINA LOCALIDAD FRONTERIZA DE SALVADOR MAZA” (sic), se vería afectado con dicha determinación hasta la presente fecha.
El accionante alegó lesionado el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, y presunción de inocencia, vinculado con sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, al trabajo y a la jurisdicción y competencia en cuanto al territorio; citando al efecto los arts. 115.II, y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene dejar sin efecto el mandamiento de arraigo, y cuanta otra medida que haya sido dispuesta en su contra; y, b) –en audiencia de acción tutelar– El cese de la persecución indebida y se le restablezca o restituya los derechos vulnerados.
Celebrada la audiencia pública el 26 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 268 a 269 vta.; presente la parte accionante, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda de acción de defensa; y ampliándola, manifestó que: 1) El Vocal demandado –en la audiencia de apelación–, no realizó una correcta valoración del riesgo procesal de obstaculización, al afirmar simplemente de que se tendría por activado dicho presupuesto, por existir otras personas por declarar, cuando en ninguna de las dos audiencias realizadas –acto procesal de medida cautelar y apelación– nunca se identificó qué sujetos serían los mismos; siendo de esa manera evidente, que dicha argumentación y la determinación que emitió la mencionada autoridad, sería arbitraria, y se enmarcaría a los presupuestos previstos al debido proceso y presunción de inocencia en los arts. 16 numerales 2 y 6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y 125 de la CPE; y, conforme a ello, solicitó que se le conceda la tutela solicitada, ordenando el cese de la persecución indebida y se le restablezca o restituya sus derechos vulnerados; 2) Asimismo, la autoridad demandada al activar dicho peligro procesal sin una debida fundamentación ni motivación, además de lesionar el debido proceso y el derecho a la libertad de locomoción, también le vulneró el derecho al trabajo; ya que, al ser un comerciante que se dedicaría a la compra y venta de grano, y ser dueño de la Importadora Miranda, su actividad estaría truncada con el vecino país de la Argentina; 3) Por otra parte, en el proceso penal de referencia, también se lesionó la jurisdicción y competencia que corresponde en cuanto al territorio; toda vez que, la referida causa y la interposición del inicio de las investigaciones se estaría tramitando en la ciudad de Tarija, cuando los hechos se generaron en la ciudad de Yacuiba; y en dicho lugar se encontraría su domicilio y el de los otros coimputados; extremos que, también estaría denunciando a efectos de que se tenga conocimiento y caución, y se restablezca también estos derechos a su favor; y, 4) Reiteró que en el presente caso, corresponde se realice una prolija revisión del contenido de los actos procesales de medida cautelar de 6 de junio de 2022, y de apelación de 9 de igual mes y año, “donde en ninguna de las dos audiencias en lo que respecta el 235 numeral 2 se tienen la debida motivación y fundamentación…” (sic).
Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito presentado el 26 de julio de 2022, cursante de fs. 263 a 267, manifestó que: i) El accionante, en su demanda de acción tutelar, manifiesta que existe una falta de fundamentación en la concurrencia del peligro de obstaculización, pues no se individualizó quienes son los supuestos testigos que vayan a ser influenciados; sin embargo, conforme establece el art. 235 numerales 2, 3, y 4 del CPP; en el caso de autos, esta supuesta irregularidad en la activación del referido riesgo procesal no sería evidente; puesto que, a los efectos de demostrar que el argumento señalado sería absolutamente equivocado é imaginario, se tiene el contenido y antecedentes fácticos de la “resolución” –se entiende al Auto de Vista 135/2022–, que revisando el fallo impugnado, daría cuenta que el mismo resolvió el incidente circunscribiéndose a la fundamentación y prueba presentada; por lo que, se podría concluir que se hallan plenamente expuestas las razones del decisorio, y que no existiría vulneración a la debida fundamentación y motivación, y menos aún, a la valoración defectuosa de la prueba; ii) Respecto al reclamo realizado por el impetrante de tutela, en el sentido de que injustamente se hubiese determinado en la audiencia de apelación, el arraigo en su contra, y con esta medida se le estaría restringiendo su derecho al trabajo por su condición de comerciante que tendría; empero, el arraigo en el ámbito procesal penal se constituiría en una medida impuesta al imputado o procesado para afianzar su responsabilidad o las resultas del juicio; asimismo, sería una medida cautelar de carácter personal sustitutiva a la detención preventiva, cuya finalidad es de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, conforme establece el art. 240.3 del CPP; y, por último, ante la especialización y la fuerza que ha demostrado la delincuencia en la presente realidad y coyuntura boliviana, el arraigo se constituiría en una herramienta necesaria para auxiliar las labores del Ministerio Público, cuando no corresponde la detención preventiva; y que ello, según su naturaleza redunde en el beneficio general de la sociedad, en la efectividad y materialización de los fines antes señalados; iii) Conforme a lo precitado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, al no estar en riesgo la “vida” del solicitante de tutela, ya que su persecución y su procesamiento, obedecería a una imputación formal emitida en su contra, sobre el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, misma que estaría a cargo por parte del Ministerio Público conforme al art. 225 de la CPE; asimismo, la disposición de una medida sustitutiva a la privación de libertad, al ser de cumplimiento por ser una orden jurisdiccional emitida por un órgano competente llamado por ley, sujeta también a una revisión y modificación las veces que la parte así lo considere, y según lo previsto en el art. 250 del CPP; conforme a ello, el accionante no debió acudir indebidamente a la tutela constitucional, ya que dicha jurisdicción no podría modificar una medida sustitutiva como el arraigo, al ser de su exclusiva consideración por la jurisdicción ordinaria; y, iv) En ese sentido, la decisión de declarar con lugar en parte la apelación incidental interpuesta, manteniendo la “detención preventiva” (sic) del impetrante de tutela, de ningún modo vulneró el derecho a la libertad del mismo; además, conforme al art. 251 del CPP, que establece la potestad legal que tendría las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para considerar y resolver impugnaciones incidentales sobre medidas cautelares, en ese marco no se tendría en el presente caso, que hubo una afectación material, y menos una vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, relacionado con la seguridad jurídica y el principio de impugnación; por lo que, según lo precitado, reiteró su solicitud de denegar de la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 002/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 270 a 273 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) Si bien conforme establece la SC 0619/2005-R de 7 de junio, la garantía de la libertad personal o de locomoción podría ejercerse mediante el recurso de habeas corpus, actual acción de libertad, cuando se denuncia un procesamiento ilegal o indebido, cumpliendo ciertos requisitos para su procedibilidad; y, la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, refirió de que en caso el procesamiento indebido, sería la causa directa para la supresión o restricción del derecho a la libertad física o la vida, y sería exigible su tutela a través de esta acción de defensa extraordinaria, siempre y cuando se hayan agotado previamente los medios o recursos previstos en el orden legal; sin embargo, en el presente caso, se evidenciaría que el reclamo del accionante, no estaría vinculado con su derecho a la libertad o de locomoción; es decir, la denuncia de estar el mismo en una persecución ilegal o procesamiento indebido por la decisión que asumió el Vocal demandado en su contra, no se constituirían los mismos como agravios; toda vez que, conforme a la doctrina jurisprudencial señalada, la aludida autoridad solo resolvió el recurso de apelación incidental de medidas cautelares una vez instaurado el proceso; es decir, no realizó ningún acto que implique una persecución ilegal, hostigamiento, órdenes arbitrarias de captura, actos ilegales, u omisiones, que podrían en riesgo la libertad o que haya dejado en un estado absoluto de indefensión al impetrante de tutela; por lo menos en esta audiencia de acción tutelar, no se acreditó dichos extremos; b) Considerando que el solicitante de tutela, contó con una defensa técnica que no solo participó en la audiencia de medida cautelar, sino también en el acto procesal de apelación; de la misma forma, se debería precisar que el Vocal demandado ante la denuncia de vulneración de derechos por una persecución o procesamiento indebido contra el accionante, no se constituiría como un sujeto pasivo; dado que, dicha autoridad no inició el proceso penal de referencia, menos emitió los informes que dio lugar al comienzo de la investigación, y/o la imputación formal; y, c) En cuanto a la vulneración de la jurisdicción y competencia territorial, el accionante debió considerar de que al existir lesiones en su contra respecto a lo señalado, estarían los mecanismos intraprocesales, como las excepciones o incidentes, la inhibitoria de competencia, y otros, para que el proceso penal de referencia, no deba sustanciarse en la ciudad de Tarija, sino en la ciudad de Yacuiba; por lo que, respecto a lo denunciado, corresponde también denegar la tutela impetrada, con relación a la demanda por persecución y procesamiento indebido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Imputación Formal de 24 de febrero de 2022, presentada a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Tarija; por el que, el Fiscal de Materia imputó formalmente a Wilber Miranda Velásquez –hoy accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, y solicitó se señale día y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares (fs. 2 a 21). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 231/2022 de 6 de junio, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Tarija, resolvió otorgar la libertad pura y simple al impetrante de tutela, y la imposición de la medida cautelar real; citada Resolución que fue objeto de recurso apelación por parte del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y el hoy accionante, solicitando se eleven obrados a los Superiores jerárquicos (fs. 248 a 254). II.3. Cursa Acta de Audiencia de Apelación de Medida Cautelar de 9 de junio de 2022, llevada a cabo por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija –ahora demandado– contra el accionante y otros (fs. 22 a 32).
II.4. Por Auto de Vista 135/2022 de 9 de junio, el Vocal ahora demandado, resolvió en declarar con lugar en parte el recurso de apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público y el Viceministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y sin lugar los recursos planteados por los imputados; y, en virtud a ello, dispuso que en vez de libertad pura y simple, se aplique las medidas cautelares de carácter personal previstos en el art. 231bis del CPP, contra los imputados –entre ellos el impetrante de tutela–; estableciendo que: 1) Los mismos deban presentarse una vez al mes al Ministerio Público, y firmar el libro que corresponda o el biométrico respectivo; 2) El arraigo nacional y la comunicación a las autoridades migratorias respecto a ello; y, 3) La prohibición de comunicarse, tomar contacto, o ejercer algún tipo de influencia en personas que estén vinculadas con la presente investigación, siempre y cuando dicha disposición no vulnere su derecho a la defensa (fs. 255 a 262).
El accionante alegó vulnerado el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, y presunción de inocencia, vinculado con sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, al trabajo y a la jurisdicción y competencia de los procesos en cuanto al territorio; toda vez que: i) El Vocal demandado, de manera arbitraría, subjetiva, y en suposición de los hechos, emitió el Auto de Vista 231/2022, con total falta de fundamentación y motivación, activando nuevamente el riesgo procesal de obstaculización –mismo que ya fue superado por la instancia inferior– para disponer en su contra el arraigo, y con ello también lesionar su derecho al trabajo; y, ii) Al ser presentado e instaurado el inicio de la investigación del proceso penal de referencia en la ciudad de Tarija, cuando los hechos fueron generados en la ciudad de Yacuiba, y su domicilio estaría establecido en dicho lugar, como de los otros coimputados, existiría vulneración en cuanto a la jurisdicción y competencia de territorio. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.
Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas´, (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso” (las negrillas nos pertenecen).
Con relación a la temática de exordio, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; afirmó que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.
(…)
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
Al respecto la SCP 0074/2020-S4 de 10 de julio, refirió que: “los arts. 125 a 127 de la CPE, consagran a la acción de libertad como una garantía jurisdiccional, que tiene por finalidad, dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, con el objeto de: a) Tutelar la vida de una persona; b) Evitar las persecuciones ilegales; c) Remediar los procesos indebidos; y, d) Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente, de forma inmediata y oportuna.
Sobre la naturaleza de la acción de libertad la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala: ‘(…) se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida′. (…) De conformidad con el art 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo): ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro′. Por determinación de la SCP 0212/2012 de 24 de mayo: ‘Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley” (las negrillas son nuestras).
En la presente acción tutelar, el impetrante de tutela, alegó vulnerado el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, y presunción de inocencia, vinculado con sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, al trabajo y a la jurisdicción y competencia de los procesos en cuanto al territorio; toda vez que: a) El Vocal demandado, de manera arbitraria, subjetiva, y en suposición de los hechos, emitió el Auto de Vista 231/2022, con total falta de fundamentación y motivación, para activar nuevamente el riesgo procesal de obstaculización – mismo que ya fue superado por la instancia inferior–, para disponer en su contra el arraigo, y con ello también lesionar su derecho al trabajo; y, b) Al ser presentado e instaurado el inicio de la investigación del proceso penal de referencia en la ciudad de Tarija, cuando los hechos fueron generados en la ciudad de Yacuiba, y su domicilio estaría establecido en dicho lugar, como de los otros coimputados, existiría vulneración en cuanto a la jurisdicción y competencia del territorio. Identificadas las problemáticas jurídicas planteadas tanto de la demanda, y la audiencia de acción tutelar, y de los antecedentes que cursan en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Wilber Miranda Velásquez –hoy accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas; el Fiscal de Materia asignado al caso, presentó la Imputación Formal de 24 de febrero de 2022, contra el impetrante de tutela y otros, ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Tarija, solicitando al efecto señale día y hora de audiencia para la consideración de las medidas cautelares para los mismos; en virtud a ello, por Auto Interlocutorio 231/2022 de 6 de junio, la precitada Jueza de Anticorrupción, resolvió otorgar la libertad pura y simple al accionante, y la imposición de la medida cautelar real; citada Resolución que al ser objeto de recurso apelación incidental por parte del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y el impetrante de tutela, solicitando se eleven obrados a los Superiores jerárquicos; conforme al Acta de Audiencia de Apelación de Medida Cautelar de 9 de junio de 2022, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija –ahora demandado–, mediante Auto de Vista 135/2022, resolvió declarar con lugar en parte el recurso de apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público y el Viceministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y sin lugar los recursos planteados por los imputados; y, en virtud a ello, dispuso que en vez de libertad pura y simple, se aplique las medidas cautelares de carácter personal previstos en el art. 231bis del CPP, contra los imputados –entre ellos el accionante–, estableciendo que: 1) Los mismos deban presentarse una vez al mes al Ministerio Público, y firmar el libro que corresponda o el biométrico respectivo; 2) El arraigo nacional y la comunicación a las autoridades migratorias respecto a ello; y, 3) La prohibición de comunicarse, tomar contacto, o ejercer algún tipo de influencia en las personas que estén vinculadas con la presente investigación, siempre y cuando dicha disposición no vulnere el derecho a la defensa (Conclusiones II.1, II.2 , II.3, y II.4). Ahora bien, identificadas las problemáticas planteadas y la pretensión del solicitante de tutela, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar un análisis de forma separada de la actuación de la autoridad demandada, y el hecho vulnerado en cuanto a la competencia y jurisdicción de territorio del proceso penal de referencia; para establecer la supuesta vulneración a los derechos del nombrado.
En ese contexto, conforme a la primera problemática planteada, el accionante identificó al Auto de Vista 135/2022 como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, hoy reclamados vía esta acción de defensa; alegando que, el Vocal ahora demandado, al resolver el recurso de apelación incidental planteado por parte del Ministerio Público, activó nuevamente de manera arbitraria, subjetiva, en base a una suposición de los hechos, y con total falta de fundamentación y motivación, el riesgo procesal de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, en su contra –enervado en la instancia inferior–; ya que, sin establecer, señalar, e individualizar a los testigos que presuntamente influiría, tanto en el acto procesal de apelación ni en la aludida Resolución, determinó imponerle la medida sustitutiva de arraigo, misma que además de lesionar su derecho a la libertad de locomoción, también vulneró su derecho al trabajo, al truncar su actividad comercial de compra y venta de grano, y transacciones con el país de Argentina.
En ese entendido, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba denunciada, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente u objetante en el presente caso; que se entiende, deben estar relacionado con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que, el accionante denunció en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada, congruente, y valoración de la prueba, conforme a la jurisprudencia constitucional transcrita en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada; y, además que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara. En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación del agravio en el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público en contra del Auto Interlocutorio 231/2022, y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada dentro del Auto de Vista 135/2022, para activar y considerar nuevamente el riesgo procesal de obstaculización (art. 235.2 del CPP) en contra del accionante, y con ello determinar la medida sustitutiva de medida cautelar de arraigo y otros contra el mismo; en ese entendido, de dicha Resolución de alzada, se tiene lo siguiente: i) En cuanto al riesgo procesal de obstaculización del proceso, la Jueza de la causa, tomó en consideración el Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la UIF; refiriendo que, la sola existencia del mismo, no implica necesariamente la circunstancia de la posibilidad de la obstaculización del proceso en tanto no haya una identificación de personas; sin embargo, en dicho Informe estarían debidamente expuestas las personas que han realizado tanto los retiros como los depósitos que tienen que ver con la investigación, y de ahí es que la aludida autoridad, no realizó un correcto análisis sobre estos elementos; dado que, el precitado riesgo procesal, no es únicamente una presunción, sino un aspecto que debe ser debidamente acreditado como establece la última parte del art. 235 del CPP; y, ii) El Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la UIF, al establecer de forma categórica y clara, quienes son las personas que han realizado los depósitos y retiros, evidentemente son los que tendrían vinculación objetiva con los titulares de las cuentas, que en el presente caso, vendrían a ser los imputados, de tal suerte existe esta posibilidad de obstaculización del procedimiento en tanto y cuanto estén debidamente acreditadas estas personas; por lo que, el riesgo procesal de obstaculización, no fue correctamente analizado por la Jueza de la causa.
Ahora bien, realizando la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, y lo resuelto por el Vocal demandado mediante el Auto de Vista 135/2022 cuestionado; no resulta cierto como indica el accionante, la falta de fundamentación y motivación a tiempo de activar y considerar la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización, contenido en el art. 235.2 del CPP, en contra del mismo; toda vez que, la autoridad demandada, fundó su decisión en el Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial; señalando que, en el mismo estarían debidamente expuestas las personas que han realizado tanto los retiros como los depósitos que tienen que ver con la investigación; y, al tener los referidos vinculación objetiva con los titulares de las cuentas, que en el presente caso, vendrían a ser los imputados – entre ellos el solicitante de tutela–, de tal suerte existiría la posibilidad de obstaculización del procedimiento en tanto y en cuanto estén debidamente acreditadas estas personas; es decir, si bien el Vocal demandado, no identificó de forma individualizada a los testigos que presuntamente influiría el impetrante de tutela en el proceso penal de referencia; empero, con dichas argumentaciones, estableció que los testigos extrañados por la parte accionante, estarían debidamente expuestas e identificadas en el referido Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial, en las personas que realizaron los retiros y los depósitos que tienen que ver con la investigación; y, respecto cómo podrían ser influenciados o influir en el proceso penal, señaló que, estas personas –según dicho Informe– al realizar de forma categórica y clara los indicados depósitos y retiros, sería evidentemente que tendrían los mismos vinculación objetiva con los titulares de las cuentas, que en el presente caso penal, vendrían a ser los imputados –entre éstos el impetrante de tutela–, estableciendo con ello la existencia y posibilidad de obstaculización del procedimiento en tanto y en cuanto estén debidamente acreditadas dichas personas; por lo que, no es evidente que la autoridad hoy demandada haya considerado la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización en contra del accionante, en meras suposiciones de los hechos, sino por el contrario, se basó en indicios concretos. En ese marco, de lo desarrollado precedentemente; se tiene que, el Vocal demandado en el Auto de Vista 135/2022 cuestionado, justificó debidamente las razones de su determinación de activar o considerar el riesgo procesal de peligro de obstaculización, contenido en el art. 235.2 del CPP, en contra del accionante, para disponer la medida cautelar personal de arraigo contra el mismo, al estar latente el precitado riesgo procesal; por otra parte, si bien la parte impetrante de tutela, alegó que con la mencionada medida impuesta, además de lesionar su derecho a la libertad de locomoción, también se le estaría vulnerando su derecho al trabajo, al verse truncado o afectado su actividad comercial de compra y venta de grano y transacciones con el país de Argentina, ello no resulta evidente; pues, si bien la medida de arraigo representa restricción a la libertad de locomoción esta situación puede ser flexibilizada mediante el levantamiento provisional del arraigo otorgado por la autoridad jurisdiccional, ante una solicitud debidamente fundamentada que acredite la necesidad de ausentarse del país. En conclusión, por el Auto de Vista 135/2022 –hoy cuestionado–, se tiene que, la autoridad demandada, cumplió con la obligación de fundamentar en base a los elementos objetivos, tal como se tiene descrito precedentemente, motivación que no se aparta de las reglas de razonabilidad y de la sana crítica, pues concluyó que evidentemente el imputado dada su situación jurídica en la que se encuentra, sí era posible establecer que el mismo puede influir de manera negativa en los posibles partícipes; por tanto, no se advirtió que la fundamentación respecto al riesgo procesal se haya basado simplemente en apreciaciones subjetivas, al contrario, como se dijo, se basó en elementos objetivos. En consecuencia, encontrándose el Auto de Vista 135/2022 pronunciado por el Vocal demandada, debidamente fundamentado, motivado, y acorde a los criterios de razonabilidad y equidad, y no habiéndose advertido en su emisión la vulneración de derecho alguno que haga susceptible la emisión de una nueva resolución, corresponde denegar la tutela impetrada, respecto a esta problemática.
Por otra parte, el accionante en su demanda y audiencia de acción tutelar, manifestó que en el proceso penal señalado, se estaría lesionando la jurisdicción y competencia que corresponde, en cuanto al territorio; toda vez que, la referida causa penal y la interposición del inicio de las investigaciones, se estaría tramitando en la ciudad de Tarija, cuando los hechos fueron generaron en la ciudad de Yacuiba, y en dicho lugar se encontraría su domicilio y de los otros coimputados; extremos que también estaría denunciando a efectos de que se tenga conocimiento y caución, y se restablezca también estos derechos a su favor en esta acción de defensa. Con respecto a la citada problemática, al margen de que el impetrante de tutela no identifica a la autoridad o autoridades que estarían lesionando su derecho en cuanto a la competencia y jurisdicción de territorio; el hecho de haberse presentado el proceso penal de referencia e instaurado el inicio de la investigación en la ciudad de Tarija, y no en la ciudad de Yacuiba, lugar que a decir del accionante, se generaron los hechos investigados, y estaría radicado su domicilio como de los otros coimputados; conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, dicha denuncia no se encuentra dentro del alcance y naturaleza de protección a través de la acción de libertad; dado que, dicho derecho no estaría vinculado y no incidiría de ninguna forma directa como efecto en cuanto a la libertad de locomoción del solicitante de tutela, al estar el mismo procesado e investigado en la jurisdicción territorial que se presentó el proceso penal de referencia, y en el cual estaría ejerciendo su derecho a la defensa; debiendo el mismo –si considera– plantear los incidentes o excepciones en cuanto a la lesión del merituado derecho; por lo que, referente a la presente problemática, corresponde también de denegar la tutela impetrada.
Sin modificar lo ya decidido o determinado en cuanto a la denegatoria de la tutela impetrada, se extrañaría que el Juez de garantías, para fundamentar dicha denegatoria, en la presente acción tutelar mediante la Resolución 002/2022, argumente que la denuncia o reclamo del accionante, no estaría vinculado con su derecho a la libertad de locomoción, y que su persecución ilegal o procesamiento indebido, por la decisión que asumió el Vocal demandado en su contra, no se constituirían los mismos como agravios; cuando la medida cautelar personal de arraigo impuesta contra el impetrante de tutela, conforme a su naturaleza indudablemente se constituiría de otra forma en una medida de restricción de la libertad plena al mismo, aún sea dentro del país; por lo que, se exhorta al Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, que en futuras consideraciones de acciones de libertad que tenga conocimiento, argumente y resuelva conforme a la jurisprudencia constitucional para tal efecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 270 a 273 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0590_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8f933cc9fbd97ae0f1aabe7856957965b140f7e0d4455552aad4b48ff4aacd3d
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